Ante la Asamblea General Legislativa en su discurso anual, el presidente Luis Lacalle Pou despejó las expectativas –y los buenos o malos augurios tanto desde el punto de vista técnico como político– que los anuncios formulados oportunamente sobre la rebaja de impuestos habían despertado, y en gran medida dio sentido relativo a muchas críticas previas tanto a favor como en contra, cuando no se sabía la magnitud que tendría el alivio tributario.
En suma, desde cualquier punto de vista, debe señalarse que la magnitud de la “renuncia” fiscal fue muy modesta, de unos 150 millones de dólares, lo que equivale a solo el 0,2 por ciento del Producto Bruto Interno del país, y notoriamente, no afecta para nada las cuentas fiscales en lo global, habida cuenta incluso que el déficit fiscal del 2,4 por ciento del último año es menor al 2,6 que se había previsto por el gobierno, por lo que no puede señalarse con ningún fundamento valedero que se comprometa la situación fiscal ni mucho menos.
Otro aspecto positivo, dejando de lado el aspecto técnico, es el relacionado con el político, por cuanto lo que hizo el mandatario al fin de cuentas fue cumplir con una promesa electoral, formulada en su momento cuando se daba un contexto distinto desde el punto de vista mundial, porque ni bien inició su mandato toda la estructura socioeconómica del país se vio afectada por la pandemia y posteriormente por la invasión rusa a Ucrania, por lo que se esperó tres años para anunciar medidas que iban en esta dirección, sin afectar la situación de las finanzas públicas.
Lacalle evaluó en su discurso que la situación actual de las finanzas del Estado permiten avanzar en rebajas de impuestos, concentrándose en dos aspectos: aumento del ingreso disponible de las personas y la profundización del apoyo a las micro y pequeñas empresas.
Subrayó que las cosas no suceden porque sí, y que si hoy es posible “aflojar la cincha” de los contribuyentes en forma considerable es porque hubo en estos tres años de gobierno una responsabilidad fiscal incuestionable, y que la rebaja impositiva repercute directamente en el bolsillo de los uruguayos.
La rebaja impositiva anunciada por cierto es focalizada, y sin dudas, en una forma muy modesta quita presión tributaria a un reducido sector de los trabajadores, a través de una resignación fiscal, que a juicio del mandatario no sería posible si no tiene el respaldo económico que solo puede obtenerse de buenas prácticas administrativas y financieras durante la gestión, con una concepción filosófica sobre la renta del trabajo, que no puede ni debe ser un impuesto a los salarios sino a la renta. Las medidas implican además aumentar las deducciones, especialmente a los trabajadores contribuyentes de IRPF de menores ingresos y con hijos a cargo. Estos cambios repercutirán en el 75% de estos contribuyentes e implica la resignación de 80 millones de dólares anuales, según se evalúa desde el gobierno.
Entre los anuncios figura el de aumentar la pasividad mínima a partir de la cual se paga el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), pasando el mínimo no imponible de 8 BPC ($45.280) a 9 BPC ($50.940). Significa que un 11% de los pasivos deje de pagar el IASS, lo que equivale un alivio para unas 20.000 personas, en una resignación de 30 millones de dólares.
Otro anuncio incluyó la profundización del apoyo a las micro y medianas empresas. La modificación del régimen de IRAE ficto beneficiará al 37% de los contribuyentes de ese impuesto, alcanzando a unas 26.600 empresas. También acciones para pequeñas empresas respecto al IRAE y el IVA que impactarán en 2.700 empresas, el aumento del tope de ingresos para ser contribuyentes de Imeba y la condonación de deudas a monotributistas Mides, figuran entre las medidas dirigidas al sector, que según la argumentación oficial son todas acciones que apuntan al trabajo y al desarrollo, con una implicancia de otros 40 millones de dólares, que van al que trabaja todos los días y se esfuerza por salir adelante, generando empleo genuino y crecimiento para el país.
Respecto a la rebaja del IRAE, el principal cambio que habrá en el impuesto, en caso de obtener la aprobación en ambas cámaras, es que dejará de ser un gravamen fijo y pasará a contar con franjas, como en el IRPF.
Hasta hoy, aquellas compañías que tenían ingresos de hasta 2 millones de Unidades Indexadas (UI) –285.000 dólares al valor de hoy– pagan un 12%; entre 2 y 3 millones de UI, un 15%; entre 3 y 4 millones de UI, un 18%; y de ahí en más, un 25%.
“Nos parece injusto porque es un aliento a no crecer, porque hay que facturar en determinado monto para evitar una tasa mayor”, indicó Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, en una rueda de prensa este viernes.
Si se aprueba el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, las tasas pasarán a ser progresivas. “La empresa pagará la diferencia de la tasa calculada por el porcentaje de facturación que superó el tope”, explicó Mieres,
Por último, el proyecto contempla una condonación de deudas para más de 11.000 empresas monotributistas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “Abarca gente que la pasó muy complicada durante la pandemia y en algunos casos quedó endeudada”, indicó Mieres.
Pero sin dudas, el grueso de los anuncios y las expectativas estuvo centrado en el IRPF, con el foco en los contribuyentes de menores ingresos y con hijos a cargo, al aumentarse las deducciones, a lo que se agrega el aumento del tope del costo de la vivienda a adquirir para poder acceder a la deducción del Banco Hipotecario y aumento del crédito por el arrendamiento de inmuebles de 6 a 8 por ciento.
En suma, ni tanto ni tan poco. Para los directos beneficiarios, habrá un alivio muy relativo, pero alivio al fin, lo que siempre es positivo, aunque también es cierto que buena parte de la población no es beneficiaria directa. También debe tenerse presente que habrá algo más de dinero en los bolsillos de muchas familias, que impactará –muy modestamente– en el contexto general de la economía, lo que asimismo incluye a las PYME.
Tampoco habrá impacto negativo desde el puto de vista fiscal, porque como señalamos, 150 millones de dólares son apenas una parte menor de la cáscara del PBI.
Lo que indica que teniendo en cuenta el contexto, sobre todo los antecedentes de la afectación sufrida por el país debido al entorno global, estamos ante una señal alentadora, aunque en los hechos el impacto en los bolsillos de la gente apenas se sentirá.