Opinión

Desde hace algún tiempo se viene informando que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentará un proyecto de ley en el Parlamento para que las empresas avisen con antelación al Estado a la hora de despedir trabajadores. Según lo informado por la prensa, “el ministro Juan Castillo respalda la propuesta que obliga a las empresas a informar sobre eventuales despidos masivos o cierres, y aseguró que la iniciativa “no ahuyenta a los empresarios”, sino que busca evitar que las firmas abandonen el país “sin dejar rédito” y sin mecanismos que permitan prevenir impactos sobre el empleo. La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, sostuvo que su aprobación mejoraría la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de riesgo laboral y aclaró que el proyecto “no está pensado para penar a las empresas, sino para que el ministerio se informe al instante de la situación que atraviesa cada firma”.

A pesar de las supuestas buenas intenciones que anuncian tanto Castillos como Marcela Barrios, la realidad sigue empecinada en demostrar otra cosa: este tipo de medidas lo único que lograr es que los empresarios no contraten nuevos trabajadores, o que contraten empresas tercerizadas o que aumente la informalidad. Las empresas están destinadas a una dinámica comercial y productiva que cada día se vuelve más impredecible. ¿Quién sabía, hace cinco años, qué era la empresa Temu? Todos los organismos internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea entre otras nos advierten un día sí y otro también sobre los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial (IA) para el empleo destacando que precisamente los países en desarrollo como Uruguay serán los más perjudicados por este fenómeno global e imparable. ¿Acaso en nuestra ciudad no existen supermercados en los cuales las plataformas de autoservicio ya han remplazado a los cajeros? ¿Qué sucede desde hace muchos años en los peajes donde tampoco existe atención humana presencial? ¿En su momento tanto sindicato de comercio y servicios (Fuecys) como el de la construcción (Sunca) se rasgaron las vestiduras por estas modificaciones tecnológicas a las cuales se opusieron y al final que pasó? Pasó lo inevitable: más allá del “relato heroico” de la supuesta “lucha” desplegada por los sindicatos mencionados, la realidad “los pasó por arriba” y hoy todos los peajes de Uruguay están automatizados. Resultado del partido… Realidad 1 – Pit Cnt 0. Es una lástima que este mecanismo (destinado a perjudicar a los empleadores) no se haya podido aplicar en el caso del cierre de la radio montevideana M24, propiedad del Movimiento de Participación Popular (MPP). El periodista José W. Legaspi expresó lo siguiente sobre este cierre de la radio “compañera”: Gonzalo Cammarota expresó en su despedida que “te sentís un pelotudo” al ver cómo se planeaba la venta mientras dentro de la radio había ambientes optimistas, con mediciones favorables. (…) Fernando Tetes, por su parte, habló de lo “doloroso y cruel” que es perder el trabajo de esa forma. (…) En el comunicado conjunto de los programas (Justicia Infinita, La Cuchara, entre otros), los trabajadores denunciaron que no se les informó quién compraba la emisora, cuándo se había iniciado el proceso, ni las verdaderas razones detrás del despido”. Tanto el Pit Cnt como la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) hicieron una pantomima de defender a los trabajadores afectados y rápidamente “metieron violín en bolsa” para no molestar a los “compañeros de la 609”. Si bien la norma que quiere implementar Castillo aún no existe, nada impediría que al menos por un tema de principios –si es que los tienen— les hubiesen comunicado con tiempo que los iban a dejar en la calle. Aunque no sea con un año de antelación, quizás dos o tres meses antes. Pero por algo no lo hicieron. Se ve que muy convencidos de la inocuidad de la comunicación previa no están.

Es así que el pasado mes de diciembre el ministro Juan Castillo expresó que la decisión de un despido colectivo “se tiene que anunciar previamente, a los efectos de tomar medidas” por parte del gobierno. Llamativamente Castillo omitió detallar cuáles serían esas medidas y acá es donde está “la madre del borrego”. Siendo público que Castillo es un connotado miembro del Partido Comunista del Uruguay de ideología marxista leninista, es de suponer que esas medidas que se pretenden tomar contra las empresas podrían ser la expropiación o la congelación de activos en el país impidiendo que las mismas puedan cumplir con sus obligaciones comerciales y de esa forma que las famosas (y desastrosas) cooperativas “compañeras” puedan comprar a precio vil una unidad productiva en la cual el Frente Amplio inyectaría dinero de todos para que terminara fundida, como sucedió con absolutamente todas las empresas rescatadas por el Fondes de Mujica. Ese es el objetivo final de Castillo y del Frente Amplio: la abolición de la propiedad privada y que los medios de producción pasen al control de los trabajadores, todo ello en el marco de una dictadura del proletariado. No lo decimos nosotros: lo dice el filósofo alemán Karfl Marx en su libro “El Capital”, la Biblia del comunista.

Un cambio de estas características significaría un cambio radical para Uruguay. Tal como lo ha expresado el abogado laboralista Matías Pérez del Castillo, en la actualidad “el despido en nuestro país puede ser dispuesto sin preavisar ni manifestar la causa, pero trae consigo el pago al trabajador despedido de una indemnización por despido tarifada legalmente”, con algunas excepciones (trabajador enfermo, trabajador accidentado, despido antisindical, trabajadora grávida, etcétera). Si esta reforma es aprobada, no se podrá despedir a un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada que tenga relación con su capacidad o su conducta o esté basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa”. Además, ese despido puede ser anulado y se puede ordenar la readmisión del trabajador, así como el pago de una indemnización adecuada u otra reparación apropiada.

Las consecuencias de esta iniciativa del Frente Amplio ciertamente no ayudarán a la radicación de inversiones ni al mejoramiento del empleo en Uruguay ni en nuestro departamento. Ante esta falta absoluta de sentido común, cabe preguntarse: ¿no sería mucho más responsable y comprometido tratar de atraer inversiones en lugar de espantarlas con ataques infundados y posiciones ideológicas como el marxismo leninismo que han fracasado en todo el mundo? ¿Realmente queremos seguir el camino de Cuba, donde ya no quedan más que escombros, miseria y hambre gracias a las políticas fracasadas del comunismo? ¿O Venezuela –con o sin Maduro, ya la habían fundido–, con ocho millones de exiliados económicos? La verdad es que a los sindicalistas no les importa si las empresas cierran o permanecen abiertas, porque ellos forman parte de una casta que siempre seguirá disfrutando de sus beneficios económicos. Mientras tanto, los sindicalistas “de a pie”, aquellos que son simples afiliados seguirán con su vida de “perejiles” tratando de ver si consiguen alguna “changa” para sobrevivir cuando la empresa donde trabajaban cierre o se achique.

Nuevamente debemos referirnos al tema del Vertedero Municipal y su terrible gestión.
En los últimos días nos enteramos por la prensa que ante el estrepitoso fracaso de Sandeco, la Intendencia ahora está pensando en tercerizar la gestión a la empresa Teyma. Ahora bien, yo vuelvo a preguntar, antes de hablar de entregar el Vertedero a Teyma, ¿cuándo la Intendencia o el intendente Olivera se van a dignar a explicar qué fue lo que hizo mal Sandeco para que, de mayo de 2025 a diciembre de 2025, se pasara de una gestión supuestamente “de excelencia” a un incumplimiento que trajo aparejada la rescisión, por haber “puesto en peligro la salubridad de los sanduceros”?

Con ese debe pendiente, ¿es saludable que se siga adelante con esta aventura de tercerizar el Vertedero Municipal, cuando el mismo durante décadas, bajo la mano del Estado, funcionó mucho mejor que con las empresas privadas? La respuesta es claramente negativa, pero bueno, la Intendencia nos tiene acostumbrados, en este tema, a ocultar la información, y, lo que es peor, a ocultar la verdad de lo que pasa.

También nos sigue llamando poderosamente la atención, que la máquina de encapsulado está rota hace meses por falta de repuestos; ahora, ¿quién compra algo nuevo sin saber si hay o no repuestos disponibles y se gasta medio millón de dólares en eso? ¿Cómo es posible que se gaste eso, cuando cualquier persona, si decide comprar hasta una moto, averigua si hay o no repuestos, garantía, etcétera?

También sorprende que se sostenga que los incendios en el Vertedero son de este último mes, cuando es un fenómeno que se viene dando por lo menos a lo largo de este último año 2025, y producto no solo de agentes externos, sino que no dudamos que alguna mano “amiga” los lleve adelante para reducir el nivel de residuos que se acumulan en el lugar.

Esto incluso ha llevado a que los vecinos, no solo del Vertedero, sino de la próxima Casa Blanca, estén viviendo un infierno de contaminación, con permanentes denuncias que no son oídas por ninguna autoridad; ni que hablar de los más de 200 funcionarios municipales que fueron trasladados desde el corralón municipal, a lo que era el polígono industrial (Adeyom, extrañamente, en silencio).

En medio de todo esto, ¿para qué existe una Unidad de Gestión Ambiental y Cambio Climático en el organigrama de la Intendencia? ¿Qué función cumple? Porque digamos que este tema, que es el más trascendente en su ámbito, no ha tenido ninguna política adecuada y mucho menos control del tema medio ambiental.

Mientras tanto, según la prensa, alguna empresa que no sabemos cuál es, le habría pagado al intendente Olivera y al Intendente de Salto, la concurrencia al congreso EcoMondo 2025, desarrollada en Rímini, Italia, uno de los eventos más importantes del mundo, dedicados a la gestión de residuos, economía circular y desarrollo sostenible. Bueno sería que los sanduceros supieran qué empresa abonó ese viaje, y también qué es lo que trajo de bueno a Paysandú, visto lo visto.

Por último, lo más sorprendente de todo, es que el diario le preguntó al responsable del área si Teyma iba a seguir con el encapsulado tal y como lo llevó a cabo Sandeco, y la respuesta fue que no lo sabía… y uno solo puede pensar en el grado de improvisación que todo este proceso ha tenido, cuando entre la máquina de encapsulado y el galpón, solo del Ministerio de Ambiente le dieron a la Intendencia 976 mil dólares y la Intendencia habrá aportado otro tanto, para que se tenga semejante respuesta de un jerarca.

Esto demuestra la ausencia de convicción sobre el proceso, sobre el modelo de gestión de encapsulado, la improvisación más absoluta en el tema, y, lo que es peor, la dilapidación de recursos públicos en procesos que a todas luces han sido un fracaso. Por eso preguntamos, con este panorama, ¿qué nos espera ahora?

Dr. Federico Álvarez Petraglia

Imagina una mañana en la que todo transcurre con la normalidad de siempre. Lo viste cuando se colgó su mochila y escuchaste el sonido de las llaves al salir. Le diste un beso rápido en la puerta, y lo miraste alejarse por la vereda. Fue una despedida como todos los días, una de tantas que hoy darías la vida por repetir.

Imagina que es la hora de su regreso y no sabes nada de él. A medida que pasan las horas, la inquietud te empieza a apretar el pecho, cae la noche y el sonido de la llave girando en la cerradura, ese que esperas muy atenta, no sucede. El plato de la cena se enfría sobre la mesa y te pasas la madrugada frente a la ventana, mirando la calle vacía, rogando que cualquier sombra que dobla a la esquina sea él. Si pasaran los días y el silencio fuera la única respuesta. ¿Dejarías de buscarlo? Imagina que los meses se transforman en años y esa angustia aguda se vuelve un dolor crónico, una sombra que te acompaña a cada paso.

¿​Dejarías de buscarlo? Historias como estas no son ficción, son la realidad que viven cientos de madres, abuelas y familiares que llevan más de 50 años buscando sin descanso a sus seres queridos. Cada año, una sola pregunta persiste en sus corazones, una pregunta que el paso del tiempo no ha logrado borrar: ¿Dónde están?

La herida abierta de quienes no saben nada de sus hijos y nietos desde que fueron desaparecidos durante la dictadura militar sigue vigente. Tú, ¿dejarías de buscarlo?

Ahora te pregunto a ti que piensas que esto ya es pasado y que esa parte oscura de nuestra historia debe seguir siendo considerada como algo que “ya fue” y que no necesita más atención. Sinceramente, ¿dejarías de buscarlo?

Dejar de buscar, dejar de preguntar, sería aceptar que la injusticia y el sufrimiento de esas familias no importan. La memoria y la búsqueda de justicia son necesarias para que esa parte oscura de la historia no se repita nunca más.

Lo más doloroso es la incertidumbre de aquel día en que un ser querido se fue con una sonrisa, lleno de luchas y sueños, y nunca regresó, en realidad, no lo dejaron regresar.
Honestamente, te pregunto a ti: si fuera tu hijo o tu nieta… tú, ¿dejarías de buscarlo?

Tec. Pablo Miranda Ponce

La conyugalidad es una característica fundamental del matrimonio, los niños criados por sus padres biológicos están en una posición excepcionalmente ventajosa.

Las contundentes pruebas que proporcionan las ciencias sociales respaldan firmemente la idea de que la estructura familiar importa y de que lo mejor para los hijos es ser criados por su propia madre y padre en el seno de un matrimonio estable y poco conflictivo.

Querer a un niño es una cosa y querer a un hijo con un amor que le proporcione la estructura necesaria, es otra. El niño agradece una genealogía clara y coherente; lo relevante para el bienestar de un niño no es la orientación sexual de las personas que lo crían, sino su complementariedad sexual.

La tenacidad para formar una familia y sacarla adelante, transforma el mundo.

Los cambios culturales, la mentalidad individualista, la ruptura de vínculos y la fragmentación social atraviesan la realidad de todas las familias.

Debemos dar ejemplo y testimonio de la alegría de la familia, promoviendo una sociedad que facilite los proyectos familiares (acceso a los jóvenes de vivienda y trabajo), impulso de costumbres sociales que propagan al matrimonio por encima de la fiesta y la luna de miel, ayuda para cuando lleguen los hijos, consolidación de una cultura de respeto y ayuda a la mujer, una educación afectiva que integre la sexualidad en el proyecto de vida.

La familia es inclusiva (acepta la fragilidad y la integra), intergeneracional y ampliada (cada uno se lo acepta por lo que es, no por lo que ha hecho; abuelos, nietos, primos, la vecina, el primo homosexual, la tía divorciada y su nueva pareja).

Otras características: fecundidad y fidelidad (aparecen el abuelo y la abuela, juntos durante toda la vida, han pasado mil dificultades, se han peleado, reconciliado y han sido fecundos, están sus hijos y nietos, una familia de brazos abiertos, donde caben todos y donde todos tienen una segunda oportunidad, se ofrece seguridad a los niños y cuidado a los ancianos).

Si el Estado redefine el matrimonio de tal manera que ya no es la unión entre un varón y una mujer, sino una simple relación sentimental consentida entre adultos, ya no lo promueve, sino que lo debilita, vaciándolo así de gran parte de su significado y haciendo menos probable que los niños sean criados del modo que más les conviene.

Desde la fuerza interna de la solidaridad familiar se puede combatir la globalización de la indiferencia y la cultura del descarte, tratar a cada persona de acuerdo a su dignidad; el matrimonio es una institución que crea bienes sociales.

José Francisco Ramos Peralta

La democracia siempre estuvo en riesgo desde sus primeros días. Me refiero a la democracia moderna: el sistema político basado en la participación popular, el sufragio universal y la protección de derechos y libertades, el mismo que ha ido abriéndose camino a lo largo de los siglos. Es cierto: lo ha hecho entre tensiones y ataques feroces, en países que padecieron sangrientas dictaduras e incluso la brutalidad extrema de la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 25 millones de soldados murieron en combate o como consecuencia de enfermedades vinculadas directa o indirectamente a la acción bélica. Sin embargo, existe consenso en que, como resultado de bombardeos, hambrunas y genocidios, fallecieron no menos de 55 millones de civiles.

Dentro de esas vergonzosas acciones y planes del nazismo, uno de los más oscuros fue la Shoá o Holocausto: en el marco de la llamada “solución final” a la cuestión judía, fueron asesinados alrededor de seis millones de judíos. En otra categoría de “indeseables” se encontraban los homosexuales: cerca de un millón de alemanes homosexuales fueron perseguidos entre 1933 y 1945. Las personas LGTB sufrieron algunos de los mayores rigores de la represión, sometidas a una persecución siniestra que recién fue reconocida oficialmente como tal hace pocos años.

Desde el punto de vista de los derechos, esa salvaje represión y discriminación inhumana significó un profundo retroceso humanista. Basta recordar que el Código Napoleónico de 1810 fue el primero en la historia en despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, al considerarlas un delito “imaginario”. Inspiradas en la Ilustración francesa, las legislaciones de Baviera y Hannover siguieron ese camino en 1813 y 1840, respectivamente.

Las raíces inspiradoras

Es cierto lo que aprendimos en la secundaria: las ideas básicas de la democracia hunden sus raíces en la historia profunda, en la antigua Grecia. Pero, en sentido estricto, debe asumirse que fue entre los siglos XVII y XVIII cuando el desarrollo del pensamiento y las luchas políticas y sociales dieron lugar a los fundamentos del modelo democrático en términos similares a los que conocemos hoy.
A efectos de sistematización, puede hablarse de dos grandes etapas: la de la “democracia temprana” y la de la democracia moderna. Desde una mirada amplia, y entendiendo la democracia como un sistema de gobierno que no se basa exclusivamente en la coacción, por “democracia temprana” se comprende aquel régimen en el que quien ejerce el poder —por elección o por herencia— lo hace con el consentimiento de los gobernados, o al menos de una parte significativa de ellos. En otras palabras, gobierna con el apoyo de un consejo o asamblea integrada por miembros de la sociedad, independientes del gobernante y no sometidos a sus caprichos.

La democracia temprana no incorpora el concepto de representatividad tal como lo entiende la democracia moderna, ni adopta plenamente fórmulas de democracia directa. El recuerdo de la experiencia ateniense es importante, pero suele sobredimensionarse: los varones con derechos políticos nunca superaron los 50.000.
Otra diferencia, quizás más profunda, radica en que solo la democracia moderna convive con una burocracia estatal que se ocupa de los asuntos cotidianos.

La paradoja

La paradoja de estos días es que aquella colonia inglesa que en 1776 declaró su independencia y se constituyó en los Estados Unidos proclamó el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos y a disfrutar de derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1787, su Constitución creó un sistema de gobierno republicano y representativo, con separación de poderes y elecciones periódicas, que influyó decisivamente en las democracias posteriores.
La tragedia de este siglo es que esa gesta, acunada por los “padres fundadores” e inspiradora de generaciones enteras, hoy parece haberse extinguido. Su gobierno se ha brutalizado, su base doctrinaria ha sido devaluada y, de imperio en decadencia, ha ingresado en una fase de descomposición y primitivismo radicalmente peligrosa para la humanidad.

En medio de esa degradación institucional, marcada por arrebatos de impotencia e ignorancia, una camarilla ambiciosa y despótica avanza contra todas las bases de la democracia estadounidense. Una figura mayor de aquella democracia hoy inexistente, Martin Luther King (nacido un 15 de enero), jamás habría podido surgir en este contexto. Y no porque su lucha haya sido sencilla: la constatación de aquellos años está marcada por su asesinato y el de tantos otros, como Malcolm X. La militancia de King combinó la igualdad racial con los derechos laborales y una crítica frontal a la pobreza y al militarismo. Aquella era una sociedad atravesada por debates intensos en múltiples foros y en las calles, con cientos de miles —e incluso millones— de personas movilizadas. Una sociedad viva y participativa, pese a la existencia de bolsones antidemocráticos, racistas y violentísimos, como el Ku Klux Klan.
Pero ¿cuándo se jodió el imperio? ¿Cuándo “se rompió el orden mundial”, como lo afirmó sin rodeos Mark Carney, primer ministro de Canadá? Fue claro al señalar que “no se puede vivir con la mentira del beneficio mutuo a través de la integración cuando la integración se convierte en una fuente de subordinación”. Frente a estos atropellos desembozados, lanzó un llamado solidario y rebelde: es el momento de que empresas y países se rebelen contra las grandes potencias.

El pasado no vuelve

Carney comenzó su discurso en francés en un foro donde el inglés es la lengua habitual, marcando desde el inicio un quiebre. Porque en política todo significa. “Hoy hablaré de la ruptura del orden mundial”, dijo. Y advirtió: “Las potencias medias, como Canadá, no son impotentes. Tienen la capacidad de construir un nuevo orden que integre nuestros valores: el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados. El poder de los menos poderosos comienza con la honestidad”.
El mensaje de Carney no se limitó a marcar límites a Trump y a sus aliados, sino que convocó a una respuesta firme y prudente: “Sabemos que el antiguo orden no volverá. No deberíamos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia”.

Y al cerrar su intervención, eligió un camino: el de convocar a las potencias medias. “A partir de esta ruptura, podemos construir algo mejor, más fuerte y más justo. Esa es la tarea de las potencias medias, que son las que más tienen que perder en un mundo de fortalezas y las que más tienen que ganar en un mundo de verdadera cooperación. Los poderosos tienen su poder. Pero nosotros también tenemos algo: la capacidad de dejar de fingir, de llamar a las cosas por su nombre, de reforzar nuestra posición en casa y de actuar juntos. Este es el camino que ha elegido Canadá. Lo hemos elegido abiertamente y con confianza. Y es un camino abierto a cualquier país que desee recorrerlo con nosotros”.

Hay un mundo de ficción en el que se amontonan declaraciones, imaginado e imaginario, de expresión de deseos, de apropiación indebida de méritos y lo hecho por otros, de promesas, las que luego no se cumplen, de demagogia a granel, de “buenismo” y “buenismo útil”, y lo más grave, de mucha “burrez ” y burrez extrema con respaldo y fe ideológica embadurnada de soberbia.

Pero también hay un mundo real; y ese llama a la puerta y nos recuerda que no todo el año es carnaval.
El caso del acuerdo Mercosur-UE por ejemplo. Bombos y platillos y una alta tarima para el fracasado “show” de Lula (uno más y van…), pero al final se firmó. ¿Y? Nada, por ahora nada. Apareció el primer escollo, pues también allá miran al electorado y las “fuerzas sociales” y habrá que esperar unos dos años para poder empezar a discutir, ajustar y afinar (millones de dólares se llevarán los burócratas internacionales –funcionarios al fin– en viajes, sueldos viáticos y paseos, en esa negociaciones). Va para largo. Esta es la realidad.

¿A quién le importa lo que Guterres, secretario general de la ONU, diga sobre Uruguay? ¿Quién en el mundo atiende a lo que él dice? Es ficción. La realidad es que EE. UU. se sale de la Organización Mundial de la Salud y sin su apoyo financiero muchos burócratas quedaran “patas pa’ arriba”. ¿Qué hace Guterres?
Hay quienes se sienten imparables y enfrentan decididamente al imperialismo –comunicados, declaraciones, pancartas–, pero no deberían olvidar que son el partido de gobierno.
Después a no extrañarse si los uruguayos aparecemos en una “listita”, acompañando a brasileños y colombianos, en la que no habría razones para estar. Nuestro canciller entiende que fue un error. Pienso que él deber estar bien informado. El embajador de EE. UU. no dijo nada al respecto: la realidad es que no tenía mucha idea. Ojalá sea “un error”, pero aún si lo fuera, no deja de ser una advertencia.
Conocí el secretario de Estado Marco Rubio, cuando era muy joven –hace muchos años, no tantos como los que hace que conozco a Mario Lubetkin (también era joven)– y durante ese tiempo esporádicamente lo traté por razones profesionales, como periodista, y como directivo de la SIP. Diría que no da puntada sin hilo. Pienso que no hay que echar en saco roto ese tipo de “cosas raras”, producto de la espontaneidad trumpiana.

El gobierno uruguayo no va a dejar de hacer lo que tenga que hacer en función de los humores del Sr. Trump, espero; eso sí, dado de quién se trata y cómo maneja las cosas, no está mal ser algo cuidadoso. Lo que se pone en juego son los intereses de todos los uruguayos. Son gobierno.
Lo de China es otro ejemplo. Bombos y platillos por esta misión. Es comprensible que traten de capitalizar algo. Pero, a no vestirse con ropa ajenas: China ya es el principal socio comercial y las fluidas relaciones con ese poblado país es gran mérito del gobierno anterior, el que si no pudo avanzar más fue por las zancadillas del “buen vecino” Lula.

Está bien reafirmar la relación con ese lejano “amigo y socio” comercial, pero no desconocer la realidad. Y ésta dice que esos muchachos, Xi Jinping y Donald Trump, de hecho están en guerra. Hay que ser muy cuidadoso con cada puntada, y es a dos puntas: atentos a los espasmos del norte y lo mismo ante las sonrisitas de los chinos que siempre buscan “algo más”, e ir un poquito más allá y en eso son tanto o más de temer. En EE. UU. todavía queda la Suprema Corte.

En su edición de esta semana el semanario Búsqueda da cuenta de un informe de Inteligencia de Brasil que advierte por el riesgo de militarización del acuífero Guaraní. El artículo, firmado por Juan Francisco Pittaluga, trae a colación de esta novedad el recuerdo de las declaraciones en el mes de octubre de uno de los principales jerarcas militares de nuestro país que en ese momento causaron sorpresa, tanto en la opinión pública como entre autoridades nacionales. El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), Gral. del aire Rodolfo Pereyra, advertía entonces que, ante una posible escasez de agua a escala global, nuestro país puede ser centro de conflictos bélicos en una eventual disputa por el acuífero Guaraní. “Ingresando al campo de las hipótesis de conflicto más peligrosas, debemos recordar que somos parte de uno de los más grandes reservorios naturales de agua dulce del planeta, que compartimos con Argentina, Brasil y Paraguay. Dado el supuesto o real caso de que este recurso escasee en el mundo, no contar con las capacidades disuasivas adecuadas que nos permitan proteger y gestionar soberanamente un recurso vital para la supervivencia del ser humano pondrá, como resultado, en grave riesgo la estabilidad de la región”, decía.

Del informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) cita el artículo que “Desde el punto de vista de la seguridad, la Inteligencia de Estado debe estar atenta al riesgo de militarización indirecta de zonas sensibles bajo el pretexto de la protección de ‘bienes comunes globales’, con el riesgo de instrumentalización de la seguridad ambiental para legitimar intervenciones no solicitadas sobre zonas estratégicas”. Se mencionan específicamente dos zonas prioritarias con relevancia estratégica: la Amazonia, que cubre un 60% del territorio del vecino país, clave para la biodiversidad y “también para la seguridad nacional”; y el acuífero Guaraní, compartido con Argentina, Paraguay y Uruguay, que “constituye una de las más importantes reservas subterráneas de agua del planeta”.

Según publicó el semanario este análisis forma parte de un capítulo dedicado a la seguridad e integración de América del Sur en el informe titulado “Desafíos de Inteligencia para 2026”, una publicación anual en la que ABIN transmite su visión sobre las amenazas y riesgos al Brasil. Allí se indica que “La intensificación de la competencia entre las grandes potencias afecta la estabilidad regional, con disputas tecnológicas y comerciales que se proyectan sobre las políticas públicas internas, especialmente en áreas como la transición energética y la infraestructura digital”.

Conocido es el dicho de que una golondrina no hace verano, pero ahora tenemos una segunda golondrina anunciando que estamos en el estío y que el agua subterránea ya es un recuso estratégico. De hecho es algo que venimos escuchando hace años: los conflictos del futuro serán por el agua. Ese futuro llegó, está acá con nosotros. Es más, si está con ganas le invito a que, después que termine de leer EL TELEGRAFO se tome unos minutos y haga una búsqueda rápida en Internet con las referencias “acuífero guaraní”, “conflicto”, y se encontrará con numerosas referencias sobre el tema. Darles una rápida lectura —spoilert alert— le hará pensar que es hasta evidente que un recurso de este tipo esté en la mira de quienes se enfrentan al riesgo de quedarse sin agua y cómo no se dio cuenta de preguntárselo antes.

Solo por mencionar un ejemplo de estos estudios, en el año 2015 el licenciado Carlos Alfredo da Silva —Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina— presentó en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, en Lima Perú, su ponencia titulada “Los desafíos y dilemas geopolíticos de los recursos hídricos en el Acuífero Guaraní”. Da Silva refiere a un estudio publicado en la revista Water Resources Research (investigación de recursos hídricos), que “determinó que una tercera parte de las 37 cuencas subterráneas más caudalosas del mundo, que constituyen la principal reserva de la humanidad y suministran el 35% del consumo, están perdiendo agua a un ritmo vertiginoso, según datos proporcionados por las mediciones de dos satélites de la NASA”. El autor cita en su informe a Pablo Romanazzi, ingeniero y profesor de Hidrología de la Universidad Nacional de La Plata, que señalaba que “si bien acá subestimamos el problema porque nos sobra agua, muchos países del primer mundo están acostumbrados a un consumo planificado” y refería a cálculos que indicaban —de esto hace más de una década ya— que “21 de los 37 acuíferos subterráneos más voluminosos que se ubican en regiones que van desde la India y China hasta EE. UU. y Francia, rebasaron su punto de inflexión de sostenibilidad”. Esto significa que fue extraída más agua de la que fue repuesta durante el período de estudio que duró una década, desde 2003 hasta 2013. Agrega también que los acuíferos con una mayor sobrecarga “se sitúan en las zonas más secas, donde las poblaciones usan en gran medida aguas subterráneas”, regiones en las que están obligados a un uso intensivo de los acuíferos “ya que no disponer de otras alternativas como ríos, arroyos o lagos”, apuntaba Romanazzi.

El volumen total de agua subterránea es probablemente mucho menor que las estimaciones hechas hace décadas y, según Jay Famiglietti, profesor de la UCI y científico de la NASA, citado en la misma presentación, “teniendo en cuenta la rapidez con la que estamos consumiendo las reservas de agua subterránea en el mundo, necesitamos un esfuerzo global coordinado para determinar la cantidad que queda”. De nuevo, esto se presentó en 2015, y en estos años no solamente no se hizo ese esfuerzo global coordinado para averiguar de cuánta agua disponemos en el subsuelo, sino que además no se logró alcanzar el más básicos de los acuerdos para frenar la emisión de gases de efecto invernadero y hoy en día estamos más para preocuparnos de una tercera guerra mundial, con potencial destructivo a escala planetaria incluido, que por saber de dónde vamos a sacar agua para tomar y cocinar. Así de lejos estamos. Y del barrio mejor por ahora ni hablamos, pero es notorio que no hay una posición unánime en cuanto a cómo pararse frente a las grandes potencias, por ahora entretenidas en la cinchada por Groenlandia y otras tierras raras.

Recientemente, UTE dio a conocer una serie de recomendaciones a la población ante el incremento de estafas digitales que utilizan inteligencia artificial para generar y difundir, principalmente a través de redes sociales y plataformas de mensajería, imágenes, audios y videos falsificados de figuras públicas, entre ellas autoridades nacionales, deportistas y comunicadores.

Según informó la empresa estatal, las estafas detectadas hasta el momento incluyen imágenes falsas de UTE o de sus autoridades, declaraciones o entrevistas manipuladas digitalmente, invitaciones a ingresar a plataformas fraudulentas de inversión y ofertas engañosas de supuestas bonificaciones o descuentos especiales. Notoriamente, la intención de estas maniobras es engañar a los usuarios con el fin de obtener datos personales o financieros y/o concretar transacciones fraudulentas, dentro de un amplio abanico de modalidades que comparten un denominador común: el engaño deliberado para obtener beneficios económicos por parte de los autores de la estafa, generalmente muy difíciles de identificar y rastrear en el mundo digital.

En muchos casos, las comunicaciones simulan ser mensajes oficiales de organismos públicos o empresas reconocidas, lo que incrementa la probabilidad de que las personas confíen en su veracidad. En ese sentido, UTE recordó que no se deben brindar datos personales ni realizar pagos o transferencias ante solicitudes que provengan de canales distintos a los oficiales. Las estafas digitales más recientes se concentran en prácticas como el phishing y el smishing —mensajes falsos de bancos, organismos o supuestos servicios de soporte técnico destinados a robar información—, el uso de inteligencia artificial para la creación de deepfakes (audios y videos falsos de autoridades o familiares), y la suplantación mediante códigos QR maliciosos que redirigen a sitios fraudulentos para robar credenciales o desviar pagos. A esto se suman fraudes en compras en línea y estafas estacionales, como las vinculadas a alojamientos o útiles escolares, todas diseñadas para generar urgencia y obtener información personal o financiera. Precisamente, el modus operandi revela que en algunos casos se contrata a personas para realizar reseñas positivas de productos o comercios, con el objetivo de mejorar su posicionamiento en redes sociales, páginas web —como Shein o Mercado Libre— y buscadores de Internet.

Asimismo, mediante la modalidad conocida como smishing —combinación de “SMS” y phishing—, la supuesta contratación funciona como carnada para atraer a la víctima, generar confianza y conducirla a la verdadera estafa: inducirla a invertir en la compra de criptomonedas de una empresa inexistente o sin respaldo real.

“Los estafadores tientan a la gente con una pequeña inversión y ganancias muy elevadas en poco tiempo, generalmente en criptoactivos. Cuando la víctima quiere retirar su dinero, le dicen que si espera ganará más, y si insiste, le exigen aportar más dinero para, supuestamente, liberar las ganancias”, explicó un especialista. Con métodos similares, también se utilizan como engaño alertas falsas de bancos que solicitan actualización de datos personales o supuestos descuentos en plataformas como Netflix o Flow. Son intentos que muchos hemos visto aparecer en el correo electrónico y que aparentan provenir de sitios legítimos. Un ejemplo típico es el mensaje “Verifica tu reembolso recibido”, que imita perfectamente el formato de una plataforma comercial y llega de manera sorpresiva, incluso a personas que no utilizan ese canal de compras. Por supuesto, no existe tal reembolso ni hubo operación alguna, pero la carnada está servida. El correo incluye un enlace que, al ser presionado, abre la puerta al robo de datos personales y bancarios, consumando así otro de los métodos habituales de los delincuentes cibernéticos.

La información sustraída puede incluir números de tarjetas, contraseñas, datos de contacto y otros detalles sensibles, que luego son utilizados o comercializados por redes delictivas. Señalábamos recientemente que la estafa se ha convertido en uno de los principales delitos en Uruguay, como resultado de un crecimiento sostenido de esta modalidad, estrechamente ligado a la masificación del uso de la tecnología digital para la comunicación y las transacciones de todo tipo.

Entre las estafas más comunes se encuentran las vinculadas a inversiones, pagos por adelantado, engaños sentimentales en línea y el fraude por correo electrónico dirigido a empresas mediante la suplantación de identidad.

Este crecimiento está directamente relacionado con el auge de las tecnologías de la comunicación, el uso intensivo de redes sociales, plataformas digitales de compraventa y medios electrónicos de pago, que ampliaron significativamente las oportunidades para estafas remotas o automatizadas. Como es sabido, los ciberdelincuentes suelen aprovecharse del desconocimiento de muchas personas —especialmente de mayor edad— en el manejo de celulares y equipos informáticos, recurriendo incluso a maniobras burdas de suplantación de identidad o solicitud de datos bancarios. Sin embargo, la creciente sofisticación y el uso de inteligencia artificial también están logrando engañar a personas con buenos conocimientos tecnológicos, particularmente en operaciones de inversión, transferencias y uso de criptomonedas, mediante propuestas que parecen atractivas a simple vista, pero se presentan como oportunidades “imperdibles”.

También son frecuentes los supuestos “premios” ofrecidos en teléfonos celulares, para cuyo cobro se solicitan datos personales o incluso depósitos de dinero; correos electrónicos con logos falsificados de bancos o comercios que redireccionan a sitios apócrifos; y mensajes de WhatsApp enviados en nombre de familiares, dentro de un sinnúmero de variantes que buscan confundir a usuarios con escaso dominio del entorno digital.

A esto se suman ofertas de aplicaciones que se invita a descargar desde sitios no oficiales, muchas de las cuales contienen software malicioso, así como mensajes de “hacer clic aquí” cuyo objetivo es conducir al usuario a trampas digitales de las que no siempre se sale ileso, incluso para personas con cierta experiencia.

A nivel internacional, donde esta problemática se investiga desde hace tiempo, existe consenso en que no hay barreras completamente infranqueables frente a estas modalidades delictivas, que se transforman constantemente al ritmo de las innovaciones tecnológicas. Como regla general para evitar caer en estafas digitales, es fundamental desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser reales, verificar siempre el remitente y la URL de los sitios web, evitar hacer clic en enlaces sospechosos recibidos por correo o mensajería, no utilizar redes Wi-Fi públicas para transacciones sensibles, emplear contraseñas seguras y activar la autenticación de dos factores. Asimismo, es clave reportar cualquier intento de fraude a las autoridades o a las empresas involucradas. Pero, ante la irreversibilidad del avance del mundo digital, resulta imprescindible que, más allá de la coordinación internacional entre organismos especializados, cada país trabaje intensamente en el diseño de estrategias de prevención, educación y fortalecimiento de los canales de denuncia, adaptadas a la naturaleza particular de este delito. Ello implica aplicar políticas públicas persistentes y efectivas, con marcos legales y regulaciones específicas que aborden el uso de la tecnología en actividades fraudulentas, acompañadas de una sostenida capacitación y educación ciudadana.

Montevideo más linda es un grupo de voluntarios que se reúnen para realizar tareas de limpieza profunda en las calles de la capital del país. Se vinculan a través de grupos de WhatsApp, definen una intervención a realizar, consiguen donaciones, coordinan fechas y horarios y ese día se reúnen y llevan a cabo el trabajo, barren, limpian, raspan, pintan. En la última que hicieron dejaron a nuevo el callejón que separa los edificios de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y la Biblioteca Nacional. No habían pasado ni cuatro días cuando aparecieron en las paredes con la pintura todavía fresca los primeros grafiti. En marzo 30 jóvenes internados en el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa), participarán en una primera experiencia de formación en las Fuerzas Armadas. Esto, que publicó El Observador y confirmó posteriormente la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, tiene el propósito de dar herramientas a los jóvenes que han cometido delitos y que están dispuestos a reinsertarse en la sociedad una vez que cumplan con sus penas. Para llevar a cabo esta experiencia dio la aprobación el presidente de la República, Yamandú Orsi, al igual que la ministra Lazo, y también, por supuesto, las Fuerzas Armadas. Se sumarán, de manera voluntaria, unos 30 internos, todos ellos varones, con la condición de que “no estén involucrados en problemas de drogas, ni sean consumidores”. Los adolescentes que participen podrán conocer de primera mano “cómo es la vida en las Fuerzas Armadas, cuáles son las opciones de carreras, terminar el ciclo educativo obligatorio y formarse en los talleres de oficios que se imparten en las instituciones militares”. Los participantes, una vez completada la experiencia, podrán, si les interesa, enrolarse en las Fuerzas Armadas. Según El Observador, fuerzas militares ya estuvieron de recorrida en la Colonia Berro y estaba prevista otra visita al Centro Belloni, para dar a conocer información sobre la propuesta y que puedan los internos evaluar si les interesa.

La ministra Lazo dijo que hay “mucha tela para cortar” en este tema y que lo que principalmente se busca es incidir en la formación de valores, hábitos y hasta el aprendizaje de oficios.

A su vez, en radio Carve, el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, valoró que las Fuerzas Armadas son “una bruta institución que nace con la patria” y que tiene como particularidad su presencia en todo el territorio nacional, “era un absurdo que el país prescindiera de ese aporte”. Agregó que “el propósito nuestro es que estos 300 chiquilines que tenemos en privación de libertad, y un poquito más en medidas alternativas, dejen el mundo del delito, es decir, movilizar la cabeza, el corazón de esta gente y sus familias”, apuntó, y agregó que para eso es necesario “recurrir a todas las instituciones, ya sea deportivas, como a las Fuerzas Armadas”.

Por otra parte, aunque en una línea similar, la Ley de Presupuesto aprobada por el Parlamento a fines del año pasado, habilitó a que los internos de los centros del Inisa puedan vincularse a empresas que, a cambio, recibirán determinados beneficios. La intención es que los adolescentes adquieran “cultura de trabajo” mientras cumplen su encierro. Esto se encuentra en proceso de implementación, se debe resolver qué tipo de empresas pueden funcionar en ese contexto, cuáles serán los beneficios para las empresas y luego contactar a las empresas para concretar su ingreso a la Colonia Berro. Por lo pronto, cuando se realizó la presentación de esta idea fueron varios los representantes de cámaras empresariales que se dieron cita en el Palacio Legislativo.

Por otra parte desde la Institución Nacional de Derechos Humanos se han puesto en estado de alerta al escuchar de esta propuesta y anunciaron que se va “a evaluar”. En entrevista con MVD Noticias, de TV Ciudad, la presidenta de la Inddhh, Mariana Mota, dijo que de movida hay una exclusión contra las adolescentes en infracción, al tratarse de un programa solo para los varones. “No sé si para bien o para mal, pero, en definitiva, ahí hay un segmento que no va”. Mota adelantó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la Institución, ha solicitado conocer los detalles del acuerdo antes de pronunciarse formalmente. Veremos qué ocurre por ese lado.

Lo que es cierto es que las Fuerzas Armadas no tienen entre sus propósitos el formar a los jóvenes infractores ni tampoco ofrecer una alternativa a la prisión que deben cumplir. Sí tienen, todas ellas, centros de formación específicos para el ingreso de su propio personal, como lo tiene también la Policía con escuelas en cada departamento, es decir, hay antecedentes de impartir conocimientos por parte de esas instituciones, pero lo que se está proponiendo es al menos novedoso.

Cosas como las que se relatan en el primer párrafo dan cuenta de que nos encontramos en una circunstancia excepcional, que hemos caído en niveles de pérdida de valores nunca antes vistos en el país y es sabido que ante situaciones excepcionales, seguir haciendo lo mismo que se hizo toda la vida no dará un resultado diferente. Viéndolo de ese modo, pensando fuera de la caja, es válido asumir que las Fuerzas Armadas puedan transmitir valores positivos y reencauzar de alguna forma a jóvenes que ya han tenido conflictos con la Ley. Sin embargo parece un poco apresurada esta experiencia, sobre todo sin tener pensado un “después” efectivo, un egreso eficaz para estos jóvenes a los que se va a entrenar en disciplina militar y, asumimos, en la operación de armamento, eventualmente. Porque si después terminan en que salen del centro donde han cumplido su pena y deciden no ingresar a las Fuerzas Armadas (porque no es obligatorio, solo se les ofrecerá) se corre el riesgo de que vuelva a su entorno anterior, solo que entrenados, disciplinados y capacitados. Hay que tener mucho cuidado en no terminar preparando “personal” que luego se ponga al servicio del principal enemigo de la nación, el crimen organizado, que sabemos de sobra que no tiene problema alguno ni le faltan los recursos para corromper todo lo que se le cruce delante.

En los últimos días, a partir de la acción militar en la que se capturó y extrajo del territorio venezolano a Nicolás Maduro, se ha hecho difícil de seguir la escalada en la que ha ingresado el presidente estadounidense Donald Trump, como si con esa acción hubiese agarrado viento en la camiseta para controlar la porción del mundo que tiene más a mano.
Una de las últimas fue anunciar aranceles para Dinamarca, Francia y otros 6 países europeos que se mostraron reacios a sus planes de apoderarse de Groenlandia, la enorme isla perteneciente a Dinamarca con pretensiones independentistas.

Un artículo de Paul Kirby en la página de la BBC plantea un análisis de situación en el marco de una tensión que no para de asomarse por todos lados y que en general tiene como denominador común al presidente de los Estados Unidos. Y cuando se dice por todos lados es porque incluso dentro de la propia potencia norteamericana no paran de aparecer disputas con gobernadores que se paran frente a acciones violentas en medio protestas populares —y su represión— que se han dado a partir de la muerte de una mujer, ciudadana estadounidense, que se resistió a la detención por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE —la sigla es igual al vocablo en inglés para “hielo”—.

Hoy Trump concurre a la reunión del Foro Económico Mundial, desde donde el año pasado había ya lanzado avisos sobre la política que está llevando adelante, cuando anunció su ambición de controlar Canadá y Groenlandia y advirtió que gravaría con severos aranceles a quienes no estuvieran dispuestos a mudar su producción industrial a los Estados Unidos y pretendiese seguir vendiendo en ese mercado.
Lo de los aranceles ha sido una constante desde que empezó su segundo mandato, sin ir más lejos viene de hacerlo con esos 8 países de Europa que no están de acuerdo con que se apodere de Groenlandia, pero ya anteriormente publicó una lista de países acompañada del porcentaje de incremento de aranceles que aplicaría, basada en su relación comercial. A mayor balanza desfavorable a Estados Unidos, mayor el arancel. Es un criterio parecido al aplicado días pasados para congelar los trámites de solicitud de visa de migración, la famosa tarjeta verde (green card), por encima del 30% de residentes que estuvieran recurriendo al apoyo estatal para subsistir en el país, se activa el freezer. Uruguay cayó dentro de ese grupo de 45 países y nada tuvo que ver el posicionamiento político de cada gobierno respecto a la acción militar desarrollada en Venezuela, pese a todo lo que ha discutido el sistema político.

Por momentos da la impresión de que la política de Trump consiste en llevarse por delante todo lo que se le cruce por delante de sus pretensiones, llámese Maduro, Dinamarca, el Comité del Premio Nobel e incluso a la FIFA, que en pocos meses tiene previsto llevar adelante un Campeonato del Mundo en ciudades de su país, México y Canadá. El mismo Trump preguntó al presidente de FIFA Gianni Infantino si era posible mudar algunas sedes en caso de ser necesario, pensándolo en plan de perjudicar a ciudades opositoras más que en cualquier tipo de conveniencia para el desarrollo del torneo. Infantino dio a entender que sí.

Trump anunció que estos aranceles que implementará detrás del objetivo Groenlandia se mantendrán vigentes hasta que EE.UU. alcance un acuerdo para la compra total de la isla. Los países gravados serán Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, los que desde el 1º de febrero pagarán un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, según anunció Trump en un mensaje en su red social Truth Social. A partir del 1º de junio los cargos se incrementarán al 25% agregó. “Es hora de que Dinamarca nos retribuya”, señaló en el mensaje, en el que también advirtió que “¡La paz mundial está en juego! China quiere Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto”. Estas expresiones despertaron protestas multitudinarias tanto en Groenlandia como en Dinamarca.

En julio pasado los aranceles de EE.UU. a la UE se habían reducido del 25% al 15%, “fruto de duras negociaciones en las que los países europeos se comprometieron a invertir miles de millones de dólares en el sector industrial y de defensa estadounidense”, publicó Kirby.
Otro que reaccionó fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien expresó su apoyo a Groenlandia y Dinamarca y afirmó que “Ninguna intimidación ni amenaza nos influirá”, a la vez que calificó las amenazas arancelarias de Trump como “inaceptables” y aseguró que “los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman”. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, adelantó que está “coordinando una respuesta conjunta”.

Por lo pronto, Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido enviaron un reducido número de tropas a Groenlandia bajo el rótulo de una misión de reconocimiento.
El hombre que se hizo con el Premio Nobel de la Paz de manos de su verdadera destinataria, la opositora venezolana María Corina Machado —y despertó con ello una ola de memes recibiendo premios que no ganó, de manos de deportistas varios y hasta de Harry Potter— parece estar haciendo más por la desestabilización global que por la paz que predica y que le ha reconocido, sí, la FIFA de Infantino.
No hay mejor definición que la que ha hecho en las últimas horas el expresidente Luis Alberto Lacalle, quien en una entrevista con el programa radial En Perspectiva ha dicho que “se ha puesto más difícil el ámbito internacional desde el momento de que el multilateralismo ha muerto prácticamente, y desde el momento que está en la conducción de la política norteamericana una persona que no tiene, para mí, los equilibrios, la templanza, la serenidad, como para conducir la primera potencia del mundo”.

Más allá de sus “peculiaridades”, falta de cintura política, alineamiento a ultranza con Donald Trump en política internacional, y estilo chocante y verborrágico, no puede reprocharse al presidente argentino Javier Milei que no haya cumplido con varias de sus promesas electorales, una de las cuales fue la “motosierra” en el gasto público, en un país signado por décadas de peronismo y luego kirchnerismo en las que las políticas populistas consumieron cuantiosos recursos.

Una de las expresiones más notorias de estas políticas ha sido el abaratamiento de los servicios como gas y electricidad, que durante muchos años resultaron una bagatela para los argentinos, y por supuesto, no resultaron gratis, sino que de los fuertes subsidios para mantener artificialmente bajo el valor de las tarifas, la contrapartida fue que las empresas que prestan estos servicios no encontraron atractivo invertir en sus emprendimientos para mejorar y mantener los servicios, por lo que se fue ingresando en una espiral de degradación.

De acuerdo a lo que informa La Nación, en lo que va de este verano no ha tenido todavía la repercusión que se esperaba el cambio sustancial en la política de tarifas y subsidios al consumo residencial de electricidad y gas natural en todo el país, que ya está vigente, aunque fue postergado por un mes.
Es que a partir de febrero, cuando se dicte la reglamentación y se fijen los nuevos precios, solo habrá en todo el país dos categorías de usuarios: una con subsidios estatales y otra sin subsidios. Esta última abarcará a parte del exnivel N3 (ingresos medios) que estaba subsidiado, excepto para quienes acrediten ingresos familiares iguales o inferiores a 3 canastas básicas totales (CBT) medidas mensualmente por el Indec para un hogar tipo 2 (con dos adultos y dos niños). Una suma que en diciembre (último dato) equivalía a algo menos de 4 millones de pesos argentinos.

Para evitar un salto brusco en las facturas sin subsidios, se prevé además que 2026 será un año de transición. Habrá una bonificación extraordinaria inicial de 25% en las de energía eléctrica y gas natural, que será reducida a razón de 2% cada mes hasta agotarse en 2027.

En los hogares con subsidio, este equivaldrá al 50% del precio mayorista aplicable al consumo eléctrico de todo el año, con un tope de hasta 300 kWh/mes en los 7 meses de mayor demanda (verano e invierno) y de 150 kWh en el resto. En gas natural, también se subsidiará el 50% del precio mayorista hasta el consumo tope fijado para cada región del país, pero solo durante el invierno y con los volúmenes actuales de consumo máximo subsidiado. Para gas licuado de petróleo (GLP), el subsidio será de dos garrafas de 10 kg por mes (de mayo a setiembre) y una por mes en el resto del año.

El nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) fue aprobado a fines de diciembre por decreto (943/25), después de un proceso de consulta pública de tres semanas dispuesto por la Secretaría de Energía. Según sus fundamentos, el objetivo es focalizar la ayuda del Estado en los hogares vulnerables y terminar con múltiples regímenes superpuestos.

El SEF deja sin efecto la segmentación por niveles de ingresos altos (N1), bajos (N2), medios (N3) y la tarifa social de gas, vigentes desde 2022. Serán reemplazados por las dos únicas categorías (con y sin subsidios) según los ingresos, patrimonio y condición socioeconómica de cada hogar.

Estamos hablando de subsidios, pero sin dudas este concepto es un eufemismo para identificar que se trata de miles de millones de dólares que se han venido otorgando desde el Estado con este destino, pero siempre provenientes de los bolsillos de todos los conciudadanos, que se vuelcan a fines específicos y que equivalen además a un enorme agujero fiscal que ha estado creciendo año a año, simplemente para que el mal humor del electorado no desaloje del poder a los gobernantes de turno.

Con el arribo de Milei, en andas de una fuerte ola de descontento por la hiperinflación reinante, pero también por años y años de corrupción kirchnerista y voluntarismo, entrega del poder a los sindicatos, cortes de calles, piquetes, escraches, pedreas y quemas de cubiertas, dentro de un largo etcétera, el mandatario, con sus errores y aciertos y su estilo confrontativo dijo que mantendría su promesa de abatir sustancialmente el gasto público improductivo.

Con este cambio, adoptado después de dos años de gestión, pero iniciado en 2024 con el fuerte ajuste de tarifas postergadas, más corte de subsidios para el ex nivel N1 (altos ingresos), consorcios y empresas, el gobierno de Javier Milei está apuntando a revertir el escenario que desde 2002 causó estragos en el sector energético, principalmente durante los 16 años de populismo kirchnerista.

Es que durante la era K, las “tarifas políticas” con precios congelados durante años en el Gran Buenos Aires –cantera de votos histórica del peronismo y el kirchnerismo– a pesar de la creciente inflación, con una creciente brecha entre los costos reales de generar, transportar y distribuir electricidad, al igual que en la cadena del gas natural, y las tarifas ridículas que pagaban los residentes en esta zona de unos 16 millones de habitantes, no solo frenaron la inversión privada para mejorar los servicios, sino que las transferencias desde el Estado también fueron creciendo.

A la vez los subsidios masivos e indiscriminados como forma de mejorar el poder adquisitivo y captar votos potenciaron el consumo de electrodomésticos y la demanda de energía muy por encima de la oferta.

Es decir, una “tormenta perfecta”: falta de inversión en las infraestructura de los servicios esenciales, incremento artificial de la demanda por los precios por debajo de los costos, y el creciente déficit fiscal, que a la vez demandaba más recursos para poder seguir en este esquema suicida, y ello determinó que el kirchnerismo sobre todo aplicara más impuestos al agro, con fuertes detracciones y medidas proteccionistas para obligar a vender los productos dentro de fronteras, a precios irreales.

Todavía se está pagando en la Argentina el duro precio de desalentar la inversión por precios artificiales y medidas coercitivas, con largos apagones durante el verano y en los días más severos del invierno, mientras que por otro lado también el deterioro del sistema eléctrico disparó el uso de generadores comerciales y residenciales, alimentados por combustibles líquidos a precios artificialmente mucho más baratos que en los países vecinos.

La política ultraintervencionista K asimismo desalentó durante casi una década la producción de petróleo y gas natural hasta que el fin del autoabastecimiento condujo al cierre forzado de exportaciones y un creciente déficit comercial por costosas importaciones –principalmente de gas natural licuado (GNL)– que repercutieron en la balanza de pagos. Por otro, el indiscriminado gasto público en subsidios llegó a niveles récord de 3% del PBI en 2013 y 3,5% en 2014, una proporción similar al déficit fiscal primario de cada año. Insostenible por donde se lo mirara. Aquellos polvos trajeron los lodos que se extienden hasta hoy, y por cierto Milei se juega el todo por el todo con estas medidas que obviamente van a afectar los bolsillos de millones de argentinos, cuando hay contiendas electorales cercanas de por medio.

Pero es lo que hay que hacer, entre muchas otras cosas, para tratar de reacomodar el desquicio socioeconómico argentino. La interrogante, otra vez, es si le dará el tiempo a este gobierno, si el que sigue además le dará continuidad, o si en un golpe de populismo, se volverá a las viejas y nefastas prácticas de la red de subsidios que han hecho inviable por décadas al vecino país, pese a que cuenta con enormes recursos naturales, y por fin se podrá incluir a la Argentina dentro de la categoría de “los países normales”.

En 2025 el Banco de Previsión Social suspendió 745 asignaciones familiares por inasistencia escolar. Esa cifra es superior a la del año pasado, aunque resulta inferior en la comparación con años anteriores.
La discusión sobre esta resolución es de larga data. La Ley 18.227, aprobada en 2007 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, transformó el beneficio para las familias más vulnerables, pero condicionó las Asignaciones Familiares al cumplimiento de obligaciones en educación y salud. La norma comenzó a aplicarse durante el gobierno de José Mujica, a partir de 2013, y en los sucesivos gobiernos frenteamplistas hubo voces críticas respecto de la medida.

En 2017, durante la segunda presidencia de Vázquez, la entonces ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, planteó que no se exigieran contraprestaciones, lo que le valió críticas incluso desde su propio partido. Con la instalación del Diálogo Social en marzo de 2025, el tema volvió al centro del debate.
Cuando Yamandú Orsi era candidato a la presidencia en 2024, se había comprometido a eliminar la exigencia de asistir a un centro educativo como requisito para recibir esta prestación.

“No hay forma, porque se te descalza una parte de la población. No le pidas algo que no te puede dar. Hay una parte de la población que no lo va a poder hacer. En Europa hablan de la renta básica. A Batlle y Ordóñez, cuando se debatía la pensión por la vejez, lo criticaban diciéndole: ‘Usted le va a dar plata a alguien que nunca hizo nada, solo por llegar a viejo’. Y él les respondió: ‘Es bien simple: usted lo deja morir y yo no’”, dijo Orsi entonces.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, comparte esa visión. Las transferencias “no condicionadas” están orientadas a atacar los problemas de la pobreza infantil y adolescente, y se aplican incluso en países con altos niveles de ingreso, según ha señalado el economista.

El exdirector de Primaria durante los gobiernos frenteamplistas, Héctor Florit, sostiene lo contrario. Considera que debe existir un sistema de incentivos y sanciones para promover la escolarización, ya que el país atraviesa el peor nivel de ausentismo de los últimos treinta o cuarenta años.

Desde la oposición se destacan las voces del exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien entiende que revertir lo que establece la ley sería un “retroceso brutal”, y del exdirector nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi, quien apuntó a la reinserción educativa como una medida “clave” prevista en la normativa vigente.

El actual director de esa repartición ministerial, Juan Martín Fernández Vallo, coincide con Orsi y Oddone. “Está bastante estudiado que quitarle la prestación a una persona que está faltando no debería ser la respuesta del Estado frente a una inasistencia”, indicó. En la misma línea, el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP señalan que es necesario aplicar otras medidas para mejorar la asistencia.

Unicef ha propuesto en varios países, particularmente en Uruguay, una Prestación Universal por Crianza. Se trata de un sistema de transferencia monetaria unificado para todos los niños y adolescentes, que reemplace los programas existentes. La propuesta contempla el otorgamiento de un monto fijo por cada menor, independientemente del ingreso familiar. En el Diálogo Social existe el compromiso de debatir el sistema de asignaciones familiares a partir de febrero. El decreto que instaló este mecanismo de diálogo habilita un plazo de discusión hasta abril de 2026, aunque algunas voces ya hablan de una posible extensión.

En pleno siglo XXI aún se discute la matriz de protección social como forma de garantizar el bienestar de la población más vulnerable. En la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se creó la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, con el objetivo de coordinar de manera transversal las políticas sociales y la implementación del diálogo.

El titular de la OPP, Rodrigo Arim, aseguró que esta sectorial está pensada para discutir aspectos vinculados a la protección social. Sin embargo, el debate parece no llegar al trasfondo de la cuestión: por qué niños y adolescentes dejan de vincularse con sus centros educativos; qué se rompió en la matriz familiar; cuándo dejó de ser importante asistir a la escuela o al liceo, aun a costa de perder beneficios y otras protecciones sociales que no se limitan únicamente a las transferencias monetarias.

Arim plantea una de las posibles decisiones que deberá tomar el gobierno a partir de 2026, con el presupuesto ya en funcionamiento. El jerarca habla de unificar algunos instrumentos de protección social en la infancia para mejorar su potencialidad. Propone que el sistema de cuidados “dialogue” con las transferencias de ingresos, o analizar “cómo dialogan” los sistemas de becas con las asignaciones familiares.

Sin embargo, habrá que esperar para saber si estos instrumentos estarán atados a la concurrencia a centros educativos y, fundamentalmente, si serán sustentables. La sostenibilidad financiera deberá exponerse con transparencia ante una sociedad que contribuye con sus recursos, y el Estado tendrá que mostrar con claridad las estrategias para llevar adelante estas ideas.

Las medidas serán viables si demuestran que pueden sostenerse en el tiempo. De lo contrario, nada cambiará. El buque insignia del gobierno es una mayor inversión en seguridad social, particularmente en la infancia, y ese consenso parece provenir de todos los sectores.

Ahora deberán explicar cuánta inversión se requiere en el futuro inmediato para las distintas franjas etarias. Porque será necesario incluir un tramo importante de la adolescencia, hasta los 17 años, dentro de una población que continúa siendo vulnerable, más allá de los cambios partidarios, y en el marco de un mecanismo de debate cada vez más afianzado en la sociedad.

El eco de aquellas botas de impunidad, que resonó hace más de cinco décadas en aquella época oscura, todavía golpea con una fuerza implacable la memoria colectiva. Hoy, ese sonido aterrador vuelve a escucharse con firmeza, atravesando el manto de silencio que los victimarios han intentado imponer para ocultar sus crímenes. Mientras ese eco atraviesa el presente, un pueblo aún sueña con un país más justo, igualitario y digno, donde el trabajo y la educación sean los pilares de una sociedad diferente.

Bajo este eco persistente surge la trampa de aquéllas botas exhibiendo arrugas de inocentes. Intentando que el paso del tiempo sea su mejor coartada para despertar una piedad que no merecen. Sin embargo, detrás de esa máscara de vejez, habita la conciencia de represores que se niegan a decir dónde están.
Hoy esas botas resuenan en las voces de sus defensores, que claman por esos “pobres viejitos”, exigiendo beneficios indebidos, como la prisión domiciliaria. Algunos políticos y exmilitares, como Guido Manini Ríos y Julio María Sanguinetti intentan justificar que los represores puedan cumplir sus penas en la comodidad de sus hogares, ignorando que vulneraron los derechos humanos de cientos de personas, dejando heridas profundas que aún perduran en nuestra sociedad.

La historia reciente de América Latina está marcada por heridas que exigen justicia y memoria, enfrentando a quienes buscan borrar la historia. La lucha en búsqueda de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, aún no tiene final. Es inaceptable olvidar que, como miembros de las Fuerzas Armadas, debían ser los garantes de la Constitución, del honor y de la protección de cada ciudadano, y en muchos casos, son responsables de torturas, asesinatos y violaciones de derechos humanos. Utilizaron el poder del Estado para arrancar a nuestros nietos y nietas de los brazos de sus madres para luego ejecutarlas y desaparecer sus cuerpos en el mar o en fosas ocultas en los cuarteles.

Las dictaduras en el Cono Sur implementaron planes de exterminio dirigidos a las clases populares y movimientos sociales, con la complicidad del Estado. El Plan Cóndor coordinó la represión en la región bajo la tutela de Estados Unidos, facilitando crímenes atroces. Aunque con la democracia comenzaron procesos judiciales, aún falta mucho por esclarecer. La lucha por justicia y verdad continúa, encabezada por heroínas como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y por los familiares de detenidos de desaparecidos que enfrentaron el silencio y recorrieron tribunales y calles, construyendo una red de dignidad que el terrorismo de Estado no pudo destruir. Muchos niños apropiados y restituidos son testigos del horror de un Estado genocida, por eso hoy son ellos los que encabezan la lucha por sus derechos, desafiando la impunidad y reivindicando su dignidad.

Las arrugas detrás de las botas, no son un símbolo de vulnerabilidad, sino una trampa más, una estrategia para evadir la justicia y continuar manteniendo la impunidad, en un sistema que permitió y encubrió no solo en dictadura, sino también en democracia, con presidentes que no quitaron nunca el manto de impunidad y hasta con sus acciones, lo perpetraron. No buscamos venganza, sino justicia, que es la aplicación objetiva de la ley, no una revancha emocional.

Los privilegios que reclaman son una ofensa a la memoria de los cientos de compatriotas que aún hoy continúan desaparecidos, a los cientos de nietos que aún permanecen en manos de sus apropiadores y a quienes seguimos levantando las voces por memoria, verdad y justicia.

Cada nieto que recupera su identidad es una victoria compartida, una explosión de felicidad que enciende una chispa en nuestro corazón y nos da la fuerza para seguir adelante. Cada vez que la tierra tiembla en los cuarteles y los restos de nuestros seres queridos emergen, el silencio cómplice de los represores se resquebraja. No son solo huesos; son gritos de justicia que surgen del suelo, recordándonos que ellos nunca se fueron, que sus almas aún se encuentran entre nosotros exigiendo la verdad que se oculta tras capas de silencio.

La tierra susurra con esperanza renovada, cuando los huesitos de nuestros compañeros renacen en la memoria y un nieto más recupera su historia y su identidad, llenándonos de luz y fe en un mañana mejor. Miramos hacia el futuro con la certeza de que nos encontraremos en cada joven que abraza esta causa, en cada abrazo colectivo y en cada paso que nos acerca a una sociedad más justa, tal como ellos soñaron y lucharon. Con la mirada puesta en un horizonte lleno de esperanza, confiados en que pronto nos vamos a encontrar.

¡Por los que faltan, por los que vienen! ¡Memoria, verdad y justicia! ¡Nunca más!

Tec. Pablo Miranda Ponce

Escuchar a algunos diputados o políticos en general a los que el pueblo les paga decir tanta estupidez duele… en el bolsillo, duele escucharlo a Caggiani decir que en Venezuela no hay presos políticos sino que hay políticos presos, es demasiado fuerte. Pareciera que quieren heredar la filosofía barata y de boliche de Mujica, impotencia y vergüenza da escucharlos.

Quizás la única vía que tenemos los ciudadanos de tierra adentro para comunicarnos con los parlamentarios, sea los diputados de cada departamento, apelo a ellos, sin preferencia de colores o partidos, ¿no podrán trasladar la opinión que tiene la gente en general (salvo los fanáticos por supuesto) de esa continua batalla verbal que tienen?

Por Venezuela, por lo que estos no hicieron y nosotros sí, que cuando estaban ustedes, que ahora estamos nosotros, por lo que sea arman un contrapunto al que se prestan los medios de prensa, mientras los problemas reales del país siguen esperando período tras período. ¿No tienen la suficiente autocrítica para ver que en este país no se soluciona nada? (exceptuando por supuesto sus situaciones personales), ¿no podrá un diputado levantar la voz en el Parlamento por la gente y establecer la discusión de que la gente está cansada, decepcionada, desilusionada, descreída de todos ustedes? (Nunca se debe generalizar, porque debe haber algunos con buenas intenciones, pero se los lleva la corriente).

El concepto que tiene el pueblo de ustedes es que son la lacra de la sociedad; si le dieran solución a los problemas de la gente, sueldos, jubilaciones, seguridad, salud, enseñanza, etcétera, a la gente ni le importaría cuánto ganan cada uno de ustedes, pero están en la cómoda, robando literalmente la plata al pueblo, al Estado, porque cobran por día lo que cobra un jubilado por mes (increíblemente). ¿No tienen sensibilidad ustedes? ¿No tienen vergüenza? ¿Qué les dicen a sus seres queridos en la mesa? Mientras la gente revuelve volquetas, miles de uruguayos sin poder llevar un pan a su mesa, la mayoría que no llega a fin de mes, desencanto, que deriva en situaciones penosas que lleva a decisiones extremas, suicidios, homicidios, ¿no tienen realmente vergüenza? Que algún diputado de Paysandú recoja el guante y lo ponga sobre la mesa en la cámara, no se aguanta más señores y todavía escucharlos discutir pelotudeces. ¡Tengan decencia por favor! Pero sobre todo arreglen los problemas de la gente.

Florentino

Hemos empezado un 2026 muy agitado. Primero, la suba de costos de las tarifas públicas, igual que todos los años. Pese a que dan ganancia, cada ente sube igual el costo a la gente. Pobres jubilados que cobran el mínimo: $19.040. OSE el 8% más IVA, y les subieron la jubilación el 6%, y los empleados con sueldos mínimos, o como dicen, los laudos, cobran $25.000.

Cómo hacen para vivir todo el mes no se sabe. Y todavía todo sube: los medicamentos, la canasta familiar, el alquiler. Bueno, pobre gente, y lo peor es que nadie del gobierno piensa en ellos. Mientras los políticos vivan en otro mundo, con sueldos altos y con todos los privilegios, todo va a seguir así.
Ahora se van de licencia tres meses. Pase lo que pase, no tenemos Parlamento ni nadie del Ministerio de Economía que piense en solucionar los graves problemas de la gente: seguridad, salud.
Pasó un año y no pasó nada. Los acomodos de siempre y cuidando la chacrita, todo pensando en seguir cómodos en el sillón. Hacen como que trabajan para la gente.

El presidente, que es del Frente Amplio y según dicen piensa en los pobres, no tiene vergüenza de las fiestas que hicieron los ministros con sus funcionarios gastando miles de dólares. Total, lo paga la gente, el pueblo.

Ese niño descalzo, con hambre y con poca ropa; el anciano que llega en el mes a pensar que no desea vivir más porque no tiene nada, no tiene un plato de comida, no tiene para comprar sus remedios. Y lo peor de todo: que se ponen a pensar y trabajaron 40 años honestamente. Cumplí como empleado hasta el último día que laburé y conozco gente que asesinó, robó y secuestró y hoy gana cuatro o cinco veces más que yo.

¿Por qué esa injusticia? ¿Quién la hizo? Fueron los políticos que tenemos en este país, esta casta que solo busca hacer plata con su ideología. Quien está en el gobierno hace lo que se le ocurre. Porque cada vez que yo pienso en esa injusticia, por dar un ejemplo de los que no tienen futuro, me da una bronca bárbara con este sistema político. ¿Por qué ser tan injusto con gente que trabajó honestamente de sol a sol en tiempos muy duros para laburar, pasando frío, calor y aportó durante muchos años él y su patrón, y hoy ve que unos inconscientes personajes sin ningún criterio y sin razón favorecen a unas personas que nunca trabajaron y fueron guerrilleros sin control ninguno?

Todavía, para hacer más injustas las cosas, el señor Tabaré Vázquez, antes de dejar el gobierno, les da vitalicia la jubilación; o sea que el titular muere y la viuda o sus hijos la siguen cobrando. En cambio, cualquier jubilado muere y ahí sus familiares dejan de cobrar de inmediato. ¿Es una injusticia o no? Y esto lo votaron todos los políticos y nadie habla. Se está fundiendo el BPS por poner jubilaciones truchas y sigue en carnaval.

Hace poco me enteré de que un artista muy conocido y siempre apoyando al Frente Amplio cobra 120 mil pesos de jubilación, y todavía sigue currando en presentaciones para el gobierno, cobrando sus buenos dólares por cada presentación. Así es como se funde un país, con estos malos procedimientos organizados por los políticos que quieren seguir en el poder.

Ahora estamos con el tema de Maduro, dictador comunista. Gobernaba el país más rico en petróleo y oro, y la gente se moría de hambre. Y el que estaba contra él, o lo asesinaba o lo metía preso. No sé si Trump estuvo bien en arrestarlo o no, pero alguien tenía que hacer algo.
La gente huía del país. No había alimentos, salud y medicamentos y no tenía libertad. Y lo peor de todo: aquí hay gente y organizaciones que lo defienden. ¿En qué mundo estamos? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué tiene en la cabeza? Yo la verdad que no entiendo.

Somos un país libre. Hacemos lo que queremos siempre dentro de la ley. Nadie nos mete presos por pensar distinto y no tenemos presos políticos. Pero defendemos a un monstruo como este impresentable Maduro, o como Chávez o Fidel Castro o Putin. Por favor señores, recapaciten: dejen la ideología de lado, piensen un segundo por sus hijos y nietos. En el futuro no queremos que nos gobierne alguien así. Es muy lamentable que hoy haya gente que esté de acuerdo con un político de esta calaña.
Es muy preocupante porque aquí vamos en camino de algo así. Y si la gente sigue votando por tradición o ideología, estamos en el horno.

Con la excusa de los derechos humanos quieren más dinero para seguir buscando desaparecidos, pero no dicen nada de la inseguridad que padecemos hoy en nuestro país: los muertos y gente maltratada para robarle, y esos pueblos que están sufriendo y tienen presos políticos.
¿Por qué no se manifiestan por hechos tan importantes en el mundo? Miren Cuba ahora, sin el apoyo de Maduro, ¿qué va a hacer? Porque son gobierno de ultraizquierda. Rusia invadió Ucrania y ¿alguien sintió a algún personaje decir algo, o salió el Pit Cnt a manifestarse? Pero en defensa de comunistas dictadores sí salen, la verdad dan lástima. Pero mientras la gente los apoye y los aplauda, estamos perdidos. Así destruyen un país tan democrático y tan hermoso como este, que está perdiendo el agua y la tierra día a día.

Ángel