Año: 2020

Un tema que debería incorporar desde el vamos el nuevo gobierno refiere a una problemática que ha estado recurrentemente ausente en el Uruguay y mucho más durante la gestión de los quince años de gobierno de izquierda. Nos referimos a la productividad, un elemento que es de vital importancia desde siempre, pero mucho más aún en el mundo moderno y globalizado.
Por supuesto, este componente sigue ausente en los planteos de la dirigencia sindical, y desde el gobierno no se han enviado todavía señales en cuanto a abordar el problema en toda su entidad. Es a todas luces una necesidad que el Uruguay aumente la productividad, como una forma genuina de reducir costos, incidiendo por lo tanto positivamente en la competitividad en los productos de exportación, y a la vez contribuyendo a contener la inflación, nada menos.
Un estudio del Banco Mundial, que data desde hace unos años pero que no ha cambiado en esencia, indica que la contribución del capital humano al crecimiento que ha tenido el Uruguay, sobre todo en la última década, ha sido muy baja, aspecto este que no ha tenido modificación durante los gobiernos del Frente Amplio, pese a la persistente suba de los costos de producción y pérdida de competitividad.
Estamos por lo tanto ante retos vigentes por temas pendientes y acentuados a partir de un escenario internacional que ha cambiado, con precios de commodities estancados o en baja, con los competidores pugnando por desalojarnos de los mercados y sin que tengamos a la vez tratados preferenciales para compensar este desfasaje, por lo que nuestros competidores llevan las de ganar.
Desde el Banco Mundial se indica que si bien Uruguay es hoy un país mucho más moderno y mucho más fuerte, con logros económicos y sociales en años recientes, hay desafíos que es preciso abordar, y precisamente cuando ya no hay viento de cola, el empuje por la productividad y el crecimiento en el futuro es aún más grande.
Sin dudas que hay aspectos que no han acompañado los cambios positivos, empezando por el escenario internacional, a lo que se agregan planteos difíciles en lo interno, como es el caso de la situación demográfica, el deterioro de la economía y en el plano de la educación, la gran deserción y la movilidad educativa.
Estos aspectos sin embargo son perdidos de vista ante las urgencias y los cortoplacismos, y sobre por reclamos sectoriales para contar con más recursos, como acontece cada vez que surge una instancia presupuestal en el caso de los gremios del Estado.
Por lo tanto es de recibo el planteo de elevar la competencia y la competitividad. Para el Banco Mundial, si se compara la contribución de la productividad total al crecimiento en Uruguay con otros países, esta no es alta, por lo que se requiere promover la innovación, lo que tiene mucho que ver con las regulaciones anticompetencia y fomentar la competencia público y privada. El punto es continuar aumentando la eficiencia, también en las empresas públicas, mejorando las reglas y la institucionalidad.
Estos argumentos no se descubren ahora, sino que los hemos expuesto en numerosas oportunidades desde esta página editorial, porque además se han registrado cambios en el escenario que se ha dado en el país en los últimos años, donde se han registrado fuertes transferencias entre sectores, y no necesariamente para favorecer a los que realmente contribuyen a dinamizar la economía, si se tiene en cuenta que desde actividades de riesgo en el sector privado se han fortalecido remuneraciones en la burocracia del Estado, y no se han volcado recursos suficientes para apuntalar infraestructura.
El reacomodamiento ha disimulado desigualdades en redistribución por las exportaciones de productos primarios, pero al cesar el viento de cola en las condiciones internacionales, y con un elevado déficit fiscal, ya no se pueden seguir afrontando y disimulando los altos costos internos, con una fuerte carga tributaria y los altos precios de insumos y energía, entre otros aspectos.
Ello indica que se ha constreñido el margen de maniobra para abaratar costos de producción, mientras por el lado de la inflación se reduce sustancialmente el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, los más afectados por el aumento en los precios de los alimentos, y tal como están planteados los esquemas estructurales no es fácil reducir el costo país para las empresas mediante rebaja de cargas e impuestos con los gastos rígidos que han incorporado los últimos gobiernos.
Desarrollar una gestión del Estado por un gobierno austero que reduzca el gasto público es ya una condición sine qua non, porque es impensable seguir aumentado impuestos, y lo que queda pendiente es apuntar seriamente a la productividad, que es un parámetro en el que se podría trabajar con muy buenas posibilidades, pese a que a los sindicatos el tema está lejos de seducirlos y más aún, se han centrado en reducir la jornada laboral. Ello es precisamente lo contrario a lo que requiere el país, que es producir más bienes a menores costos para mejorar la competitividad de exportación y al mismo tiempo competir con los productos similares que ingresan desde el exterior.
La productividad significa tecnología actualizada en los centros de producción de bienes y servicios, mano de obra capacitada, coordinación, mejor gestión, logística a tono con los requerimientos y una escala de volumen suficiente para abaratar la cadena de producción cuando salga el producto terminado, con el funcionamiento de un esquema complementario armonioso capital-trabajo, que a la vez permita potenciar ventajas comparativas. Y este objetivo debe ser prioritario, en este como en cualquier gobierno, por encima de ideologías.

En un país agonizante y decadente como Venezuela, hay un presidente que se comporta ajeno y alejado de toda la miseria, pobreza y sufrimiento que padece su país. Autoritario, se muestra impasible ante la destrucción institucional, la economía hecha añicos, la inseguridad galopante y las cárceles rebosantes, y la emigración de millones de venezolanos que escapan al régimen chavista.
Se trata de Nicolás Maduro, un ser nefasto que siempre se las arregla para mantenerse firme al frente del gobierno, para soportar las presiones, y para generar siempre nuevos impedimentos para que la oposición y su gente puedan escalar y tengan algún tipo de influencia o poder dentro del panorama político de la nación.
Hace un año ya que Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela como titular de la Asamblea Nacional, con el reconocimiento de unos 60 países. Justo en este momento, Maduro volvió a pegar duro para impedir la renovación de Guaidó como presidente del legislativo, y colocar en su lugar a un típico inservible y detestable chavista como Luis Parra. Al tipo no lo votó ni la mayoría simple de diputados, pero igual estará en ese lugar cual usurpador.
“Venezuela está pues sumida en un caos institucional: Maduro ejerce el poder; la Asamblea Nacional renovó, con votos y quórum verificados, a Guaidó como presidente encargado, que sigue reconocido por numerosos países en Europa y América, mientras Parra encabeza una fantasmal junta directiva alternativa en la Asamblea que nadie, excepto el chavismo y sus aliados, reconoce”, enumera acertadamente un editorial de El País de Madrid, siempre atento a lo que sucede en Venezuela.
Por supuesto, los países europeos y latinoamericanos integrantes del Grupo de Contacto liderado por la Unión Europea (UE) reiteraron el jueves su apoyo a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional al considerar ilegítima la elección de Parra.
“La elección de Luis Parra no puede ser considerada legítima ni democrática”, reza una declaración del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que expresa su “gran preocupación” por los acontecimientos recientes en la cámara venezolana. “Apoyamos a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional”, subraya el grupo formado por Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, así como los europeos Francia, Italia, Alemania, Holanda, España, Portugal, Suecia y el Reino Unido.
A todo esto hay que sumar más factores implementados por el chavismo que hacen de Venezuela un país imposible. Se agregó la ilegítima Asamblea Constituyente, instituido de manera non sancta por Maduro y sus secuaces, y dedicada solo a quitarle legitimidad a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
“Esta es una de las características más descaradas de los regímenes autoritarios. No cumplen ni siquiera sus propias reglas de juego. O solo las cumplen cuando van a su favor. Cuando fingen utilizarlas para dinamitarlas desde dentro, como ha hecho Maduro con la elección y juramento fraudulentos de un presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, con el único objetivo de desposeer a Guaidó”, añadió con fuerza el diario español.
La mafia que gobierna Venezuela sigue haciendo de la suyas, vaciando al país y llevando al límite su poder y audacia. Maduro siempre tiene a mano la manera de sonsacar aún más la democracia, esa que dejó de existir hace tiempo en el régimen bolivariano ya desde la época de Hugo Chávez, y que por aquí en Uruguay se defendió por largo tiempo desde los gobiernos izquierdistas.
El mandatario venezolano vive alejado de la realidad, al tiempo que destruye a sus propios compatriotas. Maduro, que carece de planes y seguramente comprenderá que no tiene futuro alguno, es cruel y va camino a ahondar la catástrofe. Hasta el momento, los esfuerzos de la comunidad internacional han sido poco certeros, al tiempo que ya ni se habla de una intervención extranjera, algo que muchos venezolanos reclaman. Además, Venezuela sigue siendo un punto de inestabilidad regional.
Estos días, Estados Unidos instó a establecer un diálogo en Venezuela para formar un gobierno de transición que permita organizar nuevas elecciones y ponga fin a la crisis política desatada con el segundo mandato de Maduro iniciado hace un año.
“Una rápida transición negociada a la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en un comunicado. “Las negociaciones podrían abrir el camino para salir de la crisis a través de un gobierno de transición que organizará elecciones libres y justas”, apuntó.
Esto resultó muy agradable en los papeles y a Estados Unidos no le falta razón para recomendar esa serie de puntos, ideal para comenzar a salir de una crisis, o al menos para intentarlo. La presión sobre Maduro, no obstante, no deberá cesar. Las condenas a su régimen no podrán detenerse ante una continua violación a los derechos humanos. Y, a su vez, enfocar los esfuerzos para que el ejército bolivariano por fin cambie de bando y deje de apoyar al nefasto Maduro, punto clave sobre el que el régimen se apoya y se sostiene.