La lucha por la verdad y justicia que llevan adelante varias organizaciones sociales y partidos políticos en nuestro país tiene varios décadas ya y ha dado lugar a la denominada “Marcha del Silencio” que cada año nuclea a miles de personas en diversas localidades del país para mantener vivo un reclamo que es parte de las más elementales necesidades humanas. Saber qué sucedió con aquellas personas que aún se encuentran desaparecidas es un derecho que aún permanece en el debe en muchos países del mundo como puede ser España, la antigua Unión Soviética o varias dictaduras latinoamericanas del siglo pasado –en las que aún perduran obviamente no existen las “marchas del silencio–.
El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 17 de mayo crea en el Archivo General de la Nación una Sección destinada a “reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos”. De acuerdo con la exposición de motivos, “el Poder Ejecutivo ratifica su más férreo compromiso con la transparencia, entendiendo necesario acercar el conocimiento de datos, acciones, así como documentos que hacen a la gestión de gobierno a la mayor cantidad de personas, con mínimos o nulos requisitos y exigencias. Esa misma conducta se traslada a otros documentos que existen en el ámbito del Estado y que pueden tener relevancia por su contenido histórico. De este modo, se busca facilitar el acceso a los archivos que estén en poder del Estado en forma amplia y sin restricciones, tal el caso de los denominados ‘Archivos Berrutti’ u otros a los que en el futuro se logren obtener, siendo este extremo de suma importancia para conocer cabalmente un período trágico y complejo de nuestro pasado. (…) Por lo expuesto, y en concordancia con la línea trazada por este Gobierno en materia de transparencia activa, así como de la eliminación de barreras o dificultades para obtener información histórica, asegurando el pleno ejercicio de los derechos, tanto individuales como colectivos, así como a la verdad, a la memoria y al acceso a la información pública sobre ese período”, se remitió el Proyecto de Ley mencionado. De acuerdo con el portal informativo Ámbito, los papeles que componen el Archivo Berrutti fueron encontrados en 2006, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, en una unidad militar, donde funcionó un centro de detención y tortura de la dictadura. O sea: durante un gobierno del Frente Amplio se encontró el denominado “Archivo Berrutti” pero pasaron 17 años (14 de los cuales la izquierda estuvo en el poder con mayorías parlamentarias) y el mismo nunca fue puesto en conocimiento de la opinión pública. Un dato más que llamativo que habla de una voluntad clara de mantener alejados de la ciudadanía datos que seguramente no dejan tan bien parada a la izquierda, tal como sucedió con Vivián Trías (dirigente nacional del Partido Socialista, y su Secretario General en el período 1959-1962, así como fundador del Frente amplio en 1971) de quien al finalmente se supo que entre durante 13 años en la década de 1960 y 1970 fue un espía a sueldo del gobierno checoslovaco (bajo control comunista) que por 200 dólares al mes (una suma importante para aquella época) entregaba a sus patrones extranjeros información sobre Uruguay. El triste papel de Trías está respaldado por un libro del historiador Fernando López D`Alessandro, quien pertenece a la izquierda uruguaya y por ello está libre de sospecha o animosidades político-partidarias.
La norma proyectada por el Poder Ejecutivo prevé que el acceso al contenido de la Sección que se crea será libre, sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a terceros, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley sobre Datos Personales. Asimismo, se establece que los ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional, conjuntamente con la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), instrumentarán los mecanismos necesarios para la publicación en línea de los contenidos no definidos como reservados al amparo de lo mencionado anteriormente. Resulta evidente que el texto del Poder Ejecutivo protege claramente aquellos contenidos considerados reservados (“datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a terceros”). No se trata de un cheque en blanco para que las autoridades antes mencionadas divulguen “a diestra y siniestra” datos personales. Nada más lejano a la realidad.
A pesar de la claridad y cuidados puestos en la redacción del texto mencionado y de la importancia ciudadana del objetivo perseguido por el mismo, desde la izquierda surgieron en forma inmediata voces que se opusieron al proyecto de ley. Paradójicamente –y no tanto—Crysol, una asociación de expresos y presas políticos de la dictadura uruguaya que trabaja por la defensa de los derechos humanos y los derechos de las personas que estuvieron detenidas fue una de las primeras en manifestar su descontento. Según el periódico “La Diaria”, a través de un comunicado Crysol señala que se trata de “documentos sensibles que deben ser manejados muy criteriosamente por un Estado democrático”.(…) El presidente de Crysol, Gastón Grisoni, consideró que “se están manejando archivos muy sensibles provenientes de la justicia militar”, que “carecen de ningún valor legal” y que lo que consta en muchos documentos son declaraciones “arrancadas bajo tortura en condiciones terribles, como ha sido demostrado en los múltiples procesamientos que ha llevado a cabo la Justicia en nuestro país”.
Al ataque de Crysol contra la iniciativa del mandatario Lacalle Pou se sumó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien sostuvo que “hay que ser muy cuidadosos con esos archivos” ya que contienen “información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado” y que “hay que cuidarlas y no exponerlas”. Ante esto, el ministro de Defensa Nacional, Javier García expresó lo siguiente: “Escuché al presidente del Frente Amplio, el señor Fernando Pereira, que decía que no le parecía muy bien porque se podía acceder a información que no estaba bien acceder. Yo pregunto: ¿quién dice a qué información pueden acceder ustedes? ¿Cuál es el censurador que va a decir eso? Nosotros estamos por la transparencia, por la verdad. No queremos que haya un comité de censura que les diga a los uruguayos qué tienen que leer y qué no del pasado reciente”.
Ante la reacción de Crysol, Fernando Pereira y casi toda la izquierda uruguaya surge con claridad y firmeza algunas preguntas casi inevitables: ¿por qué quienes supuestamente buscan verdad y justicia tienen tanto temor por la difusión de esos archivos? ¿Qué secretos están tratándoles de ocultar a la ciudadanía? ¿Será que existe una Caja de Pandora que todos ellos quieren mantener cerrada tal como hicieron cuando estuvieron en el gobierno durante quince años? La respuesta podría surgir de un pasaje de “Hamlet”, una de las obras maestras del escritor inglés William Shakespeare en la cual uno de los personajes pronuncia una frase que se ha vuelto famosa: “Algo huele a podrido en Dinamarca”. Al parecer, en Uruguay también.