El asesinato de un hombre de sesenta años, encontrado en su cama envuelto en una frazada y con una almohada en la cabeza ocurrió hace poco tiempo.
Rápidamente fue resuelto el crimen, protagonizado por una drogadicta de veintiséis años que lo hizo con la intención de robarle y, apropiándose del dinero, siguió su vida de adicción como si nada.
¿Qué pena le correspondería?, ¿usted qué piensa?, ¿cuarenta años que es el máximo que otorga la legislación uruguaya?, o tal vez treinta, o veinte. Lejos, apenas cinco años aplicaron los funcionarios responsables de administrar justicia.
¿Cómo puede pasar esto? Porque los márgenes que manejan los que deben administrar justicia son laxos y no del todo claros de acuerdo a nuestra legislación vigente, siendo los jueces y fiscales quienes deben considerar caso por caso, donde cada uno tiene su librito y consideraciones personales, y en muchos casos están muy alejados de la lógica pura. Cinco años se podrían aplicar, por supuesto desde mi punto de vista, cuando hay una muerte no intencional, por ejemplo, en un siniestro de tránsito por imprudencia, que puede ser hasta incluso grave por estar alcoholizado, y estoy siendo considerado porque no existe la intención de matar, más allá de su desprecio por la vida. Ahora, cuando se golpea a alguien, se los asfixia con una almohada, le roban sus pertenencias, y se van de fiesta a seguir drogándose, ¡cómo es posible que se sea tan blando! Siendo éste un ejemplo de tantos otros.
Sin afán de meternos en la separación de poderes, y teniendo en cuenta que soy apenas un edil, voy a permitirme hacer esta crítica y proponer, desde esta humilde opinión, lo que tal vez sea la chispa que alguna vez encienda a nivel de gobierno la idea de mi propuesta, y se llegue a que los jueces y fiscales asuman sus respectivos cargos por elección popular.
Por supuesto lejos de las elecciones de gobierno y sin divisas políticas, presentando en su campaña electoral la forma en que administrarán justicia, con más o menos rigor en los casos que les toque llevar adelante, al menos una vez cada diez años, pudiendo renovar o ser cambiado por la ciudadanía. No digo con esto que no habría errores, ya que el pueblo también puede equivocarse, pero es el único con derecho a hacerlo.
Esto no politizaría más de lo que ya está la justicia, que si bien el gremio se rasga las vestiduras sobre que no son infiltrados políticamente, se puede apreciar claramente que sí lo son, y si no basta ver los problemas que existen para nombrar el fiscal general, o cómo se eligen algunos funcionarios en las altas esferas del Poder Judicial, hoy que se habla tanto de concursos. Como si fuera poco tenemos opiniones que denuncian situaciones graves en fiscalía, tales como lo dice Gabriela Fossati en su libro “El poder de la manada”, tan solo una perla más del extenso collar.
Es cierto que es prácticamente imposible hacer que coincida en un cien por ciento la ley con los ideales de justicia, pero debemos siempre aspirar que se logre, y caminar en esa dirección. Debemos tener administradores de justicia que tengan claro la diferencia entre víctima y victimario, más allá del entorno social y mental que padezca este último para el cual, (amén de ser tratado buscando su solución), no implica un atenuante en su forma de actuar a la hora de infringir la ley, más aún en la comisión de delitos aberrantes.
Javier Pizzorno, edil del Partido Nacional
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