La fuerza política en el gobierno se encuentra a la defensiva y abroquelada frente a denuncias presentadas por la oposición en el Parlamento y en la Justicia, a pesar de que a su propio Tribunal de Conducta y Ética no le tembló el pulso para demostrar que los cuestionamientos no estaban tan equivocados. Y solo tres ejemplos alcanzarán para mostrar el panorama que se viene en el próximo año electoral.
Este lunes comenzará la indagatoria de unas once personas, por presuntas irregularidades en la empresa Envidrio, a cargo del Juzgado de Crimen Organizado. El diputado del MPP, Daniel Placeres, declarará mañana, y el 13 le seguirá el director del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), Eduardo Pereyra y el ex director del Fondo de Desarrollo, Edgardo Ortuño. Las investigaciones se llevan adelante desde mayo del año pasado, luego de una denuncia presentada por diputados del Partido Nacional a raíz de préstamos otorgados a empresas autogestionadas que, en el caso de Envidrio, recibió U$S 11,5 millones.
En agosto pasado se amplió la denuncia tras un nuevo préstamo del Inefop por más de U$S 1,6 y a mediados del mes pasado se incorporaron otros datos, a partir de una denuncia formulada en el programa Santo y Seña. Allí, un grupo de funcionarios acusaron a los directivos de la cooperativa por presiones para que trabajaran sin aportes a la seguridad social, mientras percibían haberes por el seguro de paro.
Paralelamente la justicia pidió a la unidad de información y análisis financiero del Banco Central del Uruguay, los datos correspondientes a transferencias de dinero, tanto locales como desde Venezuela. Es decir, el levantamiento del secreto bancario.
Los diputados denunciantes Jaime Trobo y Rodrigo Goñi, junto al exdiputado Gonzalo Mujica, aseguran que hubo préstamos encubiertos y sin garantías por U$S 1,5 millones de Inefop a Envidrio. Incluso la DGI deberá informar sobre los aportes realizados por Envidrio y el Parlamento deberá remitir las actas de las comisiones y las leyes que autorizaron la extensión del seguro de desempleo. Por su lado, la empresa deberá entregar sus estados contables correspondientes al período 2015-2018.
Sin embargo, mientras el tema transitó por el ámbito parlamentario, la bancada oficialista se abroqueló detrás del legislador emepepista y la gestión de Envidrio no será investigada porque entienden que ya se encuentra en manos de la justicia. Placeres puede concurrir o no y, en este último caso, la justicia queda habilitada a solicitar su desafuero. La necesidad de cerrar fuerzas parece una actitud de protección hacia alguien más arriba de los mencionados, en tanto algunas decisiones se motivan en el poderío que ejercen determinados sectores en la interna de la fuerza política.
Como sea, la transparencia queda herida nuevamente y es notoria la falta de voluntad de llevar adelante uno de los pilares parlamentarios como es el contralor porque este Poder, que es independiente del otro, el Judicial, cuenta con una diversidad de elementos políticos que adquieren mayor visibilidad mediática. Y eso es, precisamente, lo que se desea evitar.
Otro caso de similares características corresponde a la negativa de la presidenta del directorio de Ancap, Marta Jara –y confirmado por la ministra de Industria, Carolina Cosse– a denunciar al expresidente de ALUR y actual senador Leonardo de León, porque “no hay elementos”. Sin embargo, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, encontró otros “elementos” éticos que resultaron vulnerados e instaló la vara mucho más alta que sus legisladores, dirigentes y jerarcas.
Nada le impedía habilitar una investigación y que la justicia se hiciera cargo, porque los “elementos” se encuentran en el dictamen presentado por el tribunal partidario y cuya filtración mantiene, por estas horas, muy preocupado al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Este fallo tan temido fue considerado confidencial por la fuerza política durante los últimos meses, por lo tanto, existía una voluntad expresa que cuidarle las espaldas al legislador cuestionado.
Ahora que se difundió con detalles, resta saber si el oficialismo se desmarcará de De León con la misma cara de asco que puso cuando se difundieron aspectos relacionados a la gestión de Sendic al frente de Ancap y el uso de las tarjetas corporativas, que finalizó en su renuncia a mediados de setiembre del año pasado.
Por el momento, senadores, diputados y dirigentes oficialistas hacen cola frente a los medios de comunicación para desentenderse de ambos como si hubiesen desconocido todo su accionar y aguardan al plenario del 15 para analizar los hechos. De cualquier manera, si quieren que De León renuncie, les costará un poco más porque la inmunidad parlamentaria lo protege ante cualquier eventualidad.
Aunque el senador repita que nadie está por encima de la justicia y demuestre que hace seis meses el fiscal Luis Pacheco cerró su caso, existe un asunto no laudado –que también se da de bruces contra la transparencia– sobre el desempeño, recursos públicos asignados, e inversiones que realiza ese “Estadito paralelo”, al decir del expresidente José Mujica, en referencia a las empresas públicas que funcionan bajo el derecho privado. Éstas, junto a los fideicomisos existentes, conforman una caja de Pandora de alcance desconocido y cuyos rostros y salarios hoy resultan una verdadera incógnita. El otro ejemplo es la negativa a una moción de censura al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuestionado por episodios que ocurrieron en el lapso de una semana, a raíz del desencuentro con un manifestante en Artigas y la difusión –otra vez– de los antecedentes penales de una persona.
O la nula actuación frente a un grupo “anti G20” que provocó destrozos, o la versión falsa del asesinato de un recluso a manos de otro, cuando en realidad murió a manos de un guardia que con anterioridad lo pateó en el suelo. Por varias semanas el ministerio mantuvo la versión oficial “del fallecimiento del recluso” –como dijo una senadora con cara de circunstancia–, hasta que el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit sacó la verdad a la luz.
No hace falta una prensa opositora. Hace falta sentir vergüenza y tener la honestidad intelectual que por décadas le reclamaron a la oposición cuando era gobierno. Una cintura política para reconocer equivocaciones y una espalda para soportarlo.
Pero, como ya vemos, no la tienen. Solo se sostienen por sus broqueles.
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