Al no haberse presentado ofertas para la adquisición de las dos plantas de PILI, se ha diluido gran parte –si no toda– la esperanza que aún teníamos muchos sanduceros, con palabra presidencial y todo, de mantener una fuente de trabajo tan importante como ya histórica de Paysandú. Debe tenerse presente además que la industria lechera no es Ancap, que puede darse el lujo de agobiarnos con su monopolio con el combustible más caro de la región y una empresa de cemento que desde hace mucho años tiene números en rojo y que sin embargo sigue funcionando, sin desocupación alguna, en base al “pequeño detalle” de que por ser del Estado, todos los uruguayos hemos financiado sobrecostos y además aportado casi mil millones de dólares para recapitalizarla.
Por supuesto, en toda empresa privada hay un alto margen de riesgo, que pasa por la condición de ser rentable para poder seguir funcionando, reinvirtiendo y generando puestos de trabajo, y en este contexto tienen mucho que ver decisiones empresariales que se adoptan en el marco de estar siempre sobre el filo de la navaja.
El punto es que como indica nuestro corresponsal Daniel Hardy Coll, la suerte está echada y el futuro de las plantas industriales de la empresa corre por parte del Banco de la República, que las rematará.
La confirmación parte de Jurídica de la Liga de Defensa Comercial, que ratifica las declaraciones vertidas a EL TELEGRAFO en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por el Cr. Júpiter Pérez –miembro del síndico– al concluir las reuniones con el gobierno y con trabajadores y remitentes: “No hay nada de nada y se retiró el más interesado”, sentenció.
Los próximos pasos de la sindicatura serán el llamado a remate de los establecimientos agropecuarios y de las plantas, y todo depende de los requerimientos que imponga el Banco de la República, principal acreedor con 42 millones de dólares de un pasivo que fue declarado por PILI SA en 60 millones de dólares.
Mientras tanto, ya en unas horas más los 124 empleados de las plantas y campos serán enviados al seguro de paro, con una extensión del beneficio hasta el 31 de diciembre de 2019, como lo decretó por ley el gobierno a solicitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Paralelamente, gremiales de productores lecheros se retiraron del Instituto Nacional de la Leche (Inale) y declararon día de duelo por el cierre de PILI, entendiendo que el Gobierno no reacciona ante la crisis del sector y respalda más a los sindicatos que a los propios productores, poniendo en riesgo la continuidad de la industria láctea, inclusive la de Conaprole.
Es un día de duelo también para la sociedad sanducera, por cierto, para el Interior todo y para el país, que sigue asistiendo al cierre de fuentes de trabajo. No es un secreto para nadie que Paysandú, como el Interior, atraviesa serias dificultades de empleo, más allá de matices en cada localidad, y que las dificultades tienen que ver sobre todo con las dificultades coyunturales y estructurales de nuestra economía, donde la rentabilidad de las empresas en general, y de varios sectores en particular, está en un mínimo. Ello se traduce en retracción de circulante, de demanda de personal, menos ventas y mayor endeudamiento de los que ven como mes a mes los números en rojo crecen.
Por supuesto, nos estamos refiriendo a la actividad privada, que es la que crea riqueza y mueve la economía, dinamiza la inversión, promueve fuentes de empleo, y para ello indudablemente necesita que se den las condiciones más o menos propicias para desenvolverse.
Y en el caso de PILI, más allá de la decisión empresarial de jugarse al mercado venezolano por precios y creer en las garantías del gobierno del expresidente José Mujica al hacer negocios con el régimen de Maduro, como en todas las empresas hay de por medio una ecuación de costos de producción, sean bienes o servicios, que le de un margen correspondiente de mercado y rentabilidad.
Esta ecuación lamentablemente sigue deteriorándose en perjuicio de las empresas en general, de los trabajadores y de todos quienes desempeñan alguna actividad, que dependen de ingresos genuinos, de su esfuerzo, y que no tienen la seguridad de estar prestando servicios o amparados en el Estado, que detrae recursos de todos los actores de la economía, cualquiera sea su situación, y cada vez en forma más asfixiante.
Sobre todo hay que tener en cuenta el esquema de interrelación de actividades y el efecto dominó que conlleva el cierre de una fuente de trabajo, cualquiera sea, y la experiencia nos enseña que en Paysandú, con su pasado industrial, había muchas personas que desempeñando actividades en distintas áreas, ignoraban que de una u otra forma sus ingresos dependían directa o indirectamente de esa actividad industrial, y la desaparición de esas empresas ha dejado vacíos que en el mejor de los casos solo se han llenado parcialmente.
Ya desde hace un tiempo estaban en el tapete los serios problemas de la industria láctea PILI, que enfrentó el endeudamiento originado en la inversión para ampliar la planta procesadora, que incluyó el traslado desde el centro de la ciudad, así como el deterioro de precios y mercados, lo que ha dado lugar a una bola de nieve consecuencia de que los ingresos no dan para cubrir los compromisos que se han ido acumulando por los números en rojo.
Hay todavía sectores de nuestra comunidad que ignoran que en mayor o menor medida han dependido de la industria láctea, y las consecuencias que traerá aparejado para Paysandú, para la zona y naturalmente para las 600 familias directa o indirectamente involucradas, el aparentemente ya irreversible cese de actividades de PILI.
El escenario de otras plantas industriales lácteas, aunque de menor gravedad que el de la industria sanducera, también es comprometido, y este hecho no es ningún invento de los productores, hasta calificados como los “comebosta” por el sindicato de Conaprole, delirante y ajeno al corazón de la realidad productiva del sector.
Lamentablemente, estamos ante una problemática que se ha ido degradando mientras el gobierno se ha resistido a aceptar su gravedad, ha seguido en piloto automático, sin atacar decididamente los problemas, y en cambio, ha descalificado por motivaciones políticas a movimientos surgidos desde el agro que reclaman menos costos y respuestas reales a los problemas.
Desde el centralismo montevideano y el gobierno de izquierda se sigue soslayando despectivamente que el Uruguay es agrodependiente, que siguen sin aparecer las cadenas de valor que generan trabajo genuino, y que el Estado, por su ineficiencia y gastos desmesurados, lejos de crear empleo, es el mayor destructor de puestos de trabajo.
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