Opinión

Durante años, los uruguayos nos acostumbramos a que un auto común costara lo que en otros países cuesta uno de categoría superior. La explicación habitual parecía razonable: impuestos, tasas, fletes y un mercado chico. En ese contexto, la llegada oficial de Tesla, con modelos ofrecidos a precios menores de los imaginados, plantea preguntas sobre el funcionamiento del mercado automotor y sobre la forma en que se determina el precio que finalmente paga el consumidor.

Lo importante para este artículo no son las características de los vehículos de Tesla, sino que su entrada deja en evidencia una estructura económica particularmente costosa para el consumidor final. En Uruguay, quien quiere comprar un auto nuevo de determinada marca, con garantía y respaldo oficial, normalmente debe acudir a un representante autorizado que suele ser único para esa marca. No existe un monopolio, sobre todo el mercado, porque el consumidor puede elegir entre distintas marcas, pero el representante exclusivo sí dispone de un considerable poder de mercado dentro de su propia marca. No compite contra otro vendedor que ofrezca exactamente el mismo vehículo en condiciones equivalentes. Compite contra otras marcas que también operan bajo estructuras similares. Esto reduce la presión competitiva sobre el precio y puede permitir que incorpore, además de los costos y de una rentabilidad “normal”, una renta asociada a la exclusividad.

En el sistema tradicional de comercialización de autos, entre la fábrica y el comprador final intervienen diferentes intermediarios que constituyen los eslabones de una cadena. Cada uno presta servicios, incurre en costos y busca obtener un margen. Cuando existen varios niveles de intermediación y la presión competitiva es débil, los márgenes pueden acumularse y ampliar la distancia entre el costo de origen y el precio final.

En un mercado chico, diferenciado y con barreras de entrada, puede sostenerse un equilibrio de pocas unidades vendidas con altos márgenes de ganancia sin que necesariamente exista coordinación explícita entre las empresas.

Si bien Uruguay aplica una alta carga tributaria a los autos y enfrenta costos logísticos significativos, estos factores no explican por sí solos toda la cuestión. La entrada de un competidor con una estructura distinta obliga a revisar cuánto de los precios habituales responde a costos inevitables y cuánto a la organización comercial del sector. Tesla combina producción estandarizada a gran escala, integración entre fabricación e importación, venta directa por internet y menor dependencia de concesionarios independientes. A ello se suma que puede aceptar inicialmente un margen menor por cada auto vendido para ganar participación en el mercado. Esto no demuestra que todas las empresas instaladas hayan obtenido beneficios excesivos ni que todos los vehículos sean directamente comparables. Sí demuestra que existen otras formas de comercializar autos en Uruguay y que los precios a los que el público se acostumbró no son inevitables.

La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta traer un auto a Uruguay, sino también cuánto cuesta la estructura utilizada para venderlo y qué parte del precio responde al valor efectivamente entregado al consumidor. Las marcas establecidas podrán responder bajando precios y resignando márgenes para vender más unidades. También podrán competir mediante mejores condiciones de financiación, garantías más largas, mayor equipamiento o mejor servicio posventa. En ambos casos podría mejorar la situación del consumidor, que es precisamente el efecto esperado de que haya más competencia.

Los efectos de la llegada de Tesla y de más autos eléctricos en general no terminan en las automotoras. Si aumenta su participación, las estaciones de servicio van a vender menos litros de combustible y los talleres mecánicos tradicionales van a tener que adaptarse a vehículos con menos necesidades de mantenimiento, aunque también van a surgir nuevas demandas vinculadas a las nuevas tecnologías.

Es legítimo que estos sectores planteen los costos de la transición y reclamen condiciones razonables para reconvertirse. El límite aparece si esa defensa procura encarecer la nueva tecnología o preservar mediante regulaciones una demanda que el cambio tecnológico reduce.

No sería la primera vez que en Uruguay los costos de adaptación de un sector organizado intentan presentarse como una responsabilidad de toda la sociedad. Cuando una innovación amenaza una actividad establecida, la discusión se desplaza desde cómo adaptarse hacia qué debería hacer el Estado para proteger a quienes pierden. El interés particular se presenta como interés general y el consumidor-contribuyente pasa a ser responsable de la conservación perpetua de un modelo de negocios desplazado parcialmente por una tecnología más eficiente para ciertos usos, en beneficio de un grupo reducido de empresarios con poder de presión.

La ganancia es la recompensa legítima de quien asume el riesgo de invertir, innovar o reducir costos. El problema aparece cuando la rentabilidad no depende de servir al consumidor, sino de mantener una posición exclusiva, restringir la entrada de productos nuevos o preservar regulaciones favorables. Un mercado sano no garantiza la supervivencia de cada empresa ni la conservación perpetua de cada margen de ganancia. Garantiza que el consumidor pueda elegir, que nuevos competidores puedan ingresar y que cada precio deba justificarse frente a las alternativas existentes.

Uruguay no es caro solamente por su reducida escala demográfica. Es caro también por una combinación de concentración en algunos mercados, barreras regulatorias, una elevada presión tributaria y un sistema político permeable a las presiones de grupos sectoriales organizados, que tienen derecho a defender sus intereses, pero no a transformarlos en obligaciones para el resto de la sociedad.

La discusión que empieza con el precio de los autos Tesla es, en realidad, mucho más amplia: si las políticas públicas priorizarán al consumidor, la competencia y el interés general, o si seguirán preservando las posiciones de quienes ya están instalados frente a la llegada de alternativas mejores o más baratas.

Ec. Francisco Rizzo

Estamos cada día más sorprendidos con el gobierno que tenemos. Es el más desprolijo que hemos tenido en nuestro país. Venimos cayendo en gestión; tuvimos el de Mujica, que fue lo peor de los últimos 20 años. Yo, como mucha gente, pensé que no iba a haber otro tan lamentable para el país. Fue nefasto y nos dejó muchos problemas: el de la marihuana, lo de Gas Sayago, lo de Pluna y otras consecuencias a nivel político.

Pero apareció Orsi, que no sé si no es peor; en un año y medio que va del gobierno no ha hecho nada por la gente, solo cometer horrores, y lo peor es que todo su gabinete, en vez de estar preocupado por mejorar la situación del país, está tapando todos los días las macanas que hace nuestro presidente.

Yo sabía que el sistema político venía muy mal; tienen demasiados privilegios, ganan muy bien y a la gestión nadie se la controla. Y si no, miren a la oposición, sentados cómodos en los sillones del palacio legislativo, viendo que el país se hunde cada día más, que la gente vive muy mal. Por ejemplo, con la inseguridad: cuando la gente muere diariamente, están preocupados por gente que murió hace más de 50 años.

Hoy la estadística dice que muere mucha más gente por asesinatos y accidentes que en los años de la dictadura y nadie hace marchas de protestas. Qué negocio el de los desaparecidos. Se comprende a los familiares (de un solo bando) que estén buscando a sus seres queridos, pero hacer política barata como hace la izquierda, y no ver lo que pasa hoy, es otra cosa.
Ahora, con las patrullas militares o la Republicana, hay gente en desacuerdo con que salgan a las calles.

Pero todos vivimos con miedo. Hace 20 años dejábamos la puerta abierta, no había perros ni alarma como ahora, y andábamos en la calle caminando, trabajando en cobranza como yo, tranquilos, sin miedo a que nos asalten. Pero los políticos no hacen nada, siendo que a veces hasta a ellos les roban. Pero todavía siguen pensando en darles algo más a los que están privados de libertad, más beneficios de los que tienen mientras están presos: comida, salud, educación, preparación física, siendo que hay jubilados que han tenido una conducta intachable y hoy están pasándola muy mal. Y el gobierno festeja que le da unos miserables 200 pesos de aumento. Lo mismo con la gente que trabaja y gana el sueldo mínimo y no llega a fin de mes; parece que se ríen de la gente. La casta política se tiene que sacar de una vez por todas; hay que poner gente capacitada, con estudios y con lo más importante: ética.
Hay que limpiar toda esta clase de políticos inútiles que solo han destrozado el futuro de nuestro país; algunos no se ven en cinco años, y los que salen a dar la cara mienten y se hacen los malos y después se abrazan y toman whisky todos juntos. La verdad es que la gente hoy está con graves consecuencias por estos personajes hipócritas que dicen pensar en los niños y en los pobres y ellos viven como reyes, sin tener ningún problema económico.

Ahora le dan 10.000 pesos como solución para el problema de los niños y ese dinero nunca va a llegar a ellos; esos padres ya tienen muchos beneficios, hasta casa les dieron. La verdad es lamentable: los que piensan que el problema de la pobreza se arregla regalando plata están equivocados. No, señores, se soluciona con fuentes de trabajo, educación y amor a la familia. Nosotros fuimos educados así y hemos triunfado en la vida con esos principios.
Y para terminar esta solicitada, no olvidarnos del gran hermano, el Pit Cnt, que solo piensa en impuestos a los ricos y que la gente trabaje menos horas al día, y con eso se arregla toda la desocupación que hay hoy y se van a traer nuevos inversores, que tanto los necesitamos.

Qué arrogantes que son, vagos, y lo peor es que están tranquilos estos señores, curran bien, recaudan millones de dólares por mes y nadie los controla. ¿Dónde está la Senaclaft? ¿Y la DGI, el BPS?

Porque un emprendedor pone un quiosco y tiene que aportar desde el día cero. También tenemos una gran situación con el puerto de Montevideo, principal fuente de ingreso de productos al país y salida de los productos de exportación al mundo. Pero están parados por los gremios, que cada día piden ganar más, y el sueldo promedio que tienen es de 150.000 pesos por mes. Qué dirá la gente que gana 20.000. Es increíble; los sindicalistas les lavan la cabeza a los obreros. Pero esa gente tiene cerebro, porque si pierde esa fuente de trabajo, ¿dónde va a ir a ganar esos sueldos que tiene? Lo peor es que muchos barcos siguen de largo y no llegan al puerto por estos paros.

Yo estuve en España unos días; tienen un gobierno de izquierda y es un desastre. La gente está muy disconforme en general, tienen los mismos problemas que tenemos aquí hoy, pero más graves. Tienen políticos corruptos e inmigrantes, eso está destrozando y desmoralizando al que labura. En conclusión, nos dimos cuenta de que la izquierda no sabe gobernar. Miren lo que pasa en el mundo, nadie los quiere. A España la salvan los 90 millones de turistas que reciben por año; por eso te atienden tan bien y tienen todo organizado para que el turista se sienta bien. Y aquí, con todo lo que tenemos para ofrecerles a los turistas, solo promocionamos Punta del Este y Montevideo. De nuestra historia nada, y menos las termas. Los españoles se sorprendían cuando les comentábamos de las termas de Almirón, que eran curativas. Mientras tanto, el Ministerio de Turismo existe solo para ocupar cargos y poner gente para no hacer nada. Son lamentables.

Ángel

Como cada 25 de julio, hoy es el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Por supuesto que celebrar esta fecha a esta altura del año tiene lógica para el hemisferio norte, donde están transitando el verano. Sin embargo, ello no quiere decir que nada esté pasando por estas latitudes en este tema, a pesar de que el frío no invite a adentrarse en aguas abiertas. Sin ir más lejos, tenemos en esta región varios centros termales que son el eje de la propuesta turística, para los que este tema es crucial. Lo otro que está pasando es que en la Cámara de Representantes se aprobó la semana pasada un proyecto de ley de regulación de la seguridad acuática y prevención de ahogamientos, que pasará a ser abordado por la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores. De la agilidad que se le dé al tratamiento de este proyecto dependerá que el próximo verano se puedan comenzar a instrumentar algunas de las disposiciones allí contenidas.
No es la primera vez que abordamos la temática de la prevención de ahogamientos desde este espacio, reclamando una política nacional en la materia. Los números lo justifican plenamente.
A nivel mundial, los ahogamientos se cobran más de 300.000 vidas al año —30 decesos cada hora— y casi una cuarta parte de las víctimas son menores de cinco años. Se trata, de hecho, de una de las diez principales causas de muerte en niños de entre 5 y 14 años. Más del 90% de las muertes por ahogamiento en el mundo ocurren en ríos, lagos, pozos, depósitos de almacenamiento de agua doméstica y piscinas en los países de ingreso bajo y mediano, y afectan de forma desproporcionada a los niños y adolescentes de zonas rurales.
Expresa la exposición de motivos del proyecto aprobado en la Cámara baja que “a diferencia de otras causas de mortalidad prevenible que han sido objeto de políticas públicas específicas y sostenidas, Uruguay aún no contaba —no cuenta— con una estrategia nacional integral orientada a la prevención de estos eventos”. Agrega una serie de datos que reflejan la dimensión del problema en el país. “Los datos disponibles son tan contundentes como preocupantes”, afirman los legisladores. “En los últimos cinco años fallecieron en Uruguay 189 personas por ahogamiento. Detrás de cada una de esas cifras existe una historia truncada, una familia devastada y una tragedia que, en la enorme mayoría de los casos, pudo haberse evitado”. Sin embargo, otros datos revelan un problema aún mayor. “El Ministerio de Salud Pública estima que por cada persona fallecida al menos cuatro personas requieren atención en un centro de salud luego de sufrir un episodio de inmersión o sumersión. Ello permite estimar que, además de las 189 personas fallecidas, aproximadamente 756 personas sobrevivieron tras requerir asistencia sanitaria, algunas de ellas con secuelas físicas”. Expresan que, además, estamos ante “una problemática de salud pública que genera discapacidad, dependencia, sufrimiento familiar, costos sanitarios y pérdidas sociales que impactan sobre toda la comunidad”.
En su artículo 1.°, el proyecto prevé la declaración de interés general para la prevención del ahogamiento, así como “su reconocimiento como problema de salud pública y la promoción de acciones coordinadas para reducir la morbilidad, la mortalidad y los eventos adversos relacionados con la inmersión o sumersión en cuerpos de agua naturales o artificiales en todo el territorio nacional”. El eje del proyecto es la creación de un Plan Nacional de Seguridad Acuática, coordinado por el Ministerio de Salud Pública con el Sistema Nacional de Emergencias, la Secretaría Nacional del Deporte y la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, que deberá actualizarse cada cinco años. El Plan deberá establecer metas cuantificadas de reducción de ahogamientos, implementar medidas de prevención, diseñar políticas diferenciadas para niños, adolescentes y jóvenes, incorporar medidas para todos los entornos acuáticos urbanos y rurales, e incluir programas nacionales de educación, comunicación de riesgos y capacitación, entre otros mandatos.
También se establece —artículo 6.°— una serie de disposiciones referidas a la habilitación de piscinas públicas y privadas de uso público, con regulaciones en materias como sistemas de drenaje y desagüe, señalización de profundidad, normas de uso y riesgos.
Asimismo se dispone el registro y reporte obligatorio al Sistema Nacional de Registro de Incidentes y Eventos Adversos, que también se crearía de aprobarse esta norma, al igual que el Fondo Nacional de Seguridad Acuática, destinado a financiar programas nacionales de educación y prevención, equipamiento de seguridad acuática para intendencias y servicios de guardavidas, infraestructura de seguridad en playas, ríos y piscinas, entre otros destinos. Este fondo se financiará tanto con aportes gubernamentales como con donaciones, legados, cooperación internacional y lo obtenido por multas y sanciones derivadas de la aplicación de la ley.
El lema del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos 2026 es “Unámonos para revertir la situación”, y la Estrategia Mundial de Prevención de los Ahogamientos, aprobada el año pasado, hizo un llamamiento a todos los sectores y niveles de la sociedad para lograr el objetivo de reducir los ahogamientos en un 35% de aquí a 2035.
Quizás en un país con las características del nuestro sea posible implementar estas normativas con una meta aún más ambiciosa. No será tarea fácil, por supuesto, pero ya de por sí poner el tema en relieve y lograr que efectivamente —y no solo en el papel— se le considere un asunto de interés general es un buen punto de partida para hacer frente al desafío.

Durante años, gran parte de la izquierda internacional —y también de la izquierda vernácula— ha intentado presentar a regímenes como los de Nicaragua, Cuba o Venezuela, entre otros, bajo el eufemismo de “democracias diferentes” —algo así como “avanzadas”, desde su particular óptica—, pero el tiempo se ha encargado de desmentir este eufemismo ideológico: se trata de la imposición, por la fuerza, de dictaduras de izquierda que han conculcado durante décadas los derechos humanos que pregonan, sojuzgando a los pueblos que dicen defender. Según ese relato, no se trataba de dictaduras sino de modelos alternativos de participación popular, supuestamente más representativos que las democracias liberales occidentales.
Sin embargo, la realidad ha ido desmontando esa construcción discursiva. La concentración del poder, la persecución de la oposición, la censura a la prensa, la falta de elecciones libres y competitivas y las reiteradas denuncias de organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos han dejado cada vez menos espacio para sostener dicha presunción.
Y lamentablemente para ellos, uno de sus admirados regímenes, el de Nicaragua, a través de su “copresidente” Daniel Ortega, ha proclamado lisa y llanamente que se ha terminado la época del eufemismo y que no habrá nunca más “democracia” en su país. El propio Ortega se encargó de disipar cualquier duda que pudiera quedar.
Las agencias internacionales dan cuenta de que Daniel Ortega, junto con su esposa y copresidenta Rosario Murillo, anunció durante un acto para conmemorar el 47° aniversario de la Revolución Nicaragüense, celebrado el 19 de julio en Managua, un “muro” de leyes en la Asamblea Nacional “para que los golpistas, los vendepatrias, no puedan volver al gobierno”. Y qué mejor para ello que autoproclamarse dictador absoluto.
En efecto, en el acto celebrado en la Plaza de la Fe, el exgerrillero sandinista proclamó que no volverá a haber elecciones en su país. “Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”, dijo el mandatario de 80 años, quien está en el poder de manera ininterrumpida desde 2007 y que desde febrero de 2025 comparte el cargo con su esposa.
Anunció también que “vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las obligaciones correspondientes para hacer las leyes, para que les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, para que, por mucha plata que les den los yanquis”, no puedan volver al gobierno, de acuerdo con lo informado por el diario nicaragüense Confidencial y cuyo video se viralizó en las redes sociales.
Los últimos procesos electorales en el país centroamericano estuvieron marcados por la alta abstención de los ciudadanos: tanto en 2016, cuando Ortega volvió a reelegirse con Rosario Murillo como vicepresidenta, como en las elecciones de 2021, en las que se proclamó ganador con más del 75% de los votos, después de haber ilegalizado a los partidos opositores y encarcelado a todos los precandidatos de la oposición.
En 2025, con la entrada en vigor de la nueva Constitución, el período presidencial se amplió de cinco a seis años. Según la nueva carta magna, llamada popularmente en Nicaragua “Chamuca” —en referencia al sobrenombre de Murillo—, las elecciones deberían realizarse en noviembre de 2027.
Lo ocurrido en Nicaragua representa, además, el desenlace lógico de un proceso de concentración de poder que lleva años. Las elecciones anteriores ya habían estado marcadas por la ilegalización de partidos opositores, el encarcelamiento de precandidatos presidenciales y una participación cuestionada por amplios sectores de la comunidad internacional. La reciente reforma constitucional no hizo más que consolidar ese modelo.
Paradójicamente, estos regímenes suelen reivindicar la participación popular mediante actos multitudinarios y asambleas organizadas por el propio aparato estatal. Pero cuando la asistencia está condicionada por la dependencia del empleo público, por el control político o por el temor a represalias, difícilmente pueda hablarse de una expresión espontánea de la voluntad ciudadana. La movilización organizada desde el poder no sustituye el voto libre ni el pluralismo político.
Tampoco puede ignorarse otro dato de la realidad. Países que durante décadas prometieron igualdad, prosperidad y justicia social exhiben hoy economías profundamente deterioradas, con altos niveles de pobreza, emigración masiva y una creciente dependencia de subsidios estatales. Millones de cubanos, venezolanos y nicaragüenses han optado por abandonar sus países en busca de oportunidades que sus gobiernos no pudieron —o no quisieron— garantizar.
El argumento de que todas esas dificultades obedecen exclusivamente a factores externos tampoco alcanza para explicar décadas de estancamiento, restricciones a las libertades y concentración absoluta del poder. Allí donde no existe alternancia política, donde el oficialismo controla las instituciones y donde disentir puede tener consecuencias personales, el problema deja de ser simplemente económico: es político.
Las palabras de Ortega tienen, además, un valor simbólico. Derriban definitivamente la ficción de la “democracia diferente”. Si un gobernante declara que nunca más habrá elecciones competitivas, ya no estamos ante una democracia con características particulares; estamos ante la admisión pública de un régimen autoritario.
Quizás sea momento de abandonar definitivamente los eufemismos. Las dictaduras no dejan de ser dictaduras porque se proclamen populares, revolucionarias o socialistas. Tampoco porque convoquen concentraciones masivas o invoquen permanentemente al pueblo. La verdadera legitimidad democrática no se mide por la cantidad de banderas en una plaza ni por los aplausos organizados desde el poder. Se mide por el respeto a las libertades, por la existencia de elecciones libres, por la posibilidad de la alternancia y por el derecho de cada ciudadano a expresarse sin miedo.
Cuando esas condiciones desaparecen, ya no queda lugar para hablar de “democracias diferentes”. Queda, simplemente, una dictadura, como es el caso del régimen instalado y entronizado por la fuerza en Nicaragua.

A la salida de la pandemia, el turismo de naturaleza tuvo un resurgimiento en Uruguay. Los motivos son elocuentes: esta crisis mundial marcó un punto de inflexión en la psicología del viajero y en la reconfiguración de la demanda turística a nivel mundial.
Así, lo que comenzó como una respuesta inmediata al confinamiento se configuró como un cambio en las preferencias de viaje, basado en la búsqueda de bienestar y del aire libre. El confinamiento aumentó el interés por los espacios abiertos y la desconexión del estrés urbano; comenzó a desarrollarse la tendencia hacia destinos no masificados y cobró fuerza el turismo de cercanía y los modelos que combinan el trabajo remoto con el ocio en entornos naturales.

En ese momento histórico, Uruguay ya contaba con algunas ventajas para atraer turistas con este perfil o interesar al turismo interno y regional. Entre ellas, la diversidad de entornos y paisajes en distancias cortas —que permite conectar en pocas horas la costa atlántica con humedales, sierras o monte nativo—, el impulso al turismo rural y en áreas protegidas, y la seguridad y calidad de vida, atractivos tanto para el turista regional como para visitantes de larga distancia.

Sin embargo, el crecimiento del turismo de naturaleza trae consigo una serie de advertencias a tener en cuenta. En primer lugar, si no se gestiona de forma responsable, la sobrecarga de visitantes puede destruir el recurso, por lo que es necesario adoptar con responsabilidad el principio de bajo impacto.

En la faja atlántica y del Río de la Plata esto implica prohibir la circulación de vehículos sobre las dunas para evitar la erosión y la destrucción de la fauna nativa; en los humedales y montes nativos como el Queguay o Santa Lucía, el desafío pasa por el manejo estricto de los residuos, la prevención de incendios, el cese de la caza ilegal de especies protegidas y el respeto a las comunidades locales.

Los ecosistemas prestan servicios vitales e intangibles —como la purificación del agua, la fijación de carbono, la contención de inundaciones y la recarga de acuíferos— que no pueden ponerse en riesgo por la imprudencia del turismo descuidado. Por otra parte, la arquitectura inclusiva, como las pasarelas accesibles recientemente inauguradas en el Queguay, no solo democratiza el disfrute para adultos mayores y personas con movilidad reducida, sino que encauza el paso del visitante protegiendo el suelo de la erosión.

Durante décadas, la relación entre desarrollo económico y conservación ambiental en el Uruguay profundo estuvo atravesada por la idea de que proteger el patrimonio natural implicaba ponerle un candado al territorio y frenar la producción. Esa visión resulta inviable ante las urgencias de la actualidad. En un contexto mundial y nacional marcado por la pérdida acelerada de biodiversidad, la contaminación de cuencas y el impacto del cambio climático, proteger la naturaleza ya no es un lujo sino una estrategia de supervivencia ecológica y, puede ser también, una herramienta para la resiliencia productiva y el desarrollo social.

En este escenario, el departamento de Paysandú tiene una propuesta de turismo de naturaleza que puede considerarse una experiencia testigo a escala nacional: el Área Protegida con Recursos Manejados Montes del Queguay. Con sus más de 20.000 hectáreas situadas en la confluencia de los ríos Queguay Grande y Queguay Chico, este ecosistema de montes ribereños, abras basálticas y humedales se ha convertido en un caso de laboratorio para la gestión ambiental.
Las recientes mejoras en el entorno de Paso de Andrés Pérez —de las cuales hemos dado cuenta en ediciones anteriores y que incluyen un mirador de aves panorámico, pasarelas accesibles, el pórtico de acceso en el kilómetro 402 de la ruta 4 construido con madera y piedra local y la renovación interpretativa del Centro de Visitantes— pueden considerarse una prueba de gobernanza participativa y de que la educación técnica y el turismo de bajo impacto pueden conciliar el cuidado del medio ambiente con el bienestar de las comunidades.

Seguramente estos avances tengan que ver también con la génesis de Montes del Queguay, ya que, a diferencia de decisiones tomadas desde escritorios de la capital, la protección del Rincón de Pérez nació del empeño de la propia comunidad de Guichón: desde colectivos como “Creativos” y organizaciones sociales, hasta concretar su ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2014. Las acciones que a lo largo del tiempo desarrollan la Dirección del Área Protegida, el Club Queguay Canoas, los guías locales de Guichón y los estudiantes del curso de Guardaparques del Polo Tecnológico de Paysandú (UTU) están en consonancia con esa lógica que ha acompañado el desarrollo del proyecto y constituyen la columna vertebral de lo que podríamos llamar una verdadera gobernanza ambiental. Además, la incorporación de piezas de carga simbólica —como la escultura “La Tuna”, en memoria de José Artigas y Melchora Cuenca, o la réplica de petroglifos locales— demuestra que la conservación tampoco está disociada de la historia, y que la biodiversidad también puede tender puentes para dialogar con la memoria del pueblo charrúa, la gesta artiguista y la identidad del monte.

Volviendo al turismo interno, los datos de esta área protegida revelan una dinámica que se consolidó tras la pandemia: el 80% de los visitantes proviene del sur de Uruguay, un 15% de la región y un 5% son turistas internacionales.

Este flujo masivo del sur claramente responde a la búsqueda de alternativas al turismo costero tradicional de sol y playa. Y en este sentido es que Paysandú debería leer los números que están aportando las estadísticas del área protegida como contribución al ecoturismo en el corredor del litoral. La cercanía del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay —con su puerta de entrada en San Javier, proyectada internacionalmente por la Organización Mundial del Turismo en el marco del Best Tourism Villages— y la reciente incorporación al SNAP de Islas del Queguay abren una gran oportunidad para posicionar el litoral oeste como polo de ecoturismo de estándares internacionales. Las mejoras en el entorno de Paso de Andrés Pérez en Montes del Queguay son un motivo de legítimo orgullo para la comunidad de Guichón y para todo Paysandú. El reto hacia el futuro es asegurar que todo este potencial no quede relegado por falta de recursos o indiferencia estatal.

Un informe de la agencia calificadora Moody’s advirtió sobre el efecto que la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento podría ocasionar en la economía uruguaya.
Un artículo al respecto publicado por Ámbito, firmado por el colega Alejandro Iglesias, recoge que Moody’s advirtió sobre el panorama de menor crecimiento previsto por el gobierno en el proyecto de Rendición de Cuentas, cuyo efecto sería el incremento “de la dependencia de la consolidación fiscal en medio de una trayectoria alcista de la deuda”.
El informe de la calificadora enfoca en “la rigidez del gasto que deja menor margen de maniobra ante eventuales shocks”, a la vez que anticipa la posibilidad de mayores riesgos de desvío fiscal el año que viene.
Destaca el artículo que, del mismo modo, se valoró de forma positiva el fortalecimiento del régimen de metas de inflación y la trayectoria del Índice de Precios al Consumo (IPC), así como la estrategia de desdolarización que lleva adelante el Banco Central del Uruguay (BCU), que busca fortalecer los mecanismos de control de que dispone el gobierno.
Moody’s refleja en su informe la rebaja que se presenta en las proyecciones de crecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la vez que suma “las restricciones del escenario externo para este año”. De la pandemia a esta parte prácticamente no ha habido respiro entre conflictos bélicos, guerra comercial e inestabilidad de precios en los mercados. La amenaza de un escenario más complejo permanece latente y la recomendación es fortalecer las reservas. Lo que plantea la calificadora es que, en lugar de ello, Uruguay elige comprometer más gasto, incrementando la dependencia de la emisión de deuda.
Plantea Moody’s —de acuerdo con el artículo de Ámbito— que el Ejecutivo “mantuvo la trayectoria del balance fiscal global y estructural hasta 2030, compensando los menores ingresos con recortes en el gasto operativo y en transferencias discrecionales”. Aunque estos movimientos son insuficientes para estabilizar la deuda bruta del gobierno, que proyecta superará el 65% del PBI hacia 2030, con un incremento de más de seis puntos desde el 59,8% de 2025. El informe valora que esa senda es consistente con la regla fiscal del gobierno, aunque “la rígida estructura del gasto” —que incluye salarios indexados, transferencias sociales y pensiones, que en conjunto representan el 86% del gasto primario— “deja un margen limitado de ajuste ante shocks, lo que agrava las vulnerabilidades fiscales a medida que aumenta la carga de la deuda”. En otras palabras, hay menos espalda para hacer frente a un eventual temporal de la economía mundial.
La observación de Moody’s radica en la proyección de una reducción de ingresos a 27,4% respecto del PBI, un recorte de cinco décimas respecto a lo estimado en la Ley de Presupuesto. Aunque señalan un mayor riesgo de desviación fiscal para 2027, “cuando el presupuesto proyecta que los ingresos aumentarán en 0,9 puntos porcentuales hasta 28,3% del PBI”.
Siempre en función del artículo basado en el informe de Moody’s, aunque el incremento previsto para el año próximo se apoya en una serie de mejoras administrativas, así como en el aumento de la recaudación por cambios tributarios como el Impuesto Complementario Mínimo Doméstico (IMCD) y la tributación de dividendos de no residentes, lo esperable es un impacto progresivo y no inmediato, en tanto “su rendimiento y calendario de implementación dependen de la coordinación fiscal internacional”.
También alude la calificadora a la reducción del gasto tributario en vehículos eléctricos e híbridos a partir de 2027, de la que considera que “aporta apoyo adicional”. Y si bien estimó que el enfoque en las medidas administrativas “ayuda a preservar la competitividad”, como contrapartida “aumenta la incertidumbre sobre la recaudación efectiva”, con lo que la consolidación de mediano plazo queda supeditada a una disciplina sostenida del gasto.
El artículo de Ámbito destaca que las valoraciones más positivas refirieron al financiamiento: por un lado, el crecimiento del porcentaje de la deuda nominada en pesos uruguayos —del 44% en 2019 al 56% en 2025—, lo que reduce el riesgo cambiario; y por otro, el crecimiento de las emisiones en moneda local a tasa fija no indexada, “alejándose de la deuda a tasa variable indexada al IPC o a los salarios”. El efecto de esta modalidad es que se reduce el traspaso de la inflación y de la dinámica salarial a los costos del servicio de la deuda.
Otro de los aspectos en los que puso atención la agencia calificadora fue el régimen previsional, en plena fase de revisión tras el Diálogo Social convocado por el gobierno. De ese proceso han surgido iniciativas como un mecanismo que habilite la jubilación anticipada a los 60 años y la modificación de la gestión de las AFAP, sobre la que todavía poco se conoce, pero que ya ha causado preocupación tanto en el ámbito doméstico como en esferas internacionales, por la incertidumbre que genera.
A esto se suman otras señales preocupantes: los permanentes conflictos sindicales en la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo y lo cuestionable de la oportunidad para abrir un debate sobre la reducción de la jornada laboral, con el impacto que esto podría tener sobre la captación de inversiones. Todo ello en un contexto de ya notoria falta de competitividad del país —tanto que ameritó el envío al Parlamento de un proyecto de ley para mejorar este aspecto—, por lo elevado de los costos salariales, energéticos y de logística. La impresión es que se está configurando una tormenta de dimensiones considerables.
Así como al presidente le cuesta redondear y cerrar temas cuando hace declaraciones, da la impresión de que a su gobierno le cuesta poner coto a las pretensiones de sectores con los que asumió compromisos sin tener presente el contexto de inestabilidad actual. De otra forma no se entiende que se siga hablando y reclamando un impuesto del 1%, por solo poner un ejemplo.

Desde hace décadas, el tema de la falta de especialistas médicos en el Interior, lejos de atenuarse, se ha ido acentuando, tanto en el caso de las mutualistas como en ASSE, y no hay hasta ahora una respuesta decidida del Estado para revertir esta situación. Mientras tanto, los pacientes derivados a especialistas siguen esperando dos, tres, cuatro y hasta más meses para ser atendidos, sin encontrar respuesta para esta atención especializada, mientras siguen pasando los años sin soluciones a medida para este problema. El diario El Observador da cuenta de que hay dos proyectos legislativos de 2026 para radicar especialistas médicos en el Interior de Uruguay: uno del Frente Amplio que obliga a recién egresados y otro del Partido Nacional basado en incentivos. Las propuestas buscan solucionar la falta de profesionales en el norte del país, contraponiendo la obligatoriedad frente a los beneficios económicos.

El diputado del Partido Nacional Andrés Grezzi presentó un proyecto de ley que otorga incentivos a especialistas médicos para que trabajen en centros públicos del Interior. La iniciativa es una respuesta a la que presentó el Frente Amplio, que obliga a los recién recibidos a trabajar en hospitales públicos de todo el país durante sus dos primeros años de egreso.
El autor del proyecto afirmó que no está de acuerdo con el presentado por el oficialismo, entiende que es inconstitucional, y que por eso propuso esta alternativa, que “busca no obligar a que tengan que ir al Interior, pero sí darle incentivos para que se puedan radicar allí”, dijo Grezzi en diálogo con el citado medio periodístico.

Por su lado, el diputado del Frente Amplio Federico Preve había presentado en abril el proyecto de ley que, de aprobarse, obligaría a los médicos y especialistas recién recibidos a atender durante sus dos primeros años de egreso en hospitales públicos de todo el país.

Preve, médico neurólogo, plantea que los profesionales cumplan una “carga horaria semanal mínima de cuatro horas y una máxima de 16 horas, durante un período de dos años”, según el texto del proyecto.

La implementación de este proyecto alcanzaría a los “profesionales que culminen la formación de posgrado en especialidades médicas y otros profesionales de la salud que culminen la formación de grado, posgrado o especialización”.
Se tendría en cuenta para determinar esta carga horaria la “distancia que exista entre el lugar de prestación del servicio y la capital del país”. Por otra parte, el proyecto establece que será el Ministerio de Salud Pública el que determine las “necesidades asistenciales de cada especialidad”.

El MSP “no registrará ni habilitará” el título para el ejercicio de la profesión a quienes no cumplan con lo dispuesto en el proyecto, que recién iniciará su trámite parlamentario. Ante este planteo, la Federación Médica del Interior (FEMI) afirmó que el proyecto de ley en cuestión “no constituye una solución adecuada. La imposición de un período obligatorio de ejercicio no garantiza la radicación sostenida de profesionales ni la calidad asistencial, pudiendo además generar efectos contraproducentes en el mediano y largo plazo”. En cambio, la federación entiende que “las soluciones deben orientarse a fortalecer la formación de especialistas en el Interior, mejorar las condiciones laborales y generar incentivos reales para la radicación”.

Hay una pregunta que debería atravesar cualquier discusión sobre nuestro sistema de salud: ¿el lugar donde nace y vive una persona puede determinar sus posibilidades de acceder a un especialista médico? La respuesta, aunque incómoda, es sí. Y esa realidad expone una de las mayores inequidades del país: la enorme distancia que existe entre la atención sanitaria disponible en Montevideo y la que reciben miles de uruguayos que viven en el Interior, una brecha que se vuelve todavía más profunda en los departamentos ubicados al norte del río Negro.

Durante décadas, el diseño del sistema sanitario ha reproducido una lógica centralista. Montevideo concentra la mayor parte de los especialistas, de los centros de alta complejidad, de la actividad académica y de las oportunidades laborales. Mientras tanto, el Interior continúa esperando. Espera médicos, espera consultas, espera diagnósticos y espera respuestas. Pero quienes no pueden esperar son los pacientes.

Hablar de listas de espera en el Interior no es hablar únicamente de tiempos administrativos. Es hablar de oportunidades perdidas para diagnosticar a tiempo, de enfermedades que avanzan, de tratamientos que se retrasan y de una desigualdad que termina castigando siempre a los mismos. Montevideo concentra una proporción significativamente mayor de médicos por habitante que el resto del país. Esa diferencia ya es importante entre la capital y el Interior, pero se vuelve dramática cuando se observan los departamentos más alejados de los grandes centros urbanos, particularmente los del norte del río Negro. Allí la escasez de especialistas es mucho más marcada, y los usuarios del sistema público deben convivir con largas listas de espera o directamente con la ausencia de determinadas especialidades.

El problema no admite soluciones simples. La distribución desigual de los recursos humanos en salud responde a múltiples factores. La formación de especialistas sigue concentrándose mayoritariamente en Montevideo. Los médicos construyen allí sus vínculos personales, familiares y profesionales, y encuentran mejores posibilidades de desarrollo académico, mayores redes de apoyo, más tecnología y, muchas veces, mejores condiciones laborales.

Por eso resulta indispensable avanzar en una política sostenida de descentralización de la formación médica. Formar especialistas en el Interior significa también generar arraigo: quien estudia, trabaja y desarrolla su vida en una comunidad tiene muchas más posibilidades de permanecer allí ejerciendo la profesión.

Sin embargo, esa es una estrategia cuyos resultados llegarán en el mediano y largo plazo. Y en el interín, no es irracional debatir y mejorar propuestas como la planteada por el diputado Preve: la creación de un servicio público, obligatorio, transitorio y remunerado para especialistas recientemente formados, destinado a cubrir durante un período determinado las necesidades del Interior del país. Al fin y al cabo, el Estado les financió una carrera universitaria completa, y no es descabellado pensar en una devolución que beneficie al interés general. Además, no sería algo completamente novedoso: así funcionó por décadas la educación primaria, donde las maestras recién recibidas comenzaban a trabajar en el interior profundo, en las escuelas más alejadas e aisladas de la campaña, antes de poder tomar escuelas en las capitales departamentales. Gracias a eso pudieron funcionar hasta hoy las escuelas rurales, adonde difícilmente un maestro novato elegiría ir a trabajar por propia voluntad.

La iniciativa seguramente abrirá debates. Pero al considerarse el instrumento, debe preguntarse cuál es el problema que intenta resolver, porque el verdadero centro de esta discusión no debería ser la comodidad del sistema ni las preferencias corporativas. El centro tiene que ser el paciente, y por ese eje deben pasar los mayores desvelos, en lugar de priorizar quién gana o pierde en la confrontación de intereses sectoriales o particulares.

Uruguay volvió a las cifras de suicidios similares a las registradas en 2015. Sin embargo, hubo más de 400 intentos por encima de lo contabilizado en 2024.

A pesar de las estadísticas oficiales, hay un mensaje que se repite desde la población cada vez que es sometida a largas esperas, con desigualdades territoriales en varias especialidades, entre las que también se encuentra la salud mental.
Esta demanda sin cobertura aumenta en Montevideo y la zona metropolitana por cuestiones de densidad poblacional, pero es igualmente acuciante al norte del río Negro, donde se radica el 7% de las especialidades. Es, al igual que en otros aspectos sociales, la otra cara de una realidad que se encuentra por encima de los números fríos.

La evidencia indica un aumento de los problemas de salud mental en Uruguay que requieren, más allá de las menciones reiteradas a un abordaje integral, el seguimiento y la rehabilitación que garanticen una atención sostenida; es decir, que no se debilite o desaparezca conforme cambien los gobiernos.

La tasa de mortalidad por suicidio es mayor en los hombres y, por franja etaria, se concentra en personas de 80 años o más y entre 30 y 34 años. Ronda los 30 casos cada 100.000 habitantes y se establece muy por encima de la media nacional, que se ubica en 19,16.

Con una particularidad sobre los números correspondientes a 2025: se suicidaron siete niños de entre 10 y 14 años. La infancia y la preadolescencia no están ajenas a este flagelo, que requiere un trabajo conjunto con las organizaciones sociales.
Por su lado, los especialistas no aseguran diagnósticos en las puertas de emergencia, sino valoraciones. Además, los cargos necesarios no se reponen desde hace varios años, y alcanza con revisar los llamados efectuados en las últimas administraciones. El mundo académico y las autoridades del gobierno coinciden en el aporte comunitario y, para eso, el Ministerio de Salud Pública lanzó el programa Acción País por la Salud Mental con el financiamiento de 42 proyectos por 34 millones de pesos, o unos 845.000 dólares.

Las iniciativas incluyen distintas terapias y actividades con adultos mayores, niños, embarazadas, disidencias y privados de libertad, algunas de alcance nacional y otras específicas para cada territorio. Las propuestas se mantendrán entre 2027 y 2029, en tanto los recursos están contemplados en el Presupuesto Nacional y otras fuentes ministeriales.

Es decir, caducarán cuando finalice este gobierno y no se vislumbra una política de Estado, a pesar de los sucesivos reclamos de los usuarios. En forma paralela, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció un presupuesto de 25 millones de pesos para la incorporación de psicólogos en todos los liceos del país, orientado a estudiantes de séptimo, octavo y noveno de Ciclo Básico.

En distintos centros educativos de Secundaria del país se registraron casos de violencia entre estudiantes, de padres hacia profesores y de alumnos contra directores, tal como ocurrió en Paysandú. Esos recursos no alcanzarán para el fortalecimiento de la atención de la salud mental porque son insuficientes para garantizar la presencia de un profesional por cada centro. En todo caso, alcanzarán para agilizar las coordinaciones entre los liceos y los prestadores de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa este enfoque porque en estos espacios se realiza una detección temprana de la problemática de salud mental en adolescentes y jóvenes. El principal desafío será llevar esta medida a la práctica con presencia real para el trabajo vinculado a otros aspectos que vuelven vulnerables a las personas, como la violencia intrafamiliar, la discapacidad y los contextos cada vez más complejos. Sin espacios de escucha y orientación dentro de los liceos —es decir, sin inversión en recursos humanos— no puede garantizarse un seguimiento adecuado de la problemática de la salud mental y su impacto en conductas o aprendizajes.

El perfil de muchos niños y adolescentes uruguayos está delineado por la falta de perspectivas de vida y de entorno, en ocasiones marcado por el consumo problemático de sustancias, la falta de empleo, la persistencia de condiciones de precariedad y la mirada hacia un peligroso círculo vicioso que los rodea.

De hecho, la Ley N.° 19.529 o Ley de Salud Mental, aprobada en 2017 por todos los partidos políticos, promueve ese abordaje que prioriza la prevención, la atención comunitaria y la coordinación entre organismos estatales.

En definitiva, al menos en Uruguay, algunas cosas no cambian. El país casi duplica la media global y regional, con un problema centrado en los hombres y los adultos mayores. Y tampoco cambia el perfil de los escasos recursos que definen los gobiernos, sin permitir llegar a la equidad e igualdad de un sistema que no brinda un abordaje en su integralidad, a menos que la persona cuente con recursos económicos y realice consultas con profesionales en el ámbito privado.

De hecho, la Universidad de la República publicó en 2023 que las personas que viven en situación de pobreza tienen un 50% más de riesgo de desarrollar trastornos mentales severos, por no acceder a una consulta y por tener que enfrentar los estigmas asociados a este problema.

Incluso siendo un país con amplia cobertura sanitaria que mejora sus indicadores de desarrollo humano, los trastornos depresivos y de ansiedad afectan a un 10% de la población adulta, de acuerdo con el último informe del Observatorio Uruguayo de Salud Mental. Menos del 20% de las personas que necesitaron atención médica, psicológica o psiquiátrica la recibieron de forma oportuna.

Las barreras culturales y la estigmatización que pervive sobre la salud mental atraviesan a las generaciones como el fantasma de la debilidad. Si el suicidio es evitable, tal como lo señalan los técnicos, entonces desde todo punto de vista se asemeja a un fracaso colectivo: ese que revela que la prioridad y sostenibilidad de las iniciativas en apoyo a la salud mental son, hasta ahora, un buen intento.

De algo que solemos jactarnos los uruguayos es del bajo nivel de corrupción. De hecho, suele referirse al país como el de menor percepción de corrupción en América Latina y entre los del grupo de punta a nivel mundial, en el puesto 17 de acuerdo al último Índice de Percepción de la Corrupción presentado por Transparencia Internacional, con 73 puntos sobre 100 y muy por encima del promedio mundial.
Sin embargo, no podemos perder de vista que este ranking lo que mide es la percepción de la corrupción y no la corrupción en sí misma, que sería difícil de medir. Ahora bien, qué percibimos y qué no como corrupción. Porque hay algunas “corrupciones” que ocurren a la vista de todos y muchos no solamente las aceptan sino que además las usufructúan —quién está libre de haber comprado en el comercio informal un producto de dudosa procedencia, o de haber hecho un asado con leña de monte nativo—, se benefician de ello y no falta quien proponga de tanto en tanto admitir algunos de estos actos, legalizarlos.
Uno de los más extendidos actos de corrupción se relaciona con la expedición de licencias de conducir de forma irregular. Han sido a lo largo de los años muy sonados los casos de excursiones que llevan personas a obtener sus permisos en otros departamentos, últimamente en municipios o localidades donde parece que los controles son menos rigurosos con respecto a los procesos para la obtención del carné habilitante.
En el caso de Paysandú ha habido situaciones que involucraron personal municipal. En 2018 fueron 25 las personas procesadas por diferentes delitos, entre ellos la expedición de libretas de conducir apócrifas. El año pasado fue muy comentado el caso del Municipio de Noblía, en el departamento de Cerro Largo, en el que incluso hubo una persona involucrada que integraba el equipo de gobierno departamental. En la pequeña localidad se emitían permisos de conducir de forma anómala. En ese momento, cuando saltó el tema de Noblía, se hablaba de varios municipios en los que podrían estar ocurriendo situaciones análogas; entre ellos ya se mencionaba el caso de San Javier, donde concurrían muchos conductores de Paysandú a tramitar sus permisos, muchos de ellos adultos mayores. Esto dio lugar a una investigación administrativa que terminó confirmando lo que se sospechaba: en la vecina localidad se podía acceder a un permiso sin cumplir con todos los requisitos previstos para la obtención de la habilitación. Prácticamente se “compraba” la licencia; pagaba y se la daban.
Es así que la investigación iniciada en 2024 constató la existencia de trámites con formularios incompletos, ausencia de constancias de las charlas obligatorias, expedientes sin identificación del acompañante requerido y omisiones en diferentes etapas de las pruebas previstas para obtener o renovar la licencia. Del mismo modo se constataron renovaciones a personas mayores de 75 años sin que se hubiera realizado el examen práctico exigido. En otros casos, los interesados habrían concurrido únicamente para tomarse la fotografía destinada al documento, sin que en los expedientes apareciera acreditado el cumplimiento de las instancias anteriores. Se concluyó que existió un apartamiento “intencional y reiterado de los procedimientos legales”, por lo que la administración departamental entendió que no se trataba de errores aislados o involuntarios. Se atribuyó responsabilidad administrativa a un funcionario municipal, del que se solicitó su destitución, que luego no obtuvo en la Junta Departamental del departamento vecino los votos necesarios. Por alguna razón, los ediles no entendieron que este proceder del funcionario infiel ameritase la destitución. La votación terminó con 15 votos a favor y otros tantos en contra. Cabe señalar que el sindicato, Adeom Río Negro, había respaldado al funcionario cuestionado, mientras su abogado advirtió sobre irregularidades en el proceso administrativo que viciaban de nulidad el procedimiento.
De cualquier forma, aunque desde la Intendencia de Paysandú se anunció que se controlará la situación de conductores locales que circulen con permisos emitidos en otros departamentos, lo que correspondería sería una decisión más tajante: que se anulen los permisos expedidos en ese municipio en el período correspondiente a la existencia de irregularidades en el trámite. Podría decirse que de esa forma hay riesgo de que paguen justos por pecadores, y sí, lamentablemente sí; pero ¿acaso no es más grave el riesgo al que se nos expone a todos al permitir la circulación de conductores que no cuentan con las condiciones físicas, conocimientos teóricos y prácticos, o de las que sea, para estar detrás de un volante recorriendo las calles o las rutas?
¿O por qué sería que van estas personas a obtener su licencia en San Javier, por amor al piroj acaso? No, claramente no; más allá de que seguramente más de uno de ellos habrá vuelto a casa con una de estas exquisiteces propias de la gastronomía de la localidad vecina, la razón no es otra que eludir los controles reglamentarios, evitar rendir los exámenes prácticos o teóricos, escapar de los controles físicos y del tan temido gabinete psicosensométrico —que solamente menos del 1% de los conductores no logra aprobar, según datos de IDP—, que en Paysandú se instrumentó como un adelanto que debería llegar más temprano que tarde a todos los lugares donde se expidan permisos.
La obtención del permiso de conducir no es un mero trámite: es nada menos que la constatación de que una persona está en condiciones de circular al mando de un vehículo que, en manos que no correspondan, es una verdadera arma. Y debemos recordar que esa habilitación rige para todo el país y también en el extranjero, por lo cual la responsabilidad es infinitamente mayor. Por eso al Intendencia de Paysandú debe actuar con la severidad que amerita el caso, pero también el Congreso de Intendentes debe tomar cartas en el asunto.
Claro, después, cuando ocurren casos como el de Toledo, en Canelones, en el que perdieron la vida tres jóvenes —uno de ellos con un hijo de muy corta edad— que regresaban de un partido de fútbol con sus amigos, por culpa de un conductor alcoholizado al que ya se había retirado el permiso, no queda espacio más que para el lamento y las lágrimas de las familias destruidas. Por ello el reclamo, el pedido, de que al igual que con el alcohol, pasemos a tener tolerancia cero con este tipo de situaciones.

Hay situaciones que parecen imposibles de explicar. Y cuando algo no tiene explicación lógica, generalmente empieza a tener explicación política.
En Paysandú existe un terreno que durante años fue conocido como propiedad de la antigua Sociedad de Panaderos. Allí, más de doscientas familias fueron levantando sus viviendas con esfuerzo, sacrificio y la esperanza de algún día acceder a la tan ansiada escritura de su hogar.
Han pasado administraciones municipales de distintos colores y nombres. Pasó una, pasó otra, y pasó otra más. Promesas hubo muchas. Soluciones, pocas o ninguna.
Los vecinos golpearon puertas, realizaron gestiones y reclamaron una respuesta. Mientras tanto, gracias a distintas intervenciones del Estado, lograron acceder a servicios básicos de OSE y UTE. Es decir, existen para pagar facturas, pero no para obtener la seguridad jurídica de la tierra donde viven.
Pero la historia se vuelve todavía más interesante.
Porque según relatan vecinos de la zona, en una parcela enorme sobre Rodríguez Nolla y Ayacucho, comenzaron a aparecer terrenos que habrían sido vendidos entre cinco y diez mil dólares. Lotes de aproximadamente diez por veinte metros. El lugar incluso recibió un nombre elegante: “Barrio Privado El Mirasol”.
Qué maravilla la creatividad uruguaya. Donde algunos ven una ocupación irregular, otros descubren una inmobiliaria de alta velocidad.
Y aquí aparece la pregunta que nadie parece querer responder.
¿Cómo puede ser que existan dos realidades completamente distintas dentro del mismo padrón?
Por un lado, familias que llevan años esperando una solución para regularizar sus viviendas.
Por otro, terrenos que aparentemente cambian de manos, se venden y hasta adquieren nombre de barrio privado.
Y mientras tanto, la Intendencia realiza calles, coloca alumbrado público, presta servicios y hasta recibe recientemente la visita del intendente preocupado –con razón– por la falta de presión del agua potable que suministra OSE. Loable preocupación.
Pero ya que estamos preocupados, quizás convendría preocuparse también por un pequeño detalle: la situación jurídica de cientos de familias que siguen esperando una respuesta desde hace años.
Porque resulta curioso que el Estado pueda reconocer un barrio para cobrar tributos, instalar luminarias, abrir calles y gestionar servicios, pero parezca sufrir un repentino ataque de amnesia cuando llega el momento de resolver la propiedad de la tierra.
La pregunta final es sencilla.
Si todos saben dónde está el problema, si todos conocen la situación y si todos han recorrido el barrio prometiendo estudiar soluciones… ¿qué es exactamente lo que están esperando?
Porque los años pasan, las familias siguen allí, las casas continúan creciendo y las promesas envejecen más rápido que las paredes.
Y en Paysandú parece que existe una nueva categoría urbanística: barrios suficientemente legales para recibir servicios, pero demasiado ilegales para recibir escrituras.
Una figura tan absurda que debería estudiarse en las facultades de Derecho.
O quizás en las de magia.
David Doti

Sobre quién gana la final, por ejemplo. Será un partido algo aburrido, con mucha tenencia en cancha propia aunque con la tensión propia de una final. Quizás la diferencia la haga Messi. Apostar, por ejemplo, a si la Jutep actuará, previo informes de bufetes externos, y legalizará el arreglo del parador del Parque Rodó —es más fácil que lo de ASSE—, declarará vacante la Fiscalía General e indicará cómo proceder a continuación, dará por hecho que ya hay “copamiento” y certificará, con felicitaciones de la mesa, que Juan Castillo es comunista y que Abdala también, más otros cuatro o cinco más o menos “tapados”, y se expedirá sobre si los funcionarios están primero al servicio del Estado o si lo están al servicio “del Partido” o si son libres de optar.

No es seguro si resolverá ahora lo de la camioneta y no se sabe si encarará el tema de este nuevo impuesto a las consultas médicas que castigará mayoritariamente a los jubilados —no los de la Caja de Profesionales, obviamente—, los que por ser mayores son de salud más precaria; como consuelo podría legalizarles, como una especie de eutanasia alternativa, el no ver más médicos, por ejemplo.

No se descarta que por razones de urgencia la Jutep dé por aprobada la Rendición de Cuentas a la que, en ese caso, Oddone le añadiría algunos impuestitos más. Lo de la Rendición es lindo para jugársela: de antemano se sabe que solo te devuelve la plata la apuesta de que será aprobada con los dos votitos —cada vez más rentables— de Cabildo.

Pero puede sí resultar desafiante apostar a si Lacalle Pou le hará caso o no al secretario de la Presidencia —que no le cabe en la cabeza un sistema de coalición democrática no imperativa—, y también cuáles serán las reacciones de Bordaberry, Ojeda y Mieres, e incluso en el propio Partido Nacional, ante esta provocativa intromisión. Es un hecho, asimismo, que esto de la Rendición al grueso de la ciudadanía “le nefrega”.

A esta lo que le importa y la tiene agobiada es la inseguridad desbocada, y tras ella, también al trote largo, la amenaza de cierre de empresas, suspensión de obras, pérdidas de empleos como consecuencia directa de la acción del Ministerio de Trabajo y el Pit Cnt, la falta de rumbo de Economía, la política cambiaria del Banco Central y el hostigamiento a los empresarios y a los muy ricos; todos mala gente a los que se les induce a que se vayan a pescar a otro lado. Y seguro, y aquí le tiro un salvavidas al presidente, la gente se desmoraliza, lo que se traduce en aquello de piove governo ladro.

Se refleja en las encuestas y la imagen del presidente se deteriora mes a mes y viene rodando y rodando, como en aquel cuento de la confesión. ¡Por favor, que alguien lo abaraje! Según la última de Equipos (junio), la desaprobación es del 53% y solo aprueba el 26%. Saldo negativo de -27. Orsi bate más récords que Messi y Mbappé juntos.

Y por si fuera poco, los uruguayos (según investigación de Cifra) tienen mala opinión de Carolina Cosse (-36) y peor del secretario Sánchez —el que le mojó la oreja a la coalición y a Lacalle Pou— con -40. ¿Qué nos queda entonces? Blanca Rodríguez y Jorge Díaz, que ni figuran en los sondeos. Podría apostarse hasta dónde se hundirá el presidente, pero queda feo. Quizás sí apostar a que en algún momento —que sea rápido— tomará las riendas. Es más una expresión de deseos, pero si se diera pagaría muy bien. A todos.

Un proceso histórico es una trama acumulativa de acciones, estructuras y significados que, por su encadenamiento y la tensión creciente entre sus elementos, transforma la calidad de la vida social y política. Entenderlo exige combinar la mirada del tiempo largo, la agenda de los actores y la semántica de los conceptos que orientan la experiencia colectiva.
Pensar un proceso histórico en profundidad implica alejarse de la cronología como fin en sí misma y atender cómo pequeños gestos, rutinas institucionales y choques externos se suman hasta producir cambios cualitativos.
La transición uruguaya a la democracia debe leerse como un proceso acumulativo: desgaste del régimen, movilización social sostenida, negociaciones políticas y decisiones jurídicas que, juntas, transformaron la calidad del orden político entre 1980 y la consolidación posterior a 1985.

La salida de la dictadura no fue un acto único sino una trama larga en la que prácticas cotidianas, crisis económicas y disputas políticas fueron sumando tensiones hasta abrir una ventana de oportunidad. Gerardo Caetano reconstruye ese encadenamiento mostrando cómo la dictadura entró en una fase de “agonía institucional”, cómo la sociedad civil y los sindicatos recuperaron iniciativa y cómo las negociaciones entre partidos y fuerzas armadas, con episodios como el Club Naval, orientaron la salida pactada hacia elecciones y la asunción civil en 1985.

Es importante subrayar dos dimensiones que explican la calidad del proceso. Primero, la interacción entre estructura y agenda: las instituciones heredadas y la tradición partidaria condicionaron opciones, pero actores sociales y políticos, léase sindicatos, partidos, movimientos, reconfiguraron el escenario mediante movilizaciones y estrategias negociadoras. Segundo, la política de acuerdos y límites jurídicos: la transición incluyó decisiones que privilegiaron la estabilidad y la reinstitucionalización, pero dejaron debates abiertos sobre impunidad y reparación que marcaron la consolidación democrática.

La construcción discursiva de la democracia en esos años también fue central. Investigaciones sobre la primera etapa democrática que podríamos ubicar entre los años 1985 a 1989 muestran cómo las ciencias jurídicas y políticas participaron en la redefinición de derechos, procedimientos y expectativas que sostuvieron la reinstitucionalización; ese trabajo intelectual y jurídico fue parte del proceso, no un mero epílogo. No un tecnicismo, sino la exigencia de justicia en una deuda pública no saldada.

La impunidad como deuda

La restauración formal de la democracia en Uruguay no cerró las cuentas pendientes con las víctimas de la dictadura; dejó, en cambio, una deuda política, jurídica y moral inmensa, permanente. Instaló una frustración que ha devaluado las expectativas de la nueva etapa, la del reencuentro de la sociedad con una nueva institucionalidad democrática frustrante. Esa deuda no es un accidente técnico: fue el resultado de decisiones conscientes que privilegiaron otras cuestiones, que introdujeron renuncias que atentan aún contra la reinstitucionalización y la estabilidad política sobre la persecución penal de violaciones de derechos humanos. Pensar la impunidad como deuda permite comprender la transición no como un punto final sino como un pasaje con obligaciones no satisfechas que siguen condicionando la vida pública.

La expresión más nítida de esa decisión política fue la Ley Nº 15.848, que declaró la “caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985” por funcionarios militares y policiales. El texto legal articula la lógica de la transición: cerrar procesos penales para facilitar la salida del régimen y la reinstitucionalización, al tiempo que deja abiertas investigaciones administrativas y excepciones limitadas.

“Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 … ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985…”

Esa norma no puede leerse, como fue dicho, como un mero tecnicismo: fue el producto de negociaciones políticas que buscaron estabilidad, pero que, al mismo tiempo, generaron una obligación incumplida frente a las víctimas y sus familias. La caducidad funcionó como un muro legal que transformó la exigencia de justicia en una deuda pública no saldada; la sociedad respondió con demandas persistentes por verdad, memoria y reparación. Y siguen actuales, vigentes, provocando división como una herida presente. La deuda tiene varias dimensiones. En lo jurídico, implicó la suspensión de la vía penal para numerosos casos y la creación de mecanismos administrativos insuficientes para satisfacer la exigencia de sanción. En lo político, significó un pacto de gobernabilidad que consolidó la transición pero dejó sin respuesta la demanda de rendición de cuentas. En lo simbólico, instaló un paisaje de impunidad que condicionó la memoria colectiva y la confianza en las instituciones. Dicho con otras palabras: desde esta perspectiva, significó y significa aún, de manera tozuda, heridas no cerradas en la memoria colectiva, erosión de confianza institucional y demandas persistentes de víctimas y familiares de víctimas, como de movimientos sociales.

Hay reflexiones de estudiosos uruguayos que han analizado estas tensiones desde perspectivas complementarias. Gerardo Caetano ha reconstruido la salida negociada del régimen y la lógica de los acuerdos que facilitaron la transición; Óscar Bottineli ha enfatizado la centralidad de la memoria y la reparación para la convivencia democrática; Carlos Demassi ha abordado las tensiones jurídicas e institucionales que la Ley de Caducidad y otras decisiones políticas introdujeron en el proceso de reinstitucionalización. Sus trabajos convergen en una idea: la impunidad no es sólo ausencia de condenas, sino una deuda que atraviesa lo jurídico, lo político y lo simbólico.

La experiencia uruguaya muestra que saldar esa deuda exige políticas integrales: apertura de archivos, investigación independiente, reparación material y simbólica, educación pública sobre lo ocurrido y reformas institucionales que garanticen la no repetición. Las comisiones de investigación y los informes públicos son pasos necesarios, pero insuficientes si no se articulan con medidas judiciales, reparadoras y pedagógicas sostenidas en el tiempo.
Resolver la deuda implica decisiones políticas que reconfiguran la relación entre Estado y sociedad. Las soluciones parciales tienden a reproducir la idea de que estamos frente a una deuda impaga. Por eso, la política de memoria y justicia debe reconcebirse como una inversión democrática: no sólo para satisfacer demandas morales, sino para fortalecer la legitimidad institucional y prevenir la repetición.

Ya hay demasiado daño irreparable como para seguir insistiendo en este desatino. Hay demasiadas madres, padres, parejas, hijos que han completado su ciclo vital sin que la democracia les haya posibilitado cumplir el derecho básico y sagrado de dar sepultura a sus seres queridos.
La historia no los absolverá. Como escribiera Mijail Gorbachov refiriéndose a los últimos días de la RDA, “la vida encuentra la forma de castigar a los que llegan demasiado tarde”.

Se anunció en los últimos días que la empresa Airbus trabaja en un motor de celda de combustible a hidrógeno que podría eliminar por completo las emisiones de CO2 y óxidos de nitrógeno durante los vuelos. La empresa desarrolla el proyecto junto a MTU Aero Engines, en una asociación que abarcará el diseño, las pruebas y la certificación del nuevo sistema, según informó SlashGear.
Los trabajos comenzarán en 2027 y se inscriben en el programa ZEROe, la iniciativa de largo plazo que Airbus lanzó en 2020 con el objetivo de desarrollar el primer avión comercial propulsado por hidrógeno. Tras explorar distintos conceptos de propulsión, la compañía optó por las celdas de combustible como enfoque principal después de pruebas con prototipos. Airbus ya completó varias rondas de pruebas sobre componentes clave y planea realizar pruebas en tierra cuando el programa entre en funcionamiento.
Esta noticia, que podría ser de interés tal vez solo para quienes siguen de cerca la evolución y los avances de la ciencia en el área de la energía aplicada al transporte, tiene implicancias directas para nuestro país, donde, en el marco de la reconversión energética amigable con el medio ambiente, están en curso proyectos muy avanzados de inversión en el área del hidrógeno verde, como es el caso de la megainversión de 5.000 millones de dólares para una planta en Paysandú.
Durante décadas, la transición energética estuvo asociada casi exclusivamente a la generación de electricidad a partir de fuentes renovables. Sin embargo, el desafío actual ya no consiste únicamente en producir energía limpia, sino en utilizarla para descarbonizar sectores donde la electrificación directa resulta compleja o, simplemente, inviable. Es allí donde el hidrógeno verde comienza a ocupar un lugar central.
Aunque los vehículos eléctricos a batería se consolidan como la opción dominante para el transporte liviano, existen actividades —como el transporte pesado, la industria, la navegación y la aviación— que requieren soluciones con mayor autonomía, menor peso y tiempos de recarga reducidos. En esos escenarios, el hidrógeno aparece como un vector energético con enorme potencial.
No todo el hidrógeno ofrece los mismos beneficios ambientales. El denominado hidrógeno verde, producido mediante electrólisis del agua utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables, representa la única alternativa verdaderamente libre de emisiones de carbono durante su producción. Por el contrario, el hidrógeno gris continúa dependiendo del gas natural, mientras que el hidrógeno azul incorpora tecnologías de captura de carbono que, aunque reducen las emisiones, no las eliminan completamente. Su utilización puede realizarse mediante dos tecnologías. La primera, y más eficiente, es la celda de combustible, que transforma el hidrógeno en electricidad para alimentar un motor eléctrico, generando únicamente vapor de agua como subproducto. La segunda consiste en crear un combustible similar al derivado de petróleo basado en hidrógeno –e-combustible–, el cual se puede usar en motores en sustitución a las naftas o queroseno para jet, por ejemplo.
Esta última permite aprovechar buena parte de la infraestructura industrial ya existente, aunque presenta menores niveles de eficiencia y exige sistemas adicionales para controlar las emisiones de óxidos de nitrógeno.
Las ventajas del hidrógeno verde son conocidas y cada vez más valoradas. Permite repostajes en pocos minutos, ofrece una elevada densidad energética y reduce significativamente el peso respecto a grandes bancos de baterías, se puede almacenar fácilmente y es transportable. Estas características lo convierten en una opción especialmente atractiva para camiones de larga distancia, trenes, maquinaria pesada, buques e incluso aeronaves.
Precisamente, la aviación constituye uno de los ejemplos más interesantes de esta transformación. Destacábamos que Airbus acaba de reafirmar su apuesta por el hidrógeno al anunciar el desarrollo, junto con MTU Aero Engines, del sistema de propulsión basado en celdas de combustible dentro del programa ZEROe, cuyo objetivo es construir el primer avión comercial impulsado por hidrógeno. La decisión representa un cambio tecnológico de enorme magnitud para una industria responsable de aproximadamente el 2,5% de las emisiones globales de dióxido de carbono.
No obstante, el camino está lejos de ser sencillo. A ello se suman cuestiones vinculadas a la seguridad, como el riesgo de fugas, la elevada inflamabilidad y la necesidad de desarrollar nuevos protocolos de operación y certificación. Son obstáculos importantes, pero no diferentes de los que históricamente enfrentó cualquier innovación tecnológica disruptiva.
Tampoco pueden ignorarse los desafíos económicos. La producción de hidrógeno verde sigue siendo más costosa que la de los combustibles fósiles o del hidrógeno obtenido a partir de gas natural. Además, será imprescindible desarrollar una infraestructura completamente nueva de transporte, almacenamiento y abastecimiento. La eficiencia global del proceso —desde la producción mediante electrólisis hasta el movimiento del vehículo— todavía es inferior a la de un vehículo eléctrico a batería. Sin embargo, cuando el objetivo es mover cientos de toneladas o recorrer miles de kilómetros sin largas detenciones para recargar, esas limitaciones pierden parte de su relevancia.
En este contexto, Uruguay posee una ventaja competitiva difícil de igualar. Gracias a una matriz eléctrica compuesta casi en su totalidad por energías renovables, el país reúne condiciones ideales para producir hidrógeno verde con una de las menores huellas de carbono del mundo. La combinación de recursos eólicos abundantes, creciente generación solar, estabilidad institucional y experiencia en políticas energéticas coloca al país en una posición privilegiada para convertirse en proveedor internacional de este nuevo combustible.
La oportunidad va mucho más allá de exportar hidrógeno. Supone atraer inversiones industriales, desarrollar cadenas de valor nacionales, generar empleo altamente calificado y posicionar al país como referente tecnológico en América Latina. El hidrógeno puede transformarse en un nuevo capítulo de la política energética uruguaya, tal como ocurrió hace poco más de una década con la revolución de las energías renovables.
Sin embargo, alcanzar ese objetivo exigirá decisiones estratégicas. Será necesario consolidar marcos regulatorios claros, incentivar la investigación científica, formar recursos humanos especializados y promover alianzas entre el Estado, las universidades y el sector privado.
El hidrógeno verde no resolverá por sí solo todos los desafíos de la transición energética. Tampoco sustituirá a las baterías eléctricas ni a otras tecnologías emergentes. Pero todo indica que ocupará un papel decisivo allí donde la electrificación directa encuentra sus límites. Mientras las grandes empresas aeronáuticas, navieras y fabricantes de vehículos pesados aceleran sus programas de desarrollo, Uruguay tiene la oportunidad de convertirse en un actor relevante y no en un simple espectador, pasando de ser un país que genera electricidad renovable a convertirse en un productor de combustibles limpios para el mundo.

Cuando se habla de recursos naturales, y en particular del agua, mirar hacia el río Uruguay es casi una costumbre para quienes habitamos el litoral. Sin embargo, debajo de nuestros pies, a cientos de metros de profundidad, corre otra llanura líquida que no hace ruido, no molesta y carece de la espectacularidad de los atardeceres costeros: es el Acuífero Guaraní. Abastece diariamente a millones de personas de cuatro países —Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— que utilizan sus aguas para actividades domésticas, agrícolas, industriales y turísticas, además de ser una reserva de agua dulce fundamental para el buen funcionamiento de ecosistemas como los humedales y los ríos.
Durante generaciones creímos en la abundancia infinita de agua, una ilusión alimentada por las enseñanzas escolares y los discursos que pintaban nuestro principal acuífero casi como un océano subterráneo inagotable e inmune a los avatares del mundo exterior.
No obstante, la retórica de la inagotabilidad hoy se agrieta bajo el peso de una presión extractiva sin precedentes y una paradoja institucional no siempre fácil de aceptar: nunca supimos tanto a nivel científico sobre este acuífero y, al mismo tiempo, nunca estuvimos tan expuestos a perder su control soberano.
La reciente reunión regional realizada en el Aula Magna del Cenur Litoral Norte en Salto dejó en claro esa contradicción con gran nitidez. En dicha instancia se presentaron los resultados del Proyecto “Implementación del Programa de Acción Estratégica del Sistema Acuífero Guaraní (SAG)”, en el marco de un esfuerzo transfronterizo que involucró a cancillerías y agencias de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con apoyo técnico de la Unesco, el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la gestión del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Desde el punto de vista técnico y diplomático, la reunión fue un éxito. Se avanzó en la unificación de datos, se habló de metodologías coordinadas para medir la recarga y la descarga del acuífero, del establecimiento de una red de monitoreo que permitirá a los cuatro países compartir información en tiempo real a través de una plataforma digital común.
En este marco, las voces oficiales destacaron la relevancia de este gigante subterráneo para el desarrollo socioeconómico regional, el turismo termal y la investigación académica, respaldada por herramientas científicas recientes como el Vademécum de las Aguas Termales.
Este conjunto de herramientas puede interpretarse como un termómetro muy preciso para medir el agua del subsuelo; el problema es que el termómetro no cura la fiebre.
En este sentido, cabe señalar que mientras el ámbito técnico y científico celebraba la armonización de las bases de datos y la coordinación interinstitucional, por fuera de la foto oficial quedaron las advertencias de representantes de movimientos socioambientales de la cuenca, que cuestionaron la gobernanza real del acuífero.
Al respecto, alertaron que desde la estructura estatal se sigue facilitando la instalación de nuevos proyectos industriales de gran escala que amenazan las zonas de recarga y la calidad del agua. Se trata de una queja que en ocasiones suele tratarse con condescendencia, pero que encierra también una verdad incómoda: nos lleva a preguntarnos de qué sirve tener la mejor red de monitoreo digital si los datos generados no tienen valor vinculante para frenar prácticas nocivas provenientes del avance del agronegocio, las plantaciones forestales de rápido crecimiento o los nuevos y sedientos proyectos energéticos que demandan millones de litros de agua dulce por día.
La crítica de las comunidades locales apunta al corazón de un concepto que los organismos multilaterales suelen incluir: la gobernanza participativa.
En nuestra legislación, Uruguay es un ejemplo mundial gracias a su reforma constitucional de 2004, que estableció que la gestión de los recursos hídricos debe priorizar la vida y contar con la participación de la sociedad civil en todas las etapas de su planificación.
Sin embargo, las comunidades locales reclaman que su participación no quede reducida a instancias meramente informativas o talleres de consulta donde suelen presentarse decisiones que ya fueron tomadas.
Los acuíferos poseen un valor geopolítico especialmente importante por su incidencia en la actividad económica. En nuestra región, el Acuífero Guaraní es la mayor reserva de agua dulce y mucho se ha hablado de los intereses de corporaciones internacionales e incluso de países que necesitarán asegurar el suministro de recursos hídricos. Esos intereses podrían interpretarse como amenazas para nuestra soberanía del agua y suelen generar preocupación en diversos sectores. Sin embargo, deberíamos preocuparnos también por otros problemas más silenciosos —y quizás irreversibles— como los cambios en sus ecosistemas, la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos, pero además debemos ser conscientes que el 96% del acuífero no está bajo suelo uruguayo, sino de nuestros vecinos. Así que por mucho que pretendamos cuidarlo, nuestro 3,8% del recurso natural no nos deja mucho margen de maniobra.
Tiempo atrás, el analista Albert Vidal señaló en un artículo publicado en Global Affairs (Universidad de Navarra, España) que “una reserva como el Sistema Acuífero Guaraní es especialmente atractiva para empresas y algunos países que necesitan asegurarse el suministro de recursos hídricos. De todos modos, estos peligros son relativamente inocuos si los comparamos con otros que podrían ocasionar la contaminación del acuífero o un cambio irreversible en el ecosistema”. Si bien este especialista considera poco probable la contaminación intencional del acuífero, advirtió sobre el peligro de contaminaciones accidentales por el vertido de sustancias tóxicas de la agricultura —en Brasil hay mucha agroindustria y cultivo de soja en la zona del acuífero—, el ingreso de pesticidas, residuos y agrotóxicos por las grietas de recarga del acuífero, y más recientemente, la incorporación del fracking. Incluyó también como amenazas la deforestación en zonas de recarga y la posibilidad de extracción acelerada por encima del nivel de recarga en la explotación del acuífero.
En este sentido va el reclamo de las comunidades locales, que no están pidiendo conocer el funcionamiento de la hidrogeología sino exigiendo el derecho a decidir qué se hace con el agua de sus territorios.
En definitiva, la distancia entre la pulcritud de los informes científicos internacionales y la violencia silenciosa del despojo territorial no es un detalle menor en el presente y, menos aún, si se mira con una perspectiva de futuro.
En varias regiones de nuestro territorio, la expansión de la agricultura intensiva de secano y el monocultivo forestal ha alterado la dinámica de los suelos, y los pequeños productores raramente tienen recursos financieros para nuevas y más profundas perforaciones en busca de agua segura, generando nuevas brechas y desigualdades.
De alguna manera, estamos permitiendo que el subsuelo se privatice de hecho mediante la capacidad técnica de extraerlo a grandes profundidades.
El agua subterránea es, cada vez más, un recurso natural estratégico no solo para el abastecimiento de la población, especialmente la rural, sino que tiene el valor de su almacenamiento natural, que garantiza contar con ella ante eventos complejos como sequías o interrupciones en el suministro por problemas de contaminación o turbiedad de los ríos. Los acuíferos representan, cada vez más, un “territorio” en disputa que requiere acciones concretas para su sustentabilidad.

Dos por tres aparece algún informe de alguna de las agencias internacionales de noticias o en algún portal que recopila noticias variopintas sobre estudios científicos absurdos, sobre los más diversos temas. Hay incluso un premio que otorga la revista de humor científico Annals of Improbable Research (Anales de la Investigación Improbable), en diez categorías diferentes, que reconocen logros científicos inusuales o triviales “que primero hagan reír, y después hagan pensar”. Estudiar qué ocurre en el cerebro de la gente cuando ve una cara reconocible en una tostada, medir el dolor relativo que la gente sufre al mirar una pintura fea, determinar si el ser dueño de un gato puede representar un peligro mental: tales son algunos ejemplos de estudios reconocidos en la ceremonia de 2014 de los Ig Nobel.

Hemos incluso presenciado desde esta orilla la discusión por los recortes presupuestales a las universidades públicas en Argentina, que han tenido como uno de los argumentos fuertes lo poco relevante del aporte al conocimiento de algunos estudios en los que se analizaban, por ejemplo, las películas Star Wars, El Rey León, revistas de Anteojito y hasta canciones de Ricardo Arjona, todas objeto de investigaciones desarrolladas en el área de estudios culturales, cuestionadas durante la década pasada por supuesta falta de seriedad, por más que se tratase de productos culturales y, como tales, pasibles de ser puestos bajo la lupa en esa área de investigación.

Pero, aunque la ciencia sigue ocupándose de asuntos relevantes, por supuesto, no por ello ha quedado al margen de la polémica. El cambio climático, y en especial el rol de la humanidad en este proceso, es un tema de recurrente discusión que ha tenido protagonistas de peso en la controversia, con negacionistas que han ocupado puestos tan encumbrados como la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump ha sido uno de los más férreos opositores a la teoría que sitúa el origen de las transformaciones climáticas en la acción humana. Del otro lado ha habido otros encumbrados políticos estadounidenses, como Al Gore, vicepresidente durante el período de Bill Clinton, quien tras su paso por la Casa Blanca se volvió activista ambiental y fue uno de los principales voceros para que cobrara relevancia global, a partir del documental Una verdad incómoda (2007), premiado con un Oscar.

Incluso Uruguay ingresó lateralmente en esta controversia a través del Instituto Nacional de Carnes (INAC), que contrató durante el pasado período de gobierno a Frank Mitloehner —director del Clear Center, profesor del Departamento de Ciencia Animal y Calidad del Aire en Extensión Cooperativa—, quien ha sido señalado por organizaciones animalistas y ambientalistas de estar financiado por la industria cárnica estadounidense. El investigador es autor del libro Contribuciones del ganado al cambio climático: hechos y ficción, en el que sostiene que es un error señalar a la industria cárnica como responsable del cambio climático —por la generación de metano en el proceso digestivo de los animales— y que, en cambio, “la agricultura animal es un camino hacia la neutralidad climática y una herramienta en nuestra lucha contra el cambio climático global”. Sus detractores consideran que sus estudios contemplan datos incompletos para minimizar los impactos ambientales de la ganadería.

Pero si de daño a la atmósfera hablamos, quién no ha escuchado hablar o leído sobre el “agujero de ozono” formado a mediados de los años ’80 y que durante más de 30 años fue la causa de millones de casos de cáncer de piel. Poco después de descubierto este fenómeno, todos los dedos de la ciencia señalaban a los clorofluorocarbonos (CFC) ampliamente utilizados en la industria como el gran causante de la catástrofe global. De inmediato se obligó prohibió el uso de CFC en aerosoles, la industria frigorífica, y en millones de productos donde se utilizaba, obligando a multimillonarias inversiones para adecuarse a la nueva normativa.

Pues bien, 40 años más tarde supimos que todo eso fue una exageración de algunos estudios científicos que fueron tomados como la verdad revelada, y que el culpable era un producto químico que ya se había dejado de utilizar en 1970: el tetracloruro de carbono. Para colmo, el susodicho “agujero” se había formado años antes, posiblemente en 1957, pero como en esa época no había instrumentos para medirlo, recién fue descubierto en 1985.

En otro ámbito, recientemente hemos visto otra discusión sobre el verdadero impacto de los microplásticos. En los últimos años se popularizaron afirmaciones impactantes: una de ellas, que cada persona ingiere semanalmente el equivalente al peso de una tarjeta de crédito —unos cinco gramos—, y que el cerebro acumula el equivalente a una cucharada de esas partículas. Estas cifras recorrieron el mundo y se reprodujeron por doquier. Sin embargo, una revisión de la literatura científica mostró que las dos procedían de estudios muy cuestionados, en algunos casos por sus propios pares.

Lo de la tarjeta de crédito nació de un informe encargado por la prestigiosa organización ambientalista WWF en 2019, elaborado por la Universidad de Newcastle, que no se basó en mediciones directas, sino en la combinación de varios estudios menores con métodos, definiciones y tamaños de muestra distintos, lo que hace científicamente problemático derivar de allí una cifra global. Además, los cinco gramos se mencionaban como el extremo más alto de un rango estimado que iba de 0,1 a 5,5 gramos. Se eligió difundir el dato más alarmante posible. Luego se revirtió con un trabajo publicado en la revista científica ScienceDirect, que concluyó que la estimación original sobreestimaba la ingesta de microplásticos, en la medida en que asumía que el agua potable de todo el mundo tendría la misma concentración de partículas que las muestras del océano utilizadas para el estudio, y sin filtración de por medio. Increíblemente, las estimaciones más recientes y serias sitúan la ingesta en un volumen “más cercano al de un grano de sal por semana que al de una tarjeta de crédito”. La otra cifra, la de la cucharada, de febrero de 2025, integra un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature Medicine, que vinculó la ingesta de microplásticos con demencia, infartos y otras patologías. El estudio fue también objeto de controversia y rebatido por especialistas en técnicas de medición, quienes publicaron una réplica en la misma revista, argumentando que el trabajo “tenía escasos controles de contaminación y falta de pasos de validación”, lo que volvía poco confiables las concentraciones reportadas. Estos dos estudios alarmistas tienen evidentemente un efecto adverso al supuestamente pretendido, haciendo pensar que no existe un problema con los microplásticos, por más que sí lo existe, solo que no en las dimensiones que reportaron.

A estos casos mencionados podemos sumar otras situaciones en las que estudios que presumen de científicos esconden problemas de relevancia en temas ambientales o de salud pública.

El efecto secundario al que nos exponemos como sociedad es una pérdida de confianza, o al menos de relevancia, en la información científica desde los ojos de la opinión pública. Esta es una barrera que no deberíamos permitirnos atravesar y que debería ser motivo de un sinceramiento universal del sistema científico.