Un Solo Uruguay analiza conformar un partido político; en desacuerdo con proyecto de reforma jubilatoria del gobierno
Ayer sesionó la Mesa Nacional del movimiento Un Solo Uruguay (USU), en la que representantes de los 19 departamentos se dieron cita para conversar y desarrollar los lineamientos del movimiento.
Según expresó USU en un comunicado, los principales temas expuestos fueron la actividad desarrollada en el Banco de Previsión Social (BPS) y la oposición al lineamiento de las licencias sindicales aprobadas por el directorio, bajo la única negativa del representante por los empresarios, José Pereyra, que también forma parte del movimiento. Además, USU definió no dar apoyo a la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno, debido a que “no aborda las principales temáticas de fondo que necesita el país, perdiendo una oportunidad única de modificar las jubilaciones más sumergidas, privilegiando una vez más a los beneficiarios históricos, los cuales no se tocan porque llevaría a una compleja discusión nacional”, afirmaron.
El dirigente Julián Cabrera dijo a Telemundo que la posibilidad de convertirse en un partido político todavía está sobre la mesa porque la clase política “los está empujando” a ello. “Desgraciadamente vamos camino a eso, nos están empujando. Lo vamos estirando porque ninguno quiere hacerlo”, afirmó Cabrera.
A mediados de junio, Cabrera dijo a Telemundo que “los más, entre comillas, figurines de Un Solo Uruguay” no querían “saber nada con política”. Esa situación –explicó Cabrera–, sigue igual, pero la realidad los está “empujando” a cambiar el rumbo de su movimiento.
“Todos creemos en el republicanismo. Creemos en un sistema democrático y tal vez tengamos que entrar porque no somos escuchados. La clase política nos escucha, pero llega hasta ahí, después nadie va a dejar de tratar de buscar el ‘acomodadito’ para el amigo del sector, su ventajita. En este país debe haber más de 50.000 personas que cobran un sueldo por no hacer nada. Hay muchos políticos, muchos cargos políticos de confianza, y así funciona el Estado, con una clase ociosa asalariada. Y también está la sindical: el presidente de un partido político hace 20 años que no va a trabajar y cobra un sueldo que se lo pagamos todos. Es un país que no está muy bueno así”, afirmó Cabrera.
Por otra parte, consultado sobre los temas centrales del encuentro, Cabrera explicó que “o somos muy poco creativos o el país ha cambiado muy poco en los temas importantes. Sigue siendo todo el tema costo país. Un Estado gordo, pesado, ineficiente y una clase política que parece no animarse a hacer cambios en su fundamento y funcionamiento”.
En ese sentido, Cabrera afirmó que la clase política no los escucha con intenciones de actuar y que, además, los temas políticos se centran en cuestiones que, para ellos, no son prioritarias. “Buscamos cómo lograr hacer carne en el gobierno y en la oposición para que se den un mínimo más de seriedad. Hace dos semanas que estamos con las ollas populares y con Astesiano, cuando tenemos un país con índice alto de desocupación, de vulnerabilidad alimentaria, donde en el Interior tenemos cada día menos productores rurales, donde tenemos el 50% de la tierra extranjerizada y concentrada. Nos parece que lo que hay es una gran falta de seriedad de los políticos, de encarar los temas con una mirada de gobernantes y no haciendo calentamiento para las próximas elecciones”, afirmó Cabrera.
“Se habló de que se iba a achicar el costo del Estado y en plena pandemia se hizo una oficina de género en cada uno de los ministerios. No es que estemos ninguneando el tema género, pero fue un dislate en los momentos económicos que se vivían. Y la propuesta que viene desde la oposición es endeudamiento, y es una desfachatez. Porque hay plata tirada por parte del Estado”, agregó Cabrera.
En tanto, consultado sobre su vínculo con el actual gobierno, Cabrera dijo que no existe tal cosa. “No hemos sido tratados ni bien ni mal, porque no hemos sido tratados. No nos deben nada, pero creemos que nos habíamos ganado un lugar de respeto por la seriedad con lo que hemos hecho nuestros planteos. No somos peligro para nadie, no despertamos el interés de ser atendidos”, concluyó.
OPERACIONES DE CADERA CUESTAN U$S 20 MILLONES
(TELEMUNDO)
Uruguay gasta unos U$S 20 millones anuales en operaciones por fractura de cadera, según una estimación de especialistas de la Facultad de Medicina. La actividad física y el diagnóstico temprano de la osteoporosis, son las principales herramientas para prevenir esa patología.
En Uruguay no hay estudios de prevalencia, pero en el mundo se advierte sobre un incremento dramático de fracturas de cadera y podría triplicarse en los próximos 30 años. Un estudio de Clínica de Traumatología y Ortopedia de la Facultad de Medicina estimó los costos frente a patología que aumenta con la edad y que afecta más a las mujeres por la incidencia de la osteoporosis.
“En cada fractura de cadera, sin considerar las complicaciones, se gastan unos U$S 4.500 por cada paciente. Por los números que se estima en Uruguay, se gastarían unos U$S 20 millones solamente por esa patología”, afirmó el traumatólogo Martín Sosa a Telemundo. La falta de información no permite diseñar una estrategia. Por eso, los especialistas han pedido al Ministerio de Salud Pública la creación de un registro nacional.
EXTENDERÁN CLASES EN LICEOS OCUPADOS
(SUBRAYADO)
El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, adelantó que se evalúa extender las clases en los liceos que fueron ocupados recientemente por estudiantes o docentes. Silva indicó que se analizará cómo se desarrollan las actividades en las próximas semanas. “Nos queda finalizar octubre y todo noviembre, pero lo hemos hablado con Secundaria”, anticipó.
Sostuvo que los centros que han tenido ocupaciones de estudiantes y docentes, mayormente fueron liceos de Bachillerato de Montevideo. “De 307 liceos, tuvimos situaciones de esa naturaleza (ocupaciones) en 10 u 11”, acotó. “En esos 10 u 11 de Montevideo, vamos a estudiar cuál es la situación. Seguramente vamos a alargar las clases”, adelantó. Al ser consultado por cuánto tiempo se prolongarán los cursos, afirmó que serán “algunas semanas más, por lo menos” a partir de la fecha de finalización inicial, prevista para el 2 de diciembre.
Atendiendo un histórico reclamo de los vecinos, la Intendencia instaló radares con cámaras de fotomulta para controlar la velocidad en ruta 3. La iniciativa es compartible, por cuanto el tránsito no suele respetar los límites de velocidad en algunos lugares densamente poblados de zonas rurales, como es el caso de Constancia, a 16 kilómetros al norte de Paysandú por ruta 3. Pero en este caso en particular se da la contradicción de que el cartel que marca el inicio del tramo frente al poblado, de gran tamaño y con el nombre “Constancia”, establece claramente que la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora, mientras que unos metros más adelante hay otro cartel mucho más pequeño que reduce el límite a 50 kilómetros por hora. Por otra parte, 50 kilómetros por hora en una ruta nacional no parece una velocidad razonable, cuando en cualquier avenida de la ciudad con mucho mayor densidad de tránsito y de peatones está permitido circular a 60 o hasta 75 kilómetros por hora, incluso en proximidad de escuelas –caso de avenida República Argentina y Enrique Chaplin; o avenida Soriano y Varela, donde hay un centro educativo a 100 metros–. Pero mucho más grave aún es lo que ocurre en ruta 3 unos kilómetros al sur de las termas de Guaviyú, donde no hay centro poblado alguno pero se limitó la velocidad a 45 kilómetros por hora porque allí hay una escuela. En casos así lo que corresponde es establecer los controles pertinentes exclusivamente en horario de entrada y salida de los estudiantes, por lo que un radar de fotomulta permanente no es una solución adecuada. Con todo esto no es de extrañar que el 85% de las multas aplicadas por los radares –por valor equivalente a más de 1.800.000 dólares en un mes– correspondan a infracciones de velocidad en la ruta, para beneficio de la Intendencia Departamental así como de la empresa que provee de los equipos, que cobra un porcentaje de las multas.
