Opinión

El pasado miércoles 9 de setiembre, tuvo lugar en el Espacio Cultural Gobbi de nuestra ciudad, la presentación de las obras que se proyectan realizar en un vasto tramo de la ruta 3, que abarcarán desde el kilómetro 243 –Arroyo Grande–, hasta el acceso a la represa de Salto Grande situado en el kilómetro 495. Dicha instancia de comunicación con la comunidad fue organizada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, contando entre los disertantes con una delegación compuesta por varios jerarcas de la Dirección Nacional de Vialidad, quienes brindaron al público los detalles y alcances de la inversión que será financiada por el BID.

Hasta ahí, excelentes noticias para los habitantes de los departamentos ubicados al norte del río Negro, en especial para aquellos que asiduamente suelen utilizar esa ruta nacional para trasladarse, en su gran mayoría hacia la capital del país y que ven cómo el tráfico de camiones, ómnibus, y autos en general se ha ido incrementando considerablemente en los últimos años.

Era de suponer entonces que la presentación –hecha con bombos y platillos– a la que se hace mención en estas líneas, incluiría obras tan importantes como necesarias, como por ejemplo la ampliación de la faja pavimentada en lugares puntuales, terceras vías para sobrepaso de vehículos pesados, construcción de tramos de doble vía próximo a los accesos a las capitales departamentales o ciudades importantes, adecuación de la traza en cercanías a puntos neurálgicos (como ser la entrada a la Agronomía al sur de nuestra ciudad).

En la presentación se mencionó por parte de los técnicos que algunas de estas obras se están considerando aunque no están confirmadas. Así lo manifestaron expresamente al ser consultados al respecto por Gabriela Gómez, secretaria general de la Intendencia de Paysandú, quien se encontraba entre el público presente.

Por el contrario se comunicó que las intervenciones serán realizadas sobre el pavimento existente e incluirán bacheo, recapado, reciclado y reconstrucción de banquinas, así como adecuación de rotondas e isletas.

Es decir, un simple mantenimiento y alguna que otra obra menor, relegando y ninguneando nuevamente a quienes nos trasladamos por esta importante ruta nacional. Tendremos que seguir viendo cómo en el este y en el sur del país las carreteras se han transformado en autopistas de doble mano producto de la imperiosa necesidad de los montevideanos por llegar a la playa, de manera rápida, segura y descansada.

Tiempo para hacer las correcciones al proyecto original hay, buena voluntad y compromiso… se verá.

En la Sección II, Derechos, Deberes y Garantías, Capítulo II, el artículo 45 de la Constitución de la República dispone que “todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”. No hay dos lecturas: la misma ley madre está mandatando al Estado a ocuparse de que se haga efectivo el derecho a la vivienda. Sin embargo, cosa rara, el mismo artículo plantea una forma de hacerlo: “estimular la inversión de capitales privados”. A lo largo de los años el país ha tenido formas diferentes de dar cumplimiento, o de intentar dar cumplimiento a este mandato constitucional, con mayor o menor suerte. En general, con menor. Los instrumentos han ido desde institutos e instituciones bancarias hasta leyes de promoción para las instituciones privadas, para los promotores de la construcción y las empresas constructoras, el estímulo, el subsidio y las facilidades para las cooperativas, que son un gran pilar en todo el país, pero especialmente en Paysandú.

En los últimos días el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial anunció una nueva modalidad, que es la de ofrecer en alquiler viviendas, en general, por ahora, apartamentos en complejos construidos por la propia Secretaría de Estado.

En las últimas horas, el subsecretario Christian Di Candia compartió en su cuenta de X un recorte de una entrevista radial en la que aludía a este tema y reflexionaba que “la forma de bajar el alquiler y la forma de bajar los precios en el mercado es que el Estado construya vivienda para alquilar y la ponga a precios más bajos”. En esa lectura que hace Di Candia, el Estado da un paso más, y ya no se limita al cumplimiento de su mandato de garantizar un derecho: el Estado asume el rol de internarse en el mercado como un actor más, buscando incidir artificialmente, ya no mediante disposiciones, sino tornándose en una suerte de promotor, constructor e inmobiliaria oficial.

“Abriendo puertas – alquiler” se denomina este nuevo programa, que tuvo su lanzamiento la semana pasada en Montevideo. Al respecto, la ministra Tamara Paseiro lo anunció como uno de los lineamientos del Plan Quinquenal de Vivienda 2025-2029, aunque además recordó que se trata de un compromiso de gobierno incluido en las 63 medidas que presentó el presidente de la República, Yamandú Orsi. “Este lineamiento contempla el acceso y la permanencia a la vivienda justamente de más familias de esos hogares que tienen capacidad de pago pero que no tienen capacidad de ahorro. Y nosotros entendemos que la manera de acceder a la vivienda tiene que tener múltiples herramientas, que por supuesto una es la propiedad de la vivienda, y para eso nosotros estamos también desarrollando distintas herramientas”. Entre estas herramientas, mencionó 350 préstamos otorgados para compra de viviendas en el interior del país el año pasado.

La definición ministerial es que el alquiler tiene que ser clave en la política habitacional. Paseiro repasó algunos números en esa instancia que hablan sobre el público objetivo del programa. “Un número importante, más de un 17% en hogares de menores ingresos y un 24% en hogares de mayores ingresos, opta por el alquiler”, según datos emanados de la Encuesta Continua de Hogares. La ministra agregó que “de esa población, el 37% de los quintiles menores tiene comprometido sus ingresos con el pago del alquiler”. Y aquí aparece otro concepto que incorpora Paseiro: el de “permanecer y sostener la permanencia en la vivienda”.
Recordemos que en el período pasado hubo cambios sustanciales en el mercado de alquileres al incorporarse, por medio de la LUC (Ley de Urgente Consideración, Ley N.° 19.889), la modalidad que permite acceder al alquiler sin garantías, pero con la herramienta del desalojo en plazo abreviado, por el que el propietario puede recuperar la posesión del bien.

Entonces no se trata solo de alquilar, sino además de poder sostener en el tiempo ese alquiler. En esto hay varios factores que inciden, que no viene al caso ahora desagregar.
Para acceder a este programa, las familias tienen que tener un ingreso mínimo de 15 UR (unidades reajustables), en el entorno de los 29.000 pesos. También hay máximos, que varían según la cantidad de integrantes: de 38 UR para un integrante, a 65 UR para hogares de cinco o más. Para este llamado concreto, los alquileres van desde 8 UR para un dormitorio, 10 UR para dos dormitorios y 12 UR para tres dormitorios.
“Estamos hablando de un valor menor a los 16.000 pesos para las viviendas de un dormitorio, mientras que las de dos dormitorios tendrán valores menores a los 20.000 pesos y las de tres dormitorios menores a 24.000 pesos mensuales”, afirmó el director nacional de Vivienda, Milton Machado. “De acuerdo con la realidad de las familias, pueden requerir subsidio para el pago de estos alquileres”, agregó Paseiro. Los valores de estos alquileres están muy por debajo del mercado, al menos en Montevideo.

Este programa comienza con unidades disponibles en edificios ya construidos en Montevideo, Tacuarembó y Artigas. Serán 74 viviendas en total en las tipologías mencionadas. Pero ya se adelantó que, por medio de un reciente convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo, se construirán otros 20 edificios durante el resto del período, aunque no todos ellos estarán completamente destinados a este programa. Claro: ¿qué ocurrirá si en determinado momento los inquilinos de estas viviendas oficiales no pueden hacer frente al costo? ¿Actuará el Estado como permite la LUC, o seguirá el mandato constitucional? Lindo tema de conversación.

Ahora bien, aun con todos los 20 edificios y otro tanto más, e incluso destinando todas las unidades a estos “alquileres sociales”, digámosles así, quedará muy lejos de atender toda la demanda que tendrán, en especial con esos precios. Pero también quedará muy lejos de tener el peso necesario en el mercado como para mover la aguja, como pretende Di Candia. Es decir, el Estado tendría que ponerse a construir cientos o miles de edificios como para que puedan bajar efectivamente los alquileres, tal como pretende. Y más en un mercado que tiene muchos edificios construidos en los últimos años y un montón más de obras en curso. Probablemente este tema sea más propio del ministro de Economía que de Vivienda, por lo que estaría bueno saber qué opina Oddone de la fundamentación que hace Di Candia y si realmente comparte los argumentos, que por cierto no se aprecian demasiado realistas.
Otro lindo tema de conversación.

Recientemente la Mesa Política Nacional del Frente Amplio emitió un comunicado en el que repudió las “agresiones” que recibió la senadora Blanca Rodríguez luego de la polémica por sus declaraciones sobre la penalización de los discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación.
El documento, firmado por la presidencia del FA, señaló que Rodríguez fue “destinataria de una campaña de descalificación y desprestigio” basada en la “tergiversación” de sus dichos, cuyo objetivo fue desacreditar su iniciativa de regular los discursos de odio.

La coalición de izquierda calificó las agresiones de “violencia política basada en género” (¿?) y sostuvo que el método de descalificar a la persona en lugar de debatir ideas “es parte de las prácticas estructurales de violencia machista para amedrentar y silenciar a las mujeres que asumen el compromiso de ocupar lugares de representación política”.

La controversia se originó a comienzos de la semana pasada, cuando Rodríguez afirmó que “hay que penalizar los discursos de odio” en redes sociales y medios de comunicación “porque en algún lugar van a parar”.
La senadora aclaró que no se refería únicamente al sistema político, sino a “todo discurso violento en cualquier ámbito”. También señaló que no hay todavía un proyecto de ley y que el tema “se está conversando”.

Sus palabras generaron cuestionamientos desde la oposición y críticas de parte de muchos usuarios en las redes sociales. El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo sostuvo que el Estado “no puede castigar una idea porque la considere odiosa”, mientras que el senador colorado Andrés Ojeda señaló que ya existe una normativa similar y que “bastaba con consultar a ChatGPT” antes de proferir esos dichos.

Más allá de este episodio puntual, corresponde considerar que hay sectores políticos, pero sobre todo corrientes ideológicas, que, a falta de argumentos de peso, pretenden entreverar la idea central del tema en discusión, y por retorsión de argumentos se colocan como víctimas, señalando que los oponentes descalifican al otro “porque son mujeres”, porque utilizan la “violencia política basada en género”, cuando en realidad lo que se hace es exponer argumentos en un plano de igualdad, como debe ser, debatiendo ideas o posturas, pero sin distingos por el hecho de que se trate de un hombre o una mujer que ocupa una banca, por lo que la senadora solo ve fantasmas cuando dice que “se trata de silenciar a las mujeres que asumen el compromiso de ocupar lugares de representación política”.

Sin dudas, estamos ante un verso que a fuerza de repetirlo se trata de imponer como verdad ante el ciudadano desprevenido o poco inmerso en los detalles del tema, porque basta con tener dos dedos de frente para identificar que en esta discusión no se está criticando a una mujer por su pertenencia de género, sino que se rebaten los argumentos o conceptos que expone.
No es nada difícil de discernir ni mucho menos, pero quienes quieren llevar las cosas a su terreno entreveran las cartas a propósito, llevando el eje del tema al terreno de la discriminación o la perspectiva de género, por motivaciones ideológicas. Sin ir más lejos, lo mismo se hace a menudo en la Junta Departamental de Paysandú por algunas edilas del Frente Amplio, por citar un ejemplo mucho más cercano.

Y esto lleva a considerar que es una discusión que merece ser planteada sin prejuicios ni consignas: ¿hasta dónde corresponde aplicar la perspectiva de género y en qué momento su utilización comienza a convertir cualquier conflicto protagonizado por una mujer en un supuesto caso de violencia contra ella por el hecho de ser mujer?

El episodio protagonizado por la senadora Blanca Rodríguez ofrece un buen punto de partida para esa reflexión. El Frente Amplio calificó como “violencia política basada en género” las críticas y descalificaciones que recibió luego de sus declaraciones sobre la eventual penalización de los discursos de odio. Sin embargo, una pregunta resulta inevitable: ¿toda crítica severa a una mujer que participa en política constituye violencia de género?

Criticar una propuesta legislativa, cuestionar una declaración pública, señalar una contradicción o incluso considerar equivocada una iniciativa no debería convertirse automáticamente en una cuestión de género. En una democracia, las ideas de una mujer pueden y deben ser sometidas al mismo escrutinio que las ideas de un hombre. Si un dirigente masculino propone una determinada regulación y recibe objeciones, esas objeciones no constituyen violencia política contra los hombres. Del mismo modo, si una dirigente mujer formula una propuesta, el hecho de que sea mujer tampoco transforma automáticamente las críticas en violencia machista.

El género puede ser relevante cuando existe efectivamente una conducta motivada por discriminación, hostigamiento o violencia dirigida contra una persona precisamente por su condición de mujer. Pero si el objeto de la controversia es el argumento, la propuesta o la actuación política, introducir el género como explicación automática termina desnaturalizando el concepto.
Y existe un riesgo adicional: cuanto más amplia sea la definición de violencia de género, más difícil resulta distinguir entre una agresión real basada en prejuicios y el ejercicio legítimo del derecho a cuestionar a quien ocupa una función pública.
La misma discusión puede trasladarse a otros ámbitos, particularmente al terreno de los conflictos familiares y judiciales. Las sociedades necesitan mecanismos eficaces para proteger a las mujeres víctimas de violencia y para atender situaciones en las que existe una verdadera desigualdad o vulnerabilidad. Pero proteger a quien puede ser víctima no debería significar presumir siempre la culpabilidad de quien es denunciado.

En un Estado de derecho, una denuncia debe ser investigada y una acusación debe ser probada conforme a las garantías correspondientes. La condición de hombre del denunciado no puede convertirse, por sí misma, en una presunción de culpabilidad, del mismo modo que la condición de mujer de quien denuncia tampoco debería ser utilizada como fundamento para desestimar automáticamente cualquier cuestionamiento de los hechos.
El problema, entonces, no es la perspectiva de género en sí misma. El problema aparece cuando una herramienta destinada a identificar discriminaciones reales se transforma en una explicación universal de cualquier conflicto en el que participa una mujer, por el uso que hacen determinados grupos de activistas ideologizados a ultranza.

Una sociedad verdaderamente igualitaria debería aspirar precisamente a lo contrario: que las mujeres puedan ser criticadas por sus ideas sin que cada crítica sea interpretada como misoginia, y que los hombres puedan denunciar una situación injusta sin que su condición masculina sea utilizada para descalificar de antemano su reclamo.
La igualdad también implica igualdad ante la crítica, igualdad ante la ley y, sobre todo, igualdad en las garantías. Si cada discusión se convierte en una cuestión de género, al final dejamos de discutir lo verdaderamente importante: qué se dijo, qué se hizo, qué pruebas existen y cuáles son los argumentos que permiten sostener una u otra posición.
Y eso debería valer exactamente lo mismo cuando quien habla es una mujer que cuando quien habla es un hombre.

Joaquín Salvador Lavado, Quino, el autor de la popular historieta Mafalda, aclaró en una entrevista que su personaje jamás habría dicho la frase que tal vez es la que más se le atribuye. “Yo jamás hubiera puesto en boca de Mafalda esa frase, porque Mafalda no quiere que el mundo pare y ella bajarse, ella quiere que el mundo mejore. Entonces jamás se le pudiera haber ocurrido eso”. Y de verdad que sí: quien haya leído con algo de interés las tiras podrá deducir que esa frase no habría sido coherente con el pensamiento del personaje, que era más de ir y poner el cuerpo en busca de soluciones. Mafalda se publicó entre 1964 y 1973. Un mundo que dejaba atrás las heridas de las guerras mundiales, pero que empezaba a configurarse en una pelea que luego conoceríamos como la Guerra Fría: una batalla a la distancia entre elefantes que tenían el mundo por escenario, con el potencial y la amenaza de que, de un instante a otro, alguien pudiera apretar un botón rojo y dejar en cenizas la civilización. En nuestra región fue una etapa particularmente dolorosa, de libertades restringidas y sangre derramada. Cualquiera que no hubiese sido Mafalda podría haber pedido que el mundo parara para poder apearse, si hubiese tenido la posibilidad.

Pero la cosa mejoró. Como cantaba Sabina, el sol fue secando la ropa de la vieja Europa, y sobre fines del siglo pasado vivimos los años más cercanos al concepto de paz mundial, por el que tantas candidatas a Miss Universo habían abogado.
Luego el mundo volvió a cambiar en 2001. Hace pocos días recordábamos el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. De ahí en adelante nada volvió a ser igual. Y hoy el escenario hace pensar que las novelas y las películas postapocalípticas eran en realidad proféticas. El mundo se ha vuelto muy loco, muy impredecible, particularmente violento. Las personas han perdido capacidad de concentración, de comprensión lectora, de debate. Todo es rispidez: la estrategia es proponer división y enfrentamiento para sacar rédito. Todo ocurre a un ritmo vertiginoso: una potencia mundial invade un país latinoamericano y se lleva al presidente en menos de tres minutos, y luego alcanza un acuerdo con el gobierno que quedó a cargo, por el que accede a sus reservas petrolíferas en condiciones sumamente ventajosas; y del otro lado del mundo hay guerras con drones asesinos piloteados a distancia por chiquilines que los manejan como si de un videojuego se tratase, mientras los soldados mueren como moscas perseguidos por esas armas. Y a la vez, las empresas que desarrollan inteligencia artificial aparecen asustadas por el peligro que suponen esas herramientas que se supone están para facilitar las cosas a la humanidad, al punto de advertir que, para el final de esta década, hay un 10% de posibilidades de que nos puedan matar a todos.

No son tiempos sencillos. Es un cambio de era. Una transición de un mundo con unas determinadas reglas de juego y una fuente básica de energía, como el petróleo, que sigue teniendo peso pero que ha dejado de ser la gran respuesta a futuro, hacia otro con alternativas que todavía no terminan de consolidarse como las soluciones que el mundo necesita. Y por ello la vieja Europa seca su ropa de nuevo con centrales nucleares en vez de con gas natural, o con el viento y el sol, como era su pretensión. Un cambio de era que se refleja en una modificación de las reglas de juego en el comercio internacional, que sigue sosteniéndose básicamente en el dólar, pero con fuertes presiones para habilitar alternativas. Algo similar ocurre con las reservas de los Estados, que se desprenden de títulos de deuda para respaldarse en el oro, un activo seguro y confiable, después de todo.

Los bancos centrales superaron las 1.000 toneladas de compras netas de oro por tercer año consecutivo en 2024. Para entender la magnitud de ese dato, entre 2010 y 2021 la demanda anual media de los bancos centrales era de 470 toneladas. En 2022, esa cifra se disparó hasta las 1.082 toneladas. Es decir, prácticamente se duplicó de un año para otro y no ha vuelto a bajar.

En 2024, los bancos centrales del mundo compraron 1.045 toneladas métricas de oro, valoradas en aproximadamente 96.000 millones de dólares. Polonia, India y Turquía fueron los mayores compradores, en lo que el World Gold Council describió como un ritmo vertiginoso de acumulación. En 2025, la tendencia continuó. Solo en el tercer trimestre, los bancos centrales adquirieron 220 toneladas de oro, un 28% más que en el trimestre anterior y un 10% más que en el mismo período de 2024. Son varias las razones por las que se toma esta decisión, entre ellas reducir la dependencia del dólar, esquivar sanciones internacionales y protegerse de la inflación y de la volatilidad que están teniendo referencias como el precio del petróleo y el de los alimentos. Síntomas de un cambio estructural.

Hoy, cuando tenemos más tecnología y más posibilidades que nunca para entendernos —para sostener incluso conversaciones con traducción simultánea entre un extremo y el otro del mundo, entre cientos de idiomas y dialectos— y estamos hiperconectados, estamos a la vez más distanciados que nunca, y el futuro parece más preocupante y lejano de aquello que parecíamos tener tan a mano en determinada etapa de la historia. Y, para colmo de males, en la región, después de décadas de paz, aparecen quienes andan queriendo volver a agitar banderas de guerra.

Es posible que, si Quino viviese y siguiera escribiendo las aventuras de su personaje infantil, ella se hubiese mantenido firme en sus convicciones, sin pretender bajarse del mundo, aunque también es factible que, a esta altura, por lo menos ya hubiera averiguado cómo se activa el freno de mano.

Hay problemas que llevan tanto tiempo sin resolverse que la sociedad termina por aceptar de mala gana que existen, pero sin resignarse a tener que convivir eternamente con ellos. La delincuencia juvenil es uno de esos problemas. Las víctimas siguen sumándose, y para ellas y sus familias, estamos ante un 100 por ciento de fracaso de quienes deberían tenerlos en cuenta, es decir, los organismos responsables del Estado.

Recientemente se instaló una polémica en Argentina después de que una jueza suspendiera la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil —aprobado por el gobierno nacional— en la provincia de Buenos Aires.
La jueza Marta Elba Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen en el ámbito bonaerense. Su argumento central es que la provincia no cuenta con la infraestructura, los centros especializados, los profesionales y los recursos necesarios para aplicar adecuadamente esa reforma del gobierno de Milei.
La magistrada, además, se definió como garantista y afirmó que le parece “pésimo” que los menores estén encerrados. Al mismo tiempo, aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años y que no pretende “romantizar” a los adolescentes que salen a delinquir con un arma.

Su planteo conlleva una encrucijada evidente: encerrar a un menor y devolverlo después a la sociedad convertido en un delincuente aún más peligroso no es rehabilitarlo, sino promocionarlo en la escuela del delito.
Pero contiene también un problema que suele aparecer cada vez que se aborda esta cuestión desde una perspectiva exclusivamente idealista: mientras se construye el sistema perfecto, ¿qué hacemos con el problema real? Porque el menor que sale con un arma no es una abstracción jurídica. Existe. Tiene una víctima enfrente. Puede disparar y puede matar, como lamentablemente suele ocurrir.
Y frente a ello, el Estado no puede limitarse a explicar que todavía no dispone del mecanismo adecuado para rehabilitarlo. Hay una diferencia enorme entre encerrar por castigo y privar de libertad para contener un peligro. Pero tampoco resulta de recibo sostener que, como el encierro por sí solo no rehabilita, entonces no corresponde apartar de la calle a quien constituye una amenaza concreta, porque entonces aparece una paradoja perversa: para proteger los derechos del menor infractor se termina dejando expuestos los derechos de quienes pueden convertirse en sus próximas víctimas.

El Estado debería tener obligaciones prioritariamente hacia el ciudadano indefenso, hacia quien vuelve de trabajar y quiere llegar vivo a su casa, hacia el comerciante que no quiere que le roben el negocio por un adolescente que le apunta con un arma, hacia la familia que no quiere enterrar a uno de sus integrantes porque un menor decidió disparar para robar.
Por eso la discusión no debería ser “encierro sí” o “encierro no” a los menores, como así tampoco respecto a delincuentes mayores de edad que son dejados en libertad en la puerta giratoria de los juzgados. Debería ser mucho más seria: qué medidas permiten proteger a la sociedad y, al mismo tiempo, darle al menor una posibilidad real de cambiar. Y si la respuesta implica privarlo de libertad durante un período determinado, tendrá que ser así, como una medida de contención primaria, por lo menos, y no como venganza, como castigo ejemplarizante o como una forma de acallar la lógica indignación social.

El punto es que en estas discusiones suele aparecer una peligrosa contradicción entre lo deseable y lo posible, porque con toda lógica todos queremos que un menor que cometió un delito pueda reconstruir su vida, que estudie, que aprenda un oficio, consiga un trabajo y deje atrás la violencia, aunque quererlo no significa que vaya a suceder, y mucho menos que vaya a suceder en todos los casos.

Efectivamente, hay adolescentes que pueden ser recuperados, pero seguramente la mayoría, lamentablemente, han acumulado tantos años de violencia, abandono, consumo de drogas, falta de límites, fracaso escolar y pertenencia a organizaciones delictivas que la rehabilitación se convierte en una tarea extraordinariamente difícil, cuando no imposible.
Volviendo a la discusión argentina, el tema tiene, además, un componente político inevitable. Desde el oficialismo nacional se acusa al gobierno bonaerense de ponerse del lado de los delincuentes. Desde La Plata se responde que una reforma de esta magnitud necesita juzgados, fiscalías, centros de reclusión, personal especializado e infraestructura que requieren recursos.
Ambas partes tienen argumentos, pero se puede llegar a un extremo en que esos argumentos se convierten en excusas: si hacen falta centros especializados, habrá que construirlos; si faltan profesionales, habrá que formarlos; si se necesitan jueces y fiscales especializados, habrá que disponerlos; si hacen falta supervisores, habrá que contratarlos; si las medidas alternativas necesitan recursos, habrá que financiarlas.

No se puede utilizar la falta de infraestructura como excusa permanente para no enfrentar el problema, para volver siempre a lo mismo, a seguir esperando, a seguir en los diagnósticos, a discutir acaloradamente, mientras los menores siguen en la calle haciendo de las suyas.
En Uruguay estamos sufriendo desde hace tiempo este escenario. Mientras tanto, nos “argentinizamos” a pasos agigantados. Hace años se discutió la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad y el plebiscito no consiguió los votos necesarios.
Pero el problema incluso se ha agravado. El menor que delinque sigue existiendo, y peor aún, sus víctimas aumentan día a día. El delincuente en la calle, niño o adulto, es la amenaza para la sociedad que no puede seguir esperando respuestas, ni mucho menos la solución ideal.

Por eso, una verdadera política contra la delincuencia juvenil no debería comenzar con los adolescentes que ya están presos, sino con los niños que todavía no han cometido ningún delito, y ello conlleva aspectos como familia, la responsabilidad de los padres o tutores, educación, límites, disciplina, salud mental, prevención de adicciones, deporte, formación laboral, autoridad, respeto y esfuerzo.

Significa recuperar algo que durante demasiado tiempo ha sido dejado de lado: la transmisión de valores, lo que llevaría muchos años revertir, y probablemente nunca menos de una generación, porque si hoy se comenzara una política realmente seria para intervenir desde la infancia, los resultados más importantes podrían verse recién dentro de quince o veinte años.
Y el verdadero desafío es el mientras tanto, el hoy, porque no podemos esperar veinte años para ocuparnos de los adolescentes que delinquen hoy. Se requiere, por lo tanto, trabajar simultáneamente en dos tiempos.
En el corto plazo, contener a quienes constituyen un peligro, impedir que sigan dañando a otros. Ofrecerles educación y tratamiento mientras estén bajo custodia. Intentar recuperarlos, y en el largo plazo, impedir que los niños de hoy lleguen a convertirse en los delincuentes de mañana.

Una cosa no invalida la otra, y el error está en pensar que, porque el encierro no rehabilita necesariamente, entonces no sirve para nada. Claro que no rehabilita por sí solo, pero puede contener, puede impedir una reincidencia inmediata, puede proteger a una víctima, puede cortar temporalmente el vínculo de un delincuente con una banda, y si además se aprovecha ese tiempo para educarlo, capacitarlo y tratar sus problemas, mucho mejor.

Las pruebas PISA marcan una tendencia a nivel global, con algunas excepciones, sobre el nivel educativo de los estudiantes de 15 años. Este estudio, coordinado por la OCDE —Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos—, mide la capacidad de los estudiantes para desenvolverse ante situaciones prácticas y se centra en la comprensión lectora, la Matemática y las competencias científicas.

Cada tres años, la realidad educativa se mide a través de esas tres áreas. En general, sus resultados se utilizan a nivel macro para comparar los sistemas educativos y los rendimientos escolares. Pero también permiten que los países observen su desempeño y lo comparen con el de otras naciones de su región.
Mientras América Latina muestra resultados dispares, con una tendencia al deterioro, hay naciones asiáticas que se despegan. Singapur moldeó su sistema educativo sobre la base del rendimiento y la disciplina; sin embargo, introduce los castigos corporales a partir de los 9 años.

Por lo tanto, el rendimiento académico no mide el bienestar de los estudiantes ni la calidad de los vínculos dentro de los centros educativos. Considerar válidos todos los sistemas a partir de sus resultados es, por lo menos, erróneo.
En este caso, el rendimiento y la competencia se transforman en la principal medida de la experiencia educativa, en lugar del aprendizaje.

Las pruebas PISA muestran que, en líneas generales, hubo un estancamiento generalizado del rendimiento educativo a nivel global. Las caídas se registraron en las tres áreas evaluadas, principalmente en lectura, donde existen mayores complejidades para el análisis crítico de un texto.
En este escenario, conviene recordar que Estados Unidos obtuvo su peor marca en lectura y registró caídas pronunciadas en las distintas disciplinas, al igual que otros países latinoamericanos que rozaron sus mínimos históricos en Matemática. Más cerca, Argentina tuvo su peor resultado en Matemática de los últimos veinte años. En el escenario del debate aparecen los cuestionamientos a la gestión del gobierno actual, al ajuste presupuestario y a la formación docente.
No obstante, ninguno de los 13 países latinoamericanos alcanzó el promedio general de la OCDE, lo que consolida un estancamiento en las tres áreas. En cualquier caso, el ejercicio de culpar al anterior no debería ingresar en la polémica partidaria, porque cada país define presupuestos y políticas educativas muy diferentes. El resultado alcanza para medir una realidad que se reitera sin importar el perfil del gobernante de turno.

En Uruguay, a pesar de la estabilidad de los resultados, aparecen otros datos que encienden luces rojas: 16 de cada 100 estudiantes se saltearon una comida durante la semana anterior. La mitad de los estudiantes reveló problemas de angustia o sueño, lo que confirma que el deterioro es mundial.
México atraviesa una realidad bastante más compleja y comparable con la de países africanos, donde la proporción de niñas que no alcanzaron el nivel 2 de competencias supera a la de los niños, con una diferencia de entre 6 y 10 puntos porcentuales.
Estas pruebas abordaron, incluso, el uso de las nuevas tecnologías, como celulares u otros dispositivos, así como las herramientas de inteligencia artificial.

En Uruguay, junto con Argentina y otros países cercanos, más de la mitad de los estudiantes utiliza la inteligencia artificial, lo que implica el uso de un teléfono celular entre sus tareas.
Lo que queda claro a partir de los insumos recogidos en las pruebas es la necesidad de despolitizar una reforma educativa en el país e introducir capacitaciones para el uso de la inteligencia artificial en las aulas, así como establecer criterios claros para el empleo del teléfono celular.
Estos dispositivos han distorsionado las dinámicas del aprendizaje, tanto en Uruguay como en países que conforman la élite del primer mundo.

El alcance del estudio será parcial mientras sus resultados continúen polarizándose y politizándose. Los informes que emanan de las pruebas transmiten mensajes contundentes sobre la existencia de un problema.
Las pruebas PISA tienen un efecto mediático que puede impulsar cambios de hábitos. Casi la mitad de los estudiantes que residen en países que integran la OCDE asiste a centros educativos públicos que prohíben los celulares en las aulas. En Uruguay, esa cifra se ubica en el 14%. En Japón, están prohibidos en casi todos los centros y, en muchos lugares, se controla su uso durante el trayecto de regreso a casa.

Los técnicos que llevan adelante estas pruebas discuten si la tecnología mejora los desempeños. En nuestro país, menos de un tercio de los estudiantes la utiliza para la escritura y la mayoría lo hace para la investigación.
Las reflexiones finales apuntan a un deterioro de los aprendizajes, con lectores que no comprenden los textos y encuentran nuevas dificultades en Matemática. Pero también demuestran que los sistemas educativos avanzan bastante más lentamente que el ritmo global. Hay estudiantes que ofrecen respuestas apresuradas e incorrectas, mientras las bases endebles se trasladan de un subsistema a otro: van de la escuela a Secundaria y de allí a una carrera terciaria.
El deterioro, visible en cada país, se explica por el crecimiento de la pobreza, las desigualdades, un sistema fragmentado y la discontinuidad de las políticas educativas. Tal como ocurre en Uruguay, donde las políticas suelen fijarse para un plazo de cinco años.

La debilidad no se encuentra en una franja etaria determinada, sino en la falta de capacidad para revertir un problema estructural que atraviesa a las diferentes administraciones.

Desde su fundación, en el año 1910, nuestro diario ha sido una voz constante, valiente, clara y coherente en defensa de los males que el centralismo montevideano genera a todos los departamentos del Interior, incluyendo Paysandú. Hemos gastado “ríos de tinta” (y estamos orgullosos de haberlo hecho) para denunciar inequidades, despilfarros, olvidos contumaces y tantas otras situaciones que nacen de las políticas públicas que un grupo de autoproclamados iluminados busca imponer a quienes vivimos fuera de Montevideo y que seguramente por ello piensan que “no entendemos nada de nada” o que somos “unos canarios cazados a boleadora”.

La realidad (esa señora tan obstinada y persistente) no se equivoca, y por ello todas las soluciones (generalmente “mágicas”) que se originan en Montevideo están condenadas ora a su fracaso, ora a su reformulación a las apuradas, lo que se traduce en demoras innecesarias y costos más elevados para el sacrificado contribuyente uruguayo. No consultar, no escuchar, no preguntar y sobre todo no tener en cuenta a quienes se encuentran trabajando en el territorio y conocen de primera mano las particularidades de las comunidades y sus dinámicas solo puede asegurar una cosa: un estrepitoso fracaso de políticas nacionales que son nada más que luces de colores y cartón pintado. Eso sí: con varias fotos que permitan proclamar desde las redes que se hizo “algo” por el Interior, aunque en realidad se trata de “tapar el sol con un dedo” para generar prensa y relato.

Sin embargo, el centralismo no es exclusivo de Montevideo y también ocurre con las capitales departamentales hacia el interior “profundo”. Y nuestro departamento no es la excepción.
En una suerte de “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”, los sanduceros que viven en el interior departamental son doblemente olvidados: primero los olvida Montevideo y posteriormente los olvida nuestra capital departamental, Paysandú. Quizás el ejemplo más obvio es la caminería rural, que transforma caminos que deberían ser transitables en verdaderos pantanos donde todo tipo de vehículos termina sin poder transitar, o lo hace con demoras o peligros inherentes al estado de esta. Aunque ciertamente no es lo único en lo cual la gente de nuestro interior sale perdiendo; también sucede con la salud, cuando, si tienen suerte, cuentan con alguna policlínica en algún pueblo relativamente cercano, en la cual cada tantos días pasa la gira de médicos para atender a la comunidad, o con los trámites que tienen que hacerse sí o sí en la capital. Incluso los partos se “programaban” para asistirlos en el hospital sanducero.

Otro caso de claro centralismo es el de los puentes sobre el río Queguay, que cuando se inundan dividen el departamento en dos e interrumpen no solo la salida de productos propios de la actividad agrícola ganadera, sino también la asistencia a diversos compromisos, fiestas familiares o consultas médicas, salidas de compras o por estudios, entre otras actividades cuya urgencia queda de lado por las demoras causadas por dichos puentes. Por ejemplo, el famoso Puente de Tablas, que tiene más de 100 años y que se está reparando a pedazos, es una pieza de museo que debería estar en exhibición y no en operaciones. Para entender la antigüedad de este punto, podemos mencionar que, cuando se inauguró, el presidente de la República en ejercicio era José Batlle y Ordóñez, no había empezado la Primera Guerra Mundial y tampoco se había sancionado la ley de las ocho horas. Es imposible pensar que ese Puente de Tablas sirve para las exigencias de transporte y movilidad del año 2026.

En efecto, el pasado 20 de agosto, bajo el título “Histórico Puente de Tablas sobre el río Queguay quedó cubierto por el agua y presentaría riesgo estructural”, EL TELEGRAFO informaba lo siguiente: “El histórico Puente de Tablas sobre el río Queguay, que conecta las localidades de Piñera y Cuchilla del Fuego, se encuentra actualmente completamente cubierto por el agua debido a la crecida del curso, generando preocupación por su estado estructural y un posible riesgo de derrumbe. (…) Cabe recordar que en setiembre de 2023 el puente ya había sufrido el desprendimiento de losas, lo que motivó su cierre al tránsito durante al menos tres semanas”.

En los días posteriores a esa publicación, el edil del Partido Colorado David Helguera advirtió en la Junta Departamental que la clausura del puente dejó incomunicada a una amplia zona rural, incluida Cuchilla del Fuego y una escuela con internado. Helguera “atribuyó la situación a años de falta de mantenimiento y pidió que los distintos niveles de gobierno encuentren una solución definitiva”. En entrevista brindada a CW 35 Radio Paysandú, Helguera afirmó: “Se ha discutido largamente si es materia nacional o materia departamental. Es materia de gobierno. Eso está claro”. Helguera sostuvo que lo prioritario ahora es encontrar una solución conjunta que permita restablecer la conectividad de quienes viven del otro lado del río Queguay. Según explicó, la clausura del puente afecta particularmente al camino que comunica Guichón con Piñera, Beisso y Cuchilla del Fuego. En ese sector, el puente constituye un paso fundamental y su cierre dejó prácticamente aislada a la población de Cuchilla del Fuego. El edil destacó además que en la zona funciona una escuela rural con internado, lo que aumenta la importancia de contar con una solución rápida para garantizar el traslado de alumnos, docentes, familias y servicios. “Hoy está incomunicado del otro lado del río Queguay, en ese lugar, en el puente de tablas, el poblado pequeño que se llama Cuchilla del Fuego y una escuela rural con internado”, explicó. Helguera cuestionó que, hasta el momento, la principal medida haya sido clausurar el puente mientras continúa la discusión acerca de qué organismo debe hacerse cargo de la reparación. A su entender, el problema no puede reducirse a una cuestión de competencias administrativas, y sostuvo que el deterioro actual es consecuencia de una falta de atención acumulada durante muchos años. “Está claro que es responsabilidad de la desidia de muchos años”, afirmó Helguera.

Pero el “Puente de Tablas” no es el único que se corta y divide en dos al departamento y a las comunidades. También sucede con el “nuevo” de ruta 4 en Andrés Pérez, y con el de Paso del Sauce. Se puede decir que el único que se “salva” es el de ruta 3… precisamente muy cerca de la capital departamental y en la principal ruta que conecta con Montevideo.
Se habla de que un puente nuevo costaría a razón de 25.000 dólares el metro lineal, lo que sumaría unos 4 millones de dólares, cifra que, si bien es muy importante, no resulta imposible cuando uno ve lo que se está gastando en la obra pública en la capital sanducera (proyecto OMA por más de U$S 1 millón, plaza Constitución, avenida España, costanera Senderos del Río, la residencia estudiantil, etcétera). Algunas obras son impostergables —realojos de inundados, soluciones de pluviales—, otras muy necesarias, otras importantes y otras… muy lindas.

Y no está mal, pero quizás se podrían reducir algunas expectativas o ahorrar donde se pueda, y no seguir postergando obras que también son imprescindibles en el interior profundo. Y en eso cabe cuestionarse: la residencia estudiantil costó más de 6 millones de dólares; ¿no habría alternativas adecuadas más económicas? Quizás remodelando el ex Sanatorio Pasteur, el cual está localizado cerca del centro de estudios, vías de acceso y de la terminal de ómnibus.
Ante este panorama, es bueno reflexionar sobre el centralismo “made in Paysandú” que también posterga necesidades, urgencias y esperanzas de quienes viven en el interior del departamento.

Si de algo puede presumir la actual Intendencia de Paysandú, especialmente cuando hablamos de calles y caminos vecinales, es de una curiosa especialidad: los anuncios viajan a velocidad de Fórmula 1, pero las obras parecen hacerlo en carreta.
Hace tres meses se anunciaron 400 cuadras de pavimento. Tres meses después, los sanduceros seguimos preguntándonos: ¿cuántas van? Porque, hasta donde sabemos, la primera fue Setembrino Pereda, entre Florida y 18 de Julio. Y allí se necesitó una semana para colocar una fina carpeta asfáltica.

Una semana para una cuadra.
¡A este ritmo, las 400 cuadras no las terminamos ni con la próxima administración!
Pero después apareció otro gran anuncio: “Bache Cero”. Fue presentado hace poco más de un mes. Y uno recorre Paysandú y empieza a sospechar que hubo un pequeño error de imprenta: quizás no quisieron decir Bache Cero, sino “Más Baches”.
Porque los baches siguen ahí, firmes, resistentes, democráticos. No discriminan barrios ni categorías sociales. Algunos ya tienen tanta antigüedad que deberían recibir una placa recordatoria.

Y en materia de caminería rural, la cosa se pone todavía más interesante. El director de Vialidad primero informó que, junto con los municipios, se habían trabajado 1.000 kilómetros de caminos. Poco después, la cifra pasó a 1.050 kilómetros. ¡Magnífico!
Cincuenta kilómetros aparecieron casi de la nada. Un milagro vial.
El problema es que uno habla con los vecinos del interior departamental y escucha otra historia: caminos en pésimo estado, dificultades para circular y productores y familias que siguen esperando soluciones.
Entonces aparece la pregunta inevitable: ¿A quién le creemos?

¿A los números de los comunicados oficiales o a los vecinos que tienen que transitar esos caminos todos los días? Porque una cosa es decir que se trabajaron mil o mil cincuenta kilómetros y otra muy distinta es explicar dónde están, cuáles son, cuándo se hicieron y en qué condiciones quedaron.
Tal vez llegó el momento de menos anuncios y más información.
Una planilla pública. Calle por calle. Camino por camino. Metros pavimentados. Kilómetros recuperados. Fechas. Costos. Estado de ejecución.

Así nadie tendría que hacer periodismo de investigación para descubrir si una obra existe.
Porque gobernar no es anunciar. Gobernar es hacer.
Y comunicar no es tirar una cifra cada tanto para que parezca que todo marcha maravillosamente. Es demostrarlo.
Mientras tanto, los sanduceros seguimos mirando las calles, contando los baches y escuchando los anuncios.
Y cada vez resulta más difícil saber qué crece más rápido en Paysandú: si las obras… o las cifras de las obras.
Por eso, modestamente, hacemos una pregunta que cualquier vecino tiene derecho a hacer: ¿A quién le creemos?
Porque los comunicados pueden aguantar cualquier número. Los caminos, en cambio, no pueden aguantar cualquier estado.

David Doti

Cuando la fuerza ocupante necesita reencauzar la vida cotidiana del país ocupado, proveerle de estabilidad y convivencia urbana, continuidad administrativa y de legitimidad simbólica, suele tomar una decisión clara y certera. Entre otras, opta por desalojar del poder efectivo a la autoridad local anterior, al mismo tiempo que, para hacer un tránsito breve de reformulación de poder efectivo, preservará su nomenclatura, vaciada de contenido, reduciendo su ámbito de acción a cuestiones menores, cuidando formalidades y privilegios.

Recordé algunos ejemplos no lejanos en el tiempo cuando ocurrió el secuestro de Nicolás Maduro y la designación arbitraria por parte de Donald Trump de la abogada y diplomática Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

Llamativamente, Wikipedia da una versión propia de lo que sucedió el 2 y 3 de enero de 2026, que la terminó transformando en presidenta interina: dos mujeres quedaron en disputa para hacerse una de ellas con el poder. Desde 2018 Maduro había nombrado a Delcy Rodríguez como vicepresidenta ejecutiva.

Para muchos opositores al gobierno autocrático de Maduro las cartas ya estaban echadas y la ganadora, por gracia de Trump, sería María Corina. Pero sorpresivamente no sucedió así. Aunque no sepamos exactamente qué compromisos asumió Delcy con Trump y este también en reciprocidad para con Delcy, las cartas cuando se documentaron favorecieron a la otrora mujer de confianza del régimen.

Cuando Maduro fue despojado del poder por las fuerzas especiales estadounidenses y trasladado para ser juzgado ante un tribunal de Nueva York, no fue María Corina Machado quien a partir de ese 5 de enero ocupó la presidencia de Venezuela, sino Rodríguez. Su ascenso a la máxima jerarquía del poder fue legitimado por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), emitida específicamente. En efecto, de urgencia Estados Unidos le ordenó al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que procediera a cumplir las formalidades para que Delcy asumiera la jefatura del Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro. Y así juró como presidenta interina de Venezuela.

Luego se sucedieron unas horas de confusión, mensajes cruzados y contradictorios. La vicepresidenta interina, en cadena nacional de radio y televisión, ratificó a Maduro como “el único presidente de Venezuela”, calificó su captura como un “secuestro” y, elevando el tono, sentenció que Venezuela “no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie”.

Pero a la noche del domingo, el día siguiente a los hechos relatados, Delcy invitaba a Trump y a EE.UU. a trabajar conjuntamente “en una agenda de cooperación”.
Algo similar al caso Venezuela fue, en su momento, el caso Corea del Sur, 1945 a 1948. En síntesis, la administración estadounidense apeló a un conjunto de autoridades locales nominales, que disciplinadamente aceptaron que el poder efectivo quedara en manos militares extranjeras, manteniendo las estructuras administrativas coreanas con funcionarios locales que conservaban su posición pero no su poder soberano.

¿Quién es Delcy?

La apuesta de Trump por Delcy, como otras tantas de Trump, fue una movida rápida y efectiva, que desde el punto de vista de dar una solución a la crisis ha sido adecuada pero desde el punto de la institucionalidad democrática ha sido absolutamente deficiente.

Si bien han pasado ya más de ocho meses desde que Maduro fue llevado a los Estados Unidos, no se habla de un plan de recuperación de la democracia, elecciones, etcétera. Pasado este tiempo, bastante tranquilo y sin convulsiones ni tensiones, muchos actores políticos venezolanos ven más probable que permanezca en su rol actual, dadas las pocas señales de parte de Trump para forzar una convocatoria a nuevas elecciones presidenciales.

En los tiempos recientes, Delcy fue ministra de Asuntos Exteriores, después de Economía, y también ministra de Petróleo, de Finanzas y vicepresidenta de Maduro. En su ascenso acelerado al poder le acompañó su hermano, de profesión psiquiatra. Ya devenido en político, Jorge Rodríguez se consolidó como presidente de la Asamblea Nacional.

Una de las claves para sostener el poder fue la alianza de hecho, el poderoso triunvirato, que conformaron los hermanos Rodríguez con el poderoso y decidido ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Quien dio probadas muestras de una capacidad de gestión política tuvo a su favor una buena dosis de factor sorpresa. Los años en que Delcy vivió fuera del país, años de formación, le dieron la oportunidad de crecer a la sombra del prestigio alcanzado por su asesinado padre. Para buena parte de la nomenclatura estadounidense, Venezuela es de hecho un nuevo protectorado estadounidense cuya principal dirigente local es Delcy.

La buena disposición de Trump para con ella es un elemento importante. Trump promociona el acuerdo alcanzado con Venezuela como “el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial”.

El diario inglés The Guardian destaca la conclusión de Imdat Oner, un exdiplomático turco, quien entiende que el acuerdo que ha fortalecido a Rodríguez no solo puso a resguardo a Delcy, sino que además ha sido un duro golpe a quienes esperan un cambio democrático. “Delcy está ganando… Veo a Delcy Rodríguez permaneciendo en la presidencia al menos cuatro o cinco años más”.

Esta proyección es, desde los últimos tiempos, la más extendida en los círculos de poder de Venezuela y Estados Unidos. Opinión que está en línea con la del presidente Trump: “Delcy está haciendo un trabajo muy, muy bueno y respetado”.

Escuetamente, también explicó una clave de su decisión. Para Trump, Venezuela recién logró escapar de un régimen “muy desagradable” y no estaba preparada para las elecciones. “Sabes”, completó el argumento, “es muy nueva. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el gobierno”.

Pero la clave de la dinámica política que está en curso va por esta nueva lógica que resume de manera sencilla y directa el diplomático turco Imdat Oner: “Ella comprende estas dinámicas, y sabe que si da lo suficiente a la administración Trump, esta le permitirá mantenerse en el poder”.

En general, los uruguayos apelan al centro a la olla con la esperanza de un cabezazo salvador o que en el barullo de piernas la pelota les dé el gusto y entre, aunque sea de chiripa. Como un regalo del cielo. Como un empleo público, otro de los grandes sueños de un buen número de uruguayos: ser parte de la burocracia; la pública, la del Estado, la mantenida por los “nabos de siempre” (Tomas Linn dixit), que son los que laburan y los que laburaron toda una vida.

Volvamos al centro, lugar cómodo si los hay y en el cual ideológicamente se autopercibe la mayoría de los uruguayos según Equipos Consultores. La novedad es que crece el porcentaje de los que se autodefinen de derecha —más de un tercio— y se alejan de los “izquierdistas”. Otro mal dato para el Frente. ¿Qué va a decir Pereira?

No es fácil percibirse de izquierda o derecha en estos días. El “faro” brasileño confunde. Lula elige como número dos y eventual sustituto, por si él faltare, a un hombre de la derecha extrema, suavizado para la ocasión.

Venezuela es otro ejemplo: ¿qué dice la “izquierda tradicional” sobre su gobierno? Chavista lo es, sin duda —están todos salvo Maduro—, pero ¿es de izquierda? Dicen que muchos silencios y el no ocuparse del tema por aquí es por miedo al deschave: Diosdado Cabello, que se acomodó bien, es muy lenguaraz.

Trump es el gran sostén del chavismo —canje por petróleo mediante o lo que sea—, pero es un hecho. ¿Apoyar al chavismo, al que copó Trump, es ser de izquierda o ya pasó a ser de derecha?

Y qué decir del FMI y sus burócratas (estos sí que le pusieron el mango a la pelota); antes la consigna era —¡Fuera el FMI!— y resulta que ahora viene una señora que está al mando de ese Fondo y el gobierno de izquierda la festeja y la recibe como si fuera maná del cielo.
¿En qué quedamos? ¿Apoyar al FMI es ser de izquierda o de derecha?

Todo confunde: en Alemania crece la ultraderecha y en Sajonia les ha dado un susto de novela. Lo cómico es que el partido de derecha que desborda —Alternativa por Alemania (AfD)— tanto apoya a Putin como a Trump. (Se sabe que estos son medio amigotes —si no que lo digan los ucranianos—, pero igual confunde.) Para peor, parece que los de la AfD, para tener mayoría en el gobierno de Sajonia, necesitan algunos votitos, los que no es difícil que consigan con la extrema izquierda: esto es, con el Cabildo Abierto de allá, pero al revés.

Y en esta gran borrachera que hace casi imposible saber cuándo uno es de izquierda o derecha, sorprende un poco la lectura que hacen los políticos uruguayos: crecen los que se perciben de derecha (un tercio es mucho y habilita balotaje), pero parece que todos piensan ganar las próximas elecciones por izquierda. El FA, que tiene a los comunistas y por tal son los dueños de la izquierda, busca correrse un poquito a la derecha —lo que hizo Mujica con Orsi— para no perder.

Por su lado, Lacalle Pou en alguna forma repitió la “presentación” de Mujica: aquí no pasa nada, no cambiará el estilo, la tibieza —con algunos retoques de autoridad— es lo que será si vuelven a elegirlo, dijo palabras más palabras menos. Insistió en que no es “ortodoxo”, lo que se interpretó como que no es liberal, cosa que ya había quedado claro en la segunda mitad de su gobierno.

Y los colorados con dos cabezas. Así van al muere. Tendrían que hacer una interna anticipada como punto de partida para un nuevo empuje: quizás no les vaya mal.
Son lecturas y pueden variar.

No vamos a descubrir nada afirmando que el Mercosur se ha vuelto en muchos sentidos un dolor de cabeza para el país, pues basta con recordar que eso mismo ya lo plantearon anteriormente los presidentes Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou, en los ámbitos que correspondía. Lo que sí podemos es constatar que la situación no ha mejorado y que los compromisos regionales siguen dificultando avanzar en acuerdos comerciales fuera de la región.

Una muestra de esto la ha dado en los últimos días la embajadora Paola Repetto, directora general para Asuntos de Integración y Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien participó en un panel en una actividad organizada por la Cámara Uruguaya de Comercio y Servicios. El tema central de la jornada, enmarcada en el Ciclo Estratégico 2026, era el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. En un primer panel se plantearon visiones sobre los primeros meses de aplicación del acuerdo, que entró en vigencia el 1.° de mayo pasado en forma provisional. La pregunta de la moderadora hacia la embajadora Repetto fue sobre la diferente velocidad a la que el país logra insertarse en nuevos mercados en condiciones ventajosas —o al menos competitivas— respecto a la que se concretan negocios, y cuáles son los factores que generan fricción.

Aunque valoró que este año se concretara la aplicación provisional del acuerdo Mercosur-Unión Europea, así como la del acuerdo con Singapur, en el caso de Uruguay, y también con la Efta, que comenzará a regir a principios de diciembre —todas buenas noticias para el Mercosur—, la otra mirada es que tuvieron que pasar años para que llegáramos a esto.
“Recién estamos cosechando ahora acuerdos verdaderamente que pueden cambiar un poco la aguja, después pasábamos a aquellos acuerdos de los años 90, que son acuerdos en Aladi, que tienen su valor, pero que son acuerdos de libre comercio, nada más”.
Repetto, que se dijo “a veces bastante crítica, o realista, de alguna forma”, afirmó que “es muy difícil continuar negociando dentro del Mercosur”.

A modo de ejemplo de las dificultades que enfrentan en las negociaciones como parte del Mercosur, mencionó las negociaciones de acuerdos con Canadá y con los Emiratos Árabes Unidos. “Siempre, cuando estamos a punto de cerrar un acuerdo, siempre hay problemas. Sé que es lo más importante, pero hoy en día las diferencias entre los cuatro países, pues nosotros las tenemos que negociar; no somos la Comisión Europea, esto es una realidad para todos, pero tenemos que negociar cuatro países antes para llegar a una composición común con un tercero”, planteó.

En el caso del acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos, que a su juicio debió haberse resuelto rápidamente, en la medida en que es un país que tiene entre 3% y 5% de aranceles, sin embargo, se hace difícil avanzar por diferencias internas.
“A veces nuestra oferta, lo que nosotros le otorgamos a un tercero o lo que ellos nos ofrecen, nosotros, al tener otros países que son más proteccionistas que nosotros, es muy difícil cerrar las negociaciones. Entonces, esa es la mayor dificultad que tenemos dentro del Mercosur”, expresó, antes de reconocer que “las velocidades no son las que el sector privado uruguayo necesita”.
Luego, en una segunda intervención, la embajadora fue consultada sobre cuál sería, “si pudiera desbloquear una sola dificultad de funcionamiento actual de la inserción comercial externa”, y a modo de sugerencia se le mencionó el fortalecimiento del Mercosur.
La opción no sedujo para nada a la funcionaria. “Sinceramente, para mí, el fortalecimiento del Mercosur lo dejaría un poco de lado”, respondió. Avanzó en la idea agregando que “el Mercosur, sí se tiene que fortalecer, se tiene que fortalecer aceptando que tiene que haber otras modalidades de negociación y que si algún país no puede acompañar determinada negociación que está en curso, se deja de lado y los demás continúan, o uno puede renunciar. Esos cambios tienen que ocurrir”, aseguró. Prosiguió con la idea al señalar que “si algún país no está interesado en negociar con otro frente, que se nos permita hacerlo”. Algo de esto está ocurriendo hoy, dijo: “ya no es una discusión. Ustedes como ya han escuchado, Uruguay está haciendo otro camino”. Este camino es el de tratar de adherirse al CPTPP, también conocido como el Acuerdo Transpacífico.

“Como uruguaya siento que hay que fortalecer al Mercosur, pero fortaleciéndolo en base a un sinceramiento, donde todos podamos ubicar nuestros productos, porque muchas veces nos pasa, o nos pasó, por ejemplo, con la leche en polvo: estamos exportando leche en polvo y uno de los socios del Mercosur nos acusa por dumping”, dijo, en alusión a la denuncia realizada desde Brasil, que fue retirada en el mes de marzo de este año.

Argumentando sobre su teoría, Repetto planteó que los socios del bloque tienen canastas exportadoras totalmente diferentes. “La canasta exportadora de Uruguay es completamente diferente a la de Brasil, a la de Argentina. Hoy en día hasta el comercio intrazona ha cambiado rotundamente, ha bajado y no estamos en el Mercosur con aquellos objetivos que teníamos en los años 90”.
Uruguay ha sostenido su planteo respecto a tener margen de acción más allá del bloque, procurando que el pertenecer a este acuerdo no suponga una limitante, un encorsetamiento, o como decía Alberto Fernández, “un lastre”, y que se puedan buscar caminos alternativos para colocar la producción en mejores condiciones, que es a la postre de lo que se trata todo esto, o de lo que se debería tratar.

A partir de la reciente divulgación de los datos de PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), la conclusión que prima entre los expertos es que hubo un retroceso significativo a nivel global, particularmente en los países desarrollados. En este contexto, surge con claridad que Uruguay se ha mantenido relativamente estable o ha retrocedido menos, a la vez que mejoraron sus resultados en áreas como Ciencias.

A su vez, los países asiáticos continúan destacándose en rendimiento, como ha sido una constante desde que se puso en marcha esta medición. Al mismo tiempo, resulta llamativo que algunas naciones europeas, otrora muy destacadas en esta evaluación, hayan retrocedido notoriamente.

Para explicar esta tendencia, la OCDE menciona varios factores, entre ellos el creciente uso de las pantallas, la pérdida de interés por la lectura entre los jóvenes y los cambios en la relación de los estudiantes con la escuela a partir de la pandemia de Covid-19.
El informe PISA también examinó el uso de la inteligencia artificial en las aulas. La OCDE constató que un uso más intensivo de estas herramientas suele asociarse con resultados más bajos en Ciencias.
En este contexto, Uruguay tuvo un desempeño relativamente estable, con una mejora clara en Ciencias, estabilidad en Lectura y una caída en Matemática respecto de 2018.

En esta última evaluación, Uruguay obtuvo 409 puntos en Matemática, 9 puntos menos que en las pruebas de 2018; 430 puntos en Lectura, manteniéndose estable, y 435 puntos en Ciencias, 10 puntos por encima de 2018. Se trata de una lectura positiva si se tiene en cuenta cuánto han caído los resultados en países europeos y en buena parte de América Latina.
“Respecto de los desempeños alcanzados, el país muestra un desempeño promedio situado en el entorno del nivel medio, con mejores logros promedio en ciencias, seguida de lectura y matemática, con puntajes promedio de 444,5, 43,2 y 404,9 puntos, respectivamente”, dice el informe difundido por ANEP.

Cuando se mira específicamente a nuestro país, surge una conclusión particularmente interesante: las pruebas PISA no permiten afirmar que Uruguay obtendría mejores resultados simplemente aumentando el gasto educativo, como sostienen de manera recurrente algunos sectores vinculados a la educación, entre ellos los gremios docentes y sectores afines de la izquierda.
El punto, en realidad, es cuánto se gasta, cómo se distribuyen esos recursos y qué resultados producen. Por lo tanto, la pregunta es: ¿por qué Uruguay, teniendo un nivel de desarrollo relativamente alto dentro de América Latina, no consigue resultados similares a los de los sistemas educativos de mejor desempeño?
La conclusión es que existe una relación entre el gasto acumulado por estudiante y los resultados de PISA, pero esa relación no es directamente proporcional. Cuando un sistema dispone de pocos recursos, aumentar el gasto puede generar mejoras importantes; pero, a medida que la inversión aumenta, los beneficios adicionales tienden a ser menores o directamente inexistentes.
La interrogante, por lo tanto, pasa por determinar si se está obteniendo todo el rendimiento educativo que podríamos alcanzar con los recursos disponibles. Y la respuesta que surge es que Uruguay ha aumentado considerablemente el gasto, pero los resultados no lo han hecho en la misma proporción. El informe nacional muestra que el gasto público en educación pasó de unos $120.235 millones en 2016 a $131.964 millones en 2022, expresados en pesos constantes de 2022.

Como porcentaje del PBI, pasó de 4,38% a 4,57%, con un máximo de 4,95% en 2020.
Este incremento del gasto, además, no significa que los estudiantes hayan sido necesariamente los principales destinatarios de la mejora en los recursos, sino que el dinero se ha volcado mayoritariamente a mejorar salarios, ampliar la cobertura, infraestructura e inclusión, entre otros rubros.

Este mayor presupuesto no se tradujo necesariamente en un salto equivalente en los aprendizajes, aunque se haya ampliado mínimamente la cobertura. Aquí surge que el problema está en la gestión de los recursos tanto o más que en cuánto se vuelca a la educación, incluso al evaluar los planteos de mantener determinado porcentaje del Producto Interno Bruto destinado al sector, como reclaman sistemáticamente los gremios.

La propia ANEP dedicó un estudio de PISA 2022 —el Volumen 8, “Recursos y gestión de los centros educativos en perspectiva comparada”— a analizar precisamente los recursos, la organización y la gestión. El trabajo comprende aspectos como la disponibilidad y estabilidad de los docentes, el tiempo efectivo de enseñanza, el tamaño y la composición de los grupos, el liderazgo de los centros, la capacidad de los directores para tomar decisiones, el apoyo a estudiantes con dificultades, el ausentismo, la repetición y el rezago, las condiciones socioeconómicas, la organización de los centros y la calidad de la enseñanza.
En Uruguay, al menos uno de cada cuatro estudiantes de 15 años todavía estaba rezagado en la Educación Media en 2022, según esta evaluación. Por lo tanto, parte del gasto educativo no está destinada simplemente a enseñar más y mejor a estudiantes que avanzan normalmente, sino también a atender trayectorias educativas complejas.

En otras palabras, nuestro país no parece tener principalmente un problema de falta extrema de recursos, sino de rendimiento del sistema.

Eso no significa que no haya áreas en las que sea necesario invertir más, sino que una política basada exclusivamente en aumentar el presupuesto no necesariamente producirá mejores resultados si no modifica, simultáneamente, la forma en que se utilizan esos recursos. O, mejor aún, si no se aprovechan con mayor criterio los recursos de los que ya se dispone.
De hecho, el propio informe de Uruguay señala que los países con gastos moderados por estudiante no necesariamente tienen malos resultados y que, una vez alcanzado cierto nivel de inversión, la relación entre gasto y desempeño se vuelve menos fuerte. Y hay una segunda conclusión todavía más interesante. Si nuestro país quisiera pasar de aproximadamente 409 puntos en Matemática a los 480-500 puntos de los sistemas educativos de mejor desempeño, probablemente no alcanzaría con aumentar el gasto educativo del 4,5% al 5%, 5,5% o 6% del PBI. Tendría que conseguir más aprendizaje por unidad de recurso. Eso lleva la discusión hacia aspectos mucho más concretos: qué pasa dentro del aula, cómo se seleccionan y forman los docentes, cuánto tiempo se enseña efectivamente, cómo se atiende a los alumnos rezagados, cómo funcionan los centros y qué autonomía y responsabilidad tienen sus equipos directivos.

Más recursos son importantes, especialmente cuando un sistema está subfinanciado. Pero, una vez alcanzado cierto nivel de recursos, como ocurre en nuestro país, aumentar el gasto por sí solo no garantiza mejores resultados. Importa mucho más cómo se utilizan esos recursos. Y este es el tema que, lamentablemente, nunca se coloca sobre la mesa como una prioridad cuando quienes reclaman sistemáticamente más fondos se resisten a que se rindan cuentas sobre cómo se gasta ese dinero y se comparen los resultados, como debería ocurrir.

Porque no todo se arregla poniendo más dinero en la educación. Si la respuesta no es satisfactoria, hay que preguntarse qué estamos haciendo mal y qué se puede y se debe hacer para remediarlo.

Una nueva anomalía térmica en el océano Pacífico desencadena otra vez una fase activa del fenómeno de El Niño, iniciando otro ciclo de incertidumbre que interpela directamente la capacidad de respuesta de nuestras instituciones, la solidez de sus infraestructuras y la madurez de su debate público.

La tentación de asignar a estos eventos meteorológicos etiquetas como “catástrofes impredecibles” o situaciones “de fuerza mayor” choca de frente con la evidencia técnica acumulada. La variabilidad climática es una constante estructural, acelerada por el calentamiento global, y en nuestra zona, eventos como las inundaciones recurrentes del río Uruguay marcan la necesidad de una reflexión sobre cómo la política pública, la inversión en infraestructura y la planificación territorial deben articularse para transformar la vulnerabilidad en resiliencia.

Las recientes advertencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señalan un incremento preocupante en la frecuencia e intensidad de los desastres hidrometeorológicos. Para las regiones en desarrollo de América Latina y el Caribe, estos fenómenos generan una presión severa sobre la producción agroalimentaria, la infraestructura vial, la seguridad sanitaria y la población.

En la cuenca del río Uruguay, la fluctuación del clima es un factor determinante para la estabilidad económica regional, la preservación del tejido social y el desarrollo productivo.
Las proyecciones trazadas por las instituciones técnicas para el ciclo actual confirman la magnitud del desafío. En nuestras páginas hemos abordado informes del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) ante el Congreso de Intendentes, que trazan un panorama crítico, dado que el fenómeno podría extenderse hasta los primeros meses de 2027 y se esperan acumulados de lluvia que podrían alcanzar los 500 milímetros mensuales, con un impacto social que dejaría hasta 25.000 personas desplazadas a nivel nacional.
Se trata de un escenario perfectamente cuantificado, que podría tener incidencia sobre la generación eléctrica, encarecer los costos de la canasta familiar e impactar severamente en la infraestructura vial, especialmente en el medio rural.

Frente a este horizonte de severidad, el Estado está movilizándose para tratar de anticipar el impacto. Existen marcos institucionales y planes estratégicos que han dado lugar a comités interinstitucionales, con participación del MSP, el Ministerio de Ambiente, el Sinae, Inumet y la Organización Panamericana de la Salud, que constituyen una expresión de un esfuerzo explícito por coordinar las redes asistenciales antes de que el agua comience a caer.

El plan de contingencia impulsado por el MSP busca garantizar la continuidad de la atención sanitaria, reforzando la logística de suministros médicos, el monitoreo de afecciones respiratorias, las infecciones de transmisión hídrica y la prevención epidemiológica ante vectores como el Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue.
A este despliegue se suman herramientas financieras del gobierno nacional, como la asignación de 750 millones de dólares en créditos acordados para atender la emergencia, al tiempo que el Sinae ha desplegado centros logísticos temporales y avanzado en la compra centralizada de equipamiento para los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed), tendiente a optimizar las operaciones de evacuación y retorno seguro a los hogares.

Tal como lo han definido las autoridades en medios de prensa, la meta es blindar al Estado para gestionar lo que técnicamente se perfila como una “catástrofe de baja intensidad” pero de alta duración.
A pesar de esto, el desafío radica en la integración de estas medidas de emergencia con políticas de ordenamiento territorial e inversión estructural de largo plazo. El abordaje sanitario y crediticio es fundamental para contener el daño inmediato, pero la prevención de fondo requiere evitar que las poblaciones más vulnerables continúen habitando zonas de cotas históricas de inundación, o que las áreas pobladas queden expuestas en forma indefensa ante cada crecida.
En este aspecto, el escenario local de Paysandú ofrece una de las señales más claras de evolución conceptual hacia la resiliencia física. El proyecto impulsado por la Intendencia para construir una defensa costera contra las inundaciones, con un costo que podría rondar los 40 millones de dólares, representa un quiebre profundo en la forma de abordar el problema.

El diseño propone combinar muros de hormigón y compuertas móviles con un paseo elevado que integre la obra al paisaje urbano. Se trata de una iniciativa que responde a una premisa económica y social insoslayable: cuando se administra de forma perpetua la emergencia, el presupuesto público no encuentra fondo, mientras que la inversión preventiva en ingeniería y ordenamiento territorial es una solución de más largo alcance. Al complementarse con la relocalización definitiva de más de 500 familias fuera de las cotas vulnerables, que se ha venido realizando en los últimos años, el proyecto apuesta a la adaptación climática como un compromiso realizable a partir de la cooperación internacional, la ejecución técnica y la decisión política.

Asimismo, instrumentos como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades e Infraestructura (NAP Ciudades) marcan una hoja de ruta hacia la protección de activos estratégicos y la preservación de las cuencas.
Sin embargo, el ritmo de ejecución de estos planes estratégicos a menudo se enfrenta a cuellos de botella burocráticos y restricciones presupuestales complejas, que imponen una tensión entre la formulación de políticas públicas y su brecha temporal con la concreción física en el territorio.

En el ámbito productivo, el MGAP también afronta grandes desafíos derivados de la necesidad de contener el impacto sobre la producción agrícola y ganadera, contemplando la eventual declaración de emergencia agropecuaria y la evaluación de prórrogas en el pago de tributos para los productores directamente afectados.
Desde el punto de vista ambiental, la degradación de los montes nativos y de las zonas de amortiguación fluvial reduce la capacidad natural del territorio para absorber lluvias extraordinarias, multiplicando la velocidad de las escorrentías hacia los núcleos urbanos.

Por otra parte, es necesario considerar que las contingencias climáticas no actúan en forma homogénea sobre la economía local, y que, aunque las grandes cadenas exportadoras y los sectores agroindustriales de mayor escala cuentan con instrumentos de cobertura financiera para mitigar las pérdidas, el pequeño productor o comerciante, el productor hortícola familiar y los trabajadores informales sufren las consecuencias en gran medida.
La resiliencia territorial se construye con infraestructura, asignación de presupuestos para la relocalización, y respaldo financiero y tecnológico para que la producción resista los embates del clima. Uruguay posee la institucionalidad, la información técnica y el respaldo de la cooperación internacional para liderar procesos de adaptación climática de vanguardia, pero el reto, claramente, es sostenerlos como prioridad transversal permanente.

Hace algunos días el Parlamento fue sede de una actividad enmarcada en los 190 años de los partidos fundacionales del Uruguay. En esa instancia se convocó a un debate sobre los desafíos que la inteligencia artificial supone para la democracia. Especialistas en tecnología y referentes del Partido Nacional y el Partido Colorado analizaron los desafíos y oportunidades que la época actual plantea a la política tradicional, en un evento organizado por el Poder Legislativo y la Fundación Konrad Adenauer.
Hubo dos exposiciones a cargo de Ximena Docarmo, fundadora de InnovaLab y especialista en políticas públicas, y Elaine Ford, directora fundadora de Democracia Digital y referente regional en temas de innovación y ciudadanía digital.

Docarmo destacó la necesidad de que los partidos políticos desarrollen capacidades para comprender e incorporar estratégicamente la inteligencia artificial en sus procesos internos y en su relación con la ciudadanía. “No es solamente usar una herramienta tecnológica, es una nueva forma de procesar información, tomar decisiones y relacionarse con la ciudadanía. Los actores políticos que entiendan esta transformación estarán mejor preparados para responder a los desafíos democráticos del hoy”, señaló, según recoge la página del Parlamento (parlamento.gub.uy).

Ford, por su parte, señaló que el aprovechamiento de las nuevas tecnologías debe estar acompañado por una visión centrada en las personas. Afirmó que “la democracia digital no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en asegurar que esa tecnología amplíe derechos, fortalezca la participación y genere mayor confianza y eficiencia en el vínculo entre ciudadanos e instituciones”.
Luego el debate prosiguió con un panel que integraron el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi; el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado; el secretario general del Partido Colorado y senador Andrés Ojeda, y el director del programa de Partidos Políticos y Democracia para América Latina de la KAS, Henning Suhr.

Para Goñi, la inteligencia artificial representa una oportunidad para fortalecer la calidad democrática. “Debe estar al servicio de la libertad, de la dignidad humana y del fortalecimiento de nuestras democracias. La tecnología no reemplaza los valores que sostienen la convivencia democrática; los desafía a renovarse”, manifestó.

Delgado hizo hincapié en la capacidad de adaptación de los partidos, en los que las tradiciones partidarias han sido un elemento fundamental para sostener la identidad. El reto actual, sostuvo, consiste en incorporar herramientas innovadoras sin perder valores y principios.

Ojeda, por su parte, compartió una visión optimista sobre el futuro de la política en la era digital. Expresó que las nuevas tecnologías pueden convertirse en una herramienta para acercar a los ciudadanos a la vida pública, fortalecer la participación y promover nuevas formas de diálogo entre representantes y representados.
A lo largo del encuentro se planteó, desde diversas perspectivas, el impacto de la inteligencia artificial sobre los sistemas políticos contemporáneos y el futuro de las organizaciones partidarias. Pero mientras de este lado del río tenemos estas miradas desbordantes de optimismo respecto a la tecnología y su incidencia en la política, a pocos kilómetros la realidad parece mostrarnos que la situación es por demás preocupante, y que la utilización de métodos digitales para incidir artificialmente en la opinión pública es una realidad instalada y operando.

El 18 de agosto, Fernando Cerimedo fue detenido por intento de femicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller, baleada tres veces por sicarios supuestamente contratados por él. La mujer sobrevivió y hoy es un testigo clave. El caso lo aborda El País de Madrid en un artículo publicado desde Chile. En un allanamiento vinculado a este caso se encontraron teléfonos conectados a una computadora, comunicándose entre sí: una mini granja de bots.

Cerimedo fue el estratega digital detrás de varias campañas electorales exitosas en Latinoamérica: la de Bolsonaro en 2022, la de Milei en 2023 y la de Rodrigo Paz en Bolivia en 2025. Fue cofundador del medio digital La Derecha Diario y, en Chile, participó en la campaña del Rechazo en 2020, en oposición al proyecto de reforma constitucional promovido por el gobierno trasandino.
El método no es desconocido: aplica prácticas que ya había puesto en juego antes la empresa Cambridge Analytica —de la que hemos hablado aquí antes—, una consultora británica que en 2015 operó en Argentina, pero que también empleó sus artes en campañas como el Brexit (la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea) y la primera elección de Donald Trump. Consiste en alterar algoritmos para presentar mensajes a personas que, por determinadas características de su personalidad, se muestran proclives a ciertas tendencias ideológicas. A partir de allí, los mensajes que se les presentan son cada vez más radicales.

Pero la cosa no queda allí. Por estos días ha visto la luz en Argentina un “informativo” completamente generado por inteligencia artificial. Selecciona las noticias, y los presentadores son una serie de simpáticos personajes que no existen, que no piensan, moldeados a partir de estereotipos de cómo imaginamos que se verían, y que mañana pueden ser llenados con contenido que solamente se limitarán a reproducir. Es un producto muy burdo, al menos en esta primera versión, experimental, según su creador, pero no puede sorprendernos que su calidad visual mejore rápidamente, como ya ha demostrado la inteligencia artificial que es capaz de hacer. El verdadero desafío es que estos dibujitos logren cosechar una credibilidad mayor o igual que la de los medios ya establecidos, aunque nunca faltan quienes quieren ponérselo fácil.

Una buena noticia, paradójicamente, comienza a transformarse en uno de los mayores desafíos de las sociedades contemporáneas: el aumento de la expectativa de vida constituye, sin duda, una de las grandes conquistas de la humanidad. Es el resultado de mejores condiciones sanitarias, avances de la medicina, reducción de la mortalidad y cambios en las condiciones de vida.
Pero, como contrapartida, la pregunta que surge —cada vez con mayor asidero— es: ¿de qué sirve vivir más si no podemos garantizar que esos años adicionales sean vividos con dignidad, autonomía y calidad de vida?

Ese es, probablemente, uno de los grandes dilemas que enfrenta nuestro país en las próximas décadas, pero que ya tiene sus manifestaciones en el presente. Porque el envejecimiento de la población no es solamente una cuestión demográfica ni un problema de jubilaciones y pensiones. Es un fenómeno que atraviesa prácticamente todas las políticas públicas: seguridad social, salud, vivienda, cuidados, transporte, infraestructura, empleo, familia y, naturalmente, las finanzas del Estado.
La ecuación se vuelve cada vez más exigente. Por un lado, aumenta la cantidad de personas que llegan a edades avanzadas y, dentro de ese grupo, crece el número de quienes superan los 80, 90 e incluso los 100 años. Por otro, disminuye proporcionalmente la población en edad activa que sostiene, mediante sus aportes y su actividad económica, buena parte de los sistemas de protección social.

El dato es particularmente significativo en Uruguay. Según información difundida por el Banco de Previsión Social, la expectativa de vida por sobre los 65 años ha aumentado de manera considerable: pasó de aproximadamente 15 a 20 años en el caso de las mujeres y de 12 a 16 años en los hombres. Esto significa que una persona que se jubila a los 65 años puede permanecer durante dos décadas o más recibiendo una prestación previsional.

Lo verdaderamente relevante es que dejan de ser excepcionales las personas nonagenarias y, cada vez más, las centenarias. Y muchas de ellas no son simplemente sobrevivientes de una larga vida: continúan activas, lúcidas, integradas socialmente y capaces de desarrollar actividades que durante generaciones anteriores parecían impensables a esas edades.

Ese es el envejecimiento que debemos celebrar, pero también existe otro, mucho menos visible y bastante más doloroso: el de quienes llegan a edades avanzadas con enfermedades crónicas, limitaciones funcionales, soledad, ingresos insuficientes o sin una red familiar capaz de sostener las necesidades cotidianas. Allí la edad deja de ser solamente una cifra y se convierte en un factor de vulnerabilidad, en situaciones individuales y familiares que, lejos de festejarse, toman una dimensión dolorosa y de impotencia extrema que se prolonga por muchos años.

Es precisamente en ese punto donde aparece la verdadera dimensión del problema, porque se necesitan recursos ante la longevidad. No alcanza con aumentar la expectativa de vida. El desafío es aumentar también la expectativa de vida saludable.
Una sociedad que consigue que sus ciudadanos vivan hasta los 85, 90 o 100 años, pero que no dispone de los recursos suficientes para acompañarlos durante esas décadas adicionales, corre el riesgo de convertir una conquista social en una fuente de desigualdad y de frustración.

Porque la calidad de esos años depende en buena medida de las condiciones económicas de cada persona y de cada familia. Quien tiene recursos puede acceder a mejores tratamientos, rehabilitación, asistencia domiciliaria, viviendas adecuadas, acompañamiento profesional, alimentación y actividades que favorecen la autonomía. Quien no los tiene queda mucho más expuesto a la dependencia y a la institucionalización. La discusión sobre la seguridad social no puede quedar reducida al monto de las jubilaciones, la edad de retiro o las tasas de reemplazo. La pregunta de fondo es cómo financiar un sistema que deberá atender durante más tiempo a una población beneficiaria creciente, mientras disminuye proporcionalmente la población activa.
Nuestro país no está solo ante este desafío. Los países desarrollados llevan años enfrentando una transformación demográfica similar. Japón, varios países europeos y otras economías avanzadas han visto crecer fuertemente la proporción de adultos mayores, mientras disminuye la población en edad de trabajar.

La diferencia fundamental es que muchos de esos países llegaron al envejecimiento con niveles de ingreso, productividad, infraestructura y capacidad fiscal superiores a los de América Latina. Han podido desarrollar sistemas de cuidados, servicios de atención domiciliaria, residencias especializadas, tecnologías de asistencia y redes sanitarias destinadas específicamente a una población de mayor edad.

Eso no significa que hayan resuelto el problema; por el contrario, las dificultades de financiamiento de los sistemas previsionales y sanitarios son hoy una de las principales preocupaciones de numerosas economías desarrolladas. El aumento de la longevidad incrementa el período durante el cual deben pagarse jubilaciones y pensiones y, al mismo tiempo, eleva la utilización de servicios médicos y de cuidados de larga duración.
Pero la diferencia es que esas sociedades enfrentan el mismo problema desde una posición económica más favorable, en tanto nuestro país tiene que hacerlo con una economía mucho más pobre, con restricciones fiscales, un mercado laboral limitado y una estructura demográfica que ya muestra claramente el avance del envejecimiento.

No es de recibo, por lo tanto, recrear en nuestro medio soluciones diseñadas para países ricos, aunque sí tener en cuenta las experiencias que esos países ya han acumulado.
Al mismo tiempo, el sistema sanitario enfrenta una contradicción particularmente compleja. Los avances de la medicina permiten que personas con enfermedades que décadas atrás eran rápidamente incapacitantes puedan vivir muchos años más. Eso constituye un enorme progreso. Pero esos mismos avances pueden generar tratamientos prolongados, múltiples enfermedades crónicas, polifarmacia, rehabilitación, cuidados permanentes y una creciente necesidad de atención especializada.

Y allí aparece una de las mayores insuficiencias del modelo tradicional de atención: buena parte del sistema sanitario está organizado alrededor de la enfermedad y de episodios concretos de atención, mientras que el envejecimiento requiere cada vez más continuidad asistencial, prevención, rehabilitación, cuidados domiciliarios, salud mental, acompañamiento familiar y atención de largo plazo.

No se trata solamente de tener más camas hospitalarias. En muchos casos, precisamente lo contrario puede ser necesario: evitar internaciones innecesarias y conseguir que las personas mayores puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible, con apoyos adecuados. El desafío consiste en construir una red que permita que una persona mayor transite las distintas etapas de su envejecimiento de acuerdo con sus necesidades: desde una vida completamente autónoma hasta situaciones de dependencia severa.
Uruguay no podrá enfrentar adecuadamente esta evolución demográfica simplemente redistribuyendo los recursos existentes. Será necesario generar más recursos: más actividad económica, más productividad, más empleo formal, más aportantes y una estructura fiscal capaz de sostener durante las próximas décadas una demanda creciente de prestaciones, cuidados y servicios sanitarios.
Pretender resolver el problema únicamente aumentando impuestos o trasladando costos entre generaciones puede aliviar determinadas urgencias, pero difícilmente constituya una respuesta suficiente para un fenómeno que será permanente.