Mes: enero 2021

El pasado 30 de diciembre la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP) comunicó a 120 funcionarios contratados para los 8 centros CAIF que administra la Intendencia Departamental –junto al Centro Siempre de Jardines del Hipódromo, para padres que estudian o trabajan– que no se les renovarían sus contratos de trabajo que vencían al día siguiente, o sea el 31 de diciembre. Esos CAIF y el Centro Siempre atienden a 1.300 familias y son administrados por la IdP desde el año 2008 y 2018 respectivamente. La intención comunicada al personal cesante es que la Intendencia dejará esa función y pasará la administración a privados. Se espera que en enero se haga un llamado público abierto para cubrir las 120 vacantes. Es la primera vez que dichos contratos de trabajo no se renuevan.
De acuerdo con lo informado por el intendente departamental Nicolás Olivera, como consecuencia de decisiones adoptadas con anterioridad a la asunción del actual Gobierno Departamental, el próximo 31 de diciembre vencerían un cúmulo de contratos que vinculan a la Intendencia con un número determinado de funcionarios, entre ellos los que integran equipos de gestión de los Centros CAIF. “La decisión de este Intendente y de este equipo, no ha sido rescindir contratos al 31 de diciembre, sino que estos contratos vencen en una fecha que han determinado otros que no somos nosotros”, explicó el jerarca local. Olivera garantizó que el “servicio no se resentirá en modo alguno, concurrirá la misma cantidad de niños, que recibirán cuatro horas diarias de atención, habrá la misma cantidad de personal técnico y no técnico, todo eso se mantendrá”.
Asimismo incidió que “salvo el departamento de Rivera, que administra un CAIF, no hay otro departamento –excepto Paysandú– que haga esa tarea en todo el Uruguay. Se administran 8 centros CAIF y un Centro Siempre, desde hace muchos años. Pero eso trae problemas financieros a la Intendencia, y debemos tener en cuenta que administramos dinero que no es nuestro, que es de la gente y que los recursos los debemos utilizar muy responsablemente”. A modo de ejemplo el jerarca señaló en todo el país se pagan 20 horas semanales de prestación efectiva a las maestras y educadoras de los centros CAIF, pero en Paysandú se pagan 30 horas semanales, por lo que no se encuentra sentido a pagar 30 horas semanales cuando –a su entender– se trabajan 20; aunque cabe aclarar que las restantes 10 horas las cumplen en el Centro, y se destinan para planificación. Por otra parte, las fundaciones y oenegés están exoneradas de impuestos que la Intendencia debe pagar, por lo que hacerlo en forma directa es más caro que a través de una oenegé o fundación. En palabra de Olivera “ese dinero no va a los niños que son el objetivo principal de los CAIF”.
Atento a la importancia de los centros CAIF involucrados y al impacto que estos tienen para la niñez sanducera, la decisión del Intendente Departamental llama la atención tanto en la forma como en el fondo, sin perjuicio de que algunos de los fundamentos de la misma puedan resultar comprensibles y eventualmente compartibles. Es claro que la fecha del 31 de diciembre no fue fijada por la actual administración por lo que no se le puede imputar esa fecha de finalización, como tampoco se le puede responsabilizar de las renovaciones que durante varios años se han realizado de los contratos involucrados.
No podemos dejar de mencionar que dichas renovaciones contractuales han sido llevadas a cabo tanto por administraciones departamentales del Partido Nacional como del Frente Amplio, a través de una práctica irregular que se extendió porque como sucede muchas veces, “nadie le puso el cascabel al gato” y tampoco nadie quiso asumir los costos políticos de decisiones que distan mucho de ser agradables.
Lo que está mal hecho está mal hecho y en todo caso el razonamiento correcto debería ser el opuesto: precisamente porque el fin perseguido es tan loable es que no se puede recurrir a modalidades contractuales irregulares que atentan contra la fortaleza del propio proyecto. Culpar a la actual administración por no renovar contratos de trabajo cuyos plazos fueron fijados y renovados por otras administraciones nos recuerda la antigua costumbre de matar al mensajero si el mensaje no era del agrado del destinatario. Esta situación tiene varios responsables y sería bueno que los mismos asuman sus respectiva cuotas partes de responsabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, creemos que el intendente Olivera se equivocó en la forma de realizar la comunicación de una decisión tan importante. En un departamento cuyo desempleo en los últimos cinco años ha crecido notoriamente y que ha sufrido cierre de empresas como el caso de PILI, la rescisión de contratos de trabajo es siempre una noticia de un fuerte impacto negativo tanto en el aspecto social como en lo económico y humano, más aún en la situación creada por el coronavirus COVID-19. Detrás de cada trabajador que pierde su empleo hay situaciones acuciantes y cuentas a pagar (luz, teléfono, alquiler, etcétera) que no saben de esperas ni de quitas. Si bien los 120 trabajadores podrán presentarse al llamado que realizará la institución que asuma la administración de dichos centros nada garantiza que así sea, ya que ni siquiera se han divulgado las condiciones y requisitos del mismo.
Ante la importancia y complejidad del tema cabe preguntarse… ¿el mismo no fue discutido durante las reuniones de transición entre el intendente Mario Díaz y el intendente Olivera o la de sus respectivos equipos? En caso de que la respuesta fuera afirmativa, ¿por qué no se les comunicó a los trabajadores y a los familiares de los niños los cambios planificados en otra forma y con mayor anticipación? Resulta claro que ha existido un fallo injustificable en la forma en la cual la IDP ha comunicado una decisión tan trascedente. Se trata de un aspecto que la actual administración departamental deberá sin dudas mejorar de manera urgente. En la misma línea, no resulta lógico ni tampoco aporta a la tan reclamada transparencia en materia de asuntos públicos que la licitación para contratar una organización que se encargue de la gestión que venía realizando la IdP sea realizada en plazos tan cortos y en esta época del año, todo lo que atenta contra las garantías administrativas de posibles interesados en presentarse, al tiempo que daña la imagen de la propia Intendencia y de sus procedimientos.
Sin perjuicio del legítimo derecho de los trabajadores a manifestarse en contra de la decisión de la IdP (derecho que se encuentra amparado nada más y nada menos que por la (Constitución Nacional) los gritos de “hijo de puta” que fueron dirigidos al Intendente Olivera en la puerta del Palacio Municipal constituyen un triste episodio inédito para nuestro departamento y que no aporta nada a esta delicada situación. No es la hora del insulto y la crispación, sino la de buscar soluciones que permitan mejorar la gestión de todos estos centros, racionalizando sus gastos y brindando seguridad a los niños y a sus familias, así como a los trabajadores involucrados. → Leer más

Hemos cerrado un año muy difícil, tal vez uno de los más difíciles que recordemos. Un año en el que, como se titulaba la última edición de Quinto Día de diciembre, fue “El año del bicho”, en alusión al virus que ha puesto a la humanidad contra las cuerdas.
Pero ha sido en realidad mucho más que eso, ha sido un año en el que asumieron nuevos gobiernos a nivel nacional y en el ámbito departamental, que es algo que siempre trae para los medios de comunicación una serie de cambios, porque quienes llegan a ocupar los lugares de gobierno lo hacen con sus propias premisas y formas de ver la administración pública, pero también con sus propias convicciones sobre cómo deben hacerse las cosas para llevar este barco, llámese Uruguay, llámese Paysandú, al destino al que todos coincidimos en que debemos ir. Sin embargo esos cambios han sido relativos en comparación con otros cambios, más de fondo, que se han producido o que se han acelerado, de la mano de la enfermedad.
Una de estas transformaciones ha sido la digitalización de la vida de las comunidades. Fue una patada en el tablero. Claro, después entramos en la fase de la “nueva normalidad” y descubrimos que básicamente nos seguía gustando hacer las mismas cosas que antes de la pandemia, solo que no podíamos hacerlo y eso hoy es un problema que se puede apreciar, pero ha sido y será tema para otra ocasión. Hoy toca hablar de nosotros, de los medios de comunicación.
Que los medios, en nuestro país y en el mundo, hemos sufrido las consecuencias de la retracción económica no es una novedad para nadie. Diarios de los más importantes del mundo ya venían afrontando una búsqueda de rumbo desde antes de la pandemia y esto no ha hecho más que –nuevamente– acelerar procesos. La digitalización es un dilema. Y si bien se puede discutir si más aquí, o más allá, si con prioridad en esto o acento en lo otro, la presencia virtual es indefectible. Nadie lo puede negar. Pero hay formas y formas de transitar por ese terreno. Con la digitalización han aparecido nuevos actores que ofician como intermediarios y que son quienes abren o cierran la llave de paso de la visibilidad en las pantallas de los dispositivos digitales. Estos nuevos actores son quienes determinan qué tantos ojos se pasean por una u otra página, en función de determinados parámetros preestablecidos por estas empresas que son las dueñas de la cancha, de la pelota y las camisetas. Los algoritmos distribuyen el juego a partir de conveniencias automatizadas. Jugar en esa cancha es para jugar con estas reglas; si no, ni te ponés la camiseta.
Una primera batalla perdida parece ser la de las universidades y facultades de comunicación. El siguiente párrafo forma parte de una presentación de un curso sobre herramientas SEO (por search engine optimization, u optimización para los mecanismos de búsqueda).
“El taller propone conocer todas las herramientas vinculadas al posicionamiento en buscadores y, a su vez, las herramientas que permiten conocer qué quiere leer el lector. El SEO es, en este momento, una tendencia de todas las redacciones latinoamericanas. Conocerlas potenciará el periodismo y potenciará el desarrollo de historias. El objetivo del taller será, a partir de herramientas SEO, poder construir un perfil, una crónica o una entrevista (dependiendo de los intereses de cada uno). Partiremos de lo puramente tecnológico, para terminar en el buen periodismo que anhelamos como trabajadores”.
Partir de lo “puramente tecnológico” es asumir que lo que vendrá después se ajustará a la serie de criterios predefinidos por las empresas “facilitadoras” para tener más visibilidad. Lo demás será “el contenido”, como se le llama ahora, un concepto asociado al de “consumo de información”, por el cual se asume que uno puede “consumir información”, como quien consume un café cortado con una medialuna de jamón y queso.
No deberíamos permitir que la información se termine de transformar en un mero producto que se consume, como un entretenimiento más. Este actual “consumo de información”, una suerte de picoteo de una ensalada de titulares donde todo da prácticamente lo mismo, donde prima el sensacionalismo del escrache, obligando una y otra vez a generar titulares más fuertes, más amarillistas para tratar de destacar del resto, apelando a técnicas como el clickbait, el uso de títulos engañosos que luego se relativizan en el desarrollo de la noticia.
No podemos permitirnos llegar a eso. La información no es un producto, son los insumos necesarios para que las personas puedan tomar sus propias decisiones.
El acceso a la información es un derecho humano fundamental. Comprometerse con la información es estar a la altura de esta premisa, y eso no debe ser negociable, ni para los periodistas ni para las empresas periodísticas.
Ojalá en este año que comienza eso se vuelva tendencia en todas las redacciones.
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