Compromiso por el País. Así se tituló el documento que, luego de las últimas elecciones nacionales y antes del balotaje, suscribieron los cinco partidos políticos que conforman la coalición de gobierno representados por quienes fueron sus candidatos a la Presidencia de la República: Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Edgardo Novick.
En ese compromiso se resumen las grandes líneas estratégicas acordadas entre estas colectividades, muchas de las cuales se vieron plasmadas en la Ley de Urgente Consideración (LUC), recientemente refrendada por la ciudadanía en un acto eleccionario en el que se la puso a consideración.
Uno de los capítulos de aquel Compromiso por el País, de hecho el último de ellos, lleva por título “Medio ambiente y bienestar animal” era el que hablaba de la creación del Ministerio de Ambiente, que se creó y al frente del cual asumió el dirigente del Partido Colorado Adrián Peña.
El compromiso al respecto expresa que “Cuidar la casa común es un deber hacia nosotros mismos y hacia las generaciones futuras. Es también un problema urgente, porque en estos años hemos sufrido procesos de deterioro ambiental a los que no se ha respondido con suficiente eficacia. Por eso apuntamos a una política ambiental que sea pilar del desarrollo productivo y turístico al tiempo que asegura la protección de nuestros recursos naturales”.
La primera de las medidas que propone a continuación es la creación de la nueva cartera y la forma en la que se haría, aprovechando la estructura de la vieja Dirección Nacional de Medio Ambiente, dando lugar a una reorganización que “asegurará un funcionamiento más ordenado y profesional, y fortalecerá las tareas de rectoría, regulación y habilitación, que pasarán a ser ejercidas con independencia funcional y autonomía técnica”.
El documento también adelantaba el compromiso de “incrementar la participación ciudadana en temas ambientales, dando especial protagonismo a las comunidades locales. Implementar políticas públicas participativas en temas ambientales”. Del mismo modo se plasmaba la inquietud por reformular el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, “fortaleciendo las medidas de fiscalización y construyendo puentes con actividades como el ecoturismo. Velar por la conservación de especies de nuestra fauna autóctona”.
También se plantea en ese texto fundacional de la actual coalición la vocación por “crear un Programa Nacional de Bienestar Animal en Sistemas Productivos, un Programa Nacional de Control de Poblaciones (caninos y felinos), un Sistema Nacional de Ecoparques y Reservas Animales, y un Sistema Nacional de Salud para animales de compañía”. Agregaba también el compromiso de “fortalecer la educación ambiental en todos los ámbitos y niveles de enseñanza. En particular, desarrollar programas de educación no formal, en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida y dirigido a personas de cualquier edad y en diversos ámbitos de la vida social, procurando un cambio de actitud de los ciudadanos en su relación con el ambiente”.
Hay otros compromisos en el capítulo, pero a los mencionados son a los que contradice la reciente modificación en la normativa referente a la caza, dispuesta por el decreto 138/022, firmada por el presidente de la República Luis Lacalle Pou y sus ministros de Ganadería, de Ambiente y de Turismo.
Consta en la fundamentación de este decreto que la caza deportiva se relacionan más con los beneficios para la actividad turística, destacando características como lo regulada que se encuentra y lo importante que es como fuente de recursos para el país. El ministerio de Ambiente no hizo uso en esta ocasión de sus potestades ni de su independencia funcional ni autonomía técnica, y acompañó los cambios.
Este decreto también se contradice con la vocación de fortalecer “las medidas de fiscalización”, dado que de hecho hay una flexibilización en los requisitos para la expedición de los permisos de caza, dejando de ser exigida al momento de su obtención la presentación de la autorización del propietario del predio donde se va a cazar, así como la documentación de las armas a emplear. Ni se diga que es todo lo opuesto a construir puentes “con actividades como el ecoturismo” y “velar por la conservación de especies de nuestra fauna autóctona”.
Tampoco se puede discutir que lo aprobado en este decreto se da de bruces frente a cualquier expresión relacionada con el bienestar animal, o por lo menos de algunos animales, que pasarán a poder ser perseguidos las 24 horas.
Pero la mayor contradicción en la que se incurre es con el pretendido fortalecimiento “de la educación ambiental en todos los ámbitos y niveles de enseñanza”, cuando a un kilómetro de las escuelas rurales a partir de este decreto se podrán escuchar disparos de armas de fuego y ver el movimiento de las caravanas de cazadores exhibiendo sus presas muertas y sus maltrechos perros. Y no se ve que todo esto colabore a la comprometida intención de procurar “un cambio de actitud de los ciudadanos en su relación con el ambiente”.
Hay razones para defender la caza de especies exóticas, las han esgrimido largamente en estos días quienes son cultores de esta actividad. Puede que en cierta medida les asista razón, pero es que la caza no está, ni estaba prohibida en el Uruguay, lo que se decidió fue facilitar las condiciones para realizarla y promoverla abiertamente como una actividad turística. La contradicción radica en el mensaje que se da al fomentar estas prácticas que son un borrón a todo lo que se acordó y firmó antes de solicitar el apoyo ciudadano a un proyecto político.
Como dijo alguna vez el señor presidente de la República, siendo entonces oposición, será nomás que hay que ponerle signos de interrogación al “Uruguay Natural”.