Es notorio que la economía uruguaya ha ingresado desde hace por lo menos tres años en un período de enfriamiento, que significa que se ha enlentecido la actividad y con ello la dinámica empresarial por merma en las ventas, menos circulación de dinero y problemas de empleo en el sector privado, que es el motor del país.
Los sucesivos cierres de empresas de determinada envergadura –ya han desaparecido cientos de micro y pequeñas empresas en estos años– motivaron un comentario del presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, al cabo del último Consejo de Ministros, en el que el jefe de Estado relativizó la situación, poniendo énfasis en que en un mercado capitalista, es común que cierre una empresa y que deje paso a otras, porque una nueva ocupará el espacio que deja la que cierra, por la circunstancia que sea.
Las circunstancias precisamente son las que hacen a la cuestión, porque por un lado lo que sostiene el mandatario es absolutamente cierto, y responde a las leyes del libre mercado, y no habría que darle ninguna trascendencia especial a este proceso si ello se genera en circunstancias normales.
Pero ocurre que ello se está dando en forma creciente en nuestro país desde que dejó de soplar el viento de cola en el concierto internacional, con una caída en el precio de los commodities, que fue lo que permitió el ingreso de recursos que dinamizaron la economía hasta el año 2014, en que el escenario comenzó a revertirse.
El presidente sostuvo que la seguidilla de empresas que están cerrando obedece a una “evolución natural” en cualquier país, contrariamente al pensamiento expuesto con escasa diferencia de horas por la vicepresidenta Lucía Topolansky al solidarizarse con los trabajadores de Fleischmann por la forma sorpresiva en que la empresa anunció el cierre de su producción en Uruguay.
Así, lejos de atribuirle normalidad, Topolansky reaccionó llamando a comprar productos “que den trabajo a los uruguayos”.
Si se reflexiona partiendo de visiones objetivas, es indudable que las expresiones de Vázquez se encuadran en la lógica de mercado capitalista que debería regirnos, solo que el mandatario soslayó un aspecto crucial, que es la incidencia del Estado, del “costo país”, en el esquema que determina el cierre de empresas en un promedio muy por encima de lo normal y en forma considerada por algunos economistas como similar al que se dio en el Uruguay como consecuencia de la grave crisis de 2002.
Es así que el presidente Vázquez se expresó en forma tan contundente en línea con lo que en economía se conoce como “destrucción creativa”, un mecanismo por el cual las unidades productivas más eficientes, que responden mejor a la demanda, sustituyen a las obsoletas, y este factor, aunque pueda parecer traumático en determinado momento, lleva a que salgan a flote empresas más eficientes.
Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aquí no están cerrando las empresas menos eficientes y abren –muy pocas por cierto– las que tienen un mejor grado de eficiencia, sino que están sucumbiendo emprendimientos muy bien montados, con décadas en el mercado, que han ocupado mucha mano de obra en el país y con procesos que han demandado inversión e innovación, pero los costos externos e internos les han corroído en muchos casos toda rentabilidad y los números en rojo “se las han comido”, en tanto muchas otras están en una tendencia muy marcada de descenso en la rentabilidad y apenas subsisten, con menos empleados. Además, el mejor termómetro son precisamente esas dos multinacionales que abandonan la producción local, una con 63 años en el país –Fleischmann (1956)– y la otra con 62 años en Uruguay. Y no se fueron en 2002, ni en 2009, lo hacen ahora. ¿Por qué? Porque es más barato producir en México, Brasil o donde sea e importar sus productos, que fabricarlos en el país.
Las causas de este costo país desbordado radica en que el Estado requiere cada vez más recursos para poder hacer frente a sus gastos, y lo que hace es detraer recursos fundamentalmente de los sectores productivos, de las empresas que mueven la actividad, en tanto la electricidad es cara, los combustibles son caros, los salarios han crecido en dólares y la presión tributaria no afloja, en tanto se mantienen un atraso cambiario y el déficit fiscal.
Pero también es consecuencia del éxito de los rígidos Consejos de Salarios, donde los salarios sólo suben sin una relación con la realidad de las empresas, lo mismo que las “conquistas” sindicales que una vez pactadas pasan a ser intocables y base para la próxima “negociación”, en la que habrá que seguir cediendo ante las presiones sindicales y del gobierno.
El punto es sencillo por lo tanto: las empresas cierran porque las cuentas no les dan, y a ojo de buen cubero, por cada cinco que cierran se abre una y no precisamente para sustituir a la que cerró, sino en otro rubro, otra proyección y sobre todo, con menos puestos de trabajo.
Por lo tanto no es en este caso un proceso natural, sino una consecuencia flagrante del deterioro de la economía, del agobio que implica el peso del Estado sobre los que producen la riqueza, sobre empresas, trabajadores, pasivos, todo aquel que intente generar algún valor agregado, mover siquiera un dedo para hacer algo dentro de la formalidad.
Un ejemplo de nuestra realidad lo tenemos en el hecho de que, de acuerdo a los últimos datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de volumen físico de la industria manufacturera a diciembre de 2018 pone de relieve un sensible descenso de la actividad en el sector respecto al mismo período del año anterior, con el mayor énfasis en el área de alimentos y bebidas, pero trasladable a todas las áreas de actividad, precisamente en un sector que históricamente ha ocupado mano de obra de calidad.
El Índice de Volumen Físico (IVF) que elabora este instituto disminuyó 8,8% en diciembre del 2018 respecto al mismo mes del año anterior. La variación en el mismo período del Índice de Horas Trabajadas por obreros (IHT) fue de -9,8%, y la del Índice de Personal Ocupado (IPO) fue de -3,5%, parámetros estos que coinciden en cuanto al descenso del nivel de actividad.
Hay por lo tanto en todo el país menos horas trabajadas, menos ingresos para el ciudadano común, que se traduce en menos demanda y menos ventas en las empresas, que tienen a su vez costos fijos muy pesados, y el margen de rentabilidad se achica.
Y ello pasa porque en esta coyuntura no estamos ante algo “natural”, aunque lo diga el presidente, sino que el Estado está condicionando al país real con su gasto desmesurado, como principal problema estructural, aunque no el único.
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