(EFE)
Uruguay y Argentina acordaron este viernes una cumbre presidencial entre los mandatarios Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández, que se desarrollará en abril en el marco del 50º aniversario del Tratado del Río de La Plata y su frente Marítimo.
El encuentro se concretó luego de una reunión entre los cancilleres de Uruguay, Francisco Bustillo, y Argentina, Santiago Cafiero, en Montevideo, en la que ambos ministros también propusieron revisar la agenda económica y comercial bilateral e impulsar acciones que favorezcan el comercio y las inversiones entre ambos países.
“Ambos países acordaron convocar la próxima semana a una reunión de los Bancos Centrales de cada país, con el fin de estudiar la viabilidad de implementar un sistema que agilice el comercio entre las partes, utilizando la moneda local”, señala un comunicado de la Cancillería. Además, los ministros acordaron “continuar estrechando” los lazos de cooperación en defensa en materia de producción y mantenimiento de equipamiento, tales como aviones y radares, favoreciendo la transferencia tecnológica y el desarrollo conjunto.
En tanto, resaltaron la importancia de “potenciar el comercio” regional y extrarregional, fortaleciendo los canales de integración para “seguir construyendo una agenda positiva” de cooperación y diálogo, en el marco de la modernización y fortalecimiento del Mercosur.
Bustillo y Cafiero resaltaron la importancia de revitalizar la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) teniendo en cuenta la importancia estratégica de esa región y como plataforma de cooperación con África.
Por último, Cafiero reiteró su agradecimiento al gobierno de Uruguay por el “apoyo histórico” a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
En otro orden, el 24 y 25 de marzo se realizará la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana. Los temas que se priorizarán en el encuentro serán el medio ambiente y el cambio climático, los derechos digitales, la seguridad alimentaria y la arquitectura financiera internacional. En el mes de febrero el canciller Bustillo, había sido recibido en Buenos Aires por su par argentino y ya habían cambiado opiniones sobre la actualidad del Mercosur y los desafíos durante el primer semestre de 2023.
ASTESIANO DENUNCIÓ AMENAZAS
(EL OBSERVADOR)
Gabriela Fossati, fiscal a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 12º turno, que lleva adelante la investigación del caso de Alejandro Astesiano, retornó anticipadamente de su licencia médica y tras su reintegro tuvo un conflicto con el fiscal Fernando Romano, quien la subrogó durante su licencia.
Romano visitó a Astesiano en la cárcel, tras pedir una orden judicial para hacerlo porque el exjefe de seguridad presidencial denunció que recibió amenazas. Además, para que pueda declarar en calidad de testigo en la investigación por la que Fossati indaga a Gustavo Leal, el exjerarca del Ministerio del Interior, que visitó a los padres de Astesiano. Fossati se enteró del encuentro entre Romano y Astesiano “por terceros” y acordó una charla con el fiscal, en la que le planteó que no estaba de acuerdo con lo que había hecho y que “no había actuado bien”. La discusión se tornó un conflicto y derivó en una denuncia por violencia de género que presentó Fossati el miércoles contra Romano. Según informó el medio, habría habido acusaciones cruzadas sobre cómo se está afectando la institucionalidad a nivel público, y luego derivó en las simpatías políticas que cada uno tiene dentro y fuera de Fiscalía. La adscripta de Fossati, Gloria Nicolini, y el coordinador Juan Pablo Bardino, estaban presentes en el lugar.
En paralelo, se suspendió la audiencia que estaba prevista para este jueves en la que el fiscal subrogante Romano informaría a Leal sobre los motivos por los que se encuentra indagado.
VIOLENCIA EN LICEOS PREOCUPA A DOCENTES
(SUBRAYADO)
El presidente de Fenapes, José Olivera, dijo este viernes que evalúan los casos de violencia ocurridos en varios centros educativos del país. Han dialogado con padres y familiares de alumnos y manifiestan su preocupación por lo sucedido. Destacó asimismo la necesidad y la importancia de contar con equipos técnicos que realicen intervenciones tempranas, oportunas y sistemáticas.
Olivera señaló que desde el retorno a la presencialidad, la Federación de Profesores de Educación Secundaria sostiene que no sólo los problemas de aprendizaje debían de ser atendidos sino también la salud mental de los estudiantes. La visión del sindicato sobre la violencia es compartida por psicólogos y asistentes sociales.
Según el dirigente, esta situación se da a raíz de la combinación de problemas estructurales y elementos coyunturales “con un inicio de cursos muy conflictivo, muy caótico”. Aseguró que las autoridades de la educación niegan la realidad. “Muchos anuncios y pocas concreciones”, indicó. Los problemas coyunturales a los que hace referencia tienen que ver con la elección de horas tardía, inconvenientes en la confección de horarios que derivan en la renuncia de docentes y la superpoblación de alumnos.
Consultado sobre si piensa tomar alguna medida al respecto, Olivera dijo que la primera medida es “relevar las condiciones que llevan al surgimiento de estos hechos, cómo se dan, por qué se dan y en qué contexto”.
El próximo lunes esperan reunirse con las autoridades de ANEP y Codicen para tratar el tema.
