Es por cierto harto difícil en el marco de los ciclos de la economía mundial encontrar una fase neutra, es decir un desenvolvimiento en el que puedan jugar libremente las leyes del mercado, por una razón o por otra, y es así que en uno y otro sentido las relaciones de precios, las tasas de interés, el acceso a los mercados, están signados por acontecimientos que influyen negativa o positivamente en las expectativas de las grandes economías y centros financieros, que son los que pautan hacia donde va el rumbo, en tanto países como Uruguay y otras naciones del Tercer Mundo no tienen otra alternativa que seguir las reglas de juego, en un tómelo o déjelo eterno.
El punto es que no siempre los vaivenes de la economía nos han perjudicado, sino que por el contrario, se han presentado períodos con escenarios muy favorables, como el de la década anterior a 2014, donde el común denominador de la región latinoamericana, en el marco de ingresos excepcionales generados por los elevados precios de los commodities en los mercados internacionales, fue la aplicación de determinadas políticas sociales por gobiernos rotulados como progresistas que pretendieron lograr el efecto de sacar de la pobreza a millones de personas de escasos recursos, en muchos casos mediante programas asistencialistas que apuntaban a hacer reflejar rápidamente en las estadísticas que los grupos prioritarios lograban una transferencia de ingresos que los sacaba de su complicada situación.
Precisamente este reflejo estadístico implica una fotografía de una realidad en base a ingresos recibidos durante el período del relevamiento, y al ser sostenida en el tiempo esta bonanza por las exportaciones de varios países de la región, se logró incluso que durante años estadísticamente hubiera una mejora sensible en el abatimiento de los niveles de pobreza e indigencia, lo que fue destacado como logros de estas políticas.
Pero, naturalmente, la intención no es todo, sino los resultados, y sin dudas ningún gobernante, aunque no sea por un mero instinto de supervivencia política, va a adoptar políticas que generen insatisfacción en la población y menos aún en los grupos más necesitados, postergados desde siempre. Solo que debe tenerse presente que no siempre el cortar camino es el método más eficiente y sobre todo sustentable para que los sectores postergados que estadísticamente tienen esta mejora, no recaigan en la situación anterior tan pronto cede el efecto de la bonanza, como ha ocurrido una y otra vez en la región.
El efecto derrame de la creación de riqueza se hizo sentir con altibajos en la región, en tanto en Uruguay hubo claras muestras de gestión deficitaria, ineficiente o decididamente delirante, como ha sido por ejemplo el de las pérdidas de Ancap, las de Pluna, –con salvatajes que han costado más de mil millones de dólares– los gastos excesivos en el Fondes, la “inversión” a pura pérdida en la regasificadora, la construcción del Antel Arena para los montevideanos, entre otros desaguisados cometidos en nombre de políticas populistas, en este caso por los sucesivos gobiernos de izquierda.
Precisamente no se ha tenido en cuenta aquello que decíamos de que la economía se da en ciclos, y no tuvieron un mínimo de previsión en cuanto a destinar parte de los recursos excepcionales generados por la bonanza para tener un colchón de ahorro con la perspectiva de llevar a la práctica políticas anticíclicas para cuando se revirtiera la situación internacional, como inevitablemente tenía que darse, y efectivamente se dio. Hubo instrumentación de políticas para combatir la pobreza apuntando a la estadística, y ello se ha dado sin dudas en nuestro país, porque aunque se buscara lograr efectos duraderos, los instrumentos que se crearon tuvieron perfil voluntarista, de cuño asistencialista y no se apuntó realmente a lograr sustentabilidad, que es el ingrediente diferencial para el éxito. En este contexto, dábamos cuenta de que según el análisis de una investigadora del Banco de Previsión Social (BPS), casi la mitad de las personas que concurren hoy a comedores o merenderos estatales, hace siete años eran usuarios del plan de alimentación del primer gobierno del Frente Amplio, por lo que no han logrado salir de una situación de extrema pobreza.
El dato surge del estudio sobre la población que hace uso del Sistema Nacional de Comedores y del Programa Alimentario Nacional (canastas de alimentación y transferencias). El informe, publicado en la página del BPS, reconoce que “no puede dejar de considerarse con cierta preocupación que siete años después de terminado” el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social “mucho de sus beneficiarios estén aún en situación de vulnerabilidad socioeconómica”.
La falta de sustentabilidad de los programas en cuando a dotar de instrumentos a los sectores postergados para generar su propio sustento, desemboca en que la necesidad de transferencia de recursos tiende a hacerse crónica, porque se manifiesta tanto en épocas de bonanza como de crisis, y hoy nos encontramos con que los requerimientos de transferencias se siguen dando hacia sectores a los que se decía se habían sacado de la pobreza.
El error muchas veces se da por querer jugar para la tribuna ante la proximidad de compromisos electorales, y ello se da no solo en los gobiernos de izquierda, aunque sí es una regla en su caso, sino también en gobiernos de otro signo ideológico, porque la tentación del poder es el común denominador, y se incurre en gastos excesivos, fuera de toda lógica, para contemplar a sectores postergados o directamente diluir reclamos, con la consecuencia de incrementar déficit fiscal y dejar que el entuerto intente arreglarlo el gobierno que viene.
Incluso puede ser que las cuentas den, en teoría, de seguir tal como está el escenario internacional, pero es sabido que un día sí y otro también se pueden dar avatares que den por tierra con toda previsión, como ha sido el reciente caso de la pandemia de COVID-19, la invasión rusa a Ucrania, y eventualmente, una disparada en los precios del petróleo por crisis como la recientemente suscitada por el ataque iraní con drones a Israel. Y estos imponderables son particularmente severos para países como Uruguay, primero porque importa el cien por ciento del petróleo que consume, y segundo, porque es vulnerable en tanto se han seguido políticas pro cíclicas, en las que se ha incrementado el gasto incluso a mayor ritmo que el incremento en la recaudación, en lugar de establecer un colchón mínimo de respaldo cuando la época de bonanza, como señalábamos, de modo de no seguir corriendo detrás de la cola, como el perro, cuando las circunstancias cambian.
Ello reafirma que en economía no hay milagros, que la redistribución no se logra por decreto ni aún en los regímenes populistas que hacen gala de lograrlo mientras se vive la fantasía de la calesita de recursos hasta que el crédito se cierra y se hace insostenible. Y gobernar es atender la realidad, es ser prudente en la creación y manejo de los recursos que se generan por la conjunción de capital y trabajo, y asumir que en lugar de buscar el aplauso fácil debe priorizarse la búsqueda de incentivos, la capacitación, la instrumentación de programas de interacción social, de educación e inserción, a la par que se incentiva la radicación de capitales de riesgo, con el Estado como agente catalizador.
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