Opinión

La homofobia es el odio hacia hombres y mujeres homosexuales, pero ese odio, de fobia, no tiene nada, sino que es una estupidez e ignorancia humana. La fobia se ubica dentro de los trastornos de ansiedad, es un miedo irracional a situaciones u objetos muy específicos (ej; animales, la altura, etc), cuando el sujeto se enfrenta a estos provoca miedo y ansiedad inmediata, esto tiene que durar al menos 6 meses para ser considerado una fobia.
Y como cualquier trastorno el mismo debe afectar ampliamente la vida social, laboral y otras áreas importantes de la persona. El odio a los homosexuales, no es una fobia. Nunca jamás vi un “homofóbico” que deje de cumplir con sus tareas, estudios, trabajo, o que deje de salir a la calle por miedo a cruzarse un homosexual, de hecho, casi siempre estos se enfrentan al supuesto “objeto fóbico”, cosa que en una fobia real es muy complejo de suceder.
La “homofobia” de fobia, no tiene nada, sino que es sinónimo de ignorancia y sinónimo de violencia, porque en pleno siglo XXI el discurso homofóbico ha llegado a generar la muerte de jóvenes y adultos tras ser golpeados y torturados por gente que atrás de sus temores y sus miedos, sus incapacidades emocionales, su poca capacidad de reflexión, se siguen escudando en su discurso de odio, sin ningún tipo de sustento que los avale y generando violencia. Y es demasiado injusto que un trastorno como la fobia, tan severo, que realmente la sufren un montón de personas, la utilicen estos seres del mal para seguir generando odio y violencia. La homofobia no es una fobia, es una incoherencia humana, es violencia.
Lo sorprendente de todo esto, es que los principales odiadores seriales son los fanáticos religiosos, que imponen la biblia como sustentabilidad de sus discursos, pero al parecer se olvidaron de que si realmente existe un dios, es un dios de amor, no uno lleno de prejuicios y desprecio hacia los seres humanos. No utilicen sus creencias como escudo a la intolerancia, a la poca capacidad mental, y al odio hacia una realidad social, que existió, existe y seguirá existiendo.
Nuestro deber como ciudadanos es seguir promoviendo la educación, el respeto y la empatía, no la discriminación ni la división; porque si bien se ha logrado la obtención de una diversidad de derechos que hoy gozamos todos, queda mucho por trabajar, y ese trabajo empieza desde el hogar.

Camilo Ayende

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Una página muy conocida de la mitología griega hace referencia a una expresión que utilizamos con frecuencia en nuestras conversaciones: la caja de Pandora. De acuerdo con un texto de la Universidad de Valencia, “tras haber robado el titán Prometeo el fuego de los dioses para regalarlo a los hombres y el castigo que Zeus le impuso por tamaña osadía, su hermano Epimeteo recibió como regalo de los Olímpicos una compañera: Pandora. Ésta fue dotada con todos los encantos que los dioses podían proporcionarle: Afrodita le dio la belleza, Hermes la elocuencia, Atenea la sabiduría, Apolo la música. Cuando Pandora se presentó ante Epimeteo, lo hizo acompañada de otro regalo de Zeus: una caja cerrada, que bajo ningún concepto debía ser abierta. Epimeteo, deslumbrado ante la gracia y la belleza de Pandora, ignoró la promesa hecha a su hermano Prometeo de no aceptar jamás regalo alguno de los dioses olímpicos, pues eran astutos y traicioneros, y la aceptó como compañera, aceptando al mismo tiempo la caja que la acompañaba, que escondió en lugar seguro. Pero la curiosidad pudo con Pandora, y un día que Epimeteo dormía le robó la llave del lugar donde escondía la caja, y la abrió para espiar su contenido. Al levantar la tapa, grande fue su desilusión al encontrarla vacía, pero era porque en ese mismo momento escaparon de ella todos los males y las desgracias que la Humanidad podía padecer y sufrir, como la enfermedad, la fatiga, la locura, el vicio, la pasión, la tristeza, el crimen y la vejez”.

Lejos de la antigua Grecia y de los hermosos mares que bañan las costas de una comunidad que aportó fundamentales elementos para la cultura occidental, Paysandú se ha enfrentado en los últimos días a una situación que ha regresado como consecuencia del levantamiento de la emergencia sanitaria impuesta por el Gobierno Nacional en marzo de 2020, ante la llegada de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19. Una nueva “caja de Pandora” pero a nivel departamental. En efecto, superada en gran parte la amenaza que puso al mundo en suspenso por más de dos años y destruyó economías, empresas y fuentes de trabajo en todo el mundo, hoy resulta posible volver a viajar a la vecina ciudad de Colón, retomándose de esa manera una costumbre muy arraigada en la mayor parte de la población sanducera, así como también de otras ciudades fronterizas ubicadas a la orilla del río Uruguay.

Corresponde aclarar que los sanduceros no estamos ante una nueva situación sino más bien ante la reaparición de un clásico litoraleño por el cual todos los días habitantes de nuestra ciudad cruzan a Colón a cargar nafta, hacer sus compras para el hogar, almorzar, comprarse un par de lentes o cenar en algunos de los numerosos restaurantes que existen en esa ciudad, todo lo que genera una situación extremadamente delicada para la economía de nuestra ciudad. Hace algunos días EL TELEGRAFO consignaba en sus páginas: “Ya ha comenzado a repercutir negativamente en el comercio de Paysandú –el más grave en el sector de las estaciones de servicio– la reapertura del puente General Artigas, desde que al levantarse las medidas restrictivas por la pandemia, centenares y miles de sanduceros están cruzando hacia la vecina orilla para adquirir bienes y servicios, en el marco de una enorme brecha cambiaria que solo es comparable a la que tuvo lugar hace cuarenta años, destacó a EL TELEGRAFO el dirigente del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, Juan Martín Della Valle. Indicó que la diferencia es tan grande –un mínimo del 130 por ciento más caro en esta orilla– que en el caso de los combustibles y otros productos y artículos ya no se puede acercar el precio, ni siquiera sacando todos los impuestos, en tanto se siguen esperando medidas del Gobierno que permitan atenuar este impacto, como ya han solicitado desde hace meses los centros comerciales de la región –Salto, Paysandú, Río Negro– sin que se haya instrumentado ninguna acción positiva de significación”. Adicionalmente, y de acuerdo con lo informado por nuestro diario en el sentido de que el pasado viernes “se cuadriplicó el egreso de uruguayos hacia Argentina, registrándose anoche largas filas de autos que aguardaban para ingresar al Área de Control Integrado del Puente General Artigas (…) El notorio incremento del tránsito aconteció luego de conocerse en la tarde del jueves el levantamiento del control sanitario para ingresar a territorio argentino y la apertura durante las 24 horas, registrándose tráfico durante toda la jornada pero con el mayor pico a partir de la tardecita”. Las duras declaraciones del dirigente del Centro Comercial e Industrial de Paysandú deben movilizar a nuestras autoridades y legisladores locales no sólo para seguir pidiendo rebajas de los impuestos que gravan los combustibles, sino para plantear y exigir al gobierno nacional fuentes sostenibles de trabajo y desarrollo local que ayuden a combatir el desempleo que se avecina.

Así las cosas, a la luz de los hechos resulta claro que los sanduceros estamos totalmente comprometidos con el desarrollo y el crecimiento… de la ciudad de Colón, a la cual hemos dotado de un importante impulso económico y a la cual hemos visto crecer y desarrollarse mientras la oferta turística en general de nuestra ciudad (incluyendo sectores como la hotelería o la gastronomía) sobreviven a duras penas haciendo malabares, afrontando costos fijos altísimos que dependen en muchos casos de la voracidad fiscal de un Estado que necesita financiar sus propias ineficiencias y perdiendo trabajadores, un mes sí y otro también, así como puestos de trabajo con el consiguiente y dramático costo social que tiene ello para nuestra comunidad. Se trata de las dos caras de una misma moneda: las compras realizadas en Colón son las que faltan en el comercio sanducero y las tentadoras comidas que ofrecen los restaurantes colonienses contrastan con lo que a duras penas puede ponerse en la mesa de aquellos sanduceros que engrosarán en breve la fila de los desempleados o enviados al seguro de paro ante la falta de clientes. Al igual que sucede con las máscaras que representan al teatro (una que sonríe y otra que llora), la sana y merecida alegría de los trabajadores de Colón contrastará rápidamente con la tristeza y la incertidumbre de los trabajadores sanduceros, y de la ciudad toda. De no encontrarse pronto alguna solución, las kilométricas colas de vehículos que hoy vemos esperando horas para cruzar a la vecina orilla se nos parecerán pequeñas comparada con las filas los sanduceros buscando trabajo –que no habrá de este lado–, mientras subsisten por unos meses cobrando el subsidio por desempleo. Una historia que ya vivimos en 2002, cuando prácticamente desapareció el comercio local; aunque al menos en aquellos tiempos había más gente con empleo seguro en fábricas que hoy ya no existen.

Mientras tanto, los sanduceros parecemos condenados a seguir practicando uno de los deportes departamentales de mayor éxito que supera incluso a los logros obtenidos por Paysandú en el ciclismo, el fútbol o la natación: tirarnos un tiro en el pie, a plena consciencia de producirnos un mal irreparable y duradero a cada uno de nosotros a cambio de un beneficio efímero pero tentador. Si bien resulta comprensible que cada uno quiera defender y hacer rendir de la mejor manera los pocos pesos que componen los magros sueldos que se pagan en Paysandú, tampoco deberemos quejarnos cuando nuestros clientes no puedan pagarnos porque sus ventas han disminuido o cuando nuestros familiares (especialmente los jóvenes) se queden sin trabajo “porque en Colón es todo más barato”. Consumir en Colón es nuestra propia caja de Pandora y lamentablemente en poco tiempo veremos las nefastas consecuencias económicas y sociales de no resistir la tentación de hacerlo. → Leer más

Estamos viviendo las primeras horas de un asueto, que si bien ha ido perdiendo algunas de sus características, sigue siendo prolongado, especialmente en el sector público de la actividad, lo que hace que el sector servicios se dinamice a lo largo y ancho del país con la presencia de visitantes.
Paysandú tradicionalmente ha sido uno de los destinos más fuertes de esta semana gracias a la Semana de la Cerveza, que ha tenido picos de mayor o menos convocatoria, pero nunca dejó de ser un evento de referencia entre los festivales del país.

Hoy la lógica turística ha cambiado un poco, la misma esencia de la fiesta se ha ido adaptando, organizándose por ejemplo en jornadas temáticas.
Pero esta semana, a lo largo y ancho del país, se multiplican las propuestas y eso hace que sea más difícil pensar en que una familia vaya y se instale por 7 u 8 días en un mismo lugar. A las personas les gusta moverse, el uruguayo descubrió una modalidad de recorrido que lo puede llevar a, durante una semana, conocer varios destinos bastante distantes. En eso ayuda mucho el que tengamos las dimensiones territoriales que tenemos, pero a la vez una diversidad bastante interesante de propuestas.

Los centros termales del departamento viven en estas fechas su temporada alta y son un buen complemento para lo que ocurre en la ciudad, también es una novedad que se ha acoplado con mucho éxito a la propuesta turística sanducera el Castillo Morató, y exitosamente no solo porque se ha convertido en un destino demandado, sino porque además ha venido a sumar, a complementar la oferta, y ha dado visibilidad y oportunidades al entorno, a una serie de localidades en las que no se pensaba en recibir visitantes, más allá de la Cabalgata a Salsipuedes, que por diferentes circunstancias perdió el impulso de los años iniciales y este año –pese a que se intentó– no se volverá a realizar. La declaración como Monumento Histórico Nacional, que se ha hecho efectiva en estos días con la colocación de una placa alusiva, posiciona al lugar y al departamento en rumbo a formar parte de circuitos turísticos vinculados con la historia muy ambiciosos, como el Camino de los Jesuitas, una ruta turística internacional de la que ya forma parte, así como, por qué no, en el futuro se pueda integrar a la Ruta Unesco de nuestro país, que vincula a los sitios uruguayos incluidos en la lista del Patrimonio Mundial, como Colonia del Sacramento y el Paisaje Industrial Fray Bentos (Anglo), a los que se sumó el Geoparque Grutas del Palacio, en el departamento de Flores.

Justamente el departamento de Flores, a pesar de las repetidas mofas de las que es objeto en medios de comunicación de Montevideo, ha sido uno de los que mejor ha capitalizado el reposicionamiento que el turismo interno ha tenido en la preferencia de los uruguayos, con innovaciones como las intervenciones que se han realizado en la reserva Tálice y en estancias turísticas del lugar, el enriquecimiento de la oferta náutica en el lago de Andresito (con propuestas como las que conocimos en la costa del Balneario Municipal, y el impulso decisivo al Club Náutico) y una medida muy inteligente, que ha sido la de vincular emprendimientos locales de distintas áreas, como la gastronómica. Tal vez de buenas a primeras, al hablar de un geoparque, una pequeña fábrica de alfajores artesanales no sea lo primero que uno asocie. Sin embargo forma parte de la experiencia de visitar el lugar probar ese producto, que si bien no es algo que se pueda presentar como “tradicional” del lugar, sí es un producto que ha demostrado un estándar alto de calidad y un excelente desempeño en redes sociales (ligado a la historia de superación de la emprendedora y sus hijos). En este caso Geoparque Grutas del Palacio no es solo la referencia geográfica, se convierte en una marca “paraguas” bajo la que cobran visibilidad otros emprendimientos locales relacionados, pero que a su vez aportan a mejorar la experiencia del turista.

No vamos a venir a descubrir ahora el potencial turístico de Paysandú (por más que no todo el mundo esté de acuerdo), si es algo que desde siempre EL TELEGRAFO viene acompañando e impulsando, pero que no termina de “prender” en el imaginario de los locales, incluso a veces de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones y eso explica, por ejemplo, el retraso comparativo que tienen nuestras termas comparadas con otras de la región (y aquí podríamos hablar del mercado turístico y sectores de público a los que se apunta con la oferta).
Pese a todo sigue habiendo productos innovadores que parten desde el ámbito privado que también vienen a sumar a la experiencia del visitante. Un ejemplo exitoso de ello son los caminatour que se vienen haciendo desde hace algunos años, una forma diferente de conocer la ciudad y su historia; otro, también vinculado a la Semana de la Cerveza, es el “bus turístico”, una de las actividades “extraprediales” más demandadas de la semana y que este año, además de enmarcarse en los 25 años de actividad del Imaginateatro, grupo que lo lleva adelante, y que este año tiene una propuesta titulada “La Ruta de la Cerveza”; o las excursiones en kayaks y canosas a la cascada del Queguay de la mano de Queguaytours, una apuesta al turismo náutico y ecoturismo que no se hacía en Paysandú y que está haciéndose un lugar con buena repercusión. Este vínculo que Paysandú tiene con la cerveza es otro factor que podría desarrollarse como una propuesta por fuera de esta pequeña zafra que tiene la ciudad. Quién dice que no sea este un punto de partida. → Leer más

En la noche del domingo 27 de marzo en que se confirmara el triunfo de la opción NO en el referéndum sobre la derogación de 13 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) el presidente Luis Lacalle Pou anunció que es decisión de su gobierno seguir adelante con el programa respaldado por la ciudadanía en las elecciones de noviembre de 2019, que lo ungieron como mandatario, y reafirmó que entre los temas que aparecen como prioritarios figura el de la reforma de la seguridad social.
Sobre este punto, como hemos informado, ya existe un borrador elaborado por la comisión de expertos que analizara el tema, con participación de todos los partidos, pero el punto es que el Frente Amplio, los técnicos que lo representaron, no coinciden con los términos de este anteproyecto –que naturalmente deberá dar origen a una iniciativa del Poder Ejecutivo a tratarse en el Parlamento–. Pero más allá de discrepar, ni siquiera ha esbozado cual es realmente su propuesta, si es que la tiene.

Ya el exministro de Economía y Finanzas, Ec. Danilo Astori, había indicado que es imperioso abordar en el corto plazo una reforma de la seguridad social, teniendo en cuenta las proyecciones de desfinanciación cada vez más agudas del sistema, pero existe una trabazón a nivel político, en parte debido a temas ideológicos pero también por medir los posibles costos políticos de llevar adelante una iniciativa que siempre será impopular, porque no hay recursos para todos y ni siquiera para mantener las cosas tal como están, que ya tampoco conforman.
Por lo tanto hay una serie de factores relacionados a tener en cuenta y uno de los principales pasa por quién se hará responsable de una reforma que todo indica que no contará con el respaldo de la ciudadanía, porque siempre habrá muchos perjudicados. En verdad, y sobre todo si el Frente Amplio se automargina, como todo parece indicar, la interrogante es si el gobierno seguirá adelante contra viento y marea para hacerse cargo de una reforma en solitario, por la que sin dudas pagaría un alto precio en las próximas elecciones, cuando justamente los beneficios de los cambios no se verán en cinco o siquiera en diez años, si no en un futuro más lejano.

Es decir, en los hechos, se pagaría un costo político en votos por nada que se vaya a aplicar en este período de gobierno, en el marco de una patinada electoral mayúscula, sin beneficio tangible para quien la lleve adelante, aunque con la satisfacción sí de hacer lo que se debe hacer, mientras otros sacan provecho de haber “embarrado” la cancha.
Al respecto, el diputado nacionalista Jorge Gandini es uno de los parlamentarios que ha sido más claro en cuanto al planteo político de la situación al ser entrevistado en Teledoce sobre este y otros temas, y subrayó que desde su punto de vista personal “no estoy dispuesto a avanzar en una reforma de la seguridad social sin acuerdo político”, es decir sin compartir el costo político de encarar una reforma que todos saben que es necesaria para el país.

Expuso que “creo que el gobierno ha sido confirmado en el rumbo que ha tomado. Hoy hay que avanzar en algunas de esas reformas que no requieren ley, que son resorte de las autoridades ejecutivas, por ejemplo, la reforma educativa, que hay que ponerle mucho contenido. Es un sector que ofrece muchas resistencias a los cambios. Debe ser el más reaccionario que existe en el país. Tiene un marco formal y legal aprobado y es resorte de las autoridades educativas para ponerlo en marcha, más allá de las resistencias de los sindicatos”.
Pero sobre todo “tenemos un pendiente muy importante que es la reforma de la seguridad social. Hablamos de darle sustento en el tiempo a la ecuación económica financiera, la sustentabilidad. Que los que están aportando hoy siendo jóvenes estén seguros que se pueden jubilar dentro de 20-30-40 años. Eso requiere medidas que lo hagan sustentable en el tiempo. Hoy la seguridad social está fuertemente financiada por los recursos que se transfieren del Estado, que se recauda por ejemplo por IVA. Cuando pagamos IVA, 7 puntos van al BPS. Pero además, aportamos otros 500 millones de dólares al sistema. Tenemos las cajas paraestatales, que son distintas y solidarias entre ellas, pero tienen un tema de sustentabilidad en el tiempo”.

Aclaró que “obvio que es un tema que no es simpático, porque la única manera de financiar el sistema es tocando todas o algunas de las variables que le dan viabilidad. O se trabaja más años, o se paga más cuando trabajás o cobrás menos cuando te jubilás. No hay mucho misterio”.
Pero además “cualquier reforma en la seguridad social tiene resultado mucho después. Supongamos que aprobamos una en el 2022. Lo vamos a ver en el gobierno que viene. Por lo tanto, tiene que haber un acuerdo con los que gobiernan y los que aspiran a gobernar. Los que gobiernan hoy tal vez van a tener un costo político importante en el debate público, pero estamos asegurando una continuidad en el tiempo. O hay madurez en el sistema político y nos entendemos que tenemos que hacer algunas reformas o la reforma, a mi juicio, no sale. Yo no estoy dispuesto a avanzar en una reforma con voto puro y duro, sin acuerdo político. Si nos basamos en resultados electorales puramente es muy difícil llegar a un acuerdo. Escuché al presidente del sindicato de Ancap diciendo que la lucha continúa y ahora comienza la lucha para resistir la reforma de la seguridad social. Todavía no sabe cuál es y ya está en contra. Tocar variables genera incertidumbre. Nadie le va a tocar la jubilación a los que están jubilados, o los que se están por jubilar, pero hay que generar sustentabilidad al sistema. Hay que ponerle todos los condimentos. Uno de los temas es que la gente vive más años. ¿Hay que trabajar más años? En el mundo se ha estado poniendo la edad jubilatoria más arriba. En Uruguay el promedio es 63, el real es a los 60. Pero lo subís y ruido va a haber”.

Pero ¡Claro que va a haber ruido! Sobre todo desde el Pint Cnt, brazo sindical del Frente Amplio cuyos dirigentes que alternan posiciones en política, sindicatos y “grupos sociales” y “culturales” aspiran a promover una reforma de la seguridad social sostenida en eslóganes que suenan dulces al oído pero que no son otra cosa que seguir pateando la pelota hacia adelante, buscando que otros hagan lo que se tiene que hacer y paguen el costo a través del voto ciudadano adverso.
La alternativa, la única, si es que realmente se quiere trabajar en soluciones para el bien del país, es asumir las responsabilidades por parte de todo el sistema político para compartir verdes y maduras en procura de generar un proyecto de reforma que resulte el mejor posible en el común denominador de las posiciones.
Como bien lo señala Gandini, el oportunismo tiene que quedar de lado con las políticas de Estado, y se necesita una gran base de apoyo multipartidaria. “Si el corazón del debate (en el caso de la reforma de la seguridad social) es el oportunismo, estamos liquidados”, sostuvo.
Es que de lo que se trata es de tomar decisiones que lamentablemente en el corto plazo no son buenas, pero cuyos beneficios se recogen en el futuro. Y de eso se trata el arte y el desafío de gobernar, por encima de los populismos que se juegan el todo por el todo al hoy, sabiendo que se rifan el futuro.
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Esta semana el Ministerio de Ambiente presentó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para la Zona Costera y un proyecto con implementación de medidas que prevé intervenciones en los departamentos de Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Rocha y en San José. El aumento del nivel medio del mar, que ya está ocurriendo, es una importante amenaza para el futuro próximo de nuestro país que afectará más severamente a esta zona, que posee 670 kilómetros de costas que concentran el 70% del total de la población, el 71% de los hogares particulares y aproximadamente el 72% de las viviendas del Uruguay.
Se trata del primer plan que nuestro país elabora para abordar la problemática de la franja costera frente al cambio climático, en el cual se viene trabajando desde hace algunos años. Cuenta con el financiamiento y apoyo de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y el programa Euroclima Plus.
El mismo se enmarca en la decisión de establecer acciones de adaptación costera en el marco de la Política Nacional de Cambio Climático y se basa fundamentalmente en estudios que proveyeron información detallada de las amenazas, exposición, sensibilidades y capacidades adaptativas de los sistemas humano y naturales de estas zonas del país en el marco de un trabajo que finalizó en 2021.
El documento oficial del Plan Nacional señala que “en la costa es donde se sentirán muchos de los cambios en el sistema climático. También es donde vive la mayoría de los uruguayos (70%), donde se ubica la mayor parte de nuestra infraestructura y donde se pueden encontrar muchos ecosistemas de importancia nacional”.
Agrega que “con la relativa estabilidad en la posición de nuestra costa durante los años 50, se han tomado muchas decisiones de construcción y ubicación sin tener en cuenta el clima futuro. Como resultado, existe una vulnerabilidad considerable en los bienes costeros a los probables impactos del cambio climático”.
Las proyecciones climáticas de Uruguay para el siglo XXI, basadas en diez modelos para representar de la mejor manera el clima, observan “un aumento casi lineal de la temperatura media anual y un medio proyectado del nivel del mar de 80 centímetros a fines del siglo”.
Las previsiones, entre otros aspectos, involucran un aumento del nivel del mar de 11 centímetros en Montevideo, de los cuales entre 2 a 3 centímetros corresponden a las últimas tres décadas; y el agravamiento de la erosión costera que afectará fundamentalmente las costas de Rocha. Otros eventos que complican el panorama y afectan las costas del Río de la Plata y del Océano Atlántico son las inundaciones repentinas causadas por una combinación de efectos meteorológicos e hidrológicos y la aparición de mareas altas con grandes olas de tormenta inducidas atmosféricamente que han elevado el nivel medio del mar a tres metros por encima de su nivel normal.
Solo teniendo en cuenta dos de los problemas antes mencionados –el aumento del nivel del mar y la posibilidad de tormentas fuertes– es posible afirmar que constituyen una amenaza cada vez mayor para las ciudades costeras, las viviendas allí existentes, las infraestructuras, las playas, los humedales y los ecosistemas.
No menos importante que la ubicación en esta zona del 72% de las viviendas del país, es que allí también se encuentra un tercio de la flora uruguaya, una rica fauna de anfibios y reptiles y el 46% de la avifauna del país (que se ubican actualmente dentro de una franja costera de 10 kilómetros del Río de la Plata y Océano Atlántico) y el hecho de que las principales amenazas a la biodiversidad costero-terrestre están asociadas con la pérdida y alteración del hábitat.
Como señala claramente el Plan, los impactos potenciales para Uruguay se extienden por toda la zona costera: los puertos proporcionan puertas de entrada para el transporte de mercancías a nivel nacional y al exterior; los balnearios costeros y las playas son fundamentales para la economía uruguaya (59% del turismo); los humedales proporcionan valiosos servicios ecosistémicos tal como el filtrado de agua y las zonas de desove para pescas de importancia comercial.
En este sentido advierte que “la forma en que las personas respondan al aumento del nivel del mar y los eventos extremos en la zona costera tendrá costos económicos y ambientales potencialmente grandes”.
En relación al riesgo de bienes construidos en caso de inundación costera, en cualquier escenario, el mayor daño se observa en los bienes residenciales, correspondiente al 50% de los daños que afectan a todos los bienes construidos, esperándose mayores daños en el tramo de costa de Maldonado.
Considerando los aspectos económicos un primer estudio para evaluar el impacto económico del cambio climático en Uruguay en diferentes períodos de tiempo (2030, 2050, 2070 y 2100; Cepal 2010) estimó que el impacto total (acumulado hasta el año 2100) del aumento del nivel del mar será del 12% del PBI (tomando como año de referencia el PBI del 2008).
Estudios más recientes citados en el Plan Nacional, sobre identificación y estimación del valor económico de los bienes disponibles en la franja costera uruguaya evidencian que el proceso de erosión costera ya está afectando las transacciones inmobiliarias –con distinto alcance– en balnearios como Neptunia o La Floresta.
Según encuestas realizadas, la opinión pública uruguaya considera que la zona costera es de gran importancia, el 43% de la población cree que el cambio climático es un problema muy importante y 6 de cada 10 uruguayos visualizan a la ciudadanía y al gobierno como los principales actores responsables (PNUD Uruguay, 2021), mencionando más frecuentemente como efectos negativos la erosión costera y la pérdida de playas. En tanto, existe gran sensibilidad en ámbitos académicos y técnicos sobre estos temas.
En consecuencia, es de esperar que la convocatoria que realizará este año el Ministerio de Ambiente a un diálogo nacional con todos los actores de los departamentos, organizaciones sociales y de la academia sobre la problemática de las costas de Uruguay, pueda ser posible y efectiva, logrando los acuerdos necesarios para llevar adelantes las acciones que se requieren. La ruta está marcada desde los ámbitos científicos y técnicos en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para la Zona Costera. Las acciones y estrategias a desarrollar necesitarán también del involucramiento de las comunidades y gobiernos locales. → Leer más

Argentina necesita incrementar su capacidad de generación eléctrica y viene coqueteando hace buen rato ya con la idea de una nueva central atómica. De hecho se ha avanzado con potencias como Rusia, en su momento, y China, más recientemente, con miras de concretar proyectos que le permitan cubrir las demandas actuales y las proyectadas.

En febrero de este año desde la cancillería se solicitó información a Argentina sobre la planta nuclear que se proyecta construir en Buenos Aires. También lo había hecho el año pasado, cuando se hablaba en la vecina orilla de la posibilidad de que Rusia financiara la construcción de hasta tres centrales, una de ellas flotante. Lógicamente Rusia de momento tiene otros asuntos que atender y tal vez no sea una preocupación urgente.

Sin embargo ahora se reflotó la idea (y bastante más que la idea) de una Atucha III, pero a partir de una inversión de capitales de origen chino.
En febrero de este año se firmó un contrato entre la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC), para construir la planta con una inversión de U$S 3.800 millones. En esta construcción se prevé emplear a 7 mil trabajadores, de acuerdo al comunicado difundido desde el gobierno argentino.

El canciller Bustillo dirigió una carta a su par Santiago Cafiero ese mismo mes, requiriendo información sobre esta iniciativa, que se planea radicar en Lima, una localidad de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a una publicación del semanario Búsqueda.
¿En qué se fundamenta este pedido? Pues en que de acuerdo a la Convención sobre Seguridad Nuclear de Viena en 1994, ratificada por ambos países, se debería haber hecho una consulta formal a nuestro país. En concreto se explicita que cuando en un país se instala una central nuclear, se debe consultar “a las Partes Contratantes (firmantes de la convención) que se hallen en las cercanías”, así como “proporcionar la información necesaria”. Esto permitirá a los estados involucrados evaluar las posibles consecuencias para la seguridad del país y las medidas precautorias a adoptar.

En la nota se alude también al artículo 16.2 de la convención, por el que se exhorta al país que lleve adelante la construcción de una planta a suministrar información sobre los planes de emergencia y respuesta a los Estados vecinos que se encuentren en las cercanías de instalaciones nucleares, en caso que exista posibilidades de que se vean afectados por una situación de emergencia, como claramente en este caso pasa con nuestro país. El sitio donde se piensa ubicar dista unos 75 kilómetros en línea recta de Nueva Palmira, unos 140 de Colonia del Sacramento y algo así como 300 de Montevideo.
La planta es la primera que se construirá en Argentina desde 1981, es más moderna y generará más potencia que sus predecesoras empleando uranio enriquecido como generador de energía y agua liviana como refrigerante, en vez de uranio natural y agua pesada, como en las anteriores, según la información difundida por el gobierno.

Es sabido que hay buen entendimiento entre las cancillerías –más allá de diferentes visiones ideológicas entre los gobiernos y algún intercambio de palabras entre ambos presidentes nadie piensa hoy en un escenario como el de 2005–, y que hay coincidencia en que no se han incumplido los plazos estipulados. Incluso ha sido tema de conversación en recientes encuentros entre ambos cancilleres, como el ocurrido durante la asunción del presidente Gabriel Boric en Chile, según publicó El Observador. De todas formas las versiones indican que el comienzo de la construcción de la central está previsto para finales de 2022 o principios de 2023.

El tiempo pasa, y vaya si sería pertinente que además de informar un estado honrando en los hechos lo que ambos Estados signaron en Viena aquel 1994, en el alentador contexto de un recién nacido Mercosur.

Pero también sería oportuno que se atendieran otros flancos de debilidad como el que señalara la experta Leda Sánchez, que en una entrevista con EL TELEGRAFO advirtiese en marzo de este año que existe actividad sísmica en la región, que podría suponer un riesgo (controlable si se toman las debidas precauciones) frente a la existencia de una instalación de este tipo. “Hicimos todo un catálogo de la actividad sísmica en el Uruguay y en la región del Río de la Plata, y hay que estar prestando atención. Ni provincia de Buenos Aires ni Uruguay están haciendo mucho en este tema”, decía entonces, preocupada. “Los ríos que tenemos: el Paraná, el Uruguay, son estructuras geológicas. Son fallas por donde hoy circulan las aguas. Eso son zonas potenciales para que se generen roturas y generen terremotos”, agregaba.

Sin querer pecar de alarmistas, es necesario recordar que los accidentes existen y nadie está libre. Podrá señalarse que la imprevisión soviética en aras de abaratar costos terminó costando muchísimo en vida humanas y en secuelas de las que no solamente la hoy Ucrania (entonces parte de la URSS) ha podido remediar del todo y el problema sigue estando ahí, sepultado bajo toneladas de hormigón como una amenaza aún latente. Pero es que le pasó también a la perfeccionista ingeniería japonesa en Fukushima, lo que demuestra que en este tipo de casos todas las previsiones que se asuman son insuficientes. → Leer más

A partir del retorno a la democracia, en 1985, tras el interregno de 12 años de dictadura en que se conculcaron las libertades y se impuso a los uruguayos un gobierno cívico- militar, en el retorno al libre juego de las instituciones que conlleva la vigencia de un régimen constitucional, los uruguayos hemos ido ocupando espacios que se nos habían vedado por la censura a los medios de prensa, a las personas y a todo colectivo representativo si su pensamiento no coincidía con el autoritarismo oficial.

Como ocurre en tantos órdenes de la vida, al principio el reencontrarnos con la libertad fue procesado con cierto cuidado en cuanto a la forma y modos de expresión, por cuanto todavía había resabios del régimen de facto. Pero gradualmente, la diversidad de opiniones que habían quedado disimuladas en el marco de la lucha de los diversos partidos políticos unidos en procura de recuperar la democracia pudo más que este consenso provocado por el enemigo común y se ingresó en la normalidad de la competencia entre los partidos políticos, los bloques ideológicos, por convencer y captar adherentes a su corriente de opinión; como ocurre en toda democracia real, y no dictaduras disfrazadas de “democracias” de asambleas de manos levantadas, de partido único.
Pero en Uruguay nuestra democracia representativa implica la libertad de expresión en el ámbito del marco legal, es decir de ejercerla con responsabilidad sabiendo que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás, a la vez de tratar de preservar el inconmensurable valor de la tolerancia en el disenso, sin avasallar a las minorías, sin priorizar el insulto por sobre la razón, el gritar por encima de los que argumentan en contra.

Lamentablemente, con el tiempo algunas personas y colectivos, algún sector político radical e intolerante de floja base cultural en cuanto a valores, han ido perdiendo las referencias y en los hechos, consideran que sus derechos a la libertad de expresión valen más que los de los demás, al punto de sentirse en el derecho de “expresarse” con carteles y pintadas en propiedad ajena, tanto privada como del Estado, que es lo mismo que decir de todos los uruguayos.
Un episodio reciente –entre muchos cientos y miles de los últimos años– ha quedado reflejado en una serie de tuits entre el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración de la Enseñanza Pública Edudación (Codicen), Robert Silva, y el senador del Frente Amplio Sebastián Sabini, por pintadas de supuestos estudiantes de Magisterio en una fachada pública.
En Twitter, el senador frenteamplista Sebastián Sabini denunció que estudiantes de Magisterio estaban realizando una pintada cuando la Policía “les pidió los datos” y les dijeron que “tenían que ir a declarar bajo amenaza de desacato”. El legislador indicó que se dirigieron hacia la Jefatura y firmaron, según consigna Montevideo Portal. “El gobierno criminaliza la protesta social y recorta la libertad de expresión”, criticó el legislador, a quien respondió Robert Silva señalando que “no se trata de criminalizar la protesta”, sino de “respetar los locales públicos educativos” que, con “la plata del pueblo”, se “están recuperando”. En respuesta a Sabini a través de la red social, el jerarca sostuvo que “todas las opiniones son válidas” y pidió al senador que “colabore” entendiendo eso, además de respetar “el derecho de otros, básico para la convivencia social”.

Sabini, sin embargo, redobló la apuesta, pese a la contundencia de los argumentos del jerarca, y subrayó que “no comparto en nada, vivimos en una sociedad democrática con libertad de expresión, la persecución que han instalado en la educación no tiene precedentes cercanos, ejemplos tristes como este sobran. Háganse cargo de sus acciones”. Silva le reafirmó que no se trata de persecuciones y dijo que la libertad de expresión “nada tiene que ver con enchastre a fachadas educativas”.
El senador argumentó que “mandar a la policía” a detener estudiantes –a la izquierda le encanta sacar a relucir este caballito de batalla que tanto le ha rendido históricamente– “no se puede llamar de otra forma que persecución”, lo que, a su entender, “es lo menos educativo” que se le ocurre para abordar una situación en un centro educativo. “Es elemental y respetar la posición de los otros estudiantes no significa callar la propia”, expresó el frenteamplista.

“¿Tienes idea cuánto le cuesta al pueblo recuperar las fachadas de los edificios educativos, así como su mantenimiento general?”, cuestionó el presidente del Codicen, quien señaló que existen “muchas formas de expresarse”, las cuales “en la educación las respetamos”, añadió. No obstante, dijo que no está bien hacer lo que hacen y todos debemos colaborar”.
El senador, reafirmando su postura sin embargo le cuestionó a Silva: “¿La mejor solución que se les ocurre es enviar a la policía y que se les tome declaración bajo amenaza de desacato?” Silva contestó que la mejor solución es trabajar juntos “para que estas cosas que vos también sabés que están mal y nada tienen que ver con la libertad de expresión, no sucedan”.
“Es la gente con su plata la que está recuperando fachadas educativas”, agregó el jerarca de ANEP, pero Sabini, evidentemente nublado por su ideología, dijo que la mejor solución es “hacerse cargo de las cuestiones educativas y no encomendar a la policía la solución de un conflicto” que deben resolver las autoridades de la educación “y que lejos de resolverlo lo empeoran”.

No hace falta tener más de dos dedos de frente para discernir que por más vueltas que se le dé con argumentos rebuscados por el legislador de la coalición de izquierdas, el titular del Codicen tiene toda la razón en el entredicho, que ilustra además sobre una de las tantas formas de retorcer argumentos para defender lo indefendible de quienes así proceden, al considerar que cuando se apoya determinadas posturas “populares”, vale todo, como agredir a quien piensa distinto, escracharlo por las redes sociales, si es necesario, y cuando se dan las circunstancias, como ahora, enchastrar y vandalizar los bienes de todos por quienes se sienten dueños de la razón e inimputables por estar vigente un estado de derecho como el que felizmente tenemos.
Estos “estudiantes” vandalizando son además representativos de la pérdida de valores tanto en la educación como en muchos ámbitos de la sociedad, porque en este caso consideran que su uso de la “libertad de expresión” justifica que los uruguayos tengamos que poner plata de nuestro bolsillo para recuperar fachadas, paredes e interiores de centros de educación, así como elementos del ornato público porque simplemente se les antoja, cuando nadie ignora, –suponemos que muchos menos ellos– que en democracia hay una gran diversidad de vías legítimas para ejercer su derecho a hacer conocer su postura, sus cuestionamientos y sus simpatías, sin agredir. Más grave aún, ponen a la Policía como si fuera el instrumento para el “atropello”, soslayando exprofeso el ABC del ordenamiento de una democracia representativa, régimen en el que rige el libre juego de las instituciones, que confiere a la Policía la facultad y el deber de controlar y/o reprimir a quienes se exceden en el ejercicio de la libertad, a quienes violan las leyes. Porque no por ser un reclamo de izquierda el delito deja de serlo, ni pasa a ser “legítimo”. → Leer más

Uruguay comenzó un nuevo año lectivo después de dos años de pandemia y con la flexibilización de un protocolo sanitario que se extendió a todos los subsistemas. Con las cifras a la vista, una baja en la letalidad, el descenso de casos a nivel nacional y de los pacientes internados en CTI, el Poder Ejecutivo adoptó medidas que volverán a evaluarse tras la Semana de Turismo.
Mientras tanto, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), estableció un plan estratégico que extenderá hasta 2025, a fin de mejorar la calidad y equidad de la educación uruguaya. El documento publicado a mediados de marzo pasado, muestra trece objetivos donde apunta a la mejora de los logros actuales, la exploración y apertura de nuevas líneas y la necesidad de sentar las bases para un Plan Nacional de Evaluación de Aprendizajes.
El instituto plantea alinear la evaluación, metas de aprendizajes y estándares educativos, además de fortalecer las pruebas de lectura y matemática, con el avance en las pruebas computarizadas en Primaria y Educación Media. Entre otros objetivos, se trazó la necesidad de evaluar las trayectorias educativas de aquellos adolescentes que se encuentran en situaciones de exclusión y desarrollar nuevos instrumentos para la acreditación de saberes en Educación Media y Superior.
Es decir que el Ineed plantea asumir la gestión de las evaluaciones ya conocidas y que actualmente se encuentran en manos de la ANEP. Es que la situación de la educación en Uruguay ha sido un tema largamente polemizado y discutido, al punto tal que algunos aspectos estuvieron en la consideración ciudadana que resolvió por un referéndum el domingo 27 de marzo, no hacer cambios a lo dispuesto en la Ley de Urgente Consideración. La transformación educativa está en marcha y los cambios principales se establecieron desde la interna de los consejos.
Sin embargo, para que el tema fuera tan sensible en los discursos políticos, la ciudadanía en general tuvo que enviar una señal de alerta. Primero fue con los resultados de las pruebas PISA, luego vino Aristas y, con el cambio del gobierno, la pandemia inició un proceso de transformaciones que no estaba en los papeles.
Uruguay sostiene viejos dilemas sobre los egresos de la Educación Media Básica y la continuidad en el Bachillerato. Pero, en cualquier caso, conviene analizar que la repetición en Primaria es extremadamente baja. Por lo tanto, es importante cuestionarse lo que sucede cuando un estudiante atraviesa el muro que lo lleva de la escuela al liceo. Parece que allí perdiera el rumbo y el transcurso de esos años ocurre con mayores dificultades.
Por eso, las evaluaciones se vuelven necesarias para saber dónde se encuentra el problema y solucionarlo. Es que, a estas alturas, no es inteligente la discusión que ponga a prueba la necesaria relación existente entre estudios y posibilidades laborales, en un mercado exigente. Incluso, la pandemia sanitaria interpeló las condiciones de enseñanza en el mundo y movilizó un tablero que llevó a pensar las facetas educativas desde otros lugares.
Es interesante el resultado del último informe de ANEP, correspondiente a la prueba de Escritura del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), donde asegura que los escolares uruguayos “logran un adecuado desarrollo en sus escritos” y “no presentan grandes dificultades en ortografía y puntuación”.
Tal como lo plantea el Ineed en su plan estratégico, son necesarias evaluaciones de calidad para establecer las mejoras educativas. Porque la opinión pública observó primero los magros resultados al pasar de la escuela al liceo y las señales fueron leídas por la clase política.
De hecho, la evaluación ciudadana sobre la gestión del presidente Luis Lacalle Pou estuvo centrada en el manejo de la contingencia sanitaria, la seguridad y la educación. La última encuesta de Cifra, ubica en 51% la aprobación de su gestión sobre la política educativa. De ese total, el 70% de los oficialistas y el 25% de los opositores se manifestó de acuerdo, con una mayor afinidad de las personas con menos educación formal.
Y si el análisis traspasara a la Educación Media y llegara a la educación superior, existe un informe publicado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) sobre la problemática existente para el acceso al nivel terciario, así como universitario.
Mientras Uruguay permanece en los peores lugares de egresos de la educación media, también se encuentra en desventaja con la titulación docente y las bajas competencias. Es que en este caso tampoco es posible desatar a una cuestión de la otra.
El documento ministerial compara los egresos, de acuerdo a las formaciones. Al finalizar el ciclo medio profesional, 2 de cada 10 matriculados en 6º año se desvinculan, permanece el 25% y egresa el 50%. En el ciclo técnico, el egreso sube al 67.9%. Por lo tanto, la formación en competencias prácticas sostiene a los estudiantes en sus carreras, frente a otros saberes que tendrán escasa salida laboral.
No es tan difícil pensar que el mundo apunta a otros saberes y las transformaciones llegaron hace rato. Solo la nostalgia –o la pereza– dejó anquilosado el conocimiento en la época enciclopedista. Por eso, la reforma debe continuar sin tantas discusiones ni palos en la rueda. Porque el estado continuo de asamblea o cabildeo trae estos resultados.
Y una educación que no contiene es una educación en franco deterioro. Porque no contiene a los quintiles de menores egresos, que son justamente aquellos que necesitan la palanca de la formación para salir de esa situación. El rezago educativo se ligará a mayor pobreza, a tomar trabajos mal pagados y a conformar una familia a edades más jóvenes, acelerando procesos que llevarán a mayores exclusiones.
Estamos ante un punto de inflexión para avanzar y posibilitar que, en pleno siglo XXI, volvamos a estar orgullosos de la educación uruguaya.

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Maldonado 1° de abril de 2022

DR. LUIS LACALLE POU

El Movimiento Ciudadano Derogación IASS observa con optimismo el compromiso por Ud. asumido, en ocasión de su alocución ante la Asamblea General el 2 de marzo del año en curso, de concretar la derogación del IASS.

Finalmente, luego de pagar 14 años de este impuesto, podremos un número importante de Jubilados y Pensionistas, ver atendido nuestro reclamo largamente formulado.

En el Parlamento se encuentra una Minuta de Comunicación firmada por 18 diputados de la coalición de gobierno, a través de la cual se solicita al Poder Ejecutivo evaluar la posibilidad de concretar la reducción progresiva del IASS hasta su total eliminación.

Dicha Minuta presenta alternativas de derogación gradual que viabilizan en lo económico cumplir el compromiso asumido.

En tal sentido solicitamos instrumentar las normas necesarias en el 2022, para que se concrete en el 2023.

La eliminación del pago anual ante la DGI de la suma de Jubilaciones y Pensiones.
La reducción gradual en las franjas que se pagan mensualmente, hasta que desaparezca totalmente el impuesto en un período razonable.
De ser posible, la eliminación total del impuesto en este período de gobierno.

Agradeciendo su atención, saludan al Sr. Presidente muy atentamente.

Por el Movimiento de Derogación IASS, integrantes:

Dr. Alfredo Tedeschi – CI. 984580/3

Dra. Beatriz Piriz – CI. 1914280/5

Cra. Estela Isaac – CI. 3190923/1

Coronel Carlos Sastre – CI. 1363899/1

Dra. Irma Sugo – CI. 3319910/9

Ing. Angel Rubbo – CI. 3812179/7 → Leer más