el triste honor de ser el primero en legalizar la eutanasia corresponde a la Alemania nazi en setiembre de 1939. En la mayoría de los países del mundo la eutanasia está prohibida. La asistencia al suicidio es un delito también perseguido por la ley en la mayoría de los ordenamientos.
Hoy en nuestro país se discute sobre este tema, en gran parte a través de emotivas historias personales. Pero debemos ser cautos al legislar. La ley es una norma general, dirigida a toda la población, que sugiere caminos y marca pautas de vida para toda la sociedad. El legislador y el gobernante deben tener visión de conjunto, global, y considerar todos los aspectos de la cuestión; y ver todo lo que está en juego. La pregunta que hoy está atrás del debate es: “si una persona con una enfermedad terminal, en plena posesión de sus facultades mentales, sufre terribles dolores y quiere acabar con su sufrimiento, ¿quién tiene derecho a impedírselo?”
Me parece que esta pregunta reduce, infantiliza y manipula (si cabe) la cuestión. No es ese el centro del asunto. Porque convengamos que muy poco se puede hacer para evitar que una persona se suicide. El debate no se trata de libertad versus imposición. Tampoco se trata de compasión versus “ser mala gente”.
En la pregunta hay un supuesto muy cuestionable –el de los terribles dolores– pues el avance de la medicina, con los cuidados paliativos, es notable. ¿No habría que recorrer ese camino? Decía que se infantiliza la cuestión porque parece que debe existir un respeto, hasta el límite de la sumisión, ante la voluntad suicida de un paciente. Como dije antes, poco se puede hacer para evitar que una persona se suicide, si lo desea. Y aquí hay una exageración de la autodeterminación, un paradójico respeto a lo que una persona desea o quiere, que no se da en la vida diaria y en sociedad de ninguna persona. “Es su vida, que haga lo que quiera…”, se escucha y repite, y parece ser la frase que justifica todo. Pero si esa misma persona se autolesiona o tiene conductas imprudentes lo intentamos frenar, le advertimos, incluso podemos tener conductas “coactivas” con ella con el fin de ayudarlo.
La verdadera pregunta o trasfondo del debate es: ¿se puede exigir a la ley y a la profesión médica que reconozcan el derecho a pedir la eutanasia (o el suicidio) y faciliten llevarla a cabo?
En esta discusión se debe enmarcar correctamente la cuestión, pensando en todos los uruguayos y no solo en casos concretos individuales: en las familias y en los familiares, en los médicos, en las instituciones de salud, en la sociedad en su conjunto. Pues de tener en cuenta “lo general” se trata una ley. La ley siempre está a favor de defender la vida de las personas. Es un aspecto básico de nuestro ordenamiento jurídico, el paradigma sobre el que se asienta. Así la protegen numerosos delitos previstos en el Código Penal (se castiga la ayuda o determinación al suicidio), se cuida y obliga a preservar la salud (¡esto en está en nuestra Constitución!), hay líneas de prevención al suicidio, hay un sistema de cuidados, de adopciones, de tutela a los más vulnerables. Si no fuera así, cae el sistema. Esto anterior es algo que nos parece obvio, pero lo que no visualizamos es que con esta ley este paradigma cambia por el opuesto y pierde coherencia el sistema que ordena nuestra vida en sociedad (coexistiendo paradigmas opuestos). Pero más allá de trastocar todo el ordenamiento jurídico con una posible ley de 7 artículos, también hay un mensaje con una ley de eutanasia: facilitemos la muerte del que piensa que su vida no tuvo éxito o que no alcanzó el poder o que no merece ser vivida. Yo me resisto a esto. Porque en la sociedad uruguaya que quiero nadie tendría que preguntarse si sobra.
Dr. Juan Diego Inthamoussu