Cuando se están manifestando los primeros indicios firmes de reversión del déficit hídrico que ha azotado al Uruguay y a la región principalmente en este verano recientemente finalizado, y que se arrastra desde hace ya unos tres años como consecuencia del fenómeno La Niña en el subcontinente, el desafío que afronta el país y naturalmente toda la región es tratar de paliar los graves efectos de la sequía en las respectivas economías, pero más allá de la pérdida de recursos la inquietud mayor refiere a como recomponer el sistema productivo para sostenerlo y revitalizarlo de cara al futuro.
Ello es particularmente importante –más bien vital– en un país como Uruguay, de economía esencialmente agropecuaria, donde a las pérdidas derivadas de la sequía en lo que va del período, se agregarán las correspondientes a la merma en las cosechas de verano –la de soja se estima que llegará apenas a poco más de un 30 por ciento de lo previsto– a lo que se agregan la producción ganadera, otros cultivos de estación, la apicultura y otras producciones, además de la infraestructura de apoyo que gira en torno a estos emprendimientos.
Si bien es muy complejo formular evaluaciones sobre elementos muy difíciles de cuantificar a priori e incluso hasta identificar con precisión, se estima que dejarán de circular en nuestro país como consecuencia de la sequía entre mil ochocientos y dos mil millones de dólares, con los productores como los principales afectados, pero con toda la infraestructura de apoyo también perjudicada, y este escenario no nos va a resultar gratis ni mucho menos, justo cuando se ha salido con serias dificultades de las consecuencias de la pandemia y todavía la inflación mundial nos golpea duramente, sobre todo en los productos de primera necesidad.
Es impensable que se pueda dejar a su suerte al motor del país, a miles y miles de familias que directa o indirectamente se sostienen en el agro en base a esta producción, y por lo tanto cada peso que se invierta, cada medida que se dirija a paliar la situación y sobre todo a fortalecer los sectores más perjudicados para que sigan reinvirtiendo y prepararse para los próximos años, son recursos y esfuerzos bien aprovechados, que darán sus frutos, aunque no sea en lo inmediato.
Lo principal es que las lluvias han llegado y que renace la esperanza para cientos y cientos de productores, muchos de ellos embarcados en emprendimientos familiares, y que alzan los brazos al cielo en agradecimiento pero sobre todo con esperanza, aunque saben que los desafíos son múltiples, porque no solo ha mermado la producción, sino que lo que han podido salvar ha sido a un muy alto precio. Y como no hay almuerzos gratis, la ayuda que están recibiendo ahora para sostenerse y mantenerse a flote deberá devolverse a su tiempo, por lo que se están salvando prendas del apero a cuenta de compromisos de repago que deberán afrontarse con los ingresos de producciones futuras, una vez las cosas se normalicen.
Dentro de un mar de situaciones, tenemos por un lado que los productores que tenían aseguradas sus cosechas esperan una rápida respuesta del Banco de Seguros del Estado (BSE) y otras empresas aseguradoras, y señalan que necesitan estos fondos para la siembra de invierno. Pero este trámite se está enlenteciendo porque la aseguradora estatal debe cumplir con las inspecciones y verificación de situaciones de los afectados reclamantes, además de efectuarse los estudios correspondientes.
Se estima en este contexto que en Uruguay hay 300.000 hectáreas aseguradas y 700.000 sin seguro, en tanto hay diferentes modalidades de seguros, una de las cuales es el Seguro de Rendimiento para el sector agrícola, en el que se aseguran los kilos por hectárea y lo que paga el banco es la diferencia entre lo proyectado y el rendimiento por efectos de factores climáticos adversos.
Precisamente la magnitud del dinero en juego ha hecho que jerarquías del BSE hayan señalado que para el banco “es el siniestro más grande de la historia” y se calcula que solo esta institución pagará entre 70 y 90 millones de dólares a los productores, y entre todas las aseguradoras unos 150 millones, con seguros que cubren solo el 25 por ciento del total de las cosechas.
Alejandro Lafluf, vicepresidente del Banco la República, dijo al semanario La Mañana que el banco estatal tiene el desafío de acompañar tanto a los sectores agropecuarios como a las empresas de los demás rubros, con énfasis en las PYME, a la vez de señalar que no se trata solo del campo, sino que la sequía ya ha impactado en otros sectores, como el transporte y el comercio, por una menor demanda en servicios y consumo.
Al respecto expuso que “el Directorio y los altos servicios del BROU están recorriendo el Interior, tratando de estar cerca, de acompañar, de escuchar a los productores. Nosotros nos reunimos personalmente en la Expoactiva con las Cooperativas Agrarias Federadas, porque ellos están preocupados porque esta situación tan delicada de emergencia que estamos viviendo puede generar desfasajes respecto al endeudamiento, y les expresamos nuestra disposición a colaborar y encontrar herramientas. Seguramente se va a diseñar un paquete de medidas para apoyar a los productores a través de las cooperativas”.
La idea central en este momento es “ganarle a la primera helada”, tras las lluvias, como se dice en el campo, pero como bien señala Lafluf, “esto también empezó a impactar en otros sectores, porque hay complicaciones en el transporte, en el comercio y estamos muy atentos a eso”.
Precisamente, el déficit que implica la sequía en el ámbito de la economía es una cadena con factor multiplicador. Evidentemente ello resentirá la economía este año, y respecto a los daños generados ya no hay marcha atrás.
Lo que corresponde, y lo que se debe hacer, es limitarlos al máximo posible, y para ello es preciso apostar a que el tejido productivo, caso de las familias de pequeños productores, sobre todo, permanezca vivo, con plena capacidad de trabajo en los emprendimientos para superar el trance lo antes posible, acompañarlos en forma ágil en las respuestas y no someterlos a la omnipresente burocracia estatal, por lo que desde estos organismos se debería afectar más recursos humanos, disponibilidad de personal y disposición para atender a los afectados en tiempo y forma, porque en ello va gran parte de la suerte del país.
