Opinión

Con uñas y dientes se defienden en el Tribunal Federal de Oakland, California, los abogados de la empresa Meta de las acusaciones de haber procurado “enganchar” (en el sentido de generar adicción) deliberadamente a menores de edad en los servicios de Facebook e Instagram, de su propiedad. Las acusaciones proceden de 29 estados, que señalan a la firma de haber intentado, conscientemente, ocasionar una dependencia entre usuarios menores de edad, lo que podría haber ocasionado conductas adictivas, provocado daños emocionales y físicos, e incluso, en casos más graves, hasta la muerte. También se la acusa de infringir leyes federales al recopilar y utilizar datos personales de los menores de forma indebida.
El abogado de Meta, Paul Schmidt, citado en un artículo de la agencia de noticias española EFE, discrepó rotundamente con estas acusaciones y pidió al jurado “mantener la mente abierta”. Destacó, a la vez, los esfuerzos que hace la compañía para bloquear a usuarios menores de 13 años y señaló que en los últimos tres meses fueron 600.000 las cuentas eliminadas que habían sido creadas por usuarios no permitidos.

La fiscal general adjunta, Megan O’Neill, aseguró que la tecnológica “ocultó la verdad” y que “cuando llegó el momento de tomar una decisión —elegir lo que es seguro para los niños o elegir lo que es seguro para sus beneficios—, una y otra vez ganaron los beneficios”. Uno de los testigos, Arturo Bejar, exempleado de Meta, aseguró que alertó a altos funcionarios de la compañía sobre “los daños que sufrían las personas debido a la forma en que se había diseñado Instagram” y que estos se podían evitar.

Pero mientras esto acontece en Estados Unidos, en la cuna de esta empresa y de las redes sociales en general, en el resto del mundo la discusión solo es seguida de cerca por muy pocas personas conscientes de lo que está en juego, porque una decisión adversa a la empresa podría ocasionar una reacción en cadena que erosione su prestigio, por más que no es la primera vez que enfrenta una situación análoga y que ha sido anteriormente hallada responsable de actividades empresariales cuestionables. Sin ir más lejos, este mismo mes de agosto de 2026, un juzgado del distrito de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes, que además deberá crear. Se consideró en esa corte que la forma de operar de la empresa perjudica la salud y seguridad de los adolescentes.

En simultáneo a esta discusión en el norte del mundo, acá en nuestro país ingresó al Parlamento un proyecto de ley que busca establecer responsabilidades de estas empresas y proteger “a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos derivados de los servicios de redes sociales”. Así se titula la iniciativa presentada por el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani.
Por comentar algunos de los aspectos salientes del proyecto, el artículo 5.° establece que “los proveedores de servicios de redes sociales” que ofrezcan sus servicios a habitantes del país deberán adoptar medidas “razonables, proporcionadas, eficaces y auditables” para evitar que las personas menores de quince años “creen, mantengan, reactiven o utilicen cuentas personales”. El artículo siguiente responsabiliza a los proveedores por el cumplimiento de la disposición, y el posterior a ese exime de responsabilidad a los menores de edad y a sus familias: “las sanciones previstas recaerán exclusivamente sobre los proveedores y demás sujetos obligados”.

El articulado prevé una serie de garantías de privacidad que restringen la utilización y la recopilación de datos, así como se prohíben las bases de datos centralizadas que operen a partir de los datos proporcionados en el proceso de verificación de la edad.
Luego, además, contiene algunas previsiones con respecto a los usuarios de 15 a 17 años, para los que estipula una “protección reforzada”, estableciendo por defecto el máximo nivel de privacidad. Del mismo modo, estos usuarios tendrán impedido intercambiar mensajes con adultos desconocidos, no podrán tener una geolocalización pública, etcétera.
En los artículos posteriores hay regulaciones sobre la utilización comercial de los datos y la publicidad orientada en base al perfil del usuario, lo que se conoce como segmentación. Se prohíbe “la utilización de datos sensibles o inferencias sobre estado emocional para recomendar anuncios”, así como la publicidad “de apuestas, alcohol, tabaco, productos de nicotina, pornografía, armas u otros productos perjudiciales”.

No es posible, por razones de practicidad y de espacio, resumir en esta sección el contenido total del proyecto. Viene al caso, sin embargo, referir que prevé una serie de multas en caso de infracciones, así como mecanismos para hacer cumplir lo dispuesto en la misma norma.
También estipula que el Estado llevará adelante “programas permanentes sobre bienestar digital, privacidad, algoritmos, ciberacoso, grooming, sextorsión, desinformación, inteligencia artificial, sueño, utilización responsable del tiempo y recursos de orientación y denuncia”, y que el Ministerio de Salud Pública “incorporará orientaciones sobre salud digital en los programas de atención pediátrica y adolescente, incluyendo detección de uso problemático, alteraciones del sueño, ciberacoso, exposición a contenidos dañinos y pautas de acompañamiento familiar”.

Más allá de que queda claro que los juicios contra Meta están enfocados en las secuelas ocasionadas entre los usuarios menores de edad, así como lo hace la normativa propuesta por Schipani, todo esto debería dar lugar además a la apertura de un debate sobre los efectos del uso de redes y de la exposición al mundo digital entre las personas mayores de edad, un debate que considere, por supuesto, la libertad de las personas a exponerse a riesgos. Claro, una cosa es exponerse a riesgos a sabiendas de su existencia, y otra muy distinta es hacerlo pensando que eso no tiene ningún tipo de efecto sobre la salud de las personas.
Sobre la salud mental, justamente, uno de los grandes dolores de cabeza históricos de un país que hace punta —y hasta se ha escapado— en las estadísticas de autoeliminaciones del continente.

En nuestro país, históricamente el pasaje de la escuela al liceo para el estudiante nunca resultó sencillo, aun para los mejores alumnos, porque no se trata solo de contar con buen conocimiento y estudios. Es que el “escalón” invisible entre Primaria y Educación Media existió siempre y, desde hace décadas, constituye uno de los puntos más delicados del sistema educativo. Lo distinto —y mucho más preocupante— es que hoy ese cambio de nivel encuentra a un número creciente de estudiantes con déficits de conocimientos y de formación que hacen que el escalón resulte cada vez más alto.

Precisamente un informe de avance de la Estrategia de Mejora de los Aprendizajes en Lengua, Matemática y Ciencias, elevado recientemente a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) —del que da cuenta El País— vuelve a poner el tema sobre la mesa. El trabajo, elaborado por tres comisiones integradas por representantes de los distintos subsistemas, analizó evaluaciones nacionales e internacionales, investigaciones, programas, recursos didácticos y experiencias educativas, tomando entre otros insumos los resultados de PISA, ERCE, Aristas, SEA y SEA+.

El diagnóstico identifica un problema que no es nuevo: existen desacoples pedagógicos y un verdadero divorcio metodológico entre Primaria y Educación Media Básica. El tránsito desde la escuela al liceo supone un cambio brusco en las formas de enseñar, aprender y evaluar. Pero sería un error atribuir a ese desacople toda la responsabilidad por las dificultades actuales. El problema de fondo es anterior: muchos alumnos llegan al liceo sin los conocimientos y las herramientas que deberían haber adquirido durante su trayectoria primaria.

Yendo por partes: en la escuela, el niño tiene generalmente una maestra de referencia, que conoce su evolución, sus dificultades y sus posibilidades. El vínculo cotidiano permite un seguimiento relativamente personalizado. En el liceo, en cambio, aparece una estructura completamente diferente: varios profesores, distintas asignaturas, diferentes exigencias, horarios fragmentados y una cantidad mucho mayor de estudiantes a los que cada docente debe atender, además de un seguimiento mucho más laxo —en el mejor de los casos— que el que se tenía en los cursos escolares.
Ese cambio siempre representó un desafío. El adolescente debe aprender, además de los contenidos, a organizarse, estudiar con mayor autonomía, interpretar consignas, administrar tiempos y responder a diferentes profesores y metodologías, lo que es parte natural de la evolución educativa, por supuesto.

Pero los problemas surgen cuando ese salto se da sobre una base que ya viene débil. Si un estudiante llega a séptimo grado con dificultades importantes para comprender un texto, escribir con claridad, resolver operaciones matemáticas básicas o interpretar una consigna, la estructura de Educación Media no hace desaparecer esas carencias. Por el contrario, por regla general las amplifica, y estamos ante un desacople que agrava un problema previo. Por ejemplo, la comisión que estudió el área de Matemáticas señala que la transición entre Primaria y Educación Media Básica constituye un punto especialmente sensible. Detecta desempeños insuficientes en una proporción significativa de estudiantes, particularmente en resolución de problemas y desarrollo de competencias matemáticas complejas.

También identifica discontinuidades en las progresiones de aprendizaje, los enfoques de enseñanza y las prácticas de evaluación.
En Lenguaje, el panorama no es menos preocupante. Se señalan dificultades persistentes en comprensión lectora, producción escrita, oralidad académica, interpretación de consignas, reformulación de información y autonomía en las prácticas de estudio. No se trata solamente de que un alumno tenga problemas en la asignatura “Lengua”. Si no comprende lo que lee, tendrá dificultades en Historia, Ciencias, Geografía, Matemática y prácticamente cualquier otra disciplina, porque la comprensión lectora es la base de todo estudio (aunque también lo es para la vida adulta).

En consecuencia, el déficit de lenguaje termina transformándose en un déficit general de aprendizaje. En Ciencias ocurre algo similar. El informe registra dificultades persistentes en el desarrollo del pensamiento científico y lógico, al tiempo que vuelve a advertir sobre las diferencias metodológicas entre los subsistemas. Mientras en Primaria predominan enfoques más integrados y contextualizados, en Educación Media tienden a consolidarse formatos más conceptuales y fragmentados.
Todo ello confirma que esta transición —este escalón— necesita ser revisada: algo que, por supuesto, ya debió haberse hecho mucho antes, y aplicando además las respuestas en el terreno, un paso que muchas veces no se da y el proceso queda estancado en el diagnóstico del problema.

Ahora bien, sería ingenuo, y un desconocimiento de la realidad, pretender que las distorsiones solo se dan en las aulas y que, por lo tanto, las respuestas también solo pueden darse en ese ámbito. El escenario también —y sobre todo— obliga a mirar qué ocurre antes de que el alumno llegue a esa transición.

El problema no comienza en el liceo, ni nada que se parezca, sino que existe un aspecto que el debate educativo no debería seguir esquivando: promover a un estudiante sin que haya alcanzado los conocimientos imprescindibles no resuelve el problema. Apenas lo desplaza en el tiempo, y peor aún, lo agrava a medida que se estiran los plazos.
Durante años se ha buscado evitar la repetición y, fundamentalmente, la desvinculación del sistema educativo. Es comprensible que una política educativa procure que los jóvenes permanezcan dentro de las instituciones. Pero permanencia no es sinónimo de aprendizaje, porque si un alumno avanza de grado sin haber adquirido las herramientas básicas, el déficit se acumula. Al año siguiente deberá aprender nuevos contenidos apoyados en conocimientos que no posee. Y cuanto más avanza, mayor se vuelve la distancia entre lo que el sistema supone que sabe y lo que realmente sabe.

Allí aparece una suerte de círculo vicioso: se promueve para evitar el fracaso; se evita el fracaso formal, pero no necesariamente se evita el fracaso educativo, y más temprano que tarde llega la hora de la verdad.
El problema queda así trasladado al siguiente nivel. Primero aparece en Primaria. Luego se hace visible en el pasaje al liceo. Más adelante reaparece en Educación Media Superior. Finalmente llega al nivel terciario y profesional, donde ya resulta mucho más difícil seguir esquivándolo.

Porque una universidad, una formación docente, una carrera tecnológica o una formación profesional no pueden prescindir de determinados conocimientos básicos. Allí no alcanza con acompañar, estimular o flexibilizar. Es necesario saber.
Y hasta llegar a este nivel, solo se han estado haciendo trampas al solitario. El problema, entonces, no termina en el liceo. El liceo puede ser simplemente el lugar donde empieza a hacerse visible con mayor crudeza una deuda que se ha ido acumulando.

Hay además un cambio cultural que tampoco puede ser ignorado. La autoridad del docente, el valor social atribuido al estudio y la percepción del esfuerzo han cambiado. Lo que en otras épocas podía ser motivo de vergüenza para el niño o el joven —no estudiar, no cumplir, desconocer contenidos básicos o desafiar sistemáticamente la autoridad del maestro— puede ser percibido hoy, en determinados ámbitos, como una demostración de autonomía o incluso de “valentía”, cuando en realidad se trata de un desvío del camino correcto que condiciona y va enterrando su futuro.

Las intensas precipitaciones registradas en el litoral y diversas regiones del país en las últimas horas han vuelto a poner en jaque a la red de caminería rural. El escenario es largamente conocido por los productores de Paysandú y otros departamentos. Tras acumulados de lluvia de magnitud —que en algunas zonas superaron los 100 milímetros desde el pasado lunes—, las vías secundarias de balastro sufren un rápido deterioro que en algunos casos complica y en otros interrumpe temporalmente el tránsito pesado.

Se trata de un cuadro recurrente que impacta de manera directa en la salida de leche y el transporte de granos y ganado. La historia indica que, frente a la emergencia climática, la respuesta del Estado suele ser reactiva. Los municipios y las direcciones departamentales de Vialidad deben generalmente abocarse a reparaciones de contingencia una vez que el agua cede y el daño está consumado.

Este esquema no alcanza para atender con agilidad y equidad redes departamentales de caminos que, en el caso de Paysandú, se sitúan en más de 3.000 kilómetros. La verdad es que la falta de diagnóstico previo y de atención genera cuellos de botella, dificulta la asignación oportuna de maquinaria y combustible, y demora las soluciones para las comunidades rurales más aisladas.
Este problema, que afecta la infraestructura productiva, ocupó un lugar central en la agenda del Congreso de Intendentes durante su sesión plenaria de mayo pasado en Salto.

Allí los jefes departamentales y la Comisión Sectorial de Descentralización trataron la necesidad de optimizar los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y avanzar hacia esquemas de financiamiento que contribuyan a mejorar la competitividad territorial.

Sin embargo, parece evidente que el debate político sobre la caminería rural no puede limitarse exclusivamente a la discusión de partidas presupuestales o al reclamo de más generosas transferencias desde el gobierno central.
Entendemos, en este sentido, que si el incremento de recursos financieros no se acompaña de una mejora sustancial de los mecanismos de auditoría, planificación y ejecución, el riesgo de perpetuar el ciclo ineficiente de reparación y erosión seguirá siendo demasiado alto.

La descentralización requiere también que los gobiernos locales cuenten con capacidades técnicas modernas que permitan auditar y planificar con rigor la durabilidad del trabajo vial y la calidad de los materiales empleados.
En este sentido, la incorporación de tecnologías de teledetección —por ejemplo, mediante la combinación de imágenes satelitales periódicas y relevamientos focalizados con drones— podría ser una herramienta de gestión preventiva para los problemas de la caminería rural.

Aunque aún no es común el uso de este tipo de herramientas tecnológicas con tales fines, no es menos cierto que las imágenes satelitales y los drones son utilizados para muy diversas tareas en el campo uruguayo, que van desde el control de incendios hasta la fumigación o el tratamiento con fitosanitarios, entre otros.
En este contexto no es descabellado pensar que los avances en el procesamiento de datos y la fotogrametría puedan utilizarse de forma sistemática para auditar caminos y generar mapas de riesgo ante alertas meteorológicas. Más aún si tenemos en cuenta los pronósticos para la región con motivo de la llegada de El Niño.

Contar con sistemas de monitoreo digital permite construir inventarios dinámicos del estado de las calzadas, detectar fallas en el drenaje de alcantarillas y, en definitiva, prevenir y planificar.
Con esta información georreferenciada es posible priorizar tramos complicados por donde circula la recolección lechera o el transporte de la actividad agropecuaria.

Esto permitiría avanzar sustancialmente en el reconocimiento objetivo de tramos críticos para la toma de decisiones en planes de mejora, y dar transparencia ante la ciudadanía a la inversión del Fondo de Desarrollo del Interior.
En este sentido, cabe recordar los dimes y diretes que desde hace años generan denuncias cruzadas sobre posibles usos opacos de la maquinaria vial, la compra discrecional de balastro de baja calidad y otros aspectos que han teñido las relaciones entre el gobierno central, las intendencias y los municipios del país. La fiscalización satelital puede aportar también a la profesionalización de las compras públicas, dotar de mayor transparencia a la ejecución de convenios para la renovación de flotas de maquinaria u obligar a las empresas contratistas a dar mayores garantías sobre la durabilidad de las obras ejecutadas.

Sin duda que también existen desafíos operativos, y no podemos ser ingenuos y pensar que con la sola implementación de software de teledetección o de drones se resolverán automáticamente las dificultades o crisis viales. La tecnología constituye una herramienta de diagnóstico, pero sabido es que de nada sirve si luego los municipios carecen de presupuesto operativo o de maquinaria para realizar la reparación en tiempo y forma.

Por otra parte, la idea tampoco es burocratizar la recolección de información de una forma desconectada del territorio y sus necesidades reales. Para que el sistema pueda ser efectivo, se requiere un acceso a datos abierto y descentralizado que permita que productores, alcaldías y gremiales locales tengan acceso a la información y puedan dar seguimiento al estado de sus caminos.
La problemática de la caminería rural es de larga data en Uruguay, pero la vulnerabilidad que provoca la lluvia exige superar las situaciones coyunturales y la improvisación. La descentralización de políticas que impulsa el Congreso de Intendentes y las herramientas tecnológicas disponibles deberían caminar juntas para modernizar con efectividad la gestión pública en el interior profundo del país.

Paysandú y otros departamentos de la región pueden liderar proyectos piloto interinstitucionales, articulando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el MGAP y otros gobiernos departamentales, para testear soluciones de auditoría satelital en las zonas productivas más afectadas.

Existe una relación directa entre pasar de la reacción a la planificación basada en datos, y la eficiencia y el cuidado de la competitividad de sectores productivos fundamentales para la economía del país. También atañe a la calidad de vida de nuestras comunidades rurales.
Cuando una calzada colapsa, los camiones cisterna quedan varados o se ven obligados a dar rodeos de decenas de kilómetros, encareciendo fletes y sobrecargando costos para los productores; cuando en las zafras graneleras el tránsito pesado intensivo convierte caminos rurales en espacios intransitables de barro, hacen falta otras soluciones además de las tradicionales.

“Nosotros tenemos en Uruguay, por cada adulto mayor pobre, 10 niños pobres. Un tercio de los niños de este país son pobres. No solamente es injusto porque esos niños no eligieron ser pobres, viven en hogares donde hay pobreza, sino porque además, aunque no tuviéramos ninguna consideración de tipo de justicia social, eso es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo para lo que nosotros creemos que tenemos, que es nuestra tranquilidad, nuestra convivencia en sociedad”. Estas fueron las palabras con las que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, justificó el incremento en la inversión para el combate a la pobreza infantil. Lo hizo en el marco de una presentación organizada por la Liga de Defensa Comercial (Lideco) en el antiguo Hotel Casino Carrasco, hoy Sofitel. “Si nosotros no hacemos algunas cosas importantes en materia de seguridad y en materia de atención a la pobreza infantil, nuestro modelo de convivencia, una buena parte de nuestro activo para atraer inversiones, para atraer gente que viene a vivir a Uruguay, está afectado”, expresó. “Y tenemos que tener más recursos, atender la seguridad porque hay problemas nuevos, hay que tener nueva tecnología y más funcionarios. Por eso, en la Rendición de Cuentas que queremos aprobar y que estamos batallando por lograr, estamos creando 300 cargos policiales, no los 1.000 que nos pidió el Ministerio del Interior, pero sí 300 nuevos. Es un tema central. Por eso estamos incorporando tecnología, gastando más de 6 millones de dólares anuales adicionales para tener algunas herramientas para el combate al delito, que en algunas zonas —en particular en el área metropolitana de Montevideo y en algunas ciudades del interior— es especialmente grave”, señaló, explicando por qué considera necesario “fortalecer el sistema de transferencias a la infancia”.
Caso contrario, advirtió, el riesgo es converger “hacia una sociedad que se va a tener que encerrar, como ha ocurrido en toda la región”, y mencionó específicamente lo que ocurre en los países del Pacífico “para que vean lo que son las sociedades que se fragmentan y que resuelven mal el problema de integración. Eso, yo creo, no es donde los gobiernos quieren vivir, y eso nos obliga a poner recursos y focos en esos lugares: en seguridad, en situación de calle y en niñez”.
Hay un límite muy fino entre lo que dijo literalmente el ministro Oddone y lo que quiso dar a entender. En una lectura lineal, el ministro planteó que existe una relación causa-efecto entre la pobreza infantil y las raíces de la inseguridad. La interpretación es, sin embargo, un poco más indirecta, porque lo que plantea es un riesgo que se incrementa, y no una estigmatización al estilo “todos los pobres son ladrones”.
Hay razones adicionales para ello. Oddone explicó bien, en la misma conferencia, una trampa de nuestro modelo de protección social, que tiene amplias prestaciones y beneficios sociales, pero que están muy condicionados al empleo por medio del aporte a la seguridad social. “Protege muy bien a toda persona que está integrada a lo largo de su vida activa al mundo laboral. Si las personas están integradas de manera intermitente en el mundo laboral, o no están integradas, no tienen seguro de desempleo ni tienen una cobertura de salud adecuada ni tienen un sistema de jubilación disponible”, señaló. Quedar desempleado o tener empleo informal es perder una red de protección. Hay entre 300.000 y 500.000 personas en esa situación en Uruguay que dependen de los mecanismos de protección social. Es demasiado.
Entonces es comprensible que, como dijo el ministro, “si nosotros no gastamos más allí, si no orientamos mejor los recursos, podemos discutir si condicionamos o no condicionamos —toda una discusión que está muy bien, que es una buena discusión—, pero si no incrementamos los recursos en diversas facetas hacia ese grupo de acción, tenemos un problema”.
Es entendible la preocupación del ministro de Economía, que unifica la visión de un ministro de Desarrollo Social y la de un ministro del Interior. Sin embargo, Oddone se queda corto con este planteo, porque en definitiva lo que cabría esperar es que el gobierno tuviese una ruta de salida —paradójicamente, así se denominó al plan que sucedió al Panes, Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, que creó el primer gobierno frenteamplista— para que, de alguna forma, esta población que necesita recurrentemente del apoyo del Estado comience progresivamente a dejar de hacerlo. Eso no se ha logrado; muy por el contrario, las ayudas monetarias directas solo han perpetuado esta dependencia. Claro, puede que para algunos esto no sea del todo inconveniente. Sin embargo, es un peso muy grande en el presupuesto estatal, que se traduce luego en la necesidad de incrementar la recaudación a través de nuevos impuestos o de retacear recursos a otras áreas del Estado, como estamos viendo que ocurre en la Rendición de Cuentas que se vota esta semana en la Cámara de Diputados, en la que hay una reducción significativa de vacantes en diferentes reparticiones del Estado. Además, el plan sería la contención de esa importante franja de población vulnerable, pero no garantiza ni evita que, año a año, esa población siga creciendo en número.
Entonces sí, es compartible el diagnóstico y la advertencia de Oddone de que hay un riesgo implícito cuando la pobreza alcanza los niveles que señala. Lo que no se puede acompañar es la solución propuesta, porque en algún momento tendrá que dejar de consistir solamente en poner dinero.

Es absolutamente de recibo, y un llamado a la responsabilidad colectiva —pero sobre todo de los actores directos—, la advertencia formulada por el director de Panaftosa (Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria), Manuel Sánchez, respecto al avance de la resistencia a los medicamentos antimicrobianos en el ganado y al papel de productores y veterinarios en el uso responsable de estos medicamentos. Prescripción veterinaria, cumplimiento de los tratamientos, registro y respeto de los tiempos de espera son algunas de las claves para preservar su eficacia y proteger la salud animal y humana, señaló, en un artículo publicado en la sección Rurales de EL TELEGRAFO.
La advertencia formulada por el director de Panaftosa merece ser recibida con la máxima atención. No se trata de una preocupación exclusiva de veterinarios o productores, ni de un problema circunscripto al ámbito de la producción animal. Estamos ante una amenaza que compromete, al mismo tiempo, la sanidad animal, la seguridad de los alimentos y la salud humana, y que remite a relaciones de causa y efecto que no solo aplican al mundo veterinario, sino que también se vienen dando desde hace tiempo en el tratamiento de enfermedades que afectan al ser humano, en lo que tiene mucho que ver, además, la automedicación.
La llamada “pandemia silenciosa” tiene precisamente esa característica: no necesariamente produce un brote visible ni una emergencia inmediata. Avanza de manera gradual, a medida que los microorganismos desarrollan resistencia frente a medicamentos que durante décadas han constituido herramientas fundamentales para combatir enfermedades. El riesgo es que, cuando finalmente se manifieste en toda su dimensión, algunas infecciones ya no encuentren un tratamiento eficaz.
Para Uruguay, la cuestión adquiere una sensibilidad particular. Buena parte de nuestra economía, de nuestras exportaciones y de nuestra propia identidad productiva está estrechamente vinculada al agro y, dentro de él, a la producción pecuaria. La sanidad animal no es, por lo tanto, un asunto sectorial: es una cuestión económica, social y estratégica para el país.
Y Uruguay conoce, además, el enorme costo que pueden tener las amenazas sanitarias. La fiebre aftosa constituye el ejemplo más evidente. La experiencia demuestra que una enfermedad animal puede provocar pérdidas productivas, comerciales y económicas de una magnitud muy superior a cualquier esfuerzo razonable de prevención, como ocurrió en 2001 y 2002, cuando nuestra economía se vio devastada por la irrupción de la epizootia, que fue la antesala de la crisis económica más grande que ha vivido nuestro país en el último siglo.
En este sentido, la situación regional merece una vigilancia permanente. Brasil, uno de nuestros principales vecinos y competidores en los mercados internacionales de carne, ha avanzado en el abandono de la vacunación contra la fiebre aftosa. Esto coloca a los países de la región, y particularmente a Uruguay por su fuerte dependencia de la actividad agropecuaria, frente a un escenario que exige todavía más rigor sanitario, coordinación y responsabilidad.
No se trata de cuestionar decisiones sanitarias adoptadas por otros países, sino de comprender que, en un mundo donde los animales, los alimentos y los microorganismos atraviesan fronteras, ningún sistema puede considerarse completamente aislado. La prevención deja de ser, entonces, una cuestión individual para convertirse en una responsabilidad colectiva.
Es precisamente allí donde adquiere todo su valor el llamado a los productores y veterinarios a utilizar responsablemente los medicamentos. Consultar al profesional, utilizar el producto adecuado, respetar las dosis, completar los tratamientos, registrar cada intervención y cumplir estrictamente con los períodos de espera no son formalidades burocráticas. Son parte esencial de una producción responsable.
Es cierto que todo esto tiene costos. También es cierto que, en determinadas circunstancias, cumplir rigurosamente con los protocolos sanitarios puede significar mayores gastos, pérdida de animales, demoras o restricciones productivas. Pero esos costos deben compararse con los que puede provocar una epizootia, la aparición de microorganismos resistentes o la pérdida de mercados por problemas sanitarios. La conclusión debería ser evidente: el costo de prevenir siempre será menor que el costo de enfrentar un desastre sanitario.
La misma lógica debe aplicarse al uso de antibióticos en la medicina humana. Durante años hemos actuado, muchas veces, como si estos medicamentos fueran un recurso prácticamente inagotable. No lo son. Cada utilización innecesaria, cada tratamiento interrumpido antes de tiempo, cada automedicación o cada prescripción inadecuada contribuye, en mayor o menor medida, a seleccionar bacterias capaces de sobrevivir a los medicamentos.
Lo que sucede en un establecimiento ganadero y lo que sucede en un hospital, una clínica o un hogar forman parte del mismo problema. Las bacterias no entienden de fronteras entre la salud humana y animal. De allí la importancia del concepto de “Una Salud”: la salud de las personas, la de los animales y la del ambiente están estrechamente vinculadas.
Por eso, la responsabilidad debe comenzar en las decisiones más pequeñas. En el campo, consultando al veterinario antes de administrar un antimicrobiano; cumpliendo el tratamiento indicado; registrando qué animal fue tratado y cuándo; respetando los tiempos de espera antes de enviar un animal a faena o utilizar su leche. En la medicina humana, evitando la automedicación y siguiendo estrictamente las indicaciones profesionales.
La advertencia de Panaftosa debería servir, entonces, como una señal de alerta y no como una preocupación pasajera. Uruguay ha construido buena parte de su prestigio internacional sobre la confianza en su producción agropecuaria y en sus estándares sanitarios. Esa confianza se sostiene todos los días, en cada establecimiento, en cada tratamiento y en cada decisión.
Frente a las amenazas sanitarias, la responsabilidad no puede quedar subordinada al ahorro inmediato ni a la comodidad. Los medicamentos son herramientas preciosas y limitadas. Cuidar su eficacia es cuidar la producción, los mercados y, en definitiva, la salud de todos.
Porque cuando una epidemia o una resistencia antimicrobiana se instala, ya no hay ahorro posible que alcance para compensar sus consecuencias. La prevención puede parecer cara. La irresponsabilidad sanitaria, en cambio, puede terminar siendo infinitamente más cara para todos.

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En los últimos días se ha generado una intensa polémica en torno a la instalación del nuevo centro del Mides en el antiguo Sanatorio Pasteur, ubicado en pleno centro de la ciudad. De acuerdo con lo informado por EL TELEGRAFO, “la directora departamental del Mides, María Inés Firpo, señaló que desde mayo pasado buscaban una vivienda acorde a las necesidades del refugio y ante el incremento de las personas en situación de calle. El antiguo sanatorio surgió como una posibilidad para trasladar a aquellas personas que se encuentran en un proceso diferente. Está pensado como un centro de medio camino, de vivienda asistida y con un trabajo más avanzado por parte del equipo del refugio”. El Sanatorio Pasteur dispone de unas 14 habitaciones y tiene capacidad para albergar a 50 personas. La situación que estamos viviendo en la ciudad de Paysandú se repite a lo largo y ancho del país. En efecto, la instalación y funcionamiento de refugios del Mides genera frecuentemente molestias de convivencia en los barrios de Montevideo, tales como aglomeraciones en la vía pública, ruidos molestos nocturnos, personas que hacen sus necesidades en plena vía pública, discusiones en voz alta, agresiones físicas y verbales, suciedad y denuncias por inseguridad o consumo problemático de sustancias en sus alrededores. Los centros del Mides están desbordados, tal como lo ha denunciado el propio Pit Cnt en su página web, advirtiendo sobre “precarización laboral, vaciamiento técnico —particularmente de psicólogos— y condiciones de hacinamiento en refugios”. El diagnóstico impacta; la lista es elocuente. El Mides preocupa. Desde la dirección del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) se encendieron las luces de alerta porque, en momentos en que el invierno impacta en nuestra región, “la situación para las personas que viven y duermen en la calle bajo la órbita de la política pública y gestión del Ministerio de Desarrollo Social es grave”. O sea: mal que le pese al ministro Gonzalo Civila y a la directora departamental María Inés Firpo, “no todo lo que reluce es oro”, razón por la cual el relato frenteamplista sobre el Mides se cae a pedazos y pierde pie un día sí y otro también. En pocas palabras, y como si se tratara de un partido de fútbol: Realidad 5-Mides 0.

Sobre la sesión, EL TELEGRAFO informó que “hubo numerosas personas presentes en la barra del recinto, y en la instancia hicieron uso de la palabra sucesivamente la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, Belén Capurro, en representación de los comerciantes; la doctora Cristina Zeni, representando a los vecinos de la zona, y el periodista independiente Milton Nan.

Belén Capurro dijo en su exposición que no cuestiona las políticas ni que se procure acompañar a estas personas, que necesitan respuestas y contención, pero expresó preocupación respecto a dónde se instalan los servicios y cuestionó la planificación que se lleva adelante. En tal sentido, dijo que recogió la preocupación de los vecinos porque hay antecedentes cercanos, con episodios de violencia y disturbios como se dan frecuentemente en el centro del INAU del microcentro. Recordó que esa situación la plantearon reiteradamente, ante una realidad que no es para estigmatizar, pero subrayó que, en lugar de avanzar en planificación y descentralización, ‘se los trae de nuevo al centro’. Trajo a colación que calle Monte Caseros tiene comercios, centros asistenciales e institutos docentes, entre otras dependencias, y preguntó si se evaluó el impacto y la planificación territorial, si se analizó el aspecto de la convivencia con los vecinos, el impacto en el comercio, la situación de los vecinos, la seguridad del barrio y el funcionamiento de los centros educativos cercanos, entre otros aspectos. Dijo que también afecta el turismo, al no tener un centro de la ciudad accesible y donde los comerciantes puedan trabajar”.

Lo peor de toda esta situación es que el Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh), encargado de la gestión del refugio del Mides en Paysandú, ya firmó el contrato de alquiler con el propietario del inmueble donde antiguamente funcionara el Sanatorio Pasteur, y se prevé su ocupación en setiembre. O sea: una vez más, se impuso una decisión política por sobre el diálogo social —el verdadero, no el politizado—. Sin lugar a dudas, la instancia llevada a cabo en la Junta Departamental hace unos días es necesaria e importante, pero la verdad es que fue totalmente ineficaz: al Mides y al Claeh nunca les interesó el diálogo ni buscar puntos de encuentro con la sociedad, y por eso se firmó el contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en el cruce de las calles Monte Caseros e Ituzaingó. Y a los vecinos “se los llevaron puestos”.

En este marco, y tratándose de hechos consumados, es importante pensar en los vecinos del Sanatorio Pasteur, quienes obviamente verán caer el valor de sus propiedades una vez que se instale en ese lugar el refugio del Mides. ¿Quién querrá comprar o alquilar una vivienda o un local comercial ubicado en este entorno? Como sucede en otros barrios del país donde se han instalado refugios similares, cabe temer que las puertas de esos inmuebles amanezcan con frecuencia con botellas rotas, excremento humano o vómitos que obliguen a los vecinos a limpiar las entradas de dichos lugares. Habrá roces con los inadaptados —la gran mayoría, personas que cumplieron recientemente condenas en la cárcel—, insultos y abusos que llevarán a discusiones que no lograrán resolver nada. La decisión del Mides resulta contraria al sentido común y al desarrollo urbanístico, comercial, turístico y social de nuestra ciudad. A pesar de que los frenteamplistas repiten la palabra “aporofobia” (odio a los pobres) como si se tratara de un mantra proveniente del “Manual del Perfecto Izquierdista Latinoamericano”, lo cierto es que no se trata de eso ni de discriminar, sino de convivir en forma armónica en una ciudad con alarmantes niveles de desempleo e informalidad. Así las cosas, ¿cuánto tardarán en llegar las demandas judiciales de los vecinos del Sanatorio Pasteur contra el Mides por los daños y perjuicios ocasionados por la caída del precio de venta o alquiler de sus propiedades? Es importante recordar que, según el artículo 1319 del Código Civil, “todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido, la obligación de repararlo”. Esa obligación de reparación no incluye solo el llamado “daño emergente” (la pérdida o disminución real del patrimonio que sufre una persona), sino también el “lucro cesante” (la ganancia o el dinero que una persona o empresa deja de percibir debido a un daño, un accidente o un incumplimiento de contrato causado por un tercero). El artículo 1.323 del mismo Código lo establece claramente: “El daño comprende no solo el mal directamente causado, sino también la privación de ganancia que fuere consecuencia inmediata del hecho ilícito”. ¿Acaso el ministro Civila o la directora departamental María Inés Firpo se harán cargo de pagar esos daños y perjuicios, o seremos todos los uruguayos —los eternos “paganini”— quienes tendremos que hacernos cargo de las consecuencias del autoritarismo inconsulto de ambos jerarcas?

Sacha Noam Baron Cohen (Londres) es un actor, comediante, guionista y productor británico de origen judío, conocido por sus personajes satíricos como Ali G, Borat Sagdiyev, Brüno y el Almirante General Aladeen.

Me acordé de este actor británico y sus increíbles personajes, reconocido por su trabajo satírico y su capacidad para desarrollar un estilo único, un formato de “falso documental”, y guionista de sus propias creaciones. Un manejo fino de la sátira y del absurdo. Esta historia tiene casi todo de un “falso documental” o una obra para el absurdo. Veamos.

El histrionismo

El 10 de agosto el The Washington Post incluye en la sección Seguridad Nacional una extensa columna cuya lectura insume 13 minutos. También se la puede ubicar en las secciones Política Exterior, Inteligencia, Justicia y Militar. Después de leer con atención y disfrutar de un texto irónico que bien puede adjudicarse la autoría a Sacha, creo que el editor del periódico no comprendió el texto que tenía entre manos para publicar. Si Sacha hubiera sido el autor, la columna hubiera sido incluida en la sección Humor o en una nueva que podría llamarse “trumpeses”. Se me viene a la cabeza una de las reflexiones, tan contundente como veraz, de Umberto Eco: “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Entonces eran rápidamente silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un Premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles”.

Volviendo al asunto

Ya que estamos con Eco, vayamos a su encuentro una vez más, dándole a esta reveladora historia un sentido de trascendencia intrascendente, que avergonzaría a cualquier autor desatento… perdón, lector desatento quise escribir.

Los filósofos de la lógica son aquellos que se abocan a estudiar los sistemas lógicos, sus cualidades y coherencia, así como el modo en el que permiten extraer conocimientos. En este campo, también se reflexiona sobre la naturaleza y antología de las operaciones lógicas, buscando respuestas a interrogantes del tipo acaso forman parte de la naturaleza, o son únicamente un constructor humano. Cuando completo la relectura, advierto que Aristóteles es uno de los pensadores que brillaron en estos asuntos.

Un último apunte: es interesante tener presente que la filosofía de la lógica se relaciona intensamente con los campos de la ingeniería informática.

¡Ahora sí, al asombro!

Un equipo de The Washington Post, desde varias fuentes, había accedido a la siguiente historia. Unas semanas atrás habría ocurrido una amenaza o si se quiere “habrían tomado conocimiento” de una eventual amenaza de asesinato contra el presidente Donald Trump de parte de agentes o servicios iraníes. Ello dio lugar a “una operación extraordinaria” que consistió en trasladar en secreto, desde Turquía a un avión militar alternativo mientras, como parte del mismo operativo, desde la Casa Blanca se “dejaba saber” que el presidente Trump estaba a bordo del Air Force One.

Se trataba de una misión clandestina o secreta. Todos contentos porque fue ejecutada con rotundo éxito: los periodistas y algunos empleados de la Casa Blanca no se enteraron de que ellos y el presidente viajaban en el mismo avión que el presidente. The Post verificó la especie informativa con “un funcionario estadounidense familiarizado con la operación y otra persona con conocimiento del viaje del presidente”. Para dar mayor tensión a la historia, la versión publicada advierte que “estas personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar sobre el asunto”.

Recordando al Super Agente F86

El relato del The Post seguía así; “La administración ha afirmado que Trump salió de Turquía el 8 de julio en el antiguo Air Force One. Trump anunció en redes sociales que usaría el “antiguo Air Force One” en lugar del avión que lo llevó allí, un Boeing 747-8 más reciente regalado a Estados Unidos por Catar. La seguridad del avión proporcionado por Catar ha sido cuestionada, y Trump dijo, el mes pasado tras el viaje, que sufriría mejoras adicionales”.

Lo singular de esta invención, original y creativa, no se privó de dejar mal parado al regalo de 400 millones de dólares… ¡o el avión no era “el tal avión”!

Sigue así: “En Ankara, Trump subió al viejo jumbo jet Air Force One a la vista de las cámaras de televisión. Minutos después, fue trasladado en secreto a un avión más pequeño –un C-32A de la Fuerza Aérea– a través de un camión de catering del aeropuerto que normalmente se utiliza para cargar comidas y otros suministros antes del vuelo, según el funcionario estadounidense y el material corroborativo revisado por The Post. Eso convirtió al Air Force One en un “señuelo” con los medios y algunos empleados de la Casa Blanca a bordo, dijo el funcionario”.

Los guisos y los desaguisados

Con este relato y otros detalles más, el Post consultó sobre la historia. La respuesta es de antología: Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, divulgó un comunicado explicando que “el nuevo Air Force One es una aeronave de última generación … como ha dicho recientemente el presidente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que le tienen puesto en la mira, y usamos todas las herramientas a nuestro alcance para hacer frente a esas amenazas”.

Bueno, ahora resulta que lo amenazado no era Trump, sino el avión. Luego “revelan” que “el Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca. Un portavoz del Servicio Secreto remitió las preguntas a la Casa Blanca y al Pentágono”.

La impericia en el manejo de la situación fue absoluta. Cuando el 11 de setiembre de 2001 los servicios de seguridad del presidente Bush reaccionaron rápidamente, no revelaron el paradero presidencial, limitándose a decir que estaba “en un lugar no revelado” pero jamás mintieron que estuviera en un lugar al que jamás fue. Pocas horas después, una vez cumplida la operación, se informaba que estaba en Nebraska.

Ni una bien…

Para salir del avión sin ser vistos por ajenos, Trump y varios asesores subieron a un camión de catering del aeropuerto que estaba elevado al lado del avión mediante sistemas hidráulicos y situado en una puerta al lado opuesto de la entrada del Air Force One, según la versión del The Post.

Las imágenes difundidas por los medios de comunicación en el aeropuerto turco dejaban ver una escalera al lado del antiguo Air Force One y el camión de catering al otro, con su contenedor elevado al nivel del avión. ¿Qué pasó? Trump llegó en una limusina, subió las escaleras y saludó hacia la pista al subir, tal como lo muestran los videos.

No contentos con un desacierto, hicieron un segundo que aseguraba que “la aeronave es segura, protegida y equipada con las tecnologías más avanzadas necesarias para cumplir con los requisitos de la misión presidencial”.

Y tres, el vuelo invisible del avión catarí utilizó el indicativo “SAM33”, de uso corriente para identificar la “misión aérea especial”. Un informe final de la misma fuente resumía: “vuelo sin incidentes” y “sin visitantes en la cabina de prensa”.

Después de tantos entuertos, ya nadie recordaba las razones de tanta improvisación. ¡Ah, sí! Concluye así el The Post: “Trump habló con periodistas durante unos 15 minutos, destacando la amenaza que representa Irán pero sin reconocer el engaño que había ocurrido antes”.

Por estos días se cumplieron 63 años de cuando descarriló el tren en Manga. En ese momento fue el segundo mayor accidente ferroviario a nivel mundial; solo en Japón había habido uno peor. Aquí murieron 24 personas.
El destino de aquel tren era Casupá. Fue de las pocas veces que mi pueblo natal alcanzó los titulares de los diarios de la capital. Hoy está todos los días con motivo de esta prometida inundación provocada –y embalsada– sobre la que no se está de acuerdo si cumplirá con sus objetivos o servirá de muy poco o si finalmente, como ya le ha pasado a esta gente con “ideas y proyectos”, será tirar millones de dólares al mar. En este caso al arroyo.

Lo del accidente lo tengo muy claro porque murieron varios conocidos y algún amigo. En ese tren viajaba mi padre, además. Esa noche en Montevideo se respiraba la tragedia; con mi hermano recorrimos hospitales y algún cuartel y hasta el lugar del accidente –un espanto– para reconocer heridos y muertos. Nuestro padre se salvó, muy magullado, es cierto.
¿Y cómo pasó eso? A un infanto juvenil se le ocurrió cambiar un desvío, –a marronazos con los rieles–, para ver qué pasaba. Y aquello fue lo que pasó. Siempre pasaron cosas feas, no es de ahora.
Lo apresaron de inmediato. No es que los policías de antes fueran mejor que los de ahora, creo sí que tenían más respaldo y además les pagaban mejor. Igual que con los maestros, y así como aquellos eran más efectivos, estos daban clase todos los días del año, enseñaban y no daban “manija”, sabían bien cuál era su tarea y la cumplían. Formaban ciudadanos; muy pocos degeneraban en infanto juveniles y, por otro lado, cero “militantes”.

La inseguridad no es de hoy, pero es un problema en deterioro. No se puede negar, como tampoco que en otros lados se está peor, aunque nos vamos acercando un poquito. En Centroamérica, por ejemplo, he visto muy lindas residencias protegidas con muros de cuatro metros de alto y cada tanto casetas y gente con armas muy pesadas. Así y con autos blindados y chofer con metralleta se está más o menos seguro. Hay ciudades en las que en el hotel le recomiendan tomar los taxis “del hotel” y no salir de determinados distritos. El resto bajo su propio riesgo y a suerte y verdad.

Aquí no es tanto, pero de noche por 18 de Julio dicen que es bravo. Tampoco a esas horas es aconsejable cruzar el parque de Villa Biarritz solo y con más razón si se es mujer. Y así sigue y suma.

La gente se queda en casa. Y por supuesto si sufre algún delito menor ni lo denuncia. No pierde tiempo. Y no es por culpa de las comisarias y policías: éstos hacen lo que pueden… con lo que tienen. Hay gente que tras la balacera de “La blanqueada” resolvió no ir más a los estadios y optar por la comodidad del living, el televisor y la picada, que es mucho más seguro. Es grave, la realidad es que ya las balaceras no se dan solo en dos o tres barrios determinados, sino que las hay en el Buceo, Punta Carretas, Ciudad Vieja y todo Montevideo, mientras, paralelamente, la ciudad es rastrillada por rateros y rateritos que la asolan en moto amparados por el ruido, confusión y asesinatos de narcos y crimen organizado.

No es un asunto para hacer política, ni para campaña electoral. Es para tener un poco de miedo y para elevar la mira y cuidar del país y de todos los uruguayos. Si quieren discutir sobre la represa en mi querido Casupá, fenómeno, pero hay temas con los que no se puede jugar. Después será tarde.

Todos los días nos enteramos de que este gobierno nos miente en la cara. Vinieron figuras importantes del mundo financiero que nos prestan dinero cuando lo necesitamos; el presidente nuestro dijo que estaba muy contento por los halagos recibidos. Mentira. Es lo mismo que le digan a usted desde las casas de crédito que es mejor cliente porque paga todos los meses.
Fue muy llamativo que vinieran los directores más importantes del Fondo Monetario a conversar con el Ministerio de Economía para que haya más ajustes y cuidado con el gasto público. Además, cuando se quiso cambiar las reglas de juego de las AFAP se complicó todo; menos mal que se puso la camiseta Oddone y se reunió con los directivos y no hubo cambios importantes. Así todavía pueden invertir no solo en Uruguay sino también en el exterior, y la verdad yo le doy la razón: hoy no se puede confiar en Uruguay, no tenemos presidente, mandan los sindicatos, y seguimos gastando más dinero del que administramos y seguimos solicitando préstamos para llegar a fin de año.

La verdad, una vergüenza este gobierno y toda la casta política; están para pasear y pasarla bien, son todos iguales, hipócritas, mientras hay gente pasando hambre, donde la delincuencia cada día es mayor. Ahora roban ómnibus con chofer y la policía no se entera, vergonzoso. Bien dijo Orsi: “Si tengo que hacer renunciar a todos los ministros que la gente me pide, me quedo sin gobierno”. Es tan lamentable; mintieron tanto para llegar al poder y hoy el país está en crisis profunda, sin rumbo y con grandes problemas económicos, y hasta eso nos quieren engañar, diciendo que somos los mejores de América. Por favor, no sean tan caradura.
Y el gran hermano del gobierno, el Pit Cnt, sigue haciendo paros, y van 20 a los actos, ¿para lograr qué? Nada; el impuesto a los ricos no va a cambiar la pobreza ni va a hacer vivir mejor a los niños.
Solo se puede salir adelante con muchos puestos de trabajo, que vengan inversores y que pongan muchas empresas, pero con el peso del Estado y la burocracia de este país nadie puede invertir aquí. Por favor, señores inteligentes, mientras ustedes estén en el poder con una oposición mirando para otro lado y viendo cómo este gobierno liquida el país y sale a pasear por el mundo, nada va a cambiar.

La verdad es que se les tendría que caer la cara de vergüenza cuando salgan a buscar el voto en las próximas elecciones; mucha gente los va a echar de la puerta, está cansada de vivir mal, paga todos los impuestos y no recibe nada del Estado. Si te enfermás, las mutualistas te atienden mal, como el Hospital, dando horas para especialistas con tres meses de espera y algunos esperan mucho más. Que los llamen cuando los puedan atender.
La seguridad es lamentable, salís a la calle y no sabés si volvés a tu casa, en cada cuadra hay dos o tres personas pidiéndote plata, vivimos con miedo, dormimos con miedo, y mientras tanto el ministro Negro sigue laburando… ¿para quién? No sabemos; los precios de la canasta familiar siguen subiendo, nadie los controla, y la gente cada día compra menos y la está pasando mal. Vemos gente con muchos problemas para vivir en este país; los remedios, de los que mucha gente depende para su salud, han subido sin control.

Les tiro solo una: el año pasado el gasto de sueldos en el Palacio Legislativo en suplentes de diputados y senadores fue de más de un millón de dólares. ¿Y ustedes quieren que un país funcione así? Por una hora que un legislador titular no puede cumplir porque tiene una entrevista en una radio o TV, no va en todo el día a la casa de gobierno y va el suplente, que después cobra el mismo sueldo a fin de mes. ¿Esto es en serio o es joda?

Los políticos no tienen nada de vergüenza, ya no podemos bancar más esos costos, más el gasto público que cada día suma más gente trabajando en el Estado, hacen subsidios a gente que siempre los apoyó y curró con este sistema. Por ejemplo Rada: aparece una pensión de 120.000 pesos para ayudarlo, y aquí tenemos un niño, Tiago, que necesita dinero para una operación, y el Estado ausente. Se van a hacer beneficios y bonos para que la gente los apoye; es increíble que con todo el dinero que maneja el Estado, el Fonasa, tengan que salir los padres a pedir colaboración al pueblo porque no hay dinero para pagar esa operación.
Después, cómo no, hablan de los niños; son tan malas personas que solo les importa el poder, el vivir bien, ellos, su familia y sus amigos y correligionarios. Si se revisaran las oenegés, ahí se vería el dinero que invierten y se le da a un líder y nadie los controla.
Parecido con lo que pasa en el Pit Cnt: recibe millones de dólares del Estado y de los obreros y el Banco Central no lo controla como a una persona física que deposita en el banco un dinero y tiene que justificarlo. La verdad es que hay cosas poco claras aquí en nuestro país; hay hijos y entenados, es insólito.

Ángel

La búsqueda de sentido es un camino en el que la persona integra sucesivamente razón, amor y libertad, donde la persona descubre que su vida no es fruto del azar, sino que posee una dignidad, una vocación y un propósito.
La cabeza busca la verdad y permite reconocer que la existencia tiene un significado que va más allá de lo material.
El corazón descubre aquello que realmente vale y es digno de amar y perseguir.
La voluntad transforma ese conocimiento y ese amor en decisiones y acciones concretas; en un proyecto de vida que nos permita atravesar las dificultades sin perder el rumbo.
La cabeza busca la verdad, el corazón reconoce aquello que tiene valor y la voluntad transforma ese descubrimiento en una elección.

Cuando estas tres dimensiones se encuentran, la vida deja de ser simplemente una sucesión de acontecimientos y puede convertirse en un camino con dirección, compromiso y sentido.
Desde una mirada cristiana, este camino encuentra su plenitud cuando orientamos nuestra vida hacia Dios y el servicio a los demás.

Ing. Agr. José Francisco Ramos Peralta

Hay que reconocerlo. El director de Tránsito, Dr. Gastón Berretta, habla muy bien. Explica con entusiasmo las espirometrías, los controles, las cebras, las lomadas, los estacionamientos y la importancia de respetar las normas. Y todo eso merece aplausos.
Pero mientras lo escuchaba, me acordé de una vieja frase popular: “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo veo”. Porque en Paysandú existe un fenómeno digno de ser estudiado por la ciencia.

La Dirección de Tránsito parece tener una libreta de multas… que funciona perfectamente. Claro… siempre que el destinatario sea un vecino común. Porque si el infractor es un pequeño comerciante, la maquinaria administrativa funciona con una velocidad admirable.

Pero cuando los vehículos de algunas automotoras convierten las veredas en una extensión de su salón de ventas, sucede un verdadero milagro administrativo: la libreta de multas desaparece.

Los inspectores parecen sufrir un ataque repentino de invisibilidad. La ordenanza entra en estado de hibernación.
Y la autoridad mira para otro lado con una serenidad digna de un maestro zen. Hace bastante tiempo planteé personalmente este tema al director. Incluso me aseguró que la ordenanza se estaba cumpliendo.

Entonces uno no sabe si creerle a las palabras… o creerle a sus propios ojos. Porque cualquier sanducero que camine por determinadas calles puede comprobar que los autos siguen ocupando las veredas. Y las veredas, hasta donde sabemos, siguen siendo para los peatones. No para exhibir vehículos.

Lo más curioso es que quienes ocupan esos espacios parecen disfrutar de un beneficio extraordinario.
No pagan alquiler. No reciben multas. No son intimados. No aparecen en los operativos.
Es una especie de inmunidad vial que no figura en ninguna ordenanza… pero que, aparentemente, existe en la práctica. Y eso tiene un nombre muy sencillo. Doble vara.

La ley no puede ser un traje a medida. No puede apretar al más chico y quedar holgada para el más grande. Porque cuando la autoridad selecciona cuidadosamente a quién controlar y a quién no, deja de administrar justicia para administrar conveniencias.
Los ciudadanos no piden privilegios. Piden igualdad. Que el inspector vea al pequeño comerciante… pero también vea a la automotora.

Que la ordenanza sirva para todos… y no solamente para quienes no tienen poder para levantar el teléfono.
Porque las cebras, las lomadas y las espirometrías son importantes.

Pero hay una señal de tránsito mucho más importante. La que dice que todos somos iguales ante la ley. Y esa, lamentablemente, hace tiempo que parece estar tapada por un auto estacionado sobre la vereda.
David Doti

En una especie de carrera demagógica, esta semana se presentaron en el Parlamento una serie de proyectos de ley que tienden a reducir costos legislativos, aunque no se trata de gastos directamente generados por la función legislativa, sino de gastos que han estado históricamente en discusión, como los viáticos por viajes al exterior y el subsidio del que disponen los legisladores una vez que cesan su actividad parlamentaria.

La bancada oficialista presentó dos de estos proyectos. La primera de las iniciativas busca restablecer obligaciones de transparencia que existían pero fueron retiradas en el año 2020: propone regresar a la obligación de rendir cuentas a todos los legisladores nacionales y ediles departamentales que perciban viáticos por misiones en el exterior o comisiones de servicio en el país. El proyecto lleva la firma del senador Daniel Caggiani (MPP) y, en su exposición de motivos, plantea que lo que se pretende es “fortalecer y transparentar el uso adecuado de los dineros públicos, generando nuevos sujetos obligados que deberán acotarse a las disposiciones de la norma”. De esta manera, todo funcionario comprendido por la norma dispondrá de hasta diez días hábiles desde su regreso para rendir cuentas de sus gastos. En caso de que le sobrase dinero, deberá devolverlo al organismo (Parlamento o Junta Departamental), de acuerdo con lo reseñado en un artículo del semanario La Mañana. Las sanciones previstas para quienes incumplan consisten en que, si el funcionario percibe salario, se le descontará el monto total del viático asignado de sus retribuciones futuras, hasta completar la totalidad de la deuda. Si, en cambio, se trata de un cargo honorario, como el de los ediles, se remitirán los antecedentes a las autoridades que lo designaron para que tomen las medidas que estimen pertinentes. En cualquiera de los casos, la persona no podrá volver a ser designada para una nueva misión o comisión de servicio que genere derecho a viático.

El proyecto también incorpora la obligatoriedad de presentar, en el plazo de diez días desde el regreso, tras la participación en actividades, congresos, seminarios, visitas oficiales o cualquier misión financiada total o parcialmente por Estados, instituciones u organismos internacionales, un informe detallado ante la Presidencia de su Cámara. Allí deberá incluirse una copia de la invitación oficial, la identificación del organismo o Estado que efectuó la invitación y el detalle de los gastos cubiertos por terceros: pasajes, alojamiento, alimentación, viáticos, transporte interno y cualquier otro beneficio económico o en especie.
Otro proyecto presentado por Caggiani apunta a recortar el subsidio por cese político. Actualmente, quienes ocupen una responsabilidad política durante más de un año pueden acceder a un subsidio de hasta 12 meses, equivalente al 85% de sus haberes. La intención es reducir este plazo a seis meses y el monto al 66% de los haberes del cargo ejercido. A ello se suma la condición de que el subsidio no se otorgará a quienes estén omisos en la presentación de la declaración patrimonial obligatoria, y que el reingreso a la Administración Pública implicará el cese automático del beneficio.

A continuación, el senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, presentó un proyecto que va incluso más lejos, porque propone directamente prohibir los viajes al exterior pagados por el Parlamento.
De acuerdo con lo publicado por Montevideo Portal, el proyecto busca establecer como regla general que senadores y diputados no podrán viajar al exterior con dineros públicos o del presupuesto del Parlamento, y deberán participar en actividades internacionales tales como reuniones, conferencias, congresos o foros mediante videoconferencia u otro mecanismo a distancia cuando esté disponible.

El proyecto de Bordaberry agrega, a modo de excepción, la posibilidad de que las cámaras autoricen un viaje con el apoyo de dos tercios del total de sus integrantes, en casos en que se justifique la presencia física del legislador como necesaria y en la medida en que no pueda ser sustituida por una participación virtual. La restricción alcanzará tanto a los legisladores (senadores y diputados) como a los funcionarios de los servicios comunes del Poder Legislativo, quienes también deberán participar a distancia, salvo que su viaje sea autorizado por la referida mayoría especial. Abre, sí, la posibilidad de que los legisladores viajen por su cuenta sin necesidad de autorización, siempre que paguen todos los gastos con recursos propios y no exista ningún costo directo o indirecto para el Parlamento ni para otros fondos públicos.
Al igual que el proyecto de Caggiani, la iniciativa de Bordaberry también obliga a presentar un informe al regreso, solo que es más generosa con los plazos y otorga la posibilidad de remitirlo dentro de los 30 días posteriores. Bordaberry planteó que desde el comienzo del actual período de gobierno hubo un uso creciente y excesivo de fondos públicos para financiar viajes al exterior de autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, y aportó cifras al respecto: entre febrero de 2025 y junio de 2026 se realizaron 73 viajes al exterior financiados por el Senado, de los cuales 51 correspondieron a legisladores y 22 a funcionarios. En conjunto, representaron 430 días de misión y un gasto de al menos U$S 234.464. El senador colorado fundamentó su propuesta en la necesidad de reducir el gasto público.

No podemos dejar de reconocer el saludable gesto de los dirigentes políticos de recortar gastos. No obstante, y antes de entrar en consideraciones sobre las posibilidades reales de que proyectos como los planteados logren avanzar hacia su aprobación, debemos leer las señales detrás de estas iniciativas. Porque, aunque todos podemos coincidir en que es necesario reducir gastos en el Estado, a la postre 235.000 dólares no van a hacer una gran diferencia.

Resulta llamativo que desde el Parlamento surjan estos gestos que, en cierta forma, dan el brazo a torcer respecto de que estos beneficios de los que gozan los legisladores están de más, y de que da lo mismo si existen o no, porque la función se cumplirá de todos modos.

Pero no es lo mismo. No da lo mismo. Así como en la sociedad, también entre los miembros del Parlamento hay diferentes situaciones personales. Hay quienes podrán costearse un viaje para conocer experiencias en el extranjero e intercambiar con parlamentarios de otras culturas o trabajar in situ sobre situaciones que podrían extrapolarse a Uruguay, y habrá quienes no.
Es llamativo que el mensaje que sale desde el Palacio Legislativo sea esta disposición a recortar gastos —sí— pero también calidad legislativa, en lugar de defender la función que se cumple, de la que esta representación y el intercambio forman parte indiscutiblemente. Eso sí, probemos esa presentación obligatoria de informes, en diez o 30 días, y la rendición de gastos, y se verá con prontitud cuáles de las misiones han sido de beneficio.

El preacuerdo alcanzado entre el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) y las cámaras empresariales del sector fue recibido por la organización sindical como un acontecimiento histórico. Y, desde la perspectiva estrictamente laboral, es comprensible que así sea. La reducción progresiva de la jornada de 44 a 40 horas semanales, sin pérdida salarial, constituye una mejora para los trabajadores alcanzados por el convenio. A ello se agregan ajustes salariales, beneficios sociales, partidas vinculadas a la salud mental, prevención, primera infancia, ropa de trabajo y protocolos ante temperaturas extremas.

Por cierto, el trabajador de la construcción realiza una tarea particularmente exigente, muchas veces a la intemperie, expuesto a riesgos físicos, trabajos en altura, cargas pesadas y condiciones climáticas que pueden ser severas. Además, la construcción no es una actividad cualquiera: moviliza una extensa cadena de proveedores y trabajadores indirectos, desde barracas y fabricantes de materiales hasta herrerías, carpinterías, metalúrgicas, empresas eléctricas, transporte y extracción de materias primas. Su dinamismo repercute sobre una parte importante de la economía.

Pero precisamente porque la construcción es tan importante, el acuerdo no debería ser analizado solamente desde el punto de vista de quienes lo celebran. También corresponde preguntarse qué efecto tendrá sobre el resto de la sociedad.

Y allí aparece una cuestión que el debate público uruguayo suele esquivar: reducir el tiempo trabajado manteniendo intacta la remuneración no es gratis. Puede ser una excelente decisión si la productividad aumenta lo suficiente como para compensar la menor cantidad de horas. Pero si no aumenta la productividad, el costo de cada hora efectivamente trabajada sube. Y cuando aumenta el costo de producir una vivienda, una carretera, un edificio o cualquier otra obra, alguien termina pagando la diferencia. No hay misterio en esto. No existen almuerzos gratis. Y eso, en un país que ya de por sí es caro, ineficiente y que por ello ya no es competitivo en el ámbito internacional, sólo puede hacer una cosa: agravar la situación y hacernos menos competitivos aún.
Según lo previsto en el preacuerdo, la reducción será gradual: una hora menos por semana desde agosto de 2027 y nuevas reducciones sucesivas hasta llegar a las 40 horas en 2030. El salario, mientras tanto, no se reduce. La cuenta económica es sencilla: si se paga prácticamente lo mismo por cuatro horas semanales menos, el costo laboral por hora aumenta. El propio presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, Alfredo Kaplan, señaló que el acuerdo representa para los desarrolladores un aumento significativo de costos y estimó que, al cabo del proceso, el impacto específico de pasar de 44 a 40 horas manteniendo la remuneración equivale aproximadamente a un 10% por ese concepto.

La discusión, entonces, no debería ser si cuatro horas menos de trabajo son buenas o malas para un trabajador. Naturalmente, para quien recibe el mismo salario y dispone de más tiempo libre, son buenas. La discusión relevante es otra: ¿puede una economía que ya tiene elevados costos darse el lujo de aumentar todavía más el precio de producir sin que ello tenga consecuencias sobre el conjunto?

Uruguay tiene un problema previo que hace especialmente delicada esta cuestión: es un país caro medido en dólares. Un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), basado en información de precios del Banco Mundial, encontró que Uruguay era en promedio 27% más caro que un conjunto de 43 economías desarrolladas y emergentes. En alimentos y bebidas no alcohólicas, la diferencia llegaba al 55%, y en productos de limpieza e higiene personal al 58%.

Los datos más recientes del Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial muestran, además, que Uruguay registró en 2021 el nivel de precios más alto de América Latina en el índice general de precios del PBI, con un valor de 102 frente a un promedio mundial de 100. Es decir, incluso con las diferencias metodológicas que deben tenerse en cuenta, la evidencia internacional confirma algo que cualquier uruguayo comprueba al viajar: el país no es barato.

El problema se vuelve todavía más evidente cuando se incorpora la productividad a la ecuación.
Una economía puede pagar salarios altos y trabajar menos horas. De hecho, las economías más desarrolladas del mundo suelen combinar ingresos elevados con jornadas relativamente menores. Pero existe una condición indispensable: la producción por hora debe ser suficientemente alta.

La secuencia correcta es productividad, inversión, crecimiento, mejores salarios y, eventualmente, más tiempo libre. Si se pretende comenzar por el final —menos horas y salarios que no bajan— sin que previamente haya aumentado la cantidad de bienes y servicios producidos por hora, el resultado inevitable es un incremento del costo unitario. Y eso es exactamente lo contrario de lo que Uruguay necesita. El país necesita abaratarse, no encarecerse. Necesita atraer inversión, no hacerla más difícil. Necesita producir más con los mismos recursos, no producir menos con los mismos costos. Necesita mejorar su competitividad para vender al mundo y, al mismo tiempo, hacer que las viviendas, los servicios y los bienes sean más accesibles para los uruguayos.
Y surge como un contrasentido que una economía que necesita inversión adopte como señal de progreso un mecanismo que aumenta los costos si no está acompañado por un salto equivalente en productividad.

Precisamente en la construcción se pueden observar con claridad las consecuencias. En una obra pública, el mayor costo puede terminar trasladándose al Estado. Pero el Estado no produce dinero: utiliza recursos que provienen de los ciudadanos que pagan impuestos, del endeudamiento o de la reasignación de partidas. Si una carretera cuesta más, con el mismo presupuesto se pueden construir menos carreteras. Si construir una vivienda social cuesta más, con los mismos recursos se pueden construir menos viviendas.

El empresario Kaplan, en declaraciones al suplemento Economía y Mercado del diario El País, advirtió precisamente sobre este punto: el encarecimiento de la mano de obra también alcanza a las obras públicas y a los programas habitacionales. El problema no es teórico. Si el presupuesto destinado a infraestructura permanece igual mientras aumenta el costo de cada obra, la cantidad física de obras que puede realizarse disminuye.

En el sector privado el mecanismo es todavía más directo. Un desarrollador no puede construir indefinidamente por encima del precio que el mercado está dispuesto a pagar. Si los costos suben, necesita vender más caro para mantener la rentabilidad y justificar la inversión. Si el mercado no acepta ese precio, el proyecto deja de ser viable.
El resultado puede ser una paradoja: una medida destinada a mejorar las condiciones de los trabajadores puede terminar dificultando el acceso a la vivienda de otros trabajadores, y a la vez reduciendo el campo laboral para quienes se benefician de la reducción del horario laboral.

Menor oferta, precios más altos y menos inversión forman una combinación particularmente peligrosa para un país que pretende solucionar su déficit habitacional y atraer capital privado.
Por lo tanto, que el costo pueda trasladarse no significa que el aumento sea inocuo. Significa simplemente que alguien lo paga. Lo paga el comprador de la vivienda. Lo paga el contribuyente cuando se trata de obra pública. Lo paga el inquilino si el mayor costo termina afectando el valor de los inmuebles o de su mantenimiento. Lo paga el consumidor cuando el mayor costo de infraestructura se incorpora a otros bienes. Y lo paga, finalmente, la economía cuando proyectos que antes eran rentables dejan de serlo. En definitiva, el costo puede cambiar de bolsillo, pero no desaparece.

En los últimos tiempos, el debate ético sobre la expansión acelerada de la inteligencia artificial (IA) parece haberse concentrado casi exclusivamente en el consumo de sus infraestructuras, en especial las cifras astronómicas de gigavatios que demandan sus servidores y en los millones de litros de agua dulce que se evaporan a diario para enfriar las enormes granjas de datos instaladas en diferentes partes del mundo. Sin embargo, es menos visible el primer y más destructivo eslabón de la cadena tecnológica de la inteligencia artificial.
Antes de que un algoritmo se ponga en marcha o un servidor requiera refrigeración, existe un costo material primario, pesado y silencioso que se cobra directamente sobre el ambiente. Ocurre que, para construir los microprocesadores de última generación, las tarjetas gráficas especializadas y las redes que sostienen el mundo digital, la industria ha desencadenado una voraz cacería de los denominados “materiales críticos”, entre los que se encuentran el litio, el cobalto, el cobre, las tierras raras y materiales de purificación extrema como la alúmina de alta pureza, el galio y el germanio.
Detrás de la ubicuidad y supuesta inmaterialidad algorítmica se oculta, en realidad, un modelo profundamente extractivo cuyas facturas hídricas, ambientales y humanas se pagan en las cuencas contaminadas y en las comunidades más vulnerables y vulneradas de lo que se suele llamar el Sur Global.
Las promesas de limpieza de la atmósfera mediante la transición energética y de expansión de las fronteras del conocimiento humano mediante la IA nos han instalado en un cambio de época que viene acompañado de algunas paradojas físicas y morales que no deberían pasar desapercibidas.
Si nos fijamos en nuestra realidad inmediata, Uruguay y la región han sido testigos directos de esos cambios: por un lado, nuestro país se consolida como hub tecnológico exportador de software y avanza en la atracción de infraestructuras de datos, mientras las grandes empresas tecnológicas mundiales aceleran su carrera por automatizar procesos y entrenar modelos inteligentes masivos.
Sin embargo, detrás del discurso de ciudades inteligentes y servidores en la nube existe una realidad que no se puede negar: nada en el mundo digital es totalmente inmaterial, sino que, por el contrario, todo se basa en un uso de materiales de la corteza terrestre y del agua.
Para terminar con la era de los combustibles fósiles, transitar hacia un mundo más limpio y, a la vez, alimentar a los voraces centros de cómputo, se ha desatado una gran cacería de materiales críticos que debería hacernos preguntar no solo qué tecnología queremos construir, sino a costa de quiénes se está haciendo.
Al mirar en detalle y leer los informes que están produciendo algunos organismos internacionales sobre el tema, reaparecen las asimetrías históricas entre el Norte y el Sur Global.
Por ejemplo, el continente africano posee aproximadamente un tercio de las reservas de estos minerales estratégicos, y solo la República del Congo concentra más del setenta por ciento del cobalto del planeta, insumo indispensable para estabilizar las baterías de los celulares que llevamos en el bolsillo o para los motores eléctricos. Allí la minería artesanal e informal condena a miles de familias y niños a respirar polvos tóxicos, mientras la disputa por el control de los yacimientos genera violencia por parte de milicias armadas que afectan a comunidades enteras.
En América Latina, estas mismas tensiones han dejado de ser un tema de debate sobre una realidad lejana para transformarse en verdaderas heridas abiertas en el territorio. El llamado “triángulo del litio”, repartido entre las alturas andinas de Argentina, Bolivia y Chile, alberga la mayor reserva de este material blando del planeta. Lamentablemente, la técnica dominante para extraerlo, basada en la evaporación masiva de salmuera en piscinas gigantescas, sacrifica el agua. En solo un año, la producción global de litio llega a demandar cientos de miles de millones de litros de agua dulce y salobre, acelerando la pérdida de este elemento vital para las personas y comunidades. En la Puna argentina y el salar de Atacama chileno, la salinización de las napas subterráneas y el agotamiento de los acuíferos han roto el equilibrio ecológico, forzando el desplazamiento silencioso de comunidades originarias cuyos modos de vida dependían de la integridad de la cuenca.
En sociología y salud pública, a estos lugares afectados por los motivos antes señalados se los llama “zonas de sacrificio”, es decir, lugares en el mapa donde la naturaleza, la salud y la vida humana son conscientemente relegadas en favor del consumo de otros rincones del planeta.
La historia regional es pródiga en lecciones amargas, y si los países de América Latina y el Sur Global simplemente cumplen el rol pasivo de ser canteras para abastecer microprocesadores y baterías fabricadas por las potencias industriales, habrá nuevas condenas de subdesarrollo.
Ahora bien, atribuir esta crisis únicamente a los centros de poder financiero sería una simplificación ingenua, porque las “zonas de sacrificio” florecen sobre todo donde la gobernanza local tambalea, la debilidad institucional de los Estados permite la desregulación, o donde la corrupción o la falta de fiscalización interna terminan cediendo las cuencas hídricas al mejor postor.
Por otra parte, si bien es cierto que la industria empieza a explorar alternativas de extracción diseñadas para reducir el consumo de agua, la comunidad internacional debería avanzar más rápido hacia pactos multilaterales vinculantes que garanticen la trazabilidad de los minerales, para que recursos manchados por la violencia, la explotación laboral o la destrucción ecológica no ingresen al mercado formal.
Es que, como ciudadanos y consumidores, la responsabilidad tampoco nos es ajena. Debemos saber que cada pantalla que encendemos y cada imagen que le pedimos crear a una IA solo por divertirnos lleva una huella invisible de agua, suelo y trabajo humano. Exigir dispositivos duraderos, transparentes y éticamente producidos debería ser un deber del estilo de vida contemporáneo. Sin embargo, sería injusto cargar la responsabilidad sobre los hombros del ciudadano, porque las transformaciones necesarias seguramente no vengan de la abstención del uso sino de la presión política para exigir reformas, regulaciones y garantías corporativas éticas.
Desde Uruguay, este debate adquiere una resonancia particular. Nuestro país, que ha mostrado al mundo un modelo exitoso de transición hacia energías renovables y que se consolida como un hub tecnológico regional, no puede ser indiferente a la huella material de su propio progreso, y tampoco está exento de tensiones territoriales internas. El debate sobre el uso intensivo del agua por megaproyectos tecnológicos o el impacto hídrico de la industria forestal está presente para recordarnos que la sostenibilidad es una negociación diaria, y que solo con mirada autocrítica podremos ejercer la responsabilidad de llevar a foros multilaterales una voz en defensa de la gestión ética del agua y la trazabilidad tecnológica, para que nuestro Cono Sur tenga un desarrollo que no sacrifique la dignidad de los pueblos en favor de un extractivismo irresponsable.