El diputado del Partido Colorado, Juan Carlos Moreno, realizó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Turismo (Mintur), a fin de conocer los diferentes convenios existentes entre la secretaría de Estado y las intendencias, correspondientes al denominado “Corredor de los Pájaros Pintados” para trabajar en la promoción e inversión en turismo.
Explicó que “además de la lancha ‘Pájaros Pintados III’, hay un catamarán encallado en Salto, además de otros proyectos canalizados través del ministerio y que no tenían habilitaciones para hacerlo. En Constitución hay un proyecto para una tirolesa, donde se gastaron recursos del ministerio y no se puso en funcionamiento, por ejemplo. Esas son algunas de las razones de este pedido de informes”, dijo a EL TELEGRAFO.
En el mismo pedido solicita el “contenido y características (en detalle) del Programa Corredor de los Pájaros Pintados”, las adquisiciones u obras que se realizaron a través de este programa, sus beneficiarios, procedimientos de adquisición, contralores efectuados en cada caso y si se constataron irregularidades en el uso de los fondos.
Moreno precisó que en el caso de la compra de la lancha por parte de la Intendencia de Paysandú, solicitó el “contenido del llamado efectuado por dicho gobierno departamental de la época (se solicita copia de los antecedentes que obren en ese ministerio)” y las intervenciones del ministerio.
El diputado requirió “en especial, quién fue el adjudicatario del llamado, monto de la compra y de los fondos transferidos, control del procedimiento efectuado y rendición de cuentas realizada por el beneficiario, si la hubo”.
En el pedido de informes, además, pretende conocer la “razón por la cual la lancha estuvo años sin uso y estado actual de la misma” e “irregularidades constatadas y acciones tomadas para la determinación de responsabilidades. Qué corrección se dispuso en los procedimientos para que situaciones como la presente no se repitan y asegure el buen manejo de los fondos públicos de futuro”.
Ley de embarcaciones
Moreno recordó que la ley 18.007 “tiene como una de sus obligaciones que todas aquellas embarcaciones extranjeras que se encuentren en puertos uruguayos, deben hacer el despacho en el país de origen en un plazo de 9 meses. En Uruguay, el 90% de las embarcaciones son argentinas y hoy la realidad es una limitante para el cumplimiento de la la ley, por el cierre de las fronteras”.
Sus propietarios, de origen uruguayo, “no pueden trasladarse hasta la prefectura argentina y pasados los 9 meses, caen las habilitaciones de navegabilidad y generan la obligación de pagar un canon de 10 UR a las embarcaciones chicas y de 20 UR a las embarcaciones grandes”.
De acuerdo a Moreno, “todo esto ocurre por cuestiones naturales en tiempos de pandemia. Porque había esperanzas para la reapertura de las fronteras y sin embargo, la situación sanitaria en la región se ha agravado. Es así que los vencimientos ya llegan a miles de embarcaciones que se encuentran desde Colonia a Artigas y no solo generan la inhabilitación, sino el pago de ese canon de manera injusta porque la falta de ese trámite no es voluntario, sino por el cierre de frontera”.
