El año electoral es bravo para que la justicia o el periodismo trabajen tranquilos, sin que les adjudiquen intencionalidad política en cada cosa que hacen, dicen o escriben. Ya ocurrió con la investigación realizada por el periodista Leonardo Haberkorn, quien desnudó los testimonios presentados por ex represores de la dictadura ante un Tribunal de Honor Militar y sus confirmaciones en participaciones directas en torturas y violaciones a los derechos humanos. La publicación de su informe, luego de hacer lo que no hizo nadie del entorno cercano al presidente Tabaré Vázquez, o sea sentarse a leer las actas, provocó un revuelo con “decapitaciones” incluídas, cuyas implicancias aún no terminan.Y entonces, el fanatismo afloró en las redes sociales, transformadas en verdaderas cloacas de opinión, con un primer objetivo centrado en la larga siesta que durmió el informe en los escritorios presidenciales; pero también se despacharon por la supuesta intencionalidad que le atribuyen al periodista o a los medios con el ya clásico “¿qué raro que ahora salga este informe, no?” Y con eso tuvieron para varios días, porque en el Uruguay actual no importan los hechos, lo que se denuncia, sino quién lo dice y con qué espurias intenciones, según el entender de los ciberciudadanos que democráticamente opinan, juzgan y lapidan a través de las redes sociales. Pero lo cierto fue lo que pasó y no lo que opinaron. Lo cierto es que el gobierno debió salir desbocado, el inmediato día siguiente, a presentar ante la Justicia lo que pensaba o suponía que nunca se iba a conocer. Lo cierto fue la “renuncia” forzada de un ministro en estado terminal, a quien le colocaron “el gran bonete” al tiempo que otros salían indemnes. Y así quedarán, sin responsabilidad ninguna y viéndola pasar, gracias a la inteligencia que han tenido para manejarse al lado de las figuras principales de los últimos gobiernos.Ahora, otro caso ocupa nuestra atención: el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió el procesamiento del diputado del MPP, Daniel Placeres, por el delito de conjunción del interés privado y del público por su actuación parlamentaria en favor de la empresa Envidrio.Para esto hace falta que el Parlamento levante sus fueros y, si esto se vota en la cámara alta, resulte “formalizado” como presunto autor penalmente responsable, de acuerdo al escrito del fiscal y que reza en la web de la Fiscalía General de la Nación.El gran tema es que Placeres no es cualquier diputado, sino alguien muy cercano al expresidente José “Pepe” Mujica. Tanto, que vive en la chacra de Rincón del Cerro y tienen más de treinta años de estrecho relacionamiento. Mientras se conocía la noticia, la dirigencia de su sector se encontraba de gira por el Interior y la sorpresa por el pedido del fiscal se hizo notar. Sorprendidos a tal punto que, nuevamente, denunciaron el oscuro empeño de presionar en un año tan político y sensible, restándole importancia al hecho que la denuncia es nada menos que por violar la ley sistemáticamente, por intereses particulares. Si es cierto que “todos somos iguales ante la ley”, entonces no habría que ponerse nerviosos ni poner palos en la rueda, y ante tanta evidencia el diputado debería asistir ante la Justicia como un ciudadano común. Pero este caso es particular, porque toca el círculo más cercano del hasta ahora indemne partido del expresidente “más pobre y honesto del mundo”. No es casualidad que el año pasado, antes de finalizar la legislatura, el MPP fue la voz cantante en su bancada para impedir la creación de una investigadora sobre Envidrio y la participación de Placeres en las decisiones de la empresa. En ese momento, los legisladores emepepistas Carlos Rodríguez y Cecilia Bottino aseguraron que en todo caso ellos también debían ser “incriminados” por haber “hecho gestiones” en nombre de cooperativas de su departamento. Pero una cosa es formar parte de la dirección de una empresa o promover acciones en beneficio de ella, y otra muy distinta, el hecho de interceder con gestiones y votar porque le tira el corazón. A menos que Bottino –abogada de profesión– trabajara y hasta formara parte de la dirección de Cotrapay-Tessamérica –algo que claramente no nos consta–, la comparación no tiene asidero. Y si en cambio la diputada estuviese en lo correcto, lo que correspondería es derogar la ley que establece como un delito a la conjunción del interés público con el privado, porque si puede este diputado ser el “rey de Envidrio”, como dijo Alejandro Sánchez en la cámara, entonces cualquiera puede hacer negocios con el Estado y no pasa nada.En este caso en particular, Placeres supervisaba –de acuerdo al testimonio de testigos–, negociaba y promovía beneficios para la empresa que dirige, donde además se desempeñan familiares directos. En todo caso, si la ley está “equivocada” en este caso, también lo estaría en un sinfín de otros similares. Por ejemplo con el intendente de Soriano, Agustín Bascou, quien le podría vender el combustible a la Intendencia que él encabeza sin problema alguno.El fiscal Pacheco es claro en su escrito, porque visualiza un delito menor y excarcelable.Incluso la Junta de Transparencia y ética Pública (Jutep) aclara que en el ordenamiento legal, “se intenta legislar con una intención precisa: evitar que los intereses privados atenten contra los intereses colectivos y que determinados principios básicos del actuar público –lealtad, imparcialidad, probidad, entre otros– se vean afectados por la actuación deshonesta de los servidores del Estado”. La intención es “precisa” y no admite varias lecturas porque de entrada lo define con claridad: es “una situación en la que el funcionario público tiene suficiente interés personal o privado tal que, en base al mismo, el ejercicio de sus funciones se vea influenciado por aquel. El interés público, protegido por el Estado, se vincula con las necesidades colectivas de los integrantes de una sociedad, mientras que los intereses privados se relacionan con las utilidades particulares del funcionario”. Y Placeres tenía interés en votar la extensión de beneficios; y por algo viajó al menos 80 veces a Venezuela. Para la Jutep, “la incompatibilidad tiende a evitar –por ejemplo– el desempeño funcional simultáneo en más de un cargo público o el ejercicio concomitante de alguna actividad cuya índole no condiga con la función pública”. Y esto se contempla en el testimonio de extrabajadores que reconocían a Placeres en sus recorridas por la empresa a las 6 de la mañana y por directivos de otra, con la que el diputado negociaba directamente. “La violación de los preceptos contenidos” en la normativa, “constituyen faltas disciplinarias, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales”, señala la Jutep.En realidad, el tema nunca se había ido de la mesa. Lo que pasó es que el Frente Amplio no aportó los votos y la investigadora naufragó, como muchas otras investigadoras que no prosperaron. Ahora dicen que es un “golpe” el pedido del fiscal Pacheco y entre hoy lunes y mañana martes deberán resolver en la interna lo que votarán en el plenario. La investigadora, probablemente, hubiese amortiguado la caída. Pero no quisieron.
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