Opinión

Hay situaciones que parecen imposibles de explicar. Y cuando algo no tiene explicación lógica, generalmente empieza a tener explicación política.
En Paysandú existe un terreno que durante años fue conocido como propiedad de la antigua Sociedad de Panaderos. Allí, más de doscientas familias fueron levantando sus viviendas con esfuerzo, sacrificio y la esperanza de algún día acceder a la tan ansiada escritura de su hogar.
Han pasado administraciones municipales de distintos colores y nombres. Pasó una, pasó otra, y pasó otra más. Promesas hubo muchas. Soluciones, pocas o ninguna.
Los vecinos golpearon puertas, realizaron gestiones y reclamaron una respuesta. Mientras tanto, gracias a distintas intervenciones del Estado, lograron acceder a servicios básicos de OSE y UTE. Es decir, existen para pagar facturas, pero no para obtener la seguridad jurídica de la tierra donde viven.
Pero la historia se vuelve todavía más interesante.
Porque según relatan vecinos de la zona, en una parcela enorme sobre Rodríguez Nolla y Ayacucho, comenzaron a aparecer terrenos que habrían sido vendidos entre cinco y diez mil dólares. Lotes de aproximadamente diez por veinte metros. El lugar incluso recibió un nombre elegante: “Barrio Privado El Mirasol”.
Qué maravilla la creatividad uruguaya. Donde algunos ven una ocupación irregular, otros descubren una inmobiliaria de alta velocidad.
Y aquí aparece la pregunta que nadie parece querer responder.
¿Cómo puede ser que existan dos realidades completamente distintas dentro del mismo padrón?
Por un lado, familias que llevan años esperando una solución para regularizar sus viviendas.
Por otro, terrenos que aparentemente cambian de manos, se venden y hasta adquieren nombre de barrio privado.
Y mientras tanto, la Intendencia realiza calles, coloca alumbrado público, presta servicios y hasta recibe recientemente la visita del intendente preocupado –con razón– por la falta de presión del agua potable que suministra OSE. Loable preocupación.
Pero ya que estamos preocupados, quizás convendría preocuparse también por un pequeño detalle: la situación jurídica de cientos de familias que siguen esperando una respuesta desde hace años.
Porque resulta curioso que el Estado pueda reconocer un barrio para cobrar tributos, instalar luminarias, abrir calles y gestionar servicios, pero parezca sufrir un repentino ataque de amnesia cuando llega el momento de resolver la propiedad de la tierra.
La pregunta final es sencilla.
Si todos saben dónde está el problema, si todos conocen la situación y si todos han recorrido el barrio prometiendo estudiar soluciones… ¿qué es exactamente lo que están esperando?
Porque los años pasan, las familias siguen allí, las casas continúan creciendo y las promesas envejecen más rápido que las paredes.
Y en Paysandú parece que existe una nueva categoría urbanística: barrios suficientemente legales para recibir servicios, pero demasiado ilegales para recibir escrituras.
Una figura tan absurda que debería estudiarse en las facultades de Derecho.
O quizás en las de magia.
David Doti

Sobre quién gana la final, por ejemplo. Será un partido algo aburrido, con mucha tenencia en cancha propia aunque con la tensión propia de una final. Quizás la diferencia la haga Messi. Apostar, por ejemplo, a si la Jutep actuará, previo informes de bufetes externos, y legalizará el arreglo del parador del Parque Rodó —es más fácil que lo de ASSE—, declarará vacante la Fiscalía General e indicará cómo proceder a continuación, dará por hecho que ya hay “copamiento” y certificará, con felicitaciones de la mesa, que Juan Castillo es comunista y que Abdala también, más otros cuatro o cinco más o menos “tapados”, y se expedirá sobre si los funcionarios están primero al servicio del Estado o si lo están al servicio “del Partido” o si son libres de optar.

No es seguro si resolverá ahora lo de la camioneta y no se sabe si encarará el tema de este nuevo impuesto a las consultas médicas que castigará mayoritariamente a los jubilados —no los de la Caja de Profesionales, obviamente—, los que por ser mayores son de salud más precaria; como consuelo podría legalizarles, como una especie de eutanasia alternativa, el no ver más médicos, por ejemplo.

No se descarta que por razones de urgencia la Jutep dé por aprobada la Rendición de Cuentas a la que, en ese caso, Oddone le añadiría algunos impuestitos más. Lo de la Rendición es lindo para jugársela: de antemano se sabe que solo te devuelve la plata la apuesta de que será aprobada con los dos votitos —cada vez más rentables— de Cabildo.

Pero puede sí resultar desafiante apostar a si Lacalle Pou le hará caso o no al secretario de la Presidencia —que no le cabe en la cabeza un sistema de coalición democrática no imperativa—, y también cuáles serán las reacciones de Bordaberry, Ojeda y Mieres, e incluso en el propio Partido Nacional, ante esta provocativa intromisión. Es un hecho, asimismo, que esto de la Rendición al grueso de la ciudadanía “le nefrega”.

A esta lo que le importa y la tiene agobiada es la inseguridad desbocada, y tras ella, también al trote largo, la amenaza de cierre de empresas, suspensión de obras, pérdidas de empleos como consecuencia directa de la acción del Ministerio de Trabajo y el Pit Cnt, la falta de rumbo de Economía, la política cambiaria del Banco Central y el hostigamiento a los empresarios y a los muy ricos; todos mala gente a los que se les induce a que se vayan a pescar a otro lado. Y seguro, y aquí le tiro un salvavidas al presidente, la gente se desmoraliza, lo que se traduce en aquello de piove governo ladro.

Se refleja en las encuestas y la imagen del presidente se deteriora mes a mes y viene rodando y rodando, como en aquel cuento de la confesión. ¡Por favor, que alguien lo abaraje! Según la última de Equipos (junio), la desaprobación es del 53% y solo aprueba el 26%. Saldo negativo de -27. Orsi bate más récords que Messi y Mbappé juntos.

Y por si fuera poco, los uruguayos (según investigación de Cifra) tienen mala opinión de Carolina Cosse (-36) y peor del secretario Sánchez —el que le mojó la oreja a la coalición y a Lacalle Pou— con -40. ¿Qué nos queda entonces? Blanca Rodríguez y Jorge Díaz, que ni figuran en los sondeos. Podría apostarse hasta dónde se hundirá el presidente, pero queda feo. Quizás sí apostar a que en algún momento —que sea rápido— tomará las riendas. Es más una expresión de deseos, pero si se diera pagaría muy bien. A todos.

Un proceso histórico es una trama acumulativa de acciones, estructuras y significados que, por su encadenamiento y la tensión creciente entre sus elementos, transforma la calidad de la vida social y política. Entenderlo exige combinar la mirada del tiempo largo, la agenda de los actores y la semántica de los conceptos que orientan la experiencia colectiva.
Pensar un proceso histórico en profundidad implica alejarse de la cronología como fin en sí misma y atender cómo pequeños gestos, rutinas institucionales y choques externos se suman hasta producir cambios cualitativos.
La transición uruguaya a la democracia debe leerse como un proceso acumulativo: desgaste del régimen, movilización social sostenida, negociaciones políticas y decisiones jurídicas que, juntas, transformaron la calidad del orden político entre 1980 y la consolidación posterior a 1985.

La salida de la dictadura no fue un acto único sino una trama larga en la que prácticas cotidianas, crisis económicas y disputas políticas fueron sumando tensiones hasta abrir una ventana de oportunidad. Gerardo Caetano reconstruye ese encadenamiento mostrando cómo la dictadura entró en una fase de “agonía institucional”, cómo la sociedad civil y los sindicatos recuperaron iniciativa y cómo las negociaciones entre partidos y fuerzas armadas, con episodios como el Club Naval, orientaron la salida pactada hacia elecciones y la asunción civil en 1985.

Es importante subrayar dos dimensiones que explican la calidad del proceso. Primero, la interacción entre estructura y agenda: las instituciones heredadas y la tradición partidaria condicionaron opciones, pero actores sociales y políticos, léase sindicatos, partidos, movimientos, reconfiguraron el escenario mediante movilizaciones y estrategias negociadoras. Segundo, la política de acuerdos y límites jurídicos: la transición incluyó decisiones que privilegiaron la estabilidad y la reinstitucionalización, pero dejaron debates abiertos sobre impunidad y reparación que marcaron la consolidación democrática.

La construcción discursiva de la democracia en esos años también fue central. Investigaciones sobre la primera etapa democrática que podríamos ubicar entre los años 1985 a 1989 muestran cómo las ciencias jurídicas y políticas participaron en la redefinición de derechos, procedimientos y expectativas que sostuvieron la reinstitucionalización; ese trabajo intelectual y jurídico fue parte del proceso, no un mero epílogo. No un tecnicismo, sino la exigencia de justicia en una deuda pública no saldada.

La impunidad como deuda

La restauración formal de la democracia en Uruguay no cerró las cuentas pendientes con las víctimas de la dictadura; dejó, en cambio, una deuda política, jurídica y moral inmensa, permanente. Instaló una frustración que ha devaluado las expectativas de la nueva etapa, la del reencuentro de la sociedad con una nueva institucionalidad democrática frustrante. Esa deuda no es un accidente técnico: fue el resultado de decisiones conscientes que privilegiaron otras cuestiones, que introdujeron renuncias que atentan aún contra la reinstitucionalización y la estabilidad política sobre la persecución penal de violaciones de derechos humanos. Pensar la impunidad como deuda permite comprender la transición no como un punto final sino como un pasaje con obligaciones no satisfechas que siguen condicionando la vida pública.

La expresión más nítida de esa decisión política fue la Ley Nº 15.848, que declaró la “caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985” por funcionarios militares y policiales. El texto legal articula la lógica de la transición: cerrar procesos penales para facilitar la salida del régimen y la reinstitucionalización, al tiempo que deja abiertas investigaciones administrativas y excepciones limitadas.

“Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 … ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985…”

Esa norma no puede leerse, como fue dicho, como un mero tecnicismo: fue el producto de negociaciones políticas que buscaron estabilidad, pero que, al mismo tiempo, generaron una obligación incumplida frente a las víctimas y sus familias. La caducidad funcionó como un muro legal que transformó la exigencia de justicia en una deuda pública no saldada; la sociedad respondió con demandas persistentes por verdad, memoria y reparación. Y siguen actuales, vigentes, provocando división como una herida presente. La deuda tiene varias dimensiones. En lo jurídico, implicó la suspensión de la vía penal para numerosos casos y la creación de mecanismos administrativos insuficientes para satisfacer la exigencia de sanción. En lo político, significó un pacto de gobernabilidad que consolidó la transición pero dejó sin respuesta la demanda de rendición de cuentas. En lo simbólico, instaló un paisaje de impunidad que condicionó la memoria colectiva y la confianza en las instituciones. Dicho con otras palabras: desde esta perspectiva, significó y significa aún, de manera tozuda, heridas no cerradas en la memoria colectiva, erosión de confianza institucional y demandas persistentes de víctimas y familiares de víctimas, como de movimientos sociales.

Hay reflexiones de estudiosos uruguayos que han analizado estas tensiones desde perspectivas complementarias. Gerardo Caetano ha reconstruido la salida negociada del régimen y la lógica de los acuerdos que facilitaron la transición; Óscar Bottineli ha enfatizado la centralidad de la memoria y la reparación para la convivencia democrática; Carlos Demassi ha abordado las tensiones jurídicas e institucionales que la Ley de Caducidad y otras decisiones políticas introdujeron en el proceso de reinstitucionalización. Sus trabajos convergen en una idea: la impunidad no es sólo ausencia de condenas, sino una deuda que atraviesa lo jurídico, lo político y lo simbólico.

La experiencia uruguaya muestra que saldar esa deuda exige políticas integrales: apertura de archivos, investigación independiente, reparación material y simbólica, educación pública sobre lo ocurrido y reformas institucionales que garanticen la no repetición. Las comisiones de investigación y los informes públicos son pasos necesarios, pero insuficientes si no se articulan con medidas judiciales, reparadoras y pedagógicas sostenidas en el tiempo.
Resolver la deuda implica decisiones políticas que reconfiguran la relación entre Estado y sociedad. Las soluciones parciales tienden a reproducir la idea de que estamos frente a una deuda impaga. Por eso, la política de memoria y justicia debe reconcebirse como una inversión democrática: no sólo para satisfacer demandas morales, sino para fortalecer la legitimidad institucional y prevenir la repetición.

Ya hay demasiado daño irreparable como para seguir insistiendo en este desatino. Hay demasiadas madres, padres, parejas, hijos que han completado su ciclo vital sin que la democracia les haya posibilitado cumplir el derecho básico y sagrado de dar sepultura a sus seres queridos.
La historia no los absolverá. Como escribiera Mijail Gorbachov refiriéndose a los últimos días de la RDA, “la vida encuentra la forma de castigar a los que llegan demasiado tarde”.

Se anunció en los últimos días que la empresa Airbus trabaja en un motor de celda de combustible a hidrógeno que podría eliminar por completo las emisiones de CO2 y óxidos de nitrógeno durante los vuelos. La empresa desarrolla el proyecto junto a MTU Aero Engines, en una asociación que abarcará el diseño, las pruebas y la certificación del nuevo sistema, según informó SlashGear.
Los trabajos comenzarán en 2027 y se inscriben en el programa ZEROe, la iniciativa de largo plazo que Airbus lanzó en 2020 con el objetivo de desarrollar el primer avión comercial propulsado por hidrógeno. Tras explorar distintos conceptos de propulsión, la compañía optó por las celdas de combustible como enfoque principal después de pruebas con prototipos. Airbus ya completó varias rondas de pruebas sobre componentes clave y planea realizar pruebas en tierra cuando el programa entre en funcionamiento.
Esta noticia, que podría ser de interés tal vez solo para quienes siguen de cerca la evolución y los avances de la ciencia en el área de la energía aplicada al transporte, tiene implicancias directas para nuestro país, donde, en el marco de la reconversión energética amigable con el medio ambiente, están en curso proyectos muy avanzados de inversión en el área del hidrógeno verde, como es el caso de la megainversión de 5.000 millones de dólares para una planta en Paysandú.
Durante décadas, la transición energética estuvo asociada casi exclusivamente a la generación de electricidad a partir de fuentes renovables. Sin embargo, el desafío actual ya no consiste únicamente en producir energía limpia, sino en utilizarla para descarbonizar sectores donde la electrificación directa resulta compleja o, simplemente, inviable. Es allí donde el hidrógeno verde comienza a ocupar un lugar central.
Aunque los vehículos eléctricos a batería se consolidan como la opción dominante para el transporte liviano, existen actividades —como el transporte pesado, la industria, la navegación y la aviación— que requieren soluciones con mayor autonomía, menor peso y tiempos de recarga reducidos. En esos escenarios, el hidrógeno aparece como un vector energético con enorme potencial.
No todo el hidrógeno ofrece los mismos beneficios ambientales. El denominado hidrógeno verde, producido mediante electrólisis del agua utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables, representa la única alternativa verdaderamente libre de emisiones de carbono durante su producción. Por el contrario, el hidrógeno gris continúa dependiendo del gas natural, mientras que el hidrógeno azul incorpora tecnologías de captura de carbono que, aunque reducen las emisiones, no las eliminan completamente. Su utilización puede realizarse mediante dos tecnologías. La primera, y más eficiente, es la celda de combustible, que transforma el hidrógeno en electricidad para alimentar un motor eléctrico, generando únicamente vapor de agua como subproducto. La segunda consiste en crear un combustible similar al derivado de petróleo basado en hidrógeno –e-combustible–, el cual se puede usar en motores en sustitución a las naftas o queroseno para jet, por ejemplo.
Esta última permite aprovechar buena parte de la infraestructura industrial ya existente, aunque presenta menores niveles de eficiencia y exige sistemas adicionales para controlar las emisiones de óxidos de nitrógeno.
Las ventajas del hidrógeno verde son conocidas y cada vez más valoradas. Permite repostajes en pocos minutos, ofrece una elevada densidad energética y reduce significativamente el peso respecto a grandes bancos de baterías, se puede almacenar fácilmente y es transportable. Estas características lo convierten en una opción especialmente atractiva para camiones de larga distancia, trenes, maquinaria pesada, buques e incluso aeronaves.
Precisamente, la aviación constituye uno de los ejemplos más interesantes de esta transformación. Destacábamos que Airbus acaba de reafirmar su apuesta por el hidrógeno al anunciar el desarrollo, junto con MTU Aero Engines, del sistema de propulsión basado en celdas de combustible dentro del programa ZEROe, cuyo objetivo es construir el primer avión comercial impulsado por hidrógeno. La decisión representa un cambio tecnológico de enorme magnitud para una industria responsable de aproximadamente el 2,5% de las emisiones globales de dióxido de carbono.
No obstante, el camino está lejos de ser sencillo. A ello se suman cuestiones vinculadas a la seguridad, como el riesgo de fugas, la elevada inflamabilidad y la necesidad de desarrollar nuevos protocolos de operación y certificación. Son obstáculos importantes, pero no diferentes de los que históricamente enfrentó cualquier innovación tecnológica disruptiva.
Tampoco pueden ignorarse los desafíos económicos. La producción de hidrógeno verde sigue siendo más costosa que la de los combustibles fósiles o del hidrógeno obtenido a partir de gas natural. Además, será imprescindible desarrollar una infraestructura completamente nueva de transporte, almacenamiento y abastecimiento. La eficiencia global del proceso —desde la producción mediante electrólisis hasta el movimiento del vehículo— todavía es inferior a la de un vehículo eléctrico a batería. Sin embargo, cuando el objetivo es mover cientos de toneladas o recorrer miles de kilómetros sin largas detenciones para recargar, esas limitaciones pierden parte de su relevancia.
En este contexto, Uruguay posee una ventaja competitiva difícil de igualar. Gracias a una matriz eléctrica compuesta casi en su totalidad por energías renovables, el país reúne condiciones ideales para producir hidrógeno verde con una de las menores huellas de carbono del mundo. La combinación de recursos eólicos abundantes, creciente generación solar, estabilidad institucional y experiencia en políticas energéticas coloca al país en una posición privilegiada para convertirse en proveedor internacional de este nuevo combustible.
La oportunidad va mucho más allá de exportar hidrógeno. Supone atraer inversiones industriales, desarrollar cadenas de valor nacionales, generar empleo altamente calificado y posicionar al país como referente tecnológico en América Latina. El hidrógeno puede transformarse en un nuevo capítulo de la política energética uruguaya, tal como ocurrió hace poco más de una década con la revolución de las energías renovables.
Sin embargo, alcanzar ese objetivo exigirá decisiones estratégicas. Será necesario consolidar marcos regulatorios claros, incentivar la investigación científica, formar recursos humanos especializados y promover alianzas entre el Estado, las universidades y el sector privado.
El hidrógeno verde no resolverá por sí solo todos los desafíos de la transición energética. Tampoco sustituirá a las baterías eléctricas ni a otras tecnologías emergentes. Pero todo indica que ocupará un papel decisivo allí donde la electrificación directa encuentra sus límites. Mientras las grandes empresas aeronáuticas, navieras y fabricantes de vehículos pesados aceleran sus programas de desarrollo, Uruguay tiene la oportunidad de convertirse en un actor relevante y no en un simple espectador, pasando de ser un país que genera electricidad renovable a convertirse en un productor de combustibles limpios para el mundo.

Cuando se habla de recursos naturales, y en particular del agua, mirar hacia el río Uruguay es casi una costumbre para quienes habitamos el litoral. Sin embargo, debajo de nuestros pies, a cientos de metros de profundidad, corre otra llanura líquida que no hace ruido, no molesta y carece de la espectacularidad de los atardeceres costeros: es el Acuífero Guaraní. Abastece diariamente a millones de personas de cuatro países —Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— que utilizan sus aguas para actividades domésticas, agrícolas, industriales y turísticas, además de ser una reserva de agua dulce fundamental para el buen funcionamiento de ecosistemas como los humedales y los ríos.
Durante generaciones creímos en la abundancia infinita de agua, una ilusión alimentada por las enseñanzas escolares y los discursos que pintaban nuestro principal acuífero casi como un océano subterráneo inagotable e inmune a los avatares del mundo exterior.
No obstante, la retórica de la inagotabilidad hoy se agrieta bajo el peso de una presión extractiva sin precedentes y una paradoja institucional no siempre fácil de aceptar: nunca supimos tanto a nivel científico sobre este acuífero y, al mismo tiempo, nunca estuvimos tan expuestos a perder su control soberano.
La reciente reunión regional realizada en el Aula Magna del Cenur Litoral Norte en Salto dejó en claro esa contradicción con gran nitidez. En dicha instancia se presentaron los resultados del Proyecto “Implementación del Programa de Acción Estratégica del Sistema Acuífero Guaraní (SAG)”, en el marco de un esfuerzo transfronterizo que involucró a cancillerías y agencias de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con apoyo técnico de la Unesco, el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la gestión del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Desde el punto de vista técnico y diplomático, la reunión fue un éxito. Se avanzó en la unificación de datos, se habló de metodologías coordinadas para medir la recarga y la descarga del acuífero, del establecimiento de una red de monitoreo que permitirá a los cuatro países compartir información en tiempo real a través de una plataforma digital común.
En este marco, las voces oficiales destacaron la relevancia de este gigante subterráneo para el desarrollo socioeconómico regional, el turismo termal y la investigación académica, respaldada por herramientas científicas recientes como el Vademécum de las Aguas Termales.
Este conjunto de herramientas puede interpretarse como un termómetro muy preciso para medir el agua del subsuelo; el problema es que el termómetro no cura la fiebre.
En este sentido, cabe señalar que mientras el ámbito técnico y científico celebraba la armonización de las bases de datos y la coordinación interinstitucional, por fuera de la foto oficial quedaron las advertencias de representantes de movimientos socioambientales de la cuenca, que cuestionaron la gobernanza real del acuífero.
Al respecto, alertaron que desde la estructura estatal se sigue facilitando la instalación de nuevos proyectos industriales de gran escala que amenazan las zonas de recarga y la calidad del agua. Se trata de una queja que en ocasiones suele tratarse con condescendencia, pero que encierra también una verdad incómoda: nos lleva a preguntarnos de qué sirve tener la mejor red de monitoreo digital si los datos generados no tienen valor vinculante para frenar prácticas nocivas provenientes del avance del agronegocio, las plantaciones forestales de rápido crecimiento o los nuevos y sedientos proyectos energéticos que demandan millones de litros de agua dulce por día.
La crítica de las comunidades locales apunta al corazón de un concepto que los organismos multilaterales suelen incluir: la gobernanza participativa.
En nuestra legislación, Uruguay es un ejemplo mundial gracias a su reforma constitucional de 2004, que estableció que la gestión de los recursos hídricos debe priorizar la vida y contar con la participación de la sociedad civil en todas las etapas de su planificación.
Sin embargo, las comunidades locales reclaman que su participación no quede reducida a instancias meramente informativas o talleres de consulta donde suelen presentarse decisiones que ya fueron tomadas.
Los acuíferos poseen un valor geopolítico especialmente importante por su incidencia en la actividad económica. En nuestra región, el Acuífero Guaraní es la mayor reserva de agua dulce y mucho se ha hablado de los intereses de corporaciones internacionales e incluso de países que necesitarán asegurar el suministro de recursos hídricos. Esos intereses podrían interpretarse como amenazas para nuestra soberanía del agua y suelen generar preocupación en diversos sectores. Sin embargo, deberíamos preocuparnos también por otros problemas más silenciosos —y quizás irreversibles— como los cambios en sus ecosistemas, la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos, pero además debemos ser conscientes que el 96% del acuífero no está bajo suelo uruguayo, sino de nuestros vecinos. Así que por mucho que pretendamos cuidarlo, nuestro 3,8% del recurso natural no nos deja mucho margen de maniobra.
Tiempo atrás, el analista Albert Vidal señaló en un artículo publicado en Global Affairs (Universidad de Navarra, España) que “una reserva como el Sistema Acuífero Guaraní es especialmente atractiva para empresas y algunos países que necesitan asegurarse el suministro de recursos hídricos. De todos modos, estos peligros son relativamente inocuos si los comparamos con otros que podrían ocasionar la contaminación del acuífero o un cambio irreversible en el ecosistema”. Si bien este especialista considera poco probable la contaminación intencional del acuífero, advirtió sobre el peligro de contaminaciones accidentales por el vertido de sustancias tóxicas de la agricultura —en Brasil hay mucha agroindustria y cultivo de soja en la zona del acuífero—, el ingreso de pesticidas, residuos y agrotóxicos por las grietas de recarga del acuífero, y más recientemente, la incorporación del fracking. Incluyó también como amenazas la deforestación en zonas de recarga y la posibilidad de extracción acelerada por encima del nivel de recarga en la explotación del acuífero.
En este sentido va el reclamo de las comunidades locales, que no están pidiendo conocer el funcionamiento de la hidrogeología sino exigiendo el derecho a decidir qué se hace con el agua de sus territorios.
En definitiva, la distancia entre la pulcritud de los informes científicos internacionales y la violencia silenciosa del despojo territorial no es un detalle menor en el presente y, menos aún, si se mira con una perspectiva de futuro.
En varias regiones de nuestro territorio, la expansión de la agricultura intensiva de secano y el monocultivo forestal ha alterado la dinámica de los suelos, y los pequeños productores raramente tienen recursos financieros para nuevas y más profundas perforaciones en busca de agua segura, generando nuevas brechas y desigualdades.
De alguna manera, estamos permitiendo que el subsuelo se privatice de hecho mediante la capacidad técnica de extraerlo a grandes profundidades.
El agua subterránea es, cada vez más, un recurso natural estratégico no solo para el abastecimiento de la población, especialmente la rural, sino que tiene el valor de su almacenamiento natural, que garantiza contar con ella ante eventos complejos como sequías o interrupciones en el suministro por problemas de contaminación o turbiedad de los ríos. Los acuíferos representan, cada vez más, un “territorio” en disputa que requiere acciones concretas para su sustentabilidad.

Dos por tres aparece algún informe de alguna de las agencias internacionales de noticias o en algún portal que recopila noticias variopintas sobre estudios científicos absurdos, sobre los más diversos temas. Hay incluso un premio que otorga la revista de humor científico Annals of Improbable Research (Anales de la Investigación Improbable), en diez categorías diferentes, que reconocen logros científicos inusuales o triviales “que primero hagan reír, y después hagan pensar”. Estudiar qué ocurre en el cerebro de la gente cuando ve una cara reconocible en una tostada, medir el dolor relativo que la gente sufre al mirar una pintura fea, determinar si el ser dueño de un gato puede representar un peligro mental: tales son algunos ejemplos de estudios reconocidos en la ceremonia de 2014 de los Ig Nobel.

Hemos incluso presenciado desde esta orilla la discusión por los recortes presupuestales a las universidades públicas en Argentina, que han tenido como uno de los argumentos fuertes lo poco relevante del aporte al conocimiento de algunos estudios en los que se analizaban, por ejemplo, las películas Star Wars, El Rey León, revistas de Anteojito y hasta canciones de Ricardo Arjona, todas objeto de investigaciones desarrolladas en el área de estudios culturales, cuestionadas durante la década pasada por supuesta falta de seriedad, por más que se tratase de productos culturales y, como tales, pasibles de ser puestos bajo la lupa en esa área de investigación.

Pero, aunque la ciencia sigue ocupándose de asuntos relevantes, por supuesto, no por ello ha quedado al margen de la polémica. El cambio climático, y en especial el rol de la humanidad en este proceso, es un tema de recurrente discusión que ha tenido protagonistas de peso en la controversia, con negacionistas que han ocupado puestos tan encumbrados como la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump ha sido uno de los más férreos opositores a la teoría que sitúa el origen de las transformaciones climáticas en la acción humana. Del otro lado ha habido otros encumbrados políticos estadounidenses, como Al Gore, vicepresidente durante el período de Bill Clinton, quien tras su paso por la Casa Blanca se volvió activista ambiental y fue uno de los principales voceros para que cobrara relevancia global, a partir del documental Una verdad incómoda (2007), premiado con un Oscar.

Incluso Uruguay ingresó lateralmente en esta controversia a través del Instituto Nacional de Carnes (INAC), que contrató durante el pasado período de gobierno a Frank Mitloehner —director del Clear Center, profesor del Departamento de Ciencia Animal y Calidad del Aire en Extensión Cooperativa—, quien ha sido señalado por organizaciones animalistas y ambientalistas de estar financiado por la industria cárnica estadounidense. El investigador es autor del libro Contribuciones del ganado al cambio climático: hechos y ficción, en el que sostiene que es un error señalar a la industria cárnica como responsable del cambio climático —por la generación de metano en el proceso digestivo de los animales— y que, en cambio, “la agricultura animal es un camino hacia la neutralidad climática y una herramienta en nuestra lucha contra el cambio climático global”. Sus detractores consideran que sus estudios contemplan datos incompletos para minimizar los impactos ambientales de la ganadería.

Pero si de daño a la atmósfera hablamos, quién no ha escuchado hablar o leído sobre el “agujero de ozono” formado a mediados de los años ’80 y que durante más de 30 años fue la causa de millones de casos de cáncer de piel. Poco después de descubierto este fenómeno, todos los dedos de la ciencia señalaban a los clorofluorocarbonos (CFC) ampliamente utilizados en la industria como el gran causante de la catástrofe global. De inmediato se obligó prohibió el uso de CFC en aerosoles, la industria frigorífica, y en millones de productos donde se utilizaba, obligando a multimillonarias inversiones para adecuarse a la nueva normativa.

Pues bien, 40 años más tarde supimos que todo eso fue una exageración de algunos estudios científicos que fueron tomados como la verdad revelada, y que el culpable era un producto químico que ya se había dejado de utilizar en 1970: el tetracloruro de carbono. Para colmo, el susodicho “agujero” se había formado años antes, posiblemente en 1957, pero como en esa época no había instrumentos para medirlo, recién fue descubierto en 1985.

En otro ámbito, recientemente hemos visto otra discusión sobre el verdadero impacto de los microplásticos. En los últimos años se popularizaron afirmaciones impactantes: una de ellas, que cada persona ingiere semanalmente el equivalente al peso de una tarjeta de crédito —unos cinco gramos—, y que el cerebro acumula el equivalente a una cucharada de esas partículas. Estas cifras recorrieron el mundo y se reprodujeron por doquier. Sin embargo, una revisión de la literatura científica mostró que las dos procedían de estudios muy cuestionados, en algunos casos por sus propios pares.

Lo de la tarjeta de crédito nació de un informe encargado por la prestigiosa organización ambientalista WWF en 2019, elaborado por la Universidad de Newcastle, que no se basó en mediciones directas, sino en la combinación de varios estudios menores con métodos, definiciones y tamaños de muestra distintos, lo que hace científicamente problemático derivar de allí una cifra global. Además, los cinco gramos se mencionaban como el extremo más alto de un rango estimado que iba de 0,1 a 5,5 gramos. Se eligió difundir el dato más alarmante posible. Luego se revirtió con un trabajo publicado en la revista científica ScienceDirect, que concluyó que la estimación original sobreestimaba la ingesta de microplásticos, en la medida en que asumía que el agua potable de todo el mundo tendría la misma concentración de partículas que las muestras del océano utilizadas para el estudio, y sin filtración de por medio. Increíblemente, las estimaciones más recientes y serias sitúan la ingesta en un volumen “más cercano al de un grano de sal por semana que al de una tarjeta de crédito”. La otra cifra, la de la cucharada, de febrero de 2025, integra un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature Medicine, que vinculó la ingesta de microplásticos con demencia, infartos y otras patologías. El estudio fue también objeto de controversia y rebatido por especialistas en técnicas de medición, quienes publicaron una réplica en la misma revista, argumentando que el trabajo “tenía escasos controles de contaminación y falta de pasos de validación”, lo que volvía poco confiables las concentraciones reportadas. Estos dos estudios alarmistas tienen evidentemente un efecto adverso al supuestamente pretendido, haciendo pensar que no existe un problema con los microplásticos, por más que sí lo existe, solo que no en las dimensiones que reportaron.

A estos casos mencionados podemos sumar otras situaciones en las que estudios que presumen de científicos esconden problemas de relevancia en temas ambientales o de salud pública.

El efecto secundario al que nos exponemos como sociedad es una pérdida de confianza, o al menos de relevancia, en la información científica desde los ojos de la opinión pública. Esta es una barrera que no deberíamos permitirnos atravesar y que debería ser motivo de un sinceramiento universal del sistema científico.

Uruguay atraviesa un momento económico que podría definirse como de estabilidad, pero carente de dinamismo. Si bien los indicadores dan cuenta de una economía ordenada, con instituciones sólidas y previsibilidad jurídica, no está presente la efervescencia necesaria para generar un ciclo sostenido de inversiones y crecimiento, y lo que reina es una especie de calma que en otros momentos fue una ventaja comparativa, pero que hoy comienza a parecer insuficiente en un mundo que cambia a una velocidad inédita.

El desafío no es nuevo, pero sí cada vez más evidente. Mientras la economía global se reorganiza alrededor de sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, los minerales críticos, la robótica, la energía y los centros de datos, Uruguay no logra encontrar una propuesta de valor que lo coloque en esa conversación. El país mantiene un buen clima de negocios desde el punto de vista institucional, pero eso ya no alcanza cuando los capitales internacionales buscan ventajas competitivas específicas y sectores de alto crecimiento, como queda expuesto por la baja tasa de inversiones que recibe el país.
En ese escenario resulta oportuno traer a colación una referencia cercana y conocida: Paraguay. Hasta no hace mucho tiempo, apenas dos o tres décadas atrás, la nación guaraní era considerada un mercado periférico, con notorias e históricas debilidades institucionales y profundas desigualdades sociales. Sin embargo, logró construir en este período una estrategia clara basada en generar competitividad. Ha contado para ello con disponibilidad de energía eléctrica barata, un régimen tributario simple, menores costos laborales, paz sindical y una política decidida de atracción de inversiones, lo que ha permitido el desarrollo de industrias, parques logísticos y manufacturas orientadas a la exportación. Paraguay no resolvió todos sus problemas, por supuesto —todavía enfrenta desafíos importantes en materia de justicia, infraestructura y desarrollo social—, pero consiguió algo que hoy Uruguay parece haber perdido: un rumbo de crecimiento, con la sinergia que ello conlleva en todas las áreas.

La diferencia es significativa. Paraguay apostó a convertirse en un país competitivo para producir. Uruguay, en cambio, se ha mantenido dentro de parámetros que pudieron haber sido muy valiosos para otros tiempos, pero sin seguir la evolución que implica estar a tono con los tiempos y, peor aún, con políticas de cobertura social que consumen grandes recursos sin traducirse en respuestas eficaces, al mismo tiempo que los estímulos son más los parches promovidos por cada gobierno que el producto de políticas realmente sostenidas y de Estado.

Ello explica, aunque parcialmente, que no haya sido suficiente para impulsar tasas de crecimiento superiores de forma sostenida. El problema de fondo no responde exclusivamente a deficiencias del gobierno actual ni del anterior, sino que está de por medio una problemática estructural para definir cuál será el motor de la economía uruguaya durante las próximas décadas. La inversión privada permanece en niveles bajos porque las oportunidades de obtener rentabilidades atractivas son escasas. Y cuando la inversión no despega, tampoco lo hace el empleo, la innovación ni el crecimiento.

En ese contexto, sería razonable profundizar instrumentos que ya han demostrado resultados. La Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones) es el organismo encargado de evaluar proyectos de inversión empresariales con el objetivo de promover el crecimiento económico y la creación de empleo. Ha sido una herramienta para incentivar la reinversión de empresarios nacionales y podría ampliarse y modernizarse para facilitar nuevos proyectos, especialmente aquellos vinculados a innovación tecnológica, transformación digital y exportación de servicios.

Pero el verdadero desafío es que Uruguay necesita construir una estrategia nacional de crecimiento que trascienda los períodos de gobierno y se transforme en una política de Estado. El agro continuará siendo un pilar fundamental, pero difícilmente alcance por sí solo para sostener el desarrollo futuro, sobre todo porque hasta ahora ha primado la producción primaria, con exportación de materia prima pero con muy relativo valor agregado dentro de fronteras, cuando lo tiene. Existen oportunidades en la pesca, en la bioeconomía, en la industria forestal y, sobre todo, en posicionar al país como un hub regional para centros de datos, inteligencia artificial y servicios tecnológicos de alto valor agregado. La estabilidad institucional, la matriz energética renovable y la calidad de vida constituyen ventajas reales que podrían convertirse en activos económicos mucho más relevantes si fueran acompañadas por una estrategia agresiva de promoción internacional.

Otro capítulo merece la política de atracción de residentes fiscales y reales. Uruguay ya ha demostrado que puede captar talento, empresarios e inversores internacionales gracias a su calidad institucional y seguridad jurídica. En un mundo donde el trabajo remoto y la movilidad del capital son cada vez mayores, esa estrategia debería profundizarse como parte de un modelo de desarrollo más amplio.

Naturalmente, avanzar hacia una economía más competitiva también exige revisar los costos estructurales que enfrenta el sector privado. Una presión del gasto público cercana al 30% del producto representa una carga considerable para empresas que ya operan con costos elevados respecto a sus competidores regionales. Sin un sector privado dinámico resulta difícil imaginar un crecimiento robusto.

Otra rémora pasa por discusiones político-ideológicas coyunturales que distraen la atención en un país que necesita concentrarse en desafíos mucho más trascendentes. La agenda de reformas económicas, la mejora de la competitividad y la construcción de nuevos sectores productivos requieren continuidad y acuerdos amplios.

En materia macroeconómica, incluso la política antiinflacionaria merece una consideración distinta a la que ha tenido hasta el presente. Si bien alcanzar y mantener niveles muy bajos de inflación constituye un objetivo deseable, ello conlleva elevados costos fiscales y un consecuente impacto negativo sobre la actividad económica, si se tiene en cuenta que se hace sobre todo a costa de un tipo de cambio planchado, y no a partir de una convergencia más gradual, con cierta estabilidad, pero sacrificando en los hechos crecimiento e inversión.

Es impensable, por muchas razones, que en Uruguay se “importe” el modelo paraguayo, ni mucho menos, pero sí es pertinente evaluar por dónde pasan los factores que le han dado la dinámica de crecimiento a que hacíamos referencia, con una lección de base insoslayable: los países que crecen son aquellos que encuentran una propuesta clara para el mundo. Paraguay la encontró en la competitividad productiva. Y Uruguay debería encontrar la suya combinando institucionalidad, innovación, tecnología, energía limpia y calidad de vida, con una visión de largo plazo que resulte en un verdadero proyecto nacional de crecimiento.

Los números nacionales suelen ser útiles para describir tendencias, pero muchas veces esconden realidades que marchan en sentido contrario. Uruguay puede exhibir la creación de 26.000 nuevos puestos de trabajo y destacar que la mayoría de esos empleos fueron ocupados por mujeres. Sin embargo, ese crecimiento no se distribuyó de manera homogénea en el territorio. Al norte del río Negro, y particularmente en el litoral, la realidad laboral continúa marcada por el desempleo, la informalidad y la escasa generación de empleo de calidad.
Esa diferencia territorial no es una percepción ni una interpretación política. Fue señalada por dirigentes sindicales del interior del país y terminó siendo reconocida por el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se analiza la Rendición de Cuentas.
El país es uno, pero sus realidades son múltiples. Allí donde crece la informalidad, no crece el empleo de calidad.
En esa situación se encuentran los departamentos del norte. El promedio nacional de informalidad alcanza el 22,8%. Sin embargo, en Rivera asciende al 44,4%; en Cerro Largo llega al 40,9%, y tanto Tacuarembó como Artigas superan el 30%. En el otro extremo aparecen Flores, con una tasa de 13,4%, y Montevideo, con 15,5%, muy por debajo del promedio. El problema es que los gobiernos suelen llegar a todo el territorio con un discurso uniforme, cuando las realidades departamentales son profundamente diferentes.
Lo mismo ocurre con el desempleo. Según el último trimestre publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al período marzo-mayo de 2026, Maldonado registra el índice más bajo del país, con 3,2%, muy por debajo del promedio nacional de 7,6%. En cambio, el litoral continúa exhibiendo tasas de dos dígitos: Paysandú alcanza el 11%, Río Negro el 12,1% y Treinta y Tres encabeza la lista con 12,5%.
Sin embargo, al igual que ocurre en otras regiones, la informalidad en Maldonado —22,5%— continúa siendo un desafío y se ubica por encima del promedio nacional de 21,5%. En Paysandú, el trabajo no registrado alcanza el 25,8%.
El crecimiento de la informalidad constituye una clara señal de deterioro del mercado laboral y de la pérdida de trabajadores dentro del sistema de seguridad social. El Pit Cnt, en su última reunión con el presidente Yamandú Orsi, le transmitió que los modelos enfocados exclusivamente en el crecimiento económico no están generando los resultados esperados para la masa trabajadora.
El documento entregado al mandatario señala: “Llama la atención que, a pesar de que se han creado más empleos que los que se han destruido, la informalidad crece”. Agrega que “abarca a 386.000 personas, equivalente al 22,1% de quienes trabajan”, y concluye: “Este indicador nos habla de que los empleos que se crean son de calidad inferior a los que se destruyen. Estos datos corresponden al primer trimestre del año”.
Es importante que el Pit Cnt destaque esta situación y que pueda comprobarse en el territorio. Las economías informales carecen del poder adquisitivo suficiente para dinamizar el consumo y fortalecer el circuito económico que sostiene a múltiples sectores de actividad. Sin embargo, el discurso oficial omite estos aspectos, imprescindibles para comprender el verdadero escenario económico, al menos en esta región del país.
La creación de empresas en Uruguay también admite una lectura menos optimista. Desde el gobierno se destaca un crecimiento cercano al 5% respecto del mismo período del año anterior.
Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que las nuevas empresas son cada vez más pequeñas, que las bajas aumentan y que los nuevos emprendimientos generan, en promedio, poco más de un puesto de trabajo cada uno.
Esto demuestra el avance de las empresas unipersonales y de las microempresas familiares. Y eso, por sí solo, no implica un crecimiento significativo del empleo. De hecho, las empresas que cerraron entre enero y marzo de este año dejaron sin trabajo a 11.359 personas.
Las cifras son elocuentes. Se crearon 10.659 nuevas empresas, que generaron 12.603 puestos de trabajo. El promedio es de apenas 1,18 trabajadores por empresa, lo que representa una caída cercana al 12% respecto del último trimestre de 2025.
Los emprendedores continúan activos y siguen generando sus propias fuentes de trabajo, aunque en una escala menor y con una capacidad cada vez más limitada para impulsar el empleo formal. Al mismo tiempo, también aumentó, en torno al 5%, el cierre de empresas respecto del año anterior. Fueron 8.282 las que cesaron su actividad y daban empleo a 11.359 personas. El saldo entre aperturas y cierres arroja más de 2.300 empresas nuevas, aunque, en su enorme mayoría, corresponden a emprendimientos unipersonales o microempresas, tal como surge de los propios datos.
Las lecturas globales, acompañadas por el contexto interanual, permiten comprender el complejo entramado del empleo en Uruguay, donde el desempleo que afecta a determinadas regiones no responde a una coyuntura pasajera, sino a problemas estructurales. Por eso resulta apresurado afirmar, sin mayores matices, que se crearon 26.000 nuevos empleos distribuidos de manera inclusiva en todo el territorio. En el litoral esa realidad no se percibe y la histórica dependencia de las zafras continúa siendo la principal esperanza para miles de trabajadores que el resto del año sobreviven en la informalidad.
En ese contexto llega al Parlamento la Ley de Competitividad, cuyo objetivo es reducir las gestiones que enfrentan las micro y pequeñas empresas ante una burocracia estatal cada vez más compleja. Hasta allí el planteo resulta atractivo. Sin embargo, las expectativas que genera esta iniciativa son moderadas, porque no aborda otros costos estructurales, como las tarifas públicas, los costos laborales o el precio de los combustibles, que inciden directamente sobre la viabilidad de cualquier emprendimiento. En consecuencia, difícilmente tenga un impacto significativo sobre las economías familiares, que luego alimentan el movimiento económico del resto de las actividades e inciden en las estadísticas de cada departamento. Tampoco se vislumbran cambios sustanciales para las zonas fronterizas, donde la actividad económica no depende de la simplificación de un trámite administrativo, sino de una realidad mucho más determinante: los precios son más convenientes del otro lado de la frontera.
También es necesario que los discursos políticos se adapten a las circunstancias de cada región, donde la historia, la cultura y la idiosincrasia marcan diferencias que perduran a través de las generaciones. Es lo que ocurre en Paysandú, cuya identidad continúa estrechamente ligada a un pasado de fuerte impulso industrial.

Hay conflictos laborales irracionales que terminan convirtiéndose en un problema para todo un país. Lo que ocurre desde hace semanas en el puerto de Montevideo pertenece claramente a esa categoría. Se trata del sexto episodio de conflictividad sindical en apenas un año, un conflicto que hace tiempo dejó de ser una discusión entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único Portuario. Hoy constituye una seria amenaza para la competitividad del Uruguay, su comercio exterior y la credibilidad internacional de su principal puerto.
Lo más preocupante es que, desde el gobierno, nadie parece dispuesto a asumir la verdadera dimensión del problema. Mientras el sindicato endurece sus posiciones y el Poder Ejecutivo se limita a expresar preocupación, la economía continúa pagando una factura que crece día tras día. El puerto opera en un clima de incertidumbre permanente; las navieras revisan sus escalas, los exportadores pierden mercados y los operadores logísticos acumulan pérdidas. Entretanto, el gobierno sigue apostando a que una negociación que lleva meses empantanada produzca, por sí sola, un milagro.
Toda negociación colectiva supone concesiones recíprocas. Pero cuando una de las partes condiciona el simple retorno al diálogo al pago de un bono mensual extraordinario de 50.000 pesos líquidos para todos los trabajadores o, alternativamente, a garantizar 25 jornales mensuales exista o no trabajo, la negociación deja de ser un ámbito de construcción de acuerdos para transformarse, lisa y llanamente, en un ejercicio de presión o de extorsión. Difícilmente pueda calificarse de otro modo una exigencia que pretende imponer beneficios extraordinarios antes siquiera de volver a sentarse a conversar.
El reclamo sindical ya no parece orientado únicamente a preservar derechos laborales. Apunta, en los hechos, a mantener un conjunto de garantías y privilegios construidos durante años al amparo de una posición de fuerza excepcional. Porque esa es la verdadera particularidad del conflicto portuario: quienes paralizan la actividad saben perfectamente que tienen la capacidad de afectar una parte sustancial de la economía nacional. Y utilizan esa ventaja como herramienta de negociación.
Nadie discute el derecho de huelga. Forma parte del sistema democrático y constituye una conquista histórica del movimiento sindical. Lo que sí resulta cuestionable es el abuso de ese derecho cuando termina convirtiéndose en un mecanismo de extorsión sobre el conjunto de la sociedad. Porque los perjudicados ya no son únicamente la empresa empleadora. Son cientos de exportadores, importadores, transportistas, agencias marítimas, depósitos fiscales, despachantes de aduana, trabajadores independientes y pequeñas empresas que nada tienen que ver con el diferendo, pero que soportan íntegramente sus consecuencias.
La situación adquiere una gravedad aún mayor si se considera el funcionamiento específico del puerto de Montevideo. Más del 90 % del movimiento de contenedores del país depende de una terminal cuya operativa lleva semanas sometida a paros parciales, interrupciones sorpresivas y modalidades de protesta que hacen imposible cualquier planificación logística seria. Ningún cliente internacional acepta indefinidamente semejante grado de incertidumbre, mucho menos en un mercado donde abundan puertos competidores dispuestos a captar ese tráfico.
Ese es el verdadero daño que muchas veces no aparece reflejado en las estadísticas diarias. Las pérdidas millonarias provocadas por cada jornada de paralización son importantes, pero pueden recuperarse con el tiempo. La pérdida de reputación, en cambio, demanda años. En el negocio marítimo, un puerto deja de ser atractivo mucho antes de quedar vacío. Basta con que sea considerado poco confiable para que las navieras comiencen a buscar alternativas permanentes.
Eso es, precisamente, lo que ya está ocurriendo. Los desvíos hacia Buenos Aires, Santos, Río Grande o Itajaí dejaron de ser una amenaza para convertirse en una realidad. Algunas de las principales líneas navieras del mundo ya modificaron servicios, cancelaron escalas o trasladaron operaciones hacia otros puertos de la región. Recuperar esas rutas será extremadamente difícil. La logística internacional se organiza sobre la base de la previsibilidad, no de la esperanza de que el próximo conflicto dure menos que el anterior.
Los propios datos oficiales muestran una caída significativa en el movimiento de contenedores. Pensar que semejante retroceso responde exclusivamente a factores coyunturales sería un ejercicio de ingenuidad. La competencia regional avanza mientras Uruguay transmite exactamente el mensaje contrario al que debería proyectar: incertidumbre, conflictividad permanente y ausencia de respuestas.
Pero si la conducta sindical merece cuestionamientos, la actitud del gobierno resulta todavía más desconcertante. Hasta ahora, la respuesta oficial ha consistido, esencialmente, en manifestar preocupación y promover instancias de diálogo. Ambas cosas son necesarias, pero claramente insuficientes. Cuando un conflicto privado comienza a comprometer el interés general, el Estado tiene la obligación de actuar con mayor firmeza.
No se trata de intervenir en favor de una empresa ni de desconocer derechos sindicales. Se trata de proteger un servicio estratégico para el país. El interés general no puede quedar subordinado indefinidamente a una negociación que no encuentra salida porque una de las partes continúa elevando sus exigencias mientras mantiene paralizada buena parte de la actividad.
Existen herramientas legales para enfrentar situaciones excepcionales. Los protocolos de contingencia y, llegado el caso, la declaración de servicios esenciales no constituyen una agresión contra los trabajadores. Son mecanismos previstos precisamente para impedir que la paralización de determinados servicios termine lesionando los derechos de millones de personas que permanecen completamente ajenas al conflicto.
Sorprende, por ello, la resistencia del gobierno siquiera a considerar esas alternativas. La imagen que transmite es la de un Poder Ejecutivo más preocupado por no incomodar a un actor sindical que por preservar la competitividad de una infraestructura crítica para el desarrollo nacional. Esa actitud no fortalece el diálogo; simplemente prolonga un conflicto cuyos costos recaen sobre toda la sociedad.
Ha llegado el momento de que el gobierno comprenda que la neutralidad también tiene consecuencias.
Defender el derecho de negociación colectiva no implica tolerar indefinidamente que un sector estratégico del país permanezca sometido a una lógica de bloqueo permanente. Cuando el ejercicio de un derecho comienza a comprometer el bienestar general, corresponde al Estado restablecer los equilibrios.
Porque, en definitiva, el puerto no pertenece ni a la empresa ni al sindicato. Pertenece al país. Y ese país no puede quedar sometido al talante de un poder sindical que actúa como si estuviera por encima del interés general.

Guillermo Pérez Rossell murió el pasado 4 de julio, cumplido ya los 90 años, creo, –detalles y precisiones son anécdotas– dedicados en su totalidad casi al periodismo. Fueron unos 66, como puntal de El País, según consignó este diario en su despedida.
Alguien me avisó por redes y vi además un tuit de Graziano Pascale, dando cuenta: “Qué triste noticia. Partió Guillermo Pérez Rossell, un periodista de raza, que dejó su huella en la historia de El País….”.

Sumó un comentario personal: “El gremio pierde uno de sus más nobles integrantes. Hoy las campanas doblan por todos los periodistas. Además un amigo. Qué pena infinita”. A su vez Graziano abundó :“Vivirá siempre en quienes lo conocimos. Cumplió al pie de la letra lo de Kapuscinski: no se puede ser un buen periodista si no se es una buena persona”.

Todo cierto. Cumplió su tarea a cabalidad, con dedicación completa; por más de medio siglo como secretario de redacción cargó en sus espaldas la responsabilidad de hacer que el diario apareciera todos los días: era de esos “jefes-peones” del periodismo, que recién culminaban su tarea del día a la madrugada del día siguiente luego de dar el “vamos” a las rotativas. Remero incansable.
“Es así, poeta, son esos periodistas laburantes, que no aparecen ni figuran tanto, pero sin cuya existencia los diarios no estarían en la calle todos los días”, machacaba siempre el gran maestro, Francisco Luis Llano, el periodista argentino que entre otras cosas hizo el diario Clarín de Buenos Aires.

Guillermo era gran periodista y humilde , -´-“rara avis” en el gremio, hay que confesarlo– y su prioridad era, precisamente, poner el diario en la calle para que, por sobre todas las demás, los ciudadanos recibieran información. Porque también era un defensor implacable de la libertad de expresión. Me consta.

Lo conocí por la segunda mitad de la década del ’60 del siglo pasado; cuando el largo conflicto de la prensa, por el ’67, creo, en la mesa que “presidía” el maestro de Guillermo, como mío y de tantos otros, Luis Horacio Vignolo –otro grande–, en El Sorocabana de la Plaza Libertad, planta baja y especie de ágora de la Asociación de la Prensa Uruguaya- APU- ubicada unos pisos mas arriba.
Después se nos hizo una costumbre vernos por allí a tomar un cafe e intercambiar datos y chismes de la profesión y el gremio.
Nuestra relación se afianza cuando Guillermo pasó a ser parte de la delegación de El País que asistía a las reuniones y asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa. Allí también se vio al obrero, del mejor nivel intelectual y profesional, trabajar y ayudar a que las cosas salieran en tiempo y forma de las diversas Comisiones que desarrollaban una intensa labor en pos de la defensa de la libertad de prensa. Guillermo destacó y destacó mucho.

Y cuando se suponía que iba a llamarse a sosiego, incluso porque los avances técnicos nos dejaban un poco atrás –a los viejos con catálogos atrasados, diríamos– él se puso a la vanguardia y hoy el País Digital es el permanente y continuo homenaje a Guillermo Perez: fue su pionero y “ empujador” sin pausa y hasta fastidioso. ¡Que curiosidad tan grande!, propia del periodista de primera, con una energía no tan común.

Y cuando se tomó un tiempito se dedicó a escribir, a contarnos de sus recorridas por el mundo y dio rienda suelta a su gran sensibilidad, a sus miradas profundas y a su poder de comunicador, que sabe lo que es noticia y como contárselo a la gente. Sus notas las recogió en un libro: “ El inexplicable ser humano y sus países”
Y no se quedó ahi. Ya mayor convocaba cada tanto a su casa a viejos colegas, en tertulias enriquecidas por la memoria y la imaginación, transformando aquello en una alegre y gran redacción.
Merece que estemos de luto y de duelo. Por haber sido un gran periodista y porque era un gran compañero.

Hay una afirmación sobre la realidad política de los Estados Unidos que cada vez es más asumida como una verdad evidente, formando parte del paisaje político estadounidense de manera prácticamente incuestionable. Se trata del emergente Democratic Socialists of America (DSA).

Aparecen nombres como Claire Valdez, Darializa Ávila Chevalier, Melat Kiros, junto a otros más conocidos, como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Zohran Mamdani. Todos ellos van expandiendo su influencia y consolidando avances; cada paso ha estado marcado por la prudencia, pero también por una dosis de audacia.

Tres referentes del siglo XX

El DSA tiene sus orígenes en el Partido Socialista de América (Socialist Party of America, SPA), cuyos dirigentes más notorios fueron Eugene V. Debs, Norman Thomas y Michael Harrington.

Debs fue un reconocido dirigente sindical, fundador de los Industrial Workers of the World y candidato en cinco oportunidades a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Socialista de América. Su consecuente militancia sindical y política le valió un amplio reconocimiento, convirtiéndose en uno de los socialistas más conocidos de la historia estadounidense. Vivió entre 1855 y 1926 y fue en las elecciones de 1912 cuando obtuvo su mejor resultado electoral, con cerca del 6 % de los votos.

Norman Mattoon Thomas (1884-1968) fue otro destacado dirigente del SPA y también candidato presidencial en varias ocasiones. Su plataforma socialista y pacifista continúa siendo reconocida hasta nuestros días. Al definir su pensamiento, Thomas destacaba su condición de antimilitarista y socialista cristiano. Escribió varios libros, entre ellos una apasionada defensa de los objetores de conciencia de la Primera Guerra Mundial, ¿Es la conciencia un crimen?, y posteriormente Socialismo reexaminado, considerada una de las expresiones más representativas del consenso socialdemócrata de los años sesenta.

Edward Michael Harrington Jr. (1928-1989) fue igualmente un destacado socialista democrático estadounidense. Sobresalió como escritor; su obra más conocida fue The Other America (1962). Sin embargo, Harrington no limitó su actividad al ámbito intelectual: también fue dirigente político, teórico, profesor de Ciencia Política y comentarista radial. En 1982 fue uno de los fundadores de los Democratic Socialists of America y su primer líder de mayor proyección.

DSA, 1982

En 1972, durante la convención anual del partido, el SPA decidió transformarse en una organización menos radical y adoptar el nombre de Social Democrats USA.

Al año siguiente, Harrington, quien encabezaba una facción minoritaria del SPA y se había opuesto a esa transformación, fundó el Democratic Socialist Organizing Committee (DSOC). Otra fracción dio origen al Socialist Party USA.

Los Democratic Socialists of America nacieron oficialmente en 1982 como resultado de la fusión entre el DSOC y el New American Movement (NAM), una alianza de intelectuales socialistas y comunistas con raíces en los movimientos de la denominada Nueva Izquierda de las décadas de 1960 y 1970.

Para dimensionar el peso político de aquella corriente, basta señalar que, al momento de la fusión, el nuevo DSA reunía alrededor de cinco mil afiliados provenientes del DSOC y aproximadamente mil del NAM.

Hoy, el Democratic Socialists of America es una organización política que ha recorrido un sostenido proceso de crecimiento. Ha superado las tensiones propias de toda etapa fundacional y ha comenzado a influir en las principales ciudades del país, con dirigentes que destacan por su personalidad política sin descuidar el trabajo colectivo.

Entre sus figuras más conocidas se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Zohran Mamdani. Si bien el DSA no es un partido político, ha participado intensamente en procesos electorales a través de las elecciones internas del Partido Demócrata. Su crecimiento organizativo también ha sido significativo: pasó de unos seis mil miembros en 2015 a superar los cien mil en la actualidad.

El órgano de conducción del DSA es el Comité Político Nacional (CPN), integrado por veinticinco delegados que cumplen funciones similares a una junta directiva. Sus integrantes son elegidos cada dos años por la Convención Nacional. Cada capítulo del DSA tiene derecho a enviar delegados en proporción a su tamaño y también existen representantes elegidos “en general” para las zonas donde no existen capítulos activos.

Para integrar el Comité Político Nacional se establece que no más de la mitad de sus miembros sean hombres y que, al menos, el 20 % de los cargos estén reservados para personas racializadas. En 2025 se aprobó ampliar el número de integrantes de 16 a los actuales 25. Este comité elige, además, un Comité Directivo integrado por cinco de sus miembros. Las oficinas nacionales del DSA y del DSA Fund se encuentran en las ciudades de Nueva York y Washington D. C.

El huracán Bernie

Las adhesiones crecieron de manera exponencial cuando la organización se movilizó en torno a la campaña presidencial del senador por Vermont Bernie Sanders en 2016. Aunque aquella batalla electoral terminó en derrota, tanto esa campaña como la de 2020 revelaron una energía política inédita dentro del sistema estadounidense y, particularmente, en la izquierda.

Para numerosos analistas, ambas campañas constituyeron la primera gran señal de advertencia para el establishment demócrata: una parte importante del electorado buscaba un cambio y había encontrado en Sanders un vehículo para expresar esa expectativa.

El largo recorrido político de Sanders nunca fue sencillo. Incluso como candidato independiente que competía dentro de las primarias del Partido Demócrata debió enfrentar fuertes cuestionamientos. Sin embargo, a partir de 2016 el escenario comenzó a modificarse. El movimiento progresista inició un proceso de crecimiento, articulándose con quienes se definían como socialistas democráticos y encontraban en Sanders un referente político e intelectual.

Otro punto de inflexión llegó en 2019, cuando las representantes Alexandria Ocasio-Cortez, por Nueva York, y Rashida Tlaib, por Michigan, ambas integrantes del DSA, comenzaron a actuar coordinadamente junto con otros legisladores progresistas en el Congreso. Su presencia generó inquietud e incluso preocupación dentro del liderazgo tradicional del Partido Demócrata. Ambas reconocen la influencia política ejercida por Sanders.

En términos generales, tanto simpatizantes como críticos coinciden en que el número de legisladores y dirigentes progresistas ideológicamente cercanos al socialismo democrático es considerablemente mayor que el de quienes integran formalmente el DSA.

Creciendo

Los socialistas democráticos han obtenido importantes éxitos desplazando a legisladores tradicionales en distritos fuertemente liberales, para luego imponerse con comodidad en las elecciones generales de esos mismos distritos.

La incógnita sigue siendo si lograrán reproducir esos resultados en elecciones altamente competitivas. En procesos electorales anteriores, los republicanos obtuvieron buenos resultados vinculando a los candidatos demócratas con Bernie Sanders y el socialismo democrático para presentarlos ante el electorado como excesivamente liberales y alejados de las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos.

Las operaciones

No está claro si podrán ganar las operaciones de medio orden, que esperan la misma impronta, con una proyección fin en términos militares. Hay una vitalidad relacionada al enemigo. Ya están prontos, desplegados, a la espera de una reserva.

El art. 13 del Código del Proceso Penal (CPP) establece: “(Etapas del proceso). El proceso penal comprende el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución, en su caso”. Pues bien, está claro que el proceso de ejecución penal, es decir, la etapa de cumplimiento de la pena, es también parte del proceso penal, y diríamos que la parte más importante, de la cual nadie se ocupa, (tampoco parece haber sido considerada por la Comisión de reforma del proceso penal).

Es más, se da en el punto una paradoja, pues la modificación de un instituto centenario como lo es la libertad anticipada, que hoy está limitada para una serie de delitos, con buen criterio se ampliaba y se habilitaba la posibilidad de que personas que fueran condenadas por homicidios, abusos sexuales, etcétera, pudieran tramitar este beneficio, el que podrían obtener luego de evaluaciones psicológicas sobre la rehabilitación del recluso y de decisiones de fiscales y jueces.

Pero, lamentablemente, la demagogia punitiva que viene ganando a todas las bancadas del parlamento, llevó a que esa posibilidad fuera retirada de la discusión, sin más. Más allá de ese aspecto y alguno menor, no existen en este proyecto de reforma mayores modificaciones. Ahora bien, ¿era necesario introducir modificaciones al proceso de ejecución de la pena en nuestro país? Pues evidentemente sí. Sin perjuicio de que la pena, sus clases, su monto, su determinación, es un tema de derecho penal sustantivo y no de una reforma del proceso penal, el proceso como instrumento es el que se encarga de su cumplimiento, y en esa tarea debe preservar los derechos de los penados, los que solo tienen limitada la libertad ambulatoria, pero no otros derechos como el derecho a la vida y a su integridad física y mental.

Entonces, la pregunta elemental, es si tenemos un modelo de cumplimiento de la pena que respete el artículo 26 de la Constitución Nacional, máxime cuando la norma en cuestión ordena: “A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Está más que claro que nuestras cárceles no cumplen, salvo excepciones, con ese mandato, pero no lo hacen desde mucho tiempo atrás, habiendo conspirado en tal sentido la inflación legislativa de creación de delitos, de aumento de penas, de limitaciones a las libertades provisionales, anticipadas, etcétera, que han traído como consecuencia que hoy tengamos 17.000 presos, un promedio de 477 cada 100.000 habitantes, siendo el país con más prisionalización de Latinoamérica, situación que hace imposible el manejo razonable de esa masa humana que termina siendo un montón de olvidados para el común de la gente.

Es más, el excomisionado parlamentario, Miguel Petit, informa que el 46% de la población carcelaria vive en situaciones crueles e inhumanas, el 37% está en centros donde no es posible la rehabilitación, y solo el 17% vive en establecimientos aptos para la rehabilitación, es decir, solo 2.890 presos de 17.000; ¿qué hacemos con los 14.110 restantes? Hablamos de un sistema con un 120% de sobrepoblación, y 57 muertes de personas en custodia del Estado en el último año.

Como decimos, en esta etapa de reformas del proceso penal, lo único interesante que existía en la propuesta, referido a la libertad anticipada, ya no existe, por el miedo del sistema político a enfrentar el dilema de la gente privada de libertad. Pero no solo no existe ninguna norma sobre ese tema, tampoco se modifica un instituto como el de la redención de pena por trabajo y estudio, beneficio creado por la ley de humanización del sistema carcelario, que pretendía que el recluso una vez ingresado, pudiera, con su esfuerzo, ir pagando su pena de una forma que no fuera el ocio compulsivo, instituto al cual los distintos gobiernos han ido limitando cada día más, al punto de establecer que ciertas personas que han cometido determinados delitos no pueden acceder al beneficio.

Tampoco se da ninguna variación sobre el régimen de salidas transitorias para trabajar o para acercamiento familiar, la que sigue limitada por delito y por tiempo de reclusión. Nada de esto se ve reflejado en este proyecto de reforma del proceso penal, y uno se pregunta por qué se dará eso. Somos de los que creemos que el tema de la cárcel y de los condenados es un tema que el sistema político y la academia no ha tenido ni tiene la valentía para encarar, pero tarde o temprano deberá hacerlo, pues es más que claro que la cárcel es una de las causas principales de la criminalidad en nuestro país.

Visto lo anterior, es imposible pensar que tendremos una baja de los delitos y una mayor y mejor seguridad ciudadana, si no pensamos en mejorar las condiciones de las cárceles, y si no dejamos de pensar que la pena privativa de libertad es la única forma de “pagar un delito”, pues a las pruebas me remito, las campañas de ley y orden, de hay orden de no aflojar, de vivir sin miedo, etcétera, lo único que han logrado en nuestro país, es inocular la visión de que todo se soluciona por la vía de la mayor represión, y eso ha sido un error que estamos pagando todos los días con las cifras de la delincuencia que tenemos.

Por último, y pese a que el proyecto en ciernes pareciera no pasar de reformas superficiales, aguardamos igualmente la posibilidad de que se le pueda hincar el diente a este drama nacional.

Federico Álvarez Petraglia

Hay cifras que deberían provocar una conmoción nacional. Sin embargo, en Uruguay pasan casi desapercibidas, perdidas entre declaraciones políticas, inauguraciones, promesas y discusiones de ocasión.
Según los datos correspondientes a 2025, el Tribunal de Cuentas observó gastos por 1.750 millones de dólares.
Sí, leyó bien. Mil setecientos cincuenta millones de dólares.

Y aquí es donde conviene recordar algo fundamental: el Tribunal de Cuentas no determina si un gasto es simpático o antipático, de izquierda o de derecha, popular o impopular. Su función es mucho más sencilla: verificar si ese gasto se ajusta o no a la normativa vigente.

Por eso la cifra resulta tan alarmante.

Porque detrás de cada observación aparece una pregunta inevitable: ¿cómo puede ser que quienes administran dinero ajeno no sean capaces de cumplir las mismas reglas que les exigen a los ciudadanos?
Y es imposible no hacer memoria.

En 2002, cuando Uruguay atravesaba la peor crisis económica de su historia reciente, el gobierno de Jorge Batlle logró obtener un préstamo puente de 1.500 millones de dólares que permitió evitar el default y mantener al país de pie cuando parecía tambalearse al borde del abismo.

Aquellos 1.500 millones fueron considerados entonces una cifra gigantesca. Una cifra capaz de definir el destino económico de toda una nación.

Hoy descubrimos que los gastos observados por el Tribunal de Cuentas en un solo año alcanzan los 1.750 millones de dólares.

Es decir, una cifra superior a aquel salvavidas histórico que permitió rescatar al Uruguay en uno de sus momentos más dramáticos.

Y entonces surge la pregunta que nadie parece querer responder.

Si los organismos públicos, nacionales y departamentales, administraran los recursos con el mismo cuidado con que cualquier familia administra el presupuesto de su hogar, ¿cuántos impuestos podrían aliviarse?

¿Cuántos préstamos dejarían de ser necesarios?

¿Cuántas obras podrían financiarse sin seguir metiendo la mano en el bolsillo de quienes trabajan y producen?

Lo más preocupante es que las observaciones parecen haberse transformado en una costumbre.

Se observa. Se toma nota. Se sigue adelante.

Y nadie se inmuta demasiado. Como si la legalidad fuera una recomendación. Como si los recursos públicos fueran infinitos. Como si el dinero de los contribuyentes apareciera por generación espontánea.
Pero no aparece.

Sale del comerciante que paga impuestos. Del jubilado que hace cuentas para llegar a fin de mes. Del trabajador que ve cómo cada peso cuesta ganarlo.

Por eso el problema no son solamente los 1.750 millones observados.

El verdadero problema es la naturalidad con que aceptamos que semejante cifra deje de escandalizarnos.
Porque cuando una sociedad deja de sorprenderse por el uso irregular de los recursos públicos, el despilfarro deja de ser una excepción.

Y pasa a convertirse en un sistema. Y como ocurre siempre, la cuenta final nunca la pagan quienes gastan.
La termina pagando el ciudadano.

Este quedó con un puñal más profundo porque la comparación entre los 1.500 millones que evitaron el default en 2002 y los 1.750 millones observados en 2025, genera un contraste muy potente y fácil de entender para cualquier lector.

David Doti

Les comento mi experiencia con el cáncer de próstata para que otros no sufran lo que yo pasé.

Todo por culpa de un médico muy ignorante.

El PSA prostático debe estar siempre por debajo de 1. Es decir, 0,40, 0,76 está bien así tengas 15 o 100 años. Si ese indicador pasa a estar en, digamos, 1,26, 1,80 o más eso nos dice que hay algo en la glándula, casi siempre algo malo.

Pero a mí me dejaron subir hasta los 3,86 y se despertó un cáncer grado 4 y metástasis. Me salvé por los pelos de una muerte segura y ahora tengo la posibilidad de contarles ese calvario.

Gracias al gran urólogo Gilberto Chéchile de Paysandú –ahora radicado en España hace años y un capo a nivel internacional–, pude orientarme en el tema.

Me operaron con el robot Da Vinci y después pasé por 25 días de radioterapia y 4 inyecciones de Eligard. El posoperatorio fue una muy fea experiencia.

Así que ya saben, el PSA siempre en menos de 1, que no les cuenten milongas. El análisis se hace con sangre, tres días antes no se puede tener sexo, ni masturbarse, ni bicicleta, ni andar a caballo.

Otro dato importante: en Buenos Aires hay dos ecógrafos ExactVU con los que ven cualquier anomalía en la próstata, es lo máximo en el tema. En Uruguay no hay nada parecido.

Es el cáncer más fácil de detectar y curar agarrado a tiempo.

Horacio Francolino

La Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer publicaron esta semana su informe sobre la situación mundial del cáncer 2026. Esta enfermedad —conjunto de enfermedades, si se prefiere— sigue siendo la segunda causa de muerte en el mundo, después de las enfermedades cardiovasculares, con unos 20,6 millones de nuevos casos y cerca de 10 millones de muertes al año. En el documento se agrega la advertencia de que, en caso de no adoptarse medidas urgentes, la enfermedad seguirá creciendo en número de casos hasta alcanzar casi 35 millones para 2050.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó en el marco de esta presentación que “el cáncer es una enfermedad profundamente personal que nos afecta a casi todos” y agregó que el “que una persona sobreviva al cáncer nunca debería depender del lugar donde nació ni de cuánto gana”.
Es que, de acuerdo con el responsable de la OMS, las desigualdades documentadas en el informe “no son inevitables”, sino consecuencia de decisiones que pueden revertirse mediante una acción más fuerte y coordinada.
De qué se tratan estas brechas. El informe las señala en el acceso a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento y hasta a los cuidados de apoyo. Señala, a modo de ejemplo, que mientras el 87% de las mujeres con cáncer de mama sobrevive al menos cinco años después del diagnóstico en los países de ingresos altos, la proporción desciende a alrededor del 42% en los países de ingresos bajos. La diferencia es alarmante. Pero además indica que menos de uno de cada tres países incluye actualmente la atención del cáncer dentro de sus paquetes de cobertura sanitaria universal.
El informe también habla del impacto que ocasiona esta enfermedad en las personas. La primera encuesta mundial de la OMS dirigida a personas afectadas reveló que al menos el 45% experimenta dificultades económicas, más de la mitad enfrenta problemas de salud mental y casi todos los cuidadores sufren algún tipo de sobrecarga, como trabajo no remunerado o aislamiento social.
Por otra parte, el informe publica la estimación de que casi cuatro de cada diez casos de cáncer están asociados a factores de riesgo prevenibles. Aquí aparecen situaciones como las infecciones por el virus del papiloma humano, las hepatitis B y C y la bacteria Helicobacter pylori, prevenibles mediante vacunas, pero además otros factores como el consumo de tabaco y alcohol, el sobrepeso y la obesidad, y la falta de actividad física.
El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en el mundo. Entre los hombres, los tipos más frecuentes son el de pulmón, próstata y colorrectal; entre las mujeres predominan el de mama, pulmón y colorrectal.
Desde 2010 a la fecha el consumo de tabaco cayó en el mundo un 27%, y ello contribuyó a la reducción de casos y muertes por cáncer de pulmón. El 82% de los países vinculados a la OMS posee un plan nacional de control del cáncer, cuando hace 16 años esta cifra era apenas del 50%. También da cuenta el reporte de un aumento tanto en la cobertura de los programas de vacunación como en iniciativas de detección temprana y en la investigación científica, con un crecimiento anual del 7,3% en los ensayos clínicos registrados entre 2005 y 2021. Sin embargo, el acceso a estos avances no es igual para todos. En los países de ingresos bajos y medianos bajos, la disponibilidad de los 20 medicamentos esenciales prioritarios contra el cáncer oscila entre apenas el 9% y el 54%, mientras que en los países de ingresos altos alcanza entre el 68% y el 94%.
Todos estos datos están incluidos en el resumen operativo del informe, que propone un cambio de enfoque como forma de afrontar lo que se vendrá. Allí se insta a los gobiernos, a los organismos internacionales, a la sociedad civil, a las instituciones académicas y al sector privado a adoptar un enfoque centrado en las personas y en las familias afectadas por el cáncer. Entre las principales recomendaciones figuran integrar el control del cáncer en la cobertura sanitaria universal, reforzar la protección social de las personas afectadas e impulsar una investigación e innovación que respondan a las necesidades de salud pública y garanticen un acceso equitativo a los avances médicos. El planteo de la OMS es que las decisiones que se adopten hoy “determinarán la carga de cáncer que afrontarán las próximas generaciones” y sostiene que reducir las desigualdades “será clave para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo”.
Ahora bien, estos datos son promediales y no necesariamente reconocen realidades diferentes dentro de los mismos países. Quizás sería demasiado pedir que se detalle en un informe global cuál es la realidad de acceso a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento y hasta a los cuidados de apoyo para quienes habitan el resto del territorio saliendo del área metropolitana de Uruguay, y ni hablar del norte del río Negro o en poblaciones por debajo de los 5.000 habitantes, que son las más en nuestro país. Y si a este corte le agregamos la dimensión socioeconómica, las diferencias son aún mayores. La enfermedad es difícil de afrontar y supone un montón de desafíos asociados, aunque también depende dónde te encuentre.