El cierre del año 2022 se manifestó con datos favorables –hay que tomarlos igualmente dentro de un contexto complejo– en lo que refiere a la recuperación del salario real en nuestro país, si tenemos en cuenta que la diferencia entre inflación e incremento de salarios en diciembre ha sido favorable a este último en un punto.
Y decíamos contexto, porque venimos de dos años de sucesivas caídas del salario real, en consonancia con los impactos que han significado a nivel global la pandemia de la COVID-19 y luego la invasión rusa a Ucrania con la consecuente inflación mundial –que hizo que luego de décadas llegara a los dos dígitos en Estados Unidos y países europeos–; en tanto este 2023 ha comenzado con una pandemia atenuada significativamente, sobre todo en cuanto a repercusión sobre la actividad en general, y la guerra en el Este de Europa se ha más o menos estancado por ahora, pero no así sus consecuencias.
Sobre esta problemática, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se refirió en este miércoles vía tuit a la inflación con la que Uruguay cerró el año, que fue de 8,29% en diciembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), fuera del rango meta que tiene el Poder Ejecutivo.
El secretario de Estado destacó este dato y lo comparó con el Índice Medio de Salarios, que quedó en 9,6%, por lo que en el período el poder adquisitivo del salario promedio del país “aumentó más de un punto. Cumplimos con el compromiso de comenzar la recuperación en el 2022. Y así seguirá recuperándose en 2023, como comprometimos”, afirmó el jerarca.
Lo que es cierto, con la salvedad de que si bien se trata indiscutiblemente de un dato estadístico, procedente de un instituto que no ha sido cuestionado en cuanto a su veracidad y rigurosidad técnica en ningún período de gobierno, siempre hay valores que hay que tomar en cuenta en un contexto que trasciende el promedio, habida cuenta de su mayor repercusión en el común de la población de ingresos fijos.
Es decir, cuando surge de los datos que el salario real ha bajado, como ocurriera en estos dos últimos años –luego de un estancamiento en 2019, poco antes de que empezara la pandemia– hay que reconocer que ello responde a un sistema y protocolos de medición que a su vez han dado subas anteriormente, y por ende es tan valedera una medición como la otra, porque refiere a períodos en lo que se han valorado igualmente los mismos parámetros.
Señala el INE que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre registró una variación mensual de -0,26%, es decir que tuvimos una caída de la inflación, indicativo de que los precios al consumo presentaron una baja en el último mes del año, explicada principalmente por la bonificación en la tarifa por el plan UTE Premia. El economista Aldo Lema destacó en su cuenta de Twitter que, en “un año de aceleración mundial de la inflación, el registro de Uruguay fue parecido al de 2021”, cuando cerró en 7,96%.
En diciembre, los rubros con mayor incidencia en el IPC fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,18%), vivienda (-0,47%) y transporte (-0,12%), y ello se da en el contexto de una inflación anual del 8,29% que si bien ha estado fuera del rango meta establecido por el Banco Central –en realidad no ha estado dentro del rengo meta desde hace muchos años, porque siempre ha estado bastante por encima– significa un alivio teniendo en cuenta la presión inflacionaria mundial y nuestro perfil de país netamente vulnerable a los avatares externos.
Pero el punto es que hay sectores que tienen más inflación y otros menos en los hechos, porque los grupos de menores ingresos son muy afectados cuando el rubro que más aumenta es el de los alimentos y otros que incluyen la satisfacción de necesidades básicas. Tenemos que por ejemplo, que si bien la inflación fue menor al reajuste salarial del año, en el caso de los alimentos los incrementos han estado por encima de los incrementos salariales, lo que implica que igualmente hay determinada pérdida de poder adquisitivo en el caso de los salarios más deprimidos, por cuanto la mayor afectación siempre se da por el lado de la alimentación, además de la vivienda y tarifas de servicios, incluyendo la energía.
Quiere decir que este buen principio de 2023 en cuanto al arrastre proveniente del 2022 es promisorio porque es indicativo de una tendencia, aunque está lejos de ser definitiva, más allá del hecho de que el gobierno vio trastrocados sus programas de la plataforma electoral por los impactos imprevistos de la pandemia y la inflación mundial por la guerra en Ucrania. El país además ya venía de un 2019 con tendencia negativa en salarios, inflación, actividad económica, déficit fiscal y fuerte endeudamiento, porque el Uruguay no nació en 2020.
La posibilidad de que siga creciendo el salario real depende de una serie de factores, y muchos de ellos ni siquiera son de resorte de quien está a cargo del Poder Ejecutivo, porque responde a factores externos en gran medida y los correctivos desde adentro, ante nuestras falencias estructurales –como un gasto público desmedido que debe ser sostenido por la actividad privada– son muy limitadas, porque las más de las veces implican desvestir un salto para vestir a otro.
Además, es notorio que las mejoras salariales corren a cargo de las empresas, y éstas, salvo algunas excepciones, no gozan de buena salud, por la coyuntura pero también ante un país históricamente caro en dólares –incluso en la comparativa internacional de salarios–, y recientes encuestas indican que las que se han podido más o menos recomponer y piensan invertir, son reacias a la toma de nuevo personal y más bien orientarían sus inversiones a la tecnología y búsqueda de la eficiencia para reducir costos.
Con este panorama, puede decirse que en el mejor de los casos, estaríamos ingresando en una etapa bisagra para consolidar la incipiente recuperación tras los azotes mundiales de la pandemia y la guerra, y que hay parámetros que se contraponen, porque el leve incremento del salario real se da en un contexto de importante nivel de desempleo, y es muy difícil hacer crecer el primero sin a la vez también afectar el segundo, salvo que de impactos negativos pasemos a grandes impactos positivos en materia de inversión con creación de fuentes de empleo, lo que no aparece como muy probable por ahora.
Estas reflexiones indican que hay que seguir andando despacito por las piedras, porque como suele ocurrir, apurar el paso a través de medidas que pretendan favorecer rápidamente a los más urgidos, más allá de la intención, al final se termina perjudicando a los mismos que se pretende favorecer, por la falta de sustentabilidad de lo que se hace.
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Dando respuesta a una moción presentada por la edila del Frente Amplio, Adela Listur, referente a “Limpieza urgente de la banquina en camino Guichón – Piñera”, la cual fue recibida por la Comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo de la Junta Departamental de Paysandú, el alcalde de Guichón, Martín Álvarez, dijo a EL TELEGRAFO que “sobre la moción de la edila inmediatamente me llega el oficio de la Junta Departamental, la llamo para ponerme a la orden y para contarle a la edil que ya habíamos y estábamos limpiando parte de la faja del camino entre Guichón y Piñera, con motoniveladora y con rotativa con tractor, porque entendíamos que estaba bastante peligroso; se lo comuniqué enseguida a la edil y me puse a la orden porque este tipo de mociones sobre nuestra jurisdicción las recibimos con muy buena receptividad porque son mociones que suman”.
Dirigentes de la Federación del Programa de Vivienda Sindical (PVS) destacaron que terminó 2022 con la entrega de más de 2.300 viviendas correspondientes a este plan, cifra considerada altamente significativa por Eduardo Tropiano, presidente de la citada federación, quien a su vez destacó, entre los mayores logros alcanzados a fines del el año pasado, la rebaja de la tasa de interés que pagan las cooperativas, que pasará de 5% a 2% y que beneficiará a más de 90% de las cooperativas del PVS.
El Área Protegida Montes del Queguay cuenta con un Plan de Manejo aprobado por el Ministerio de Ambiente desde el 30 de diciembre de 2022, cuando el ministro Adrián Peña firmó la Resolución 1225/2022. El documento establece las condiciones de uso y las acciones que se permiten y se restringen en el área, que forma parte del SNAP desde el 25 de noviembre de 2014 como Área Protegida con recursos manejados.
