Mes: octubre 2021

Aunque las estadísticas refieren al impacto económico de los siniestros de tránsito ocurridos en el período –y todos sabemos que las consecuencias tienen otras dimensiones que afectan el bienestar y la vida cotidiana de los sobrevivientes más allá que es casi imposible cuantificar en términos económicos las implicancias para las familias que sufren pérdida de vidas y, mucho menos, el valor de una vida– la cifra es un llamado de atención y también una invitación a reflexionar sobre el impacto social de este problema.

Las estadísticas muestran a los siniestros de tránsito como un verdadero problema de salud pública, que requiere para su abordaje tanto de políticas de Estado como de acciones referidas a los hábitos individuales de las personas.
De acuerdo a una investigación presentada, ese dinero representa un 0,92% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
El informe calcula las consecuencias económicas tras un siniestro de tránsito e incluye las personas que fallecen y, por tanto, dejan de aportar al Estado, como las que quedan heridas e inhabilitadas para trabajar por lo que reciben, una pensión.

“La Unidad Nacional de Seguridad Vial ha medido año a año la eficacia de su política mediante el indicador de tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes; este muchas veces resulta insuficiente por no considerar el peso de aquellas víctimas que continúan su vida con algún nivel de discapacidad”, señala el estudio que destaca que “los años de vida con discapacidad son un componente del indicador AVAD (también encontrados en la literatura por su sigla en inglés DALY, es decir, Disability Adjusted Life Years, y que refiere a los años de vida perdidos por muerte prematura y discapacidad) con un peso promedio cercano al 40% en el total del indicador en el período analizado”. Se trata de un indicador a partir del cual se obtiene la información sobre las enfermedades que quitan años de vida saludable a la población.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha definido la carga global de la enfermedad, como el impacto de un problema de salud en un área específica, medido por la mortalidad, y la morbilidad, pero también la incidencia, prevalencia y duración de las más importantes discapacidades, como expresión de calidad de vida.
La investigación realizada por funcionarios de la Unasev –la Cra. Elena Fagúndez, la Lic. Magela Negro Brum y el Dr. Norberto Borba– apunta a estimar la carga global de los siniestros de tránsito en Uruguay, entendida ésta como la “medida de pérdida de salud que para una población representan consecuencias mortales y no mortales de las diferentes enfermedades y lesiones”. En este sentido, explicaron que “su resultado muestra la diferencia entre la situación actual y la situación ideal donde la población vive en perfecta salud y hasta un estándar de años de vida esperados”.
Entre sus principales conclusiones el informe ubica en sexto lugar el peso de la siniestralidad vial dentro de las enfermedades emergentes en nuestro país. No obstante, respecto al grupo de enfermedades para edades de 14 a 39 años, se confirma un triste lugar en el podio, luego de los accidentes vasculares y las autolesiones, incluida el suicidio.

En definitiva, se concluye que los años de vida saludable perdidos por siniestros de tránsito por la sociedad uruguaya en el período 2015-2019 en Uruguay, promedian más de 32.000 años. Ello representa en términos monetarios un promedio de más de 525 millones de dólares de impacto económico, lo que se traduce en un 0,92 % del PBI anual.
Esta radiografía a la siniestralidad del tránsito en Uruguay muestra que la moto es el vehículo en el que las personas pierden mayor cantidad de años de vida saludables, que los años de vida perdidos por muerte prematura del sexo masculino son más de 3 veces que los que pierde el sexo femenino.
Por otra parte, el grupo etario de los 15 a los 34 años es el que concentra mayor cantidad de años de vida saludable perdidos, por lo que se considera que la pérdida de años saludables a causa de los siniestros de tránsito puede actuar como un acelerador del envejecimiento poblacional.

El impacto que provocan estas cifras no debería impedir que veamos que la seguridad vial es un tema en el cual se ha trabajado mucho en la última década a través de la creación de nueva legislación y el inicio de desarrollo de políticas de Estado.
En este sentido, cabe señalar por ejemplo que entre 2007 y 2017 si bien hubo un aumento explosivo del parque automotor la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito bajó de 20 a 13,5 cada 100.000 habitantes. En el período también se aprobaron más de una docena de leyes vinculadas a la seguridad vial, entre ellas la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, que definió las normas generales de circulación, de señalización, los instrumentos de seguridad, las condiciones técnicas de los vehículos, el régimen de autorizaciones de la circulación, infracciones y sanciones.

Entre los avances destacados por la Organización Panamericana de la Salud, se incluye el haber atacado algunos de los principales factores de riesgo: se dispuso agregar la obligatoriedad del uso del casco para motociclistas, así como del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil en ocupantes de vehículos; la disminución de la tasa de alcohol en conductores; y se pusieron límites de velocidad. Otras acciones que han contribuido fueron la mejora de la infraestructura vial o la obligación de que los vehículos cero kilómetros tengan dispositivos que disminuyan la severidad de las lesiones, como frenos ABS, apoyacabezas y airbags.

Aún así, según las cifras oficiales de siniestralidad vial, en 2020 en Uruguay un total de 21.854 personas resultaron lesionadas como consecuencia de un siniestro de tránsito, de las cuales 391 fallecieron. Avanzar en la solución de este problema requiere que además de las políticas nacionales de prevención y seguridad vial, de una mayor conciencia en la toma de decisiones personales en el día a día. Es algo imprescindible para que podamos transitar calles y rutas de forma más segura y, sobre todo, llegar sanos y salvos.