Opinión

Repetidamente escuchamos a líderes políticos jactarse de que el desarrollo de la forestación y la posterior industria de la pulpa de celulosa, que se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación del país, ha sido fruto de una política de Estado que se ha sostenido desde la década de 1980, superando los cambios de gobierno y los ciclos económicos, tanto adversos como favorables, que ha vivido el país. Sin embargo, en todo este tiempo, hay un aspecto que sigue siendo el talón de Aquiles de ese desarrollo y que, tras 40 años, continúa sin una solución duradera y sostenible, especialmente para las demás producciones y para las personas que conviven con este rubro. Hablamos, por supuesto, del deterioro que sufren los caminos rurales debido a la extracción de la producción forestal.
Este problema ha sido debatido largamente y ha sido objeto de decisiones por parte de los intendentes, quienes han buscado soluciones mediante una compensación por parte de las empresas, aunque sin éxito. Ahora, nuevamente, este tema ha sido puesto sobre la mesa por quien acaba de asumir la presidencia del Congreso Nacional de Intendentes, Carlos Enciso, quien planteó la idea de crear un fondo, un fideicomiso que permita no solo atender esta problemática, sino además dar un salto de calidad en la caminería productiva del interior del país, siguiendo el modelo del fondo que se creó para el área metropolitana con el fin de dar respuesta a una serie de obras que los departamentos de Canelones y Montevideo requerían.
Enciso se refirió a este tema en una extensa entrevista en el programa En Perspectiva, en la que planteó que hoy existe una nueva dicotomía en el país, que ya no responde únicamente a Montevideo frente al interior, sino al Área Metropolitana versus el interior profundo. Los límites y las fronteras de estas zonas son difíciles de definir, porque no se trata simplemente de sumar Montevideo y Canelones. Hay zonas de Canelones que no son estrictamente metropolitanas, así como hay zonas de San José, de Maldonado e, incluso, de alguna otra capital departamental que sí lo son, en algún sentido. Pero no nos pongamos filosóficos, por ahora.
“Yo veía en la bancada de intendentes blancos y, en algunas conversaciones también, vamos a decirlo, con intendentes del interior del Frente Amplio, sobre todo de Río Negro y Lavalleja, no digo malestar, pero sí preocupación, por recursos extrapresupuestales que se le están dando fundamentalmente al área metropolitana en función de la movilidad”.
En concreto, alude a las obras comprendidas en el proyecto cuyo eje de discusión giró en torno a la construcción —o no— de un túnel en 18 de Julio, aunque en realidad es bastante más complejo que eso, ya que comprende la conectividad entre Montevideo y la Costa de Oro de Canelones. “Lo vemos bien como una obra que es necesaria, tal vez, pero no se olviden de que también hay otras prioridades y otras necesidades para equilibrar las asimetrías que existen respecto al desarrollo de infraestructura y de servicios en el interior, y que, si hay 800 millones de dólares en préstamos soberanos del Estado a través de la CAF y del BID, no decimos ese importe, pero hay obras de infraestructura y un montón de temas que podríamos atacar si tuviéramos esa posibilidad”, expresó.
El planteo de Enciso es, a la postre: “Compensemos, equilibremos, seamos justos y demos al interior profundo, por ejemplo, la caminería rural, para no quedar solamente en lo testimonial, criticando algo sin dar alternativas. Y dijimos: bueno, inyecten para un fideicomiso nuevo parte de algunos de estos recursos”. Ni siquiera plantea que ese monto, destinado a atender una red de caminería rural de una extensión muy superior, deba ser el mismo que el previsto para mejorar la conectividad de los habitantes en torno a un eje de unos 50 kilómetros, compuesto por dos rutas y tres avenidas. “Mucho menos. Nosotros calculamos que, para un impacto específico, porque lo que pedimos lo atamos a que se ejecute en caminería rural, puede andar entre 200 y 250 millones, directamente como espejo de esto”, señaló.
Cuando menos, es una propuesta atendible. Enciso propone sumar a este fideicomiso, por ejemplo, al menos una parte de las multas aplicadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. “Los tonelajes y la intensidad del tráfico de madera, que pasan por nuestros departamentos, lo hacen mayoritariamente por ejes departamentales. A veces, para esquivar balanzas o para reducir el recorrido, la madera no va solamente por rutas nacionales hacia las plantas del litoral o del centro del país”.
Es acertada la afirmación de que, cuando se realizaron fuertes inversiones en rutas —numerosas rutas, aunque basta mencionar como ejemplo la duplicación de la Ruta 5 hasta Durazno— destinadas a la circulación de la madera hacia las plantas de celulosa, y en el Ferrocarril Central para el traslado de la celulosa y los insumos de la industria, “siempre queda relegado el resorte departamental, y no debe ser así”.
Para Enciso, esta programación tiene que ir “atada a un direccionamiento principal de por dónde tienen que pasar los ejes principales de esas cargas y, a su vez, hacer esas carreteras o esas rutas departamentales con un estándar que soporte camiones de 50 toneladas que pasan cada 10, 15 o 20 minutos durante todo el día”. Claro que, si después, nuevamente, para evadir los controles, los camiones circulan por otros caminos, el resultado será escaso. Pero esa es harina de otro costal, como se suele decir.
En principio, consideramos que la creación de un fondo que, aunque no equipare la inversión destinada al área metropolitana, permita hacer frente a la mejora de los principales caminos de la ruralidad no solo sería un acto de justicia, sino también el comienzo de una reparación histórica frente al abandono derivado de decisiones que, una vez más, se toman desde los despachos del Centro y la Ciudad Vieja de Montevideo.

Uruguay atraviesa uno de los momentos más preocupantes en materia de seguridad pública de las últimas décadas. La violencia criminal, los homicidios vinculados al narcotráfico, las disputas entre bandas y el crecimiento de los delitos complejos han dejado de ser episodios aislados para convertirse en una realidad cotidiana que condiciona la vida de miles de uruguayos.
La sensación de inseguridad ya no es una percepción: es una experiencia diaria para quienes viven en sus propios hogares detrás de rejas, cámaras y alarmas, modificando sus rutinas por miedo a ser víctimas del delito. Personas mayores que evitan salir de noche —e incluso al empezar a caer la tarde—, comerciantes que invierten cada vez más en seguridad privada y limitan los horarios nocturnos lo más posible, y barrios enteros donde la presencia del crimen organizado impone sus propias reglas reflejan un fenómeno que el Estado no ha logrado revertir. Incluso hay barrios “liberados” por los criminales, en los que las familias de los delincuentes impiden el ingreso de efectivos policiales y desatan pedreas contra agentes y vehículos, mientras desde el Ministerio y la Fiscalía se pone más énfasis en buscar errores en los procedimientos y escrutar el accionar policial que en respaldar los operativos contra los criminales.
El propio ministro del Interior, Carlos Negro, al asumir el cargo, realizó declaraciones que fueron interpretadas como un reconocimiento de la enorme dificultad que representa combatir al narcotráfico, al admitir de antemano que la guerra contra el narcotráfico está perdida. Mientras tanto, la sucesión de homicidios, muchos de ellos producto de ajustes de cuentas entre organizaciones criminales, parece confirmar que el poder de estas bandas continúa expandiéndose.
Lo que durante años fue considerado un problema concentrado en determinados barrios de Montevideo hoy alcanza también a ciudades del Interior, en forma creciente. Localidades que históricamente se caracterizaban por su tranquilidad comienzan a ser escenario de episodios de violencia criminal, tráfico de drogas y delitos cada vez más sofisticados.
A esta realidad se suma un sistema penitenciario que, lejos de cumplir plenamente con su finalidad de rehabilitación, enfrenta serias carencias estructurales. Diversos informes oficiales y académicos han señalado reiteradamente las dificultades para la reinserción social y la persistencia del control que algunos líderes criminales ejercen sobre sus organizaciones desde el interior de las cárceles. También se han detectado reiteradamente maniobras delictivas organizadas desde establecimientos penitenciarios mediante el uso ilegal de teléfonos celulares, especialmente estafas telefónicas que afectan a ciudadanos de todo el país, las que quedan la mayoría de las veces impunes.
La respuesta penal tampoco logra transmitir una sensación de eficacia. Aunque la legislación prevé penas importantes para numerosos delitos, la ciudadanía percibe que muchos delincuentes reinciden rápidamente y que el sistema judicial no consigue generar un efecto disuasorio suficiente. Esa percepción, alimentada por casos de reincidencia ampliamente difundidos, erosiona la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia.
En ese contexto, en los últimos días ha vuelto a instalarse el debate sobre los allanamientos nocturnos. La propuesta, rechazada en el pasado por el Frente Amplio durante el plebiscito constitucional de 2024, con argumentos del mismo tenor que los retorcidos eslóganes del “ser joven no es delito” en el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad, reaparece impulsada por sectores de la oposición como una herramienta adicional para combatir al narcotráfico. Más allá de las posiciones jurídicas y constitucionales, el solo hecho de que el tema regrese al centro de la discusión demuestra el nivel de preocupación que existe en la sociedad y la indefensión manifiesta de los ciudadanos, de lo que es también muestra el respaldo popular —incluso entre votantes de izquierda— a la iniciativa del uso de vehículos militares para patrullaje urbano.
La Policía también enfrenta un escenario extremadamente complejo. Sus efectivos deben actuar frente a organizaciones criminales cada vez mejor financiadas y más violentas, mientras desde distintos departamentos del Interior —entre ellos Paysandú— se reclama un mayor despliegue operativo y una presencia más intensa de la Guardia Republicana, cuya actuación ha sido valorada positivamente en numerosos procedimientos de alto riesgo.
El drama humano detrás de las estadísticas es quizás el aspecto más doloroso. En los últimos tiempos, la violencia entre bandas narcotraficantes ha alcanzado incluso a menores de edad, víctimas inocentes de enfrentamientos que jamás debieron formar parte de la realidad uruguaya. Cada homicidio representa una tragedia irreparable, pero cuando las balas alcanzan a niños queda al descubierto el grado de degradación al que ha llegado el fenómeno criminal.
Mientras tanto, las bocas de venta de drogas siguen siendo una preocupación permanente para numerosos barrios. Vecinos denuncian su presencia, reclaman intervenciones más rápidas y sienten que el Estado llega tarde o no logra sostener en el tiempo los resultados de los operativos. Además, cuando se cierra una se abren dos o tres, operadas por los mismos delincuentes que hacen el trasiego.
La inseguridad ha desplazado a la economía como una de las principales preocupaciones de los uruguayos. No es una discusión ideológica, sino una demanda concreta de quienes esperan poder vivir con tranquilidad, caminar por su barrio sin miedo y confiar en que el Estado tiene capacidad para protegerlos.
Los gobiernos pasan, los ministros cambian y las promesas se renuevan, pero la delincuencia continúa adaptándose con una velocidad que parece superar la capacidad de respuesta institucional. Esa es la verdadera alarma: Uruguay necesita mucho más que discursos. Necesita una política de Estado sostenida durante años, con respaldo político amplio, recursos suficientes, inteligencia criminal, fortalecimiento policial, un sistema penitenciario que reduzca efectivamente la reincidencia y una Justicia capaz de responder con firmeza dentro del marco del Estado de derecho.
Porque cuando el delito gana terreno de forma constante y la ciudadanía comienza a resignarse a convivir con el miedo, el problema deja de ser exclusivamente de seguridad. Empieza a convertirse en una amenaza para la calidad de la democracia y para la libertad cotidiana de todos los uruguayos.

A inicios de la década de 2000 comenzaron a conocerse algunos nombres vinculados a grupos de delincuentes organizados que, hasta el día de hoy, siguen siendo notorios en las crónicas policiales.

Eran conocidos rapiñeros que pasaron a liderar bandas criminales bajo la mirada de las sucesivas autoridades. Comenzaron reclutando entre 20 y 30 personas, hasta conformar verdaderas estructuras que incluso atraen a vecinos de los barrios más conflictivos mediante la compra de su complicidad y la imposición del miedo sobre una amplia zona de influencia.
El mes pasado se cumplieron diez años de la muerte del exdirector nacional de Policía, Julio Guarteche, quien un lustro antes había acuñado el concepto de “feudalización” de la criminalidad para alertar sobre el recrudecimiento de un fenómeno que se gestaba bajo una organización nunca antes vista en el país. Inspiradas en las maras de El Salvador o en el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, estas organizaciones comenzaron a extender sus tentáculos y a comprar voluntades de todo tipo. Solo era cuestión de tiempo para que la realidad lo confirmara.

En el medio, siempre estuvo el discurso político, que tironeó de la realidad para explicarla según su conveniencia. Y, por entonces, con el surgimiento de las redes sociales, la cancha se embarró aún más.
A veces conviene hacer un poco de historia, porque da la impresión de que las discusiones sobre la inseguridad ciudadana comenzaron durante uno o dos períodos de gobierno. En realidad, el fenómeno empezó a crecer mucho antes y se consolidó con el tiempo, alimentado por la marginalidad y la exclusión.

A medida que crecían los asentamientos —particularmente en Montevideo y el área metropolitana— también aumentaba el delito, al amparo de discursos que intentaban explicar el fenómeno, aunque con respuestas limitadas. Mientras las autoridades suponían que el problema permanecería acotado a determinados territorios, ocurría exactamente lo contrario: se expandía hacia otras zonas, creaba nuevas redes y perfeccionaba su capacidad de inteligencia.

Incluso ampliaba los giros del “negocio”. A las transacciones de drogas se sumaban la venta y el alquiler de armas, el sicariato y los asesinatos para dirimir disputas y defender cada territorio.

Hasta el día de hoy persiste el discurso de desarmar a la población y controlar a las armerías, cuando resulta evidente que, desde hace más de dos décadas, los negocios clandestinos funcionan con una fluidez mucho mayor de la que realmente se conoce.
Mientras la delincuencia mejora su poder de fuego, perfecciona su inteligencia y desarrolla nuevas formas de manejar las finanzas para el lavado de activos y el pago de insumos, la legislación limita los montos para los pagos en efectivo de la población en general.

Hace veinte años había poco más de 7.000 personas privadas de libertad en el país. Hoy, el sistema penitenciario uruguayo alberga cerca de 18.000 presos y otras 10.000 personas cumplen medidas sustitutivas. Sin embargo, una mayor prisionización no se traduce necesariamente en una mayor sensación de seguridad ciudadana.
La última estadística contabilizó 195 homicidios durante el primer semestre de 2026. Se trata de un aumento del 6,6 % respecto al mismo período del año pasado y, al menos, un tercio de esos asesinatos está directamente vinculado al tráfico y microtráfico de drogas.
Mientras descendieron los delitos contra la propiedad, como hurtos y rapiñas, aumentaron los crímenes relacionados con las armas de fuego y los ajustes de cuentas. El resultado amerita otra lectura, porque hechos de alto impacto, como el quíntuple homicidio y los ataques atribuidos a clanes familiares, han ocupado los titulares durante semanas.
Luego de un periplo de explicaciones confusas, el viernes comenzó el patrullaje policial con vehículos militares blindados, cedidos por el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en los territorios, rastrear las cadenas de venganza que asolan algunos barrios de la capital y frenar el avance de las bandas criminales.
Durante todo este tiempo se han desperdiciado energías en un debate —a esta altura, estéril— entre el endurecimiento de la represión y la atención de los problemas sociales de fondo.
Como sea, las distintas autoridades han reiterado que la Policía, por sí sola, no puede resolver las carencias de los barrios vulnerables donde operan estas organizaciones. Lo cierto es que el poder de los clanes familiares en las zonas urbanas sigue siendo uno de los principales desafíos para la seguridad pública del país.
Y Uruguay no constituye un caso aislado. El narcotráfico en América Latina ha demostrado su capacidad para debilitar las instituciones y generar violencia extrema. Mientras los países reforman sus legislaciones y reabren viejos debates sobre un mismo fenómeno, la producción récord de cocaína, la complicidad financiera global y la creciente capacidad de los cárteles para atravesar fronteras continúan expandiendo su influencia.
Mientras persista la distracción, miles de millones de dólares seguirán infiltrándose en los mercados formales y transformando el posicionamiento de los países dentro del mapa del crimen organizado.
Uruguay es un ejemplo de esa transformación. Pasó de ser un país de tránsito a convertirse en un centro de acopio. Dejó de ser una ruta secundaria para funcionar como una base logística y de almacenamiento de cargamentos que luego parten con destino a Europa.
Hacia adentro, la historia es conocida. Mientras se mantenga un elevado consumo de pasta base, cocaína y otras drogas sintéticas por habitante, el crimen organizado seguirá demostrando su poder y opacando la capacidad de respuesta de las instituciones.
Eso es, precisamente, lo que quedó expuesto en las últimas semanas: un gobierno obligado a aclarar y explicar cada una de sus acciones frente a una vocinglería permanente, incluso dentro de su propia fuerza política.
Las debilidades históricas en los controles logísticos y portuarios, agravadas por la insuficiencia de escáneres, han puesto de manifiesto las vulnerabilidades del sistema. A su vez, las discusiones sobre la falta de recursos para incorporar mejor tecnología contribuyen a sostener esa imagen de fragilidad.
Finalmente, el uso político de un problema que afecta a la mayoría de los uruguayos termina reduciendo el debate a un conflicto partidario, cuando debería abordarse como una auténtica política de Estado, sostenida en el tiempo y capaz de trascender a los gobiernos y a las próximas generaciones.

Hace algunos años, el entonces canciller Rodolfo Nin Novoa pronunció una frase que, en su momento, sorprendió tanto a oficialistas como a opositores. Reconocía la impotencia de un gobierno de izquierda para llevar adelante su programa debido a los obstáculos que imponían sus propios “socios” en la acumulación de poder que lo había llevado al gobierno. Con una mezcla de ironía y realismo político sostuvo que, en los hechos, los funcionarios eran los verdaderos dueños de las empresas públicas uruguayas. La expresión fue ampliamente recogida por la prensa y posteriormente citada por distintos analistas como una síntesis provocadora de un problema estructural del Estado uruguayo.
El asunto es que, lejos de desmentirse, el paso del tiempo no ha hecho otra cosa que fortalecer esa interpretación. No porque los funcionarios sean jurídicamente propietarios de Ancap, Antel, UTE, OSE o el Banco República —que pertenecen al Estado y, por ende, a la ciudadanía, al menos en los papeles—, sino porque la evidencia acumulada durante décadas muestra que los sindicatos de las empresas públicas han hecho gala de una notable capacidad de presión sobre los sucesivos gobiernos para obtener reivindicaciones laborales que, en muchos casos, alcanzan la categoría de privilegios, solventados con el aporte de todos los uruguayos mediante impuestos y sobreprecios.
Una nueva perla de este largo collar se conoció hace pocas horas, cuando trascendió que Ancap resolvió no implementar el operativo extraordinario que había diseñado para abastecer de combustible de aviación al Aeropuerto de Carrasco durante las obras previstas en la pista principal de Ezeiza, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, al entender que no estaban dadas las condiciones operativas necesarias para garantizar su ejecución.
En un comunicado, el organismo señaló que el plan había sido preparado “con varios meses de anticipación” ante una “oportunidad logística relevante para el país”, que implicaba un incremento excepcional de la demanda de combustible Jet A-1 y requería condiciones específicas de personal, logística, infraestructura y control de calidad.
La empresa afirmó que informó desde el inicio al sindicato sobre las características del operativo y promovió distintas instancias de negociación, incluso mediante una propuesta de compensación para el personal directamente involucrado, en función de las mayores responsabilidades, la extensión de horarios y el trabajo durante fines de semana.
Sin embargo, durante las conversaciones, “desde el sindicato se incorporaron planteos que excedían el alcance de este operativo excepcional”, al incluir beneficios generales y para sectores que, según Ancap, no estaban directamente vinculados con el esfuerzo operativo requerido.
Ante ese escenario, la empresa concluyó que “no fue posible asegurar los requisitos operativos indispensables para su ejecución”, por lo que resolvió dejar sin efecto el plan. Asimismo, reafirmó su compromiso con “el abastecimiento seguro, confiable y oportuno de combustibles”, el diálogo con los trabajadores y la continuidad de los servicios esenciales. Por supuesto, desde Fancap se defendió la posición sindical, asegurando que desde el comienzo valoró la iniciativa como “una oportunidad trascendental para Ancap” y para posicionar a Uruguay como un actor relevante en la logística regional del combustible de aviación. En consecuencia, afirmó haber tenido “la disposición de manejar múltiples escenarios de acuerdos para garantizar la operatividad de este trabajo excepcional”.
El sindicato sostuvo que aceptó la propuesta de remuneración excepcional planteada por la empresa, aunque solicitó que alcanzara a todos los trabajadores de las áreas involucradas en la operativa y no solo a una parte del personal. Además, planteó abrir ámbitos de negociación sobre temas de fondo, como la falta de personal, las condiciones de seguridad laboral y el cumplimiento de acuerdos firmados en 2025.
En ese sentido, Fancap afirmó que Ancap —es decir, su Directorio— “tenía como único interés garantizar la paz sindical en las áreas comprometidas, pero sin mostrar voluntad de acceder a acuerdos” que mejoraran las condiciones de trabajo.
Una evaluación objetiva de este episodio indica que, respondiendo a una metodología profundamente arraigada en el sindicalismo estatal, se intentó obtener ventajas y concesiones que iban mucho más allá de este operativo y de los funcionarios directamente involucrados, procurando extender los beneficios a un número considerablemente mayor de trabajadores y en condiciones que el Directorio entendió desproporcionadas. Por ello resolvió dejar sin efecto el operativo, perdiéndose una oportunidad de generar beneficios tanto para la empresa como para el país.
Nada que los sindicatos “dueños” de las empresas públicas no hayan hecho antes. Una vez más, colocaron sus intereses sectoriales por encima del interés general, porque, al fin y al cabo, sus puestos de trabajo permanecen asegurados y, si el perjudicado es el conjunto de la sociedad, igualmente seguirán percibiendo salarios que, por cierto, se encuentran entre los más altos de la escala de remuneraciones del país.
Pese a ello, los gremios estatales continúan sosteniendo una amplia plataforma de reivindicaciones respaldada por su capacidad de organización y movilización, recurriendo con frecuencia a paros, ocupaciones y otras medidas de conflicto para influir en las decisiones gubernamentales.
Y ya que hablamos de beneficios y privilegios, uno de los conflictos más relevantes de los últimos años estuvo relacionado con la reforma del régimen de certificaciones médicas para los funcionarios públicos.
El nuevo sistema buscó aproximar el régimen estatal al vigente para los trabajadores privados, limitando el pago íntegro del salario durante las licencias por enfermedad y estableciendo un régimen de subsidios a partir de determinado número de días.
COFE rechazó la reforma, realizó paros nacionales, ocupó dependencias públicas y presentó una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Posteriormente, el Poder Ejecutivo acordó suspender transitoriamente la aplicación del nuevo régimen mientras avanzaba un proceso de conciliación.
El promedio anual de certificaciones médicas en el sector público rondaba los 31 días por funcionario en algunos organismos, dato utilizado por el gobierno para fundamentar la necesidad de modificar el régimen.
En los hechos, que son los que finalmente mandan, los cambios organizacionales, las reformas de gestión, las modificaciones en los regímenes laborales, los intentos de modernización o la incorporación de nuevas formas de administración han sido respondidos reiteradamente con paros, trabajo a reglamento, ocupaciones de instalaciones, movilizaciones y campañas de presión política. En la práctica, cualquier administración sabe que impulsar transformaciones profundas en una empresa pública implica enfrentar un elevado costo político y social. Esa capacidad de veto constituye uno de los principales rasgos del funcionamiento de los entes estatales en Uruguay y ayuda a explicar situaciones como la del frustrado operativo de Ancap.
Lo sucedido demuestra, además, la pretensión sindical de torcer el brazo a los gobernantes legítimamente elegidos por la ciudadanía para administrar el Estado y, dentro de él, las empresas públicas, que en los hechos terminan sometidas a una lógica de gobierno corporativo. La situación lleva al extremo la pregunta acerca de quién ejerce realmente el rol de “dueño”: si la ciudadanía, representada por el gobierno democráticamente elegido, sus directorios políticos y los organismos de control, o si, en la práctica, lo hacen los múltiples actores y organizaciones que comparten una misma matriz ideológica y son capaces de bloquear decisiones estratégicas, siempre procurando llevar agua para su propio molino.
Y así estamos.

La inmunidad parlamentaria nació en la Europa moderna como respuesta a los intentos de las monarquías por controlar a las asambleas representativas. El episodio de 1642, cuando Carlos I ingresó a la Cámara de los Comunes para arrestar a cinco diputados, evidenció la necesidad de proteger a los representantes frente a la coerción del Poder Ejecutivo. Desde entonces, la inmunidad pasó a entenderse como una garantía para ejercer la función legislativa sin temor a represalias.

En la Francia revolucionaria, la Asamblea Nacional consagró la inviolabilidad parlamentaria para impedir que el aparato penal fuera utilizado contra la oposición, en línea con la concepción de Benjamín Constant sobre las “zonas de libertad política” indispensables para la deliberación democrática. En el siglo XIX, la experiencia alemana —analizada por Lorenz von Stein y retomada posteriormente por Hannah Arendt— mostró que la ausencia de estas protecciones facilitaba la persecución judicial de los opositores, consolidando la inmunidad como un pilar de la separación de poderes.

En América Latina, la recepción de esta institución estuvo marcada por la existencia de presidencialismos fuertes y por la necesidad de evitar que el Poder Ejecutivo utilizara la justicia penal para disciplinar a la oposición. José Korzeniak defendió la inmunidad como garantía de la independencia parlamentaria en contextos de alta conflictividad; Carlos Sánchez Viamonte sostuvo que, sin fueros, gobiernos con inclinaciones autoritarias podrían alterar la dinámica legislativa mediante procesos selectivos; Roberto Gargarella analizó cómo la estructura constitucional latinoamericana exige proteger al Parlamento frente a la concentración del poder presidencial; Atilio Boron advirtió sobre la “judicialización selectiva” como mecanismo de disciplinamiento político; Fernando Atria subrayó que la democracia requiere espacios institucionales donde la representación opere sin interferencias; y Diego Valadés integró la inmunidad dentro de su teoría de las garantías destinadas a limitar el uso político del derecho penal.

En el constitucionalismo contemporáneo, los fueros constituyen una garantía estructural de la representación política. La inviolabilidad de opinión protege al legislador frente a cualquier responsabilidad derivada de las expresiones formuladas en el ejercicio del cargo. Norberto Bobbio sostuvo que la democracia necesita esferas de libertad institucional donde la crítica pueda ejercerse sin temor; Jürgen Habermas advirtió que la deliberación requiere condiciones que impidan la “colonización” del debate por actores con poder económico o estatal. Por su parte, la inmunidad de arresto o de proceso funciona como un filtro político-institucional: Giovanni Sartori explicó que no procura impedir la acción penal, sino garantizar que una acusación no altere artificialmente la composición del Parlamento; Pierre Rosanvallon destacó que estas garantías protegen la función representativa frente a la volatilidad del conflicto político.

La legitimidad de los fueros depende, sin embargo, de una administración responsable. Eduardo García de Enterría mostró que surgieron para impedir detenciones arbitrarias; Manuel Aragón Reyes advirtió que deben interpretarse con un criterio estrictamente funcional, evitando que se conviertan en refugios personales; y Luigi Ferrajoli sostuvo que las garantías pierden legitimidad cuando se transforman en privilegios, aunque siguen siendo indispensables cuando preservan la estructura del Estado constitucional frente a eventuales abusos de poder.

En síntesis, la inmunidad parlamentaria constituye una pieza central del equilibrio democrático. No protege a las personas, sino a la función representativa. Garantiza la libertad de expresión de los legisladores, preserva la autonomía del Parlamento y previene la instrumentalización del derecho penal como mecanismo de disciplinamiento político. Aplicada con criterios funcionales, fortalece la democracia; desviada hacia la protección de intereses personales, erosiona la confianza pública.

Los parlamentarios hoy

Durante las últimas dos décadas, los fueros parlamentarios en Uruguay han funcionado como un mecanismo estable de protección institucional, aunque también como un espacio de tensión entre la autonomía legislativa y la responsabilidad pública. El régimen mantiene su estructura clásica: inviolabilidad por las opiniones vertidas en el ejercicio del cargo e inmunidad de arresto o de proceso, cuyo levantamiento depende de la decisión de cada cámara.

Desde comienzos de este siglo, los pedidos de desafuero han sido escasos, aunque políticamente relevantes, obligando al Parlamento a pronunciarse sobre la legitimidad de las investigaciones judiciales y la necesidad de preservar la independencia del Poder Legislativo.

El tratamiento de esos pedidos revela una pauta constante: las cámaras han tendido a autorizar el avance de la justicia cuando los hechos imputados no guardan relación con la función parlamentaria, reafirmando así que los fueros no constituyen un refugio personal. Al mismo tiempo, el sistema ha evitado que la acción penal altere mayorías legislativas o condicione la agenda parlamentaria, preservando la estabilidad institucional.

El debate público se ha concentrado, por tanto, en cómo equilibrar la transparencia con la autonomía parlamentaria. Sin embargo, el diseño constitucional ha demostrado una considerable resiliencia: los fueros continúan operando como una garantía funcional y su administración política ha contribuido a preservar la credibilidad del Parlamento en un contexto regional caracterizado por una creciente judicialización de la política.

¿Y si no hubiera fueros?

La práctica parlamentaria enfrenta hoy un nuevo dilema cuando se plantea que la inviolabilidad ya no debería alcanzar a legisladores que mienten deliberadamente o insultan durante las sesiones. La inmunidad de opinión nació para proteger la deliberación frente a presiones externas, no para blindar conductas que degradan el debate democrático.

Si la inviolabilidad dejara de amparar expresiones ofensivas, insultos o afirmaciones deliberadamente falsas, la palabra parlamentaria quedaría sometida al eventual reproche penal y cada intervención podría ser evaluada como una posible difamación. Ello modificaría sustancialmente la conducta de los legisladores, cuya función exige libertad para formular acusaciones políticas, plantear hipótesis, expresar críticas severas o emitir juicios de valor sin temor a represalias judiciales.

Sin embargo, la expansión contemporánea de discursos agresivos, falsedades estratégicas y descalificaciones personales ha desvirtuado, en parte, el sentido original de la inmunidad. Cuando la palabra parlamentaria se utiliza para agraviar adversarios o instalar afirmaciones falsas con impacto público, la protección corre el riesgo de transformarse en un escudo para prácticas que deterioran la confianza ciudadana.

Si los fueros dejaran de amparar esas inconductas, los legisladores quedarían sometidos a las mismas responsabilidades que cualquier ciudadano y deberían responder ante la Justicia cuando la Fiscalía promoviera acciones por difamación, injurias u otros delitos vinculados a la difusión de información falsa. Ello podría introducir un principio de responsabilidad que contribuyera a elevar la calidad del debate institucional.

Si una garantía concebida para proteger la democracia termina siendo utilizada como cobertura para la mentira o el agravio, corresponde preguntarse si su configuración actual sigue cumpliendo la finalidad que le dio origen. Es hora de debatir si aspiramos a una democracia de ciudadanos iguales ante la ley o a un sistema que continúa reservando privilegios difíciles de justificar.

Porque, si un instrumento diseñado para fortalecer la calidad institucional termina debilitándola, resulta legítimo discutir su reforma. O los fueros sirven para fortalecer la democracia, o terminan convirtiéndose en una herramienta de impunidad. Y la impunidad frente al abuso de la palabra pública difícilmente contribuya a fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Cuentan que Daniel Ortega –joven, no tenia ni 40 años–, tras asumir su primera presidencia en Nicaragua (enero de 1985), se apresuró a viajar hasta el altar de La Habana para ofrendarle el país a Fidel Castro.
Fidel, un hábil “vividor” –uno de los mayores de la historia, si no pregunten a los rusos o a los venezolanos–, agradeció, lo bendijo y le hizo dos recomendaciones: no llames más a elecciones y trata de mantener buenas relaciones con los gringos.
Ortega no cumplió y las elecciones siguientes las ganó Violeta Barrios de Chamorro, la viuda del periodista Pedro Joaquin Chamorro, asesinado por los somocistas, hecho que precipitó la caída de la dictadura.
Dicen que Fidel, con su proverbial modestia comentó: “Yo se lo dije, que no llamara a elecciones, pero es medio tonto”.
Todo esto me lo contó un escritor, que fuera muy cercano a los Castro y que cayó en desgracia cuando la crisis del Gral.Ochoa y que pudo “escapar” de Cuba gracias a los oficios de su colega Gabriel Garcia Márquez.
Hay que reconocerle a Ortega que se ha esforzado. Para empezar, con los gringos nunca ha tenido problemas grandes y nunca ha dejado de ser marxista, progresista, peón de Cuba, antiimperialista y antiyanqui. Se dice que ha hecho buena letra con los temas tráfico de drogas y de inmigrantes. Zonzo no es, también ha sorteado otros tamaños escándalos que da vergüenza recordar. Además ha matado o mandado a matar, ha quitado la ciudadanía y echado a todos los disidentes, sin hacer asco a que sean oenegés o que vistan sotanas, ha acabado con todas las libertades, la libertad de prensa primero y, of course, ha hecho fraude en todas las elecciones que ganó desde el 2007 hasta ahora.
Pero en estos días parece que resolvió dar fiel cumplimiento a la recomendación del maestro y anunció que no se llamará mas a elecciones en Nicaragua y que seguirán al mando en tándem con su esposa Rosario Murillo, como lo hacen desde hace mucho.
Ortega progresista, fidelista, hombre de izquierda, recibió permanente apoyo de sus correligionarios; a veces alguno hizo leves críticas ante sus barbaridades, alguna feminista en caso específico o firmaron declaraciones “abriéndose” pero que no iban mas allá o simplemente daban vuelta la cara para no ver (Lulas hay en todo lados), pero llegado el momento decisivo la hermandad no dejó ni deja de funcionar: todos a una. Si es deshonesto no es de izquierda, si es de izquierda no es deshonesto, como aseguran los frenteamplistas uruguayos.
Esta última decisión de Ortega, o Murillo –yo lo entrevisté dos veces, allá por 1985 en Montevideo y un años después, aproximadamente, en Managua y las dos veces me pareció que estaba borracho– levanta polvareda. Hasta la ONU, lo cual, de todas formas no embroma ni importa a nadie.
Y hablando de tonterías, el secretario general de la OEA sostuvo que “el régimen ha abandonado la democracia”. Chocolate por la noticia: ¿y hasta ahora qué?
En definitiva, si siempre vale buscarle algún diente blanco al perro muerto, habría que computarle a Ortega que se sacó la careta y ya no juega a los marxista-leninistas en plan gramsciano, que se han abocado a acabar con la democracia, definitivamente, desde adentro. Ahí están los chavistas en Venezuela y hasta ahora bendecidos. Todos bendicen: Fidel, Lula, Trump, Xi Jinping hace negocios y a Putin no darle la espalda, pero todos a la vez contestes en que a la democracia solo le cabe la extremaunción.

Durante años, los uruguayos nos acostumbramos a que un auto común costara lo que en otros países cuesta uno de categoría superior. La explicación habitual parecía razonable: impuestos, tasas, fletes y un mercado chico. En ese contexto, la llegada oficial de Tesla, con modelos ofrecidos a precios menores de los imaginados, plantea preguntas sobre el funcionamiento del mercado automotor y sobre la forma en que se determina el precio que finalmente paga el consumidor.

Lo importante para este artículo no son las características de los vehículos de Tesla, sino que su entrada deja en evidencia una estructura económica particularmente costosa para el consumidor final. En Uruguay, quien quiere comprar un auto nuevo de determinada marca, con garantía y respaldo oficial, normalmente debe acudir a un representante autorizado que suele ser único para esa marca. No existe un monopolio, sobre todo el mercado, porque el consumidor puede elegir entre distintas marcas, pero el representante exclusivo sí dispone de un considerable poder de mercado dentro de su propia marca. No compite contra otro vendedor que ofrezca exactamente el mismo vehículo en condiciones equivalentes. Compite contra otras marcas que también operan bajo estructuras similares. Esto reduce la presión competitiva sobre el precio y puede permitir que incorpore, además de los costos y de una rentabilidad “normal”, una renta asociada a la exclusividad.

En el sistema tradicional de comercialización de autos, entre la fábrica y el comprador final intervienen diferentes intermediarios que constituyen los eslabones de una cadena. Cada uno presta servicios, incurre en costos y busca obtener un margen. Cuando existen varios niveles de intermediación y la presión competitiva es débil, los márgenes pueden acumularse y ampliar la distancia entre el costo de origen y el precio final.

En un mercado chico, diferenciado y con barreras de entrada, puede sostenerse un equilibrio de pocas unidades vendidas con altos márgenes de ganancia sin que necesariamente exista coordinación explícita entre las empresas.

Si bien Uruguay aplica una alta carga tributaria a los autos y enfrenta costos logísticos significativos, estos factores no explican por sí solos toda la cuestión. La entrada de un competidor con una estructura distinta obliga a revisar cuánto de los precios habituales responde a costos inevitables y cuánto a la organización comercial del sector. Tesla combina producción estandarizada a gran escala, integración entre fabricación e importación, venta directa por internet y menor dependencia de concesionarios independientes. A ello se suma que puede aceptar inicialmente un margen menor por cada auto vendido para ganar participación en el mercado. Esto no demuestra que todas las empresas instaladas hayan obtenido beneficios excesivos ni que todos los vehículos sean directamente comparables. Sí demuestra que existen otras formas de comercializar autos en Uruguay y que los precios a los que el público se acostumbró no son inevitables.

La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta traer un auto a Uruguay, sino también cuánto cuesta la estructura utilizada para venderlo y qué parte del precio responde al valor efectivamente entregado al consumidor. Las marcas establecidas podrán responder bajando precios y resignando márgenes para vender más unidades. También podrán competir mediante mejores condiciones de financiación, garantías más largas, mayor equipamiento o mejor servicio posventa. En ambos casos podría mejorar la situación del consumidor, que es precisamente el efecto esperado de que haya más competencia.

Los efectos de la llegada de Tesla y de más autos eléctricos en general no terminan en las automotoras. Si aumenta su participación, las estaciones de servicio van a vender menos litros de combustible y los talleres mecánicos tradicionales van a tener que adaptarse a vehículos con menos necesidades de mantenimiento, aunque también van a surgir nuevas demandas vinculadas a las nuevas tecnologías.

Es legítimo que estos sectores planteen los costos de la transición y reclamen condiciones razonables para reconvertirse. El límite aparece si esa defensa procura encarecer la nueva tecnología o preservar mediante regulaciones una demanda que el cambio tecnológico reduce.

No sería la primera vez que en Uruguay los costos de adaptación de un sector organizado intentan presentarse como una responsabilidad de toda la sociedad. Cuando una innovación amenaza una actividad establecida, la discusión se desplaza desde cómo adaptarse hacia qué debería hacer el Estado para proteger a quienes pierden. El interés particular se presenta como interés general y el consumidor-contribuyente pasa a ser responsable de la conservación perpetua de un modelo de negocios desplazado parcialmente por una tecnología más eficiente para ciertos usos, en beneficio de un grupo reducido de empresarios con poder de presión.

La ganancia es la recompensa legítima de quien asume el riesgo de invertir, innovar o reducir costos. El problema aparece cuando la rentabilidad no depende de servir al consumidor, sino de mantener una posición exclusiva, restringir la entrada de productos nuevos o preservar regulaciones favorables. Un mercado sano no garantiza la supervivencia de cada empresa ni la conservación perpetua de cada margen de ganancia. Garantiza que el consumidor pueda elegir, que nuevos competidores puedan ingresar y que cada precio deba justificarse frente a las alternativas existentes.

Uruguay no es caro solamente por su reducida escala demográfica. Es caro también por una combinación de concentración en algunos mercados, barreras regulatorias, una elevada presión tributaria y un sistema político permeable a las presiones de grupos sectoriales organizados, que tienen derecho a defender sus intereses, pero no a transformarlos en obligaciones para el resto de la sociedad.

La discusión que empieza con el precio de los autos Tesla es, en realidad, mucho más amplia: si las políticas públicas priorizarán al consumidor, la competencia y el interés general, o si seguirán preservando las posiciones de quienes ya están instalados frente a la llegada de alternativas mejores o más baratas.

Ec. Francisco Rizzo

Estamos cada día más sorprendidos con el gobierno que tenemos. Es el más desprolijo que hemos tenido en nuestro país. Venimos cayendo en gestión; tuvimos el de Mujica, que fue lo peor de los últimos 20 años. Yo, como mucha gente, pensé que no iba a haber otro tan lamentable para el país. Fue nefasto y nos dejó muchos problemas: el de la marihuana, lo de Gas Sayago, lo de Pluna y otras consecuencias a nivel político.

Pero apareció Orsi, que no sé si no es peor; en un año y medio que va del gobierno no ha hecho nada por la gente, solo cometer horrores, y lo peor es que todo su gabinete, en vez de estar preocupado por mejorar la situación del país, está tapando todos los días las macanas que hace nuestro presidente.

Yo sabía que el sistema político venía muy mal; tienen demasiados privilegios, ganan muy bien y a la gestión nadie se la controla. Y si no, miren a la oposición, sentados cómodos en los sillones del palacio legislativo, viendo que el país se hunde cada día más, que la gente vive muy mal. Por ejemplo, con la inseguridad: cuando la gente muere diariamente, están preocupados por gente que murió hace más de 50 años.

Hoy la estadística dice que muere mucha más gente por asesinatos y accidentes que en los años de la dictadura y nadie hace marchas de protestas. Qué negocio el de los desaparecidos. Se comprende a los familiares (de un solo bando) que estén buscando a sus seres queridos, pero hacer política barata como hace la izquierda, y no ver lo que pasa hoy, es otra cosa.
Ahora, con las patrullas militares o la Republicana, hay gente en desacuerdo con que salgan a las calles.

Pero todos vivimos con miedo. Hace 20 años dejábamos la puerta abierta, no había perros ni alarma como ahora, y andábamos en la calle caminando, trabajando en cobranza como yo, tranquilos, sin miedo a que nos asalten. Pero los políticos no hacen nada, siendo que a veces hasta a ellos les roban. Pero todavía siguen pensando en darles algo más a los que están privados de libertad, más beneficios de los que tienen mientras están presos: comida, salud, educación, preparación física, siendo que hay jubilados que han tenido una conducta intachable y hoy están pasándola muy mal. Y el gobierno festeja que le da unos miserables 200 pesos de aumento. Lo mismo con la gente que trabaja y gana el sueldo mínimo y no llega a fin de mes; parece que se ríen de la gente. La casta política se tiene que sacar de una vez por todas; hay que poner gente capacitada, con estudios y con lo más importante: ética.
Hay que limpiar toda esta clase de políticos inútiles que solo han destrozado el futuro de nuestro país; algunos no se ven en cinco años, y los que salen a dar la cara mienten y se hacen los malos y después se abrazan y toman whisky todos juntos. La verdad es que la gente hoy está con graves consecuencias por estos personajes hipócritas que dicen pensar en los niños y en los pobres y ellos viven como reyes, sin tener ningún problema económico.

Ahora le dan 10.000 pesos como solución para el problema de los niños y ese dinero nunca va a llegar a ellos; esos padres ya tienen muchos beneficios, hasta casa les dieron. La verdad es lamentable: los que piensan que el problema de la pobreza se arregla regalando plata están equivocados. No, señores, se soluciona con fuentes de trabajo, educación y amor a la familia. Nosotros fuimos educados así y hemos triunfado en la vida con esos principios.
Y para terminar esta solicitada, no olvidarnos del gran hermano, el Pit Cnt, que solo piensa en impuestos a los ricos y que la gente trabaje menos horas al día, y con eso se arregla toda la desocupación que hay hoy y se van a traer nuevos inversores, que tanto los necesitamos.

Qué arrogantes que son, vagos, y lo peor es que están tranquilos estos señores, curran bien, recaudan millones de dólares por mes y nadie los controla. ¿Dónde está la Senaclaft? ¿Y la DGI, el BPS?

Porque un emprendedor pone un quiosco y tiene que aportar desde el día cero. También tenemos una gran situación con el puerto de Montevideo, principal fuente de ingreso de productos al país y salida de los productos de exportación al mundo. Pero están parados por los gremios, que cada día piden ganar más, y el sueldo promedio que tienen es de 150.000 pesos por mes. Qué dirá la gente que gana 20.000. Es increíble; los sindicalistas les lavan la cabeza a los obreros. Pero esa gente tiene cerebro, porque si pierde esa fuente de trabajo, ¿dónde va a ir a ganar esos sueldos que tiene? Lo peor es que muchos barcos siguen de largo y no llegan al puerto por estos paros.

Yo estuve en España unos días; tienen un gobierno de izquierda y es un desastre. La gente está muy disconforme en general, tienen los mismos problemas que tenemos aquí hoy, pero más graves. Tienen políticos corruptos e inmigrantes, eso está destrozando y desmoralizando al que labura. En conclusión, nos dimos cuenta de que la izquierda no sabe gobernar. Miren lo que pasa en el mundo, nadie los quiere. A España la salvan los 90 millones de turistas que reciben por año; por eso te atienden tan bien y tienen todo organizado para que el turista se sienta bien. Y aquí, con todo lo que tenemos para ofrecerles a los turistas, solo promocionamos Punta del Este y Montevideo. De nuestra historia nada, y menos las termas. Los españoles se sorprendían cuando les comentábamos de las termas de Almirón, que eran curativas. Mientras tanto, el Ministerio de Turismo existe solo para ocupar cargos y poner gente para no hacer nada. Son lamentables.

Ángel

Como cada 25 de julio, hoy es el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Por supuesto que celebrar esta fecha a esta altura del año tiene lógica para el hemisferio norte, donde están transitando el verano. Sin embargo, ello no quiere decir que nada esté pasando por estas latitudes en este tema, a pesar de que el frío no invite a adentrarse en aguas abiertas. Sin ir más lejos, tenemos en esta región varios centros termales que son el eje de la propuesta turística, para los que este tema es crucial. Lo otro que está pasando es que en la Cámara de Representantes se aprobó la semana pasada un proyecto de ley de regulación de la seguridad acuática y prevención de ahogamientos, que pasará a ser abordado por la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores. De la agilidad que se le dé al tratamiento de este proyecto dependerá que el próximo verano se puedan comenzar a instrumentar algunas de las disposiciones allí contenidas.
No es la primera vez que abordamos la temática de la prevención de ahogamientos desde este espacio, reclamando una política nacional en la materia. Los números lo justifican plenamente.
A nivel mundial, los ahogamientos se cobran más de 300.000 vidas al año —30 decesos cada hora— y casi una cuarta parte de las víctimas son menores de cinco años. Se trata, de hecho, de una de las diez principales causas de muerte en niños de entre 5 y 14 años. Más del 90% de las muertes por ahogamiento en el mundo ocurren en ríos, lagos, pozos, depósitos de almacenamiento de agua doméstica y piscinas en los países de ingreso bajo y mediano, y afectan de forma desproporcionada a los niños y adolescentes de zonas rurales.
Expresa la exposición de motivos del proyecto aprobado en la Cámara baja que “a diferencia de otras causas de mortalidad prevenible que han sido objeto de políticas públicas específicas y sostenidas, Uruguay aún no contaba —no cuenta— con una estrategia nacional integral orientada a la prevención de estos eventos”. Agrega una serie de datos que reflejan la dimensión del problema en el país. “Los datos disponibles son tan contundentes como preocupantes”, afirman los legisladores. “En los últimos cinco años fallecieron en Uruguay 189 personas por ahogamiento. Detrás de cada una de esas cifras existe una historia truncada, una familia devastada y una tragedia que, en la enorme mayoría de los casos, pudo haberse evitado”. Sin embargo, otros datos revelan un problema aún mayor. “El Ministerio de Salud Pública estima que por cada persona fallecida al menos cuatro personas requieren atención en un centro de salud luego de sufrir un episodio de inmersión o sumersión. Ello permite estimar que, además de las 189 personas fallecidas, aproximadamente 756 personas sobrevivieron tras requerir asistencia sanitaria, algunas de ellas con secuelas físicas”. Expresan que, además, estamos ante “una problemática de salud pública que genera discapacidad, dependencia, sufrimiento familiar, costos sanitarios y pérdidas sociales que impactan sobre toda la comunidad”.
En su artículo 1.°, el proyecto prevé la declaración de interés general para la prevención del ahogamiento, así como “su reconocimiento como problema de salud pública y la promoción de acciones coordinadas para reducir la morbilidad, la mortalidad y los eventos adversos relacionados con la inmersión o sumersión en cuerpos de agua naturales o artificiales en todo el territorio nacional”. El eje del proyecto es la creación de un Plan Nacional de Seguridad Acuática, coordinado por el Ministerio de Salud Pública con el Sistema Nacional de Emergencias, la Secretaría Nacional del Deporte y la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, que deberá actualizarse cada cinco años. El Plan deberá establecer metas cuantificadas de reducción de ahogamientos, implementar medidas de prevención, diseñar políticas diferenciadas para niños, adolescentes y jóvenes, incorporar medidas para todos los entornos acuáticos urbanos y rurales, e incluir programas nacionales de educación, comunicación de riesgos y capacitación, entre otros mandatos.
También se establece —artículo 6.°— una serie de disposiciones referidas a la habilitación de piscinas públicas y privadas de uso público, con regulaciones en materias como sistemas de drenaje y desagüe, señalización de profundidad, normas de uso y riesgos.
Asimismo se dispone el registro y reporte obligatorio al Sistema Nacional de Registro de Incidentes y Eventos Adversos, que también se crearía de aprobarse esta norma, al igual que el Fondo Nacional de Seguridad Acuática, destinado a financiar programas nacionales de educación y prevención, equipamiento de seguridad acuática para intendencias y servicios de guardavidas, infraestructura de seguridad en playas, ríos y piscinas, entre otros destinos. Este fondo se financiará tanto con aportes gubernamentales como con donaciones, legados, cooperación internacional y lo obtenido por multas y sanciones derivadas de la aplicación de la ley.
El lema del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos 2026 es “Unámonos para revertir la situación”, y la Estrategia Mundial de Prevención de los Ahogamientos, aprobada el año pasado, hizo un llamamiento a todos los sectores y niveles de la sociedad para lograr el objetivo de reducir los ahogamientos en un 35% de aquí a 2035.
Quizás en un país con las características del nuestro sea posible implementar estas normativas con una meta aún más ambiciosa. No será tarea fácil, por supuesto, pero ya de por sí poner el tema en relieve y lograr que efectivamente —y no solo en el papel— se le considere un asunto de interés general es un buen punto de partida para hacer frente al desafío.

Durante años, gran parte de la izquierda internacional —y también de la izquierda vernácula— ha intentado presentar a regímenes como los de Nicaragua, Cuba o Venezuela, entre otros, bajo el eufemismo de “democracias diferentes” —algo así como “avanzadas”, desde su particular óptica—, pero el tiempo se ha encargado de desmentir este eufemismo ideológico: se trata de la imposición, por la fuerza, de dictaduras de izquierda que han conculcado durante décadas los derechos humanos que pregonan, sojuzgando a los pueblos que dicen defender. Según ese relato, no se trataba de dictaduras sino de modelos alternativos de participación popular, supuestamente más representativos que las democracias liberales occidentales.
Sin embargo, la realidad ha ido desmontando esa construcción discursiva. La concentración del poder, la persecución de la oposición, la censura a la prensa, la falta de elecciones libres y competitivas y las reiteradas denuncias de organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos han dejado cada vez menos espacio para sostener dicha presunción.
Y lamentablemente para ellos, uno de sus admirados regímenes, el de Nicaragua, a través de su “copresidente” Daniel Ortega, ha proclamado lisa y llanamente que se ha terminado la época del eufemismo y que no habrá nunca más “democracia” en su país. El propio Ortega se encargó de disipar cualquier duda que pudiera quedar.
Las agencias internacionales dan cuenta de que Daniel Ortega, junto con su esposa y copresidenta Rosario Murillo, anunció durante un acto para conmemorar el 47° aniversario de la Revolución Nicaragüense, celebrado el 19 de julio en Managua, un “muro” de leyes en la Asamblea Nacional “para que los golpistas, los vendepatrias, no puedan volver al gobierno”. Y qué mejor para ello que autoproclamarse dictador absoluto.
En efecto, en el acto celebrado en la Plaza de la Fe, el exgerrillero sandinista proclamó que no volverá a haber elecciones en su país. “Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”, dijo el mandatario de 80 años, quien está en el poder de manera ininterrumpida desde 2007 y que desde febrero de 2025 comparte el cargo con su esposa.
Anunció también que “vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las obligaciones correspondientes para hacer las leyes, para que les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, para que, por mucha plata que les den los yanquis”, no puedan volver al gobierno, de acuerdo con lo informado por el diario nicaragüense Confidencial y cuyo video se viralizó en las redes sociales.
Los últimos procesos electorales en el país centroamericano estuvieron marcados por la alta abstención de los ciudadanos: tanto en 2016, cuando Ortega volvió a reelegirse con Rosario Murillo como vicepresidenta, como en las elecciones de 2021, en las que se proclamó ganador con más del 75% de los votos, después de haber ilegalizado a los partidos opositores y encarcelado a todos los precandidatos de la oposición.
En 2025, con la entrada en vigor de la nueva Constitución, el período presidencial se amplió de cinco a seis años. Según la nueva carta magna, llamada popularmente en Nicaragua “Chamuca” —en referencia al sobrenombre de Murillo—, las elecciones deberían realizarse en noviembre de 2027.
Lo ocurrido en Nicaragua representa, además, el desenlace lógico de un proceso de concentración de poder que lleva años. Las elecciones anteriores ya habían estado marcadas por la ilegalización de partidos opositores, el encarcelamiento de precandidatos presidenciales y una participación cuestionada por amplios sectores de la comunidad internacional. La reciente reforma constitucional no hizo más que consolidar ese modelo.
Paradójicamente, estos regímenes suelen reivindicar la participación popular mediante actos multitudinarios y asambleas organizadas por el propio aparato estatal. Pero cuando la asistencia está condicionada por la dependencia del empleo público, por el control político o por el temor a represalias, difícilmente pueda hablarse de una expresión espontánea de la voluntad ciudadana. La movilización organizada desde el poder no sustituye el voto libre ni el pluralismo político.
Tampoco puede ignorarse otro dato de la realidad. Países que durante décadas prometieron igualdad, prosperidad y justicia social exhiben hoy economías profundamente deterioradas, con altos niveles de pobreza, emigración masiva y una creciente dependencia de subsidios estatales. Millones de cubanos, venezolanos y nicaragüenses han optado por abandonar sus países en busca de oportunidades que sus gobiernos no pudieron —o no quisieron— garantizar.
El argumento de que todas esas dificultades obedecen exclusivamente a factores externos tampoco alcanza para explicar décadas de estancamiento, restricciones a las libertades y concentración absoluta del poder. Allí donde no existe alternancia política, donde el oficialismo controla las instituciones y donde disentir puede tener consecuencias personales, el problema deja de ser simplemente económico: es político.
Las palabras de Ortega tienen, además, un valor simbólico. Derriban definitivamente la ficción de la “democracia diferente”. Si un gobernante declara que nunca más habrá elecciones competitivas, ya no estamos ante una democracia con características particulares; estamos ante la admisión pública de un régimen autoritario.
Quizás sea momento de abandonar definitivamente los eufemismos. Las dictaduras no dejan de ser dictaduras porque se proclamen populares, revolucionarias o socialistas. Tampoco porque convoquen concentraciones masivas o invoquen permanentemente al pueblo. La verdadera legitimidad democrática no se mide por la cantidad de banderas en una plaza ni por los aplausos organizados desde el poder. Se mide por el respeto a las libertades, por la existencia de elecciones libres, por la posibilidad de la alternancia y por el derecho de cada ciudadano a expresarse sin miedo.
Cuando esas condiciones desaparecen, ya no queda lugar para hablar de “democracias diferentes”. Queda, simplemente, una dictadura, como es el caso del régimen instalado y entronizado por la fuerza en Nicaragua.

A la salida de la pandemia, el turismo de naturaleza tuvo un resurgimiento en Uruguay. Los motivos son elocuentes: esta crisis mundial marcó un punto de inflexión en la psicología del viajero y en la reconfiguración de la demanda turística a nivel mundial.
Así, lo que comenzó como una respuesta inmediata al confinamiento se configuró como un cambio en las preferencias de viaje, basado en la búsqueda de bienestar y del aire libre. El confinamiento aumentó el interés por los espacios abiertos y la desconexión del estrés urbano; comenzó a desarrollarse la tendencia hacia destinos no masificados y cobró fuerza el turismo de cercanía y los modelos que combinan el trabajo remoto con el ocio en entornos naturales.

En ese momento histórico, Uruguay ya contaba con algunas ventajas para atraer turistas con este perfil o interesar al turismo interno y regional. Entre ellas, la diversidad de entornos y paisajes en distancias cortas —que permite conectar en pocas horas la costa atlántica con humedales, sierras o monte nativo—, el impulso al turismo rural y en áreas protegidas, y la seguridad y calidad de vida, atractivos tanto para el turista regional como para visitantes de larga distancia.

Sin embargo, el crecimiento del turismo de naturaleza trae consigo una serie de advertencias a tener en cuenta. En primer lugar, si no se gestiona de forma responsable, la sobrecarga de visitantes puede destruir el recurso, por lo que es necesario adoptar con responsabilidad el principio de bajo impacto.

En la faja atlántica y del Río de la Plata esto implica prohibir la circulación de vehículos sobre las dunas para evitar la erosión y la destrucción de la fauna nativa; en los humedales y montes nativos como el Queguay o Santa Lucía, el desafío pasa por el manejo estricto de los residuos, la prevención de incendios, el cese de la caza ilegal de especies protegidas y el respeto a las comunidades locales.

Los ecosistemas prestan servicios vitales e intangibles —como la purificación del agua, la fijación de carbono, la contención de inundaciones y la recarga de acuíferos— que no pueden ponerse en riesgo por la imprudencia del turismo descuidado. Por otra parte, la arquitectura inclusiva, como las pasarelas accesibles recientemente inauguradas en el Queguay, no solo democratiza el disfrute para adultos mayores y personas con movilidad reducida, sino que encauza el paso del visitante protegiendo el suelo de la erosión.

Durante décadas, la relación entre desarrollo económico y conservación ambiental en el Uruguay profundo estuvo atravesada por la idea de que proteger el patrimonio natural implicaba ponerle un candado al territorio y frenar la producción. Esa visión resulta inviable ante las urgencias de la actualidad. En un contexto mundial y nacional marcado por la pérdida acelerada de biodiversidad, la contaminación de cuencas y el impacto del cambio climático, proteger la naturaleza ya no es un lujo sino una estrategia de supervivencia ecológica y, puede ser también, una herramienta para la resiliencia productiva y el desarrollo social.

En este escenario, el departamento de Paysandú tiene una propuesta de turismo de naturaleza que puede considerarse una experiencia testigo a escala nacional: el Área Protegida con Recursos Manejados Montes del Queguay. Con sus más de 20.000 hectáreas situadas en la confluencia de los ríos Queguay Grande y Queguay Chico, este ecosistema de montes ribereños, abras basálticas y humedales se ha convertido en un caso de laboratorio para la gestión ambiental.
Las recientes mejoras en el entorno de Paso de Andrés Pérez —de las cuales hemos dado cuenta en ediciones anteriores y que incluyen un mirador de aves panorámico, pasarelas accesibles, el pórtico de acceso en el kilómetro 402 de la ruta 4 construido con madera y piedra local y la renovación interpretativa del Centro de Visitantes— pueden considerarse una prueba de gobernanza participativa y de que la educación técnica y el turismo de bajo impacto pueden conciliar el cuidado del medio ambiente con el bienestar de las comunidades.

Seguramente estos avances tengan que ver también con la génesis de Montes del Queguay, ya que, a diferencia de decisiones tomadas desde escritorios de la capital, la protección del Rincón de Pérez nació del empeño de la propia comunidad de Guichón: desde colectivos como “Creativos” y organizaciones sociales, hasta concretar su ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2014. Las acciones que a lo largo del tiempo desarrollan la Dirección del Área Protegida, el Club Queguay Canoas, los guías locales de Guichón y los estudiantes del curso de Guardaparques del Polo Tecnológico de Paysandú (UTU) están en consonancia con esa lógica que ha acompañado el desarrollo del proyecto y constituyen la columna vertebral de lo que podríamos llamar una verdadera gobernanza ambiental. Además, la incorporación de piezas de carga simbólica —como la escultura “La Tuna”, en memoria de José Artigas y Melchora Cuenca, o la réplica de petroglifos locales— demuestra que la conservación tampoco está disociada de la historia, y que la biodiversidad también puede tender puentes para dialogar con la memoria del pueblo charrúa, la gesta artiguista y la identidad del monte.

Volviendo al turismo interno, los datos de esta área protegida revelan una dinámica que se consolidó tras la pandemia: el 80% de los visitantes proviene del sur de Uruguay, un 15% de la región y un 5% son turistas internacionales.

Este flujo masivo del sur claramente responde a la búsqueda de alternativas al turismo costero tradicional de sol y playa. Y en este sentido es que Paysandú debería leer los números que están aportando las estadísticas del área protegida como contribución al ecoturismo en el corredor del litoral. La cercanía del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay —con su puerta de entrada en San Javier, proyectada internacionalmente por la Organización Mundial del Turismo en el marco del Best Tourism Villages— y la reciente incorporación al SNAP de Islas del Queguay abren una gran oportunidad para posicionar el litoral oeste como polo de ecoturismo de estándares internacionales. Las mejoras en el entorno de Paso de Andrés Pérez en Montes del Queguay son un motivo de legítimo orgullo para la comunidad de Guichón y para todo Paysandú. El reto hacia el futuro es asegurar que todo este potencial no quede relegado por falta de recursos o indiferencia estatal.

Un informe de la agencia calificadora Moody’s advirtió sobre el efecto que la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento podría ocasionar en la economía uruguaya.
Un artículo al respecto publicado por Ámbito, firmado por el colega Alejandro Iglesias, recoge que Moody’s advirtió sobre el panorama de menor crecimiento previsto por el gobierno en el proyecto de Rendición de Cuentas, cuyo efecto sería el incremento “de la dependencia de la consolidación fiscal en medio de una trayectoria alcista de la deuda”.
El informe de la calificadora enfoca en “la rigidez del gasto que deja menor margen de maniobra ante eventuales shocks”, a la vez que anticipa la posibilidad de mayores riesgos de desvío fiscal el año que viene.
Destaca el artículo que, del mismo modo, se valoró de forma positiva el fortalecimiento del régimen de metas de inflación y la trayectoria del Índice de Precios al Consumo (IPC), así como la estrategia de desdolarización que lleva adelante el Banco Central del Uruguay (BCU), que busca fortalecer los mecanismos de control de que dispone el gobierno.
Moody’s refleja en su informe la rebaja que se presenta en las proyecciones de crecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la vez que suma “las restricciones del escenario externo para este año”. De la pandemia a esta parte prácticamente no ha habido respiro entre conflictos bélicos, guerra comercial e inestabilidad de precios en los mercados. La amenaza de un escenario más complejo permanece latente y la recomendación es fortalecer las reservas. Lo que plantea la calificadora es que, en lugar de ello, Uruguay elige comprometer más gasto, incrementando la dependencia de la emisión de deuda.
Plantea Moody’s —de acuerdo con el artículo de Ámbito— que el Ejecutivo “mantuvo la trayectoria del balance fiscal global y estructural hasta 2030, compensando los menores ingresos con recortes en el gasto operativo y en transferencias discrecionales”. Aunque estos movimientos son insuficientes para estabilizar la deuda bruta del gobierno, que proyecta superará el 65% del PBI hacia 2030, con un incremento de más de seis puntos desde el 59,8% de 2025. El informe valora que esa senda es consistente con la regla fiscal del gobierno, aunque “la rígida estructura del gasto” —que incluye salarios indexados, transferencias sociales y pensiones, que en conjunto representan el 86% del gasto primario— “deja un margen limitado de ajuste ante shocks, lo que agrava las vulnerabilidades fiscales a medida que aumenta la carga de la deuda”. En otras palabras, hay menos espalda para hacer frente a un eventual temporal de la economía mundial.
La observación de Moody’s radica en la proyección de una reducción de ingresos a 27,4% respecto del PBI, un recorte de cinco décimas respecto a lo estimado en la Ley de Presupuesto. Aunque señalan un mayor riesgo de desviación fiscal para 2027, “cuando el presupuesto proyecta que los ingresos aumentarán en 0,9 puntos porcentuales hasta 28,3% del PBI”.
Siempre en función del artículo basado en el informe de Moody’s, aunque el incremento previsto para el año próximo se apoya en una serie de mejoras administrativas, así como en el aumento de la recaudación por cambios tributarios como el Impuesto Complementario Mínimo Doméstico (IMCD) y la tributación de dividendos de no residentes, lo esperable es un impacto progresivo y no inmediato, en tanto “su rendimiento y calendario de implementación dependen de la coordinación fiscal internacional”.
También alude la calificadora a la reducción del gasto tributario en vehículos eléctricos e híbridos a partir de 2027, de la que considera que “aporta apoyo adicional”. Y si bien estimó que el enfoque en las medidas administrativas “ayuda a preservar la competitividad”, como contrapartida “aumenta la incertidumbre sobre la recaudación efectiva”, con lo que la consolidación de mediano plazo queda supeditada a una disciplina sostenida del gasto.
El artículo de Ámbito destaca que las valoraciones más positivas refirieron al financiamiento: por un lado, el crecimiento del porcentaje de la deuda nominada en pesos uruguayos —del 44% en 2019 al 56% en 2025—, lo que reduce el riesgo cambiario; y por otro, el crecimiento de las emisiones en moneda local a tasa fija no indexada, “alejándose de la deuda a tasa variable indexada al IPC o a los salarios”. El efecto de esta modalidad es que se reduce el traspaso de la inflación y de la dinámica salarial a los costos del servicio de la deuda.
Otro de los aspectos en los que puso atención la agencia calificadora fue el régimen previsional, en plena fase de revisión tras el Diálogo Social convocado por el gobierno. De ese proceso han surgido iniciativas como un mecanismo que habilite la jubilación anticipada a los 60 años y la modificación de la gestión de las AFAP, sobre la que todavía poco se conoce, pero que ya ha causado preocupación tanto en el ámbito doméstico como en esferas internacionales, por la incertidumbre que genera.
A esto se suman otras señales preocupantes: los permanentes conflictos sindicales en la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo y lo cuestionable de la oportunidad para abrir un debate sobre la reducción de la jornada laboral, con el impacto que esto podría tener sobre la captación de inversiones. Todo ello en un contexto de ya notoria falta de competitividad del país —tanto que ameritó el envío al Parlamento de un proyecto de ley para mejorar este aspecto—, por lo elevado de los costos salariales, energéticos y de logística. La impresión es que se está configurando una tormenta de dimensiones considerables.
Así como al presidente le cuesta redondear y cerrar temas cuando hace declaraciones, da la impresión de que a su gobierno le cuesta poner coto a las pretensiones de sectores con los que asumió compromisos sin tener presente el contexto de inestabilidad actual. De otra forma no se entiende que se siga hablando y reclamando un impuesto del 1%, por solo poner un ejemplo.

Desde hace décadas, el tema de la falta de especialistas médicos en el Interior, lejos de atenuarse, se ha ido acentuando, tanto en el caso de las mutualistas como en ASSE, y no hay hasta ahora una respuesta decidida del Estado para revertir esta situación. Mientras tanto, los pacientes derivados a especialistas siguen esperando dos, tres, cuatro y hasta más meses para ser atendidos, sin encontrar respuesta para esta atención especializada, mientras siguen pasando los años sin soluciones a medida para este problema. El diario El Observador da cuenta de que hay dos proyectos legislativos de 2026 para radicar especialistas médicos en el Interior de Uruguay: uno del Frente Amplio que obliga a recién egresados y otro del Partido Nacional basado en incentivos. Las propuestas buscan solucionar la falta de profesionales en el norte del país, contraponiendo la obligatoriedad frente a los beneficios económicos.

El diputado del Partido Nacional Andrés Grezzi presentó un proyecto de ley que otorga incentivos a especialistas médicos para que trabajen en centros públicos del Interior. La iniciativa es una respuesta a la que presentó el Frente Amplio, que obliga a los recién recibidos a trabajar en hospitales públicos de todo el país durante sus dos primeros años de egreso.
El autor del proyecto afirmó que no está de acuerdo con el presentado por el oficialismo, entiende que es inconstitucional, y que por eso propuso esta alternativa, que “busca no obligar a que tengan que ir al Interior, pero sí darle incentivos para que se puedan radicar allí”, dijo Grezzi en diálogo con el citado medio periodístico.

Por su lado, el diputado del Frente Amplio Federico Preve había presentado en abril el proyecto de ley que, de aprobarse, obligaría a los médicos y especialistas recién recibidos a atender durante sus dos primeros años de egreso en hospitales públicos de todo el país.

Preve, médico neurólogo, plantea que los profesionales cumplan una “carga horaria semanal mínima de cuatro horas y una máxima de 16 horas, durante un período de dos años”, según el texto del proyecto.

La implementación de este proyecto alcanzaría a los “profesionales que culminen la formación de posgrado en especialidades médicas y otros profesionales de la salud que culminen la formación de grado, posgrado o especialización”.
Se tendría en cuenta para determinar esta carga horaria la “distancia que exista entre el lugar de prestación del servicio y la capital del país”. Por otra parte, el proyecto establece que será el Ministerio de Salud Pública el que determine las “necesidades asistenciales de cada especialidad”.

El MSP “no registrará ni habilitará” el título para el ejercicio de la profesión a quienes no cumplan con lo dispuesto en el proyecto, que recién iniciará su trámite parlamentario. Ante este planteo, la Federación Médica del Interior (FEMI) afirmó que el proyecto de ley en cuestión “no constituye una solución adecuada. La imposición de un período obligatorio de ejercicio no garantiza la radicación sostenida de profesionales ni la calidad asistencial, pudiendo además generar efectos contraproducentes en el mediano y largo plazo”. En cambio, la federación entiende que “las soluciones deben orientarse a fortalecer la formación de especialistas en el Interior, mejorar las condiciones laborales y generar incentivos reales para la radicación”.

Hay una pregunta que debería atravesar cualquier discusión sobre nuestro sistema de salud: ¿el lugar donde nace y vive una persona puede determinar sus posibilidades de acceder a un especialista médico? La respuesta, aunque incómoda, es sí. Y esa realidad expone una de las mayores inequidades del país: la enorme distancia que existe entre la atención sanitaria disponible en Montevideo y la que reciben miles de uruguayos que viven en el Interior, una brecha que se vuelve todavía más profunda en los departamentos ubicados al norte del río Negro.

Durante décadas, el diseño del sistema sanitario ha reproducido una lógica centralista. Montevideo concentra la mayor parte de los especialistas, de los centros de alta complejidad, de la actividad académica y de las oportunidades laborales. Mientras tanto, el Interior continúa esperando. Espera médicos, espera consultas, espera diagnósticos y espera respuestas. Pero quienes no pueden esperar son los pacientes.

Hablar de listas de espera en el Interior no es hablar únicamente de tiempos administrativos. Es hablar de oportunidades perdidas para diagnosticar a tiempo, de enfermedades que avanzan, de tratamientos que se retrasan y de una desigualdad que termina castigando siempre a los mismos. Montevideo concentra una proporción significativamente mayor de médicos por habitante que el resto del país. Esa diferencia ya es importante entre la capital y el Interior, pero se vuelve dramática cuando se observan los departamentos más alejados de los grandes centros urbanos, particularmente los del norte del río Negro. Allí la escasez de especialistas es mucho más marcada, y los usuarios del sistema público deben convivir con largas listas de espera o directamente con la ausencia de determinadas especialidades.

El problema no admite soluciones simples. La distribución desigual de los recursos humanos en salud responde a múltiples factores. La formación de especialistas sigue concentrándose mayoritariamente en Montevideo. Los médicos construyen allí sus vínculos personales, familiares y profesionales, y encuentran mejores posibilidades de desarrollo académico, mayores redes de apoyo, más tecnología y, muchas veces, mejores condiciones laborales.

Por eso resulta indispensable avanzar en una política sostenida de descentralización de la formación médica. Formar especialistas en el Interior significa también generar arraigo: quien estudia, trabaja y desarrolla su vida en una comunidad tiene muchas más posibilidades de permanecer allí ejerciendo la profesión.

Sin embargo, esa es una estrategia cuyos resultados llegarán en el mediano y largo plazo. Y en el interín, no es irracional debatir y mejorar propuestas como la planteada por el diputado Preve: la creación de un servicio público, obligatorio, transitorio y remunerado para especialistas recientemente formados, destinado a cubrir durante un período determinado las necesidades del Interior del país. Al fin y al cabo, el Estado les financió una carrera universitaria completa, y no es descabellado pensar en una devolución que beneficie al interés general. Además, no sería algo completamente novedoso: así funcionó por décadas la educación primaria, donde las maestras recién recibidas comenzaban a trabajar en el interior profundo, en las escuelas más alejadas e aisladas de la campaña, antes de poder tomar escuelas en las capitales departamentales. Gracias a eso pudieron funcionar hasta hoy las escuelas rurales, adonde difícilmente un maestro novato elegiría ir a trabajar por propia voluntad.

La iniciativa seguramente abrirá debates. Pero al considerarse el instrumento, debe preguntarse cuál es el problema que intenta resolver, porque el verdadero centro de esta discusión no debería ser la comodidad del sistema ni las preferencias corporativas. El centro tiene que ser el paciente, y por ese eje deben pasar los mayores desvelos, en lugar de priorizar quién gana o pierde en la confrontación de intereses sectoriales o particulares.

Uruguay volvió a las cifras de suicidios similares a las registradas en 2015. Sin embargo, hubo más de 400 intentos por encima de lo contabilizado en 2024.

A pesar de las estadísticas oficiales, hay un mensaje que se repite desde la población cada vez que es sometida a largas esperas, con desigualdades territoriales en varias especialidades, entre las que también se encuentra la salud mental.
Esta demanda sin cobertura aumenta en Montevideo y la zona metropolitana por cuestiones de densidad poblacional, pero es igualmente acuciante al norte del río Negro, donde se radica el 7% de las especialidades. Es, al igual que en otros aspectos sociales, la otra cara de una realidad que se encuentra por encima de los números fríos.

La evidencia indica un aumento de los problemas de salud mental en Uruguay que requieren, más allá de las menciones reiteradas a un abordaje integral, el seguimiento y la rehabilitación que garanticen una atención sostenida; es decir, que no se debilite o desaparezca conforme cambien los gobiernos.

La tasa de mortalidad por suicidio es mayor en los hombres y, por franja etaria, se concentra en personas de 80 años o más y entre 30 y 34 años. Ronda los 30 casos cada 100.000 habitantes y se establece muy por encima de la media nacional, que se ubica en 19,16.

Con una particularidad sobre los números correspondientes a 2025: se suicidaron siete niños de entre 10 y 14 años. La infancia y la preadolescencia no están ajenas a este flagelo, que requiere un trabajo conjunto con las organizaciones sociales.
Por su lado, los especialistas no aseguran diagnósticos en las puertas de emergencia, sino valoraciones. Además, los cargos necesarios no se reponen desde hace varios años, y alcanza con revisar los llamados efectuados en las últimas administraciones. El mundo académico y las autoridades del gobierno coinciden en el aporte comunitario y, para eso, el Ministerio de Salud Pública lanzó el programa Acción País por la Salud Mental con el financiamiento de 42 proyectos por 34 millones de pesos, o unos 845.000 dólares.

Las iniciativas incluyen distintas terapias y actividades con adultos mayores, niños, embarazadas, disidencias y privados de libertad, algunas de alcance nacional y otras específicas para cada territorio. Las propuestas se mantendrán entre 2027 y 2029, en tanto los recursos están contemplados en el Presupuesto Nacional y otras fuentes ministeriales.

Es decir, caducarán cuando finalice este gobierno y no se vislumbra una política de Estado, a pesar de los sucesivos reclamos de los usuarios. En forma paralela, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció un presupuesto de 25 millones de pesos para la incorporación de psicólogos en todos los liceos del país, orientado a estudiantes de séptimo, octavo y noveno de Ciclo Básico.

En distintos centros educativos de Secundaria del país se registraron casos de violencia entre estudiantes, de padres hacia profesores y de alumnos contra directores, tal como ocurrió en Paysandú. Esos recursos no alcanzarán para el fortalecimiento de la atención de la salud mental porque son insuficientes para garantizar la presencia de un profesional por cada centro. En todo caso, alcanzarán para agilizar las coordinaciones entre los liceos y los prestadores de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa este enfoque porque en estos espacios se realiza una detección temprana de la problemática de salud mental en adolescentes y jóvenes. El principal desafío será llevar esta medida a la práctica con presencia real para el trabajo vinculado a otros aspectos que vuelven vulnerables a las personas, como la violencia intrafamiliar, la discapacidad y los contextos cada vez más complejos. Sin espacios de escucha y orientación dentro de los liceos —es decir, sin inversión en recursos humanos— no puede garantizarse un seguimiento adecuado de la problemática de la salud mental y su impacto en conductas o aprendizajes.

El perfil de muchos niños y adolescentes uruguayos está delineado por la falta de perspectivas de vida y de entorno, en ocasiones marcado por el consumo problemático de sustancias, la falta de empleo, la persistencia de condiciones de precariedad y la mirada hacia un peligroso círculo vicioso que los rodea.

De hecho, la Ley N.° 19.529 o Ley de Salud Mental, aprobada en 2017 por todos los partidos políticos, promueve ese abordaje que prioriza la prevención, la atención comunitaria y la coordinación entre organismos estatales.

En definitiva, al menos en Uruguay, algunas cosas no cambian. El país casi duplica la media global y regional, con un problema centrado en los hombres y los adultos mayores. Y tampoco cambia el perfil de los escasos recursos que definen los gobiernos, sin permitir llegar a la equidad e igualdad de un sistema que no brinda un abordaje en su integralidad, a menos que la persona cuente con recursos económicos y realice consultas con profesionales en el ámbito privado.

De hecho, la Universidad de la República publicó en 2023 que las personas que viven en situación de pobreza tienen un 50% más de riesgo de desarrollar trastornos mentales severos, por no acceder a una consulta y por tener que enfrentar los estigmas asociados a este problema.

Incluso siendo un país con amplia cobertura sanitaria que mejora sus indicadores de desarrollo humano, los trastornos depresivos y de ansiedad afectan a un 10% de la población adulta, de acuerdo con el último informe del Observatorio Uruguayo de Salud Mental. Menos del 20% de las personas que necesitaron atención médica, psicológica o psiquiátrica la recibieron de forma oportuna.

Las barreras culturales y la estigmatización que pervive sobre la salud mental atraviesan a las generaciones como el fantasma de la debilidad. Si el suicidio es evitable, tal como lo señalan los técnicos, entonces desde todo punto de vista se asemeja a un fracaso colectivo: ese que revela que la prioridad y sostenibilidad de las iniciativas en apoyo a la salud mental son, hasta ahora, un buen intento.

De algo que solemos jactarnos los uruguayos es del bajo nivel de corrupción. De hecho, suele referirse al país como el de menor percepción de corrupción en América Latina y entre los del grupo de punta a nivel mundial, en el puesto 17 de acuerdo al último Índice de Percepción de la Corrupción presentado por Transparencia Internacional, con 73 puntos sobre 100 y muy por encima del promedio mundial.
Sin embargo, no podemos perder de vista que este ranking lo que mide es la percepción de la corrupción y no la corrupción en sí misma, que sería difícil de medir. Ahora bien, qué percibimos y qué no como corrupción. Porque hay algunas “corrupciones” que ocurren a la vista de todos y muchos no solamente las aceptan sino que además las usufructúan —quién está libre de haber comprado en el comercio informal un producto de dudosa procedencia, o de haber hecho un asado con leña de monte nativo—, se benefician de ello y no falta quien proponga de tanto en tanto admitir algunos de estos actos, legalizarlos.
Uno de los más extendidos actos de corrupción se relaciona con la expedición de licencias de conducir de forma irregular. Han sido a lo largo de los años muy sonados los casos de excursiones que llevan personas a obtener sus permisos en otros departamentos, últimamente en municipios o localidades donde parece que los controles son menos rigurosos con respecto a los procesos para la obtención del carné habilitante.
En el caso de Paysandú ha habido situaciones que involucraron personal municipal. En 2018 fueron 25 las personas procesadas por diferentes delitos, entre ellos la expedición de libretas de conducir apócrifas. El año pasado fue muy comentado el caso del Municipio de Noblía, en el departamento de Cerro Largo, en el que incluso hubo una persona involucrada que integraba el equipo de gobierno departamental. En la pequeña localidad se emitían permisos de conducir de forma anómala. En ese momento, cuando saltó el tema de Noblía, se hablaba de varios municipios en los que podrían estar ocurriendo situaciones análogas; entre ellos ya se mencionaba el caso de San Javier, donde concurrían muchos conductores de Paysandú a tramitar sus permisos, muchos de ellos adultos mayores. Esto dio lugar a una investigación administrativa que terminó confirmando lo que se sospechaba: en la vecina localidad se podía acceder a un permiso sin cumplir con todos los requisitos previstos para la obtención de la habilitación. Prácticamente se “compraba” la licencia; pagaba y se la daban.
Es así que la investigación iniciada en 2024 constató la existencia de trámites con formularios incompletos, ausencia de constancias de las charlas obligatorias, expedientes sin identificación del acompañante requerido y omisiones en diferentes etapas de las pruebas previstas para obtener o renovar la licencia. Del mismo modo se constataron renovaciones a personas mayores de 75 años sin que se hubiera realizado el examen práctico exigido. En otros casos, los interesados habrían concurrido únicamente para tomarse la fotografía destinada al documento, sin que en los expedientes apareciera acreditado el cumplimiento de las instancias anteriores. Se concluyó que existió un apartamiento “intencional y reiterado de los procedimientos legales”, por lo que la administración departamental entendió que no se trataba de errores aislados o involuntarios. Se atribuyó responsabilidad administrativa a un funcionario municipal, del que se solicitó su destitución, que luego no obtuvo en la Junta Departamental del departamento vecino los votos necesarios. Por alguna razón, los ediles no entendieron que este proceder del funcionario infiel ameritase la destitución. La votación terminó con 15 votos a favor y otros tantos en contra. Cabe señalar que el sindicato, Adeom Río Negro, había respaldado al funcionario cuestionado, mientras su abogado advirtió sobre irregularidades en el proceso administrativo que viciaban de nulidad el procedimiento.
De cualquier forma, aunque desde la Intendencia de Paysandú se anunció que se controlará la situación de conductores locales que circulen con permisos emitidos en otros departamentos, lo que correspondería sería una decisión más tajante: que se anulen los permisos expedidos en ese municipio en el período correspondiente a la existencia de irregularidades en el trámite. Podría decirse que de esa forma hay riesgo de que paguen justos por pecadores, y sí, lamentablemente sí; pero ¿acaso no es más grave el riesgo al que se nos expone a todos al permitir la circulación de conductores que no cuentan con las condiciones físicas, conocimientos teóricos y prácticos, o de las que sea, para estar detrás de un volante recorriendo las calles o las rutas?
¿O por qué sería que van estas personas a obtener su licencia en San Javier, por amor al piroj acaso? No, claramente no; más allá de que seguramente más de uno de ellos habrá vuelto a casa con una de estas exquisiteces propias de la gastronomía de la localidad vecina, la razón no es otra que eludir los controles reglamentarios, evitar rendir los exámenes prácticos o teóricos, escapar de los controles físicos y del tan temido gabinete psicosensométrico —que solamente menos del 1% de los conductores no logra aprobar, según datos de IDP—, que en Paysandú se instrumentó como un adelanto que debería llegar más temprano que tarde a todos los lugares donde se expidan permisos.
La obtención del permiso de conducir no es un mero trámite: es nada menos que la constatación de que una persona está en condiciones de circular al mando de un vehículo que, en manos que no correspondan, es una verdadera arma. Y debemos recordar que esa habilitación rige para todo el país y también en el extranjero, por lo cual la responsabilidad es infinitamente mayor. Por eso al Intendencia de Paysandú debe actuar con la severidad que amerita el caso, pero también el Congreso de Intendentes debe tomar cartas en el asunto.
Claro, después, cuando ocurren casos como el de Toledo, en Canelones, en el que perdieron la vida tres jóvenes —uno de ellos con un hijo de muy corta edad— que regresaban de un partido de fútbol con sus amigos, por culpa de un conductor alcoholizado al que ya se había retirado el permiso, no queda espacio más que para el lamento y las lágrimas de las familias destruidas. Por ello el reclamo, el pedido, de que al igual que con el alcohol, pasemos a tener tolerancia cero con este tipo de situaciones.