Una ola de graffitis en edificios céntricos de Montevideo instaló el análisis de la utilización de los espacios públicos y privados. El tema después derivó en la discusión de si se trata de arte o de vandalización y sacó el foco de la cuestión de fondo para polemizar sobre las formas.
Los graffitis pintados en los edificios son una costumbre importada, ya instalada en otras partes del mundo y tan antigua como la humanidad. Es, precisamente, una tendencia que genera debates al desafiar la seguridad de los edificios y poner en peligro la integridad de los graffiteros, las normativas urbanas y la propiedad privada.
En forma paralela, se aprecian de igual forma en el resto del país, sin controles efectivos ni medidas para prevenir estas conductas en muros, garages, locales comerciales, centros educativos y de atención a la salud. En los barrios de las periferias, así como en la centralidad de las ciudades.
Los afectados en su propiedad, así como los vecinos que usan los espacios públicos, reclaman por la prevención de estas conductas, pero los actos se generalizan y reproducen con mayor asiduidad.
La gravedad de la situación está marcada por el esfuerzo económico que deben realizar los propietarios de los espacios dañados en quitar una pintura que no desean. Es que la falta de acciones repercute en una sensación de impunidad que alimenta la repetición de estas intervenciones.
Este tema se instaló con preocupación, a raíz de su divulgación por los medios de comunicación masiva. Pero no es una situación nueva. La Comisión Nacional de Patrimonio reclama acciones más contundentes. No obstante, el marco jurídico establece que estas acciones son consideradas como una falta. Hasta el momento se identificaron a algunos de sus protagonistas, pero no se han ordenado detenciones y eso aumentó las críticas al sistema para el abordaje de estas conductas.
El artículo 367 del Código Penal establece penas de hasta 30 días de trabajo comunitario por vandalismo. Sin embargo, lo define para “espacios públicos o sus instalaciones tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señalizaciones de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público”. Esta redacción no deja claro que las intervenciones no deseadas en viviendas o edificios privados también pueden definirse como actos de vandalismo.
El diputado del Partido Colorado Martín Melazzi propuso incorporar al mencionado artículo el concepto de la falta y la penalización con 7 a 30 días de trabajo comunitario, si no existe una autorización por parte de los propietarios del espacio intervenido.
La cuestión de si se trata de arte o vandalismo está clara. El graffiti, vinculado fuertemente a la protesta, al inconformismo y la rebeldía, no es igual en todos los espacios.
Para ser arte no puede ser mediocre y los mensajes deberán captar la atención por su técnica y no por la intromisión en un lugar donde no se desea esa pintura. Plasmar un mensaje en la pared de un apartamento o en la persiana de una ventana o en un garage lo transforma en un acto vandálico. Similar a cualquier otro.
Porque un artista seguramente deseará desligar su arte del vandalismo. En Paysandú se encuentran expresiones artísticas de alto contenido social, que promueven valores y tolerancia utilizando las mismas técnicas que en los edificios de apartamentos. La diferencia es que los muros fueron cedidos, provocan un impacto amigable en la sociedad y el efecto deseado, que es la libertad de expresión y la manifestación de una técnica. Por eso, es arte.
Por otro lado, este año electoral complica el escenario por el uso de otros espacios públicos para la propaganda política. Es además, un año complejo para legislar, cuando la atención está puesta en la campaña electoral.
La Comision de Patrimonio tiene un proyecto de ley que agrava las penas por intervenciones de este tipo en edificios y monumetnos históricos. Pero más penas no solucionarán una problemática cultural que muestra a los transgresores como ganadores del mensaje en la pared. Y a otros, temerosos del incremento de las acciones punitivas en la sociedad.
Cuando no pasa nada, se acelera la destrucción de los espacios de valor patrimonial. Y Montevideo es una clara muestra del avance de esta mirada permisiva.
Es, además, un asunto de seguridad ciudadana. Porque quedó demostrado que no hay dificultades en acceder a un balcón, donde alcanza sólo con treparse. Del otro lado, quedará el temor y la sensación de que todo vale para ocupar los espacios que después ya no valdrá la pena recomponer. Porque si pasó una vez, puede ocurrir tantas veces como quiera aquel que utilizó el espacio sin permiso.
La mirada indiferente de cada individuo dejará de serlo hasta que llegue a su pared y deba resolver entre dejarlo así y pasar a conformar el vasto espacio graffiteado sin comprender el mensaje. O hacer la denuncia, entregar las pruebas de las cámaras, individualizar al protagonista y comprobar que no llega la sanción. O guardarse el enojo e invertir nuevamente en la limpieza con el temor que estas conductas se reiteren.
Porque el “dejar hacer, dejar pasar que el mundo va solo”, es una expresión acuñada en Francia hace 300 años que, para algunas cuestiones, mantiene plena vigencia.
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