Opinión

La inteligencia artificial ya está en las noticias. A ver, entendámonos, el lector dirá que desde hace tres o cuatro años no hacemos otra cosa que hablar de la inteligencia artificial, sus posibles usos, sus potenciales efectos sobre el mercado de trabajo a gran escala y mil cosas más, incluyendo los constantes cambios de liderazgo autoproclamados por los principales actores de este campo. Ni en la Vuelta Ciclista se ve tanto cambio de malla líder. Pero esto de ahora es diferente, la inteligencia artificial no está en las noticias por referencias a su desarrollo sino porque ahora está protagonizando hechos en la vida cotidiana y empieza a cumplir algunas de sus amenazas. Y está apareciendo por varios frentes, por un lado por su utilización en el conflicto bélico en curso y los límites éticos que ello pone en cuestión, y por otro lado por los usos con fines nocivos, para hacer el mal, si prefieren la expresión. E incluso aquí mismo, en Paysandú, hemos tenido nuestra buena dosis de discusión a partir del spot de difusión de la 59ª Semana de la Cerveza.

Vayamos por parte. En los últimos días la inteligencia artificial se puso en el centro de la controversia en el conflicto de medio oriente por la difusión de algunos videos empleados como demostración de que el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu sigue gozando de buena salud, saliendo al cruce de rumores respecto a su muerte en manos de los ataques lanzados desde Irán. Estos videos fueron señalados como producciones realizadas mediante herramientas de inteligencia artificial. Un análisis forense del servicio EFE Verifica descartó que los videos hubieran sido creados por inteligencia artificial, en especial sobre uno de ellos, en el que se indicaba la existencia de un error, apunta que “un visionado fotograma a fotograma demuestra que el supuesto dedo adicional es el dorso de su mano, que sobresale junto a la sombra del meñique”. Además de demostrar que el líder israelí estaba vivo, hubo que demostrar que el video que lo comprobaba era verdadero. Cosas de esta era.

En los últimos día también hubo manifestaciones desde China advirtiendo sobre un uso desmedido y poco ético de parte de los Estados Unidos de la inteligencia artificial en el conflicto bélico. “China advirtió el miércoles al Gobierno estadounidense que un uso desmesurado de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito militar podría sumir al mundo en el apocalipsis de la película Terminator, donde las máquinas toman el poder”, dice el título de la Deutsche Welle en español. La noticia agrega información respecto al “intenso debate ético” sobre las aplicaciones militares de la inteligencia artificial, que protagonizan el gobierno de Donald Trump y la empresa Anthropic, a la que se impusieron sanciones. La firma se negó a permitir que el ejército utilice su tecnología sin restricciones, como le exigía la administración, “en particular para la vigilancia masiva de la población o la automatización de ataques y bombardeos con consecuencias mortales”. Hay varias referencias sobre la utilización de modelos tecnológicos de Anthropic en la preparación de la ofensiva contra Irán.

Pero salgamos de la guerra y seguiremos encontrando a la inteligencia artificial en las noticias, porque en nuestro país repetidamente se está empleando la imagen de dirigentes políticos, comunicadores y ahora también empresarios, para tratar de hacer caer a la población en esquemas de estafas mediante la difusión de videos en las redes sociales. Las imágenes y voces de los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, así como en su momento del presidente de la República, Yamandú Orsi, lo mismo que la de algunos conocidos comunicadores, y más recientemente del fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, han sido empleados para difundir información falsa e inducir a cualquiera que se encuentre desprevenido a caer en una de estas estafas.
Pero los usos maliciosos de estas herramientas digitales no quedan allí. Recientemente, en la sede de la ONU, en Nueva York, el Ministerio de la Mujer de Paraguay y CAF coorganizaron un laboratorio de innovación que reunió a ministras, especialistas en IA y emprendedoras tecnológicas para debatir “cómo reorientar el ecosistema digital hacia la protección efectiva de las mujeres y el acceso real a la justicia”, publicó la entidad financiera multilateral. “El doxing, la extorsión con material íntimo, la vigilancia no consentida y la desinformación dirigida son nuevas formas de violencia”, advirtió. Esta participación tuvo lugar en el marco de la 70.ª reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), donde se exploró la “dualidad” de la tecnología: cómo ciertas arquitecturas digitales y algoritmos pueden facilitar violencias contra las mujeres, mientras otras soluciones tecnológicas pueden acelerar la prevención, la atención y el acceso a la justicia. Alicia Pomata, ministra de la Mujer de Paraguay, señaló que estas nuevas formas de violencia digital “se expanden más rápido que las respuestas institucionales y generan desafíos inéditos en materia de derechos, evidencia probatoria y protección efectiva”. Agregó que “la misma innovación que hoy nos desafía es la que nos ofrece capacidades sin precedentes para la prevención, el monitoreo en tiempo real y la creación de redes de respuesta inmediata”. Poner la inteligencia artificial a enfrentar los desafíos a los que nos expone la inteligencia artificial.

Otra noticia en el mismo contexto alude a la generación de imágenes sexualizadas de menores a través de la herramienta de inteligencia artificial de la plataforma X, la vieja Twitter, renombrada tras su adquisición por el controvertido Elon Musk.

La periodista Samantha Smith denunció que Grok, la inteligencia artificial de X, fue empleada para remover digitalmente su ropa, dejarla en ropa interior o ponerla en poses y situaciones sexuales. “Aunque no era yo quien aparecía en estados de desnudez, se veía como yo y se sentía como yo, y me sentí tan violada como si alguien hubiera publicado una foto mía desnuda o en bikini”, dijo. Luego se demostró que la misma herramienta se había utilizado para generar imágenes sexualizadas de menores de edad, lo que motivó el reconocimiento del error y pedidos de disculpas.

A esta altura de los acontecimientos no se puede poner en duda que la inteligencia artificial es parte de nuestro presente y seguirá aquí en el futuro, pero también estamos a tiempo de generar los marcos necesarios para evitar que se salga de control, como ocurrió con las redes sociales, un fenómeno que nos pasó por arriba y no llegamos a anotar la matrícula.

Por definición, el concepto de “informalidad” refiere a actividades económicas, empresas o empleos que operan fuera del marco legal, sin registros, impuestos ni protección social, aspecto este que lamentablemente aplica sin dudas a nuestro departamento y nuestro país, por cuanto desde siempre ha sido parte de una problemática muy negativa y perjudicial para el que la practica como para el resto de los ciudadanos, porque conlleva ser parte de un círculo vicioso que no beneficia a nadie, más allá de la “viveza” o la necesidad que las determina en el corto plazo, para salvar –por así decirlo– situaciones que de otra forma no tendrían remedio.

Pero como todo sabemos, sobre todo en épocas de crisis, se acentúa este flagelo –es un término adecuado, por todo lo que significa– en cuanto a la proliferación de actividades no reguladas, sin contrato, sin beneficios sociales (sobre todo cobertura de salud, seguridad social, pensiones), con el agregado del incumplimiento de normas tributarias y administrativas, con la consecuencia de falta de seguridad laboral y baja productividad.

Es decir, se trata lisa y llanamente de una evasión de pagos y aportes que determina que el Estado perciba mucho menos de lo que debería por efectos de la actividad económica y el funcionamiento del tramado socioeconómico, y para colmo de males, como la evasión se agudiza en épocas de crisis, lo que hace esta reducción de aportes y pase parcial o totalmente a la informalidad, es potenciar el problema.
Puede resumirse, sin temor a incurrir en conceptos desajustados a la realidad, que la informalidad es una situación socioeconómica de desprotección legal, lo que sin embargo no obsta para que el comercio informal forme parte indisoluble de nuestro diario vivir, en el área que sea, porque además, para que funcione, en una transacción comercial, necesita de dos partes: del que vende en negro, y el que lo acepta.

Y como es sabido, este escenario recrudece cuando las crisis comienzan a impactar fuertemente en el tramado social, muchas veces ya de por sí muy endeble y vulnerable, con la consecuencia del crecimiento de los niveles de desempleo, debido a que la industria y el comercio se ven obligados a achicar las plantillas de empleados, cuando no –ya en el extremo– resuelven cancelar la actividad por la falta total de rentabilidad.

Se juntan así, valga el dicho popular, el hambre y las ganas de comer: el individuo, tanto en forma aislada como cuando tiene familia para mantener, se enfrenta a la necesidad de rebuscársela como puede para sobrevivir, y una alternativa a su alcance es apelar al informalismo en el desempeño de alguna actividad que le represente ingresos. Una actitud que por supuesto no puede condenarse, cuando lo que está en juego es nada menos que obtener recursos para mantener su familia o sobrevivir en la diaria.
Estar en esta encrucijada es siempre un perder-perder, aunque con el informalismo por lo menos para seguir tirando se pierde menos, aunque en forma indirecta se multiplican los perjuicios. Por un lado, a veces por la competencia desleal con quien cumple con sus aportes en tiempo y forma, porque además no se genera la cobertura social que debe tener toda familia y porque además se restan recursos al Estado para cumplir con las obligaciones que dispone la institucionalidad democrática hacia los ciudadanos, en servicios esenciales como la salud, la vivienda, la seguridad social, dentro de un largo etcétera.

A esta reflexión de carácter general, las circunstancias nos obligan a traerla a colación para Paysandú, donde desde hace años pero con mayor énfasis en los últimos meses, golpea fuertemente el desempleo total o parcial, los envíos al Seguro por Desempleo e incertidumbre sobre la situación de muchas empresas que apenas rozan la rentabilidad o directamente empatan la ecuación económico-financiera, cuando no la pierden directamente.

A la vez, no se necesita tener más de dos dedos de frente para inferir que hay no menos de 500 trabajadores, más sus familias y quienes de ellos dependen, con remuneraciones muy por debajo del promedio que estaban percibiendo, y que por lo tanto deja de circular en el medio una masa de dinero sensiblemente inferior a la que estaba reciclándose. Ello implica menos compras en el comercio local, menos demanda de servicios, de insumos, de materiales de construcción, crecimiento de situaciones de angustia por la incertidumbre, lo que gradualmente va moviendo la aguja, aunque inicialmente no se perciba.

Además, ante la necesidad de cubrir esa diferencia de ingresos, y ante la posibilidad de que en algún momento cercano se pueda perder la fuente de trabajo, es frecuente que los afectados se vuelquen a encarar emprendimientos total o parcialmente de carácter informal, lo que si bien les sirve para capear el temporal en principio, con el paso del tiempo forma parte de la bola de nieve de las consecuencias indeseables de la informalidad en sus implicaciones, contribuyendo al deterioro de la calidad de vida por falta de cobertura, pérdida de empleos de otros trabajadores porque las empresas en que trabajan se ven afectadas por la competencia desleal, y así sucesivamente.
Estamos ante elementos que son parte del esquema descriptivo de situación, y por cierto estamos hablando de consecuencias, pero no de posibles respuestas, porque precisamente estamos ante una conjunción muy compleja de relaciones de causa – efecto.

La causa-efecto por excelencia, en este caso, es el deterioro de fuentes de trabajo y el directo impacto en quienes de ellas dependen, pero asimismo la proyección sobre la comunidad toda, donde cada sector, cada familia, tiene su problema. Por un lado, si bien estamos ante emprendimientos privados –como todos sabemos, en el Estado no hay desempleo, porque nadie pierde su trabajo cuando se cierre eventualmente una dependencia estatal– el Estado debería por lo menos proveer herramientas para corregir las distorsiones que han llevado a que las empresas pierdan rentabilidad, lo que en el caso de Paysandú y gran aporte del Interior del norte del río Negro pasa por el costo adicional, sobre todo logístico –entre otros– que significa emprender lejos de Montevideo, que se agrega al costo país que hace que Uruguay sea un país caro y se pierda competitividad en el contexto global.

En Paysandú tenemos por lo tanto un agravante adicional al costo país que señalábamos, y este impacto se siente por partida doble en nuestro medio, con la informalidad como una de las manifestaciones, pero no la peor ni mucho menos, sino que es la comunidad la que acusa el golpe en su cerno.

El reclamo ante lo que ocurre en nuestro departamento no debería ser una novedad para nuestros gobernantes, pero la constante ha sido la de salir tarde y mal a ensayar alguna respuesta que no mueve la aguja, sino que por el contrario, se le va dando largas y generando expectativas que rara vez se cumplen. Porque buena parte de los problemas que hoy nos acucian podrían haberse evitado o minimizado si se hubiera actuado en tiempo y forma cuando desde acá, desde el Interior todo, se daba la voz de alarma respecto al grave deterioro de la rentabilidad empresarial y las consecuencias en las fuentes de trabajo de nuestros conciudadanos. Con la sangre hoy llegando al río, los plazos urgen más que nunca

A la salida del Consejo de Ministros de la semana pasada, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que este lunes presentará ante el Gabinete de Seguridad —integrado por ocho ministerios y la Presidencia de la República— el Plan Nacional de Seguridad Pública.
Negro aseguró que el plan es “ambicioso”, con más de 79 acciones y un centenar de medidas proyectadas para desarrollarse durante una década, con instancias de evaluación y monitoreo.
Las autoridades reformulan el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) para su aplicación en el denominado “policiamiento inteligente”, orientado a la prevención y disuasión del delito. También incluye el programa Más Barrio, del Ministerio de Vivienda, definido como “un eje fundamental” del proyecto gubernamental que involucra a varias agencias estatales.
En la web del plan, el gobierno sostiene que la seguridad ciudadana es “una responsabilidad compartida” entre el Estado y la sociedad, con planificación a largo plazo y uso de la evidencia que surja de las evaluaciones. La propuesta apunta a que el tema no recaiga únicamente en el desempeño del Ministerio del Interior, sino en “todo el Estado y la sociedad en general”.
Durante 2025 se realizaron rondas de intercambio que perfilaron el contenido del plan. Allí se definió que los homicidios, la violencia de género y contra niños y adolescentes, las armas de fuego y municiones, el narcotráfico y el ciberdelito —incluidos los fraudes informáticos— constituyen los cinco “problemas prioritarios” que atraviesa el país.
Con un horizonte delineado entre 2025 y 2035, el gobierno considera que el plan “es un instrumento estratégico fundamental”.
Las últimas encuestas —como ocurre desde hace más de quince años— ubican a la inseguridad entre los temas de mayor preocupación para cerca de la mitad de la población (46%). Un tercio se muestra preocupado por la situación económica, principalmente por la falta de empleo —uno de cada cinco ciudadanos—, mientras que prácticamente el resto de los temas se ubica por debajo del 5%.
Los sondeos de opinión también indican que el gobierno de Yamandú Orsi no conforma a la mayoría de la población y que se convirtió en el primer presidente frenteamplista en registrar un saldo negativo (-7) a un año de gestión.
El narcotráfico, uno de los escenarios de mayor preocupación para las autoridades dentro de los cinco ejes prioritarios, ha permeado de tal forma en la sociedad que mantiene sus tentáculos dentro del sistema carcelario, con órdenes que parten desde adentro hacia afuera, y aumenta su influencia en las periferias urbanas. El patrullaje de cercanía —táctica visible para la ciudadanía por encima del trabajo de inteligencia y de la persecución del dinero— aparece como la respuesta más evidente al reclamo ansioso del sistema político.
Se trata de una solución lineal para un problema que no lo es. El narcotráfico incrementó su dominio en la misma medida en que aumentó su poder de fuego, mientras crecían los patrullajes, la cantidad de efectivos policiales y el número de personas privadas de libertad.
Además del aumento del delito, también se eleva el nivel de violencia que se traduce en la cantidad de homicidios —otro de los cinco asuntos principales— en todo el país, particularmente en la zona metropolitana.
Uruguay mantiene una de las tasas de prisionización más altas de la región, con 16.000 personas privadas de libertad y otras 10.000 con medidas alternativas a la prisión. Se trata de un récord histórico que no ha mejorado las estadísticas de seguridad ciudadana.
El hacinamiento carcelario alcanza en algunas unidades niveles cercanos al 160%. A esto se suma una infraestructura deteriorada y la ausencia de programas efectivos de rehabilitación —a pesar del nombre del instituto que, tras un proyecto, pasará a llamarse de Reinserción—, con una reincidencia que ronda el 70%.
Es el resultado de un crimen organizado estructurado, profesionalizado y en permanente adaptación de sus métodos frente a la respuesta de un sistema desbordado. Así lo demuestra la evidencia: las mínimas diferencias en los niveles de delito entre una administración y otra no modifican el problema de fondo, pese al esfuerzo por exhibir rigor científico en los documentos de diagnóstico y análisis ya presentados.
Las autoridades saben que el miedo y la alta percepción de inseguridad no pueden medirse con ningún “rigor” absoluto. Una persona que se siente insegura —o no— responderá según su circunstancia particular cuando se le formule la pregunta, y no necesariamente en función de lo que cualquier administración nacional establezca en sus documentos.
Sin embargo, también resulta difícil que los responsables de turno lo comprendan.
Son las mismas autoridades de sucesivos gobiernos las que conocen la transformación del delito y el alcance de la influencia del narcotráfico. No es casual que el país ya no sea solo un espacio de tránsito de drogas, sino también de acopio en su ruta hacia Europa. En ese contexto, el protagonismo de la Hidrovía adquiere relevancia cada vez que se captura a un narcotraficante, como ocurrió recientemente con Sebastián Marset, el llamado “gerente de la Hidrovía”.
Por eso es incuestionable el aumento de la violencia y la criminalidad. Y en este punto no hay lugar para relativizaciones.
Las respuestas fragmentadas limitan la actuación al Ministerio del Interior. La necesaria vinculación con otras problemáticas sociales —como el aumento del consumo de sustancias, la relación entre delito y salud mental o la falta de vivienda— es relativamente reciente y forma parte del conjunto de actores que integran el Plan Nacional de Seguridad.
Hasta ahora, lo que predomina es un aumento de penas acompañado por la posibilidad del juicio abreviado, mecanismo que ha generado más polémicas que consensos. Aunque se incrementó la prisionización, el delito no desaparecerá de las calles: los tentáculos del microtráfico siguen firmes en los barrios, generan inseguridad en las personas y rara vez se reflejan plenamente en las estadísticas. El temor —mucho más extendido de lo que se percibe— desalienta a muchos a realizar denuncias.
Las reacciones, por ahora, son visibles. Cada vez más personas se retiran temprano de plazas y otros espacios públicos, mientras se intensifica el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia en los hogares. Esa es, sin dudas, la mejor estadística para cualquier gobierno.

La cita “Todavía hay jueces en Berlín” —“Es gibt noch Richter in Berlin”— nace de una leyenda ilustrada del siglo → Leer más

“No es seguro que Lula sea candidato, va en caída, se retira o se enferma o se inventa algo, difícil que llegue; no dio lo que se esperaba y lo que prometía y ya no encaja en el statu quo”. Me lo aseguró un colega brasileño conocedor de lo que pasa en los centros de poder del Brasil. Al “statu quo” en ese país lo componen las FFAA, en primer lugar, con Itamaratí siempre al oído y la consulta e intercambio con el poder económico e industrial.

Ya en su dos primeras presidencias, pese a la “protección” que gozó, al final no conformó y menos con su heredera Dilma Rousseff, que se atrevió a preguntar sobre los DDHH y el periodo militar, tema al que jamás Lula puso en la orden del día; a lo sumo, una vez, obligado se limitó a decir que podrían haber habido víctimas pero no victimarios. ¿En qué quedamos?, ¿torturaron o no?, ¿violaron los DDHH o no? Lula siempre hizo buena letra.

En su lugar vino Jair Bolsonaro. De la otra punta y bien recibido por el statu quo. Lo que no esperaban era que este brasileño chovinista y extremo ganara tanto prestigio sobre todo entre las FFAA.
Entonces, nuevamente recurrieron a Lula que estaba preso y quedó libre y sin culpa por arte de birlibirloque y algunas “cuestionas formales” –llamémosle así–, como ya había ocurrido con casos de corrupción en su primer gobierno, alguno histórico y emblemático como fue el “mensalao” –compra del votos de legisladores con dineros públicos–, de lo que Lula extrañamente nunca se enteró, pese a que por ello fue preso José Dirceu, su jefe de gabinete, mano derecha, amigo, fundador del PT y que ocupaba una oficina en Planalto a pocos metros del despacho presidencial.

Lula ahora prometía “grandeur” y alimentaba el sueño imperialista. “Yo seré el gran orquestador mundial”, les hizo creer, incluso a Mujica. Fue un fiasco, de entrada fue abucheado en países de Europa tras su opinión de que Rusia invadió a Ucrania en respuesta a provocaciones, y así fue haciendo agua, alineándose como un vagón mas al tren de Rusia y de China y siempre anti EE.UU. Ya ni en su subcontinente pesa: Venezuela no va más, Chile cambió, y Colombia esta en duda. Solo le queda ser el “faro guía” de la política exterior uruguaya. Hoy es un personaje de segunda y el español Pedro Sánchez no ayuda mucho. Con su ausencia a la asunción del chileno Kast quizo llamar la atención, pero quedó en ridículo.

Todo ello no quiere decir que no llegue a ser candidato y a disputar por séptima vez la presidencia; sería el desempate.

A Lula, empero, puede que el tiempo le juegue en contra. Suceden cosas: uno de sus hijos y algún familiar más son investigados por presuntos actos de corrupción. Y no es lo peor: un escándalo bancario –la caída del banco Macro–, con todos los aditamentos de la mejores películas del género, ha salpicado a la clase política y al poder judicial y, en particular, a dos poderosos ministros del Supremo Tribunal Federal. Uno –José Antonio Días Toffoli– que declaró nulas todas las pruebas contra Lula, liberándolo de cargos y de la cárcel y el otro –Alexandre de Moraes– que metió preso a Bolsonaro y tiene en su haber mandar a censurar a la red social X, entre otras perlitas. No está fácil desatar toda esta madeja.

La cuestión es que hoy las encuestas marcan un empate técnico entre Lula y el senador Flávio Bolsonaro, hijo y heredero político de Jair, hoy preso. ¿Vendrá una compensación?
Bien interesante. ¿Como finalizará toda esta novela?

El futuro no está predeterminado: depende de cómo elijamos usar la tecnología y cómo eduquemos a las nuevas generaciones para convivir con ella.

El problema no es la tecnología en sí, sino nuestra falta de preparación para comprenderla y adaptarnos, cuando se convierte en una lógica dominante que sustituye la ética y el sentido humano, cuando reducimos la realidad a lo cuantificable y utilitario.

La técnica no es neutral, si no está guiada por una ética y una visión integral del ser humano.
Ha habido cambios tecnológicos avanzados, a un ritmo mucho más rápido que nuestra capacidad de adaptación cultural y educativa.

Muchas profesiones cambiarán o desaparecerán. Será clave desarrollar: pensamiento crítico, creatividad, adaptabilidad y capacidad de aprendizaje continuo.

La inteligencia artificial y automatización no reemplazarán completamente al ser humano; lo potenciarán y transformarán profundamente el trabajo. La inteligencia artificial procesa datos, compete al ser humano comprender, valorar y decidir.

El juicio moral, la creatividad profunda, pensar con sentido común y la empatía siguen siendo humanos.
Nuestra actitud frente al futuro no se trata de miedo ni entusiasmo ciego, sino de comprensión, responsabilidad y preparación.

Ing. Agr. José Francisco Ramos Peralta

En la vasta y compleja problemática del tránsito, todo análisis que se haga debería agregar, a la necesaria objetividad que → Leer más

La visita del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a su par brasileño Luiz Inacio “Lula” da Silva, en los últimos días, dejó un nuevo hito, un nuevo aviso, de la preocupación que existe en el vecino país por la posibilidad de que ocurra un conflicto armado en la región. Durante el encuentro con el sudafricano Lula refirió a la necesidad de reforzar vínculos y fomentar el compromiso regional y se firmaron acuerdos bilaterales en áreas como turismo, comercio, inversiones y cultura. Pero entre los temas que se abordaron estuvo, según consignan diferentes fuentes, la preocupación por la seguridad internacional ante la ausencia de armas nucleares en América del Sur y África.

Lula afirmó que países como Brasil o Sudáfrica deben “preparar sus defensas” porque “pueden ser invadidos cualquier día”. Destacó además la importancia de aunar el potencial de ambos países —ambos parte del bloque de países emergentes Brics (Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica)— y explorar la producción conjunta de bienes estratégicos, alineando estas declaraciones con la necesidad de cooperación y fortalecimiento mutuo ante posibles amenazas externas. El presidente brasileño enfatizó en que Brasil “es una nación de paz” y, por ello, no ve necesario adquirir armamento de los llamados “señores de las armas”, aunque resaltó que Brasil y Sudáfrica pueden desarrollar sus propias capacidades productivas.

Sin ir más lejos Brasil desarrolla vehículos militares, como los Super Tucanos, recién adquiridos por la Fuerza Aérea Uruguaya, y otros modelos de aeronaves (entre ellos el SAAB Gripen, un jet supersónico desarrollado por Suecia), y mucho más.

Aludió además a la intervención de Estados Unidos en Irán, en especial enfatizando los efectos económicos negativos, como el alza que se ha registrado de los precios del petróleo y la inestabilidad internacional que ocasionó, con consecuencias directas en la economía global, y en las economías locales de numerosas naciones. Ambos mandatarios reclamaron un alto el fuego inmediato en el conflicto bélico en torno a Irán y en la urgencia de resolver la situación por vías pacíficas para evitar el agravamiento de la crisis.

Ahora bien, estos comentarios sobre la posibilidad de que en la región ocurra una invasión o una ocupación en busca de recursos naturales parecería algo descolgada, si no fuera porque viene precedida de algunos indicios al respecto.

El 24 enero de este año aludíamos en esta misma sección a una publicación del semanario Búsqueda sobre un informe de Inteligencia de Brasil que advertía por el riesgo de militarización del acuífero Guaraní, que a su vez traía a colación declaraciones del pasado mes de octubre de uno de los principales jerarcas militares de nuestro país, que en ese momento causaron sorpresa, tanto en la opinión pública como entre autoridades nacionales.

En ese entonces el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), Gral. del aire Rodolfo Pereyra, advertía entonces que, ante una posible escasez de agua a escala global, nuestro país puede ser centro de conflictos bélicos en una eventual disputa por el acuífero Guaraní. “Ingresando al campo de las hipótesis de conflicto más peligrosas, debemos recordar que somos parte de uno de los más grandes reservorios naturales de agua dulce del planeta, que compartimos con Argentina, Brasil y Paraguay. Dado el supuesto o real caso de que este recurso escasee en el mundo, no contar con las capacidades disuasivas adecuadas que nos permitan proteger y gestionar soberanamente un recurso vital para la supervivencia del ser humano pondrá, como resultado, en grave riesgo la estabilidad de la región”, decía.

En cuanto al informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), citaba el artículo del semanario que “Desde el punto de vista de la seguridad, la Inteligencia de Estado debe estar atenta al riesgo de militarización indirecta de zonas sensibles bajo el pretexto de la protección de ‘bienes comunes globales’, con el riesgo de instrumentalización de la seguridad ambiental para legitimar intervenciones no solicitadas sobre zonas estratégicas”. Allí se mencionaban dos zonas prioritarias con relevancia estratégica: la Amazonia, que cubre un 60% del territorio del vecino país, clave para la biodiversidad y “también para la seguridad nacional”; y el acuífero Guaraní, compartido con Argentina, Paraguay y Uruguay, que “constituye una de las más importantes reservas subterráneas de agua del planeta”.
Esta nueva alusión —nada menos que de parte del presidente brasileño— a la posibilidad de que la región se convierta en escenario de un conflicto armado debería preocuparnos y hacernos plantear seriamente que esta es una posibilidad real y cómo deberíamos actuar.

El país tiene una larga tradición pacifista y de neutralidad, el presidente Orsi visitó China con una nutrida delegación, pero pocos días antes recibió como amigo —que de hecho lo son— al embajador de los Estados Unidos en la residencia de Suárez y Reyes, amistad que también invocó el expresidente Tabaré Vázquez, cuando se temió cuando se temió por la posibilidad de que escalase a otro nivel el conflicto “de las papeleras”, que tuvo cerrados los puentes internacionales que nos comunican con Argentina. Cultivar las relaciones con todos y abogar por la paz ha sido nuestra bandera histórica.

Ojalá el tiempo termine demostrando que no se trata más que de exageraciones, pero no podemos tapar el sol con un dedo y hacer de cuenta que el mundo no está convulsionado y, además, tan polarizado que parece que todos estamos obligados a tomar postura, como si de una discusión de Twitter se tratase.

Con una cifra del orden de los 185 millones de dólares de sobrecosto anual en el precio del gasoil, tal como denuncia en un reciente comunicado la Federación Rural, el ciudadano común podría más o menos hacerse una idea parcial de la magnitud de la presión que significa el costo del Estado sobre los sectores reales de la economía, los que se vuelcan a la producción de bienes y servicios fundamentalmente, pero también sobre el consumidor y la economía en general, pues se trata de recursos que se detraen de la dinámica del tramado socioeconómico, para ir a perderse en las arcas del Estado.
Según el estudio de la mencionada gremial de productores, este sobrecosto del combustible equivale a la pérdida de 112.182 novillos listos para la faena. Se trata de un informe en donde establece el impacto sobre la rentabilidad del sector agropecuario, considerando el sobrecosto generado por la política de precios del gasoil, exclusivamente, por lo que hay que agregarle los sobrecostos inherentes a los demás combustibles que expende Ancap.

La Federación Rural aclara que para calcular este número, se consideró un animal de 300 kilos en cuarta balanza a U$S 5,50 por kilo. En términos agrícolas, el perjuicio económico es comparable a su vez a 462.751 toneladas de soja, tomando como referencia un precio de U$S 400 por tonelada.
Agrega que la sobrecarga financiera se sustenta en una estructura de precios que se mantiene por encima de las referencias de paridad de importación, elaborada por el propio gobierno. El valor vigente del gasoil 50S al 28 de febrero de 2026 es de $ 48,9, cuando el Precio de Paridad de Importación indicaba un valor de $ 41,4. Este desfasaje de $ 7,5 por litro impacta directamente sobre un consumo interno que alcanzó los 1.108 millones de litros en el último año, afectando la competitividad de un sector que depende de este insumo para su operativa diaria.

Señala que los datos oficiales de Ancap y la Ursea revelan una brecha persistente entre la realidad del mercado global y el mercado interno. En el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, la caída del precio de referencia internacional fue del 18,6%, pero el alivio para el consumidor local fue de apenas el 4%. Esta disparidad consolida un sobrecosto de U$S 102 millones en el último año, que se suma a los U$S 83 millones que el sector debe transferir obligatoriamente para subsidiar el transporte urbano a través del fideicomiso, con un tipo de cambio promedio de $ 40,3 por dólar.
Es decir, que esta diferencia se la quedó el Estado, en detrimento de los usuarios, que debieron pagar el combustible más caro que si se lo comprara directamente en el exterior, obviando la estructura de Ancap.
Pero este mazazo no solo recae en el productor rural, sino que como es sabido, todos los sectores de la economía sufren en forma directa o indirecta este sobrecosto, que no es otra cosa que el peso de la tributación y la ineficiencia que viene del Estado, que es sostenida por los sectores reales de la economía, desde la producción pasando por toda la cadena que finaliza en el consumidor.

Los impuestos a los combustibles, unido al monopolio de Ancap y los costos de funcionamiento de la empresa estatal, son la parte clave de este mayor precio en el surtidor, que luego los productores y los usuarios en general deben trasladar a sus actividades, por lo que todo el esquema socioeconómico es distorsionado desde el propio Estado para hacerse de recursos que luego utiliza displicentemente, como si brotaran de abajo de las piedras, y no fruto del esfuerzo de la gran mayoría de los uruguayos que no tienen a “Papá Estado” como cobijo.

Un análisis del economista Jorge Caumont, en el suplemento Economía y Mercado de diario El País, que data ya de mediados del año pasado, indicaba que “desde hace varios años observo que el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, y que los salarios nominales suben, marcándose así un desajuste significativo entre ambas variables. Se trata a mi juicio de conceptos cuya relación observada durante cierto lapso, sin que ocurra de manera similar en otros socios comerciales, da una idea de la evolución de la competitividad de la producción transable uruguaya con el exterior”.
Agrega que ello afecta además “la producción que localmente sustituye importaciones, y la producción que se exporta. Desde el comienzo de 2020, los salarios han subido 53,3 por ciento, y el valor del dólar lo hizo en 7,2 por ciento, lo que implica que los salarios han aumentado en el lapso indicado, 43 por ciento en dólares”.

Esta lectura de datos igualmente da para sacar algunas conclusiones, que responden a una situación que se ha venido observando a lo largo de varios años y que no solamente implica al gobierno actual y al anterior, sino que da la pauta de que en materia de economía, por encima de matices entre las respectivas administraciones, tal como viene la mano, hay muy poco margen de maniobra para zafar de este esquema rígido entre tipo de cambio, inflación, salarios, competitividad y nivel de actividad.
Ocurre que hay perdedores en esta ecuación: primero, la competitividad y por ende el sector exportador, y no tanto el de los productos primarios, por aquello de las ventajas comparativas para producir, sino de aquellos que aspiran a dotar a su producto de algún valor agregado, y se encuentran con que el costo país dispara la ecuación y no pueden competir en los potenciales mercados compradores. En la misma situación se encuentran aquellos que trabajan en sectores que venden en el mercado interno pero que compiten con los productos importados más baratos por efectos del tipo de cambio y el costo país.
Pero también tenemos un gran perdedor, que es el empleo, porque cuando resulta más barato importar que hacerlo acá, se pierden puestos de trabajo, y este elevado costo de producir lo sufrimos en Paysandú a través del cierre de fuentes de trabajo o reducción de puestos de empleo. En este esquema de deterioro las multinacionales se trasladan hacia otros países.

Mientras tanto, sigue pendiente la gran reforma estructural que incluye la revisión a fondo del gasto público, para aliviar el peso del Estado e incidir en los costos que se aplica a los sectores reales de la economía por las estructuras que no se han tocado, y abordar aspectos clave como los costos de producción, de la energía, costos laborales, costos de trámites, costos de generar nuevas inversiones.
El punto es que a este esquema suicida, donde las inversiones salvadoras no aparecen por ningún lado, se agrega un sindicalismo que lejos de aportar soluciones, es parte del problema y sigue apostando a la lucha de clases de la década de 1960. Mientras, pasan los gobiernos y cada uno promete soluciones que nunca llegan, por cuanto más allá de algunos matices que no van al fondo de la cuestión, no hay margen de maniobra y ninguno está en condiciones de aportar la fórmula mágica. Es decir, se reedita el seguir tirando hasta la siguiente elección, cosa de salvar la ropa y tener puestos del Estado para sostener a la “tropa” de incondicionales y recompensar lealtades partidarias.

Uruguay se ha consolidado como un referente regional en digitalización, alcanzando una penetración de Internet del 94%, un porcentaje que nos sitúa a la vanguardia de América Latina y el Caribe. No obstante, la hiperconectividad puede ser también un arma de doble filo y en ese sentido es válido preguntarse ¿estamos realmente protegidos o solo estamos más expuestos?

La reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024-2030 y la promulgación de la Ley 20.327 de Ciberdelincuencia en setiembre de 2024 constituyen hitos legislativos innegables. Sin embargo, la historia reciente de la región implica un llamado de atención.

El Reporte de ciberseguridad 2025, una colaboración entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro de capacitación en Capacidad de Ciberseguridad Global de la Universidad de Oxford, revela un panorama crítico pero en evolución en la región de América Latina y el Caribe. A pesar que la mayoría de los países ya cuentan con estrategias nacionales en ciberseguridad, solo 13 países poseen la capacidad institucional, recursos o mecanismos de coordinación para implementarlas de manera efectiva. Aún más preocupante es que solo nueve países están equipados para proteger su infraestructura crítica, en un contexto donde los ataques ya afectan servicios públicos esenciales como las administraciones tributarias, puertos y hospitales. Uruguay, pese a sus avances, se encuentra en una carrera contra el tiempo para adaptarse a los desafíos diarios de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que abre tanto oportunidades como nuevas dimensiones de riesgo. Un repaso rápido de los riesgos del nuevo ecosistema digital muestra una potenciación de los atacantes ya que, incluso si tienen pocas habilidades pueden utilizar modelos de lenguaje para escribir correos phishing convincentes, generar código malicioso y encontrar vulnerabilidades con mayor rapidez. El uso de deepfakes para fraude, coerción, desinformación a gran escala es algo que significa un nuevo desafío para los marcos tradicionales de seguridad. A su vez, los países consumidores de inteligencia artificial heredan vulnerabilidades de cadenas de suministro complejas que cruzan múltiples jurisdicciones.

Por éstas y otras razones más complejas y técnicas, la ciberseguridad debe dejar de ser vista como un problema puramente de las tecnologías de la información y convertirse en una prioridad para el desarrollo nacional y la seguridad ciudadana ya que es claro que la rápida adopción de la inteligencia artificial está transformando el panorama de las amenazas, permitiendo a los criminales realizar ataques más sofisticados y amplios.

El andamiaje institucional uruguayo para responder a estos desafíos presenta una fragmentación que podría comprometer la respuesta ante una crisis a gran escala. Por una parte la Agesic supervisa las infraestructuras críticas de información, mientras que el Ministerio de Defensa Nacional las infraestructuras críticas físicas en una bicefalia que exige una coordinación sin fisuras que puede no ser sencilla en la práctica.

Países como Chile han avanzado hacia la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad con capacidad de respuesta, fiscalización y sanción tanto para el sector público como privado. Uruguay ha optado por un modelo de carácter más consultivo a través del Consejo Asesor Honorario de Seguridad de la Información y comités de gestión. Si bien esto fomenta la participación, cabe preguntarse ante el panorama actual y futuro si se cuenta con la agresividad institucional necesaria para imponer estándares de seguridad en sectores privados que manejan datos sensibles de la ciudadanía.
Un punto importante en el debate nacional actual debería ser el de la Inteligencia Artificial, que ya no es una promesa futurista sino que está integrada invisiblemente en las infraestructuras nacionales críticas, la administración pública y los servicios financieros donde potencia la defensa a la vez que multiplica los riesgos.

El reporte del BID y OEA advierte a los países que deben construir una “preparación nacional de ciberseguridad en IA” para soportar ataques automatizados y orquestados a gran escala. Para Uruguay el desafío es grande. En general somos consumidores, no desarrolladores de estas tecnologías, lo que nos expone a vulnerabilidades heredadas de las cadenas de suministro globales. Nuestra estrategia país 2024-2030 debe ir más allá de la ciberseguridad tradicional y requiere la alineación de los estándares técnicos con la conciencia pública sobre los riesgos de la inteligencia artificial.

Uno de los puntos más preocupantes para la economía local es la marcada inequidad cibernética entre las grandes corporaciones y el tejido empresarial de micro y pequeños empresarios. Las pequeñas y medianas empresas representan el 90% de los negocios y generan más de la mitad del empleo mundial, pero son tres veces más propensas a carecer de las habilidades necesarias para ser ciber-resilientes, según el estudio.

En Uruguay las PYME a veces operan bajo la falsa premisa de que no son un objetivo. Sin embargo, el reporte revela que el 98% de las empresas están conectadas con al menos un tercero que ha sufrido un ciberataque en los últimos dos años.

En este sentido es que la resiliencia no puede ser un lujo de las empresas de mayor tamaño y el Estado debe incentivar fuertemente la madurez digital del sector privado local ya que un ataque a una pequeña cooperativa o un comercio podría ser la puerta de entrada para una irrupción en las cadenas de suministro nacionales.

Algunos países vecinos se están preparando fuertemente. Brasil se posiciona actualmente en el Nivel 1 del Índice Global de Ciberseguridad de la UIT. Costa Rica, luego del ataque de 2022 a su Ministerio de Hacienda por parte del grupo Conti –que paralizó la actividad de esa secretaría de Estado y obligó a declarar el primer estado de emergencia nacional por un ciberataque– tuvo que realizar una modernización acelerada creando un Centro de Operaciones de Seguridad centralizado. Uruguay ha recibido apoyo financiero del BID con un programa inicial de 10 millones de dólares y un componente adicional de 6 millones de dólares, cifra menor a los 27 millones que ha invertido Chile exclusivamente para fortalecer su capacidad central en ciberseguridad.

En definitiva, la ciberseguridad ya no es solo un asunto de informáticos, es la base de la confianza digital que, a su vez, es crucial para el desarrollo moderno. Uruguay tiene cimientos en esta área y una hoja de ruta pero se requiere una voluntad política sostenida y una capacidad técnica que supere las decisiones electorales y tenga en cuenta la necesidad de formación de recursos humanos acorde a la ciberseguridad que el país necesita para el futuro próximo.

El conflicto en Medio Oriente está complicándolo todo. El petróleo por encima de los cien dólares el barril, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak anunciaron reducciones en la producción de crudo y el paso estratégico del estrecho de Ormuz, por donde solía transitar en barcos la producción del golfo Pérsico hoy no es una alternativa.

En todo el mundo ya se sienten las secuelas, y aunque Uruguay es un país netamente importador, y en sí los volúmenes que manejamos nos permiten tener cierto margen antes de tomar decisiones, estas van a tener que llegar, porque el cimbronazo será grande, especialmente en actividades muy demandantes de combustible y en las que los números de rentabilidad estén ajustados, y en especial en sectores que tienen efecto de traslado al resto de la economía, como el transporte.

El aumento en el precio del gas natural ya está afectando a los precios de minoristas en Estados Unidos y Europa y el de las naftas ha tenido las mayores subas en años.

En este conflicto la industria petrolera es tan relevante que hemos tenido cruces de amenazas de ataques contra la infraestructura. Arabia Saudita ha reportado la intercepción de drones dirigidos a sitios estratégicos de su producción, a la vez que analiza caminos alternativos para la distribución hacia un mundo que mira preocupado, cada vez más preocupado.

Mientras en nuestro país la oposición anuncia que citará a comisión en el Parlamento a la ministra de Industria, Energía y Minería para escuchar sobre planes de contingencia, en China el Gobierno ordenó detener la exportación de combustibles y Corea del Sur estudia topear los precios.

Hoy el principal impacto con estas idas y vueltas lo están sufriendo los países asiáticos que tienen una extrema dependencia del petróleo de la región en conflicto. Aunque para el resto del globo el impacto también grave, por las reacciones del mercado a la guerra con importantes aumentos de precios. Un ejemplo de ello es Brasil, donde esta suba desató una serie de sacudones no solamente económicos sino además políticos. Trascendió que minoristas e importadores privados de combustible están exigiendo al gobierno que la estatal Petrobras suba los precios, bajo advertencia de provocar un desabastecimiento en el mercado. Esta semana algunas de estas empresas tuvieron subas en los precios de más de un 8%.

Como contrapartida, la Senacon (Secretaría Nacional del Consumidor), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, envió una carta al Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) solicitando se analicen los recientes aumentos en los precios del combustible registrados en cuatro estados y el Distrito Federal. Pero no para ahí, porque la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), entidad que representa los intereses del campo en el vecino país, solicitó al Ministerio de Minería y Energía que aumente de manera urgente la mezcla obligatoria de biodiésel con gasoil como una forma de asegurar el abastecimiento interno del combustible a precios razonables. La mezcla obligatoria en Brasil es del 15% y CNA pidió que sea elevado al 17%, ante el aumento de los precios internacionales del petróleo.

En estos días el periodista especializado en temas económicos Nicolás Lussich publicó un análisis sobre los posibles impactos en nuestro país. Como es sobradamente sabido, y hasta que se demuestre lo contrario –y los ambientalistas los permitan–, Uruguay no tiene petróleo y por lo tanto debe importarlo. Apunta Lussich que las importaciones anuales están en el entorno de los 15 a 16 millones de barriles. “Haciendo una cuenta muy gruesa —y simplemente ilustrativa— si hay un aumento de 30 dólares por barril en el precio —digamos de 70 a 100 en el Brent— y el alto precio persiste por unos 6 meses, el país puede ver aumentado su gasto en importaciones de petróleo en más de 200 millones de dólares”.

Pero, como señalábamos previamente, los aumentos en los combustibles se trasladan a otros sectores de la economía rápidamente, lo que tendría inevitablemente efecto inflacionario. “Es bastante obvio que si el petróleo sigue en estos niveles se deberá procesar alguna corrección en el precio de los combustibles. Esto sería de la mayor lógica: si algo escasea, una manera directa de estimular su uso eficiente es la suba de su precio —principio básico de economía, que a veces se omite, generando graves pérdidas y distorsiones—; por supuesto, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de regular y matizar esto según el escenario económico general y atento a los tiempos de decisión. Siempre hay cierto margen de maniobra, aunque en Uruguay es acotado”. Agrega el colega a su evaluación que “este ‘shock’ petrolero llega además en momentos en que la economía uruguaya muestra pocos síntomas de crecimiento” y con una baja capacidad de amortiguar el impacto. Esto se ha visto reflejado en los números presentados por la Cámara de Comercio y Servicios respecto a la actividad en el último trimestre del año, un período que suele tener un impulso importante tanto en el comercio como en los servicios por las fiestas tradicionales, el inicio o la preparación de la temporada veraniega y el pago de los medios aguinaldos. Así y todo los números fueron a menos.

No es la idea pecar de pesimistas ni nada parecido, pero no podemos dejar de llamar la atención respecto a que el presupuesto que elaboró el actual gobierno asumió un punto de partida sumamente optimista, basado en un supuesto crecimiento de la economía al que no se estaría llegando. Y aunque está planteado hubo un incremento de la recaudación a través de nuevos impuestos y ajustes en los ya existentes, aun así la sábana puede quedar corta. Estaba asumido el riesgo, imaginamos, de que ese crecimiento proyectado no fuese tal y que el presupuesto quinquenal no pueda financiarse “orgánicamente” y haya que recurrir al endeudamiento, que tan a mano tiene el país y en condiciones convenientes gracias a la reputación construida desde el comienzo de este siglo. Pero aunque amigable y envuelto en papeles de colores, el endeudamiento sigue siendo endeudamiento, el viejo y querido patearla para adelante.

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), se reportaron 94 casos de varicela en todo el país, acumulados hasta mediados del mes de febrero de 2026, y de ese total, 14 casos correspondieron a cinco brotes, cuatro de ellos intrafamiliares.
Si se comparan esos datos con los del mismo período de 2025, la enfermedad mostró un incremento de 65% respecto a los 57 casos del año pasado, según el último boletín epidemiológico divulgado por la autoridad sanitaria.

De los 94 casos reportados en 2026, el 41% se registró en menores de 15 años. En menores de 1 año hubo dos casos, de 1 a 4 años fueron 12, de 5 a 9 años fueron 12 y de 10 a 14 años fueron 13. Además, de 15 a 19 años fueron 18 casos, de 20 a 24 años fueron 6, de 25 a 29 años 10, de 30 a 34 años 5, de 35 a 39 años 3, de 40 a 44 años 6, de 45 a 49 años fueron 5, de 50 a 54 años hubo un caso y otro de 65 a 69 años.
En nuestro departamento, la mayor novedad es que uno de los afectados fue el intendente Nicolás Olivera, a quien se le detectó la patología a su regreso del viaje a China, pero se advirtió que indudablemente la contrajo en nuestro medio, teniendo en cuenta el período de incubación.
Se trata solo de una referencia anecdótica, por supuesto, que solo tiene de especial la notoriedad del paciente, pero puede decirse que Uruguay atraviesa una “zona de brote” de varicela a comienzos de 2026, con casi el doble de contagios en 2025 (881 casos) respecto al año anterior. El Ministerio de Salud Pública (MSP) detectó brotes principalmente en niños menores de cinco años y adultos jóvenes, impulsando cambios en la estrategia de vacunación.

En el análisis de estos casos, surge que los casos se concentran en brotes intrafamiliares y centros educativos, en tanto ante el aumento, el MSP decidió volver a las vacunas “históricas” para mejorar la efectividad, habida cuenta de que en Uruguay se administra a los 12 meses y a los 5 años de edad.
Algunas referencias a este respecto: Las personas con varicela deben permanecer aisladas en su domicilio aproximadamente entre 7 a 10 días, evitar contacto con personas enfermas, no compartir objetos personales y reforzar la higiene de manos. Hay que tener especial cuidado con embarazadas e inmunodeprimidos, en quienes la enfermedad puede ser grave.

Desde la Dirección General de Salud se dio cuenta hace pocos días de la situación actual referente a la varicela en nuestro país, destacándose que en los últimos años se observa un leve aumento, principalmente en personas de 17 a 26 años, fenómeno que se acentúa desde la Semana Epidemiológica (SE) del año 2024. Este grupo solo cuenta con una única dosis de la vacuna contra la varicela. No obstante, lo destacable de la situación actual es que las consecuencias del cambio de edad de los casos de varicela a grupos de edad más avanzada puede influir en un mayor riesgo de complicaciones.
Hasta aquí una evaluación sintetizada del estado de situación respecto a esta afección, que hasta hace muchos años era considerada como benigna y hasta deseable que se contrajera a edad temprana a nivel familiar, porque se consideraba que en algún momento de la vida se iba a padecer, pero que con el paso del tiempo los estudios han determinado que se cambiara esta postura por los científicos y se optara por la prevención a través de la vacunación, como una forma de no solo proteger a los grupos de riesgo, sino también para promover el efecto rebaño y evitar la circulación del virus causante de la enfermedad.

Pero debe tenerse presente que además de que la varicela es una enfermedad aguda y altamente contagiosa de distribución mundial, de carácter estacional con mayor incidencia entre los meses de julio a diciembre en el territorio nacional, los que contraen la enfermedad al curarse no eliminan completamente el agente que la causa, el Virus Varicela Zoster, perteneciente a la familia de los Herpesvirus, cuyo reservorio es precisamente el ser humano, y que con el paso de los años, ya en edad adulta, cuando caen las defensas, suele presentarse como la archiconocida “culebrilla”, que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en el tronco, tórax y espalda, y pese a no ser por regla general como de gravedad, no deja de causar molestias y puede reaparecer en forma aguda y agresiva cuando la persona ve resentido su sistema inmunológico.

Y lo que corresponde, para situarnos en una visión general, tanto nacional como regional, es considerar esta problemática, dentro de su muy limitada proyección, en el escenario epidemiológico de la región, desde que se han detectado aumentos en los índices de transmisión masiva de patologías que son perfectamente prevenibles desde hace muchos años al contarse con vacunas y el conocimiento de determinadas medidas profilácticas sencillas y generales contra la mayoría de las enfermedades transmisibles.
Pero el problema radica no solo en las políticas que en nuestro país y en otras naciones, tanto de la región como del mundo, se desarrollan por las respectivas autoridades sanitarias, sino porque por un lado también todavía hay sectores de la población que no se han concientizado respecto a la importancia del acto de prevenir, antes que actuar cuando la enfermedad ya está instalada.
Existe además un sector de opinión pública –que además es muy activo en las redes sociales– que se manifiesta claramente contra las vacunas.

Sin embargo claramente, como ha quedado harto demostrado, los beneficios superan ampliamente a los riesgos que eventualmente para algunas personas, en mínimo porcentaje, conlleva una vacunación masiva, por cuanto estadísticamente siempre hay un ínfimo porcentaje de personas que tienen reacciones adversas, de distinta gravedad, a la aplicación de vacunas, por una serie de condicionantes de su organismo.

Pero en la ecuación riesgo – beneficio, es absolutamente indiscutible que la investigación científica que ha dado lugar a que se crearan vacunas cada vez más eficaces ha sido el gran factor que ha permitido erradicar azotes de otrora de la humanidad. Gracias al uso de las vacunas, muchas enfermedades que se consideraban como comunes y que generaban efectos serios o potencialmente mortales para las personas se han convertido, hoy en día, en enfermedades raras o poco frecuentes.
Y la realidad indica que estamos ante la herramienta por excelencia que puede contribuir a protegernos entre todos, para no tener que lamentarnos luego, cuando ya hay poco y nada que hacer ante lo irremediable.

Los diversos informes que han estudiado el mercado laboral uruguayo en los últimos años son bastante coincidentes. Unas 600.000 personas mantienen problemas de empleo, mientras algunos indicadores muestran ingresos más favorables. Es decir, el problema de fondo persiste y las condiciones críticas se mantienen.

Por un lado, el último informe del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica, a cargo del economista Javier de Haedo, señala que durante 2025 hubo 591.000 personas con problemas de empleo. Se trata de desocupados, subocupados u ocupados sin aportes a la seguridad social.

El informe compara esta cifra con la de 2019, antes de la pandemia y también con un mal desempeño del empleo, cuando el registro alcanzó a 610.000 personas con problemas laborales. A pesar del incremento en la cantidad de ocupados, más de un lustro después la cifra es bastante similar.

Por otro lado, el Instituto Cuesta Duarte, dependiente del Pit-Cnt, sostiene que medio millón de ocupados gana 25.000 pesos líquidos al mes.

En Uruguay, esto representa el 30% de los trabajadores. La economista Alejandra Picco concluye que la economía uruguaya es más rica y que, en promedio, los salarios son más altos, pero también hay más pobreza, más desigualdad y más trabajadores con ingresos sumergidos.
Según este estudio, el 45% del sector rural, el 42% del servicio doméstico, el 39% de restaurantes y hoteles y el 39% del comercio se destacan por la alta incidencia de salarios sumergidos. Estos porcentajes pesan en el total y afectan a la misma población de siempre: jóvenes, mujeres, trabajadores del interior y de pequeñas localidades. Es una población que deberá esperar al menos diez años para dejar de percibir ingresos sumergidos.

Este panorama demuestra con claridad las dificultades existentes para mejorar los índices de pobreza. A pesar de que algunos indicadores sociales muestran mejoras, esto no se refleja plenamente en el crecimiento económico.

Las estadísticas también indican que más de uno de cada cinco trabajadores es informal. No aporta a la seguridad social y forma parte de este universo de “veinticinco mil pesistas”, que se encuentra en una situación de pobreza persistente.

Las proyecciones para este año no muestran cambios significativos. El salario crecerá 1,5%, se mantendrá la cantidad de ocupados y se perfila una desaceleración de la inflación.

En medio de este panorama, 2025 cerró con un déficit fiscal de 4,9% del PBI, producto del incremento del gasto público debido a pagos atrasados y a gastos no personales. Este 2026 tendrá un cierre similar y los mayores ingresos por impuestos se verán recién en 2027.

Durante su Rendición de Cuentas, el presidente Yamandú Orsi enfatizó la recuperación de puestos de trabajo en el país. Sin embargo, se avecinan cierres y reestructuras empresariales.
El impacto en algunas industrias implica que unas 3.000 personas tengan comprometido su ingreso a lo largo de este año.

Las afectaciones alcanzarán a nuevos rubros, como las industrias tecnológica y alimentaria, con mayor impacto en el sector citrícola. Marfrig, AmBev–Cympay, Paycueros, Fricada, Yazaki, Sabre, Fenedur y otras empresas revisan sus números, a pesar del discurso presidencial del pasado 2 de marzo. Esos son los casos conocidos, pero existen otros que se resuelven de manera menos visible.

Si bien la cantidad de empresas que abren supera a la de las que cierran —de acuerdo con las estadísticas de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), que registró el cierre de más de 7.000 y la apertura de más de 10.000—, es importante observar qué hay detrás de cada emprendedor.

Junto al Instituto Nacional de Estadística, la agencia analizó que casi la mitad de los propietarios de una microempresa lo hizo por necesidad (48,8%), mientras que el 38,5% declara haber aprovechado una oportunidad. En su mayoría, se trata de empresas que buscan mantener un número reducido de empleados. Es decir, tampoco existe en el horizonte una expectativa clara de expansión.

Las empresas mencionadas y otras más tienen un fuerte impacto sobre el empleo indirecto, que es elevado en Uruguay. Se repite así el fenómeno de una lenta reinserción laboral: la demanda local no absorbe rápidamente esa mano de obra, con el consiguiente subempleo.

Por el momento se observa que las multinacionales, que toman decisiones a escala global, resuelven su reubicación dentro de un bloque cada vez más competitivo, como el Mercosur.
En cualquier caso, el mercado laboral plantea desafíos que persisten a través de las distintas administraciones. No ha sido posible amortiguar los impactos territoriales porque —al menos en Uruguay— no es lo mismo que una empresa se instale al norte del río Negro o en el área metropolitana. De hecho, el tema aparece cuando se discute la pertinencia de los negocios del portland de una empresa pública como Ancap.
El otro aspecto dificultoso es elevar la complejidad del empleo para lograr una resiliencia que tampoco es igual en cada territorio. En Paysandú ha costado mucho desarrollar esa resiliencia en materia laboral y la reconfiguración empresarial se llevó miles de puestos de trabajo en las últimas décadas.
Todo esto ocurre en el marco de la estabilidad macroeconómica que reiteran los distintos discursos presidenciales. Sin embargo, a lo largo y ancho del territorio se espera la reinstalación del programa Uruguay Impulsa —antes Jornales Solidarios— para enfrentar el problema del desempleo y brindar nuevas oportunidades a miles de personas.
Es una herramienta que permite resolver la situación inmediata de cada postulante. Pero no soluciona —ni solucionará— el problema de fondo, que ya es estructural para una amplia franja de la población del país.

La tragedia siempre nos toma desprevenidos: llega como una ausencia que se instala, un golpe brutal que nos deja incompletos, aturdidos. Todos esos segundos iniciales se vuelven un caos imposible de ordenar.
Ya han pasado diez largos años del asesinato de David. Un crimen de odio que estremeció a Paysandú. La indignación fue la respuesta de los sanduceros y de los uruguayos. La bestialidad provocó una reacción inmediata y unánime.
Pero un crimen de odio aquí, en Paysandú, y hace una década ya, es muy otra cosa. Aún hoy resulta difícil de concebir. Pero sucedió… Y de un homicidio pasamos a una excepción de inimputabilidad. Se me viene al presente lo que relatara con increíble realismo Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada, cuando confiesa uno de los mellizos Vicario: “No te imaginas lo difícil que es matar a un hombre”. Pero cuando se trata de un crimen de odio, cuando se anuncia a gritos “voy a matar a un judío”, es diferente. Es una renuncia moral aceptar que, a nuestro alrededor, en nuestra tranquila ciudad, alguien ha guardado en su corazón el odio suficiente como para acometer esa temeraria acción. Y no hubo arrepentimiento.

David Fremd no fue una víctima colateral ni un daño accidental. Fue el objetivo de un asesinato por odio. Paysandú reaccionó, salió de su sorpresa y dio una respuesta digna. Nada volvería a ser como antes, pero el común de los ciudadanos apeló a esa reserva moral de la que los sanduceros siempre han dado muestras a lo largo de la historia.
La ciudad se envolvió en un abrazo solidario y salió a las calles. Se hizo oír y se la oyó en todo el país. El dolor era inmenso, tanto como la dignidad de la respuesta. Y aunque todo ello signifique mucho para todos, y especialmente para la familia, el drama de la muerte es irreparable.
Ahora mismo quiero recordar la reacción dolida y serena del núcleo familiar de David. Fue y es un ejemplo que habla mucho de ellos y de los valores en los que se formaron.

Crimen de odio

Michel Foucault (1926–1984) fue un filósofo francés cuya obra exploró las relaciones entre poder, saber y derecho, con especial atención a los mecanismos mediante los cuales las instituciones producen normalidad, exclusión y violencia.
Para este autor, el derecho no aparece como un límite neutral a la violencia, sino como uno de los dispositivos que la organizan, la distribuyen y, en ocasiones, la legitiman. El crimen de odio no irrumpe fuera del orden jurídico: se inscribe en una red de discursos, prácticas y silencios que producen cuerpos vulnerables antes de que sean atacados.
En otras palabras, para Foucault el derecho no es un refugio moral, sino un campo de batalla. Su pensamiento, incómodo e insumiso, atento a los márgenes, muestra cómo la violencia no irrumpe desde afuera, sino que se organiza en dispositivos, discursos y normalizaciones. El crimen de odio no es una anomalía: es el punto donde el poder deja ver su rostro más desnudo.

Arendt

Aunque, para no pocos, el mundo occidental ha procesado muy mal su evolución hacia una democracia integradora e inclusiva, derivando esos esfuerzos hacia la deshumanización y la negación del mundo común. Hannah Arendt reflexiona sobre ello en su libro Los orígenes del totalitarismo, publicado en 1951, adelantándose a la explosión del problema. Se ocupa, para resumirlo de algún modo, de la pérdida del mundo común y de la producción de seres superfluos. Se adelantó a un fenómeno que era incipiente por entonces, pero que marcaría más tarde un momento devaluado de la humanidad, en el que ahora mismo estamos inmersos.
En Hannah Arendt, la violencia extrema no se explica por la intensidad del odio individual, sino por la destrucción previa del mundo común. Antes del crimen ocurre una operación política decisiva: ciertos sujetos son privados del espacio de aparición donde la palabra y la acción los constituyen como iguales entre iguales.

El crimen de odio se inscribe en esa lógica de “desmundanización”. No es un acto irracional, sino el resultado de un proceso en el que la pluralidad, como condición ontológica de lo político, es negada y la diferencia es transformada en amenaza. Allí donde alguien deja de contar como parte del mundo, su eliminación se vuelve pensable.
Para Arendt, esta exclusión no es un fenómeno marginal, sino un síntoma de una crisis política profunda. Cuando una comunidad acepta que algunos pueden ser tratados como superfluos, no solo se vulnera a las víctimas directas: se erosiona la estructura misma de lo común.
En ese sentido, el crimen de odio no representa un exceso del orden, sino su fracaso. Señala el punto en que el conflicto político ha sido sustituido por la eliminación, y donde la violencia ocupa el lugar que debería pertenecer al juicio y a la responsabilidad compartida.
En resumen, Hannah Arendt sostiene que antes de la destrucción física de una persona ocurre la destrucción del mundo en el que esa persona puede aparecer como sujeto político, como sujeto social. Sobre estas reflexiones trata Los orígenes del totalitarismo (1951), que referí antes y que encuentra una síntesis consistente en esta conclusión: “La privación fundamental de los derechos humanos se manifiesta primero y sobre todo en la privación de un lugar en el mundo”.

Recuperar la convivencia

Vivimos un tiempo involutivo en términos de convivencia democrática, porque se han debilitado los acuerdos mínimos que permiten vivir con el desacuerdo. La pluralidad, que es el corazón de la democracia, se percibe cada vez más como amenaza; el conflicto político se desliza hacia la descalificación moral y la diferencia se vuelve sospecha. No es solo una crisis institucional, sino una crisis de reconocimiento: cuesta aceptar que el otro tenga derecho a existir, a hablar y a disentir. Y para ello vale mentir y quebrar todos los límites.
Al mismo tiempo, este retroceso no es lineal ni definitivo. La democracia no muere solo por golpes espectaculares, sino por erosión cotidiana; y del mismo modo se sostiene en prácticas pequeñas pero persistentes. Allí donde aún hay palabra, organización, memoria y exigencia de derechos, el mundo común no está perdido. La conflictividad actual también revela que amplios sectores ya no aceptan exclusiones naturalizadas.

El mensaje realista y alentador es este: la democracia no es un estado alcanzado, sino una tarea frágil y siempre inacabada. Precisamente porque hoy se la discute, se la tensiona y se la pone en riesgo, sigue siendo un horizonte vivo. Recuperar la convivencia no exige unanimidad, sino responsabilidad compartida: volver a disputar el sentido de lo común sin renunciar a la pluralidad que lo hace posible.
Vivimos este retroceso de la convivencia democrática en un contexto marcado por una deriva bélica suicida e irresponsable, donde la guerra vuelve a presentarse como solución y no como fracaso. En ese clima, el mundo común se estrecha, la palabra se endurece y la violencia impone una absurda legitimidad allí donde debería aplicarse el juicio político y la responsabilidad colectiva.
Por todo ello, hoy y todos los días, David está presente.

El 8 de marzo de 2016 es una fecha muy triste para todos los sanduceros. Ese día, por su sola condición de judío y por ese único motivo, fue asesinado David Fremd en plena Avenida España, donde desde hace años se desarrollaba una destacada actividad comercial familiar. Su asesino se llama Carlos Omar Peralta e increíblemente fue declarado autor inimputable de un homicidio especialmente agravado, comisión de actos de odio, desprecio o violencia y un ilícito de lesiones personales.

Para entender el significado de la palabra “inimputable” podemos citar al Diccionario de Real Academia Española (RAE), según el cual esa condición, referida a una persona, significa eximida de responsabilidad penal por no poder comprender la ilicitud de un hecho punible o por actuar conforme a dicha comprensión”.

Para más datos, el Código Penal de Uruguay establece diversas causas por las cuales una persona puede ser considerada inimputable. Para la jueza que entendió en el caso, el asesino Peralta era inimputable penalmente de sus actos ya que el artículo 30 de dicho Código establece que “no es imputable aquél que en el momento que ejecuta el acto por enfermedad física o psíquica, constitucional o adquirida, o por intoxicación, se hallare en tal estado de perturbación moral, que no fuere capaz o sólo lo fuere parcialmente, de apreciar el carácter ilícito del mismo, o de determinarse según su verdadera apreciación”.
El juez que consideró al asesino Peralta como inimputable se llama Fabricio Cidade. En noviembre del año 2017, cuando asumió como juez penal de la ciudad de San José de Mayo, al ser consultado sobre su perfil de trabajo Cidade declaró: “Siempre he sido un juez justo con la sociedad y el delincuente”. Obviamente este juez no pensaba en las víctimas, quienes también requieren justicia, especialmente cuando se les priva del valor más preciado: la vida. Con razonamientos como estos uno entiende por qué el Poder Judicial en general y los magistrados en particular son objetos constantes de críticas y cuestionamientos y han acumulado un gran desprestigio al dejar en libertad a delincuentes o imponerle medidas sustitutivas que causan indignación.

Pensando precisamente en el asesino de David Fremd (y sólo en el asesino) Cidade “le regaló” la inimputabilidad porque al fin y al cabo se trataba “nada más” de alguien que asesinó a otro ser humano.
Para Cidade no importó que, cuando fue interrogado por la Policía, el asesino Peralta declaró: “Maté a un judío por orden de Alá”. Tal como fuera informado en su momento por Montevideo Portal, “Peralta, que se hacía llamar Abdullah Omar, esperó a Fremd en una esquina del centro de Paysandú para atacarlo por la espalda con un cuchillo con la intención de matarlo por su condición de judío y así cumplir con la ‘misión’ encargada por Alá”. Es importante tener en cuenta que “Abdullah” es un nombre masculino de origen árabe que significa “siervo de Dios” o “esclavo de Allah”, lo que ayuda a entender cuáles eran las coordenadas filosóficas y religiosas que guiaban al asesino Peralta. Había que matar un judío fuera como fuera, como si no se tratara de un ser humano, de un semejante, como si fuera la nada misma desde el punto de vista existencial. Tampoco nadie tomó en cuenta los múltiples antecedentes del asesino Peralta, una persona que ejercía como maestro en educación primaria y que era vox populi que iba a cibercafés y mientras jugaba juegos de guerra gritaba que estaba matando judíos y lo escuchaba todo el mundo cuando gritaba “Odio a los judíos”. Mientras apuñalaba a David Fremd, el asesino Peralta gritaba “Alá es grande”, pero nadie parece haberlo escuchado y ciertamente no lo escuchó el juez Fabricio Cidade demostrando que la Justicia no sólo es ciega, sino que también es sorda.

Queda claro que la víctima fue David Fremd, pero podía haber sido cualquier otra persona con la sola condición de que fuera judío. Ahí radica lo que el juez Cidade no quiso, no pudo o no le interesó ver: que el asesino Peralta era plenamente consciente e imputable por sus actos y que declararlo inimputable fue y sigue siendo una revictimización no sólo de David Fremd (su segundo asesinato si ello fuera posible), de la colectividad judía de Paysandú y de la de todo el Uruguay. Un fallo judicial como ese lo que otorga a los antisemitas es una auténtica “patente de corso” para que salgan a matar judíos con la tranquilidad de que no serán penalmente responsables.
En diciembre de 2024, la jueza Ana Ruibal puso en libertad al asesino Peralta (se encontraba internado en el Hospital Vilardebó), basándose en una pericia psiquiátrica, “en la que se dice que el hombre cumplió con el tratamiento y se encuentra “compensado desde hace tiempo”.

“Dada la evolución que se ha presentado, considera posible el levantamiento de las medidas de seguridad curativas, salvo mejor opinión de magistrado competente”, indicó la psiquiatra Ana Barrachina. A pesar de ello, el semanario Búsqueda informó que “Psiquiatras tratantes, peritos y fiscales coincidieron en la ‘alta peligrosidad’ de Carlos Peralta si abandona el tratamiento médico, cuya supervisión quedó bajo la responsabilidad de su madre luego de que ASSE se negara a recibirlo en un centro de medio camino por no tener las medidas de seguridad adecuadas”. El asesino Peralta residía en ese momento, según la prensa, en la ciudad de Carmelo y estaría está viviendo junto a su madre, siendo ella, a pesar de su avanzada edad, quien se encarga del control de la medicación y los análisis.

De acuerdo con lo informado oportunamente por EL TELEGRAFO, “La relación entre Peralta y su madre no siempre fue en buenos términos. En pocas palabras: la situación del asesino Peralta es una “tormenta perfecta” para que se repitan hechos de violencia contra la colectividad judía en cualquier parte de Uruguay ante la total pasividad e indudable irresponsabilidad de las autoridades públicas competentes.
En un momento en el cual crecen en el Uruguay y el mundo las manifestaciones antisemitas de diverso tipo (incluso las pintadas recientes en el Palacio Municipal sanducero), todos debemos redoblar, desde un plano personal, pero con trascendencia colectiva, nuestro compromiso con la paz, la tolerancia y el respeto, entre tantos otros valores necesarios para una convivencia armónica. Fuimos un departamento que recibió a los judíos que llegaron a nuestra tierra buscando una vida mejor, quienes se integraron total y naturalmente y fueron protagonistas destacados del llamado “Espíritu de Paysandú”.

En efecto, muchos de ellos trabajaron como vendedores puerta por puerta vendiendo en cuotas (los “cuentenik” en Idish) y con cuenta para sus clientes. Paysandú es y seguirá siendo un departamento que cree que la paz y el trabajo son la base del progreso, donde mujeres y hombres solidarios y de buena voluntad como David Fremd siempre tendrán un lugar en la vida cotidiana y en el recuerdo de sus acciones.

Honremos la memoria y el legado de David de la mejor manera: siendo dignos arquitectos de una convivencia pacífica y fructífera, que se mida por nuestro compromiso con nuestra comunidad y con sus sueños, dificultades y esperanzas. Y que David sea siempre Z´L un acrónimo hebreo para Zijronó LiBerajá, que significa “de bendito recuerdo”.