Esta semana que comienza concentrará algunas de las reuniones anunciadas entre autoridades nacionales, departamentales y de entidades. La preocupación es por el mismo tema y gira en torno a la aceleración del aumento de los precios de los productos que integran una canasta básica, las brechas históricas entre los precios que rigen en las fronteras, los reclamos de centros comerciales y algunas propuestas que provienen del Interior para frenar la creciente pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.
Las soluciones no son rápidas ni simples y a pesar del descontento generalizado o las decisiones de cruzar las fronteras para comprar más barato, el problema no solo es de nuestro país sino que se está dando en prácticamente todo el planeta.
En Uruguay, hay departamentos que comenzaron a estudiar la posibilidad de reglamentar la venta fraccionada de alimentos, si bien es un hecho consumado en los comercios que expenden al menudeo en las zonas vulnerables de las ciudades. Una forma de venta que, también, se lleva a la práctica desde hace años en países con mejores posiciones económicas.
El problema es que, a la salida de la emergencia sanitaria, en Uruguay se visibilizan con mayor profundidad esas demandas y adquieren fuerza en la población, que debe escuchar un sinnúmero de razones por las cuales se encarecen los alimentos.
Las autoridades de los departamentos fronterizos con Argentina evaluaron la necesidad de aumentar el descuento del Imesi para la venta de naftas porque, aun con el 24% de devolución que rige actuamente, las diferencias son significativas. Y las pruebas están a la vista, al comprobar el faltante de combustible en las estaciones cercanas de la provincia de Entre Ríos, con el incremento sostenido de uruguayos que atraviesan los puentes internacionales para cargar los tanques de sus vehículos.
Lejos de aterrizar soluciones, los reclamos se incrementan ante el riesgo de ver esfumarse cientos o miles de puestos de trabajo en el litoral que se sustentan en el comercio, el cual sobrevivió hasta ahora gracias al cierre de los puentes a raíz de la pandemia.
Las propuestas provienen de todos lados. Los partidos con representación parlamentaria, las cámaras empresariales y los referentes departamentales exponen una situación tensa que impulsará al alza el desempleo y envíos al seguro de paro en una zona del país que ya expone índices de pobreza por encima de la media nacional.
En los últimos días adquirió relevancia la iniciativa para resolver la “microimportación” de mercaderías desde Argentina por parte de pequeños comerciantes para revenderla en los departamentos limítrofes con el pago de un arancel relacionado al volumen de la mercadería ingresada al país. La propuesta del intendente de Salto, Andrés Lima, se suma a otras como la extensión del seguro de desempleo parcial y mantener los descuentos del IVA a los sectores vinculados al turismo.
El diálogo ha sido fluido entre Lima, Nicolás Olivera y Omar Lafluf, de Río Negro. De hecho en setiembre del año pasado protagonizaron un encuentro regional en Paysandú, para elaborar un documento único junto a otras autoridades, ante la apertura de los puentes internacionales. Esa medida se avizoraba en un horizonte cercano.
Hasta que llegó abril de 2022 y con la declaración del cese de la pandemia, se vino la flexibilización de las medidas sanitarias, hisopados y controles por parte de los gobiernos argentino y uruguayo y obviamente, el tránsito comenzó a fluir.
Y, coincidentemente con la Semana de Turismo, se registró un mayor contingente de uruguayos que salió del país por los puentes que comunican con Argentina. Todo este detalle, que parece obvio para las circunstancias fronterizas, no estaba contenido con medidas reclamadas por los diversos actores en aquella instancia de setiembre, cuando solicitaban “políticas de fronteras” basadas en proyectos de ley que ya estaban presentadas en ambas cámaras.
Pero en medio de estas cuestiones que había que resolver –antes que nada– surgió la campaña por el referéndum que consideró 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y los esfuerzos se enfocaron allí.
El tiempo pasó y con el transcurso de los días, se venían otros problemas bastante más por encima de las discusiones políticas planteadas en esos momentos, justo al cierre de 2021.
Cuando el tiempo se acercaba para decidir sobre las actividades en Semana de Turismo, enmarcado en el descenso de los casos positivos de COVID-19, la expectativa crecía. Es que uno de los sectores de la economía más afectados en toda la cadena no podía perder esta oportunidad. Allí nos dimos cuenta –todos– que ese tiempo transcurrido había caído sobre nosotros.
Y nos encontrábamos en una situación similar a lo que ocurre en todo el mundo. En España por ejmplo, la inflación crece cuatro veces más que los sueldos y compromete el poder adquisitivo de los trabajadores, donde los empleados del sector agrícola son los que se encuentran peor parados.
En Argentina, la espiral inflacionaria no se detiene y el dato mensual correspondiente a marzo trepó a 6,7%. Es el nivel más alto en veinte años para el vecino país, que registra un aumento interanual de 55,1% sobre los precios al consumidor, según el oficial Instituto de Estadística y Censos (Indec).
Argentina, junto a otras naciones sudamericanas, lleva años batallando contra inflaciones galopantes, a pesar de los sucesivos cambios de gobierno.
Incluso es posible salir más allá de la región y llegar hasta una de las primeras economías mundiales. El gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Trabajo, publicó la semana pasada que el índice de precios al consumo creció 8,5% en marzo, con respecto a los doce meses anteriores. Esa inflación interanual es la más alta desde 1981, cuando se hablaba crisis en el país del norte.
Son datos alarmantes, pero predecibles. Las sanciones occidentales a la invasión rusa en Ucrania, donde se produce un alto porcentaje de la materias primas que se comercializan en el mundo, perturbaron a los mercados internacionales del combustible, la energía y los alimentos.
Uruguay nunca estuvo ni estará fuera de esa realidad. El problema es que las mayores fuentes de empleo del país, que provienen de las pequeñas y medianas empresas (PYME), muestran inestabilidad y se encuentan en desventaja. Justamente ahora, cuando es necesaria su dinamización para la creación de más puestos de trabajo.
