El pasado 18 de abril el Pit Cnt y la Confederación de Organizaciones de funcionarios del Estado (COFE) llevó adelante un paro general de 24 horas en contra del nuevo Régimen de Certificaciones Médicas.
El inicio del nuevo sistema de licencias médicas en el sector público comenzó a regir el pasado lunes 1 de abril, luego de haber sido prorrogado por 60 días por decisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a partir de los reclamos de COFE. Hasta ahora, a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario por las certificaciones. De acuerdo con el portal de noticias Ámbito, “con la modificación, tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente. Además, se los podrá pedir de manera alternada o consecutiva por el período de un año. A partir del décimo día tendrán derecho al subsidio, que será un monto equivalente al 75% o 100% del salario, dependiendo de varios factores y cada 1° de enero se renovará la cantidad de días disponibles, los que no se acumulan de un año para el otro”.
En tanto, para el presidente Luis Lacalle Pou la medida no es más que implementar un régimen de licencias similar al del sector privado, para igualar en condiciones a los trabajadores del sector público, a quienes les paga el sueldo “cualquiera que se levanta a laburar”.
“Tenemos que ser cuidadosos de los recursos de la gente, y cuando vemos que se va muchísimo dinero en licencias, nos parece que hay que emprolijar, no hay que tomárselo como un ataque ni nada por el estilo”, sostuvo el mandatario. Según lo informado por Telemundo, “el cálculo que ha hecho en general el Poder Ejecutivo son entre 80 y 90 millones de dólares al año que estaría costando el abuso en las certificaciones. No es tanto por un tema de recaudación sino de productividad en el sector público y de justicia con los trabajadores que no faltan y con el sector privado”, afirmó Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
La reacción del Pit Cnt y de COFE en particular, a través de su secretario general José López, ha sido particularmente dura con el nuevo sistema, lo que resulta lógico ya que se trata de cortar con abusos que en muchos casos eran impulsados o protegidos por los propios líderes sindicales, una “casta sindical” que en Uruguay maneja mucho poder político y económico en distintas áreas de nuestra economía. Recordemos que en el mes de setiembre del año 2023 José Ignacio López, el hijo del presidente del Sindicato Único de INAU (Suinau), José Lorenzo Joselo López, fue expulsado del gremio por irregularidades constatadas desde 2018. De acuerdo con lo informado por La Diaria, “José Ignacio López trabajaba en INAU desde 2014 y, según la investigación administrativa, desde 2018 omitió repetidamente el registro de ingreso y salida de su puesto en el centro. Además, se constató que el funcionario había cobrado en su cuenta bancaria personal alquileres de cabañas vacacionales propiedad del INAU en el balneario canario de Costa Azul. López estaba a cargo de la gestión de reservas de estas propiedades y para el cobro de los alquileres existían cuentas institucionales. Según informó el semanario Búsqueda anteriormente, esta situación se repitió en al menos cuatro ocasiones”. Finalmente, el sindicato de INAU decidió dejar sin efecto la expulsión y suspenderle los derechos gremiales por seis meses y que devuelva el dinero involucrado. Además, y de acuerdo con lo informado por Montevideo Portal, “en diciembre de 2022 el INAU le abrió un sumario con separación del cargo y retención de medio sueldo debido a irregularidades en el registro de horas de entrada y salida y por cobrar 40 horas extras por mes que no había realizado entre los años 2018 y 2022”. Al parecer “el hombre nuevo” del cual tanto hablaba y habla el Frente Amplio y la central sindical tiene vicios bastante viejos…
En nuestro editorial del día 4 de agosto de 2023 mencionábamos que este tipo de abusos “se da en todas las dependencias del Estado, donde se aplican normas que han sido creadas con la finalidad de atender la salud de los funcionarios mediante un régimen muy contemplativo y avanzado en su momento, pero la flexibilidad y la ausencia de controles ha desvirtuado su esencia, al punto que el común denominador son los abusos, con funcionarios que “casualmente” se enferman los lunes para estirar el asueto del fin de semana, que presentan enfermedades muy difíciles de identificar y diagnosticar, pero que les permiten someterse a tratamientos ambiguos e interminables y/o faltas asiduas. Es que dentro de las dependencias del Estado, siempre hay quienes van a cubrir sus funciones en la dependencia en la que trabajan y quienes se certifican por presunta enfermedad, van igualmente a recibir el pago a fin de mes como si cumplieran al pie de la letra con sus obligaciones laborales.
Por supuesto, para que se de esta situación tiene que haber también complicidad y/o omisión por quienes deberían ejercer los controles correspondientes, tanto por el profesional médico como por los respectivos jerarcas y funcionarios encargados de que se cumplan los requisitos establecidos para poder acogerse a este sistema de beneficios. Es bien conocido que muchos médicos hasta le preguntan al paciente cuántos días de licencia quiere ante afecciones menores, porque a él le resulta gratis y al fin y al cabo el Estado son los bienes del difunto, como reza el dicho popular.
Y los gremios que ahora desgarran sus vestiduras y tratan de evitar que se les aplique una norma que desde siempre ha regido para el sector privado y recogen firmas para frenar las modificaciones, deberían más bien hacer su mea culpa por ignorar y amparar a los abusadores de siempre, los que han llevado a que se haya decidido poner fin a este régimen excesivamente benigno para situarlo en la realidad, aunque rozando apenas uno de los privilegios de que siguen gozando los empleados estatales respecto a sus pares –es un decir– de la actividad privada”.
La verdad es que la actitud de COFE sobre este nuevo régimen de certificaciones médicas y el paro llevado a cabo el 18 de abril pasado constituyen una vergüenza para un movimiento que hace mucho tiempo se olvidó de defender a quienes supuestamente representa (los trabajadores) para dedicarse a ser trampolín de quienes aspiran a desarrollar una carrera político partidaria, tal como ha sucedido con Oscar Andrade, Fernando Pereira, Susana Dalmás, Juan Castillo, Richard Read, Oscar Groba, o Reynaldo Gargano, entre otros.
En este tema, como en tantos otros, el Pit Cnt defiende a capa y espada sus privilegios sindicales en general y el de los funcionarios públicos en particular, olvidando que por encima de cualquier interés sindical o empresarial debe primar el interés común, el beneficio de todos los habitantes y no sólo los de un grupo de privilegiados que se aferran a su sillón de poder y a los beneficios que el mismo les otorga. ¿Cuántos hospitales o escuelas se pueden construir o reparar con las certificaciones “truchas” que se generan anualmente y que el Pit Cnt defiende a capa y espada? ¿Cuántos niñas y niños podrían mejorar sus condiciones de vida? Es hora de que la “casta sindical” se haga cargo de este y de otros abusos que se llevan a cabo todos los días con el encubrimiento o el apoyo de quienes, injustificadamente, se autoproclaman como representantes y defensores de los trabajadores.
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