Opinión

Los partidos políticos empezaron a analizar la ingeniería electoral que desplegarán en 2029. Restan aún tres años para las elecciones nacionales, pero todos están atentos a las reacciones sociales, con algunos resultados ya a la vista.
Por un lado, mejora mínimamente la aprobación de Orsi entre los votantes del Frente Amplio, pasando del 52% al 56%, mientras que la desaprobación cayó del 23% al 19% y las opiniones intermedias pasaron del 25% al 24%. Los votantes de la coalición republicana, en tanto, profundizaron su descontento con la actual administración, elevándolo del 86% al 87%. Es decir, al menos nueve de cada diez tienen una opinión negativa.

Por su lado, tampoco la oposición tiene una buena imagen entre el electorado, con un 46% de desaprobación. La diferencia es que no gobierna actualmente y, aunque pueda molestar la pregunta formulada por las encuestadoras, el resultado refleja el hartazgo de la gente con la política.

En las últimas semanas, la opinión pública se mantuvo crispada por la camioneta del presidente Orsi, los cuestionamientos de la Jutep y las acciones de algunos ministros que no logran llenar una sensación de vacío que resulta mucho más potente que el impacto de los anuncios oficiales.
La población mantiene la tendencia a evaluar negativamente a los políticos al poco tiempo de que asumen, porque reclama soluciones inmediatas a problemas estructurales. Se produce así un rápido desgaste de las expectativas y aparecen controversias tempranas que contradicen el discurso de campaña.

Al menos en economía, seguridad y empleo, las presiones buscan cambios rápidos, frente a los tiempos propios del Estado. El optimismo que generalmente acompaña los períodos de transición cede paso al descontento cuando la realidad económica y social, el empleo o la presencia efectiva del gobierno en el territorio no muestran mejoras perceptibles en los hogares.
Los anuncios oficiales que no se concretan generan frustración y una percepción de desorden en la gestión. Los continuos cuestionamientos a las figuras del gobierno también desgastan los activos políticos vinculados con la austeridad y la cercanía.
Incluso, la caída del apoyo también se origina en el propio electorado que otorgó el voto de confianza inicial y que, con el paso del tiempo, adopta una postura crítica o neutral.

En medio de este panorama, siempre es válido preguntarse: ¿a qué electorado le hablan los políticos?
Mientras se suceden los cruces de declaraciones y las arduas discusiones en la red X, allí se encuentran las nuevas generaciones, que muchas veces ni siquiera registran ese intercambio, pero que demandan soluciones políticas rápidas. Este fenómeno global está atravesado por la pérdida de confianza en la política y en sus representantes, producto de una lista de factores que, cuando se combinan, conforman un escenario de difícil retorno.

La falta de transparencia en acciones que, miradas a la distancia, pueden parecer mínimas, así como la naturalización de determinadas conductas, alimentan la percepción de que la ley no se aplica de la misma manera a las élites.
Por eso, impacta con fuerza que los candidatos presenten durante las campañas electorales soluciones inviables para ganar votos, como esa entelequia tan utilizada que asegura que no habrá aumentos de impuestos. El mundo se ha vuelto aún más volátil y las expectativas generadas, cuando luego no se cumplen, terminan transformándose en opiniones negativas.
La persistencia de la pobreza, el desempleo o la inseguridad hace que la ciudadanía perciba a las instituciones como ineficaces. A esto se suma la sensación de que los políticos viven en una “burbuja” de privilegios, ajenos a las dificultades económicas cotidianas de buena parte de la población.

La población observa una polarización y una confrontación constantes, junto con la percepción de que los partidos priorizan sus disputas internas y la lucha por el control del poder por encima de las necesidades nacionales.
Además de Orsi, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, registra una de las peores evaluaciones desde 2006, con un 44%, en un departamento donde el Frente Amplio gana la intendencia de manera consecutiva desde 1990. En 36 años, las preocupaciones siguen siendo similares.
Es allí donde la confianza de la población comienza a decaer: cuando siente que la política no resuelve sus problemas más urgentes, como la inseguridad ciudadana, el costo de vida y el empleo. La ciudadanía valora los acuerdos multipartidarios de largo plazo en asuntos concretos, como la educación, la pobreza infantil y la salud mental, por encima de la confrontación electoral permanente.
Uruguay es considerado un ejemplo de democracia plena a nivel mundial, pero su población mantiene una visión crítica. La confianza en el sistema no se traduce automáticamente en simpatía por los políticos de turno. Sin embargo, en los últimos años, el debate político en Uruguay se ha vuelto más polarizado y centrado en la confrontación partidaria.
Aunque el sistema funcione bien, la percepción del día a día está teñida por el escepticismo. Gran parte de la población percibe estancamiento, salarios que no alcanzan y dificultades para llegar a fin de mes.

En el interior se multiplican los reclamos por una mayor atención a las economías regionales, principalmente al comercio de frontera, a la generación de fuentes de empleo y al rechazo de las diferencias logísticas que alejan las inversiones.
Todo ello ocurre frente a una agenda política que muchas veces se diseña bajo una lógica de pensamiento metropolitano.
Es por eso que, a pesar de haber transcurrido 18 meses de gestión, las marchas y contramarchas en anuncios o medidas económicas generan la impresión de que existe poca claridad sobre el rumbo oficial.

Algunas figuras del Frente Amplio han señalado como un hecho novedoso —y también preocupante— que votantes propios muestren distancia o desaprobación ante el ritmo de las medidas, reflejando un cambio en las expectativas.
A todo esto, el gobierno destaca logros económicos como la baja de la inflación y los altos niveles de ingresos de los hogares.
El propio Orsi calificó los números adversos como una “luz anaranjada” para mejorar la coordinación interna y la comunicación.
Si una parte importante de la ciudadanía no recibe ese mensaje y no está conforme con los resultados, es porque algo no salió bien. Y es lógico preguntarse si esa falta de resultados surgió realmente de manera espontánea o si, por el contrario, es consecuencia de decisiones, expectativas y señales que fueron construyendo este escenario.

Hay situaciones que no necesitan demasiadas explicaciones para mostrar qué tan profunda puede ser la falta de empatía de una sociedad.

El Mides decidió destinar el antiguo Sanatorio Pasteur para atender a personas en situación de calle. Y entonces aparecieron las voces de vecinos, comerciantes y dirigentes políticos diciendo que ese no sería el lugar adecuado.

¿La razón? Que podrían generar problemas.
Es decir, el problema no parece ser que haya personas durmiendo en la calle, pasando frío, hambre, abandono o atravesando situaciones dramáticas. El problema parece ser que ahora esas personas estarán demasiado cerca.
¡Qué curioso concepto de solidaridad!

Mientras están en una plaza, en una esquina o debajo de un techo cualquiera, el problema parece invisible. Pero si se las lleva a un lugar céntrico, entonces aparecen las preocupaciones por los vecinos, los comercios, la tranquilidad y hasta por el “ambiente”.
Y allí surge una pregunta inevitable: ¿Qué hacemos con la pobreza? ¿La atendemos o simplemente la alejamos?
El propio intendente ha dicho que no hablará con el Mides de Paysandú porque considera que no corresponde, que irá “hacia arriba”, hablará con el ministro y, si es necesario, hasta con el presidente.

Todo un despliegue institucional para evitar que personas en situación de calle estén cerca del centro.
¡Qué diferencia de energía cuando se trata de reclamar por quienes no tienen techo!
Porque, seamos claros: nadie está diciendo que no haya que garantizar seguridad, convivencia, higiene, asistencia profesional y reglas de funcionamiento. Por supuesto que debe existir todo eso.

Pero una cosa es exigir condiciones adecuadas y otra muy distinta es decir, en esencia: “A mí no me molesten con esta gente”.
Ahí aparece algo mucho más profundo. El clasismo.
Ese clasismo silencioso que no siempre se presenta con insultos. A veces aparece vestido de preocupación por el barrio, por el comercio, por la tranquilidad o por la imagen de la ciudad.

Pero detrás de tanta preocupación puede esconderse una idea bastante sencilla: que determinadas personas son aceptables siempre y cuando permanezcan lejos de nosotros.
Y eso debería preocuparnos mucho más que el lugar elegido por el Mides.

Porque una ciudad no se mide solamente por sus veredas lindas, sus plazas, sus comercios o sus edificios. También se mide por la manera en que trata a quienes tuvieron menos oportunidades, a quienes quedaron al margen y, especialmente, a quienes no tienen siquiera un techo donde dormir.
Quizás el verdadero problema no sea el antiguo Sanatorio Pasteur.
Quizás el verdadero problema sea otro.
Que algunos quieren una ciudad sin personas en situación de calle, pero no necesariamente una ciudad que se ocupe de ellas.
Y entre ambas cosas hay una diferencia enorme. Una ciudad puede esconder la pobreza. O puede enfrentarla.
La primera opción tranquiliza la conciencia. La segunda demuestra humanidad.

David Doti

¡Paren con el mamarracho que están haciendo! La Intendencia comenzó con la plantación de “árboles” para dar inicio al programa “Paysandú reverdece” que ideó el intendente Nicolás Olivera y que comprende la plantación de 10.000 nuevos árboles en la ciudad.

Si se toman el trabajo de ir a ver lo que ya han plantado en las calles Cerrito y Rincón podrán apreciar que todo lo que están haciendo está mal. Árboles no desarrollados (varitas torcidas y mal formados) plantados con las raíces dentro de una bolsa de plástico que impedirá el normal desarrollo del sistema radicular que es fundamental para el buen crecimiento de los árboles y el sostenimiento de los mismos cuando son empujados por fuertes vientos.

Especies de árboles no indicadas para las veredas de la ciudad y plantados antes de que alcancen un desarrollo adecuado, (mínimo de altura 2,50 y para que permita formarles la copa a una altura no inferior a 2 metros, para que no molesten el tránsito peatonal y vehicular.

¡Todos estos errores multiplicados por 10.000 “árboles”, que es el programa “Paysandú reverdece” ideado por el intendente! ¿Por qué no se hace asesorar por técnicos capacitados y lo hace con empleados obedientes que poco o nada conocen del tema?
Esta es la enésima vez que cometen los mismos errores, pero insisten en hacer las cosas siempre mal. Ya nos hemos referido a similares mamarrachos anteriores que han cometido en toda la ciudad.

¿Por qué no contratar a un técnico capacitado, que en pocos días puede enseñar a los trabajadores? Porque no es un tema difícil y capacitaría personal de los viveros en la producción de buenos árboles y a los plantadores, para no volver a cometer los mismos errores, todos los años.
Ing. Ricardo Brasesco

Estamos transitando momentos muy difíciles y complicados, muchos uruguayos están pasando muy mal y ahora el clima se complica.
Mientras nuestros políticos miran para otro lado y votan a escondidas del pueblo leyes o decretos que no favorecen a la gente que trabaja y menos al patrón o al inversor, sin pensar en las consecuencias.

La casta política sigue cobrando sus sueldos gigantes mientras a algunos compatriotas les siguen sacando la plata del bolsillo. Por supuesto perjudicando al patrón, al inversor, al comercio.
Un ejemplo claro es el nuevo decreto con el que un empleado puede tomarse un día para acompañar a su hijo al centro de estudio para conmemorar una fecha patria. Primero empezamos con los cumpleaños de los empleados públicos, después con la maternidad del padre para acompañar por tres meses a su madre, y ahora esto.

Entonces, alguien de esta casta política que votó este decreto ¿consultó a algún patrón o inversor si le parecían bien estas medidas?, porque al empleado público no le van a preguntar si están bien o están mal estos beneficios, lo mismo que lo de las seis horas.

Por favor, ¿saben cuántos puestos de trabajo se han perdido y se van a perder con este gobierno comunista?
¿Quién va a emprender algo? Yo fui empresario y hoy ni pensaría volver a serlo; incluso tuve ofertas de emprender una empresa para 400 empleados, pero no, por favor, con políticos incapaces no se puede armar un proyecto de trabajo, con gente que no laburó nunca y hoy está sentada en el sillón esperando que la sigan votando para hacer desaparecer el trabajo.

No sé cómo van a hacer para gobernar si no hay empresas privadas, pero la casta política no piensa en el futuro que nos espera a nosotros ni a nuestros hijos y nietos. Un país endeudado hasta el 2060, con todas las empresas fundidas y con una delincuencia enorme, fatal.

Y como otro ejemplo tenemos la huelga de la gente de salud, que por suerte se puso a decir lo que verdaderamente pasa en ese sector tan sensible que atiende a miles de uruguayos y se juega la vida.
Que no haya plata para darle el presupuesto que necesitan es inconcebible. Siento que tiraron 32 millones de dólares para una estancia en homenaje a Mujica, increíble. Lo hacen estos nefastos políticos y todavía sale el famoso Pacha a gritar en un velorio la compra que habían hecho.

Después también sale Pereira y dice “mentimos para ganar las elecciones”, más verdad imposible; qué caradura que son y todavía hay gente que cree en ellos, increíble.
Por suerte apareció un grupo de gente que vio los grandes problemas que tenemos todos, padres y abuelos, y se puso la camiseta para reformar muchas cosas en beneficio de la gente. Hablo del grupo de Reforma 2029.

La verdad es que esta gente muy responsablemente empezó a estudiar todos los temas que son muy importantes para el país y eligió varios puntos para presentar como proyecto para las elecciones del 2029. Yo estuve en el foro en Montevideo y los vi con mucha fuerza y con visión para trabajar para cambiar la mente de los uruguayos, a ver si se puede modificar este rumbo tan devastador que tenemos.

Abrir la mente y ver que hay un horizonte de esperanza si nos unimos todos los ciudadanos que queremos que nuestros hijos y nietos puedan heredar un Uruguay creíble y sustentable. Hay que bajar los sueldos de todos los políticos, que solo por dos períodos puedan participar como legisladores, controlar los viajes, los vehículos que usa el gobierno, libertad financiera, comprar combustibles en el Mercosur para bajar el costo de producción.

Hay muchos temas para cambiar en la Constitución, por eso la gente tiene que pensar que ahora existe una herramienta para cambiar el rumbo de nuestro país y el futuro de los que más apreciamos en la vida. Todos estamos preocupados por la situación general que estamos viviendo en nuestro país.

Hemos bajado en educación, en el respeto hacia los demás, en los valores del trabajo, y vemos que los gobernantes viven pensando en que los ciudadanos seamos rehenes de sus ideas, de sus leyes, a veces pasando por arriba la Constitución.
Hay una opción, señores; está en nuestras manos apoyarla o no.

Ángel

Los reyes del palo en la rueda, del cuanto peor mejor, de no votar el alojamiento para los estudiantes universitarios, de no votar 50 millones después de la pandemia, ahora exigen que se vote su Rendición de Cuentas. ¡Qué tupé! Utilizan a los niños como rehenes poniendo una zanahoria de 31 millones para la niñez que perfectamente se puede solucionar por fuera al igual que los trescientos policías más, cuando no se han llenado las vacantes.

Ellos que no votaron nunca un presupuesto, ni una rendición de cuentas acusan de irresponsabilidad. Y no porque estuviera asegurada mayoría de tipo alguno que garantizara gobernabilidad, ya que la Coalición Republicana se conformó en las elecciones del año 2019 mientras que desde el año 85 no votaron jamás una rendición de cuentas ni un presupuesto.

Resulta que ahora se rasgan las vestiduras porque no se les vota una Rendición de Cuentas cuando se les votó el presupuesto al principio del período, y lógicamente porque se le votó es que estamos en todo nuestro derecho de no votar una rendición de cuentas que no cumplió con las expectativas, que dilapidó, que despilfarró, que como frutilla de la torta propone mejoras salariales con nombre y apellido como el de Fabiana Goyeneche que se la ha pasado de viaje y en comisión.

De última si alguna mejora en temas puntuales es necesario, perfectamente se puede lograr por otras medidas que tendrán el respaldo necesario. Pero de ahí, a votarles en general una pésima gestión cuando inclusive de acuerdo a las encuestas están siendo duramente castigados por la población, ni ahí. Por más que pretendan salir a victimizarse con la astucia del mentiroso contumaz que los caracteriza.

Siguen aplicando la técnica que les ha dado ciertamente rédito electoral en su forma de hacer política sucia de mentir mil veces que algo quedará. Por esto es que hay que desmentir esta clase de cosas dos mil veces si es necesario, para que la población no se quede con una foto del relato de la mentira frenteamplista.

Yo exhorto a la población y en especial a quienes votaron engañados este gobierno, a que no se queden con un relato mentiroso y hagan memoria, para no tropezar dos veces con la misma piedra. Piedra que se llama FA y que pone por encima de todo a la barra enceguecida y aplaudidora, acordándose de la ciudadanía un año antes de las elecciones.
Además, tampoco pueden decir, como si no fuera suficiente con todo lo expresado sobre esta Rendición de Cuentas, que no estaba garantizada la mayoría parlamentaria a la hora de su votación.

Al mejor estilo de los viejos tiempos más allá de ser rivales por el poder, volvieron a ser aliados milicos prodictadura, tupas y comunistas, como supieron serlo conspirando en contra de la democracia y la república ciertas células encriptadas dentro de la fuerza militar y política con fines espurios, más allá de sus desavenencias particulares.

La declaración anticipada de no votar la Rendición de Cuentas fue acertada ya que se debía dar una señal clara a la población sobre el despilfarro frenteamplista. Que necesidad de andar con “gre gre para decir Gregorio”. El que avisa no traiciona.

Javier Pizzorno
Edil del Partido Nacional

No es una descalificación, ni un prejuicio. Es una constatación. La aserción “la prepotencia como único recurso” aplicada al caso Trump actúa como una clave interpretativa de su modo de ejercer el poder, no como un juicio moral ni como una etiqueta retórica, más bien como única lógica, a lo más, antes del insulto primitivo.

Lo que de hecho opera, en la práctica, es la conversión de la prepotencia como método estructural de producción de autoridad, un mecanismo que sustituye o sencillamente cuestiona y anula los procedimientos institucionales que en el sistema estadounidense deberían equilibrar la acción presidencial. Trump no apela a la prepotencia como un exceso iracundo, sino como recurso básico de su comprensión del ejercicio del poder, siendo la ingeniería personal de su intervención política.

Desde una perspectiva institucional, el apelar al recurso de la prepotencia es su exclusiva estrategia de desbordamiento sistemático de los contrapesos. La relación con el Congreso, con el Poder Judicial y con los organismos reguladores se reconfigura bajo una lógica de presión, intimidación y desprecio por la deliberación. La firma compulsiva de órdenes ejecutivas, la deslegitimación de funcionarios críticos, la sustitución acelerada de cuadros técnicos y la reducción del Estado a un instrumento personal revelan un patrón: la autoridad no se construye mediante negociación, sino como imposición unilateral, cargada de insultos, gestos groseros, desplantes y humillaciones. En definitiva, nada diferente de lo que hizo en la televisión con The Apprentice, un reality show coproducido por Donald Trump que se emitió en NBC entre 2004 y 2017.

Por este antecedente, en el universo político más institucional están cada vez más convencidos de que fuera de su desmedida ambición, Trump es incapaz de discernir entre la realidad y la ficción televisiva de baja elaboración técnica y conceptual como la que experimentó con The Apprentice.

Prepotencia para gobernar

a prepotencia no es una condición especial en Trump sino que constituye una reacción instintiva que permite gobernar sin ampliar la base social de apoyo, compensando la fragilidad política con una intensificación del mando. Adhiere a aquella afirmación de que si el príncipe no es amado, entonces que sea temido. Este segundo concepto, primitivo y burdo, de apariencia más bruta, es la tentación de los bárbaros, aquellos que los griegos percibían como personas groseras e incultas, con connotaciones de brutalidad.

En política exterior, la prepotencia opera como técnica de negociación, cuya base está en este recurso. Trump instala tensiones, las amplifica y las administra como capital político. La diplomacia tradicional, basada en previsibilidad, alianzas estables y procedimientos multilaterales, es reemplazada por una lógica de humillación, amenaza y presión directa, tan fugaz como inestable e irreflexiva. La idea de “incendiar la pradera” resume conceptualmente esa práctica: generar conflictos controlados que obligan a los actores externos a negociar desde posiciones defensivas. El episodio de Groenlandia, por ejemplo, la agresividad comercial, la desestabilización de alianzas históricas y la utilización del caos como herramienta de poder muestran que la prepotencia no es un gesto, sino una doctrina operativa, en extremo cortoplacista, de una lógica grandilocuente y sinuosa. Aun con una base militar superior preconfigurada, no logra articular un plan ni mucho menos una estrategia.

Patrimonialismo

Como parte de un torbellino irreflexivo, la prepotencia se articula con una suerte de patrimonialismo explícito. El patrimonialismo es aquella forma de gobernabilidad en la que el poder mana directamente del líder. Se trata de regímenes autocráticos u oligárquicos con líderes que reservan para sí un poder personal absoluto. Usualmente, sus ejércitos son leales al líder, no a la nación.

Trump atropella las formas y los límites institucionales, trasladando al Estado las lógicas propias de su trayectoria empresarial: verticalismo, arbitrariedad y caos, en un arrebato y desconcierto entre interés público e interés privado, y un uso del aparato estatal como extensión de su voluntad personal, a medio camino entre opaca y difusa. Pero veamos estas condiciones, en particular la arrogancia, pues esta no es un rasgo temperamental, sino un componente funcional de su forma de gobernar, como ya se precisó. La transgresión permanente, ir un paso más allá del “border line”, la extralimitación constante, la violencia verbal e institucional a los críticos internos, la presión sobre organismos autónomos y la utilización del conflicto como herramienta de obediencia política consolidan un modelo donde la autoridad se ejerce desde la superioridad performativa.

La performatividad desafía la manera tradicional de entender el lenguaje, la identidad y la acción humana. La performatividad plantea que el lenguaje y ciertos comportamientos no solo describen la realidad, sino que la crean y transforman activamente.

Por eso, la fórmula de “la prepotencia como único recurso” adquiere precisión analítica. No describe un exceso, sino una dependencia estructural. Trump necesita la arbitrariedad para sostener su poder porque carece de los elementos que estabilizan una presidencia, es decir, consenso, coalición amplia, institucionalidad robusta, previsibilidad estratégica. La prepotencia opera como un mecanismo que sustituye todo lo que no tiene y desea: legitimidad reconocida, capacidad de negociación, densidad institucional y horizonte programático.

Esta lógica prepotente se convierte en vulnerabilidad política cuando erosiona la capacidad estatal y condiciona la política exterior en términos de riesgo sistémico.

¡Trump habló!

Trump habló desde el Despacho Oval de la Casa Blanca y, al ser preguntado por la postura de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas Malvinas, lanzó una advertencia de reciprocidad temeraria dirigida al Reino Unido por no haberle apoyado en los entreveros con Irán.

En la filosofía de Trump todo vale como herramienta de presión o castigo.
Según algunos analistas, el mensaje fue directo al nuevo primer ministro, Andy Burnham. La traducción era sencilla: es hora de plegarse a EE. UU. o habrá cambios de postura en elementos esenciales de la política exterior estadounidense.

Tanto gobiernos laboristas como gobiernos conservadores han dado por hecho que las islas Malvinas pertenecen al Reino Unido y que no hay discusión posible, aun cuando la temeraria ocurrencia de un presidente como Trump, irreflexivo, intolerante y sin perspectiva, forma parte de una treta menor como las que ha ensayado con Groenlandia, la Fundación Kennedy o el lago Ontario/América. Anécdotas irrelevantes para la historieta final de lo que en un momento fue un imperio.

Uruguay está clasificado para el próximo mundial, o como se llama ahora, la Copa Mundial de la FIFA, que se va a disputar oficialmente bajo la coorganización de Marruecos, España y Portugal, pero que tendrá simbólicamente tres partidos en Sudamérica: uno en Uruguay —en Montevideo, por supuesto, y casi un hecho que en el estadio Centenario—, otro en Argentina y uno más en Paraguay, al inicio, entre el 8 y el 9 de junio de 2030. Estos partidos serán conmemorativos, celebratorios del centenario de la primera Copa del Mundo, que se organizó íntegramente en la capital del país.

En el pasado mes de junio, el Gobierno oficializó, junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Intendencia de Montevideo, una comisión que se encargará de coordinar y supervisar los preparativos para el Mundial 2030 en Uruguay. Tras ese encuentro, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, decía que se reunieron con el presidente Yamandú Orsi y pusieron sobre la mesa temas como obras y actividades vinculadas al estadio Centenario, mientras que quien representa al Poder Ejecutivo en esa comisión, Fernando Lorenzo, afirmó que la idea es trabajar rápidamente, ya que no sobra tiempo. Más adelante vamos a comentar la idea que planteó en esa reunión el presidente de la AUF, Ignacio Alonso —y que ya se le había presentado hace más de un año a la FIFA—, de que en Uruguay y la región haya más participación en el Mundial, es decir, más partidos, ampliando el torneo a 64 participantes para festejar los 100 años de una forma “más abarcativa”. Hay muchas cosas por definir en la órbita de la FIFA, entre otras, si el suizo Gianni Infantino va a continuar al frente, luego de que, principalmente, Europa se le pusiera en contra al conocerse la idea de que quería abrir la participación de inversores en la Copa del Mundo —así como ocurre con la Fórmula 1, que tiene una empresa dueña de la competición— y desde entonces no para de crecer el descontento con el mandamás. De cualquier forma, allá ellos. Aunque, en esta situación de inestabilidad, es posible que resulte una buena tabla de salvación contar con el apoyo del fútbol sudamericano y que la Conmebol pueda recibir algunos partidos más en la próxima Copa; ya veremos.

Ahora bien, lo que nos interesa es la otra parte: ese comentario de Lorenzo de que nos queda poco tiempo. Y no le falta razón. El Mundial está a la vuelta de la esquina, y cuando llegue va a encontrar, entre otras cosas, a un gobierno recién asumido que tendrá que estar a la altura de esas circunstancias.

Pero lo más triste es que esta designación para organizar un partido de la próxima Copa del Mundo no se sorteó en un bolillero entre todos los países del globo; no: a la organización de ese certamen nos postulamos voluntariamente. Hace diez años, el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, anunció al presidente de la FIFA, Gianni Infantino —sí, el mismo que está ahora—, que Uruguay y Argentina se presentarían como postulantes a organizar el torneo. Eso ocurrió a fines de marzo de 2016. En ese momento quedaban más de 14 años. Es más, un año antes, en 2015, el gobierno había declarado “de interés” la postulación.
Es cierto, es justo reconocer que en el medio nos agarró la pandemia y el mundo se detuvo; nadie sabía qué iba a pasar mañana, y difícilmente fuésemos a tener un grupo de personas abocadas a organizar un mundial. En el medio se sumaron Chile y Paraguay a la eventual organización. En octubre de 2023 se oficializó la sede de 2030 en Europa y África, pero con los tres partidos en Sudamérica. Hace casi tres años.
Cuando Infantino se reunió con Vázquez, le transmitió que, entre los requisitos, figuraba contar “como mínimo con 12 estadios internacionales, infraestructura aeroportuaria, de transporte y hotelera”.

El estadio del Mundial 2022 en Catar que demoró menos en construirse llevó tres años. El que más tiempo llevó, siete años. Eso, en Catar, sin problemas de billetera, sin conflictos sindicales, sin días de lluvia —aunque con otros problemas climáticos, como el calor, por supuesto—, y con un costo en vidas de trabajadores que en estas latitudes es inaceptable. En este caso es solo un estadio, y que ya está construido: se trata de modernizar el Centenario, a costo de meter mano en una verdadera maravilla arquitectónica y monumento al fútbol mundial.

Pero en lo otro, cómo estamos. En el aeropuerto todavía no terminamos de contar con la tecnología que permite efectuar vuelos con visibilidad reducida —estamos en eso—, y si pasa algo, la alternativa es un aeropuerto con una capacidad operativa mucho más reducida, en Maldonado. En hotelería no estamos mal si el desafío es organizar solo un partido: hay lugar donde alojar a dos delegaciones grandes y a los jueces, que cada vez son más, también.

Ahora viene lo delicado. Porque los planes de infraestructura contemplan una gran obra que conecte la capital del país con Canelones, en dos ejes: uno hacia Pando, el otro hacia la Costa de Oro. Pero lo más complejo del proyecto que se estudia está en cercanías del estadio, en Tres Cruces, donde se maneja un intercambiador con varios niveles de subsuelo bajo la plaza de la Bandera, en avenida Italia y 18 de Julio, con la intención de que quede terminado a fines de 2029. Si se cumple esta previsión, llegaría con el cemento aún fresco, como el Centenario a la Copa de 1930: qué mejor homenaje. Pero eso sería en el mejor de los casos. Y no es que falten ejemplos de obras que se atrasan, todo lo contrario. Por suerte, el acuerdo salarial en la industria de la construcción se firmó hasta 2031: un escollo menos.

En el Frente Amplio preocupa el resultado de las próximas elecciones en Brasil, en las que Lula, líder de la izquierda continental y quien ilumina el camino a la coalición de izquierdas uruguaya, se juega la reelección.

“Todos tendríamos que estar haciendo algo y prender velas para que Lula gane en Brasil”, afirmó ante “las bases” el ministro de Trabajo, el comunista Juan Castillo. Costanza Moreira, senadora por Casa Grande, advirtió que “siempre (están) mirando a Brasil, siempre mirando el 4 de octubre, siempre mirando esa elección brasileña”. Y lo mismo hizo la senadora del MPP Blanca Rodríguez quien, lacónicamente supongo, transmitió: “toda nuestra esperanza está puesta en Brasil”.

A confesión de parte, relevo de pruebas

Hasta hubo algunas ironías o bromas. Moreira manejó la idea de sacar “credenciales falsas para ir a votar, si pudiera”. Añadió —no aclaró si fue otro chiste— que el FA “sigue siendo un proyecto admirado” en el continente. Más lejos fue en la broma o “convicción” la senadora Rodríguez: advirtió que “ser de izquierda hoy es bastante complejo” (¡tomá!) y resaltó que “ser de izquierda es defender valores como la tolerancia, la libertad, la dignidad, los derechos humanos”. Algo así como aquello tan soberbio e intolerante como ridículo de que “si es corrupto no es de izquierda y si es de izquierda no es corrupto”. Quizás se deba a una limitada visión desde el living de su casa, en el caso de Rodríguez.

La cuestión es que en el Frente están nerviosos por lo que decidirán por el norte. Y la verdad: tendrían que poner las barbas en remojo; según encuestas, Lula y Flavio Bolsonaro, para el balotaje —que es el que importa—, están empatados.

Las encuestas suben y bajan —es muy veleidosa la voluntad del pueblo—, pero hay elementos más elocuentes: el PT, partido de Lula, comenzó a jugar “sucio”, cosa que ha ocurrido en otros gobiernos progresistas del continente. Lo paró el Tribunal Electoral, y eso que es más amigo de Lula que del Bolsonaro chico. Todo ello le hace perder credibilidad al PT y a Lula, quien habla de diálogo —cuándo no los progresistas— y hacen esas cosas tan feas. Las contradicciones se repiten: Lula se muestra como el héroe del ambientalismo pero al mismo tiempo festeja explotaciones petroleras en la Amazonia. Pero no solo es eso, sino que su hijo, Lulinha (qué gracioso), parece estar metido “hasta las patas”. Presuntamente, es el mayor fraude financiero de la historia de Brasil, perpetrado por un banquero, Daniel Vorcaro, preso, muy amigo del juez del Tribunal Federal, Alexandre de Moraes —el que envió a la cárcel al expresidente Jair Bolsonaro— y de su esposa, integrante de un “bufete” caro, de esos que hacen informes “a pedido”, supongo otra vez.

Todo le ha complicado a Lula, tanto que, me dijo un colega, estaría apelando a la carta de “la derecha”, ya previsto en la elección de su propio vice, Geraldo Alckmin, hoy de centroderecha pero que antes de asociarse con Lula era “un ultraderechista”.

Y no es lo peor: según mi colega, la esperanza de Lula es avanzar en sus “mimos” y “mohines” mutuos con Trump, que es capaz de arremeter para cualquier lado. Si es así y da resultado, Trump y Lula —nueva versión de Delcy la venezolana— codo a codo y EE.UU. y Brasil otra vez un solo corazón.

Con “faro” tan difuso es difícil para el FA y Orsi caminar con un rumbo fijo.

Hay días en los que da la impresión de que estamos tocando fondo, o que nos acercamos a hacerlo, porque nunca se sabe dónde efectivamente queda el fondo, o si incluso hay un fondo que tocar antes de comenzar a salir de nuevo a flote. Esta semana, sin ir más lejos, las noticias nos permitieron recoger una seguidilla de ejemplos de deslealtades serias, de las que ponen a las personas en riesgo.

Uno de estos ejemplos está, en realidad, en investigación. Una profesional de una mutualista de la ciudad de Mercedes fue separada de su cargo por una presunta irregularidad en la aplicación de vacunas contra el meningococo. La información la difundió la agencia Agesor, que publicó que la mutualista Cams separó preventivamente de su puesto a esta enfermera, que se desempeñaba en el vacunatorio de la institución y que, de acuerdo con la información primaria, habría comercializado dosis de vacunas que no aplicaba a los pacientes. Según Soriano al Día, esta enfermera habría aplicado inyecciones de suero fisiológico a algunas personas, en lugar de la dosis de vacuna que les correspondía. Así, se apropiaba de las vacunas que no aplicaba y las habría comercializado por su cuenta.

Otro ejemplo de deslealtad es el que vinculó a profesionales de diferentes ramas en una red que aparentemente involucraba a abogados, policías, inspectores municipales y profesionales de la salud, que canalizaban a las víctimas hacia abogados especializados en casos de accidentes de tránsito a cambio de una retribución, una comisión, digamos.
La investigación que llevó adelante la Fiscalía Departamental de Toledo (Canelones), en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado, terminó con la condena de diez personas y la imputación de otras dos, pero tuvo a más personas indagadas. Estas personas obtenían información de quienes habían sufrido siniestros de tránsito y la proporcionaban a los abogados que los captaban como clientes.

El Ministerio del Interior estimó que la maniobra rondó el millón de dólares.
Diez de los involucrados fueron condenados como autores y coautores de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado especialmente agravados y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravados. Dos de los condenados también lo fueron por un delito de acceso ilícito a datos informáticos, en calidad de coautores, y uno de ellos fue además condenado como autor de un delito de amenazas. Afrontan penas que van de los dos años de penitenciaría a los tres años y tres meses, y deberán abonar multas de entre 50 y 200 UR.
Los “abogados caranchos”, como se los denominó, recibían el aviso de parte del personal de emergencias médicas cada vez que se producía un accidente con personas heridas. Accedían a los nombres de las víctimas, el lugar de internación o domicilio, y también a los números de contacto. Una vez que se comunicaban con las víctimas, les ofrecían gestionar la indemnización del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA). En caso de que aceptaran, y se cobrara una indemnización, un porcentaje de lo obtenido era repartido entre el abogado y quien había proporcionado la información.

El otro caso muy sonado al que asistimos esta semana fue el del hallazgo de una habitación oculta dentro del estadio del Club Atlético Peñarol, donde se disputó el reciente partido clásico solo con parcialidad locataria. En ese espacio se escondieron elementos de pirotecnia y banderas que excedían las dimensiones permitidas para el ingreso al escenario —porque debajo de ellas se pueden ocultar personas que cometan ilícitos o arrojen elementos desde la tribuna—. Durante el transcurso del encuentro, perforaron esa falsa pared y comenzaron a extraer estos elementos, algunos de los cuales fueron empleados para atacar a la Policía, como se pudo apreciar en varios videos que circulan sobre estos altercados. Dentro de esa pieza también hallaron camisetas y emblemas de los clubes Nacional y Cerro, “trofeos de guerra”, como se los denomina coloquialmente, que se emplean para provocar y generar más violencia, a la postre.

Lo más reciente al respecto fueron los cruces de declaraciones entre directivos de la institución aurinegra sobre el apoyo de parte de la dirigencia a quienes protagonizan este tipo de situaciones. De alguna forma, las personas que introdujeron los elementos irregulares y construyeron esta pared ingresaron al escenario portando una carga significativa. Difícilmente pudieran entrar sin contar con la complicidad de alguien que les haya franqueado el paso o que, cuando menos, hiciera la vista gorda frente a semejante irregularidad. Apenas tres casos acumulados en muy pocos días, en los que varias, muchas, demasiadas personas se apartaron de sus responsabilidades para sacar partido, obtener beneficios propios, en perjuicio de los demás. Es como para no dejar pasar la oportunidad de llamar la atención sobre lo borroneados que están algunos de los rasgos de los que solíamos jactarnos como uruguayos.

Hay países que fracasan porque se derrumban. Uruguay corre el riesgo de fracasar de una manera bastante más sofisticada: sin derrumbarse, sin crisis cambiarias, sin corridas bancarias, sin explosiones sociales y sin quiebras generalizadas. Simplemente creciendo poco, durante mucho tiempo, hasta que el estancamiento termine siendo considerado normal y la pérdida de oportunidades se confunda con estabilidad.

La expresión utilizada por el economista Juan Carlos Protasi —”institucionalizar el estancamiento”— describe esta realidad que merece ser discutida sin eufemismos. Uruguay ha conseguido algo aparentemente paradójico: construir un entramado institucional suficientemente sólido como para evitar los grandes desastres, pero no lo suficientemente dinámico como para generar las condiciones de un crecimiento sostenido. En entrevista concedida a Montevideo Portal, ante la publicación del libro de su autoría Uruguay, desafío para crecer, razonó que el país está inmerso desde hace muchos años en una trampa mucho más peligrosa que una crisis convencional, porque no obliga a reaccionar. En una crisis, las circunstancias imponen decisiones. En el estancamiento, siempre parece posible esperar un año más, y así se van acumulando los años.

Coincidimos con el economista en que, de esta forma, el país tiene estabilidad, pero no despega. Tiene buena reputación financiera, pero se endeuda para financiar una estructura estatal que no logra cubrir con sus ingresos. Tiene una carga tributaria elevada, pero no obtiene a cambio servicios públicos que puedan compararse en calidad y eficiencia con los de los países que cobran impuestos semejantes. Tiene salarios elevados medidos en dólares, pero una productividad que no acompaña. Tiene energía cara para la producción. Tiene una maraña regulatoria que encarece cada decisión. Tiene dificultades para atraer inversión productiva y, simultáneamente, atrae capital financiero que contribuye a fortalecer el peso y deteriorar la competitividad externa. El resultado es una economía que parece estable desde la superficie y que, debajo de ella, hace agua por muchos lados. La cuestión central planteada no es tanto si Uruguay tiene un Estado grande, que sí lo tiene. Es si el Estado que Uruguay está financiando es compatible con el crecimiento que Uruguay necesita.

El punto es que el Estado no se financia con buenas intenciones. Se financia con impuestos, deuda o inflación. Y cuando la inflación deja de ser una alternativa, cuando la deuda alcanza niveles elevados y cuando la presión tributaria ya es considerable, la factura termina recayendo inevitablemente sobre quienes producen. Es allí donde aparece la verdadera encerrona en que nos encontramos.

Es que se ha construido durante décadas un Estado social amplio, con transferencias, subsidios, empleo público, empresas estatales, regulaciones, servicios y mecanismos de protección. Pero una cosa es defender la protección social y otra muy distinta es asumir que todo gasto estatal es automáticamente bienestar, cuando, mientras por un lado se dice que protege, por otro también asfixia a los sectores reales de la economía y, por ende, perjudica por falta de sustentabilidad a quienes dice proteger. Es decir, se pretende establecer un seguro para quien lo necesita, pero también se agravan las cargas para quien produce. Con el argumento de corregir desigualdades, paralelamente se desestimula la inversión y la creación de empleo cuando el costo de financiarlo supera la capacidad de la economía para sostenerlo. Ese es el punto que a veces surge en el debate político, pero en forma aislada y, sobre todo, sin lograr consensos respecto de hacia dónde y cómo avanzar, por lo que se sigue en lo mismo, con políticas cortoplacistas que equivalen a un período de gobierno.

Sobre todo desde la izquierda, se discute cuánto aumentar el gasto, cuánto extender una prestación o cómo financiar un nuevo beneficio, pero mucho menos se discute quién genera los recursos para pagar todo eso. Se habla de derechos como si fueran gratuitos. Se multiplican obligaciones estatales como si la economía tuviera una capacidad ilimitada para financiarlas. El sector productivo es, sin ninguna duda, quien sostiene toda la estructura. Y cuando esa estructura se vuelve demasiado pesada, el costo aparece en lugares que no siempre se identifican inmediatamente con el gasto público: en el precio de una exportación, en la decisión de no contratar a un trabajador, en una inversión que se posterga, en una empresa que decide producir en otro país o en un joven que termina buscando oportunidades fuera de Uruguay. Todo esto forma parte del denominado “costo país”.
Y además tenemos que agregar, paralelamente, el “costo Interior” para los departamentos situados al norte del río Negro fundamentalmente. No se trata de una abstracción utilizada por empresarios para reclamar ventajas. Es la suma de todos aquellos costos que hacen que producir en Uruguay, y sobre todo en el Interior, sea más difícil de lo que debería ser.
Es que, por otro lado, un salario alto puede ser una excelente noticia cuando es consecuencia de una productividad alta. Pero se transforma en un problema cuando los salarios crecen en dólares mucho más rápido que la capacidad de las empresas para generar valor, y encima se procura reducir la jornada laboral pagando el mismo salario. Una energía cara puede ser soportable para una economía significativamente productiva, pero se convierte en una desventaja cuando compite contra países donde la industria enfrenta costos muy menores. Una regulación puede tener sentido individualmente, pero cuando se acumulan cientos de ellas terminan construyendo una pared invisible contra la inversión. Lo mismo ocurre con la burocracia. Ningún trámite aislado quiebra una empresa. Ningún impuesto individualmente explica por qué una inversión no llega. Ninguna regulación por sí sola determina que una fábrica cierre. Pero cuando todos esos costos se acumulan, el resultado es un país caro.

Y un país caro necesita una productividad extraordinaria para poder competir, algo que nuestro país no tiene y que, mientras siga igual, tampoco va a tener. Esta es la contradicción que debería estar en el centro de la discusión económica: tenemos salarios relativamente altos, servicios estatales inflados, impuestos elevados, energía costosa, regulación abundante y, simultáneamente, queremos que las empresas compitan exitosamente con el resto del mundo. La ecuación no cierra indefinidamente, y el problema se vuelve todavía más complejo por el atraso cambiario. Uruguay ha logrado una estabilidad monetaria que debe valorarse, pero una moneda relativamente fuerte abarata determinados bienes para los consumidores, a la vez que encarece la producción nacional cuando los ingresos están en dólares y los costos internos siguen aumentando.

Por eso la discusión cambiaria no puede reducirse a una pelea entre partidarios de una moneda fuerte y quienes reclaman un dólar más alto. El verdadero problema es cómo conseguir que la estabilidad monetaria sea compatible con una estructura productiva competitiva. Y reformar este modelo implica asumir costos concretos y visibles. Reducir el gasto público significa afectar intereses. Revisar beneficios implica enfrentar a quienes los reciben. Reformar empresas y organismos estatales genera resistencia. Modificar reglas laborales enfrenta al poder sindical. Reducir impuestos exige primero encontrar dónde reducir el gasto. Cambiar la estructura del Estado significa alterar una arquitectura construida durante décadas, y nadie puede —ni ha querido hasta ahora— hacer eso para no pagar un duro precio político. Pero claro, la consecuencia es seguir navegando a la deriva, a merced de cualquier tormenta, como ha sido la constante hasta ahora.

En distintas oportunidades, agencias del Poder Ejecutivo han seleccionado a Paysandú y otros departamentos del litoral como lugares para instalar proyectos de desarrollo tecnológico o de innovación, con la finalidad de contribuir a transformar la matriz productiva del Interior incorporando tecnología o valor agregado.

En esta línea se inscribe el plan piloto del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del cual dimos cuenta en la edición de la víspera, y que pretende “generar capacidades locales” para desarrollar proyectos de innovación y facilitar el acceso al financiamiento, en el entendido de que, como señaló la responsable de la Unidad de Políticas de Innovación del referido ministerio, Gabriela Schroeder, “Uruguay es un país ultracentralizado” y el Interior tiene una participación reducida en proyectos de este tipo.

Sin embargo, suelen tratarse de iniciativas de corto alcance que, una vez corrido el celofán de las buenas intenciones e incluso de la propaganda gubernamental, dejan al descubierto la imagen de una estructura débil. Los “programas piloto” o “hubs” en general carecen de asignaciones presupuestales significativas, quedando reducidos a talleres de capacitación, seminarios de emprendedurismo y fondos de capital semilla que por lo general apenas alcanzan para financiar prototipos sin escala ni mercado.

Estas políticas de descentralización sin presupuestos reales pueden ser percibidas incluso como intervenciones cosméticas de bajo impacto, más allá de las fotos de inauguración y algunos titulares referidos al compromiso territorial o la descentralización. Mientras tanto, se siguen necesitando inversiones de largo alcance, exoneraciones tributarias, zonas francas o parques industriales reales, que suelen ubicarse a escasos kilómetros de Montevideo.

Es muy difícil —si no imposible— construir ecosistemas de innovación a través de charlas y seminarios. Es casi un espejismo irresponsable. ¿Cómo pensar en reconversión tecnológica o transformación de la matriz productiva con esos instrumentos y sin políticas industriales que incentiven la radicación de empresas de base tecnológica?

Es verdad que no siempre hay que mirar para afuera y que las realidades locales también importan, pero la experiencia internacional dice que para desarrollos reales se necesitan buenos instrumentos: exenciones fiscales a largo plazo, subsidios a la contratación de mano de obra calificada local y descentralización en las propias compras públicas.

Muchas familias de esta región del país hacen un esfuerzo enorme para formar profesionalmente a sus hijos. La sociedad en su conjunto también invierte en las formaciones que se dan en forma gratuita en instituciones como la Universidad de la República, UTU y UTEC en el litoral del país, que representan algunas de las conquistas sociales y educativas más democratizadoras de las últimas décadas en el Interior del país.
Sin embargo, si contrastamos con el mercado laboral regional, es posible advertir una profunda contradicción. ¿Acaso no es una injusticia que, luego de formar a estos jóvenes profesionales y sacarse la foto de graduación, muchos tengan que continuar emigrando para poder trabajar en lo que estudiaron? Es necesario que exista también en esta región del país un entramado empresarial privado y políticas públicas locales de absorción de esa “materia gris” que puede generar valor y crear riqueza desde aquí.

Sin embargo, no se avizora en el escenario local algún tipo de respuesta conjunta desde los departamentos del litoral que, por el contrario, suelen continuar disputándose inversiones, radicación de sedes de organismos y proyectos sin —aparentemente— haber comprendido aún que el eje geopolítico del río Uruguay tiene los mismos problemas socioeconómicos y ha padecido el mismo centralismo montevideano. Y, en esa competencia que no mira la región con perspectiva estratégica y de largo plazo, lamentablemente, la suma siempre da cero.

Quienes desde el escepticismo argumentan que un bloque regional del litoral es una utopía están olvidando ensayos relativamente recientes. Por ejemplo, el Corredor de los Pájaros Pintados constituyó una prueba de que, cuando los departamentos del litoral del río Uruguay logran superar el caudillismo local y trabajan en bloque, la región eleva su perfil.

Es verdad que la experiencia duró poco y se prefirió desmantelar o dejar morir en la inercia burocrática la integración regional alcanzada. Aun así, dejó la enseñanza de que el litoral es fuerte cuando asume una sola voz.

Parece bastante evidente que la identidad industrial que alguna vez tuvo Paysandú no se reconstruye a partir de la nostalgia, pero tampoco si las cámaras empresariales locales, los sindicatos, la Universidad y las intendencias no son capaces de construir un verdadero bloque que establezca las bases y negocie el desarrollo de la región litoral del río Uruguay, no como un eslogan de integración romántica sino con la urgencia de la supervivencia económica.

Las veces que esporádicamente los departamentos de la franja litoral del río Uruguay han superado el individualismo y se han presentado como un frente articulado, la región ha adquirido un volumen geopolítico que ha resultado imposible de ignorar para el gobierno central. Un claro ejemplo ha sido la negociación por el precio de los combustibles y el subsidio a la venta de estos en los departamentos de frontera.
En otros temas, en cambio, la miopía localista termina imponiéndose y la inercia burocrática liquida cualquier iniciativa.

Evidentemente, al gobierno nacional le queda mucho más cómodo negociar de forma aislada con los intendentes necesitados de presupuestos o de anuncios que aporten al próximo ciclo electoral.
Mientras Salto, Paysandú o Young sigan compitiendo por un programa piloto, ninguno tendrá la fuerza suficiente para exigir obras, iniciativas y apoyos de la envergadura real que la región requiere.
Una apuesta regional implicaría, por ejemplo, negociar el Presupuesto Nacional como región de más de 300.000 habitantes que produce alimento, genera energía, procesa madera, alberga aulas universitarias y custodia la frontera fluvial del país.

Una postura de ese tipo permitiría exigir que los ministerios dejen de enviar talleres de capacitación y apliquen incentivos reales para que empresas de tecnología, la industria farmacéutica, la biotecnología aplicada al agro y la logística se radiquen en el eje del litoral, o que se instalen parques científicos y tecnológicos que, al menos en su etapa inicial, cuenten con compras públicas garantizadas por el Estado.
¿Acaso es solo un sueño trasnochado pensar en un bloque geopolítico para el Litoral Norte?

La Universidad de la República ha alcanzado números muy importantes en cantidad de estudiantes en la región, viene de inaugurar una residencia y está construyendo un nuevo campus en Paysandú. Todo esto ha sido fruto de un proceso de muchos años, de varios períodos de gobierno en los que la UdelaR ha tenido por rumbo el desarrollo en el Interior del país. Un desarrollo que se cimentó sobre bases sólidas, sobre la premisa de que la educación que se impartiera tuviese la misma calidad que en Montevideo, en las propuestas que se ofrezcan en la más recóndita de las casas universitarias.
Por primera vez en muchos períodos de gobierno, este proceso de crecimiento hacia adentro parece estar en riesgo. Y el peligro no es que no se pueda terminar el campus o alguna otra de las obras que están encaminadas en diferentes puntos del país, sino que esas estructuras queden vacías por falta de docentes, estudiantes o funcionarios, o peor, por falta de sentido, porque esa premisa cualitativa resulte imposible de cumplir.

Estos temas estuvieron sobre la mesa en las recientes reuniones celebradas tanto en Salto como en Paysandú, en las que se analizaron avances y desafíos en el Centro Regional Universitario Litoral Norte, con el propósito inicial de lanzar la Maestría en Políticas Públicas, pero también con un intercambio sobre la Rendición de Cuentas y la solicitud presupuestal para 2027 basada en el Plan Estratégico de Desarrollo de la UdelaR (Pledur) para el quinquenio 2025-2029. En ese contexto se planteó que la UdelaR propuso para 2027 un incremento del orden del 13% de su presupuesto total (3.903.496.264 pesos). Sin embargo, el Poder Ejecutivo dispuso otorgar 100 millones de pesos, que se destinarán exclusivamente a becas de grado y posgrado, lo que representa un incremento de 0,3% sobre el total ya asignado para el año que viene en la Ley de Presupuesto quinquenal.

La propia Universidad de la República publica en su portal una suerte de síntesis de estas reuniones, en las que se intercambió sobre el proceso de crecimiento y consolidación de la UdelaR en el interior, los avances alcanzados en la región y los desafíos que enfrenta el Cenur Litoral Norte, y toda la UdelaR, para sostener y profundizar su desarrollo. “La restricción presupuestal en el marco de la Rendición de Cuentas ocupó un lugar central en los intercambios. Cancela (Héctor, rector de la UdelaR) señaló que en la asignación presupuestal actual no está previsto un crecimiento de fondos destinados al desarrollo en el interior, lo que constituye un hecho histórico y una señal especialmente dura para el desarrollo universitario en los territorios”.

Las propias autoridades universitarias asumen que la asignación de recursos determinada desde el sistema político es un mensaje de que el crecimiento de la Universidad de la República en el interior ha dejado de ser una prioridad, al menos en este momento histórico.

Cancela advirtió en los encuentros con representantes del espectro político que los recursos que no se logren actualmente pueden transformarse “en una deuda acumulada para los próximos años”. Llamó además a sostener una mirada de largo plazo y a valorar los avances alcanzados. “No hay que perder la perspectiva de lo logrado y de todo lo que tenemos para ofrecerle al Uruguay. Nuestro papel es esencial en el país”. Refiere también el artículo que, desde los sectores políticos, se destacó el aporte de la UdelaR a la generación de conocimiento y a la búsqueda de respuestas frente a problemáticas concretas de la región, de allí que se pusiera de manifiesto la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades de investigación del Cenur y su articulación con la comunidad.

El orden docente de Paysandú planteó que, ante el crecimiento de la matrícula, es importante fortalecer el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, algo que Cancela refrendó al señalar que la permanencia de las y los estudiantes es otro de los temas que preocupan. El rector puso de relieve la capacidad de las sedes universitarias para recibir estudiantes de distintos puntos del país, muchas y muchos de los cuales se radican en las ciudades para desarrollar sus estudios, por lo que es fundamental fortalecer la movilidad y avanzar hacia un circuito universitario que articule Salto, Paysandú y otras ciudades de la región.

Un aspecto sustancial en el para qué queremos una universidad descentralizada es la permanencia en el territorio de los profesionales que allí se forman. Es importante la investigación, por supuesto; la extensión, ni que hablar; pero también es sustancial que quienes se formen tengan luego la posibilidad de encontrar en el lugar las oportunidades de ejercer, de crecer, de formar una familia y de contribuir con su conocimiento al desarrollo de la comunidad.

En estos últimos años la Universidad se volvió muy importante para Paysandú, al igual que Paysandú se convirtió en una plaza importante para la Universidad. Es una posibilidad muy concreta que, si lo que parece ser un mensaje muy claro se termina consolidando en una tendencia en futuros presupuestos, haya un retroceso de esta presencia universitaria. Es imposible aventurar cómo se expresaría este retroceso: si en una reducción en la oferta de carreras, en la menor cantidad de estudiantes, en la desaparición de investigaciones locales, o de alguna otra forma.
En ninguno de los casos se tratará de buenas noticias.

Hay momentos en que una sociedad debe dejar de buscar explicaciones tranquilizadoras y empezar a llamar a las cosas por su nombre.

La discusión sobre la inseguridad en Uruguay no puede reducirse a si hay que defender o cuestionar al ministro del Interior, como se insiste frecuentemente desde algunos sectores —sobre todo desde el sistema político—, tratando de identificar un culpable concreto de tipo coyuntural cuando el tema es mucho más profundo y complejo. Esa es una discusión demasiado pequeña frente a la magnitud del problema. El ministro debe responder por su gestión, naturalmente, pero convertirlo en el único responsable de una situación —en la que, por supuesto, tiene mucho que ver, inherente a las responsabilidades del cargo— que se viene incubando desde hace décadas supone una simplificación que cierra los ojos y, sobre todo, el camino hacia las respuestas que han estado faltando por muchos años.

Un aspecto clave es que en nuestro país se ha perdido terreno en materia de autoridad, educación en valores, respeto por las normas y cultura de la responsabilidad. Y esa pérdida no se produjo de un día para otro. Lleva, por lo menos, veinte años, y nos quedamos cortos con esa estimación.

Durante buena parte de ese período gobernó el Frente Amplio. Y sería ingenuo negar que bajo sus gobiernos existió una determinada mirada sobre el fenómeno delictivo que tuvo consecuencias en la manera de abordar la seguridad.
Durante demasiado tiempo se puso el acento en las causas sociales del delito y en la condición de víctima del delincuente. Por supuesto que la pobreza, la exclusión, las adicciones, la falta de oportunidades y la desintegración familiar deben ser atendidas y son causa y efecto en esta problemática. Pero convertir esas circunstancias en una explicación casi automática del delito termina borrando algo elemental: el delincuente puede haber sido víctima de determinadas circunstancias, pero la víctima del delito también existe y merece tanta o más consideración desde el Estado.

Explicar el delito no puede significar justificarlo. Y mucho menos puede significar desdibujar la responsabilidad individual, porque la política criminal no puede construirse desde la ingenuidad, y menos aún morir abrazada al dogma ideológico, cuando la situación se ha ido de las manos. Una sociedad debe inclinarse por rehabilitar al que delinque, pero debe hacerlo siempre que sea posible. La rehabilitación es deseable, necesaria y, en muchos casos, constituye la mejor inversión que puede hacer el Estado.

Pero mientras esa rehabilitación no exista, o mientras un delincuente siga representando un peligro, y mientras las instituciones no estén en condiciones de garantizar que su liberación no terminará produciendo nuevas víctimas, hay una verdad que algunos sectores se resisten a aceptar: mantener recluido a quien seguramente saldrá para volver a delinquir —como ocurre en el 90% de los casos— también es parte de una política de protección de la sociedad frente a los depredadores, y aquí está fallando el sistema.
Y no se trata de crueldad ni ensañamiento, sino de responsabilidad ante la sociedad, porque cuando un delincuente reincide, la discusión deja de ser abstracta. Hay una persona rapiñada, una familia amenazada, un comerciante extorsionado, un trabajador agredido o, en los casos más extremos, una vida perdida, y ello es consecuencia, en estos casos, de que el Estado deja de cumplir una obligación primordial: proteger a los ciudadanos.

Durante años se ha hablado mucho de los derechos de quienes delinquen y demasiado poco de los derechos de quienes padecen el delito. Esa asimetría debe terminar.
También debe terminar la idea de que endurecer la respuesta penal equivale necesariamente a adoptar una política represiva. Una democracia tiene leyes, jueces, garantías y procedimientos precisamente para establecer cuándo una persona debe ser privada de libertad. Cumplir y hacer cumplir esas decisiones no es autoritarismo: es la esencia del Estado de derecho.

Por eso resulta imprescindible revisar las normas que hayan demostrado ser ineficaces, corregir los errores legislativos y cerrar las puertas que permiten que delincuentes reincidentes regresen rápidamente a las calles sin que exista una respuesta adecuada del sistema. Igualmente, sería otro error creer que una modificación legal resolverá el problema, y tampoco lo hará solo un nuevo plan ni una mayor presencia policial, como así tampoco un cambio de ministro o rimbombantes anuncios de ocasión en una conferencia de prensa.

El problema es mucho más complejo, porque paralelamente hay que reconstruir una cultura de respeto por la autoridad y por las normas. Hay que volver a enseñar que la convivencia implica límites. Que los derechos vienen acompañados de obligaciones. Que el esfuerzo tiene valor. Que agredir a otro tiene consecuencias. Que robar no es una travesura ni una consecuencia inevitable de la pobreza. Que el Estado no puede mirar hacia otro lado frente a quien convierte el delito en una forma de vida, y que quien lo haga es responsable de ello y debe hacerse cargo de las consecuencias.

Y esa tarea no se resuelve en cinco años, en un solo período de gobierno, en el que cada administración llegue con la fórmula mágica que prometió en campaña electoral.

Quizás aquí esté la principal equivocación de quienes reclaman resultados inmediatos. La seguridad no se recupera al mismo ritmo que se cambia una ley o se despliega un operativo policial. Hay daños culturales que tardan décadas en generarse y que, por lo tanto, también requieren décadas para ser corregidos.

Se necesita una política de Estado en materia de seguridad. Pero una verdadera política de Estado no puede significar simplemente repetir durante años las mismas recetas y esperar resultados diferentes.
Debe incluir prevención, educación, políticas sociales, combate a las adicciones, inteligencia policial, persecución del crimen organizado, una Justicia eficaz, cárceles adecuadas y programas serios de rehabilitación.
Y debe incluir también algo que durante demasiado tiempo pareció políticamente incorrecto decir: la reclusión, mal que pese, cumple una función imprescindible mientras el delincuente siga siendo un peligro para los demás.
No se trata de elegir entre seguridad y rehabilitación. Se trata de entender que ambas son necesarias, pero que tienen momentos y condiciones diferentes.

Primero está la protección de la sociedad. Después, y en la medida de lo posible, la recuperación de quien delinquió; pero no puede darse al revés. Por eso tampoco corresponde convertir cada problema de seguridad en una batalla partidaria. Si el ministro del Interior comete errores, habrá que señalarlos. Si acierta, habrá que reconocerlo. Pero defenderlo o atacarlo no puede ser el objetivo principal, sino que el objetivo debe pasar por otro lado: corregir una política de seguridad que durante años no consiguió darle al ciudadano la certeza de que el Estado está de su lado.

En los últimos meses ha crecido el debate público sobre la permanencia, reestructura o cierre de empresas localizadas en nuestro país, generando una incertidumbre que abarca a trabajadores de distintas áreas: frigoríficos, call centers, curtiembres, alimentos, repuestos, entre tantas otras.

En el centro del problema está un viejo conocido de los empresarios, tanto sanduceros como uruguayos en general: lo costoso que resulta producir bienes o prestar servicios desde Uruguay. En efecto, si bien nuestro país es un paraíso para los que se dedican a la política (ya que pueden obtener un buen salario y ventajas varias sin necesitar capacitación alguna y sin tener que cumplir sus promesas electorales), es un verdadero infierno para quienes trabajan honestamente, están al día con sus impuestos y conviven con una burocracia que siempre pide más para poder solventar los salarios millonarios que perciben los políticos de todos los partidos en nuestro país. En este aspecto no hay diferencias entre gobierno y oposición: son todos iguales. Le “dan manija” a sus votantes para que se peleen en las redes, pero después, a espaldas de esos mismos votantes, se abrazan dándose palmadas en la espalda mientras toman algún whisky escocés de alto costo. Prueba de ello es el acuerdo alcanzado hace algunos días entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto para votar la Ley de Rendición de Cuentas. Mientras tanto, los políticos uruguayos en general y los sanduceros en particular siguen con el “viru viru” y la “sanata”, olvidándose de que atrás de los números fríos y descarnados de desempleo e informalidad existen personas de carne y hueso, junto a sus familias, que esperan y sobreviven como pueden a que a esos “genios” de la política se les ocurra algo que no sea aumentarse sus sueldos y beneficios. A modo de ejemplo, el secretario de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo de nuestro país percibe $382.150 pesos uruguayos por mes, tal como surge de su página web, a lo que deben sumarse otros conceptos (dedicación especial, hogar constituido, prima por compromiso con la gestión, prima por indicadores de gestión, prima por antigüedad y prima por permanencia en el cargo) que muestran el descontrol de salarios y beneficios que existe en el Parlamento.

Si hablamos de senadores, la cosa no mejora mucho —al menos para Juan Pueblo—, aunque claramente sí mejora para los senadores, quienes se dan la gran vida con este nivel de sueldo que pagamos todos “los nabos de siempre”: ganan $339.446 por mes, a lo cual deben sumarse estos rubros: partida para pago de secretarios parlamentarios, $246.508 por senador; partida para pago de secretarios de sectores de hasta 3 integrantes, $ 186.681 por sector; partida para pago de secretarios de sectores de 4 o más integrantes, $59.418 por senador que integra el sector; y por servicio de telefonía celular, $4.627.

La información sobre los diputados es, llamativamente, más difícil de encontrar y menos abundante en la página del Poder Legislativo que la de los senadores, pero en el año 2023 era del entorno de $248.840. A eso deben agregarse otras partidas: partida Secretaría de Legislador, $229.578; partida Bancada, $55.104; gastos de Representación, $41.847; y Hogar Constituido, $1.647.

No resulta una sorpresa que, tal como lo ha informado La Diaria, en su edición del 15 de diciembre de 2015, “los legisladores de Uruguay son los terceros con mayores salarios de América Latina, solo por detrás de Colombia y del Senado de México”. En un país como el nuestro, donde el Salario Mínimo Nacional es de $ 25.383 pesos uruguayos nominales por mes desde el 1.° de julio de 2026, es una obscenidad que los legisladores uruguayos cobren las fortunas que cobran. Tal vez por eso mismo, ningún legislador de ningún partido político ha mostrado en público o colgado en las redes su recibo de sueldo con todos los beneficios que recibe. Por algo será… como siempre, la transparencia es de la boca para afuera, pero que no le toquen el bolsillo a estos supuestos “padres de la Patria”.

Como si todo eso fuera poco para indignarnos, hay que tener en cuenta que los legisladores y demás políticos tienen un “seguro por desempleo VIP” al cual se accede por el simple hecho de pertenecer a la “casta política” que gobierna nuestro país desde el año 1830 y que es una de las grandes causas de que el país no progrese. En efecto, al terminar su mandato o si no son reelectos, los legisladores y otros jerarcas tienen derecho a cobrar un subsidio equivalente al 85% de su sueldo durante un período de hasta un año. Como si fuera poco, ese año en el cual cobran el subsidio VIP se computa como tiempo trabajado a los efectos jubilatorios, y tienen derecho a cobrar el medio aguinaldo durante el subsidio. Indignante.

Si usted no tiene la suerte de ser un legislador uruguayo y lo despiden del trabajo, su situación será bien diferente: el plazo máximo del subsidio se le pagará durante seis meses (y no un año, como a los “señores” legisladores) y, además, será decreciente, comenzando con un 66% del salario (con un tope máximo de $93.155) y terminando al sexto mes con un 40% del salario (con un tope máximo de $50.802). El subsidio que cobran los políticos no es decreciente como el de todos los uruguayos, sino que cobran el 85% durante todo ese año. Una verdadera tomadura de pelo para todo el pueblo uruguayo.

Además, obviamente no tendrá derecho a cobrar el medio aguinaldo, por una simple y poderosa razón: usted no es político, es un simple trabajador o una simple trabajadora que “se parte el lomo” trabajando todos los días y no pertenece a la “casta” política, que en Uruguay es lo más parecido a la nobleza, a pesar de que, afortunadamente, no somos un país monárquico sino una república.

Ante este panorama, resulta bienvenida la iniciativa legislativa del diputado colorado por Salto Horacio De Brum, que propone eliminar subsidios especiales a exlegisladores y destinar esos fondos al INAU.

Es bueno destacar la valentía del diputado De Brum, quien “blanqueó” en vivo, durante la salida al aire del programa de radio “Fácil desviarse”, sus ingresos, explicando cada rubro y aportando una copia de su recibo. El legislador actuó como una verdadera “mosca blanca” que merece ser destacada.

Así las cosas, no puede resultar una sorpresa que exista una profunda brecha entre la “casta” política y la sociedad en general, así como tampoco la mala imagen de los políticos y el rechazo que revelan las encuestas. En lugar de ser una tarea respetable, admirada y que uno aconsejaría seguir a una persona que estime, ser político se ha transformado, por situaciones como las referidas a las remuneraciones de los legisladores, en una actividad que se mira de reojo, con desdén, y cuyo desprestigio sigue creciendo tanto en Uruguay, como en la región y en el mundo.

La poca aprobación que recibe el presidente Yamandú Orsi por su errática gestión, e incluso los altos niveles de desaprobación que genera entre la población en general y los votantes frenteamplistas en particular, es algo que se ha consolidado como una tendencia que el propio partido de gobierno reconoce lejos de la prensa. “Y todavía faltan más de tres años” es una reflexión que se hacen los votantes de Orsi mientras miran el reloj intentando que el tiempo pase rápido y que sea el 1° de marzo de 2030, fecha en la cual el actual mandatario finalizará su deslucido mandato. El pasado 25 de agosto (fecha en la cual los uruguayos festejan el Día de la Declaratoria de la Independencia, pero en la cual los frenteamplistas prefieren festejar el “Día del Comité de Base”) el partido de gobierno realizó grandes esfuerzos por movilizar a una militancia desmotivada, envejecida, somnolienta y defraudada por un presidente que no da la talla.

Lo cierto es que en el gobierno nacional cada día aumentan los cuestionamientos que los propios ministros frenteamplistas que integran el Poder Ejecutivo dirigen hacia quien fue electo por votación para presidirlo. A pesar de que a ninguno de los ministros lo vota la gente y que, por lo tanto, no representan a nadie, en los últimos meses los secretarios de Estado han salido a “marcarle la cancha” a Orsi y a demostrar que le han perdido el respeto institucional mínimo que deberían tenerle. Este comportamiento es inédito en nuestro país desde el retorno de la democracia en 1985, y resulta imposible pensar que alguno de los expresidentes de ese período (pensemos, por ejemplo, en Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Pou o Tabaré Vázquez) se dejara atropellar por quienes deberían estar preocupados por justificar la confianza que Orsi les depositó, en lugar de operar políticamente en su contra. Lamentablemente, los ejemplos sobran.

Juan Castillo (ministro de Trabajo y Seguridad Social) e integrante de la superpoderosa e intocable “casta” sindical que dirige nuestro gobierno, se ha cansado de atacar a Orsi.
En mayo de 2026, Castillo criticó públicamente al presidente Orsi por visitar el portaaviones “USS Nimitz” de Estados Unidos. En esa ocasión dijo que “no le gustó” la visita y que contradecía “el discurso del país en contra de las guerras y a favor de la soberanía”. Al mes siguiente, Castillo opinó que la presencia de camionetas del Ejército patrullando las calles no daba una buena imagen a la sociedad. Tan grande es la debilidad política de Orsi que, para justificar a Castillo, dijo simplemente que los ministros tienen la libertad de pensar por sí mismos. Al parecer no se trata solo de libertad para opinar, sino también de libertad para faltarle el respeto al presidente.

A tal punto llegó la tensión entre Orsi y Castillo que, de acuerdo con lo informado por el periodista Andrés Danza en el semanario Búsqueda, “la posibilidad de que Orsi le pidiera la renuncia a Castillo recorrió las principales oficinas del gobierno; algunos de los jerarcas más allegados al presidente consideraban que había que ‘marcar la cancha’ y que para eso era necesario cambiar al ministro de Trabajo”.

Al final, Orsi “se fue al mazo”, y la “mojada de oreja” que Castillo le hizo al máximo jerarca del país le salió gratis. Quedó en evidencia que al menos en el Frente Amplio, ni el presidente puede con el poder de la “casta” sindical. Por algo hasta los fiscales archivan expedientes o niegan pruebas cuando alguno de los superpoderosos dirigentes sindicales es acusado de algo. Que la Fiscalía General de la Nación (FGN) está totalmente flechada en Uruguay para favorecer al Frente Amplio no es ninguna novedad, pero no hay que olvidar que esa “mano de ayuda” que dan los fiscales incluye también a los dirigentes de un aparato sindical que mueve millones de dólares al mes sin ninguna clase de transparencia ni control. Nadie se anima a meterse con la “patota sindical”. Sin embargo, en un gesto de curiosa sinceridad, el pasado 25 de agosto el ministro Castillo reconoció, refiriéndose al gobierno nacional y a su fuerza política, que “todas las encuestas marcan que venimos perdiendo popularidad, que la gente no quiere a Yamandú, que el FA viene cayendo”.

Ese mismo “Día del Comité de Base”, como le dicen los frenteamplistas al 25 de Agosto, Castillo dobló su apuesta contra el presidente Orsi y sugirió que las negociaciones que ha tenido que llevar adelante el Frente Amplio para lograr la mayoría parlamentaria para aprobar el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas no son tan transparentes, siendo claro al expresar que “conseguir dos votos ahora te va costando embajadas y vaya a saber cuántas cosas que no se ven”. Ante esta frase (gravísima desde el punto de vista institucional), cabe preguntarse a qué embajadas se refiere Castillo. ¿Acaso a la embajadora uruguaya en Portugal, Carolina Ache, que gana 15.851 dólares por mes?

Aun así, la segunda parte de la declaración de Castillo es lo más preocupante. ¿A qué se refiere cuando dijo “y vaya a saber cuántas cosas que no se ven”? ¿Qué otros nombramientos o concesiones hizo el gobierno de Orsi para lograr los votos de Cabildo Abierto? ¿A qué legisladores o dirigentes incluye esa acusación velada de Castillo? ¿Qué partidos políticos o instituciones están involucrados en este esquema? No hay que forzar mucho la imaginación para darse cuenta de que Castillo se estaba refiriendo a la compra de votos de legisladores, una situación ética, moral y penalmente censurable. Si el Frente Amplio, el presidente Orsi o ambos incurrieron en actos de corrupción para lograr los votos mencionados, Castillo tiene la obligación legal de denunciarlos. Si no lo hace, es cómplice de todos esos “tejes y manejes”, aunque tire la piedra y esconda la mano.

Así las cosas, Uruguay tiene un presidente que, más allá de sus condiciones personales para el cargo, está siendo atacado por “fuego amigo” desde el propio partido de gobierno. Su principal rival es el ministro Castillo. Orsi tiene la banda presidencial, el auto oficial y su oficina en la Torre Ejecutiva, pero el que manda en Uruguay es Juan Castillo. Castillo es quien “corta el bacalao”. Todo lo demás son papel picado y lucecitas de colores.