En el Parlamento uruguayo las leyes pueden demorarse en su aprobación si no están redactadas con lenguaje inclusivo. Eso ocurrió en octubre, cuando la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que modifica el Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior, luego de dos meses de ásperos debates.
La redacción cumple con las exigencias oficialistas de incorporar la mirada de género y, de paso, echar por tierra las reglas gramaticales y cuidado del lenguaje que indican la inexistencia de tal aspecto. Al menos en el idioma español, que es el que nos incumbe.
El “nudo gordiano” de esta cuestión tan insalvable para nuestros parlamentarios se encontraba en la forma de describir determinados cargos sin aludir a uno u otro género. Entonces se apelaba a “Tercer secretario/a”, ya fuera de uso, o a las modernas “secretarie” o “secretarix”, de imposible lectura y por lo tanto inexistente si no se puede pronunciar al momento de hablarlo.
Desde el “uruguayas y uruguayos”, tan usado por el presidente Vázquez, hasta el “ciudadanas y ciudadanos” que se pretendía imprimir en la ley, pasaron los días en discusiones sin sentido ni criterio, tratando de entender la problemática jurídica que enfrentaba la iniciativa a estudio, si no se mantenía una forma de redacción prolija. Porque no hay más o menos inclusión por la redacción de una ley bajo un lenguaje obligado a ser lo que no es, es decir, sexista, pero este asunto de respetar el idioma, al menos por ahora y mientras rindan los discursos para la tribuna, no está en el pensamiento de quienes están convencidos de otra cosa y trafican con sus resultados.
Es que se pretende el cambio cultural con acciones positivas de cualquier tipo, sin analizar en profundidad que los temas de preocupación de los uruguayos –y las uruguayas, también– atraviesan por otros lugares bastante más alejados de los planteos realizados por nuestros parlamentarios. Porque si fuera tan real la necesidad de inclusión, entonces hombres y mujeres en este país ya ganarían lo mismo en iguales puestos laborales y sin embargo, eso está lejos de cumplirse.
Porque, claramente, una cosa es la aplicación del lenguaje y otra –muy distinta– la ideología y hasta ahora todo se mezcla bajo el ala de la igualdad de géneros. Este es un debate en el que no ingresan las autoridades de la educación que reconocieron la necesidad de adoptar “la lengua estándar”, según lo definió la consejera del Codicen, Laura Motta. La jerarca explicó la posición de la Administración Nacional de Educación Pública ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Mientras no preocupa tanto el deterioro en la comprensión lectora de los estudiantes de diversos niveles, tal como lo señala claramente el informe Aristas –a pesar de las innumerables interpretaciones que se quieren dar– la neurosis parlamentaria está centrada en otras cuestiones que esa misma generación no está preparada para absorber. En todo caso, se aprecia el ingreso a un terreno cenagoso del que será difícil salir, aunque sea muy simple entender que las palabras ni discriminan ni excluyen porque la discriminación –que existe en cualquier idioma– ocurre en los hechos y no simplemente por las palabras empleadas.
Cada año se puede observar “el lenguaje inclusivo” en las marchas contra la violencia de género. El domingo 25 de noviembre se conmemorará el Día Internacional de la Lucha por la eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas. Bajo el eslogan “vivas nos queremos”, se marchará en todo el país para mostrar que el panorama es tan desalentador como cada año. En 2017, 25 mujeres, 8 mujeres trans y 2 niñas murieron de manera violenta y este año la cifra asciende a 26 mujeres, si se suma el caso de la mujer trans asesinada recientemente. Y, de acuerdo a la primera encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones correspondiente a 2014, casi siete de cada diez mujeres han vivido situaciones de violencia basada en género en algún momento de su vida.
La violencia machista es un flagelo extendido en la sociedad, cuyas víctimas son estigmatizadas y revictimizadas, a pesar de la aprobación de la ley integral que aún no está reglamentada ni cuenta con recursos para su despliegue en cada territorio.
Porque no existen en todos los lugares del país equipos técnicos completos que se encarguen de la contención de las víctimas (mujeres con sus hijos) ni alojamientos para quienes les urge salir del entorno del agresor porque su vida está en peligro.
Y eso es aún más interpelante que cualquier enchastre que se quiera imprimir sobre el idioma, incluso mucho más que las acciones violentas que llevan adelante determinados “colectivos” en esas mismas marchas para denunciar lo que rechazan, pero con un mecanismo similar. Porque el lenguaje violento hacia el sistema educativo, comunidades religiosas o de otras ideologías no es la puerta de salida para la denuncia. Ni la gritería, ni la histeria, ni las pintadas en las iglesias o en espacios públicos.
Solo demuestran que se igualan a los violentos que pretenden denunciar y, en ocasiones, ni siquiera representan a las víctimas que atraviesan por otras etapas bastante más delicadas y emotivas que una cara pintarrajeada o un torso desnudo.
Imponerse al grito de “lo contrario al feminismo es la ignorancia” o “antes puta que sumisa” o “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, es tan agresivo como lo que se pretende denunciar. Sin embargo, están preocupados por educar a los comunicadores en el abordaje del problema, su difusión y concientización cuando hay colectivos a los que les falta espalda y cintura para responder en los debates sobre un flagelo que crece.
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