Una instancia de enorme trascendencia se juega hoy en lo que refiere al futuro de Paysandú y sobre todo al desarrollo de la educación universitaria del Interior, por cuanto en la Junta Departamental de Paysandú se pondrán a consideración de los ediles los pedidos de anuencias compra y cesión de bienes inmuebles, y de cuya votación afirmativa va a depender que tengamos o no un campus universitario en Paysandú.
Es decir que los integrantes del legislativo departamental –ámbito donde se necesita una mayoría especial de 21 votos, porque no alcanza solo con los del oficialismo– tienen ante sí el gran desafío de responder con altura de miras y sin cortapisas, sin caer en intereses político-partidarios, a las responsabilidades que tienen ante la ciudadanía de Paysandú.
Como diéramos cuenta, la semana anterior la Intendencia Departamental de Paysandú pidió anuencia a la Junta Departamental para la donación y posesión del inmueble padrón 1.357, donde se encuentra el Corralón y el Departamento General de Servicios, a la Universidad de la República para que proceda a construir allí su campus universitario. También pidió anuencia para la compra del padrón 4.734, frente al Palacio Municipal, donde estuvo Casa Ghelfa y la expropiación o compra del padrón 6.806, paychacras, ocupado por la empresa Lafemir, cuyo remate judicial está previsto para el 19 de abril.
En esa oportunidad el intendente Nicolás Olivera, fue recibido en la Junta Departamental, en sesión especial, para plantear esas solicitudes –que pasaron a estudio de dos comisiones, las que envían hoy sus informes al plenario– y anunciar obras en el estadio abierto para ubicar algunas de las dependencias actualmente alojadas en el Corralón, y de la residencia estudiantil universitaria en el edificio donde estuvo la Dirección de Vialidad.
“Al donar la propiedad del padrón 1.357, donde funcionan dependencias municipales, no deja otro camino que irnos. La pregunta es a dónde nos vamos”, dijo el intendente Olivera en esa instancia. Agregó que se consideraron varias opciones hasta que finalmente, atendiendo la urgencia tanto de la entrega del padrón a la Universidad para que inicie el proceso licitatorio de obras, como reinstalar las dependencias del Corralón, varias de ellas con atención al público, se decidió por inmuebles con importante construcción, de modo que permita el traslado inmediato, con pocas obras de acondicionamiento.
El padrón 1.357 tiene una superficie de 14.198 metros cuadrados, de los cuales 7.800 metros cuadrados están edificados y el patio tiene 6.300 metros cuadrados. Se solicita que la Junta –en votación con mayoría especial– de la anuencia para la donación de la propiedad y posesión del inmueble porque al hacer el estudio de títulos, los escribanos de la Intendencia detectaron que hay una pequeña parte que no fue incluida en la cesión de propiedad a la Intendencia. De todas maneras, el proceso treintenario asegura esa propiedad y se iniciaron los procesos prescriptivos.
Para ubicar las dependencias y servicios que hoy están en esa manzana, se pide a la Junta Departamental la anuencia para la compra del padrón 4.734, donde estuvo la tradicional Casa Ghelfa, cuyo propietario pide 606.000 dólares, pagaderos en tres cuotas iguales de 202.000 dólares. Se planea ubicar allí Promoción Social, Administración de Servicios, Inspectoría, Higiene y Descentralización.
Y aquí es donde debe tenerse presente el hecho de que en una de las administraciones del Frente Amplio se pidió la anuencia a la Junta para la compra de este inmueble, para lo que también se necesitaba mayoría especial, pero la iniciativa no fue votada por los ediles del actual oficialismo.
En esa instancia, teniendo en cuenta el interés general que fue soslayado por mezquindades políticas, EL TELEGRAFO fustigó duramente desde esta misma página editorial la actitud de los entonces ediles del Partido Nacional por el voto negativo a la anuencia.
Hoy el ejecutivo departamental pide además a los ediles que se autorice la expropiación del padrón 6.806 de paychacras, hoy ocupado por Lafemir S.A., que está en concurso judicial y cuyo síndico es la Liga de Defensa Comercial (Lideco). Actualmente el principal acreedor es el BROU y se ha convocado a un remate judicial para el 19 de abril. La inversión necesaria es de entre un millón cien mil y un millón quinientos mil dólares.
Tiene una superficie de 4.880 metros cuadrados, con un galpón de isopanel de 3.000 metros cuadrados y otro galpón de 1.200 metros cuadrados. Aquí también Olivera destacó la posibilidad de la inmediata ocupación. En ese predio se ubicarían el Departamento General de Servicios, Alumbrado Público y Sisconve, teniendo en cuenta los amplios galpones y otras dependencias adecuadas que han quedado en el lugar, los que incluso pueden ser destinados a posibles destinos de emprendimientos en diversidad de áreas.
El intendente también reafirmó lo ya anunciado en el sentido que la Intendencia construirá una residencia estudiantil universitaria en el predio antes ocupado por la Dirección de Vialidad, en la zona de playa Park.
La significación de las anuencias mencionadas es de una magnitud suprema, incluso mucho más que la inversión de unos ocho millones de dólares que se necesita volcar para hacerlo realidad, por cuanto se trata de una oportunidad única de cumplir con las responsabilidades de los gobernantes de actuar con sentido de estadistas, por así decirlo, con la mirada puesta en el futuro de miles y miles de estudiantes de una amplia región, y de generar una infraestructura universitaria por la que tanto hemos luchado los sanduceros y las propias autoridades universitarias.
En momentos en que la otrora pujante industria sanducera languidece, Paysandú debe jugarse por el todo a desarrollar la universidad local para que las futuras generaciones encuentren en su terruño el lugar para desarrollarse y echar raíces, en lugar de emigrar como ha ocurrido en las últimas décadas. Y también para impulsar el desarrollo, porque eso es lo que hacen las universidades en las ciudades donde se encuentran localizadas. No hacerlo sería condenar a nuestra ciudad y nuestro departamento a continuar en este derrotero interminable de incertidumbre en que nos encontramos desde que las grandes fábricas dejaron de ser viables.
El momento es ahora o nunca, es tiempo intransferible de hacer lo que se tiene que hacer, de sumar voluntades todos los sanduceros –en este caso los ediles que nos representan– para avanzar en la única dirección que nos desbrozará el camino de muchas dificultades que nos condicionan desde hace muchos años.
En suma, de unirnos en una causa común por el bien de todos, porque ya vendrán los tiempos de marcar las diferencias, que no son estos, precisamente.
