Mes: febrero 2025

El nuevo régimen de licencias médicas comenzó a regir en abril de 2024, y, hasta ese mes, a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario por las certificaciones, pero a partir de allí cuentan con un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente.
Recientemente, el presidente de la COFE, José Lorenzo López, dijo en rueda de prensa que “algunas señales que nos dio el ministro de Trabajo y su equipo se van a completar ni bien asuma el gobierno, como la instalación de ámbitos que nos permitan comenzar a discutir, como lo planteó la OIT, todo el tema de certificaciones médicas”.
“También el tema del Presupuesto nacional para nosotros es una preocupación, porque los plazos para discutirlo son muy exiguos y nosotros hicimos hincapié en la posibilidad de tener la mayor celeridad posible para empezar a discutirlo en el tiempo necesario, no solo en los temas salariales, sino para remarcar los temas vinculados a las condiciones de trabajo y la falta de personal en los organismos”, detalló.
Por supuesto, la llegada nada menos que al Ministerio de Trabajo de un exdirigente sindical y además dirigente del Partido Comunista ha dado pie para que los funcionarios del Estado agremiados en COFE revitalizaran su reclamo ante la instrumentación de una ley que entienden les retacea “derechos” de los que han gozado desde hace décadas.

Pero como todos los uruguayos sabemos, caen en una “confusión” que no es tal: una cosa son los derechos, y otra son los abusos, lo que a la dirigencia sindical parece tenerla sin cuidado.
Un informe de mediados del año pasado daba a conocer que desde que comenzó a regir el nuevo reglamento para las certificaciones médicas de los funcionarios públicos, cayó un 30% la cantidad de días que solicitan y también se redujo la cantidad de trabajadores que las piden, en base a lo que revela un estudio comparativo que hizo la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para los meses de abril de 2024 y 2023.
A partir del 1° de abril del año 2024 comenzó a regir la normativa para los funcionarios de la Presidencia de la República y en esa oficina las certificaciones pasaron de 1.804 en 2023 a 1.256 en 2024, por lo que cayeron un 30%. También pasaron de 191 a 142 los funcionarios certificados, lo que implica una disminución de 26%.
Ello significa además que el promedio de días de certificación sobre el total de vínculos contractuales pasó de 0,93 a 0,56. “Las certificaciones médicas que se solicitaron y que entraron en consideración se abatieron notoriamente”, dijo a El País Ariel Sánchez, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a la vez de indicar que la aplicación del nuevo régimen “es progresiva”.
Es que hasta entonces, contrariamente a lo que ocurre en el sector privado, a los funcionarios estatales no se les descontaba dinero del salario cuando tenían una certificación médica. A partir del nuevo sistema, tienen derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente al año, –tres veces más que los trabajadores privados– los que se podrán solicitar de manera alternada o consecutiva. Desde el décimo día tendrán derecho al subsidio, que podrá ser del 75 al 100%.

Y mal que pese a COFE, que es parte interesada en el tema, esta es una problemática que lamentablemente se da en todas las dependencias del Estado, donde se aplican normas que han sido creadas con la finalidad de atender la salud de los funcionarios mediante un régimen muy contemplativo, pero la flexibilidad y la ausencia de controles ha desvirtuado su esencia, al punto que el común denominador son los abusos. Es decir, con muchos funcionarios que “casualmente” se enferman los lunes para estirar el asueto del fin de semana o del “día sándwich” después de un feriado, que presentan enfermedades muy difíciles de identificar y “diagnosticar”, pero que les permiten someterse a supuestos tratamientos interminables –imposibles de saber si se cumplen realmente– y/o faltas asiduas, porque, total, siempre hay quienes van a cubrir sus funciones en la dependencia en la que trabajan y van a recibir el pago a fin de mes como si cumplieran al pie de la letra con sus obligaciones laborales. Y eso además con la complicidad de muchos médicos, que como se trata de los “bienes del difunto” le preguntan a los trabajadores cuántos días le gustaría estar de licencia médica.

Por supuesto, el tema pasa no solo por los funcionarios que han abusado de los privilegios del sistema, sino del hecho de que ello no sería posible si los controles correspondientes se aplicaran como es debido, tanto desde el punto de vista del profesional médico, como de los respectivos jerarcas y funcionarios encargados de la documentación y cumplimiento de los requisitos establecidos para poder acogerse a este sistema de beneficios.
Ante la perspectiva de la revisión del tema por el futuro ministro de Trabajo, y los argumentos manejados por la confederación, es pertinente traer a colación que más allá del interés de los funcionarios que se oponen a un régimen que sin embargo se aplica a los privados, y que deja atrás por fin en este tema una división entre trabajadores clase A y clase B, corresponde al ministro del sector tener presente el interés general, y que se ponga de una buena vez coto a estos abusos, porque no estamos en esos casos ante “trabajadores” que hay que apoyar, sino ante oportunistas que no merecen solidaridad ni defensa por sus actitudes egoístas y abusivas, al punto que han dejado a la intemperie al fin de cuentas a quienes realmente lo necesitan.