Opinión

Brasil siempre ha dado múltiples y claras muestras de un espíritu imperialista contra los países con los cuales comparte frontera. Uruguay, por ejemplo, mantiene desde hace décadas reclamos por los territorios conocidos como el Rincón de Artigas y la Isla Brasilera; ésta última, indiscutiblemente ubicada dentro de los límites naturales de nuestro país.

Teniendo en cuenta esta política expansionista de Brasil, que se niega a devolver territorios que no le pertenecen, no debería llamar la atención la falta de respeto del presidente Lula hacia las víctimas de la Guerra de la Triple Alianza —y no solo a ellas—. En efecto, Lula dijo en los últimos días: “No olvidemos que un buen día Paraguay decidió invadir Brasil”. Según el portal alemán de noticias Deutsche Welle, “las declaraciones del mandatario izquierdista, para justificar su intención de aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas, despertaron indignación en Paraguay, donde fueron rechazadas por el Ejecutivo, el Senado, la Cámara de Diputados y políticos tanto oficialistas como opositores”.

Estas infelices declaraciones de Lula se encadenan directamente con la llamada Guerra de la Triple Alianza, el conflicto bélico que más víctimas causó en la historia de América Latina y probablemente el ayor acto genocida que registra la Historia en el subcontinente. Tal como ha señalado el portal de noticias BBC Mundo, en esa guerra “Argentina, Brasil y Uruguay perdieron a unos 120.000 hombres. Pero la verdadera tragedia la vivió el país que enfrentó a estas tres potencias aliadas hace un siglo y medio: Paraguay, el perdedor de la contienda. Para ese país no fue solo una derrota militar, fue una masacre que algunos historiadores consideran un genocidio. Las cerca de 280.000 víctimas paraguayas representaban más de la mitad de la población de ese país. La vasta mayoría eran hombres, así que Paraguay vio arrasada su población masculina. Cuentan los reportes de la época que cuando terminó la ‘Guerra Grande’ —como le dicen los paraguayos— había en ese país cuatro mujeres por cada varón (y en algunas regiones incluso 20 por cada hombre). Un desastre demográfico que, según muchos historiadores, retrasó gravemente el desarrollo de ese país”. Para la BBC, “el detonante que desencadenó todo fue la pelea entre los dos partidos tradicionales de Uruguay: el Partido Nacional (o Blanco), que gobernaba, y el Partido Colorado. (…) El gobierno de Bernardo Prudencio Berro era el único aliado regional de Paraguay, y le garantizaba una salida al mar (aunque en la práctica, antes de la guerra los paraguayos usaban principalmente el puerto de Buenos Aires para acceder al océano Atlántico). En cambio, los colorados, liderados por el general Venancio Flores, tenían el respaldo de Brasil”.

BBC Mundo reporta, además, que “según el historiador paraguayo Fabián Chamorro, lo más ‘estremecedor’ de la guerra fue que la mayoría de las víctimas paraguayas no fueron soldados (que eran unos 90.000), sino población civil, incluyendo miles de niños, ancianos y mujeres”. Tras la guerra, Paraguay perdió gran parte del territorio que reclamaba, que según Chamorro representaba más de 150.000 kilómetros cuadrados —más del 25% del territorio que consideraba como propio—. Brasil se quedó con el territorio que reclamaba en Mato Grosso y Argentina logró anexar las actuales provincias de Formosa y Misiones. (…) Además, Brasil ocupó Paraguay por seis años y exigió una indemnización de guerra. (…) “Demográficamente la catástrofe fue gigantesca”, señaló. Una de las consecuencias indirectas de la guerra, según Chamorro, fue que Paraguay “no tuvo la migración a gran escala que tuvieron las vecinas Argentina, Brasil y Uruguay”.

Los invasores argentinos, brasileños y uruguayos no contaban con la valentía del pueblo guaraní. El presidente Mitre pronunció en 1865, al comenzar el conflicto, una frase que reflejaba la creencia de los gobiernos invasores de que la contienda contra Paraguay sería sumamente breve: “En 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción”. Sin embargo, la guerra se extendió por más de cinco años debido a la resistencia paraguaya. En 1872, Domingo Faustino Sarmiento escribió a Bartolomé Mitre las siguientes líneas, que expresan su absoluto desprecio por Paraguay y su pueblo: “Estamos por dudar de que exista el Paraguay. Descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón. En ellos, se perpetúa la barbarie primitiva y colonial… son unos perros ignorantes… Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse”. En 1869, el propio Sarmiento reconocía en otra carta el exterminio llevado a cabo contra el pueblo paraguayo: “La guerra del Paraguay concluye por la simple razón —horresco referens— que hemos muerto a todos los paraguayos de diez años arriba”. Inexplicablemente, y a pesar de su feroz antiartiguismo, existe un busto de este personaje frente al Liceo N.° 1 de nuestra ciudad.
Todos los uruguayos en general y los sanduceros en particular sabemos que el Sitio de Paysandú en los años 1864 y 1865 fue el preámbulo de la Guerra de la Triple Alianza. La invasión de tropas militares brasileñas a nuestra ciudad no fue una casualidad y por ello —”favor con favor se paga”—, Uruguay se vio obligado —gracias al dictador Venancio Flores— a participar en la destrucción de Paraguay, una página negra de nuestra historia, cubierta de vergüenza y traición a un pueblo hermano como el paraguayo. Es por ello que llama mucho la atención el silencio tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional de Paysandú, así como del gobierno departamental —intendente y Junta— ante las declaraciones de Lula. ¿Cómo es posible que el Frente Amplio se mantenga ajeno a este episodio, cuando siempre tiene un comunicado preparado para defender a Cuba, Venezuela, Nicaragua o Irán contra el imperialismo de Estados Unidos? ¿A qué “tierra heroica” se refiere la Intendencia Departamental si no es capaz de hacer respetar el sacrificio de nuestros hombres, mujeres y niños en el sitio cuya defensa estuvo encabezada por Leandro Gómez? ¿Ningún edil de la Junta Departamental presentará una moción de condena a estas declaraciones de Lula?
Tal vez los responsables políticos y partidarios de nuestro departamento deberían tener presente el apoyo del exintendente Álvaro Lamas para que la entonces plaza Flores —inaugurada en 1880— pasara a denominarse plaza Varela, lo que finalmente se logró. “Para nadie, y menos para un sanducero, es explicable que una de las plazas de nuestro departamento lleve el nombre de quien, sublevado contra el gobierno constitucional, condujo las fuerzas que masacraron, incendiaron y saquearon nuestro solar y a su gente”, dijo Lamas en ese momento al referirse a Venancio Flores. Y que –debemos agregar– se sumaron a las fuerzas de Brasil y Argentina para realizar la mayor masacre a un país que hoy es parte del Mercosur.

Emitir una declaración de esas características sería una señal clara de que a los héroes no solo hay que invocarlos u homenajearlos, sino también defenderlos cuando alguien —aunque sea Lula— los ataque. Sus declaraciones también insultan a Leandro Gómez, a sus valientes defensores y a todos los sanduceros. ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos ante tamaña falta de respeto?

La Rendición de Cuentas es el momento en que el Estado ajusta su presupuesto anual. Es cuando el gobierno decide en qué y cómo se gastará la plata del año, y para eso propone realizar cambios, para que puedan hacerse efectivos se necesita la aprobación mayoritaria del Parlamento.
Pero la Rendición de Cuentas 2026 no es solo un papel con números; es una decisión moral: donde el gobierno propone cómo invertimos los recursos del país, con la mirada en los más necesitados, y la oposición elige decirle no al pueblo al votar en contra esta rendición.

La mayoría que falta, tiene responsabilidad.
El ajuste presupuestal requiere la aprobación de la mayoría en el Parlamento: 50 votos de los 99 diputados. Pero el Frente Amplio tiene 48, por lo que la oposición, con sus votos, intenta bloquear que el gobierno cumpla con sus promesas electorales.
El gobierno propone más recursos para Mides, Educación, ASSE y Vivienda: plata para los gurises, los mayores y los barrios que se inundan. La derecha responde con un rotundo no, sin fundamentos sólidos y sin diálogo, priorizando la confrontación por encima de las necesidades reales del pueblo. Ellos claramente comenzaron la campaña electoral que empieza con poner palos en la rueda al avance del país, en lugar de poner la plata donde más duele, donde están las urgencias. Un dato que golpea fuerte: uno de cada tres niños vive en situación de pobreza. Por eso, el gobierno propone aumentar las asignaciones de $4.500 a $10.000 para los niños de 0 a 3 años más vulnerables, crear nuevos cargos médicos en ASSE, reparar las escuelas que se inundan y construir viviendas en los asentamientos, recursos para la educación, lista de urgencias que ellos dejaron en el debe. El pueblo no puede esperar, pero ellos eligen bloquear. Mientras tanto, la realidad exige acción, no excusas. Un ejemplo bien claro, es la realidad
Si alguien se enferma en tu casa, no esperás seis meses para que te den el remedio. Lo comprás ya. Con el hambre pasa igual: esperar significa que pierdan peso, educación y futuro. A ellos no les toca vivir esa realidad. No hacen fila en hospitales, no envían a sus hijos a la escuela pública ni a la UTU, y no saben lo que es que no alcance para llegar a fin de mes. Esto no es gasto; es inversión en el país que queremos construir. El Uruguay es el de hoy, no el del mañana, por eso el pueblo no puede seguir esperando.

Cuando gobernaron, la plata aparecía… pero para otros intereses: pasaportes falsos para rusos en la Torre Ejecutiva, millones de dólares en gastos para perseguir sindicalistas, y el presidente en Suárez con gastos pagados por el Estado. Siempre, el ajuste y los recortes recaen sobre los que menos tienen.
NO es un NO al Gobierno. Es un NO a la Gente
El país necesita una oposición seria, que tenga como prioridad a la gente. Pero esta oposición prefiere negar, bloquear y poner obstáculos. No votan contra un proyecto; votan contra que miles de gurises, madres y trabajadores puedan vivir un poquito mejor.
Hay dos formas de mirar el país: una que mira el déficit, y otra que mira a los gurises a los ojos. La derecha le dice no al gurí, a la madre, al que madruga. El Frente Amplio, en cambio, está del lado de la gente que necesita.
Todo debe estar guardado en nuestra memoria
Al hambre no se le puede pedir que espere al próximo período. Ahora, algunos intentan tapar lo urgente con humo, hablando de deuda y ocultando el silencio de quienes gobernaron antes. Deberían caminar entre la gente, escuchar sus necesidades y entender que la prioridad es hoy.

El Frente Amplio fue elegido por la mayoría, pero sus adversarios quieren que al gobierno le vaya mal. Que la derecha dé la cara y explique a los que más sufren por qué les dieron la espalda. Que la gente no olvide. En cuatro años, volverán a pedir el voto.
Por nuestra propia historia, podemos decir
Cuando estudiaste en la educación pública, estudiaste y te recibiste en la UTU, fuiste vos sindicalista, manos de cooperativista, desde un aula trabajás para crear ciudadanos formados, pero principalmente libres, cuando sos usuario de ASSE, creciste en un comité, te criaste en el barrio, sabés que la Rendición de Cuentas no es solo un hecho político. Porque sabés lo que cuesta luchar por derechos, levantar la casa entre varios y recorrer dos ómnibus para ir a trabajar, sos sensible a lo que le pasa al otro, sabemos dónde duele y dónde poner la plata. Por eso que la oposición vote esta rendición de cuentas es primordial para el pueblo y para que el gobierno cumpla con el programa que se comprometió con la ciudadanía, una oposición seria y que realmente le interese la gente no votaría en contra a un proyecto con fines claros, la infancia más vulnerable y las necesidades más urgentes de la gente, incluso muchas que ellos dejaron pendientes, pero la realidad es así, priorizan lo electoral y la chicana política a las necesidades de la ciudadanía.

Siempre la mirada en el horizonte La construcción de una sociedad cada vez más justa, igualitaria e inclusiva continúa sin que nadie se rinda, porque el Frente Amplio es fuerza constructora de la esperanza. El legado de Artigas, nos marcó el camino y nos centró la mirada en donde los más infelices deben ser siempre los más privilegiados. Mientras haya un gurí con hambre, una escuela que se inunda o un hospital sin médicos, la lucha no termina, porque la prioridad del Frente Amplio es la gente.
La verdadera diferencia, no es política

Hechos políticos como estos, dejan extremadamente visible que la diferencia entre la izquierda y la derecha es mucho más que política, es una diferencia humana. Por eso los invito a seguir construyendo un Uruguay entre todos y todas, donde los derechos no se negocien, dónde nadie quede atrás. No debemos dejarnos engañar, no olviden cómo canta León Gieco, que todo está guardado en la memoria. ¡Que siga gobernando la honestidad!

Pablo Miranda Ponce

Dicen que el ejemplo empieza por arriba. Entonces, cuando desde la máxima responsabilidad del país aparecen situaciones que generan serios cuestionamientos éticos, el mensaje que recibe la sociedad es devastador. ¿Cómo se explica que un presidente acepte comprar un vehículo con un descuento del 25%? Aunque pueda buscarse una explicación, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿era éticamente correcto? Porque no todo lo que puede ser legal termina siendo moralmente aceptable para quien debe dar el ejemplo. Y cuando el costo político se vuelve demasiado alto, aparece la vieja receta: intentar tapar el sol con un dedo. Donar una camioneta que pertenecía a su actividad política puede sonar generoso, pero muchos ciudadanos se preguntan si no fue simplemente un intento de apagar el incendio que él mismo había provocado.

Como si eso fuera poco, también surgieron cuestionamientos por el pago del Impuesto de Primaria y por la regularización de una propiedad tras reformas realizadas. Más allá de las explicaciones que puedan darse, la imagen que queda es la de un país donde pareciera haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Porque la gran pregunta es inevitable: si esto le hubiera ocurrido a un ciudadano común, ¿habría recibido el mismo trato? ¿O ya tendría multas, intimaciones, recargos y toda la maquinaria del Estado funcionando a máxima velocidad? La ética no admite descuentos. La responsabilidad tampoco. Quien ocupa un cargo público debe ser el primero en cumplir y el último en buscar privilegios. Cuando los gobernantes olvidan que el ejemplo vale más que mil discursos, no solo se deteriora su imagen: se erosiona la confianza de toda una sociedad.
Y recuperar la confianza perdida… eso sí que no tiene descuento.

David Doti

El presupuesto municipal 2026–2030 introduce una amplia reestructuración administrativa con la creación de nuevos cargos de particular confianza (director de Descentralización, prosecretario y coordinador de Gabinete) y dependencias como la Unidad de Planificación y Gestión Territorial, la Agencia Paysandú For Export, la Oficina de Catastro Departamental y el Registro de Contribuyentes Municipales, además de formalizar los municipios de Cerro Chato y El Eucalipto.

Si bien se argumenta que estas medidas buscan modernizar y centralizar la gestión, lo cierto es que implican un incremento significativo del gasto en personal y estructura burocrática. Cada nuevo cargo de alto grado y cada nueva unidad administrativa demandan partidas salariales, infraestructura, equipamiento y recursos operativos que no existían antes. Esta expansión del aparato público, aunque se presente como estratégica, eleva los costos fijos de funcionamiento municipal.

Para financiar este mayor gasto corriente, la lógica fiscal indica que la única fuente sostenible es el aumento de la presión tributaria sobre los contribuyentes. El propio presupuesto crea el Registro de Contribuyentes y el Fondo de Gestión Territorial, herramientas que facilitan la actualización catastral y la determinación de nuevos valores imponibles, allanando el camino para subir impuestos inmobiliarios y tasas municipales. En definitiva, el ciudadano común termina pagando la factura de una administración más costosa, sin una garantía clara de que esa estructura redundará en mejores servicios o mayor eficiencia, sino más bien en un Estado local más pesado y oneroso para quienes lo sostienen con sus tributos.

Dardo Arévalo

El Dr. Anthony S. Fauci, que durante casi cuatro décadas fue reconocido como el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, tuvo este miércoles 29 de julio de 2026 una estrategia absolutamente defensiva frente a las preguntas del Comité del Senado que investiga los orígenes del Covid-19. Más de cien veces se negó a responder las preguntas de senadores republicanos y se amparó en el derecho que otorga la Quinta Enmienda a no autoincriminarse. De todos modos, abogados de distintas corrientes de opinión coinciden en afirmar que ambas estrategias legales son igualmente válidas y no significan nada más que eso.

El reconocimiento acumulado desde sus inicios en tiempos de Ronald Reagan hasta su retiro durante la gestión de Biden de nada le ha servido ante los ataques del trumpismo. El valor del conocimiento científico ha sido devaluado.

A lo largo de sus 38 años al frente del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Fauci testificó más de 200 veces y siempre destacó por su precisión y sobriedad técnica. Fue indultado preventivamente al final del mandato de Joe Biden —el indulto tiene fecha de enero de 2025—, resolución que aplica a cualquier cosa que ocurriera antes de su emisión. De lo único que Fauci no está protegido es de ser acusado de mentir bajo juramento.

Biden fundamentó su decisión en las amenazas de Trump de procesar a demócratas y optó por prevenir. El propio Fauci entendía que “no hay motivos posibles para ninguna acusación”, pero este miércoles 29 de julio, el clima de venganza política alcanzó su mayor agresividad.

Las páginas de lectores de los periódicos recogieron decenas de cartas en reconocimiento a Fauci: “ayudó a salvar innumerables vidas durante la epidemia de sida y la pandemia de Covid-19, y debería dedicar sus últimos años a ser honrado, celebrado y agradecido por toda una vida de servicio público”.

Tanta desconsideración tuvo su remate cuando el presidente Trump expresó, contrariado y algo burlón, que él “no seguía mucho sus consejos… supongo que habría muchas preguntas que podría haber respondido, y con algunas quizás no se sentía cómodo”.

El cierre agónico de la audiencia

Ya sobre el final de la sesión, el senador Rand Paul anunciaba que el comité resolvería en su próxima reunión declarar a Fauci en desacato por su resistencia a responder.

La imagen de la derrota fue la de Fauci retirándose con el rostro impasible e inexpresivo, escoltado por la policía. La audiencia repasó los años de rencillas políticas sobre la pandemia, en particular el uso de las mascarillas, las vacunas y el distanciamiento social. El liderazgo de Fauci durante la pandemia de Covid-19 fue duramente reprochado. Fue una sesión que solo buscó pasar viejas facturas, sin fundamento técnico.

El golpe más ruin llegó con esta afirmación del senador Josh Hawley, republicano de Missouri, en tono irónico: “Nadie que dice honestidad se vale de la Quinta Enmienda, ¿verdad doctor?”

Rand Paul, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, advirtió que posiblemente presentaría ante el comité una acusación de desacato contra Fauci. El argumento sería que se acogió demasiadas veces al beneficio de la Quinta Enmienda, lo que, desde su interpretación, era innecesario dado que lo protegía un indulto general por los años 2014 a 2025.

Para quienes no daban crédito a la eventualidad de que Trump hiciera lugar a una serie de venganzas políticas contra Fauci, hoy asumen que subestimaron el comportamiento del presidente. El propio New York Times, en sus ediciones del 20 al 23 de enero de 2025, interpretaba así esas decisiones: “Al emitir los indultos preventivos, el señor Biden convirtió efectivamente el poder constitucional de perdón presidencial en un escudo protector contra lo que él sostenía sería una venganza motivada políticamente. Ningún otro presidente ha empleado la clemencia ejecutiva de forma tan amplia y abierta para frustrar a un sucesor que cree que abusaría de su poder, y ningún otro presidente, ni siquiera el señor Trump, ha indultado a tantos miembros de su propia familia”, pero no a sí mismo.

Trump exoneró a muchos amigos y partidarios, incluso con delitos gravísimos. Por ejemplo, Ross William Ulbricht, sentenciado el 29 de mayo de 2015 a cadena perpetua por narcotráfico, incluido el blanqueo de dinero. Otro ejemplo: Larry Hoover, de Illinois, condenado a cadena perpetua por narcotráfico y distribución de cocaína. El caso más llamativo fue el indulto total al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico y conexos.

Los antecedentes de Fauci

Fauci ha sido el principal experto en enfermedades infecciosas durante las últimas cuatro décadas. Trabajó para el presidente Ronald Reagan y se retiró en tiempos de Biden. Pero los antivacunas aliados de Trump atacaron su gestión de la pandemia de coronavirus. Stephen K. Bannon, exestratega de Trump, promovió campañas de desprestigio contra él con amenazas explícitas: “una justicia romana dura, y estamos dispuestos a dártela”, le decía durante la noche electoral.

Aunque Fauci se mostró confiado en todo momento acerca de su gestión y sus antecedentes éticos, ante el tenor que fueron tomando unas acusaciones carentes de fundamentos y de elementos probatorios, al momento de comparecer ante el comité prefirió seguir el consejo de su abogado y se resguardó en los derechos que le otorga la Quinta Enmienda de no autoincriminarse.

El odio…

La audiencia duró más de tres horas y al finalizar, el senador Paul anunció que posiblemente el comité votaría la próxima semana una acusación de desacato contra Fauci.

La agresividad de los debates en Estados Unidos sigue en niveles de altísima dureza verbal. El Congreso continúa su juego alejado del círculo de las decisiones principales —el de la guerra y el de los grandes negocios—. Esta sesión refleja el problema de fondo de Estados Unidos: la crisis política y de gobernanza, la tensión entre la ciencia, la política y la legalidad en el debate sobre la gestión de la pandemia, no desde una perspectiva científica sino desde el odio, el ataque personal y descalificador, incluso calumnioso, apelando a mentiras y teorías conspirativas.

Se requiere algo más de valor y dignidad para no caer en las mismas ruindades. Otro camino, otro rumbo es posible.

¿Por dónde empezar, qué camino tomar? Todos los días se agrega un nuevo despelote: a nivel internacional, regional o propio, o a todos los niveles a la vez; cosas de la globalización.

Lo de Ceuta, los histerismos y tira y afloja entre Milei y Lula, la “despedida de Petro”, las guerras que conforman la grilla y que son un poroto al lado del avance Fantino-Trump para “paparse” la FIFA y el “fóbal”. Esa dupla supera a la de Ortega-Murillo. Pienso que los van a frenar: es la oportunidad para Europa de anotarse un punto y mejorar su alicaída imagen.

Y lo local: el puerto, por donde cada vez pasan más barcos sin saludar y por el que forzosamente se habrá de achicar el número de jornales asegurados; la inseguridad, los porcentajes y la miopía de politizar y electoralizar un tema que nos jode a todos y que nos va a joder más si entre todos no nos apuramos a evitar que el cachorro crezca. Otro grave e inmediato —o eventual desastre a futuro— es el conflicto de la construcción a nivel bipartito, tripartito, a las trompadas o las cuchilladas; en cualquier momento hasta la CGT argentina entra a tallar.

El que está cómodo, en tanto, es Luis Lacalle Pou. En un retiro, no sé si dorado pero sí muy confortable, sin asomar mucho la cabeza, el expresidente observa cómo crece su imagen y se afirma su liderazgo en su partido, ni qué hablar, y en la Coalición Republicana también.

Va surfeando cómodo, por ahora. Lo confirma Equipos Consultores, que lo sitúa como el político más conocido —casi el 100%: 99%—, incluso más que el propio presidente Orsi. Es el que recibe más simpatía por lejos: 46%, seguido por el presidente Orsi con el 32%; Topolansky 31%, Cosse 24% y Bordaberry 24%, entre los que integran la lista de los primeros 15. El expresidente incluso no figura entre los 15 que reciben más antipatía, lista que encabeza Guido Manini Ríos seguido muy de cerca por Carolina Cosse, y es el único líder con saldo neto positivo —+12%—, seguido por Orsi con -10%. Lacalle también es el líder con más simpatías entre los votantes de la Coalición Republicana: cuenta con un 74% favorable; le siguen Bordaberry y Ojeda, ambos con el 41%, Álvaro Delgado con el 30% y Javier García con el 29%.

Pero no hay felicidad completa. Lacalle Pou, que ha venido surfeando tranquilo sin arriesgar —es un experto y sabe que lo difícil es mantenerse en la cresta de la ola—, no podía evitar nada menos que el 190.° aniversario de la fundación del Partido Nacional, al que él lidera sin discusión. En los actos del próximo domingo 9 será el principal orador. Lo van a estar esperando: ajenos y también propios.

Sus enemigos o adversarios lo van a estar monitoreando para ver de sumar piedras a las que ya tienen en las manos para utilizar en los momentos oportunos. Lacalle tendrá que ser muy cuidadoso con lo que diga para no darles el gusto todavía. Pero también tendrá que cuidar los ánimos internos: él es el líder indiscutido, no hay dudas, pero a la vez es un techo para otros dirigentes que quieren crecer y que no se les pase el tiempo. Todos lo respetan, pero no ignoran que algo tuvo que ver —aunque sea por omisión— en el fracaso electoral con la fórmula Delgado-Ripoll, y también con el tema Argimón como embajadora de Orsi ante la Unesco, que dolió y le afeó al Partido.

Y ojo: no es que nos quedamos para atrás con lo de la construcción, es que están corriendo horas clave y lo que se resuelva puede tener efectos muy negativos en varios planos y por mucho tiempo.

En 2050, en toda América Latina habrá 38,3 millones de personas menos en edad escolar que las que había en 2020. Así está planteado el escenario en el artículo “El impacto de la caída de la natalidad en los sistemas educativos de América Latina”, publicado en la edición 122 de Notas de Población, la revista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esta disminución de la población estudiantil ocasionará modificaciones en la demanda de docentes, en las necesidades de infraestructura y en la distribución de los recursos educativos. En contrapartida, el estudio advierte que la disminución de la matrícula “podría dejar disponible financiamiento, espacios educativos y modificar la disponibilidad de docentes”, recursos que podrían reorientarse para reducir el número de estudiantes por aula, ofrecer una enseñanza más personalizada, ampliar la cobertura y fortalecer la educación inicial, secundaria y técnico-profesional, así como la formación docente y la atención de los territorios más rezagados.
Los autores del estudio señalan, no obstante, que estas oportunidades de mejora no se concretarán por sí solas, sino que dependerán de decisiones políticas.
La región —continúa analizando el informe— enfrenta brechas educativas importantes y, a modo de ejemplo, menciona que el 72% de la población en edad de asistir a la educación preprimaria está escolarizada y que alrededor del 41% no alcanza a completar la formación secundaria. A ello hay que sumarle que la inversión educativa “continúa siendo insuficiente para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad”. Por eso, expresa el artículo, “una menor matrícula no debería conducir automáticamente a una reducción de los presupuestos, sino a abrir una discusión sobre cómo redistribuir y reinvertir los recursos disponibles”.
De acuerdo con esta investigación, para 2050, por efecto de este cambio demográfico, se podría liberar alrededor del 30% de los recursos financieros utilizados actualmente en cada nivel educativo, partiendo de la base de que el gasto por estudiante se mantenga constante. Aun así, podría no ser suficiente para alcanzar la universalización de la cobertura obligatoria, mejorar la calidad y atender los niveles y territorios que presentan mayores rezagos.
Respecto a la situación de nuestro país, el caso uruguayo fue presentado a fines de octubre del año pasado por Andrés Peri, director de Planeamiento Educativo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en un seminario internacional compartido con expertos de Chile y Argentina. En la presentación titulada “Proyección de población en edad escolar”, Peri afirmó que la proyección de la población en edad escolar constituye una dimensión clave del planeamiento educativo, ya que permite estimar con cierta precisión la población futura a escolarizar. La primera proyección que empleó datos de estadísticas vitales se realizó en 2005, cuando comenzó a constatarse la caída de la fecundidad, y la segunda tuvo lugar en 2021, cuando se hizo notorio que las proyecciones oficiales distaban de los nacimientos registrados. Tras el Censo 2023, el Instituto Nacional de Estadística (INE) efectuó nuevas proyecciones hacia 2070 para toda la población uruguaya. El Uruguay de la década de los años ‘80 registraba unos 55.000 nacimientos anuales; para 2024 bajaron a casi 30.000. De esta forma, la cantidad de estudiantes de 3 a 17 años en 1996 se contabilizaba en 800.000, mientras que en la actualidad son 673.000. La proyección es que para 2070 la cifra se reduzca a la mitad. Incluso para el final de esta década se estima que la cantidad de estudiantes no superará los 591.000.
Peri planteó dos escenarios respecto al impacto de estas variaciones en el plantel docente de la educación pública urbana para el año 2040. En el primero estimó que, sin alterar la cantidad de docentes actual, el tamaño promedio de un grupo de educación inicial sería de 15,8 estudiantes en 2030 y de 17,7 en 2040, en contraste con el promedio de 18,7 alumnos ya registrado en 2025. En educación primaria, la reducción llegaría entre 2025 y 2030: mientras el año pasado el promedio de niños por grupo era de 21,3, para 2030 se estiman 16,3 y, para 2040, 15,6 estudiantes. El segundo escenario suponía mantener el tamaño medio de grupos del año pasado; en ese caso, la pregunta pasó a ser cuántos cargos docentes se liberarían. En inicial, entre 2025 y 2030, se pasaría de 3.513 docentes a 2.974 con grupo a cargo, lo que implica que 539 docentes podrían pasar a desempeñar otras funciones dentro del sistema educativo. En primaria, de los 10.262 grupos que había el año pasado, manteniendo la media de 18 alumnos, se liberarían 2.416 funciones, una reducción de casi una sexta parte.
Cualquiera de las dos vías supondría una mejora sustancial: tanto mantener el número de grupos con menos alumnos como mantener el número de alumnos por grupo liberando recursos —humanos y materiales— para mejorar la calidad.
La decisión que el país no puede permitirse, al igual que la región, es la de aprovechar esta circunstancia para ahorrar, reduciendo el presupuesto educativo en vez de dar el paso de mejorar la calidad. Aunque, por supuesto, siempre es una tentación en presupuestos de frazada corta, en los que para cubrir un área hay que dejar otra destapada, como ha quedado demostrado con la discusión presupuestal del año pasado y en la actual por la Rendición de Cuentas.

La llegada de Tesla a Uruguay fue presentada como una señal de modernidad. Una marca global, líder en movilidad eléctrica, desembarca en un mercado pequeño pero estable, ampliando la oferta y elevando el nivel de competencia. Desde el punto de vista del consumidor, difícilmente pueda verse como una mala noticia, aunque sí naturalmente para los operadores que compiten en ese segmento del mercado automotor, que viene creciendo significativamente en la capital, aunque bastante menos en el Interior.
Pero el verdadero debate no es Tesla, porque su irrupción no implica más puestos de trabajo en el país —salvo algunos vinculados a la propia empresa— ni dotación de valor agregado, sino que conlleva repartir trozos de la misma torta entre más comensales.
Tesla importa vehículos terminados, como lo hace la mayoría de las marcas que operan en el país, y venderá por lo tanto automóviles fabricados en el exterior. No instalará una planta industrial, ni una fábrica de baterías, ni una cadena de proveedores nacionales. Generará actividad comercial y algunos (pocos) puestos de trabajo asociados a la venta y el servicio técnico, pero el grueso del valor agregado seguirá produciéndose fuera de fronteras, y Uruguay seguirá siendo el receptor en el último eslabón de la cadena, comprando trabajo, materia prima y tecnología que viene desde afuera.

Nada de ello es objetable por sí mismo ni imputable a Tesla. Lo que sí merece ser discutido es el marco de incentivos que rodea a esa realidad en general.

Es que Uruguay decidió promover la movilidad eléctrica mediante exoneraciones tributarias, beneficios a la importación y reducciones en distintos gravámenes, incluso con patentes más favorables en comparación con vehículos de similares características impulsados por motores de combustión. El objetivo es claro: acelerar la transición energética y reducir emisiones, en lo que hasta ahora ha funcionado como una política de Estado, cuando se decidió actuar en forma contundente para avanzar en la reconversión energética.

La pregunta incómoda es quién financia esa transición, porque toda exoneración implica que alguien deja de pagar y, por lo tanto, alguien más termina sosteniendo la recaudación que el Estado necesita para funcionar. Si un sector recibe beneficios tributarios, el costo no desaparece: se distribuye entre el resto de los contribuyentes o mediante mayores impuestos en otras actividades.
No existe el beneficio gratuito y, consecuentemente, mientras se subsidia la incorporación de vehículos eléctricos, otros sectores productivos continúan soportando una presión tributaria elevada para compensar esos menores ingresos. En los hechos, la transición energética también implica una redistribución de costos dentro de la economía.

A ello se suma otra interrogante. Cada vehículo eléctrico que sustituye a uno de combustión modifica gradualmente una cadena económica que hoy emplea a miles de personas. Menos consumo de combustibles implica menor actividad en estaciones de servicio. Los motores eléctricos requieren considerablemente menos mantenimiento que los de combustión: desaparecen cambios de aceite, filtros, correas, sistemas de escape y buena parte de las reparaciones mecánicas tradicionales.

La demanda de determinados repuestos disminuye y una parte importante de los talleres deberá reconvertirse para sobrevivir.
Es cierto que surgirán nuevas oportunidades. Se necesitarán técnicos especializados en electrónica, diagnóstico digital, software, baterías de alta tensión e infraestructura de carga. Pero esa reconversión no ocurre de manera automática. Requiere inversión, capacitación y una estrategia nacional para formar mano de obra calificada.

Este planteo fue desarrollado con claridad en una nota solicitada publicada el domingo en EL TELEGRAFO, de autoría del Ec. Francisco Risso, quien señala que los sectores que se sienten perjudicados plantean reclamos porque sobre ellos recae el ajuste y el costo de la transición, y eventualmente reclaman mejores condiciones para reconvertirse a la nueva realidad. Ello podría considerarse, en principio, como una contrapartida razonable a las exoneraciones que se otorgan a competidores que operan con facilidades tributarias.

Pero este es solo un lado de la problemática. Si Uruguay apuesta decididamente por la electrificación del transporte, también debería preguntarse cómo desarrollar una industria de servicios capaz de capturar parte del nuevo valor agregado. Centros especializados de reparación, reacondicionamiento y reciclaje de baterías, fabricación de componentes, desarrollo de software para movilidad, investigación aplicada y capacitación técnica podrían convertirse en nuevas fuentes de empleo de calidad.
De lo contrario, el país corre el riesgo de limitarse a importar tecnología, subsidiar su ingreso y consumirla, mientras el conocimiento, la innovación y el empleo de mayor valor permanecen en el exterior, como ocurre lamentablemente en varias áreas donde exportamos materias primas con nulo o mínimo valor agregado para luego comprar el producto terminado y pagar en el exterior el trabajo que aquí no se hace.

Existe además otra contradicción flagrante: mientras un automóvil prácticamente duplica su precio entre el puerto y el concesionario por efecto de impuestos y costos internos, el Estado sostiene que determinados vehículos deben recibir un tratamiento preferencial por razones ambientales. Si esa lógica es correcta, ¿por qué no revisar integralmente un sistema tributario que hace que prácticamente cualquier bien durable resulte mucho más caro en Uruguay que en mercados comparables? Quizás el problema no sea únicamente cuánto se recauda, sino cómo se recauda y qué señales se envían a quienes invierten. Desde hace muchos años nos resignamos a ser simplemente un nicho de mercado donde las grandes marcas venden sus productos, cuando el verdadero desafío debería ser cómo convertirnos en un país que también participe en la cadena de valor de las tecnologías que transforman la economía.

Porque si el resultado final consiste únicamente en importar vehículos y otros bienes con beneficios fiscales, sustituir parte de la recaudación por mayores impuestos sobre otros sectores y resignarse a perder actividades económicas tradicionales sin crear otras de igual valor, la transición energética habrá sido, en el mejor de los casos, un cambio tecnológico plausible, pero seguirá pendiente un proyecto de desarrollo. Mientras tanto, seguiremos exportando oportunidades e importando el trabajo que otros países han sabido construir.

El debate actual sobre los automóviles eléctricos en Uruguay pasó recientemente del plano un tanto abstracto de la transición energética y la disminución de emisiones a la esfera de la política fiscal y productiva del gobierno nacional. La controversia tomó impulso luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, planteara que el fuerte crecimiento en la venta de vehículos eléctricos cero kilómetro indicaba que el mercado había alcanzado un nivel de madurez suficiente como para revisar las exoneraciones tributarias vigentes.
Desde la perspectiva del equipo económico, mantener una exoneración total e indefinida del IMESI a todas las unidades importadas representa una renuncia fiscal de magnitud difícil de sostener, agravada por la progresiva pérdida de recaudación por concepto de impuestos a los combustibles, que siguen siendo un insumo clave para el financiamiento de la infraestructura vial.
Frente a esta postura, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, así como diversos actores de la industria y la gremial de energías renovables, advirtieron que la penetración de la electromovilidad en el parque automotor aún es reducida —por debajo del 3%— y que un retiro abrupto de los estímulos tributarios podría frenar el impulso.
La ministra enfatizó la necesidad de proteger la competitividad de los modelos de franja media y económica, así como la de los vehículos utilitarios de trabajo, para evitar que el costo de la reconversión caiga sobre los sectores productivos y la clase media.
La tensión interna entre ambas carteras quedó zanjada con la firma de un nuevo esquema regulatorio por parte del presidente Yamandú Orsi junto a los ministros Oddone y Cardona, el cual recalibra la aplicación del IMESI a partir de enero de 2027 mediante un criterio de segmentación por valor de importación en aduana. Como se informó oportunamente, el nuevo decreto preserva la exoneración total del impuesto para los vehículos cuyo valor de importación no supere los 19.000 dólares —precio de venta al público de hasta 30.000 dólares aproximadamente—, cubriendo los modelos más accesibles que lideran las ventas masivas. Se aplicará un IMESI del 5% a las unidades ubicadas en las franjas de entre 19.001 y 27.000 dólares, y del 9% para las que superen esta última cifra, dejando al margen de estas modificaciones a los vehículos utilitarios comerciales.
De este modo, la política pública busca conciliar el equilibrio fiscal con la preservación de los incentivos a la movilidad sostenible, concentrando los beneficios en la democratización del acceso al vehículo eléctrico y recortando el subsidio indirecto a los segmentos de mayor poder adquisitivo.
Esta situación se origina en una vertiginosa evolución del mercado automotor eléctrico: según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, se pasó de comercializar 163 autos eléctricos en 2019 a 15.000 en 2025, mientras que en enero de este año se habían vendido otros 5.500 solo en ese mes, estimándose que la cifra actual supera holgadamente las 20.000 unidades.
Esto marca una tendencia clara, en tiempo récord, que no responde únicamente a la conciencia ecológica de los compradores sino a una ecuación económica ventajosa frente al motor a combustión: cargar un vehículo con energía eléctrica resulta más económico que con nafta o diésel.
Sin embargo, esta adopción acelerada no está exenta de incertidumbres. En primer lugar, el comportamiento de estos vehículos se asemeja más al de un dispositivo tecnológico o un teléfono inteligente que al de un auto tradicional. La rápida innovación de software y hardware hace que cada nueva generación reduzca el valor relativo del modelo anterior, introduciendo dudas sobre la tasa de depreciación en el mercado de reventa, la degradación gradual de las baterías y el eventual costo elevado de su reemplazo, que hoy en el mercado internacional se ubica entre 5.000 y 10.000 euros aproximadamente.
En el mercado de trabajo local, esta innovación tendrá consecuencias importantes: mientras un motor de combustión convencional tiene entre 1.000 y 2.000 piezas móviles sujetas a fricción, altas temperaturas y desgaste continuo, un propulsor eléctrico tiene apenas entre 20 y 30. Se trata de una simplificación que altera profundamente el negocio del mantenimiento vehicular, dado que los talleres mecánicos tradicionales se sustentan en la reparación de motores, cambios de aceite, embragues y sistemas de escape.
Será necesaria una política nacional de reconversión laboral para atender la realidad de cientos de talleres con riesgo de quedar desplazados por falta de formación en mecatrónica y electrónica de alta potencia, y aun así solo algunos podrían sobrevivir. Lo mismo ocurrirá con las estaciones de servicio, ya que la migración hacia la carga nocturna domiciliaria a través de la red eléctrica puede reducir los márgenes de ganancia y eliminar puestos de trabajo. Asimismo, a medida que la flota de transporte se electrifique —especialmente si se mantienen las exoneraciones—, el Estado enfrentará el dilema de cómo financiar el deterioro de rutas y caminos, cuyo mantenimiento se financia en gran parte con los impuestos a los combustibles.
En pocos años, la transición hacia los vehículos eléctricos generará el desafío ambiental de la gestión de baterías de litio agotadas, dado que actualmente no existen plantas industriales locales para reciclarlas. La experiencia regional da cuenta de que se depende de la logística inversa: las empresas importadoras deben empaquetar y fletar por vía marítima las baterías en desuso para ser tratadas en plantas de Asia o Europa. También la electrónica deberá verse cómo se recicla, y el propio vehículo “descartable” aumentará el desafío de su reaprovechamiento.
En el escenario regional, Uruguay se perfila como uno de los “laboratorios” más avanzados de política pública de electromovilidad, gracias a una decisión previa: la transformación de la matriz eléctrica hacia energías sostenibles, que hoy permite el abastecimiento casi total con fuentes renovables como la eólica, solar e hidroeléctrica. Aquí enchufar un vehículo eléctrico no implica quemar carbón o gas natural en alguna planta termoeléctrica, como ocurre en otros países de la región o incluso en Europa. Cada kilómetro recorrido por un auto eléctrico en Uruguay es genuinamente limpio.
Sin embargo, extender este impacto al transporte de carga comercial y al transporte colectivo —donde el retorno social y ambiental por cada dólar invertido es significativamente mayor— exige reorientar los recursos fiscales recuperados por la aplicación del IMESI a los vehículos de alta gama. Lograrlo requiere no solo eliminar los cuellos de botella de la red de carga en el Interior, sino también políticas de Estado que permitan asumir los nuevos desafíos, porque hacia ellos no podemos avanzar con luces cortas si queremos soluciones a largo plazo.

Repetidamente escuchamos a líderes políticos jactarse de que el desarrollo de la forestación y la posterior industria de la pulpa de celulosa, que se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación del país, ha sido fruto de una política de Estado que se ha sostenido desde la década de 1980, superando los cambios de gobierno y los ciclos económicos, tanto adversos como favorables, que ha vivido el país. Sin embargo, en todo este tiempo, hay un aspecto que sigue siendo el talón de Aquiles de ese desarrollo y que, tras 40 años, continúa sin una solución duradera y sostenible, especialmente para las demás producciones y para las personas que conviven con este rubro. Hablamos, por supuesto, del deterioro que sufren los caminos rurales debido a la extracción de la producción forestal.
Este problema ha sido debatido largamente y ha sido objeto de decisiones por parte de los intendentes, quienes han buscado soluciones mediante una compensación por parte de las empresas, aunque sin éxito. Ahora, nuevamente, este tema ha sido puesto sobre la mesa por quien acaba de asumir la presidencia del Congreso Nacional de Intendentes, Carlos Enciso, quien planteó la idea de crear un fondo, un fideicomiso que permita no solo atender esta problemática, sino además dar un salto de calidad en la caminería productiva del interior del país, siguiendo el modelo del fondo que se creó para el área metropolitana con el fin de dar respuesta a una serie de obras que los departamentos de Canelones y Montevideo requerían.
Enciso se refirió a este tema en una extensa entrevista en el programa En Perspectiva, en la que planteó que hoy existe una nueva dicotomía en el país, que ya no responde únicamente a Montevideo frente al interior, sino al Área Metropolitana versus el interior profundo. Los límites y las fronteras de estas zonas son difíciles de definir, porque no se trata simplemente de sumar Montevideo y Canelones. Hay zonas de Canelones que no son estrictamente metropolitanas, así como hay zonas de San José, de Maldonado e, incluso, de alguna otra capital departamental que sí lo son, en algún sentido. Pero no nos pongamos filosóficos, por ahora.
“Yo veía en la bancada de intendentes blancos y, en algunas conversaciones también, vamos a decirlo, con intendentes del interior del Frente Amplio, sobre todo de Río Negro y Lavalleja, no digo malestar, pero sí preocupación, por recursos extrapresupuestales que se le están dando fundamentalmente al área metropolitana en función de la movilidad”.
En concreto, alude a las obras comprendidas en el proyecto cuyo eje de discusión giró en torno a la construcción —o no— de un túnel en 18 de Julio, aunque en realidad es bastante más complejo que eso, ya que comprende la conectividad entre Montevideo y la Costa de Oro de Canelones. “Lo vemos bien como una obra que es necesaria, tal vez, pero no se olviden de que también hay otras prioridades y otras necesidades para equilibrar las asimetrías que existen respecto al desarrollo de infraestructura y de servicios en el interior, y que, si hay 800 millones de dólares en préstamos soberanos del Estado a través de la CAF y del BID, no decimos ese importe, pero hay obras de infraestructura y un montón de temas que podríamos atacar si tuviéramos esa posibilidad”, expresó.
El planteo de Enciso es, a la postre: “Compensemos, equilibremos, seamos justos y demos al interior profundo, por ejemplo, la caminería rural, para no quedar solamente en lo testimonial, criticando algo sin dar alternativas. Y dijimos: bueno, inyecten para un fideicomiso nuevo parte de algunos de estos recursos”. Ni siquiera plantea que ese monto, destinado a atender una red de caminería rural de una extensión muy superior, deba ser el mismo que el previsto para mejorar la conectividad de los habitantes en torno a un eje de unos 50 kilómetros, compuesto por dos rutas y tres avenidas. “Mucho menos. Nosotros calculamos que, para un impacto específico, porque lo que pedimos lo atamos a que se ejecute en caminería rural, puede andar entre 200 y 250 millones, directamente como espejo de esto”, señaló.
Cuando menos, es una propuesta atendible. Enciso propone sumar a este fideicomiso, por ejemplo, al menos una parte de las multas aplicadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. “Los tonelajes y la intensidad del tráfico de madera, que pasan por nuestros departamentos, lo hacen mayoritariamente por ejes departamentales. A veces, para esquivar balanzas o para reducir el recorrido, la madera no va solamente por rutas nacionales hacia las plantas del litoral o del centro del país”.
Es acertada la afirmación de que, cuando se realizaron fuertes inversiones en rutas —numerosas rutas, aunque basta mencionar como ejemplo la duplicación de la Ruta 5 hasta Durazno— destinadas a la circulación de la madera hacia las plantas de celulosa, y en el Ferrocarril Central para el traslado de la celulosa y los insumos de la industria, “siempre queda relegado el resorte departamental, y no debe ser así”.
Para Enciso, esta programación tiene que ir “atada a un direccionamiento principal de por dónde tienen que pasar los ejes principales de esas cargas y, a su vez, hacer esas carreteras o esas rutas departamentales con un estándar que soporte camiones de 50 toneladas que pasan cada 10, 15 o 20 minutos durante todo el día”. Claro que, si después, nuevamente, para evadir los controles, los camiones circulan por otros caminos, el resultado será escaso. Pero esa es harina de otro costal, como se suele decir.
En principio, consideramos que la creación de un fondo que, aunque no equipare la inversión destinada al área metropolitana, permita hacer frente a la mejora de los principales caminos de la ruralidad no solo sería un acto de justicia, sino también el comienzo de una reparación histórica frente al abandono derivado de decisiones que, una vez más, se toman desde los despachos del Centro y la Ciudad Vieja de Montevideo.

Uruguay atraviesa uno de los momentos más preocupantes en materia de seguridad pública de las últimas décadas. La violencia criminal, los homicidios vinculados al narcotráfico, las disputas entre bandas y el crecimiento de los delitos complejos han dejado de ser episodios aislados para convertirse en una realidad cotidiana que condiciona la vida de miles de uruguayos.
La sensación de inseguridad ya no es una percepción: es una experiencia diaria para quienes viven en sus propios hogares detrás de rejas, cámaras y alarmas, modificando sus rutinas por miedo a ser víctimas del delito. Personas mayores que evitan salir de noche —e incluso al empezar a caer la tarde—, comerciantes que invierten cada vez más en seguridad privada y limitan los horarios nocturnos lo más posible, y barrios enteros donde la presencia del crimen organizado impone sus propias reglas reflejan un fenómeno que el Estado no ha logrado revertir. Incluso hay barrios “liberados” por los criminales, en los que las familias de los delincuentes impiden el ingreso de efectivos policiales y desatan pedreas contra agentes y vehículos, mientras desde el Ministerio y la Fiscalía se pone más énfasis en buscar errores en los procedimientos y escrutar el accionar policial que en respaldar los operativos contra los criminales.
El propio ministro del Interior, Carlos Negro, al asumir el cargo, realizó declaraciones que fueron interpretadas como un reconocimiento de la enorme dificultad que representa combatir al narcotráfico, al admitir de antemano que la guerra contra el narcotráfico está perdida. Mientras tanto, la sucesión de homicidios, muchos de ellos producto de ajustes de cuentas entre organizaciones criminales, parece confirmar que el poder de estas bandas continúa expandiéndose.
Lo que durante años fue considerado un problema concentrado en determinados barrios de Montevideo hoy alcanza también a ciudades del Interior, en forma creciente. Localidades que históricamente se caracterizaban por su tranquilidad comienzan a ser escenario de episodios de violencia criminal, tráfico de drogas y delitos cada vez más sofisticados.
A esta realidad se suma un sistema penitenciario que, lejos de cumplir plenamente con su finalidad de rehabilitación, enfrenta serias carencias estructurales. Diversos informes oficiales y académicos han señalado reiteradamente las dificultades para la reinserción social y la persistencia del control que algunos líderes criminales ejercen sobre sus organizaciones desde el interior de las cárceles. También se han detectado reiteradamente maniobras delictivas organizadas desde establecimientos penitenciarios mediante el uso ilegal de teléfonos celulares, especialmente estafas telefónicas que afectan a ciudadanos de todo el país, las que quedan la mayoría de las veces impunes.
La respuesta penal tampoco logra transmitir una sensación de eficacia. Aunque la legislación prevé penas importantes para numerosos delitos, la ciudadanía percibe que muchos delincuentes reinciden rápidamente y que el sistema judicial no consigue generar un efecto disuasorio suficiente. Esa percepción, alimentada por casos de reincidencia ampliamente difundidos, erosiona la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia.
En ese contexto, en los últimos días ha vuelto a instalarse el debate sobre los allanamientos nocturnos. La propuesta, rechazada en el pasado por el Frente Amplio durante el plebiscito constitucional de 2024, con argumentos del mismo tenor que los retorcidos eslóganes del “ser joven no es delito” en el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad, reaparece impulsada por sectores de la oposición como una herramienta adicional para combatir al narcotráfico. Más allá de las posiciones jurídicas y constitucionales, el solo hecho de que el tema regrese al centro de la discusión demuestra el nivel de preocupación que existe en la sociedad y la indefensión manifiesta de los ciudadanos, de lo que es también muestra el respaldo popular —incluso entre votantes de izquierda— a la iniciativa del uso de vehículos militares para patrullaje urbano.
La Policía también enfrenta un escenario extremadamente complejo. Sus efectivos deben actuar frente a organizaciones criminales cada vez mejor financiadas y más violentas, mientras desde distintos departamentos del Interior —entre ellos Paysandú— se reclama un mayor despliegue operativo y una presencia más intensa de la Guardia Republicana, cuya actuación ha sido valorada positivamente en numerosos procedimientos de alto riesgo.
El drama humano detrás de las estadísticas es quizás el aspecto más doloroso. En los últimos tiempos, la violencia entre bandas narcotraficantes ha alcanzado incluso a menores de edad, víctimas inocentes de enfrentamientos que jamás debieron formar parte de la realidad uruguaya. Cada homicidio representa una tragedia irreparable, pero cuando las balas alcanzan a niños queda al descubierto el grado de degradación al que ha llegado el fenómeno criminal.
Mientras tanto, las bocas de venta de drogas siguen siendo una preocupación permanente para numerosos barrios. Vecinos denuncian su presencia, reclaman intervenciones más rápidas y sienten que el Estado llega tarde o no logra sostener en el tiempo los resultados de los operativos. Además, cuando se cierra una se abren dos o tres, operadas por los mismos delincuentes que hacen el trasiego.
La inseguridad ha desplazado a la economía como una de las principales preocupaciones de los uruguayos. No es una discusión ideológica, sino una demanda concreta de quienes esperan poder vivir con tranquilidad, caminar por su barrio sin miedo y confiar en que el Estado tiene capacidad para protegerlos.
Los gobiernos pasan, los ministros cambian y las promesas se renuevan, pero la delincuencia continúa adaptándose con una velocidad que parece superar la capacidad de respuesta institucional. Esa es la verdadera alarma: Uruguay necesita mucho más que discursos. Necesita una política de Estado sostenida durante años, con respaldo político amplio, recursos suficientes, inteligencia criminal, fortalecimiento policial, un sistema penitenciario que reduzca efectivamente la reincidencia y una Justicia capaz de responder con firmeza dentro del marco del Estado de derecho.
Porque cuando el delito gana terreno de forma constante y la ciudadanía comienza a resignarse a convivir con el miedo, el problema deja de ser exclusivamente de seguridad. Empieza a convertirse en una amenaza para la calidad de la democracia y para la libertad cotidiana de todos los uruguayos.

A inicios de la década de 2000 comenzaron a conocerse algunos nombres vinculados a grupos de delincuentes organizados que, hasta el día de hoy, siguen siendo notorios en las crónicas policiales.

Eran conocidos rapiñeros que pasaron a liderar bandas criminales bajo la mirada de las sucesivas autoridades. Comenzaron reclutando entre 20 y 30 personas, hasta conformar verdaderas estructuras que incluso atraen a vecinos de los barrios más conflictivos mediante la compra de su complicidad y la imposición del miedo sobre una amplia zona de influencia.
El mes pasado se cumplieron diez años de la muerte del exdirector nacional de Policía, Julio Guarteche, quien un lustro antes había acuñado el concepto de “feudalización” de la criminalidad para alertar sobre el recrudecimiento de un fenómeno que se gestaba bajo una organización nunca antes vista en el país. Inspiradas en las maras de El Salvador o en el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, estas organizaciones comenzaron a extender sus tentáculos y a comprar voluntades de todo tipo. Solo era cuestión de tiempo para que la realidad lo confirmara.

En el medio, siempre estuvo el discurso político, que tironeó de la realidad para explicarla según su conveniencia. Y, por entonces, con el surgimiento de las redes sociales, la cancha se embarró aún más.
A veces conviene hacer un poco de historia, porque da la impresión de que las discusiones sobre la inseguridad ciudadana comenzaron durante uno o dos períodos de gobierno. En realidad, el fenómeno empezó a crecer mucho antes y se consolidó con el tiempo, alimentado por la marginalidad y la exclusión.

A medida que crecían los asentamientos —particularmente en Montevideo y el área metropolitana— también aumentaba el delito, al amparo de discursos que intentaban explicar el fenómeno, aunque con respuestas limitadas. Mientras las autoridades suponían que el problema permanecería acotado a determinados territorios, ocurría exactamente lo contrario: se expandía hacia otras zonas, creaba nuevas redes y perfeccionaba su capacidad de inteligencia.

Incluso ampliaba los giros del “negocio”. A las transacciones de drogas se sumaban la venta y el alquiler de armas, el sicariato y los asesinatos para dirimir disputas y defender cada territorio.

Hasta el día de hoy persiste el discurso de desarmar a la población y controlar a las armerías, cuando resulta evidente que, desde hace más de dos décadas, los negocios clandestinos funcionan con una fluidez mucho mayor de la que realmente se conoce.
Mientras la delincuencia mejora su poder de fuego, perfecciona su inteligencia y desarrolla nuevas formas de manejar las finanzas para el lavado de activos y el pago de insumos, la legislación limita los montos para los pagos en efectivo de la población en general.

Hace veinte años había poco más de 7.000 personas privadas de libertad en el país. Hoy, el sistema penitenciario uruguayo alberga cerca de 18.000 presos y otras 10.000 personas cumplen medidas sustitutivas. Sin embargo, una mayor prisionización no se traduce necesariamente en una mayor sensación de seguridad ciudadana.
La última estadística contabilizó 195 homicidios durante el primer semestre de 2026. Se trata de un aumento del 6,6 % respecto al mismo período del año pasado y, al menos, un tercio de esos asesinatos está directamente vinculado al tráfico y microtráfico de drogas.
Mientras descendieron los delitos contra la propiedad, como hurtos y rapiñas, aumentaron los crímenes relacionados con las armas de fuego y los ajustes de cuentas. El resultado amerita otra lectura, porque hechos de alto impacto, como el quíntuple homicidio y los ataques atribuidos a clanes familiares, han ocupado los titulares durante semanas.
Luego de un periplo de explicaciones confusas, el viernes comenzó el patrullaje policial con vehículos militares blindados, cedidos por el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en los territorios, rastrear las cadenas de venganza que asolan algunos barrios de la capital y frenar el avance de las bandas criminales.
Durante todo este tiempo se han desperdiciado energías en un debate —a esta altura, estéril— entre el endurecimiento de la represión y la atención de los problemas sociales de fondo.
Como sea, las distintas autoridades han reiterado que la Policía, por sí sola, no puede resolver las carencias de los barrios vulnerables donde operan estas organizaciones. Lo cierto es que el poder de los clanes familiares en las zonas urbanas sigue siendo uno de los principales desafíos para la seguridad pública del país.
Y Uruguay no constituye un caso aislado. El narcotráfico en América Latina ha demostrado su capacidad para debilitar las instituciones y generar violencia extrema. Mientras los países reforman sus legislaciones y reabren viejos debates sobre un mismo fenómeno, la producción récord de cocaína, la complicidad financiera global y la creciente capacidad de los cárteles para atravesar fronteras continúan expandiendo su influencia.
Mientras persista la distracción, miles de millones de dólares seguirán infiltrándose en los mercados formales y transformando el posicionamiento de los países dentro del mapa del crimen organizado.
Uruguay es un ejemplo de esa transformación. Pasó de ser un país de tránsito a convertirse en un centro de acopio. Dejó de ser una ruta secundaria para funcionar como una base logística y de almacenamiento de cargamentos que luego parten con destino a Europa.
Hacia adentro, la historia es conocida. Mientras se mantenga un elevado consumo de pasta base, cocaína y otras drogas sintéticas por habitante, el crimen organizado seguirá demostrando su poder y opacando la capacidad de respuesta de las instituciones.
Eso es, precisamente, lo que quedó expuesto en las últimas semanas: un gobierno obligado a aclarar y explicar cada una de sus acciones frente a una vocinglería permanente, incluso dentro de su propia fuerza política.
Las debilidades históricas en los controles logísticos y portuarios, agravadas por la insuficiencia de escáneres, han puesto de manifiesto las vulnerabilidades del sistema. A su vez, las discusiones sobre la falta de recursos para incorporar mejor tecnología contribuyen a sostener esa imagen de fragilidad.
Finalmente, el uso político de un problema que afecta a la mayoría de los uruguayos termina reduciendo el debate a un conflicto partidario, cuando debería abordarse como una auténtica política de Estado, sostenida en el tiempo y capaz de trascender a los gobiernos y a las próximas generaciones.

Hace algunos años, el entonces canciller Rodolfo Nin Novoa pronunció una frase que, en su momento, sorprendió tanto a oficialistas como a opositores. Reconocía la impotencia de un gobierno de izquierda para llevar adelante su programa debido a los obstáculos que imponían sus propios “socios” en la acumulación de poder que lo había llevado al gobierno. Con una mezcla de ironía y realismo político sostuvo que, en los hechos, los funcionarios eran los verdaderos dueños de las empresas públicas uruguayas. La expresión fue ampliamente recogida por la prensa y posteriormente citada por distintos analistas como una síntesis provocadora de un problema estructural del Estado uruguayo.
El asunto es que, lejos de desmentirse, el paso del tiempo no ha hecho otra cosa que fortalecer esa interpretación. No porque los funcionarios sean jurídicamente propietarios de Ancap, Antel, UTE, OSE o el Banco República —que pertenecen al Estado y, por ende, a la ciudadanía, al menos en los papeles—, sino porque la evidencia acumulada durante décadas muestra que los sindicatos de las empresas públicas han hecho gala de una notable capacidad de presión sobre los sucesivos gobiernos para obtener reivindicaciones laborales que, en muchos casos, alcanzan la categoría de privilegios, solventados con el aporte de todos los uruguayos mediante impuestos y sobreprecios.
Una nueva perla de este largo collar se conoció hace pocas horas, cuando trascendió que Ancap resolvió no implementar el operativo extraordinario que había diseñado para abastecer de combustible de aviación al Aeropuerto de Carrasco durante las obras previstas en la pista principal de Ezeiza, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, al entender que no estaban dadas las condiciones operativas necesarias para garantizar su ejecución.
En un comunicado, el organismo señaló que el plan había sido preparado “con varios meses de anticipación” ante una “oportunidad logística relevante para el país”, que implicaba un incremento excepcional de la demanda de combustible Jet A-1 y requería condiciones específicas de personal, logística, infraestructura y control de calidad.
La empresa afirmó que informó desde el inicio al sindicato sobre las características del operativo y promovió distintas instancias de negociación, incluso mediante una propuesta de compensación para el personal directamente involucrado, en función de las mayores responsabilidades, la extensión de horarios y el trabajo durante fines de semana.
Sin embargo, durante las conversaciones, “desde el sindicato se incorporaron planteos que excedían el alcance de este operativo excepcional”, al incluir beneficios generales y para sectores que, según Ancap, no estaban directamente vinculados con el esfuerzo operativo requerido.
Ante ese escenario, la empresa concluyó que “no fue posible asegurar los requisitos operativos indispensables para su ejecución”, por lo que resolvió dejar sin efecto el plan. Asimismo, reafirmó su compromiso con “el abastecimiento seguro, confiable y oportuno de combustibles”, el diálogo con los trabajadores y la continuidad de los servicios esenciales. Por supuesto, desde Fancap se defendió la posición sindical, asegurando que desde el comienzo valoró la iniciativa como “una oportunidad trascendental para Ancap” y para posicionar a Uruguay como un actor relevante en la logística regional del combustible de aviación. En consecuencia, afirmó haber tenido “la disposición de manejar múltiples escenarios de acuerdos para garantizar la operatividad de este trabajo excepcional”.
El sindicato sostuvo que aceptó la propuesta de remuneración excepcional planteada por la empresa, aunque solicitó que alcanzara a todos los trabajadores de las áreas involucradas en la operativa y no solo a una parte del personal. Además, planteó abrir ámbitos de negociación sobre temas de fondo, como la falta de personal, las condiciones de seguridad laboral y el cumplimiento de acuerdos firmados en 2025.
En ese sentido, Fancap afirmó que Ancap —es decir, su Directorio— “tenía como único interés garantizar la paz sindical en las áreas comprometidas, pero sin mostrar voluntad de acceder a acuerdos” que mejoraran las condiciones de trabajo.
Una evaluación objetiva de este episodio indica que, respondiendo a una metodología profundamente arraigada en el sindicalismo estatal, se intentó obtener ventajas y concesiones que iban mucho más allá de este operativo y de los funcionarios directamente involucrados, procurando extender los beneficios a un número considerablemente mayor de trabajadores y en condiciones que el Directorio entendió desproporcionadas. Por ello resolvió dejar sin efecto el operativo, perdiéndose una oportunidad de generar beneficios tanto para la empresa como para el país.
Nada que los sindicatos “dueños” de las empresas públicas no hayan hecho antes. Una vez más, colocaron sus intereses sectoriales por encima del interés general, porque, al fin y al cabo, sus puestos de trabajo permanecen asegurados y, si el perjudicado es el conjunto de la sociedad, igualmente seguirán percibiendo salarios que, por cierto, se encuentran entre los más altos de la escala de remuneraciones del país.
Pese a ello, los gremios estatales continúan sosteniendo una amplia plataforma de reivindicaciones respaldada por su capacidad de organización y movilización, recurriendo con frecuencia a paros, ocupaciones y otras medidas de conflicto para influir en las decisiones gubernamentales.
Y ya que hablamos de beneficios y privilegios, uno de los conflictos más relevantes de los últimos años estuvo relacionado con la reforma del régimen de certificaciones médicas para los funcionarios públicos.
El nuevo sistema buscó aproximar el régimen estatal al vigente para los trabajadores privados, limitando el pago íntegro del salario durante las licencias por enfermedad y estableciendo un régimen de subsidios a partir de determinado número de días.
COFE rechazó la reforma, realizó paros nacionales, ocupó dependencias públicas y presentó una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Posteriormente, el Poder Ejecutivo acordó suspender transitoriamente la aplicación del nuevo régimen mientras avanzaba un proceso de conciliación.
El promedio anual de certificaciones médicas en el sector público rondaba los 31 días por funcionario en algunos organismos, dato utilizado por el gobierno para fundamentar la necesidad de modificar el régimen.
En los hechos, que son los que finalmente mandan, los cambios organizacionales, las reformas de gestión, las modificaciones en los regímenes laborales, los intentos de modernización o la incorporación de nuevas formas de administración han sido respondidos reiteradamente con paros, trabajo a reglamento, ocupaciones de instalaciones, movilizaciones y campañas de presión política. En la práctica, cualquier administración sabe que impulsar transformaciones profundas en una empresa pública implica enfrentar un elevado costo político y social. Esa capacidad de veto constituye uno de los principales rasgos del funcionamiento de los entes estatales en Uruguay y ayuda a explicar situaciones como la del frustrado operativo de Ancap.
Lo sucedido demuestra, además, la pretensión sindical de torcer el brazo a los gobernantes legítimamente elegidos por la ciudadanía para administrar el Estado y, dentro de él, las empresas públicas, que en los hechos terminan sometidas a una lógica de gobierno corporativo. La situación lleva al extremo la pregunta acerca de quién ejerce realmente el rol de “dueño”: si la ciudadanía, representada por el gobierno democráticamente elegido, sus directorios políticos y los organismos de control, o si, en la práctica, lo hacen los múltiples actores y organizaciones que comparten una misma matriz ideológica y son capaces de bloquear decisiones estratégicas, siempre procurando llevar agua para su propio molino.
Y así estamos.

La inmunidad parlamentaria nació en la Europa moderna como respuesta a los intentos de las monarquías por controlar a las asambleas representativas. El episodio de 1642, cuando Carlos I ingresó a la Cámara de los Comunes para arrestar a cinco diputados, evidenció la necesidad de proteger a los representantes frente a la coerción del Poder Ejecutivo. Desde entonces, la inmunidad pasó a entenderse como una garantía para ejercer la función legislativa sin temor a represalias.

En la Francia revolucionaria, la Asamblea Nacional consagró la inviolabilidad parlamentaria para impedir que el aparato penal fuera utilizado contra la oposición, en línea con la concepción de Benjamín Constant sobre las “zonas de libertad política” indispensables para la deliberación democrática. En el siglo XIX, la experiencia alemana —analizada por Lorenz von Stein y retomada posteriormente por Hannah Arendt— mostró que la ausencia de estas protecciones facilitaba la persecución judicial de los opositores, consolidando la inmunidad como un pilar de la separación de poderes.

En América Latina, la recepción de esta institución estuvo marcada por la existencia de presidencialismos fuertes y por la necesidad de evitar que el Poder Ejecutivo utilizara la justicia penal para disciplinar a la oposición. José Korzeniak defendió la inmunidad como garantía de la independencia parlamentaria en contextos de alta conflictividad; Carlos Sánchez Viamonte sostuvo que, sin fueros, gobiernos con inclinaciones autoritarias podrían alterar la dinámica legislativa mediante procesos selectivos; Roberto Gargarella analizó cómo la estructura constitucional latinoamericana exige proteger al Parlamento frente a la concentración del poder presidencial; Atilio Boron advirtió sobre la “judicialización selectiva” como mecanismo de disciplinamiento político; Fernando Atria subrayó que la democracia requiere espacios institucionales donde la representación opere sin interferencias; y Diego Valadés integró la inmunidad dentro de su teoría de las garantías destinadas a limitar el uso político del derecho penal.

En el constitucionalismo contemporáneo, los fueros constituyen una garantía estructural de la representación política. La inviolabilidad de opinión protege al legislador frente a cualquier responsabilidad derivada de las expresiones formuladas en el ejercicio del cargo. Norberto Bobbio sostuvo que la democracia necesita esferas de libertad institucional donde la crítica pueda ejercerse sin temor; Jürgen Habermas advirtió que la deliberación requiere condiciones que impidan la “colonización” del debate por actores con poder económico o estatal. Por su parte, la inmunidad de arresto o de proceso funciona como un filtro político-institucional: Giovanni Sartori explicó que no procura impedir la acción penal, sino garantizar que una acusación no altere artificialmente la composición del Parlamento; Pierre Rosanvallon destacó que estas garantías protegen la función representativa frente a la volatilidad del conflicto político.

La legitimidad de los fueros depende, sin embargo, de una administración responsable. Eduardo García de Enterría mostró que surgieron para impedir detenciones arbitrarias; Manuel Aragón Reyes advirtió que deben interpretarse con un criterio estrictamente funcional, evitando que se conviertan en refugios personales; y Luigi Ferrajoli sostuvo que las garantías pierden legitimidad cuando se transforman en privilegios, aunque siguen siendo indispensables cuando preservan la estructura del Estado constitucional frente a eventuales abusos de poder.

En síntesis, la inmunidad parlamentaria constituye una pieza central del equilibrio democrático. No protege a las personas, sino a la función representativa. Garantiza la libertad de expresión de los legisladores, preserva la autonomía del Parlamento y previene la instrumentalización del derecho penal como mecanismo de disciplinamiento político. Aplicada con criterios funcionales, fortalece la democracia; desviada hacia la protección de intereses personales, erosiona la confianza pública.

Los parlamentarios hoy

Durante las últimas dos décadas, los fueros parlamentarios en Uruguay han funcionado como un mecanismo estable de protección institucional, aunque también como un espacio de tensión entre la autonomía legislativa y la responsabilidad pública. El régimen mantiene su estructura clásica: inviolabilidad por las opiniones vertidas en el ejercicio del cargo e inmunidad de arresto o de proceso, cuyo levantamiento depende de la decisión de cada cámara.

Desde comienzos de este siglo, los pedidos de desafuero han sido escasos, aunque políticamente relevantes, obligando al Parlamento a pronunciarse sobre la legitimidad de las investigaciones judiciales y la necesidad de preservar la independencia del Poder Legislativo.

El tratamiento de esos pedidos revela una pauta constante: las cámaras han tendido a autorizar el avance de la justicia cuando los hechos imputados no guardan relación con la función parlamentaria, reafirmando así que los fueros no constituyen un refugio personal. Al mismo tiempo, el sistema ha evitado que la acción penal altere mayorías legislativas o condicione la agenda parlamentaria, preservando la estabilidad institucional.

El debate público se ha concentrado, por tanto, en cómo equilibrar la transparencia con la autonomía parlamentaria. Sin embargo, el diseño constitucional ha demostrado una considerable resiliencia: los fueros continúan operando como una garantía funcional y su administración política ha contribuido a preservar la credibilidad del Parlamento en un contexto regional caracterizado por una creciente judicialización de la política.

¿Y si no hubiera fueros?

La práctica parlamentaria enfrenta hoy un nuevo dilema cuando se plantea que la inviolabilidad ya no debería alcanzar a legisladores que mienten deliberadamente o insultan durante las sesiones. La inmunidad de opinión nació para proteger la deliberación frente a presiones externas, no para blindar conductas que degradan el debate democrático.

Si la inviolabilidad dejara de amparar expresiones ofensivas, insultos o afirmaciones deliberadamente falsas, la palabra parlamentaria quedaría sometida al eventual reproche penal y cada intervención podría ser evaluada como una posible difamación. Ello modificaría sustancialmente la conducta de los legisladores, cuya función exige libertad para formular acusaciones políticas, plantear hipótesis, expresar críticas severas o emitir juicios de valor sin temor a represalias judiciales.

Sin embargo, la expansión contemporánea de discursos agresivos, falsedades estratégicas y descalificaciones personales ha desvirtuado, en parte, el sentido original de la inmunidad. Cuando la palabra parlamentaria se utiliza para agraviar adversarios o instalar afirmaciones falsas con impacto público, la protección corre el riesgo de transformarse en un escudo para prácticas que deterioran la confianza ciudadana.

Si los fueros dejaran de amparar esas inconductas, los legisladores quedarían sometidos a las mismas responsabilidades que cualquier ciudadano y deberían responder ante la Justicia cuando la Fiscalía promoviera acciones por difamación, injurias u otros delitos vinculados a la difusión de información falsa. Ello podría introducir un principio de responsabilidad que contribuyera a elevar la calidad del debate institucional.

Si una garantía concebida para proteger la democracia termina siendo utilizada como cobertura para la mentira o el agravio, corresponde preguntarse si su configuración actual sigue cumpliendo la finalidad que le dio origen. Es hora de debatir si aspiramos a una democracia de ciudadanos iguales ante la ley o a un sistema que continúa reservando privilegios difíciles de justificar.

Porque, si un instrumento diseñado para fortalecer la calidad institucional termina debilitándola, resulta legítimo discutir su reforma. O los fueros sirven para fortalecer la democracia, o terminan convirtiéndose en una herramienta de impunidad. Y la impunidad frente al abuso de la palabra pública difícilmente contribuya a fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Cuentan que Daniel Ortega –joven, no tenia ni 40 años–, tras asumir su primera presidencia en Nicaragua (enero de 1985), se apresuró a viajar hasta el altar de La Habana para ofrendarle el país a Fidel Castro.
Fidel, un hábil “vividor” –uno de los mayores de la historia, si no pregunten a los rusos o a los venezolanos–, agradeció, lo bendijo y le hizo dos recomendaciones: no llames más a elecciones y trata de mantener buenas relaciones con los gringos.
Ortega no cumplió y las elecciones siguientes las ganó Violeta Barrios de Chamorro, la viuda del periodista Pedro Joaquin Chamorro, asesinado por los somocistas, hecho que precipitó la caída de la dictadura.
Dicen que Fidel, con su proverbial modestia comentó: “Yo se lo dije, que no llamara a elecciones, pero es medio tonto”.
Todo esto me lo contó un escritor, que fuera muy cercano a los Castro y que cayó en desgracia cuando la crisis del Gral.Ochoa y que pudo “escapar” de Cuba gracias a los oficios de su colega Gabriel Garcia Márquez.
Hay que reconocerle a Ortega que se ha esforzado. Para empezar, con los gringos nunca ha tenido problemas grandes y nunca ha dejado de ser marxista, progresista, peón de Cuba, antiimperialista y antiyanqui. Se dice que ha hecho buena letra con los temas tráfico de drogas y de inmigrantes. Zonzo no es, también ha sorteado otros tamaños escándalos que da vergüenza recordar. Además ha matado o mandado a matar, ha quitado la ciudadanía y echado a todos los disidentes, sin hacer asco a que sean oenegés o que vistan sotanas, ha acabado con todas las libertades, la libertad de prensa primero y, of course, ha hecho fraude en todas las elecciones que ganó desde el 2007 hasta ahora.
Pero en estos días parece que resolvió dar fiel cumplimiento a la recomendación del maestro y anunció que no se llamará mas a elecciones en Nicaragua y que seguirán al mando en tándem con su esposa Rosario Murillo, como lo hacen desde hace mucho.
Ortega progresista, fidelista, hombre de izquierda, recibió permanente apoyo de sus correligionarios; a veces alguno hizo leves críticas ante sus barbaridades, alguna feminista en caso específico o firmaron declaraciones “abriéndose” pero que no iban mas allá o simplemente daban vuelta la cara para no ver (Lulas hay en todo lados), pero llegado el momento decisivo la hermandad no dejó ni deja de funcionar: todos a una. Si es deshonesto no es de izquierda, si es de izquierda no es deshonesto, como aseguran los frenteamplistas uruguayos.
Esta última decisión de Ortega, o Murillo –yo lo entrevisté dos veces, allá por 1985 en Montevideo y un años después, aproximadamente, en Managua y las dos veces me pareció que estaba borracho– levanta polvareda. Hasta la ONU, lo cual, de todas formas no embroma ni importa a nadie.
Y hablando de tonterías, el secretario general de la OEA sostuvo que “el régimen ha abandonado la democracia”. Chocolate por la noticia: ¿y hasta ahora qué?
En definitiva, si siempre vale buscarle algún diente blanco al perro muerto, habría que computarle a Ortega que se sacó la careta y ya no juega a los marxista-leninistas en plan gramsciano, que se han abocado a acabar con la democracia, definitivamente, desde adentro. Ahí están los chavistas en Venezuela y hasta ahora bendecidos. Todos bendicen: Fidel, Lula, Trump, Xi Jinping hace negocios y a Putin no darle la espalda, pero todos a la vez contestes en que a la democracia solo le cabe la extremaunción.