Opinión

El intercambio registrado en las últimas horas en la Cámara de Diputados entre el legislador nacionalista Juan Martín Rodríguez y la diputada frenteamplista Margarita Libschitz podría parecer, a primera vista, una discusión menor. Mientras el país enfrenta problemas económicos, sociales y de seguridad que preocupan diariamente a la ciudadanía, debatir si corresponde decir “presidente” o “presidenta” podría parecer casi anecdótico.
Sin embargo, el episodio trasciende la elección de una palabra. Lo ocurrido en el Parlamento puso sobre la mesa una cuestión mucho más profunda: hasta qué punto determinadas corrientes ideológicas pretenden condicionar la forma en que los ciudadanos hablan y escriben.
La controversia comenzó cuando la diputada que presidía la sesión corrigió a quienes se dirigían a ella como “presidente”, reclamando el uso de “presidenta”. Rodríguez respondió con una fundamentación gramatical, recordando que “presidente” es un participio activo cuya forma no depende del sexo de quien desempeña el cargo. Aunque reconoció que la Real Academia Española admite también la forma “presidenta”, dejó en claro que continuará utilizando el término que considere adecuado y rechazó cualquier intento de imponerle una manera de expresarse.
Ese es el verdadero núcleo del debate.
Desde el punto de vista lingüístico, la cuestión resulta bastante menos polémica de lo que algunos pretenden. La Real Academia Española reconoce como correctas tanto las formas “presidente” como “presidenta” para referirse a una mujer que ocupa ese cargo. Ninguna de las dos es incorrecta.
Como toda lengua viva, el español evoluciona. Así se han consolidado femeninos como “jueza”, “médica”, “ingeniera” o “ministra”, plenamente aceptados por la norma académica. Esa evolución surge del uso de los hablantes y de la propia dinámica del idioma.
Muy distinto es cuando organizaciones o sectores políticos intentan convertir sus preferencias lingüísticas en obligaciones morales o institucionales.
En los últimos años, bajo el paraguas de la denominada ideología de género, se ha promovido una transformación del lenguaje que va más allá de la evolución natural del español. El uso sistemático de desdoblamientos —”ciudadanos y ciudadanas”, “alumnos y alumnas”—, así como de expresiones como “todes”, “amigues”, “lxs” o “tod@”, no responde a un proceso espontáneo de la lengua, sino a una construcción deliberada orientada a respaldar una determinada concepción de la sociedad.
No se trata únicamente de una preferencia estilística. Muchos de sus impulsores sostienen expresamente que modificar el lenguaje constituye un instrumento para transformar la realidad social, sobre la base de que el masculino genérico invisibiliza a las mujeres o a quienes no se identifican con el esquema binario de sexo.
El problema surge cuando esa visión deja de ser una opción personal para convertirse en una exigencia institucional.
La historia demuestra que numerosos proyectos políticos e ideológicos que aspiraron a moldear el pensamiento comenzaron intentando moldear el lenguaje. Las palabras dejan entonces de ser herramientas de comunicación para convertirse en instrumentos de ingeniería cultural.
No es casual que el denominado lenguaje inclusivo haya encontrado especial receptividad en organismos públicos, particularmente en ámbitos vinculados con la educación y la administración estatal. En muchos casos se procura instalar una terminología específica en documentos oficiales, materiales educativos y discursos institucionales, generando la percepción de que esa forma de expresión constituye una obligación más que una elección.
Frente a ello, las academias de la lengua mantienen una posición clara. La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española no incorporan formas como “todes”, “amigues”, “lxs” o “tod@” al sistema gramatical del español y desaconsejan su utilización en documentos oficiales, académicos y educativos.
Nada de esto implica cuestionar a quien prefiera decir “presidenta”, “ministra” o “ingeniera”, formas plenamente admitidas por la norma, ni desconocer que el idioma evoluciona de manera constante.
Lo que sí corresponde rechazar es cualquier intento de convertir una preferencia lingüística en una obligación para todos.
Las lenguas cambian cuando los hablantes las transforman libremente, no cuando los gobiernos, las burocracias o los movimientos políticos pretenden dirigir esa evolución desde el poder.
En definitiva, el episodio parlamentario deja una enseñanza que trasciende la discusión entre “presidente” y “presidenta”. Ambas formas son válidas. Lo verdaderamente importante es preservar un principio esencial de toda sociedad democrática: que ninguna ideología, cualquiera sea su signo, tenga derecho a imponer a los demás cómo deben hablar, escribir o, en última instancia, pensar.

Vivimos sumergidos en la era de la aceleración constante, un tiempo vertiginoso donde la inmediatez parece haber secuestrado nuestra capacidad de asombro y de atención, un momento histórico en el que cada semana nuevos avances de la inteligencia artificial (IA) prometen automatizar nuestras tareas, optimizar nuestros tiempos y, supuestamente, facilitarnos la existencia. Sin embargo, detrás de esa promesa de eficiencia se esconde una paradoja: a medida que multiplicamos de forma exponencial el volumen de conocimiento codificado y almacenado en servidores digitales, el valor de la experiencia práctica, el desarrollo neurológico que requiere tiempo y la equidad social parecen estar en peligro de un desgaste silencioso e invisible.
“Puede que seamos la última generación capaz de definir los términos en que la humanidad y la IA coexistirán. La inteligencia artificial está avanzando a un ritmo vertiginoso. La cuestión es si podemos controlarla juntos o si dejamos que nos controle. Por primera vez, el Diálogo sobre IA reúne a todos los países en torno a una misma mesa. Ahora tenemos que convertir esta participación en una acción global para una IA más segura, justa, accesible y ética”, dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, en la sesión inaugural del evento que se desarrolla estos días en Ginebra con el objetivo de asegurar una gobernanza que refleje las prioridades de todas las naciones, no solo las más avanzadas tecnológicamente, y que los beneficios de esta tecnología lleguen a todas las personas.
Los debates que se desarrollan en este ámbito abordan temas tan diversos como las oportunidades e implicaciones de la IA, cómo salvar las nuevas brechas que genera, su gobernanza, la cooperación internacional y la necesidad de una supervisión humana sólida de los sistemas de inteligencia artificial para garantizar la seguridad de acuerdo al derecho internacional.
Este diálogo global no trata solo de regular la inteligencia artificial, sino que pretende llegar a una visión compartida en la que el progreso tecnológico no se separe de la dignidad humana. Algo bastante complicado de lograr cuando hasta ahora esta tecnología se encuentra casi exclusivamente en manos de gigantes tecnológicos que, al fin y al cabo, son empresas con intereses económicos.
Si bien es cierto que la IA ya está siendo regulada —por reglamentos nacionales, normas técnicas, marcos de contratación y acuerdos bilaterales—, este es un proceso que se está dando de manera desigual, ya que en general los marcos de gobernanza han sido creados fundamentalmente por países con sectores avanzados en IA, mientras que los países más expuestos a las consecuencias de esta tecnología han tenido menor voz en el diseño de dichos marcos.
Por otra parte, la gobernanza que propone la ONU y otros organismos multilaterales apunta a garantizar que las voces de los territorios menos representados tengan un lugar en la mesa donde se discute el futuro digital del planeta.
El titular de las Naciones Unidas ha realizado un llamado para que se establezcan controles de gran alcance mundial que tengan en cuenta el bienestar de las infancias y también el hecho de que la IA se ha ido incorporando a los campos de batalla, y los robots asesinos no son ya un invento de ciencia ficción.
En este marco, la ONU y la Unión Internacional de Telecomunicaciones crearon el pasado 1° de julio una comisión global que pretende conectar el desarrollo de la inteligencia artificial con la toma de decisiones al más alto nivel, reuniendo a líderes políticos, representantes de organismos multilaterales y directivos de grandes empresas tecnológicas.
La idea que subyace en esta convocatoria es que el progreso tecnológico no debe estar reñido con la protección de los derechos digitales. Asimismo, existe preocupación por las grandes interrogantes que plantea la IA respecto al sesgo en los datos, la difusión de desinformación y la ciberseguridad de infraestructuras críticas. Las implicaciones de riesgo que puede tener la IA en la vida cotidiana no son pocas. Una respuesta que aparece en forma repetida es que el despliegue de decisiones automatizadas en áreas sensibles —como la asignación de subsidios, la evaluación de créditos, los procesos de selección, la administración de justicia y el manejo de datos personales y de salud— está generando nuevas brechas que perpetúan y profundizan desigualdades históricas.
Una IA responsable no depende del diseño abstracto de un código informático, sino de personas reales que la entrenan, deciden qué datos incluir, definen perfiles de usuarios estándar o generan sesgos a partir de invisibilizar realidades complejas en cuestiones de género, pertenencia étnico-racial, comunidades rurales o sectores vulnerables. Hasta ahora los algoritmos continúan operando como cajas negras que muchas veces replican sesgos clasistas o machistas bajo una falsa fachada de neutralidad técnica. Es por eso que la gobernanza de la inteligencia artificial debe dejar el plano de las declaraciones abstractas de principios éticos para convertirse, además, en protocolos operativos rigurosos.
No podemos permitir que estas herramientas tecnológicas moldeen la opinión pública, y que la educación y el trabajo queden bajo el control exclusivo de un puñado de corporaciones tecnológicas de alcance global.
En este plano de pensamiento cabe preguntarse si uno de los más grandes desafíos de nuestra época no es descifrar qué tan inteligentes pueden llegar a ser las máquinas, sino asegurar que la tecnología no termine deshumanizando nuestras formas de convivir, educar y trabajar. Y es desde esta mirada donde hackear la IA puede significar la reivindicación de los espacios comunitarios, el valor de la lectura en papel y las bibliotecas físicas, el trabajo colectivo, el encuentro presencial y el derecho a la desconexión, no como un acto anacrónico sino como un ejercicio de resistencia y lucidez.
Frente a la inmediatez del algoritmo que todo clasifica y automatiza en fracción de segundos, la contraofensiva va por el fortalecimiento de los lazos humanos locales, la protección de las infancias frente a los entornos digitales desregulados y la valoración de la experiencia humana como saber que ninguna máquina podrá descargar. La IA no tiene el poder de cambiar lo que pensamos; es el poder que le otorgamos lo que nos lleva a cambiar y hasta perder habilidades que antes teníamos. Habrá que ver quién le pone el cascabel al gato, porque tampoco se trata de anclarnos al pasado, sino de que el progreso tecnológico vaya de la mano de la equidad y la dignidad humana.

A esta altura de los acontecimientos, nadie desea con más ansias que se termine el Mundial 2026 que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Y eso que, como nosotros, la mayoría de las selecciones ya están eliminadas de la competencia y esperan pronta revancha en las competencias que vendrán. Pero el escándalo que viene protagonizando el organismo rector del fútbol no tiene precedente. Y eso que hubo todo un ejecutivo descabezado por un escándalo de corrupción al que se denominó FIFA Gate, por la compra de votos para la adjudicación de la sede mundialista a Catar, desplazando a Estados Unidos, que pretendía organizar la Copa en 2022.

Cómo será la cosa que Joseph Blatter, quien presidía el ejecutivo por ese entonces, se expresó en la antigua Twitter sorprendido y reclamando por la falta de rumbo de la FIFA actual.

¿Qué pasó? La FIFA decidió suspender la pena a un futbolista de la selección de Estados Unidos sancionado con tarjeta roja en su compromiso frente a Bosnia y Herzegovina. No cualquier jugador: Folarin Balogun es el más desnivelante de los delanteros del país norteamericano, que comparte la organización del torneo con México y Canadá. Sorpresivamente, la FIFA dio a conocer que la suspensión automática para el partido siguiente —de la que es objeto cualquier jugador que resulta expulsado— había sido levantada, aplicando de forma excepcional el artículo 27 de su Código Disciplinario.

Esta sorpresiva determinación desencadenó una serie de repercusiones, entre los enojos de las demás federaciones participantes, en especial la de Bélgica —el siguiente rival de los estadounidenses— y de la propia UEFA, confederación a la que pertenecen. Poco después, el periódico New York Times, que mantiene a su vez una disputa aparte con el presidente de Estados Unidos, dio a conocer una versión escandalosa sobre cómo terminó levantándose la pena de Balogun. Según el medio neoyorquino, el presidente Donald Trump llamó a Gianni Infantino en las horas posteriores al partido y “le pidió que revisara la suspensión del máximo goleador del equipo en la Copa del Mundo, Folarin Balogun, después de que se le dio una tarjeta roja, según cuatro personas familiarizadas con la conversación. El domingo, la FIFA revirtió la suspensión y anunció que el Sr. Balogun sería elegible para jugar el lunes contra Bélgica”.

Detalla además que “altos funcionarios de la administración Trump, incluido Howard Lutnick, el secretario de Comercio, y Andrew Giuliani, el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca en la Copa del Mundo, contrataron abogados para ayudar a los Estados Unidos. La Federación de Fútbol intenta apelar, a pesar de las reglas de la FIFA contra tales apelaciones, según dos de las personas familiarizadas con la llamada”.

Pero incluso el propio Donald Trump salió a hablar del tema reconociendo su participación en el asunto. “Vi la jugada, y soy una persona que ama los deportes. Eso no fue una falta. Ni siquiera fue una infracción. Este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su historial, tomó una decisión que nadie podía creer. Es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores, y le sacó una tarjeta roja. No sabía qué significaba eso. Sí, pedí una revisión por parte de la FIFA”, declaró el mandatario.

Todo en apariencia muy inocente, muy cristalino, si no fuera porque la FIFA tiene estrictas normas que aluden a la intromisión gubernamental, que incluyen la prohibición de que gobiernos o políticos interfieran en las federaciones de fútbol locales. Sus estatutos exigen que sus miembros sean independientes y autónomos, y si un gobierno interviene, la federación correspondiente se expone a fuertes sanciones, incluida la suspensión inmediata de todas sus competiciones y eliminatorias internacionales. Para muestra un botón: la FIFA llamó la atención a la Asociación Uruguaya de Fútbol en 2014, luego de que el entonces presidente de la república, José Mujica, se reuniese con quien era entonces titular de la AUF, Sebastián Bauzá, y los presidentes de Nacional, Eduardo Ache, y de Peñarol, Juan Pedro Damiani. “El órgano rector del fútbol mundial quiere conocer las razones que llevaron a las autoridades del fútbol uruguayo a reunirse con el presidente de la República en la sede del gobierno nacional (Torre Ejecutiva), y el motivo por el que la Policía ya no custodia los partidos que se disputan en el estadio Centenario y el Gran Parque Central, el estadio de Nacional”, publicaba Subrayado.
Pero este celo no pesó en esta instancia, en la que no solamente se aceptó dar trámite a la solicitud de revisión de la pena, sino que además se resolvió favorablemente, ocasionando un caos reglamentario en la competencia actual, en próximos torneos y en la propia estructura de la FIFA, habitualmente tan inflexible.
Infantino salió a tratar de relativizar la situación y justificar la decisión. “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, aunque reconoció sus contactos con Trump durante la Copa del Mundo. “Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes”.
No es ajeno a nadie que la FIFA, y en particular Infantino, tiene debilidad por Trump, tanto que le otorgó el año pasado el Premio de la Paz de la FIFA, un premio que no existía hasta entonces.
La FIFA lo creó y se lo dio a Trump, que por ese entonces estaba determinado a conseguir que le otorgasen el Premio Nobel de la Paz, premio que finalmente se entregó a la venezolana María Corina Machado y que ella a su vez le cedió al propio Trump.
Este episodio ha motivado que desde la interna de la FIFA y desde las diferentes confederaciones surjan miradas de desconfianza hacia la conducción del actual presidente. Habrá que esperar los movimientos políticos que vendrán, que se cuecen a fuego lento.
Ya este Mundial venía precedido de algunas controversias, como las pausas de hidratación y el anuncio de un entretiempo más extendido en la final al modo del Superbowl, pero este episodio puede ser la gota que colme el vaso de la paciencia con respecto a un anfitrión que no se lleva con el fútbol, por más que lo intenta una y otra vez, a fuerza de billetera y de influencia política, como en este caso, sin entender que hay cosas que no se pueden comprar. ¿O sí?

Con la llegada del invierno se repite un fenómeno que ya forma parte del calendario sanitario. Las bajas temperaturas, los cambios bruscos de clima y la permanencia de las personas en ambientes cerrados generan el escenario propicio para la propagación de virus y bacterias responsables de las enfermedades respiratorias de estación. Los servicios de emergencia y las consultas médicas vuelven a congestionarse, mientras resfríos, gripes, Covid-19 y otras afecciones encuentran las condiciones ideales para multiplicarse, especialmente entre quienes presentan enfermedades crónicas o factores de riesgo como asma, diabetes, cardiopatías o inmunodepresión.
No se trata de una situación nueva. Cada invierno pone a prueba la capacidad de respuesta del sistema sanitario y también la responsabilidad individual. Sin embargo, detrás y paralelamente a este incremento estacional de las enfermedades se esconde un problema mucho más profundo y silencioso, cuya magnitud recién comienza a ser plenamente comprendida: la creciente resistencia de microorganismos y parásitos a los tratamientos que durante décadas permitieron controlarlos con relativa eficacia.
Con frecuencia conocemos casos de pacientes cuya evolución se complica por infecciones intrahospitalarias o por bacterias que ya no responden a los antibióticos tradicionales. Lo que hasta hace algunos años podía resolverse con un tratamiento relativamente sencillo hoy exige medicamentos más específicos, tratamientos prolongados o la combinación de varias drogas. En algunos casos, incluso, las opciones terapéuticas comienzan a agotarse.
Lejos de tratarse de un fenómeno exclusivo de la medicina en el ser humano, estos procesos se dan también en el mundo animal, y un ejemplo claro es que Uruguay enfrenta un problema de similares características en uno de los pilares de su economía: la producción ganadera. La resistencia que ha desarrollado en los últimos años la garrapata frente a numerosos plaguicidas representa un desafío sanitario y económico de enorme magnitud. Los productores deben recurrir a tratamientos más costosos, más complejos y, muchas veces, con resultados cada vez menos satisfactorios.
Aunque pueda parecer que se trata de dos problemas completamente distintos, ambos comparten un origen común: el uso inadecuado, excesivo o repetitivo de las herramientas destinadas a controlar organismos perjudiciales. La automedicación, el empleo de antibióticos para enfermedades virales donde no tienen ningún efecto, la interrupción prematura de los tratamientos o su utilización indiscriminada ejercen una fuerte presión sobre las bacterias. En el campo ocurre algo similar cuando se aplican reiteradamente los mismos principios activos, se utilizan dosis incorrectas o se realizan tratamientos sin un adecuado monitoreo sanitario.
Existe además una idea muy difundida, aunque equivocada, según la cual las bacterias o las garrapatas “aprenden” a defenderse de los medicamentos y productos sanitarios. En realidad, lo que ocurre responde a uno de los principios fundamentales de la biología: la selección natural.
Ocurre que dentro de cualquier población de bacterias, virus, parásitos o incluso garrapatas existen diferencias genéticas naturales. Algunos individuos, por simple variabilidad biológica, poseen una mayor tolerancia frente a determinado antibiótico o plaguicida. Cuando se aplica repetidamente el mismo tratamiento, la mayor parte de la población desaparece, pero esos individuos naturalmente resistentes sobreviven. Posteriormente se reproducen sin competencia y transmiten esa característica a sus descendientes. Con el paso del tiempo, la población termina integrada mayoritariamente por organismos resistentes, reduciendo de forma considerable la eficacia de las herramientas disponibles.
No es solamente la intervención humana la que crea directa o indirectamente esa resistencia desde cero. Lo que hace es acelerar un proceso evolutivo que, de otro modo, avanzaría mucho más lentamente. En otras palabras, somos nosotros quienes, muchas veces sin advertirlo, favorecemos la supervivencia de aquellos individuos que mejor soportan los tratamientos destinados precisamente a eliminarlos.
Paradójicamente, este mismo mecanismo ha permitido la supervivencia de la propia especie humana y de innumerables especies animales a lo largo de millones de años. Las grandes epidemias que diezmaron poblaciones enteras también actuaron como un poderoso filtro evolutivo. Aquellas personas que, por variaciones genéticas heredadas, presentaban una mayor resistencia frente a determinadas enfermedades tenían mayores probabilidades de sobrevivir y transmitir esas características a sus descendientes. Generación tras generación, las poblaciones fueron adquiriendo una resistencia promedio superior frente a algunos agentes infecciosos.
Sin embargo, la selección natural no convierte a las personas en inmunes ni reemplaza el papel decisivo que han tenido la ciencia y la medicina. La desaparición de las grandes epidemias que en otros tiempos devastaban continentes no puede atribuirse únicamente a la evolución biológica. Las vacunas, los antibióticos, las mejoras en la higiene, el acceso al agua potable, el saneamiento ambiental, una mejor alimentación y los enormes avances de la medicina moderna han sido, probablemente, los factores más determinantes para aumentar la expectativa y la calidad de vida de la humanidad.
De hecho, la pandemia de Covid-19 dejó una enseñanza que no debería olvidarse. Los microorganismos también evolucionan. Mientras los seres humanos desarrollan nuevas estrategias para combatirlos, virus y bacterias continúan modificándose, generando nuevas variantes y adaptaciones. Se trata de una carrera permanente en la que ninguna victoria puede considerarse definitiva.
Precisamente por ello, preservar la eficacia de los antibióticos y de los productos veterinarios disponibles constituye una responsabilidad colectiva. No basta con desarrollar nuevos medicamentos si los existentes continúan utilizándose de forma irracional. Cada antibiótico prescrito sin necesidad, cada tratamiento interrumpido antes de tiempo o cada aplicación indiscriminada de un plaguicida contribuyen, aunque sea de manera imperceptible, a fortalecer a los organismos más resistentes.
La solución exige una estrategia integral. En medicina implica evitar la automedicación, realizar diagnósticos precisos y utilizar antibióticos únicamente cuando son realmente necesarios y bajo supervisión profesional. En la producción agropecuaria supone implementar programas de manejo integrado, rotación adecuada de principios activos, monitoreo permanente y estricto cumplimiento de las recomendaciones técnicas. Pero también demanda educación, investigación científica y políticas públicas sostenidas que promuevan el uso responsable de estas herramientas.

“Si la Policía detiene cada vez más delincuentes, la Justicia los procesa y aumenta día a día la población carcelaria, ¿por qué siguen apareciendo cada vez más delincuentes que generan un clima de inseguridad?”, preguntó en 2013 el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, durante un desayuno de trabajo organizado por “Somos Uruguay”.
Por aquellos días, el exsecretario de Estado hacía una fuerte referencia a la crisis de 2002 y a los cambios sociales que provocó la profunda debacle económica rioplatense, con un incremento de la pobreza y el desempleo.
Sin embargo, 24 años después, con la estructura de un sistema financiero sólido, una reducción de la pobreza y el desempleo, un aumento de las transferencias del Estado y sucesivos informes oficiales que destacan esas mejoras, cabe preguntarse: ¿cuál es la explicación para el aumento de la violencia asociada a la delincuencia y su profundización en las zonas más vulnerables de las ciudades?
Lo cierto es que no existe un correlato directo entre el crecimiento económico y la reducción del delito. Durante la década de 2010, el auge de los precios de las materias primas (commodities) impulsó con fuerza las exportaciones uruguayas, especialmente de productos clave como la soja, la carne y los lácteos.
Pocos recuerdan que en 2010 la economía uruguaya creció cerca de un 8% —para 2026 se estima una expansión de apenas 1,6%—, acompañado de un incremento histórico del consumo de los hogares. Después, la historia fue conocida: la economía se desaceleró y, durante los cinco años siguientes, se redujeron significativamente los ingresos por exportaciones. Al mismo tiempo, el delito avanzaba y la inseguridad ciudadana comenzaba a escalar hasta convertirse, desde 2009, en la principal preocupación reflejada por las encuestas, lugar que mantiene hasta hoy.
En los años siguientes, el país logró adaptarse a los vaivenes de la economía internacional, favorecido en distintos momentos por factores globales, como conflictos bélicos que impulsaron nuevamente algunos precios de exportación. Sin embargo, los indicadores sociales continuaron deteriorándose. Los índices delictivos crecían, la inseguridad dominaba los discursos de campaña, se impulsaban consultas populares para modificar la legislación penal y el miedo dejaba de ser una simple “sensación térmica”.
En la actualidad, el panorama es aún más complejo. La desaceleración económica pone en evidencia las dificultades para reducir vulnerabilidades sociales de carácter multidimensional, como la pobreza y la violencia, mientras las brechas se profundizan entre niños y adolescentes.
Con el paso de las distintas administraciones, la persistente desigualdad territorial marcó otro punto de inflexión. Las inversiones se concentraron en las zonas cercanas a los principales centros de consumo y con mejores condiciones logísticas. Al mismo tiempo, las fuentes tradicionales de empleo comenzaron a disminuir y la irrupción de las nuevas tecnologías encontró a una parte importante de la población con enormes dificultades para insertarse en el mercado laboral.
Así, el norte del país, históricamente más alejado de los principales polos de desarrollo, profundizó sus niveles de informalidad y bajos salarios. Sin embargo, la zona metropolitana, pese a exhibir mejores indicadores de desarrollo humano, concentra buena parte de la precariedad habitacional y mantiene elevados índices de homicidios y rapiñas.
El crecimiento económico que proyectan los consultores privados e incluso el propio gobierno difícilmente alcance para reducir esas brechas estructurales, aun considerando los incrementos de las transferencias monetarias destinados a los sectores más vulnerables. Ese es un desafío de largo plazo, porque se trata de poblaciones que seguirán viviendo en los mismos territorios donde se reproducen las desigualdades. En las periferias urbanas, el componente territorial también se ha convertido en un factor cultural de enorme peso.
La reducción del delito no es automática ni depende exclusivamente de la evolución de la economía. La clase política lo sabe, aunque con frecuencia continúe midiendo el éxito o el fracaso de las administraciones a partir de las estadísticas de criminalidad. En las últimas décadas se consolidó una subcultura que erosionó valores esenciales como la tolerancia, la convivencia, el respeto por la vida y la cultura del trabajo. Para muchos, esa lógica terminó convirtiéndose en una forma de vida que se expande y se profesionaliza.
El crimen organizado y la violencia ejercen una presión permanente sobre numerosos barrios y obligan a desplegar operativos policiales pocas veces vistos. Un ejemplo reciente fue el operativo realizado en el barrio Peñarol, donde se dispuso la intervención de 60 efectivos y un helicóptero para enfrentar un poder de fuego que luego quedó demostrado con la incautación de cargadores tipo caracol y un arsenal que evidenciaba una planificación considerable.
A ese episodio pueden sumarse otros ocurridos en los últimos días, que dejaron varios policías gravemente heridos. Se trata de una delincuencia que incrementa su poder de fuego, mejora su logística y perfecciona sus mecanismos de inteligencia.
Frente a este escenario, resulta evidente que el problema no se resolverá únicamente insistiendo en la reducción de la desigualdad social o de la exclusión, aunque ambas continúen siendo objetivos indispensables. Los desafíos aparecen cuando esas políticas deben traducirse en resultados concretos. La ciudadanía, como reflejan de manera reiterada las encuestas, se inclina cada vez más por respuestas rápidas y punitivas.
Esa demanda social suele traducirse en propuestas más coercitivas, similares a las impulsadas históricamente por gobiernos de perfil más conservador y cuestionadas durante años por el progresismo uruguayo.
Hoy, sin embargo, también ese espacio político enfrenta la necesidad de contener el avance del crimen organizado, reconocer que algunos territorios presentan niveles de complejidad muy superiores a otros y revisar sus propias tensiones internas frente a un fenómeno que ya no admite simplificaciones.
En la calle, en la academia y en los distintos ámbitos de debate existe un amplio consenso sobre un punto: la inseguridad constituye un problema real, más allá de cualquier interpretación ideológica. Las respuestas también deben ser reales.
Requieren planificación estratégica, políticas de Estado sostenidas en el tiempo y un equilibrio entre prevención social y una represión eficaz del delito. Y, sobre todo, necesitan menos discusiones estériles y más capacidad de ejecución, porque buena parte del diagnóstico ya está hecho.

El Consejo de Ministros de España ha agendado para su próxima sesión retirarle al psiquiatra español Antonio Vallejo-Nájera la Gran Cruz de la Orden Civil de la Sanidad. Este médico, que recibió el mote del “Mengele español”, sostenía, textual, que era necesaria una limpieza de la raza, que las mujeres tenían la inteligencia atrofiada y que “su única misión era tener hijos para la patria”, y sin embargo sigue conservando una de las máximas condecoraciones que otorga el Estado español, en este caso otorgada por el régimen franquista.
Un hombre que sostenía que quienes defendían la igualdad social y por tanto la igualdad política eran mentalmente inferiores. Para no quedarse en mínimas, calificaba a “las personas progresistas como enfermas”, dedicando buena parte de su vida a buscar un inexistente gen rojo que, según él, había que extirpar.

Las inhumanas teorías de Vallejo-Nájera sirvieron para justificar robos de bebés durante la dictadura de Francisco Franco, con el objetivo de impedir que heredaran la supuesta degeneración ideológica de sus padres y madres.

Por estos méritos, la dictadura le entregó la Gran Cruz de la Orden Civil de la Sanidad. Los demócratas de hoy quieren poner ahora las cosas en su sitio. Además de resumir la prédica de este impresentable, entienden que una medalla de Estado no es un simple trofeo, sino el reconocimiento público a una trayectoria, a unos méritos y, por tanto, a unos valores.

Ahora se anuncia que en la próxima sesión del Consejo de Ministros se procederá a completar “los trámites definitivos para retirarle esta condecoración, porque ninguna democracia puede seguir homenajeando a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad”.

¿Quién fue este Mengele?

Antonio Vallejo-Nájera Lobón nació en Paredes de Nava el 20 de julio de 1889 y murió en Madrid el 25 de febrero de 1960. Es considerado el “Mengele español” o “el Mengele de la psiquiatría franquista”. Formuló aberrantes teorías racistas, junto a otros supuestos que sirvieron para excusar depuraciones del franquismo.
Este médico español, primer catedrático numerario de Psiquiatría en la Universidad de Valladolid, se licenció en 1909 y enseguida ingresó al Cuerpo Militar de Sanidad. Fue condecorado por su actuación en las acciones de guerra de la época. Prestó servicio en Marruecos como miembro del Cuerpo de Sanidad Militar. En 1917 fue nombrado agregado de la embajada de España en Berlín, como miembro de la comisión militar que debía inspeccionar los campos de prisioneros de guerra. Por el celo puesto en el cumplimiento de esta misión se le otorgaron varias condecoraciones de diferentes países europeos.
Escalando
Durante los años de permanencia en Alemania tuvo oportunidad de conocer las clínicas psiquiátricas que marcaban línea en esos asuntos ya referidos. Conoció de primera mano las lecciones de Emil Kraepelin, Ernst Kretschmer, Hans Walter Gruhle y Gustav Schwalbe, cuyos trabajos influyeron en su concepción racista, como más tarde lo formularía sin disimulo. Tal fue la honda influencia que estos dejaron en él, que a la luz de estas cercanías fueron determinantes para que Vallejo-Nájera resolviera definitivamente que su vocación estaba en la Psiquiatría.

En ese período tradujo al castellano las obras de Gruhle y Schwalbe. A su regreso a España, optó por residir en Madrid. A partir de 1930, ejerció la dirección de la clínica psiquiátrica de Ciempozuelos.

Con Franco como amigo

Para que no hubiera duda alguna de su estrecha relación con el general Francisco Franco, “caudillo de España por la gracia de Dios”, le dedicó su libro sobre la psicopatología de la guerra, al que incorporaba algunos “estudios” previos sobre la relación entre marxismo y deficiencia mental, «en respetuoso Homenaje de admiración al invicto Caudillo Imperial, Generalísimo de los Ejércitos Españoles de Tierra, Mar y Aire».
Tanto en España como en los países de la órbita fascista, los teóricos políticos alineados con el régimen generaron teorías justificativas del liderazgo.

La teoría política franquista ubica al caudillo español en igual condición que los regímenes de liderazgo europeos, como el Duce y sus fascistas y el Führer y su partido nazi. Los escribas de Franco destacan dos atributos propios: el origen militar y la legitimación teocrática carismática.

Franco alcanzó el grado de general de brigada a los 33 años. La carrera política y militar de Franco fue muy vertiginosa, y fueron trascendentes para su victoria militar los apoyos de la Italia fascista y la Alemania nazi. Pero también la unificación de las derechas bajo el paraguas autoritario del culto a su personalidad.

Volviendo a la vergüenza

En el campo de los aportes, aberrantes aportes, Vallejo Nájera promovió una noción personal de eugenesia, con la intención de reconciliar las doctrinas alemanas de higiene racial de autores como Schwalbe con los requisitos de la doctrina moral católica, opuesta a las medidas estatales de restricción eugenésica. Defendió la eugamia, una política eugenésica implementada mediante trabajos de orientación prematrimonial basados en la evaluación biopsicológica de la personalidad de la pareja.

Vallejo Nájera llevó a cabo experimentos con prisioneras del Ejército Republicano Español y de las Brigadas Internacionales para establecer “las raíces bio-psíquicas del marxismo” y encontrar el “gen rojo”. Para Vallejo Nájera, los marxistas eran retrasados genéticos y el marxismo una enfermedad mental: “A priori, parece probable que psicópatas de todo tipo se unieran a las filas marxistas… Dado que el marxismo va de la mano con la inmoralidad social… presumimos que esos fanáticos que lucharon con armas mostrarán temperamentos esquizoides”.

La dimensión deshumanizadora de este médico se aprecia en toda su magnitud al recordar que bajo su dirección, hasta 1943, 12.043 niños habían sido separados de sus madres y entregados a orfanatos o familias franquistas, pero el número de niños arrebatados a sus padres según oenegés ronda los 30.000.
Vallejo Nájera contribuyó a justificar la represión franquista de posguerra. Dijo que los rojos deben “sufrir el castigo que merecen, siendo la muerte la más fácil de todas. Algunos vivirán en el exilio permanente… Otros perderán su libertad, gimiendo durante años en prisiones, purgando sus crímenes con trabajo forzado para ganarse el pan de cada día…”

La dignidad

El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado este viernes la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera por servirse de sus teorías pseudocientíficas para llevar a cabo políticas de odio y represión durante la dictadura.
Para el gobierno español “se trata de rescatar para la memoria democrática a quienes fueron víctimas; es un acto de justicia y de reparación”.

Aunque tardío, siempre vale la pena devolver dignidad a las víctimas y mandar al oscuro silencio del olvido a los cultores de la muerte y la inhumanidad como Vallejo-Nájera.

 

 

Y si, no hay golpe más fuerte que el que provoca la caída de una ilusión. En materia de fútbol y mundiales ni que hablar. A mi me pone triste por mi bisnieto Felipe, tiene 7 años, los mismos que yo tenía cuando lo de Maracaná. No se me borra.
Eran los años aquellos de que “como el Uruguay no hay”.
Pero eso fue; ahora es otra cosa y hay que ocuparse de estas otras cosas; por sobre todo no dejar que los sueños se transformen en una forma de onanismo perverso, que nos hagan pasar por alto algunas señales, cada vez más repetidas y otra vez autoengañarnos con la esperanza de que en el 2030, en que se cumplen 100, será distinto, porque todo empezó aquí: en el Estadio Centenario y éramos los dueños de la pelota.

La realidad es una y es la que duele. Digan lo que te digan.
El presidente nos dice que no hay inflación, que la tenemos dominada, que es una buena noticia. Y lo es: pero la vida cotidiana dice otras cosas y la gente no entiende: se le hace difícil atar las dos moscas por el rabo: no hay inflación, la tenemos dominada pero es el país más caro del mundo. ¡Del mundo! Una lechuga que hace unas semanas valía 40 pesos ahora vale 59, y eso es difícil de explicar, y de entender. Los empresarios, que les duele, cierran, se achican o se van. Los inversores que están bien informados, y que rascan pa’dentro y con todo derecho, se cuidan.

Si alguien habla de “atraso cambiario” –que para muchos por ahí va la cosa, esto es, la explicación– desde el Ministerio de Economía y más desde el Banco Central te califican poco menos que de retardado. El presidente del BCU te dice que tener o ahorrar en dólares es mal negocio –que es de tontos, no te lo dice así, pero te lo da a entender– y va mas allá, te presiona, te induce y hasta como que te advierte que no es muy patriótico eso de salirse del peso para pasarse a dólares. Se dice que hay que explicarle al ciudadano común que depositar dólares –“dolaritos” digamos– no es negocio; no sé si también se le va a hablar de los eventuales riesgos de renunciar a su “seguro de cambio” y de si el BCU lo va a resarcir en el caso de que falle la recomendación.

Como si las dudas y miedos fueran pocos, la oposición va y te dice que el propio ministro de Economía tiene sus ahorros –la mayoría– en dólares y también el titular del BCU admite que, en parte, se maneja en dólares. ¿Pero cómo?
Si el dólar está barato, y en esto no hay confusión ni se necesita que vengan a decírtelo, viajar al exterior es más barato o comprar productos importados, por ejemplo. Y pasa lo que pasa. Si la cerveza importada esta más barata cambiás y las Fábricas Nacionales de Cervezas envían gente al seguro de paro, cierran plantas y consideran la eventualidad de no continuar en el país –en el que cada vez los costos son más altos– salvo como depósito, e importar cerveza de sus propias fabricas, elaborada en otras países de la región donde “los costos para operar” son menores. Uruguay lo único barato que ofrece son dólares.

La economía te ubica y se puede “guitarrear” poco. Por supuesto que si las Fábricas de Cerveza fueran del Estado –como la fábrica de portland–, ahí sí bajarían el precio de la bebida para competir y subirían en algo el de los combustibles, tomarían menos policías o le aumentarían el IASS a los jubilados. Pan para hoy y hambre para mañana.
Soñar a veces cuesta mucho.

En el mes de mayo, la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, a quien con posterioridad presentó una serie de propuestas orientadas a mejorar la competitividad, impulsar la inversión y consolidar al turismo como un sector estratégico para el crecimiento del país. Es una idea con la que la Cámara viene trabajando desde hace tiempo, a partir de datos sólidos que reflejan el impacto que tuvo el sector en los números de la economía nacional cuando alcanzó, en 2017, el récord en cantidad de visitantes. Pero el concepto no es exclusivo del sector privado, de los empresarios; el propio ministro Pablo Menoni, en su discurso de asunción, decía que el turismo tenía —tiene— el potencial de aportar los puntos de crecimiento en el PBI que el país necesita.

Este informe, presentado ante Economía y otros ámbitos del gobierno, fue elaborado como un insumo para el intercambio institucional y en él se abordan “los principales desafíos que enfrenta actualmente la actividad, entre ellos la pérdida de competitividad, la caída de la rentabilidad, las dificultades para atraer nuevas inversiones y la necesidad de fortalecer la promoción internacional de Uruguay como destino turístico”.

Se destaca allí que el turismo representa “entre el 6% y el 7% del Producto Bruto Interno, genera más de U$S 2.000 millones anuales y aporta más de 120.000 puestos de trabajo directos e indirectos”. Además, la cámara destaca que esta actividad tiene un impacto transversal sobre diferentes sectores, como la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios. El informe enfatiza la necesidad de consolidar al turismo “como una política estratégica de desarrollo, atendiendo su capacidad para generar empleo, atraer divisas, promover inversiones y dinamizar economías locales en todo el territorio nacional”, que es otra de las características del sector.

En una entrevista con Radio Uruguay, el presidente de Camtur, Fernando Tapia, repasó algunas de las medidas que sugieren como herramientas para conseguir estos objetivos y sentar las bases para un desarrollo a largo plazo del sector.
A modo de ejemplo de las medidas solicitadas y la respuesta desde el Ministerio de Economía, Tapia mencionó la devolución de IVA en gastronomía, “que es un tema muy relevante no solamente para la gastronomía, sino para la competitividad de todo el turismo uruguayo”. Se hizo un planteo para que el beneficio se extienda durante todo el año y que alcance al 100% del IVA, al igual que en alta temporada. “Nosotros estamos proponiendo que fuera durante todo el año y que no fuera un decreto como sale todos los años, sino que sea una ley, para que se quede establecido y eso se pueda promocionar en el exterior sin estar pendiente de que se haga el decreto cada año”, señaló.

El Ministerio, aunque estaba de acuerdo en sostener el beneficio durante todo el año, tiene la intención de que el descuento sea de nueve puntos de IVA —y no el 100% del impuesto— durante todo el año, incluyendo el verano. De todos modos, Tapia destacó la predisposición a escuchar al sector, intercambiar ideas “y tratar de llegar a consensos para que la competitividad, que es un tema tan relevante para el país y para el turismo en particular, sea algo que trabajemos en conjunto en el futuro”.

Ahora bien, este ejemplo de la diferencia entre lo que plantea el sector turístico y lo que está dispuesto a otorgar el gobierno —el Estado, a la postre— es un buen reflejo de la discusión de fondo que el país no termina de cerrar. Mientras el sector privado reclama que se afloje un poco más la cincha para poder trabajar y competir en mejores condiciones frente a empresas de países vecinos que han obtenido mejores condiciones de parte de sus gobiernos, en estados con menores presiones y reglas de juego más flexibles, en especial en las relaciones de trabajo, en Uruguay el Estado está en una fase de búsqueda de cada peso que pueda encontrar para tratar de acercarse —que no de cumplir— con los compromisos asumidos ante sectores de la población que desde el comienzo se sabían difíciles de concretar.

Es, al final del día, como el viejo dilema del huevo y la gallina. Porque quizás quitando presión sobre los privados y mejorando las condiciones de competitividad, el impacto que se obtendría en la recaudación podría llegar a ser el mismo por efecto de la mayor actividad y de la mayor ocupación, pero este es, por supuesto, un camino más largo. En cambio, la opción sigue siendo ir detrás del último peso que se pueda obtener de los que ya aportan, porque tampoco es que se esté haciendo un esfuerzo mayor por combatir la informalidad —que vive y lucha—. Lejos quedó aquel concepto del primer gobierno frenteamplista de que paguemos todos para que todos paguemos menos.

El turismo es uno de los sectores que más rápidamente transfiere su crecimiento al resto de la economía, por la diversidad de ramas de la actividad que involucra y por las características del trabajo que genera, con mucha presencia de jóvenes y de mujeres. La Cámara considera que el potencial del sur de Brasil es el de generar una cantidad de turistas similar a la que nos aporta Argentina, pero la mayoría de los millones de vecinos norteños ni siquiera considera hoy a Uruguay como una opción. He ahí una ventaja, porque una campaña para venir a conocernos podría dar un resultado interesante para sentar una base. Claro, ello implicaría hacer un determinado sacrificio al que hoy el gobierno no parece estar dispuesto: realizar una campaña con un impacto realmente relevante, porque esa es otra característica del turismo: necesita una inversión importante en difusión para esperar resultados.

Una vez más tenemos que hacer mención al Vertedero Municipal y ahora a la licitación pública 25/2026 sobre la gestión integral de residuos sólidos urbanos del departamento de Paysandú, de reciente publicación en el portal de compras estatales. Lo primero que debo destacar, es que esta licitación tiene la intención de conceder a un privado la recolección de residuos de lo que denomina la Zona C, delimitada por las avenidas Salto, Soriano, Bulevar Artigas y el río, a un privado.

+Además de eso, pretende otorgar a los privados, otras acciones referidas a la recolección de residuos en otras zonas de Paysandú y también del interior departamental; el llamado incluye también la construcción de un nuevo relleno sanitario con una vida útil de 10 años, y un largo etcétera. Lo primero que debemos decir, es que este llamado se produce sin haber explicado Olivera y su equipo, qué fue lo que pasó con la experiencia Sandeco, y sin rendir cuentas a la población de la deuda que nos deja esta experiencia fallida de empresarios amigos.

En segundo lugar, en este interregno previo al llamado y para justificar el porqué de que Teyma esté gestionando el Vertedero, la IDP ha dicho que se le adjudicó ese encargo a la empresa porque ella fue quien salió segunda en la licitación por la que se eligió a Sandeco, y que por eso se la elegía hoy. Pues si bien eso en parte es verdad, fue la segunda de ese llamado, ahora no se la eligió por esa razón. Si le lee el expediente N.° 50/0434/2025 iniciado el 8 de diciembre de 2025, de allí emerge que fue Teyma bajo la firma del Ingeniero Luis Horta, quien le hizo llegar a Carlos Batista, director de la IDP, una propuesta técnica y económica para hacerse cargo del Vertedero, y que de la lectura de todo ese expediente en ningún momento se hace mención a que Teyma hubiera salido segunda en ninguna licitación.

Es más, de la Resolución por la que se le da la licitación en forma directa, emerge del propio intendente, que fue Teyma la que acercó una propuesta técnica y económica para hacerse cargo del sitio. Entonces, las cosas como son, no es verdad la versión que da la IDP; Teyma aparece por voluntad propia, uno no sabe si porque se enteró del asunto o porque el intendente le avisó, en su viaje a Europa, los problemas que había con Sandeco. Creo que hacernos trampas al solitario a esta altura del campeonato no es de recibo. Dicho esto, la actual licitación, la N.° 25/2026, también surge, no como una iniciativa de la IDP, sino que se lleva a cabo como consecuencia de que Teyma presentó una iniciativa privada al amparo del artículo 20 de la ley N.° 17.555, donde se supone que hizo una propuesta sobre la gestión de los residuos sólidos de Paysandú, iniciativa cuyo contenido desconocemos, al igual que todos los sanduceros.

Pues bien, una vez presentada esa iniciativa privada, es que la IDP lleva adelante la licitación de la que hablamos, entonces, repetimos, no es que la IDP veía como imprescindible realizar el llamado, lo hace porque la propia Teyma le presenta la iniciativa.
Obviamente que la iniciativa, cuyo contenido se desconoce, fue aceptada por la IDP, no sabemos en base a qué estudios técnicos, lo que implica que Teyma concurre a esta licitación con un 5% a su favor a la hora de valorar su propuesta. Ahora bien, más allá de todo esto, lo que debemos preguntarnos, es cuál es la necesidad de privatizar este servicio esencial de la IDP, qué es lo que lleva a Olivera a querer pagar a una empresa privada una suma que imaginamos millonaria, por hacer algo que es connatural a la existencia de la Intendencia.

Por ahora, no tenemos respuesta, como no la tuvimos con la experiencia de Sandeco y mucho menos con el pago de los 70 mil dólares mensuales a Teyma durante este proceso. Pero además de eso, nos preguntamos, por qué esta licitación no pasó por la Junta Departamental, ya que según el inciso 8.° del art. 273 de la Constitución Nacional, toda concesión de un servicio público departamental, debe pasar por la autorización de la Junta, cosa que en este caso no ocurrió.

Asimismo, en este llamado se interviene en el interior departamental, en un tema que por la ley de descentralización N.° 19.272 art. 13 numeral 7.°, es de competencia de los Municipios; hasta donde sabemos, a ninguno de los involucrados se los ha consultado.

Y uno se pregunta además, ¿qué hará la empresa concesionaria con los funcionarios que hoy están destinados a la recolección de residuos entre las avenidas antes señaladas?; ¿los va a tomar, hará un llamado?, y si pasa esto, qué hará la IDP con estos funcionarios; y Adeyom ¿qué opina sobre este tema que los involucra directamente, balconeará una vez más cuando los derechos del funcionario están en juego? En fin, un conjunto de cuestiones que siguen en agenda porque Olivera no sabe qué hacer con el tema, como no lo supo hasta ahora, y vuelve a tropezar con la misma piedra, confiando en los amigos empresarios para que le saquen las castañas de fuego, y de paso hagan sus pingües negocios. Lo del título: ¿Qué necesidad?

Federico Álvarez Petraglia

La frase “Es la economía, estúpido” (en inglés original “The economy, stupid”) la usó en 1992 por primera vez James Carville, estratega de la campaña presidencial de Bill Clinton contra George Bush (padre). La empleó a modo de recordatorio interno para que el equipo de campaña no perdiese de vista lo que, a su juicio, verdaderamente valoraba el votante “de a pie”, don José, doña María, traído al Estadio Centenario. La frase no ha dejado de ser empleada en diferentes circunstancias porque la idea es que resume el que se considera el factor decisivo a la hora de evaluar a un gobierno: el bolsillo, el empleo, el costo de vida.
“El Uruguay Impulsa para mí es una cachetada de realidad”. Esta frase la dijo la subdirectora nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Mariana Chiquiar, por primera vez en su intervención previa al sorteo, realizado en la referida cartera, de los algo más de 5.500 puestos de trabajo en todo el país. Luego la repitió en una entrevista en Radio Sarandí, donde amplió algo más el concepto, aunque ya desde el comienzo quedaba claro a qué se refería. Es que para quien está en un puesto tan relevante en el área de empleo estas cifras han de ser conmovedoras, igual que para todos, aunque con el agregado de cierto margen de responsabilidad.
“A mí, siempre digo que me conmueve, porque uno está trabajando todo el día en estas cosas y es verdad que son desafíos que son permanentes, pero cuando hacés una convocatoria de este tipo y se presentan 136.822 personas, como se presentaron, la magnitud del desafío es bien importante”.
La cifra no es disparatada, considerando, por ejemplo, que un llamado del Banco de Previsión Social (BPS) para cubrir 86 puestos para auxiliares administrativos en los 19 departamentos del país, con la exigencia de tener aprobado bachillerato, con un sueldo básico mensual de $ 63.132, más otros $ 19.003 de prima por alimentación y una carga de 40 horas semanales, tuvo en setiembre del año pasado más de 129.000 inscriptos.
En el caso de Uruguay Impulsa, con 5.500 puestos para realizar una experiencia laboral de cuatro meses de duración por un salario de tres BPC (unidades básicas de prestaciones), que son algo más de 20.500 pesos, para esos cupos la inscripción fue de 136.000 personas, que después de pasar por el filtro de los requisitos del programa —no tener ninguna prestación salarial ni pública ni privada, no cobrar subsidio por desempleo, enfermedad, pensión ni jubilación— quedaron en 121.000.
Esos algo más de 5.500 cupos “son un enorme esfuerzo de recursos por parte del Estado, porque lo son, porque esto implica más de 500 millones de pesos de un programa que tiene también un trabajo interinstitucional muy rico, muy interesante, que tiene un aporte de Rentas Generales importante, también un aporte de los gobiernos departamentales que costean el 20% de la prestación económica del programa y también del Inefop, que aporta todo el componente de capacitación”.
Entonces, como también decía Chiquiar previo al sorteo, es en sí una alegría poder hacer este esfuerzo para que esta cantidad de uruguayos y sus familias tengan la posibilidad de acceder a este impulso temporal y, en la medida que lo aprovechen, también de acceder a una formación que les permita contar con más herramientas para afrontar los desafíos. Pero no deja de ser una cachetada porque no deja de ser un paliativo y no una solución de fondo, y los números dejan en evidencia que tampoco es numéricamente una respuesta que satisfaga las necesidades de la sociedad. Y estos números de esta edición son superiores a los de ediciones anteriores e incluyen estas prestaciones formativas, que originalmente no eran parte del programa.
Ahora bien, más allá de este programa de inserción, en el tablero laboral no dejan de aparecer más que luces amarillas, y ni hablar si hacemos foco en algunos departamentos que históricamente han sido bolsones de desempleo crónico y otros, como Paysandú, donde en varios momentos de la historia quien quisiera trabajar no tendría dificultades para encontrar dónde hacerlo. Una realidad muy diferente a la de hoy día.
El país tiene problemas de inseguridad, no es descubrimiento alguno decirlo, especialmente cuando hace varios días venimos presenciando un debate sobre el rol que podrían tener los militares —o en este caso específico sus vehículos— en el control de la seguridad interna. Tiene además en estos momentos el gobierno problemas de confianza que se evidencian en una seguidilla de encuestas en las que la disconformidad no deja de crecer, mientras el presidente no termina de resolver un lío armado por él mismo —el de sus vehículos—, cuando ya se está metiendo en otro —un ministro que le sale al cruce en el anuncio de su estrategia de seguridad ciudadana—.
Pero en el fondo estas cosas quedan detrás cuando la principal preocupación es la de llegar a fin de mes, la de no saber qué va a ocurrir con el puesto de trabajo, o qué pasará cuando se termine el seguro de desempleo, si tardará mucho en aparecer otra oportunidad. El gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley de competitividad que pretende mejorar condiciones para el desempeño de las empresas. Son procesos que pueden demorar un tiempo en mostrar resultados; hay además discusiones acerca de si las medidas propuestas son las realmente necesarias y si tendrán el efecto esperado. En cualquier caso evidencia una preocupación extendida entre el gobierno, porque sí, como dijo Chiquiar, esto que evidenció el llamado de Uruguay Impulsa es una auténtica cachetada de realidad.

Durante el mes de junio, apuntando a fortalecer las capacidades para el control sostenible de la garrapata, promover el uso → Leer más

El reciente anuncio de OSE sobre el llamado a licitación para la construcción de la represa de Casupá representa una importante novedad en materia de construcción de infraestructura pública en Uruguay, que además toca un recurso estratégico como el agua.

La decisión, más allá de los diferentes posicionamientos políticos que ha habido sobre el tema, debe interpretarse fundamentalmente como el reconocimiento de una debilidad estructural que el país arrastra desde la crisis hídrica de 2023, que dejó claros los límites de lo admisible en el suministro de agua potable en Montevideo.

La vuelta a la alternativa de Casupá, demuestra que en materia de recursos estratégicos los tiempos de la gestión técnico-ambiental y los ciclos de la política electoral van generalmente por carriles peligrosamente desalineados.

El agua dulce, históricamente visualizada por los uruguayos como un recurso garantizado –y hasta infinito–, podría interpretarse hoy como una frontera crítica para nuestra soberanía nacional.

Los montevideanos en primer lugar, pero también los uruguayos todos, mantenemos clara la imagen de las canillas vertiendo un líquido intomable, salobre y también oscuro. La crisis del año 2023 no fue solo una consecuencia de una anomalía climática –la gran sequía– sino más bien el colapso de un modelo de abastecimiento que confió ciegamente en la generosidad natural de una sola cuenca hídrica para abastecer a la mitad del país residente en la capital. Y así, cuando el río Santa Lucía se redujo casi a un hilo de agua con mucho barro, Montevideo sufrió el impacto menos esperado.

Es necesario en este sentido, repasar la crónica de un debate que dividió las aguas del sistema político y académico nacional. La presa de Casupá, proyectada sobre el Santa Lucía Chico en el departamento de Florida contaba con estudios de viabilidad avanzados y una línea de financiamiento aprobada por la Corporación Andina de Fomento. Sin embargo, el cambio de administración en 2020 supuso un viraje hacia el proyecto Neptuno en la localidad de Arazatí, apostando a tomar agua directamente del Río de la Plata.

Este cambio no fue solo técnico, sino que generó una tensión profunda sobre el modelo de gestión y la asignación de los recursos públicos. El argumento central a favor de Neptuno se basó en la necesidad de contar con una fuente de abastecimiento geográficamente independiente de la cuenca del río Santa Lucía. No obstante, la comunidad científica de la Universidad de la República respaldada por el sindicato de OSE, señaló los riesgos de salinidad y la presencia recurrente de floraciones algales de cianobacterias en la zona de Arazatí.

Se sostenía que potabilizar el agua del Río de la Plata en esas condiciones requeriría un proceso químico y energético demasiado costoso sin ofrecer una garantía absoluta de pureza. La postergación de la obra fue sin lugar a dudas una pérdida de tiempo que el avance del cambio climático no perdona. Ahora, cual péndulo las decisiones políticas nos llevan de nuevo al punto de partida.

La “politización” de la discusión sobre el agua no es patrimonio exclusivo de los uruguayos ni un fenómeno aislado en el continente. América Latina, que tiene importantes reservas de agua dulce, ha sido también escenario de agudas disputas contemporáneas en torno a la gobernanza del agua, incluyendo episodios que van desde la resistencia civil a reformas constitucionales.

Uruguay fue pionero a nivel global al consagrar por plebiscito constitucional en 2004 el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales, dictaminando que el servicio público debe estar exclusivamente en manos del Estado. Sin embargo, la experiencia regional muestra que el blindaje jurídico contra la privatización es el primer escalón de la soberanía. El caso de Bolivia es emblemático: tras la denominada “Guerra del agua” en Cochabamba en el año 2000, que expulsó a corporaciones multinacionales que pretendían mercantilizar incluso el agua de lluvia, la Constitución de ese país prohibió la concesión comercial y otorgó derechos jurídicos a la naturaleza. Sin embargo, la realidad boliviana presenta una gran contradicción ya que la falta de infraestructura de distribución y la contaminación derivada de la minería evidencian la incapacidad del Estado para el control de su territorio. Podría decirse que en este caso en alguna medida es peor la enmienda que el soneto.

Por su parte, Ecuador integró en la Constitución de 2008 el principio de “Buen Vivir” estableciendo un orden de prelación rígido donde el consumo humano encabeza la lista de los usos del agua, seguido del riego para la soberanía alimentaria, el caudal ecológico y, finalmente, las actividades productivas. En tanto, Chile, que bajo la dictadura militar implementó el modelo más privatizador de la región al separar los derechos del agua de la propiedad de la tierra, inició en 2022 un complejo proceso de desmontaje legislativo para devolverle al Estado su rol fiscalizador.

Atender estas experiencias ofrece un marco comparativo a tener en cuenta para evaluar la robustez de nuestras propias decisiones institucionales en torno al agua y, por otra parte, demuestra que la soberanía del agua se dirime también en la gestión del conflictos cotidianos.

Casupá añadirá una reserva de agua adicional al sistema uruguayo pero es necesario enfocarse también en el rol del Estado respecto a los usos del suelo de la cuenca del Santa Lucía, que se encuentra en un estado de estrés crónico y forma parte de una disputa entre el consumo humano de los más de 2 millones de personas del área metropolitana y las demandas de la actividad agropecuaria intensiva, los sistemas de riego lechero y la ganadería a gran escala, que son también el sustento económico de miles de uruguayos directa e indirectamente.

En este sentido, es necesario tener presente que no se trata solo de la cantidad de agua sino también de su calidad. Por eso, almacenar millones de litros de agua en Casupá exige también un control estricto de los escurrimientos de fertilizantes y agroquímicos que provocan el agregado de fósforo que produce la eutrofización y la proliferación de algas. Eso es parte del ordenamiento territorial que debe acompañar la previsión de sequías al tener en cuenta que el agua que fluye hacia las plantas potabilizadoras no nace en los laboratorios de OSE sino en los campos de Florida, San José y Canelones.

Por otra parte, diseñar y licitar nuevas represas para acumular agua dulce es parte de la respuesta necesaria ante la resiliencia climática pero es necesario también contar con recursos –seguramente millonarios– para reacondicionar la red de agua potable metropolitana y aumentar la eficacia del sistema.

La licitación de Casupá y todo lo que la antecede es también un buen ejemplo de la necesidad de marcar el final de los debates cortoplacistas sobre un recurso tan vital como el agua, el cual no puede seguir siendo gestionado bajo la lógica sectorial de los gobiernos de turno porque la seguridad hídrica no se construye solo con presas y embalses –que también provocan severos impactos– sino también con una política ambiental blindada de los vaivenes electorales quinquenales.

La protección de las cuencas, así como la inversión en redes eficientes y el respeto al consumidor humano por encima de la rentabilidad privada deben ser pilares de la gestión del agua, un activo fundamental de nuestra seguridad y soberanía nacional.

Más que celebrar un nuevo aniversario de un medio de comunicación, recordar los 116 años de trayectoria de EL TELEGRAFO lleva a reflexionar sobre el verdadero papel que cumple el periodismo en la construcción de una comunidad. La historia demuestra que un diario no es únicamente un registro de los acontecimientos cotidianos, sino también un espacio donde se expresan las aspiraciones, los debates y las preocupaciones de una sociedad que busca crecer sin perder su identidad.
A partir del 1º de julio de 1910, nuestro diario ha acompañado el desarrollo de Paysandú, siendo testigo de épocas de prosperidad, de crisis económicas, de conflictos y de profundas transformaciones sociales. A través de nuestras páginas han quedado documentados momentos que marcaron a generaciones enteras y que hoy forman parte de la memoria colectiva de los sanduceros. Esa función de preservar la historia y ofrecer un espacio para el intercambio de ideas sigue siendo uno de los mayores aportes del periodismo.
Sin embargo, el paso del tiempo también ha cambiado la manera en que la sociedad consume información. La inmediatez de las redes sociales y las plataformas digitales ha multiplicado las fuentes informativas, pero también ha dado lugar a la circulación de contenidos sin verificar y a una creciente desconfianza. En ese contexto, el desafío para los medios tradicionales ya no pasa únicamente por adaptarse a las nuevas tecnologías, sino por reafirmar aquello que siempre les dio legitimidad: el compromiso con la verdad, el rigor en la información y la responsabilidad frente a la comunidad.
Por contrapartida, mirar hacia el pasado con orgullo no debe convertirse en un ejercicio de nostalgia permanente, sino que cada generación enfrenta desafíos diferentes y tiene la responsabilidad de construir su propio futuro. Así como hace más de un siglo nuestros fundadores apostaron por crear un periódico para acompañar el crecimiento de Paysandú, hoy el reto consiste en seguir innovando sin renunciar a los principios que sostienen al buen periodismo.
La permanencia de un medio durante más de un siglo no puede entenderse únicamente como un logro empresarial, sino como el reflejo del vínculo que ha sabido construir con sus lectores. Esa confianza, cultivada a lo largo del tiempo, constituye el mayor patrimonio y, al mismo tiempo, la mayor responsabilidad. En una época donde la información circula con enorme velocidad y las opiniones muchas veces prevalecen sobre los hechos, el periodismo serio continúa siendo una herramienta indispensable para comprender la realidad y fortalecer la vida democrática de la comunidad.
Pecando de inmodestos, no podemos obviar que a la vez que celebramos nuestros 116 años de vida, también ostentamos el honor de ser el decano de la prensa nacional. Es un motivo de orgullo para quienes integramos esta casa periodística, para los sanduceros y para el periodismo uruguayo. Difícilmente sus fundadores, Miguel Baccaro y Ángel Carotini, imaginaron aquel 1º de julio de 1910, cuando salió a la calle el primer ejemplar, que aquel emprendimiento nacido del entusiasmo y la convicción de una generación de soñadores alcanzaría semejante trayectoria. Con la pluma como principal herramienta y el firme propósito de contribuir al desarrollo del terruño, comenzaron a escribir una historia que continúa hasta nuestros días.
A lo largo de más de un siglo hemos procurado mantener vivo el rumbo que ellos marcaron: ser la voz de las inquietudes, las esperanzas y las necesidades de nuestra comunidad, reflejando el sentir de los habitantes de Paysandú. Aquella ciudad que encontraba en el río Uruguay su principal vía de comunicación y sustento económico ha cambiado profundamente. Hoy el escenario regional y global condiciona buena parte de nuestra realidad y, paradójicamente, vivimos casi de espaldas al río que vio nacer a nuestra ciudad.
Lo que sí permanece inalterable son los principios que inspiraron aquellos primeros años. Aunque la sociedad ha experimentado profundas transformaciones, no siempre positivas, y el avance tecnológico ha modificado radicalmente la forma de producir y consumir información, EL TELEGRAFO ha sabido adaptarse a cada cambio, incorporando nuevas herramientas sin renunciar a los valores que han guiado su labor desde el comienzo.
El tiempo confirmó el acierto de quienes apostaron por un medio comprometido con el desarrollo de Paysandú. Desde estas páginas se impulsaron iniciativas, se acompañaron emprendimientos capaces de generar empleo y se promovió una visión de ciudad abierta a la región y al país, aprovechando una ubicación estratégica que siempre representó una oportunidad para crecer.
Más allá de los cambios tecnológicos, la verdadera diferencia ha estado siempre en el compromiso con la calidad informativa, la veracidad y la responsabilidad. Sobre esos pilares se construyó una trayectoria respaldada durante generaciones por lectores que encontraron en EL TELEGRAFO un medio cercano, confiable y representativo de la realidad sanducera.
Como protagonistas directos de la historia de Paysandú, también hemos acompañado la integración de sucesivas corrientes migratorias que enriquecieron la identidad local. Mujeres y hombres llegados desde distintos lugares encontraron en esta tierra un espacio para trabajar, desarrollarse y contribuir, junto a los sanduceros, a la construcción de una comunidad plural y solidaria.
Junto a ellos fuimos testigos y partícipes del florecimiento del Paysandú industrial que alcanzó su mayor impulso desde la década de 1940 y proyectó su fortaleza durante buena parte del siglo XX. Aquellos años dejaron una huella imborrable y consolidaron un perfil productivo que todavía permanece en la memoria colectiva. Sin embargo, el cierre de muchas grandes industrias obligó a afrontar una compleja reconversión, cuyos efectos aún forman parte de nuestra realidad.
Ese proceso de transformación continúa. Paysandú sigue adaptándose a nuevos escenarios, consciente de que no alcanza con mirar con nostalgia el pasado, por más valioso que haya sido. El verdadero desafío consiste en construir el presente con una mirada puesta en el futuro, aprovechando las oportunidades que ofrecen los nuevos tiempos sin perder la identidad que nos caracteriza.
Hoy los emprendimientos que sostienen la actividad económica son diferentes de aquellos que marcaron la época dorada de la industrialización. Tal vez no tengan la misma escala, pero contribuyen diariamente al desarrollo local y permiten que miles de sanduceros continúen aportando su esfuerzo para fortalecer el entramado social y productivo de una comunidad que felizmente mantiene intactos muchos de los valores heredados de generaciones anteriores.
Y celebrar estos 116 años significa reafirmar nuestro compromiso de siempre, apostando al futuro de Paysandú y de la región, respaldados por la confianza de nuestros lectores, que generación tras generación han acompañado este proyecto periodístico. Son ellos quienes hacen posible este esfuerzo cotidiano y quienes nos impulsan a seguir adelante.

La decisión del gobierno de revisar el régimen de beneficios tributarios para los vehículos eléctricos de alta gama constituye una medida razonable, tanto desde el punto de vista de la equidad fiscal como de una necesaria dosis de sentido común en el manejo de los recursos públicos. De acuerdo con lo expresado por las autoridades del Poder Ejecutivo, el objetivo es reducir el denominado “costo fiscal” que implican estas exoneraciones y destinar esos recursos al financiamiento del incremento del gasto previsto en la Rendición de Cuentas.
La medida supone que los automóviles eléctricos de mayor valor dejarán de beneficiarse con tasa de Imesi del 0%, estableciéndose nuevas franjas impositivas. En cambio, los vehículos eléctricos de menor precio conservarán intactos los beneficios fiscales, manteniéndose así el estímulo para aquellos segmentos donde el incentivo sigue siendo necesario para consolidar la transición hacia la movilidad eléctrica.
Se trata de una decisión que probablemente cuente con un amplio respaldo ciudadano. Durante años, quienes utilizan vehículos impulsados por combustibles tradicionales han soportado una elevada carga tributaria que financia buena parte del funcionamiento del Estado, mientras observaban cómo compradores de automóviles de lujo eléctricos accedían a importantes exoneraciones fiscales. Esa situación generó una evidente sensación de injusticia, ya que la mayoría de la población terminaba subsidiando la adquisición de bienes de consumo destinados a sectores de alto poder adquisitivo.
El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, explicó que esta modificación responde a un criterio estrictamente fiscal. El gobierno procura disminuir la resignación fiscal en aquellos sectores donde considera que el mercado ya alcanzó un nivel de desarrollo suficiente y que los incentivos dejaron de ser imprescindibles. Según adelantó, aproximadamente la mitad del incremento del gasto público previsto —unos 15,5 millones de dólares— será financiada mediante la mayor recaudación proveniente de estas nuevas franjas impositivas.
No obstante, la iniciativa no genera unanimidad dentro del propio gobierno. Mientras el Ministerio de Economía y centros de estudios como Ceres respaldan la eliminación gradual de estos beneficios, el Ministerio de Industria, Energía y Minería entiende que reducir los incentivos podría desacelerar el proceso de electrificación del parque automotor y afectar la estrategia nacional de reducción de emisiones contaminantes. Ambas posiciones no son necesariamente incompatibles. Es perfectamente posible continuar promoviendo la movilidad eléctrica sin mantener subsidios destinados a vehículos cuyo precio los convierte en bienes de lujo. El verdadero desafío consiste en orientar los recursos públicos hacia donde produzcan un mayor beneficio social y ambiental.
Precisamente ese parece ser el camino que procura recorrer el gobierno. Paralelamente a la revisión del Imesi para los automóviles eléctricos de mayor valor, también se analiza una futura reducción de las bonificaciones en los cargadores públicos, buscando un equilibrio entre la promoción de las energías limpias y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Los argumentos a favor de esta modificación no se limitan únicamente al plano fiscal. Diversos economistas sostienen que la resignación tributaria debería concentrarse en atender necesidades mucho más urgentes, como las políticas para la primera infancia, la atención de personas en situación de calle, el fortalecimiento de la seguridad pública o la mejora de los servicios esenciales. En un contexto de restricciones presupuestales, resulta difícil justificar que importantes recursos del Estado continúen destinándose a facilitar la compra de vehículos cuyo valor solo está al alcance de una minoría.
Debe recordarse que el crecimiento de los vehículos eléctricos en Uruguay fue posible gracias a una política deliberada de incentivos. Durante años, las exoneraciones tributarias cumplieron el objetivo de introducir una nueva tecnología en un mercado dominado por los motores de combustión, que son más baratos. Ese impulso inicial fue necesario y produjo resultados visibles. Hoy el parque automotor eléctrico crece sostenidamente y las ventas de modelos eléctricos e híbridos incluso han superado a las de vehículos tradicionales en determinados períodos. El propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló recientemente que ese éxito demuestra precisamente que los estímulos funcionaron y que, cuando un producto logra consolidarse en el mercado, corresponde revisar la magnitud de los beneficios fiscales que recibe. Mantener subsidios permanentes para un sector que ya alcanzó competitividad termina desnaturalizando el objetivo original de la política pública.
En este sentido, desde hace tiempo los estacioneros –principalmente propietarios de estaciones ubicadas en barrios habitados por una población de alto poder adquisitivo de Montevideo y Canelones– vienen observando una disminución del consumo de combustibles. Según la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), una de las principales motivaciones para adquirir vehículos eléctricos ha sido precisamente la exoneración del Imesi y otros beneficios asociados, como la tasa arancelaria preferencial, menores costos de patente y tarifas subsidiadas para la recarga.
Su presidente, Daniel Sanguinetti, reconoció que el régimen cumplió su función durante la etapa inicial de desarrollo del mercado, pero entiende que ese objetivo ya fue alcanzado. De mantenerse las actuales exoneraciones durante todo el quinquenio, la resignación fiscal podría superar los 1.600 millones de dólares, una cifra que inevitablemente repercute sobre las finanzas públicas y genera distorsiones competitivas dentro del propio mercado automotor.
La transición energética continúa siendo un objetivo estratégico para Uruguay y nadie discute la necesidad de avanzar hacia tecnologías menos contaminantes. Sin embargo, esa transición debe realizarse con criterios de eficiencia y justicia distributiva. Resulta mucho más razonable concentrar los incentivos en el transporte público eléctrico, en las flotas utilitarias y en aquellos vehículos accesibles para amplios sectores de la población, donde el beneficio ambiental tiene un impacto colectivo mucho mayor.
Subvencionar la compra de automóviles eléctricos de alta gama difícilmente pueda justificarse cuando existen demandas sociales apremiantes. La política pública debe priorizar el interés general antes que favorecer consumos individuales de lujo. En ese sentido, la decisión del gobierno no implica abandonar la movilidad eléctrica —en tanto la promoción de tecnologías limpias seguirá siendo necesaria—, pero ello no significa que el Estado deba continuar financiando beneficios para quienes cuentan con capacidad económica suficiente para adquirir vehículos de elevado valor sin necesidad de subsidios.
Es decir, de lo que se trata es de administrar con responsabilidad los recursos públicos y evitar que el ciudadano común continúe financiando privilegios sin ninguna justificación económica ni social.

La presidencia pro tempore que Uruguay asume en el Mercosur comienza con una prueba decisiva: resolver la distribución de las cuotas de exportación previstas en el acuerdo con la Unión Europea. Tras 26 años de negociaciones, el mayor desafío ya no consiste en la firma del tratado, sino en su aplicación efectiva. La falta de consenso entre los socios del bloque para asignar los cupos de productos como miel, arroz y carne amenaza con empañar uno de los avances comerciales más importantes de las últimas décadas.
La discusión trasciende el reparto de toneladas. Lo que está en juego es la capacidad del Mercosur para actuar como un bloque integrado y ofrecer reglas previsibles a un acuerdo que involucra a más de 750 millones de personas y cerca del 20 % del producto bruto interno mundial. Antes de setiembre, los países deberán comunicar a la Unión Europea cómo distribuirán esas cuotas, un plazo que ha acelerado las negociaciones y dejado al descubierto las diferencias entre los socios.
No por casualidad comenzó a instalarse la expresión “ley de la selva” para describir la competencia entre los miembros del Mercosur por acceder a los beneficios del acuerdo. Mientras algunos sectores ya comenzaron a aprovechar la rebaja de aranceles —como la pesca—, el verdadero examen de la presidencia uruguaya será conducir una negociación capaz de transformar intereses contrapuestos en un consenso duradero.
A ese desafío se suman otros asuntos relevantes, como el futuro del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) y el impulso de nuevos acuerdos comerciales. Sin embargo, ninguno pondrá tan rápidamente a prueba la capacidad de liderazgo y negociación de Uruguay como la resolución de las cuotas de exportación.
Los primeros antecedentes no resultan alentadores. La distribución de la cuota de miel, que se asigna trimestralmente, derivó en una fuerte controversia: las 1.250 toneladas disponibles quedaron íntegramente en manos de Argentina. Los países esperan que, a partir del 1.º de julio, se habilite un nuevo trimestre, aunque los productores uruguayos accederán a menos de la mitad del volumen disponible para lo que resta del año.
En el caso del arroz, ya se habilitó la cuota correspondiente a 2026, superior a las 6.600 toneladas, de las cuales Uruguay obtuvo el 63 %. Desde junio también rige la cuota para la carne vacuna. Sin embargo, será la Unión Europea la que licitará las licencias de exportación. El acuerdo prevé una cuota anual de 99.000 toneladas con aranceles reducidos de hasta un 20 %, distribuidas en colocaciones trimestrales.
Precisamente la carne concentra las mayores expectativas y también las principales diferencias entre los socios del Mercosur. El volumen habilitado para el período inicial resultó insuficiente y las posiciones nacionales continúan alejadas, pese a tratarse de un sector en el que todos podrían obtener beneficios.
Si este diferendo logra destrabarse, es probable que el resto de los productos encuentre un camino de consenso. Hasta ahora, sin embargo, el Mercosur vuelve a exhibir una dificultad que arrastra desde hace más de tres décadas: transformar intereses nacionales en decisiones comunes.
Los negociadores saben que la discusión es mucho más política que técnica. Cada país procura maximizar sus beneficios, mientras Uruguay intentará aprovechar su presidencia para consolidar el buen desempeño exportador y conducir una negociación especialmente compleja.
El otro frente de debate se centra en el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem). Brasil cuestiona mantener su actual nivel de aportes y propone sustituir parte de ese financiamiento por proyectos de infraestructura fronteriza.
En ese contexto, Uruguay ocupa una posición poco frecuente. Además de ejercer la presidencia pro tempore del Mercosur, encabeza la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el G77+China. Esa acumulación de responsabilidades representa una oportunidad para proyectar liderazgo diplomático, pero también una exigencia adicional en un escenario internacional cada vez más fragmentado.
Las asimetrías económicas vuelven a quedar de manifiesto en la discusión sobre las cuotas. Uruguay y Argentina proponen distribuirlas de acuerdo con el promedio de las exportaciones de cada socio hacia la Unión Europea. Paraguay reclama un reparto igualitario del 25 % para cada país, mientras que Brasil sostiene que el criterio debe basarse en la participación de cada economía en el comercio mundial.
Hasta ahora, Uruguay, Brasil y Argentina alcanzaron un principio de acuerdo para distribuir la cuota de carne vacuna correspondiente a las 99.000 toneladas previstas en el tratado, aunque todavía carece de un instrumento jurídico vinculante. La ausencia de Paraguay en ese entendimiento anticipa que este será uno de los principales focos de tensión durante la cumbre.
Uruguay propone avanzar en dos etapas: una solución transitoria para distribuir las cuotas hasta diciembre y, posteriormente, un acuerdo definitivo de largo plazo. Esa fórmula permitiría corregir un proceso que comenzó con evidentes desprolijidades y otorgaría previsibilidad mientras se negocia una solución permanente.
La posición de Uruguay, al frente de más de un organismo regional, le brinda una oportunidad singular para ejercer influencia diplomática más allá de su tamaño económico. Sin embargo, ese liderazgo dependerá menos de los cargos que ocupa que de su capacidad para construir consensos.
Montevideo vuelve a convertirse en un punto de encuentro para la política regional. La visita del presidente chileno José Antonio Kast, en el marco de su primera gira internacional, refuerza el protagonismo que Uruguay buscará ejercer durante este semestre.
La gestión uruguaya será evaluada, sobre todo, por su capacidad para encauzar la implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La resolución de las cuotas constituirá el primer indicador concreto de ese desempeño. Pero detrás de esa discusión comercial también subyacen diferencias culturales y estratégicas entre quienes negocian desde Bruselas y quienes lo hacen desde el Cono Sur.
La lógica, muchas veces cortoplacista, que predomina en América del Sur contrasta con la visión de largo plazo que demandan inversores, industriales y productores europeos. La consolidación de cadenas productivas competitivas requiere previsibilidad y reglas estables. Solo así el acuerdo podrá desplegar todo su potencial. De lo contrario, Europa buscará otros mercados y otras alianzas. En un escenario internacional cada vez más competitivo, las oportunidades rara vez esperan a quienes demoran en alcanzar consensos.