Opinión

El portal de noticias BBC Mundo entrevistó al economista francés Philippe Aghion, de 69 años, uno de los tres galardonados con el premio conocido como “Nobel de Economía”, junto a Peter Howitt y Joel Mokyr. La distinción otorgada a la dupla Aghion-Howitt, según la Real Academia de las Ciencias de Suecia, reconoce su “teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”, un concepto que Aghion considera “indispensable para crecer”.

Aunque el término fue desarrollado originalmente por el economista Joseph Schumpeter en 1942, se explica de forma sencilla como un proceso en el que la innovación desmantela estructuras económicas tradicionales, dando paso a otras nuevas. Este principio resulta plenamente aplicable a los tiempos actuales, marcados por un crecimiento económico sin precedentes, impulsado por una innovación tecnológica constante. Según Aghion, el crecimiento económico sostenido se produce cuando las nuevas tecnologías reemplazan a las antiguas, como parte del proceso conocido como destrucción creativa.

El investigador plantea que, durante gran parte de la historia de la humanidad, el nivel de vida no varió significativamente de una generación a otra, a pesar de algunos descubrimientos esporádicos. “El crecimiento siempre se detuvo con el paso del tiempo”, señala la institución sueca. Sin embargo, todo cambió con la Revolución Industrial, hace poco más de dos siglos.

Desde entonces, la innovación tecnológica y científica ha generado un ciclo continuo de progreso, dejando atrás la lógica de avances aislados. Esto ha dado lugar a un crecimiento sostenido y relativamente estable.

La Academia destaca que las investigaciones de Aghion y Howitt los llevaron a construir un modelo matemático que explica cómo algunas empresas invierten en mejores procesos de producción y productos de mayor calidad, mientras otras son superadas por la competencia. El crecimiento surge de la destrucción creativa. Este proceso es creativo porque se basa en la innovación, pero también es destructivo porque los productos antiguos se vuelven obsoletos y pierden su valor comercial, explicaron.

Según la Academia, los economistas premiados lograron explicar por qué fue posible este desarrollo y qué se necesita para sostenerlo.

Su planteo se basa en que la innovación, en cualquiera de sus formas, fomenta la competencia e impulsa la creación de tecnologías disruptivas. De ahí que la incorporación de nuevos talentos sea crucial para el crecimiento.

“Por supuesto que los nuevos talentos son desafiantes”, afirma Aghion. “Son competidores, rivales de los actores y empresas existentes. Si tienen éxito, pueden reemplazarlos”. En la práctica, reconoce que la irrupción de estos nuevos actores puede generar pérdidas temporales de empleo, aunque también crea nuevas oportunidades y trabajos en industrias emergentes.
Como ejemplo, menciona que la creación y expansión de internet dio origen a industrias completamente nuevas, como el comercio electrónico, y ahora a la inteligencia artificial, que atraviesa un proceso de desarrollo acelerado y promete generar empleos e industrias inéditas.
En la entrevista con el medio británico, Aghion recordó la burbuja tecnológica de hace 25 años, también conocida como la crisis de las puntocom, que afectó a numerosas empresas basadas en internet. A su juicio, ese período terminó siendo un motor de innovación. “La burbuja tecnológica fue una revolución importante”, aseguró. Y aunque reconoce que hoy también pueden existir burbujas, considera que no representan un gran problema si no están basadas en un sobreendeudamiento.

Pero dejemos a Aghion y sus colegas disfrutar de su premio y pasemos a un informe publicado recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo, que analiza lo que considera los cinco motores de la transformación financiera en América Latina y el Caribe. Se trata de avances que han potenciado el comercio y las finanzas digitales en la región y están dinamizando las economías.

El informe, firmado por Terence Gallagher, señala que la proporción de adultos con una cuenta bancaria o digital en la región creció del 50 % en 2017 a cerca del 70 % en 2024, según el Global Findex 2025.

Los motores identificados en el informe incluyen sistemas de pago instantáneos e interoperables, auge de la inversión fintech, finanzas abiertas y portabilidad de datos, inteligencia artificial responsable, y confianza y cambio de comportamiento.

El BID destaca que nuevas iniciativas, tanto del sector público como del privado, están facilitando transferencias de bajo valor en tiempo real, mediante infraestructura pública y una mayor interoperabilidad entre cuentas bancarias, billeteras digitales, códigos QR y distintos actores, sin importar la plataforma utilizada por el comprador o el comercio. Además, cada vez más países están adoptando sistemas de pago rápidos para transacciones menores y regulaciones que favorecen la interoperabilidad.

Algo de esto ha sido promovido por el Banco Central del Uruguay en sus informes sobre el mercado de pagos minoristas. En particular, en nuestro país no han despegado aún los pagos con códigos QR, que sí se han masificado en Argentina y Brasil, este último, modelo regional en la materia, pero los números tanto de transferencias como del uso de tarjetas de débito continúan creciendo con cada nueva actualización de datos.

El informe del BID también subraya que desde 2017 el sector fintech de América Latina ha experimentado un auge en la inversión de capital de riesgo, que alcanzó su pico en 2021 con 14.000 millones de dólares. Tras una fuerte corrección en 2022 y 2023, en 2024 se ha producido una recuperación gracias al retorno de la confianza de los inversionistas. Solo en el primer semestre de este año se concretaron acuerdos por 1.200 millones de dólares, un 20 % más que en el mismo período anterior. Además, el surgimiento de gigantes fintech locales refleja la madurez del sector.

Claro que aún hay quienes añoran el efectivo, ese contante y sonante tan eficaz, pero lo cierto es que cada vez más parece cosa del pasado. Un pasado que, como bien diría Aghion, ha sido creativamente destruido. → Leer más

Acallados los festejos inherentes al resultado de la contienda electoral, y la consecuente asunción del gobierno el 1º de marzo de 2025, se puede decir que recién a partir de la aprobación del Presupuesto Quinquenal en el Parlamento, ha llegado la hora de la verdad para este gobierno, porque de lo que se trata ahora es de plasmar en la ley madre la forma de financiar los compromisos asumidos ante la ciudadanía en la campaña electoral.

Es el nudo gordiano de toda gestión, precisamente, el contar y a la vez distribuir criteriosamente los recursos para poder llevar a cabo los enunciados generales propuestos en la plataforma de gobierno ante la ciudadanía, en un país en el que históricamente se cuenta con recursos insuficientes, y de lo que se trata es de conjugar los recursos generados con las necesidades de las respectivas dependencias que han hecho llegar al Poder Ejecutivo sus requerimientos de dinero para poder cumplir cabalmente con sus políticas.

Una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas envió el mensaje primario que contiene la ley presupuestal del quinquenio surgieron desde todos los ámbitos reclamos y reparos de los sectores que se sintieron perjudicados por el recorte de dinero, tanto desde el punto de vista de los ministerios como de otras dependencias públicas y privadas que requieren dotaciones presupuestales del Estado, e incluso desde diversos departamentos los legisladores que los representan han formulado reparos a esta distribución, que en muchos casos va en desmedro de las expectativas que se habían generado en las respectivas comunidades.

Nada nuevo bajo el sol, porque por regla general siempre el Presupuesto es un claro ejemplo del síndrome de la sábana corta, que no da para tapar al mismo tiempo la cabeza y los pies, y ante las demandas tras la presentación oficial, se da paso a negociaciones y gestiones de representantes de los involucrados ante el Parlamento para tratar de obtener más recursos que lo previsto inicialmente en la ley. Y como no hay magia posible en estas circunstancias, de lo que se trata es de una reasignación y redistribución, solo que la ecuación es rígida inevitablemente por las leyes de la economía y las matemáticas. Para una misma torta, es decir los recursos que capta el Estado, esta redistribución significa sacarle a unos para darle algo a otros, en base a prioridades pero también, aunque no se lo diga expresamente muchas veces, como consecuencia de la acción de los grupos que hacen “lobby” en el Parlamento y pueden generar mayor presión a la hora del tironeo por más dinero, como ha ocurrido históricamente durante los sucesivos gobiernos.

Tras estas negociaciones –no serán las únicas– en conferencia de prensa dirigentes del Frente Amplio anunciaron términos de la reasignación de dinero en el presupuesto, por valor de unos 500 millones de pesos, más de la mitad de los cuales tiene como destino la UdelaR, a la que no se había aumentado las partidas en el proyecto original.

Al respecto, el diputado del Frente Amplio Mariano Tucci dijo que la votación del presupuesto en general “fue histórica, de 84 en 99, en un gobierno sin mayoría” en la Cámara de Diputados.

A su vez “esta reasignación va en línea con las prioridades que definió el Frente Amplio y el gobierno”, dijo Ana Olivera, coordinadora de la bancada oficialista, quien destacó que de ese total, 290 millones de pesos se volcarán a la UdelaR, de los cuales 60 millones van para el Hospital de Clínicas.

A su vez, la Universidad Tecnológica (UTEC) tendrá una reasignación extra de recursos por 80 millones de pesos, en tanto Olivera también destacó 3 millones de pesos para la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), la llamada junta anticorrupción, y dinero extra para el Ministerio de Educación y Cultura, en su plan de alfabetización en las cárceles. Para la Fiscalía General de la Nación irán 40 millones de pesos destinados a la equiparación salarial de los fiscales con los jueces, lo que se hará en el curso de los cinco años de gobierno. También mencionó las políticas para combatir la violencia de género, y dijo que si bien habían planteado presupuesto extra para la compra de tobilleras electrónicas, el Ministerio del Interior les adelantó que en noviembre llegará una partida especial de estos mecanismos de control a distancia.

A su vez, para el diputado Tucci, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, “no debe pasar desapercibida la votación histórica de 84 votos en 99, en un gobierno que no tiene mayoría en Diputados. Es mérito de la bancada de gobierno y de la colaboración de las bancadas de los otros partidos”, al acotar que votarán la propuesta de los dos diputados de Cabildo Abierto para asignar más recursos a sanidad militar y para aumentar el salario de los soldados. Precisamente los dos diputados de Cabildo Abierto votaron el viernes la creación de nuevos impuestos, y con ello el FA obtuvo la mayoría necesaria de 50 en 99.

Sí, es cierto, en el marco de las gestiones por los recursos, en un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias propias, es fundamental la negociación con legisladores de otros partidos, y en este caso, ante la necesidad de contar con dos diputados más para aprobar el proyecto, el Frente Amplio encontró los votos en Cabildo Abierto, en un ámbito de intercambio de “gentilezas”: la dotación presupuestal para recursos con destino al personal de las Fuerzas Armadas, a cambio del apoyo en otros puntos ríspidos de la ley en la que no se contaba con el apoyo de los legisladores de la Coalición Republicana. Tampoco nada nuevo bajo el sol: es un yo te doy lo que pides si tú me das los votos, en una conciliación de intereses político-estratégicos, sobre todo cuando un pequeño partido tiene la llave de las mayorías en el Parlamento, haciendo valor oro esta diferencia a la hora de la votación.

Pero es oro para unos y otros. Por ejemplo, en las últimas horas el Frente Amplio logró aprobar en el marco del Presupuesto Quinquenal, con los votos de Cabildo Abierto, la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico, que funcionará en la esfera del de Presidencia y será dirigida por el exfiscal de Corte Dr. Jorge Díaz, en lo que se considera como contar con un cuerpo permanente de abogados para dar seguimiento a los procesos arbitrales que enfrenta el país, según la argumentación oficial.

Como en tantos temas, en este tema hay dos bibliotecas: para la oposición es una concentración más de poder en la Presidencia de la República, bajo el argumento de la defensa de los juicios del Estado. A la vez, para el oficialismo “es de suma importancia para defender a nuestro país”.

El punto es que más allá de la importancia real del tema y las prioridades, con posturas encontradas, de los enunciados sobre políticas de austeridad y equilibrio, restricciones fiscales, etcétera, en cada presupuesto se siguen creando dependencias dentro del Estado, con la correspondiente necesidad de infraestructura de recursos humanos y materiales. Además, muchas veces superponiendo competencias con otras dependencias ya existentes, malgastando recursos y pasando a segundo plano legítimas reivindicaciones y planteos de recursos muy reclamados para sectores postergados.

Que en el mejor de los casos deberán esperar a las rendiciones de cuentas, pero siempre corriendo el albur de quedar con las manos vacíos a la hora de la verdad. Como decíamos, nada nuevo bajo el sol. → Leer más

Durante el Día Mundial de la Salud Mental, el Ministerio de Salud Pública anunció que, en el plazo de un mes, comenzarán las acciones concretas de un programa nacional que contará con la participación de unas 1.500 personas dedicadas a la atención integral.

Las autoridades presentaron los resultados sistematizados de una encuesta de Cifra, la cual revela una percepción clara por parte de la población: un tercio se siente bastante informado, mientras que más de un quinto declara no tener ningún tipo de información. Además, tres de cada diez adultos presentan síntomas, pero menos de la mitad consulta a un profesional.
Casi la mitad de la población experimenta alguna sensación de soledad, especialmente los menores de 30 años. Entre quienes se medican, la mayoría son mujeres. En cuanto a los tiempos de espera para acceder a una consulta, la mitad de los usuarios de ASSE reporta haber esperado más tiempo del deseado.

La Ley de Salud Mental, aprobada en 2017, aún no ha sido implementada conforme a lo establecido por la iniciativa parlamentaria. No se han consolidado equipos en el primer nivel de atención, ni equipos de referencia comunitaria. Mucho menos se ha avanzado en el proceso de desinstitucionalización.

Como consecuencia, la alta demanda no tiene respuesta. En situaciones como esta, el tiempo de espera para una consulta puede jugar en contra del paciente.

Es decir, las estadísticas confirman una realidad ampliamente conocida: Uruguay continúa con altos índices de suicidios, intentos de autoeliminación y una elevada medicación entre quienes consultan por trastornos de ansiedad, soledad o insomnio.

El cambio de paradigma en la atención de la salud mental no surtirá efecto si no se implementa desde los niveles más altos hacia abajo. La formación de médicos en el primer nivel de atención será fundamental para detectar a tiempo ciertos trastornos y mejorar así la atención de los usuarios.

Actualmente, las consultas suelen ser breves, los recursos humanos son insuficientes y se recurre con frecuencia a la derivación —generalmente acompañada de medicación— como la vía más rápida para abordar un problema que, claramente, no es simple.

Sin embargo, todo debería comenzar antes, con educación y prevención en niños y adolescentes, a través de espacios vinculados al deporte y la recreación. Estos ámbitos permiten ofrecer estrategias comunitarias para el cuidado de la salud mental, responsabilidad que también recae en la sociedad.

Mientras se mantenga el modelo centrado en la atención hospitalaria, el cambio será mínimo. La prioridad debería estar en los equipos de salud comunitarios, la rehabilitación y los hogares de medio camino.

El estigma en torno a las enfermedades mentales persiste desde hace siglos y aún no ha sido superado. Esto genera un costo social que sigue pagando toda la población, debido a que tampoco se ha transformado la forma en que se comunica sobre el tema.

En este contexto, vale preguntarse: ¿por qué no aplicar el concepto de cuidados paliativos a la salud mental? El modelo asistencial actual no es sostenible, pues provoca un impacto negativo en los usuarios, entre otras razones, por las largas esperas y las consultas postergadas.
Incluso el Colegio Médico del Uruguay ha advertido sobre las consecuencias en la salud mental de los propios profesionales, promoviendo programas y capacitaciones para mejorar su ejercicio.

El pluriempleo, el agotamiento emocional y el deterioro general de la salud generan efectos adversos en un colectivo que también se ve afectado por esta crisis. Algunos especialistas van más allá, al señalar que el mundo atraviesa una “pandemia” de quebrantos en la salud mental, con diversas manifestaciones. El problema es la escasa percepción comunitaria del fenómeno, hasta que toca de cerca.

Según la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, existen aproximadamente 770 especialistas registrados en todo el país (datos de 2022), aunque solo 373 están habilitados legalmente para ejercer. De ese total, 264 se concentran en Montevideo.

Aunque el número de psiquiatras es considerado suficiente por la Sociedad Médica, la distribución territorial desigual genera serias dificultades de acceso a la atención en el Interior. Para ilustrarlo con cifras: en Montevideo hay 25 psiquiatras cada 100.000 habitantes; en el litoral oeste y este, solo 6 o 7 por cada 100.000.

Por ello, aunque se mejore la infraestructura y se incremente el presupuesto, la cantidad actual de especialistas no bastará para cubrir todos los cargos. Desde hace tiempo, se plantea la necesidad de capacitar a médicos generales, enfermeros y psicólogos en la atención básica, antes de recurrir a la derivación o a la medicación.

Lo que resulta evidente es la imposibilidad de cumplir con aspectos prioritarios de la ley, como la desinstitucionalización de los usuarios y el cierre de los centros monovalentes. Simplemente no existen alternativas viables, y la sociedad no está preparada para integrar a personas con trastornos severos.

De ahí surge la necesidad de fomentar una construcción colectiva en torno a una solución que, inevitablemente, será a largo plazo. Mientras tanto, hay otros aspectos y patrones de conducta que conviene visibilizar, prevenir y abordar desde las organizaciones de la sociedad civil y el Estado.

Las conductas agresivas presentes en distintos ámbitos perpetúan formas de convivencia que dificultan la transformación del paradigma. A diario, se viven y se reproducen situaciones generadoras de violencia que se convierten en problemas estructurales, difíciles de resolver únicamente con buenas intenciones. → Leer más

Hay un viejo refrán según el cual “todo puede empeorar”. El incremento de las filas de automóviles sanduceros esperando para cruzar a Colón en las últimas semanas —e incluso meses— demuestra claramente la veracidad de esa frase y evidencia que se avecina una nueva etapa de crisis para el comercio de nuestra ciudad.

Todos los días se puede observar a un importante número de sanduceros que cruzan a realizar compras, cargar nafta o simplemente comer del otro lado del puente porque, según muchos de ellos, “en Colón te atienden mejor” y “la comida es más variada”. Mientras tanto, de este lado del río, la actividad económica sigue estancada, con emprendimientos que luchan día tras día contra un Estado voraz e insaciable, que no deja de recaudar y asfixia a quienes intentan desarrollar cualquier tipo de actividad comercial o industrial.

El Estado uruguayo, esa “máquina de impedir” —como ha sido calificado con frecuencia— parece tener un problema para cada solución, enredado en un entramado interminable de certificados notariales, copias de documentos, timbres, tasas, sellados, partidas de nacimiento, certificados de todo tipo y otros trámites que solo suman costos y demoras inaceptables.

Ante esta situación, tanto el gobierno nacional presidido por Yamandú Orsi como el de Luis Lacalle Pou han hecho poco, nada, tarde o mal. A modo de ejemplo, la CARU no solo mantiene la exoneración del peaje durante los domingos —probablemente el día de mayor afluencia hacia Colón—, sino que además lo redujo de 200 a 150 pesos uruguayos. Es cierto que 50 pesos no hacen la diferencia, pero la señal política ha sido muy negativa.
En la misma línea, el gobierno nacional redujo el descuento a la nafta pagada con tarjeta de crédito, incluso mediante un cambio inconsulto y arbitrario de último momento. Ni el actual gobierno ni el anterior han tenido una política clara en materia de fronteras, y han terminado fomentando los viajes a Colón, como sucedió con la tarjeta “BROU Recompensa”. En este contexto, queda claro que el gobierno nacional no está promoviendo el turismo, sino el bagayo puro y duro: compras de cercanía con un alto impacto negativo para los comercios locales.

En su momento, ediles sanduceros, junto al diputado Fermín Farinha, se reunieron con comerciantes de Paysandú y Salto, nucleados en sus respectivos centros comerciales, para apoyar el reclamo —aprobado oportunamente por unanimidad en la Junta Departamental de Paysandú— de reinstalar los beneficios de la tarjeta Recompensa en el litoral del país. Estos beneficios impulsaron las ventas, el empleo y el consumo local. El edil Alejandro Colacce recordó que, durante 2024, este programa significó para el Banco República una erogación de 7 millones de dólares, mientras que el retorno al comercio local fue de 700 millones. “Es una medida justa y que debería aplicarse nuevamente”, expresó.

Todo esto ocurre en un momento en el que el desempleo en Paysandú vuelve a aumentar. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los departamentos con tasas más altas de desempleo entre junio y agosto de 2025 fueron Treinta y Tres (14,1 %), Paysandú (9,7 %) y Artigas (8,3 %). Se trata de cifras alarmantes para un departamento con un desempleo históricamente elevado, que adquiere características estructurales. Es curioso observar cómo dirigentes locales del Partido Nacional y del Frente Amplio —quienes años atrás reclamaban al partido de gobierno declarar una “emergencia laboral”— hoy guardan silencio, simplemente porque su partido estuvo o está en el poder.

En nuestro editorial del 31 de junio de 2022 expresábamos conceptos que, lamentablemente, siguen teniendo plena vigencia: “Paysandú está siendo atacado por un nuevo virus que promete causar más daños económicos y sociales: la compra de bienes y la contratación de servicios por parte de sanduceros en la ciudad de Colón. Como ya lo hemos señalado en innumerables ocasiones, los efectos de esta angustiante situación comenzaron a sentirse desde que se restableció el libre tránsito por el puente internacional. La sangría es abundante e imparable, al igual que sus consecuencias: envíos al seguro de paro, despidos y aumento de la informalidad empresarial. A contramano de toda lógica, el gobierno nacional fomenta el bagayo y la destrucción del empleo sanducero otorgando la tarjeta vecinal, que permite un descuento en peajes e incluso la exoneración del mismo los domingos. Eso no es fomentar la integración de Paysandú, sino su desintegración”.

Y en el editorial del 12 de julio de 2022 afirmábamos: “Cada peso que cruza el puente es un peso que abandona el circuito económico local, privando a comerciantes sanduceros de toda escala (grandes, medianos o pequeños) de la posibilidad de recuperar su inversión y expandirse, generando empleo y mejores condiciones de vida para nuestra comunidad. La actitud de los sanduceros que cruzan en masa a Colón se asemeja a la de un animal que se muerde la cola, perjudicando su propia salud sin comprender las consecuencias hasta que ya es demasiado tarde. Más temprano que tarde, las consecuencias de esta fuga de dinero afectarán directamente a los hogares sanduceros. Quien hoy cruza alegremente a cargar nafta y cenar, mañana podría ver afectado su propio negocio, tener que despedir empleados o reducir su estructura para sobrevivir. Esa política de ‘achique’ se traducirá en menor consumo, impactando negativamente en otras partes del engranaje económico, quizás en un vecino, amigo o familiar. Una vez que el boomerang de los viajes a Colón está en el aire, no se sabe a quién golpeará. Pero alguien, sin dudas, será golpeado. Las risas de hoy por el ahorro se convertirán en llanto por la pérdida de empleo y oportunidades en la propia tierra. ¿Dramático? Tal vez. ¿Inevitable? Sin lugar a dudas”.

“No se puede estar en la misa y en la procesión” es una frase que recuerda que no siempre se puede hacer todo al mismo tiempo, y que es necesario elegir. Ante la situación que atraviesa Paysandú, el gobierno nacional debe comprender que urge adoptar medidas contundentes y firmes en defensa del comercio local.

 

 

 

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El pasado jueves 9 los expresidentes Julio Ma. Sanguinetti y Luis A. Lacalle Herrera presentaron el libro “¡También libertad! 40 años de democracia” de Nelson Fernández. Habló el autor, hubo palabras de un representante de la casa editora, estuvo presente la vicepresidenta Carolina Cosse, más varios legisladores y autoridades nacionales y decenas de periodistas.
Nelson, periodista desde hace 45 años, hoy es gerente de Informativos de Canal 10, corresponsal de La Nación, columnista de Azul FM y de Forbes, analista de Dow Jones, dirige Lead/News y es investigador de Ceres; fue docente en tres universidades y ha publicado doce libros.

Una aclaración previa: quizás yo no debería escribir sobre este libro porque Nelson, con mucha generosidad y gran cariño, me lo ha dedicado. Pero se debe cumplir con la tarea y hecha la advertencia al lector no se le resta nada; el que avisa no traiciona, ni engaña, ni busca propagar con intencionalidad aviesa.

La presentación de ¡También libertad! trascendió fronteras: ese mismo jueves un columnista de La Nación de Bs.As. anunció y comentó que estarían los tres presidentes –el actual y los dos ex–, hizo mención a las distintas ideologías de ellos y resaltó: “…sin embargo, conviven y comparten actividades públicas…” para concluir en: “¿Podrían presentar juntos un libro Milei, Cristina Kirchner y Mauricio Macri? ¡Imposible! Está roto el sistema de consensos en la Argentina. Así nos va”.
Notoriamente el periodista buscó resaltar la difícil situación de intolerancia que viven, pero al tiempo alimentó el ego oriental, esa soberbia que nos asoma a los uruguayos y a la que tratamos de vestir de humildad –“la peor de las vanidades”, al decir de Voltaire– y a la que hizo acertada referencia Lacalle en su alocución.
Lo informado por La Nación no se dio porque Orsi faltó a la cita, con saludo y disculpas; alguien comentó “le aconsejaron no acercarse a la Intendencia, debido a la manifestación pro Palestina y contra los judíos, que cuenta con el apoyo del Frente”. “¿Tan apretados están?”, fue otro de los comentarios.

Sanguinetti al referirse al libro hizo un amplio análisis y raconto –con anécdotas incluídas– de todos esos años. Ambos exmandatarios, a los que cupo papeles protagónicos en esas cuatro décadas, resaltaron el “estilo” al que apeló el escritor. “Sucesión de fotografías cinematográficas de lo que pasó…” graficó el colorado. El blanco hablo de “pantallazos”, del impacto de los mensajes marcando y situando los hechos en su dimensión y en su momento. Dijo Lacalle, que es un libro para los jóvenes y vaticinó que tendrá una gran venta y difusión entre éstos y que ello es necesario. No se animó supongo, ni ninguno de los presentes, a sugerir la idea de que los “popes” de hoy de la educación y la enseñanza lo consideraran como texto.

¿Algo que se ajuste a los hechos?, ¡ni pensarlo!

Cuando lo leí pensé: entre tantos “relatos” sobre lo que pasó y cómo fue, este libro de Nelson va a ayudar mucho a que los zapallos se vayan acomodando en el carro. Será bueno para los jóvenes; sería bueno que se diera el vaticinio de Lacalle. Todo fácil: datos, información, noticias y comentarios breves –dos veces bueno– con algo de reminiscencias bíblicas y evangélicas y algo de Twitter, claro y directo en el decir, fácil de asociar, recordar, repetir y trasmitir, marcando puntos de partida para aquellos que quieran investigar y saber cómo fue que fue.

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“En la guerra, la fuerza física cuenta para mucho, pero el factor moral cuenta para más”. Esta sentencia cobra validez y significación a la luz de su autor, Carl von Clausewitz, uno de los teóricos más influyentes de la ciencia militar moderna, cuya obra impactó profundamente en el pensamiento de Federico Engels y Vladimir Lenin, así como en la doctrina de los generales y estrategas militares de la Unión Soviética. Su aporte no se limitó a una visión clásica de movimientos y tropas, sino que propuso una concepción de la guerra como un “duelo extendido”, donde la victoria no dependía exclusivamente del número de soldados ni de la potencia de fuego. Clausewitz apeló a otras dimensiones: la motivación de los combatientes, la legitimidad del conflicto, el liderazgo, la disciplina y el espíritu colectivo.

Al analizar los aportes que hicieron perdurable el pensamiento de Clausewitz, Franz Mehring escribió en su libro Krieg und Politik que “la guerra es, según las palabras de Clausewitz, la continuación de la política por medios violentos, la última ratio, el fenómeno inseparable que acompaña a la sociedad capitalista, así como a toda sociedad clasista; ella constituye el estallido de contradicciones históricas agudizadas de tal modo que no pueden resolverse de ninguna otra manera. Con esto ya está dicho en definitiva que la guerra no tiene, en general, nada que ver con el derecho ni con la moral”.

Lo de Clausewitz es excepcional: comenzó su carrera militar a los 12 años. Se alistó en el ejército prusiano y participó en las campañas del Rin entre 1793 y 1794. Poco después, como muestra de su fuerte carácter autodidacta y vocación intelectual, comenzó a formarse no solo en “las artes de la guerra”, sino también en arte, ciencia, educación, filosofía y política.

Uno de sus aportes más innovadores se encuentra en su obra De la guerra, donde establece un principio esencial para comprender la motivación bélica: la guerra no es solo una cuestión de fuerza bruta, sino también de voluntad, convicción y cohesión interna. Su concepto del “factor moral”, piedra angular de su análisis, incluye elementos como la motivación de los combatientes, la percepción de legitimidad del conflicto, el liderazgo, la disciplina y el espíritu colectivo.

Es precisamente ese factor moral el que puede inclinar la balanza, incluso cuando las condiciones materiales son adversas. Ya se ha mencionado la influencia de Clausewitz en Lenin y en la formación de la nueva oficialidad soviética. Un ejemplo histórico de esa afinidad puede apreciarse en la resistencia soviética en Stalingrado, y también en los movimientos de liberación nacional en contextos coloniales.
Desde esta perspectiva, surge una pregunta inevitable, que no podrá eludirse nunca más en el planteamiento estratégico de la guerra: ¿por qué importa tanto lo moral?

Podríamos responder de forma breve y razonablemente acertada: porque la guerra es una prolongación de la política, y la política se sostiene en ideas, creencias y legitimidades.
Y podríamos agregar: porque los soldados no son máquinas; luchan mejor cuando creen en lo que hacen, cuando confían en sus líderes y cuando sienten que forman parte de algo más grande, más trascendente.
Podrían citarse muchos ejemplos, pero estos tres bastan: la guerra de Vietnam (1955-1975), la resistencia soviética en Stalingrado (1942-1943) y la revolución sandinista de 1979 (ajena, por supuesto, a lo que ocurrió después).

En Vietnam, la superioridad tecnológica, aérea y logística de Estados Unidos era incuestionable. Sin embargo, aquella guerra cobró un sentido existencial para el Viet Cong, mientras la moral de las fuerzas estadounidenses se erosionaba ante la falta de objetivos claros y el rechazo social interno. A pesar de su poderío militar, EE. UU. se retiró sin haber alcanzado sus objetivos.
En Stalingrado, símbolo de la resistencia nacional, José Stalin apeló al patriotismo y al sacrificio colectivo, incluso con medidas impopulares. Pero el espíritu de lucha soviético, encendido por el sentimiento de defensa de la “madre patria”, reavivó la disciplina y el coraje que permitieron a la URSS marcar un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial.

En la revolución sandinista, el FSLN enfrentó a la Guardia Nacional del dictador Somoza, apoyada económica y militarmente por Estados Unidos. La caída del régimen somocista y el ascenso de las fuerzas sandinistas —que vivieron su primavera— fueron posibles gracias a una lucha cargada de demandas por justicia social, dignidad campesina y rechazo a la dictadura. La moral sandinista alimentó el espíritu combativo, puso en valor esos principios y construyó una narrativa de liberación.
Clausewitz había comprendido antes, y mejor que nadie, que el espíritu de rebeldía puede ser, y efectivamente lo es, más fuerte que el acero.
¿Y qué es la
moral como arma?
Busquemos la respuesta retomando el caso de Vietnam. Pero antes, una precisión: Clausewitz no idealizaba la moral como un concepto abstracto, sino que la entendía como una fuerza concreta capaz de alterar el curso de la guerra. En Vietnam, la moral operó como herramienta de cohesión interna, escudo contra el desgaste psicológico y arma de propaganda internacional.
Una digresión que suma: para Mao Tse-Tung, la guerra no era solo física, sino también psicológica y política. “La guerra es política con derramamiento de sangre”, afirmaba. Un concepto más realista y profundo, inscrito en su teoría de la guerra popular prolongada, donde la moral es el núcleo de la resistencia frente a enemigos superiores. Mao explicaba que el ejército debía ser más que una fuerza de combate: debía ser una escuela política, un instrumento de educación y gestión, porque la moral no se presupone, se cultiva.
¿Y qué diría hoy Clausewitz?
Posiblemente advertiría que se ha perdido —o subestimado— la verdadera naturaleza de la guerra que se está librando. No se trata, ni se ha tratado, de una guerra “convencional”. Se trata de una guerra de legitimidades, narrativas y desgaste moral. Esta enumeración es crucial, porque “el primer acto de discernimiento de un estadista”, escribió en su momento Clausewitz, “es entender qué tipo de guerra se está librando”.
Cuando se proclama una consigna propia del marketing, como la “victoria total”, se impone una lógica diferente a la militar, basada en parámetros no cuantitativos. Esa lógica califica cualitativamente, porque mide la persistencia de una voluntad colectiva, incluso si su núcleo se reduce. Una “victoria total”, cuyo sentido no es militar sino propagandístico, deriva en una guerra prolongada sin traducción ni militar ni humanista, y con un alto costo político y moral.
¿Y la paz?
No hay sociedad que resista económica, política y culturalmente una guerra prolongada. Los propósitos se desnaturalizan, la convivencia deja de cimentarse en valores de fraternidad y solidaridad. Rosa Luxemburgo se opuso a la Primera Guerra Mundial con un argumento aún vigente: el militarismo transforma la política en barbarie. Y ella solo concebía la política cuando se inspiraba en principios éticos y emancipadores.
Hoy, parece que estamos frente a algo más que un alto el fuego: ante un sendero que, inesperadamente, podría conducirnos hacia la paz. Ojalá. Aunque no sea el fruto de un proceso interno, sino de uno exógeno y, por tanto, ajeno.
La sombra de uno de los hombres más influyentes del siglo XX, Henry Kissinger, todavía nos perturba con su realismo crudo: “La paz es, a menudo, una consecuencia inesperada de la guerra”.

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Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el gobierno de nuestro país dio a conocer algunos datos surgidos de una encuesta, así como los avances en el proceso de discusión que dará lugar a cambios en las políticas públicas que se están llevando adelante en esta materia.

Ya volveremos sobre eso, pero, de forma paralela, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó una serie de conceptos relacionados con la salud mental en las diferentes etapas de la vida. Estos aportes, fruto de investigaciones recientes, vienen a actualizar el conocimiento en un área tan delicada como, en general, desatendida e invisibilizada hasta hace pocos años, y que aún hoy sigue cargada de prejuicios.

La OPS, en una página dentro de su portal específicamente dedicada a esta fecha, destacó que se está poniendo más énfasis en observar qué ocurre durante la infancia y la adolescencia, consideradas etapas críticas para la salud mental. “Durante estas etapas, el bienestar y el desarrollo de los jóvenes son muy sensibles a las influencias ambientales (Potter et al., 2017). Un enfoque de salud mental basado en el curso de la vida enfatiza que las experiencias en los primeros años no solo moldean la salud mental durante la infancia y la adolescencia, sino que también tienen efectos duraderos en la adultez, alterando potencialmente la trayectoria vital de una persona (Unicef y OMS, 2024)”.

El organismo prosigue señalando que la calidad del entorno en el que crecen niños y adolescentes juega un papel clave en su salud mental, bienestar y desarrollo integral. La exposición a factores como la violencia, el acoso, la discriminación, los conflictos y la pobreza aumenta significativamente el riesgo de desarrollar problemas de salud mental (Unicef, 2024). Además, cuanto mayor es el número de factores de riesgo, más profundo es el impacto potencial en su salud mental.

Otro dato significativo publicado por el organismo —dependiente de la Organización de los Estados Americanos— indica que la mitad de los trastornos de salud mental comienzan a los 14 años.

Paradójicamente, la población infantil y adolescente es vista a menudo como un “segmento saludable”, lo que puede llevar a que se pasen por alto sus necesidades en esta área. Según datos globales, uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años experimenta alguna condición de salud mental (Vos et al., 2020). En nuestra región —en referencia a las Américas— la depresión y la ansiedad se encuentran entre las cinco principales causas de años vividos con discapacidad en ese grupo etario, mientras que el suicidio es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Uruguay no solo no escapa a esta realidad, sino que además presenta cifras particularmente preocupantes. “No abordar la salud mental y el desarrollo psicosocial durante la infancia y la adolescencia puede tener consecuencias a largo plazo que se extienden hasta la edad adulta, lo que limita las oportunidades para que alcancen su máximo potencial”, señala la OPS.

Estos planteos, si bien generales, no consideran de forma explícita una serie de nuevos estímulos a los que estas poblaciones están expuestas. No se trata de demonizar la tecnología ni de desconocer los aportes de programas como el Plan Ceibal, que ha sido valioso en muchas áreas. Sin embargo, también es cierto que abrió una “puerta trasera” a nuevos tipos de vínculos que las generaciones anteriores no conocían ni imaginaban, y frente a los cuales no estaban preparadas para orientar adecuadamente.
Este no es el único factor. También han surgido nuevos consumos problemáticos y modelos sociales de éxito que no siempre se ajustan a principios éticos, y que proliferan en ámbitos donde el acoso, la violencia, la pobreza y los conflictos son moneda corriente, junto a un largo etcétera.

La OPS señala que, a pesar de la alta carga demostrada de trastornos de salud mental y suicidio en la región, solo una pequeña fracción de las personas que los padecen recibe la atención necesaria. Esta brecha en el acceso al tratamiento se agrava en las edades tempranas.

Volviendo a nuestro país, el Ministerio de Salud Pública anunció ayer una hoja de ruta para avanzar en cambios en las políticas públicas en salud mental, un tema que —de una forma u otra— estuvo presente en las campañas de todos los partidos políticos en las últimas elecciones.

La cartera, encabezada por la doctora Cristina Lustemberg, convocó a organizaciones, instituciones y colectivos que trabajan en todo el país en temas vinculados a la salud mental. Afortunadamente, no son pocas, aunque quizás no sean suficientes ni cuenten con las condiciones óptimas para cumplir plenamente con sus objetivos.

El propósito de esta convocatoria fue recopilar sus experiencias para que participen en el diseño de políticas públicas basadas en los principios de derechos humanos, equidad, universalidad y no estigmatización. Se recibieron 300 proyectos, que participarán en grupos de discusión y delinearán líneas de acción específicas que serán presentadas el próximo 10 de noviembre.

Por otra parte, la ministra anunció que en el Presupuesto Nacional, actualmente en discusión en el Parlamento, se asignaron recursos con el fin de construir un nuevo modelo de atención conforme a lo que promueve la Ley de Salud Mental. La meta es que todos los uruguayos accedan a una atención integral y de calidad. En el mismo acto, el Ministerio presentó los resultados de una encuesta sobre percepción de salud mental, hábitos de consulta y tratamiento, realizada por la consultora Cifra en agosto. El relevamiento, efectuado vía telefónica, incluyó a 803 personas adultas de todo el país.

Entre otros hallazgos, la encuesta reveló que el 24 % de los encuestados se ubica en el nivel máximo del índice de soledad; un 29 % reporta una baja percepción de bienestar, y un 13 % indicó tener algún problema vinculado a la salud mental. A su vez, otro 13 % señaló que, aunque no lo padece personalmente, algún miembro de su hogar sí lo sufre.

Aunque es positivo que el tema esté en la agenda pública más allá de una fecha conmemorativa, es imprescindible entender que su enfoque debe ser amplio e integral. Es necesario un abordaje que considere la salud mental en el contexto de las problemáticas sociales actuales de nuestro país. Es decir, no tratarla como un fenómeno aislado, sino vincularla con los factores sociales que la condicionan.

Tal como señala la OPS, no deben minimizarse ni ignorarse problemas que se originan en edades tempranas, como el tan mencionado bullying, cuyas secuelas pueden arrastrarse hasta la adultez. → Leer más

Los datos proporcionados por la presidente del Observatorio de Vejez, Envejecimiento y Seguridad Social, Jimena Pardo, indica que en nuestro → Leer más

Las energías limpias mantienen su impulso a nivel mundial y se prevé que este año pueda ser el primero en que la generación de combustibles fósiles experimente una disminución significativa. Esta novedad viene de la mano de la expansión de las energías renovables en China, que actualmente representan el 43 % del crecimiento de la energía solar y el 44 % del incremento eólico global.

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, por su sigla en inglés) destacó como un hito histórico que, en el primer semestre de 2025, las energías renovables hayan cubierto la totalidad del incremento de la demanda eléctrica mundial, según lo informado por el centro de investigación Ember (Inglaterra) en un informe publicado este martes. El mismo analiza los cambios en la generación mundial de electricidad entre enero y junio de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, con la finalidad de medir el progreso de la transición global hacia una energía limpia.

El informe se basa en datos mensuales de electricidad de 88 países, que representan el 90 % de la demanda eléctrica mundial, e incluye estimaciones sobre los cambios en la generación restante.

Cabe destacar que la energía solar y eólica no solo superó el crecimiento de la demanda, sino que las energías renovables en conjunto superaron a la producción eléctrica a base de carbón en esta primera mitad de 2025. El análisis muestra que la generación solar y eólica creció un 12 % interanual durante los primeros seis meses del año, produciendo 1.023 teravatios/hora adicionales. Este incremento superó holgadamente el aumento global en la demanda eléctrica, que fue de 1.020 teravatios/hora respecto al mismo período de 2024.

El informe subraya que este crecimiento se produjo a pesar de factores adversos como la sequía en América del Sur –que redujo la generación hidroeléctrica– y la ralentización económica en algunos mercados. China, por su parte, emergió como el principal motor de esta expansión, representando el 43 % del crecimiento en generación solar y el 44 % del incremento eólico a nivel global.

La generación fósil disminuyó en China e India, aunque creció en la Unión Europea y Estados Unidos. Aun así, el análisis confirma que estamos en un punto de inflexión crucial, en el que la energía solar y eólica crece lo suficientemente rápido como para satisfacer el creciente apetito mundial por electricidad, señala el informe.

“Estamos ante un cambio de paradigma. La transición energética ha alcanzado un punto de inflexión donde las energías renovables no solo complementan el sistema, sino que lo lideran. Esto nos da esperanzas realistas de que el sector eléctrico pueda alcanzar las emisiones netas cero para 2040”, afirmó Dave Jones, director del programa global de Ember.

El hecho de que las energías renovables hayan superado al carbón por primera vez en la producción de electricidad marca un cambio histórico. Sin embargo, para asegurar ese progreso, los países deberían acelerar la inversión en almacenamiento solar, eólico y en baterías, de forma que la electricidad limpia y confiable llegue a las comunidades de todo el mundo.

Por otra parte, queda claro también que las energías solar y eólica ya no son tecnologías marginales, sino que, por el contrario, están impulsando el sistema eléctrico mundial. A medida que los costos de estas tecnologías sigan bajando, es necesario aprovechar los beneficios económicos, sociales y de salud para la población.

Este es un aspecto sustancial de cualquier mejora, también para Uruguay, que se ha ganado un lugar destacado en el mapa energético mundial, ya que actualmente más del 90% de nuestra electricidad proviene de fuentes renovables, siendo reconocido internacionalmente por su liderazgo en la transición hacia una matriz limpia.

Sin embargo, detrás de estos logros nacionales se abre la misma interrogante que hoy genera expectativa a partir de las mejoras mundiales antes mencionadas: ¿cómo se vive esta transición a nivel del ciudadano común y qué desafíos enfrentan las comunidades locales para que esta transformación sea también justa y equitativa?

La incorporación de energías renovables en viviendas sociales, cooperativas o pequeñas industrias uruguayas sigue siendo marginal, y ese es un punto también a considerar, ya que la transición energética no puede limitarse a grandes obras, sino que debe llegar a los hogares, los barrios, los tambos y las pequeñas empresas o industrias. El Interior no puede ser solo escenario de parques solares y eólicos, sino beneficiario de los avances y guardián de sus propios paisajes.

La transición energética es una oportunidad también histórica para nuestro país, sin dejar de ser un gran desafío. Para que sea verdaderamente justa, debe ser territorialmente equitativa, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable.

No solo está presente el desafío de considerar a las comunidades locales para evitar conflictos relacionados con el impacto de los parques de energía renovable en el paisaje, la fauna y el uso del suelo, sino también el de lograr que los avances energéticos permitan beneficios concretos para las familias de estas zonas del país. Un gran aporte sería el abatimiento de las barreras de desigualdad en el acceso a tecnologías limpias, como paneles solares domiciliarios, sistemas de eficiencia energética o redes inteligentes, que son limitadas en zonas rurales y barrios del Interior. En muchos casos, las energías renovables se acercan más a un privilegio que a un derecho para los habitantes de un país líder en la materia.

En este sentido, podríamos preguntarnos: ¿quién gana con la transición energética? La concentración de beneficios es un aspecto crítico, ya que los grandes parques solares son financiados por UTE y empresas privadas, por lo que la propiedad y el control de la generación sigue en manos de actores centralizados, siendo gran parte de los uruguayos receptores pasivos de decisiones tomadas por empresas extranjeras.
También la reconversión laboral asociada a la transición energética se encuentra en un punto crucial, dada la necesidad de nuevos perfiles laborales como instaladores de paneles solares, técnicos en eficiencia energética u operadores de redes inteligentes. Al respecto, es importante asegurar que este tema no se transforme en un cuello de botella y, por otra parte, permita abrir el campo a la formación técnica y profesional que será necesaria en el futuro próximo.

La transición energética es hoy una política de Estado que ha trascendido las diferentes administraciones del gobierno nacional, y eso es algo para celebrar. Pero también es hora de trabajar en las tensiones que presenta, abordándola no solo como una oportunidad y un recurso, sino también como una clara herramienta de desarrollo, cuyos beneficios deben llegar a todos los uruguayos. → Leer más

El presidente del Banco Central del Uruguay anunció hace algunas semanas la llegada de “la hora del peso uruguayo”, en → Leer más

A lo largo de los siglos y en las últimas décadas particularmente, se han acrecentado reclamos y alcanzado logros por movimientos feministas en todo el mundo, apuntando a una igualdad de derechos entre ambos sexos, porque precisamente el machismo que denuncian es consecuencia y causa de un arraigo cultural retroalimentado que viene desde el fondo de los tiempos.

El acceso tan postergado a la igualdad de derechos, tanto desde el punto de vista legal como práctico, para no dejarlo solo establecido en los papeles, es un sino de los nuevos tiempos, de avances que se han dado en cuanto al acceso laboral, a los estamentos más elevados de la educación y a la inserción en general en un mundo históricamente regido por hombres, y que por lo tanto estructuralmente responde a las viejas concepciones, a la vez que se mantienen ciertos prejuicios que no solo provienen del mundo masculino, sino de las propias mujeres y muchas veces, hacia sus propias congéneres.

Es que el factor humano es realmente complejo, al punto que los “colectivos” que asumen ser representantes del sentir de las mujeres, por regla general son solo seguidos por el núcleo duro de activistas, y sus reclamos también por regla general no suelen representar el verdadero sentir de la mayoría de las mujeres, que se quedan sin voz y voto a la hora de conformar la “plataforma” de reivindicaciones de las activistas, que suelen concentrarse en llevar agua hacia su molino exclusivamente.

Una de las consecuencias de esta “lucha”, teñida las más de las veces por sesgo ideológico de izquierda, ha sido por ejemplo en nuestro país la aprobación de leyes vinculadas al género, que se han “bandeado” y van incluso contra preceptos constitucionales básicos, como la igualdad de derechos de los ciudadanos ante la ley. Es que cuando de cuestiones de género se trata, la Justicia ha quedado flechada contra los varones, y en principio se toma solo la palabra de la mujer como válida para montar una densa red que en los hechos sofoca los derechos del individuo masculino en los tribunales y lo deja como ciudadano de segunda clase solo por su género.

Estas consideraciones mencionadas como al pasar dan la pauta de que no hay polvos que no dejen de traer lodos y que el intento de cambiar el estado de cosas no siempre se hace criteriosamente y los que se sienten postergados, apoyados por “lobbies” logran reivindicaciones que no tienen nada de justas, sino que aparecen más bien como una especie de revancha por tantos años de frustraciones y situaciones injustas. Como consecuencia, lo que generan es que causas en apariencia justas queden expuestas ante la opinión pública como lo que realmente son por venir de quien viene: un modus operandi de victimización, seguido de distorsión de hechos y exposición ante la opinión pública pera la ejecución social de los acusados, en forma sumaria y sin que haya posibilidades de desandar camino cuando muchas veces se prueba su inocencia. Es que aquellos que han quedado en la picota suelen perder sus empleos por si acaso, y por la acción de las activistas quedan arrinconados como parias de la sociedad, solo porque algunas dudas siempre quedan una vez que el caso cobra difusión pública.

En las sesiones de la Junta Departamental de Paysandú, sin ir más lejos, hemos asistido a episodios en que edilas de la oposición mayoritaria se han despachado a lo lindo con acusaciones de diferente tenor, por temas políticos, hacia colegas de otro partido, pero al respondérseles en términos políticos y desmentir lisa y llanamente las acusaciones, se victimizan denunciando que son objeto de ataque debido a que son mujeres y no por lo que dijeron. Ergo, lo que hacen es entreverar los tantos, asumiendo que así vuelcan el debate hacia su lado, cuando lo que hacen es exponer ante el ciudadano que tiene al menos dos dedos de frente un argumento de “género” insostenible, y por lo tanto conspirando contra la propia causa que dicen defender.

Desde adentro del Poder judicial, en su profesión como abogada defensora, la Dra. Daiana Abracinskas, expone el calvario que le ha significado el ejercer su profesión cuando ha tenido que defender a acusados de violencia de género o en disputa legal por hechos vinculados a tenencia de menores y patria potestad, entre otros, porque la consecuencia es que sistemáticamente es atacada por los colectivos feministas “ultra” y acusada de ser defensora de varones agresores, vendida “al machismo”.

En entrevista publicada por Montevideo Portal, Abracinskas se reconoce feminista, pero critica lo que llama una sororidad condicionada. “La sororidad es selectiva: funciona solo cuando escuchan lo que quieren oír. Para mí eso es una aberración”, puntualiza, al mencionar que esa postura la enfrentó a fuertes cuestionamientos dentro del propio movimiento feminista. “El primer mensaje que recibí tras una audiencia en el caso de Valizas fue: ‘¿No hay congéneres que defendieran a los machos violadores?’ Era alguien a quien yo respetaba mucho. Hubiera preferido que me llamara para preguntarme por qué defendía ese caso. Al final, los jóvenes fueron absueltos en primera y segunda instancia, y nadie me escribió para decirme ‘vamos arriba, ganaste un caso de inocentes’”.

Este es uno de los tantos casos en lo que los presuntos victimarios son quemados en la hoguera por los grupos feministas a ultranza, como en el episodio de los jóvenes de Artigas acusados de violación grupal, y luego absueltos, pero sin perder de vista todo el drama que les significó quedar en medio de la condena social y la presión de una fiscalía influenciada por los lobbies feministas.

Su mirada crítica se extiende también a que “cuando las filtraciones salen de Fiscalía es gravísimo, porque es el Estado el que está habilitando esas irregularidades. Otra cosa es un periodista que consigue datos: ese es su trabajo”. Pero claro, si no hay una filtración –generalmente por intereses políticos—difícilmente un periodista pueda acceder a expedientes o datos que no son de libre acceso.

Cuestiona la falta de rigor y el sesgo ideológico: “He visto a periodistas vender como verdad revelada filtraciones incompletas o malintencionadas. El periodismo no puede hacer política disfrazada. Si querés militar, hacelo, pero no desde un micrófono”.

En ese marco, critica las consignas dogmáticas: “He escuchado decir que ‘la víctima no miente’. Y eso es un error. Las personas mienten: víctimas, acusados, familiares. No es una cuestión de género”. Y acá está el tema de fondo: según la ley de violencia de género, a la mujer hay que creerle, como si el género y no el factor humano fuera el factor que distingue entre la verdad y la mentira, o la verdad a medias y la consecuente distorsión de los hechos.

Abracinskas también apunta al sistema judicial y a la necesidad de pericias técnicas de calidad. “Hoy muchos informes se reducen a repetir lo que dice la denunciante, sin verificar nada. Eso genera una Justicia para ricos, que pueden pagar metapericias, y otra para pobres, que quedan indefensos. Necesitamos un Instituto Técnico Forense con profesionales capacitados y no ideologizados”, sostiene.

Rechaza conceptos como “violencia vicaria” o “síndrome de alienación parental”: “No existen, no tienen sustento científico. Usar tragedias para validar consignas es aberrante”, y precisamente esa es la visión que la presión y acción sistemática del feminismo a ultranza, mal entendido, ha logrado filtrar en la sociedad. Y lo ha logrado en gran medida, con la complicidad de integrantes del sistema político fuertemente ideologizados o permeables a presiones de los colectivos, a periodistas afines o militantes, y una normativa distorsionada, además de un sistema judicial donde hay fiscales y jueces militantes que incluso no han ocultado su ideología de género a través de las redes sociales, o manifestaciones públicas reveladoras, pero casi siempre sin consecuencias ejemplarizantes.

Como si la imparcialidad en la Justicia fuera un tema menor y no su precepto básico. → Leer más

Un día sí y otro también, tanto a nivel nacional como departamental, lamentablemente surgen noticias desalentadoras sobre el envío al seguro de desempleo de trabajadores de empresas locales, así como sobre el cierre de emprendimientos, tanto de capitales nacionales como multinacionales. Esto evidencia un proceso lento pero sistemático, que no comenzó con este gobierno ni con el anterior, pero que hoy se manifiesta con fuerza en estos desenlaces.

En Paysandú abundan los ejemplos de esta problemática. En algunos casos, se deben a decisiones empresariales poco acertadas en términos de preservación de la actividad. Sin embargo, en la gran mayoría, responden a una realidad acuciante relacionada con la salud de los emprendimientos, el escaso o nulo margen de rentabilidad y, lo que es aún peor, con perspectivas muy sombrías en el corto plazo para continuar operando.

A nivel nacional, a comienzos de 2025, la planta de Yazaki —autopartista japonesa— anunció su cierre y traslado de operaciones a Paraguay y Argentina, debido a los altos costos de producción y la falta de competitividad global, lo que implicó la pérdida de unos 1.500 puestos de trabajo.

Situaciones similares se han dado en varias empresas lácteas del Interior, con envíos al seguro de desempleo y cierres. Un caso más reciente es el de Fenedur —fabricante de productos bajo franquicias como La Gotita y Poxipol—, que anunció el cierre de su planta en Canelones y su traslado a Argentina.
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio César Lestido, comentó al semanario La Mañana: “Todo cierre o salida de empresas del Uruguay no es una buena noticia. La vemos con preocupación, con tristeza, pero es una realidad que se está dando. Evidentemente, todos estamos haciendo esfuerzos para que estas cosas no ocurran —nosotros y el sector sindical—, pero la realidad es más fuerte de lo que uno puede esperar. Así que no es una buena noticia, no la vemos con alegría, ni mucho menos. Estamos totalmente preocupados”.

Mencionó además que “puede haber varios motivos por los cuales una empresa decide irse: puede ser el mercado, un cambio de rubro, o muchas otras razones. Pero evidentemente, uno de los temas que venimos señalando desde hace tiempo es que Uruguay es un país caro. Por un lado, tenemos muchas cosas positivas: somos serios, reconocidos internacionalmente, cumplimos con nuestras obligaciones y compromisos, contamos con un Estado de derecho consolidado y una democracia sólida. Pero también hay una contracara”.

Estos conceptos, ajustados a la realidad, evidencian un valor diferencial desde el punto de vista institucional. Sin embargo, existe una contrapartida prioritaria para el clima de negocios: la viabilidad de los emprendimientos, determinada por su rentabilidad y desarrollo dentro de la economía.
Lestido lo resumió así: “Uruguay es caro, pero más que caro, diría que no está siendo eficiente al momento de competir. Ahí es donde tenemos problemas. Venimos trabajando —y reclamando— desde hace años la necesidad de hacernos un planteo serio sobre cómo enfrentar el futuro y qué país queremos”.

También advirtió: “Tenemos un Estado que es nuestro principal socio en el sector privado, pero que no avanza a la velocidad que el mundo y las empresas requieren. Ese es un gran problema”.
Subrayó, además, que “no estamos siendo lo suficientemente competitivos para vender nuestros productos. Hay temas que no están acompañando el ritmo del mundo actual. Los cambios se están produciendo con una velocidad a la que no estamos acostumbrados. Siempre hubo cambios, pero hoy son más rápidos, y muchas empresas no están preparadas tecnológicamente para adaptarse. Si a eso le sumamos un Estado pesado e ineficiente, la situación se complica aún más”. Y tiene razón. El problema va más allá de una coyuntura adversa: estamos ante un esquema estructural perverso. Las “soluciones” que se ensayan suelen ser pan para hoy y hambre para mañana. La combinación de un Estado ineficiente, un país caro en dólares y en moneda local, rigidez laboral, altos costos para la incorporación de tecnologías, y un sistema de empleo que desalienta nuevas contrataciones, conforma el nudo gordiano que explica la sangría de cierres. Y quienes aún no han llegado a esa instancia, por lo general hacen malabares para sobrevivir. Esa es la prioridad hoy: resistir. Desarrollarse o crecer ni siquiera entra en consideración.

Como contrapartida, desde hace décadas existen emprendimientos estatales como la producción de cemento portland de Ancap, que acarrea pérdidas estimadas en no menos de 20 millones de dólares anuales. A esto se suman los costos energéticos —gasoil y electricidad, principalmente— que están entre los más altos de la región y del mundo. Todo esto actúa como un freno formidable a la competitividad, agravado por una mano de obra con salarios elevados en dólares y una estructura de insumos costosa.
La simple enumeración de estos factores demuestra que no hay soluciones a corto plazo. Ni un solo período de gobierno, ni siquiera dos, alcanzarán, por más buena voluntad y sentido común que se apliquen en las medidas administrativas o económicas.

Lo que se necesita es un verdadero consenso entre los actores del sistema: el espectro político, empresarios, trabajadores y organizaciones sociales deben asumir que cada uno debe aportar su parte de responsabilidad y también de sacrificio, en aras del bien común y del futuro. Es necesaria una reforma profunda del Estado que devuelva al país la competitividad perdida y lo ponga a tono con los desafíos actuales.

Pero eso, aunque fácil de decir, es difícil de llevar a la práctica en un país donde el cortoplacismo y los intereses partidarios han predominado históricamente. Donde la mirada está puesta en la próxima elección, y no en el próximo país. Porque este no es un tema nuevo; muchos actores y dirigentes lo han reconocido, pero se ha optado por la comodidad: no hacer olas, no asumir costos políticos, evitar medidas impopulares.
Y ese es, precisamente, el gran obstáculo a superar. Porque no se necesita tener más de dos dedos de frente para entender que este estado de cosas, sostenido a fuerza de parches, no se puede mantener indefinidamente. → Leer más

El 6 de enero de 2021 Estados Unidos vivió un fallido intento de autogolpe de estado, promovido por el presidente Donald Trump, una vez derrotado en su intento de reelección. Una turba, incitada por el propio derrotado, irrumpió en la sede del Congreso cuando una reunión conjunta del Poder Legislativo ratificaba el conteo de los votos del Colegio Electoral y certificaba así la victoria de Joe Biden.

Un grupo de colaboradores, los menos, por activa o por pasiva, se opusieron al intento golpista.También Twitter y Facebook hicieron lo suyo al bloquear las cuentas del propio Trump. Primeras figuras como Nancy Pelosi decididamente defendieron la institucionalidad democrática.

El golpe de estado fracasó, pero dejó en la sociedad un sentimiento de quiebre y frustración. El orgullo por los valores de los padres fundadores quedó cuestionado, y tras la tormenta se instaló un clima intolerante y una sociedad dividida.

En el primer día de su segundo mandato, como una señal política contundente, Trump firmó indultos para todos los condenados por su participación en el asalto al Capitolio.

Ciclos

Los esfuerzos de Estados Unidos por rescatar su erosionada hegemonía económica, geopolítica y tecnológica son una política de Estado. Las formas y el estilo cambian; se han vuelto más desarreglados respecto al derecho internacional.

Estamos ante una frontera histórica en que países poderosos se van eclipsando, a pesar del impresionante pasado imperial hoy agotado. La pregunta es cuál es, si la tiene, su capacidad de adaptación frente a las nuevas condiciones.

La decadencia es otra expresión del agotamiento del modelo. Ahora mismo, Trump y su nuevo entorno, más radical y compacto, busca presuroso reposicionar al país como potencia única de primer orden. Buena parte de las guerras de hoy se explican en ese replanteo estratégico.

Lo global

Nos ha tocado un tiempo de profunda transformación en la distribución del poder global. En pocos meses, la Administración Trump ha desplegado numerosas acciones: guerra a la inmigración que incluye a 11 millones de personas en situación legal irregular, al aborto, recortes a la comunidad LGBTQ, entre otros frentes.

Y en ese contexto, está en marcha el realineamiento de las fuerzas armadas, una institución que en las democracias del siglo XXI es onerosa y sus cometidos, dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, son cuestionados.

Ordenando la casa

El intento de golpe de estado de 2021 fracasó por la incapacidad de planificación del presidente Trump y por algunos funcionarios claves, como Mike Pence, apegados a las cuestiones institucionales. De esos ya no queda ninguno.

Hoy gobierna el Partido Republicano de los leales a Trump. Es un gobierno más compacto, que no ha abandonado la improvisación. Ciertas desconsideraciones ponen de manifiesto una actitud arrogante y anacrónica. Bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos se empeña en no asumir la pérdida de su peso relativo. Parece interpretar que el estado actual es consecuencia de liderazgos débiles.

Estamos frente al inicio de una nueva era de cambios de hegemonía, en proceso de transformación. Los ascendentes nuevos actores buscan su posición geoestratégica, construyendo nuevas perspectivas y alianzas confiables para compartir la gestión de los riesgos. Acaso, ¿hay una potencia con las espaldas tan amplias y potentes como para asumir por sí misma una nueva hegemonía en solitario?

Lo que se viene es un mundo poshegemónico y lo deseable es que esta transición hacia ese nuevo orden, más allá de tensiones, sea negociada. Hay una necesidad de rescatar del ostracismo la perspectiva de cooperación, en espacios multilaterales. Es inaceptable consentir una resolución basada en pérdidas de vidas humanas.

El derecho penal internacional deberá ser empoderado para dar respuesta de alcance global para todos los países miembros de Naciones Unidas.

Perpetuación

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldado por Trump, convocó sorpresivamente a unos ochocientos generales y almirantes a una reunión urgentísima, sin justificación explícita, la que tuvo lugar el pasado 30 de setiembre.

Esta convocatoria no explicada y peor instrumentada, tensó el ambiente. La imprevisión olvidó la jerarquía de los convocados. Pero hay quienes entienden que no fue un descuido de la Administración.

La lectura desde las fuerzas de seguridad y desde el sistema político fue única: se trata de una movida para dividir las aguas. De cara a otro 6 de enero, las lealtades estarán claras desde ya. En los planes de Trump, una variable a controlar ahora.

En el 2021, es cierto, fracasaron. Pero no fueron derrotados. La justicia actuó con extrema lentitud y desgano. Aún con sentencias severas en su contra, Trump sorteó todos esos escollos, hasta una sorpresiva inmunidad de la Corte Suprema que estableció que los expresidentes son inmunes al procesamiento penal por sus actos oficiales en el ejercicio de sus funciones. Con ello se puso fin a los procesos inconclusos en los que Trump ratificó su declaración de inocencia, aunque otros coacusados admitieron su culpabilidad.

Volviendo a la reunión

En la previa a la reunión, curiosidad y tensiones. Un escueto anuncio decía que Hegseth “se dirigirá a sus principales líderes militares”. Off the record, se adelantaba que el tono de la exposición sería el adecuado para “el espíritu guerrero”. La duración proyectada sería, a lo más, de 90 minutos.

Para la comunidad política de Washington esta instancia de disciplinamiento preventivo, y ordenar no a la institución sino a la elite de la oficialidad. Desde el anonimato y la lealtad, un general de varias estrellas le adelantó a la prensa: “lo único que hay por aquí, es incertidumbre y desconfianza. Es el primer paso para la lealtad”.

Hasta ahora los logros de Hegseth son pocos. Ha abierto todos los frentes: desde la eliminación de miembros del servicio transgénero hasta la definición de nuevos estándares de afeitado para todo el ejército. Hasta una moderna señalética que ordena la circulación en las oficinas del Pentágono.

La reunión…

En la previa se confirmó que habrá un recorte mínimo del 20% a nivel de generales de cuatro estrellas, el rango más alto en servicio activo. La versión oficiosa tuvo un propósito: “el que se mueve no sale en la foto”. En voz alta, nadie habló.

Al inicio del encuentro, Trump quebró un principio de neutralidad, al incluir a la alta oficialidad en la política partidista. La voz de mando la marcó desde el vamos: si alguien no quiere estar, puede irse… pero “ahí va tu rango, ahí va tu futuro”.

Todas las versiones coinciden en el cerrado silencio de la sala, un “respetuoso silencio, preservando aquel principio de equidistancia partidista”. Los analistas de Washington han hablado de “dos discursos que plantearon muchas preguntas con las que los militares tendrán que lidiar en los próximos meses…y lo harán discretamente”. El primer round de esta movida de largo plazo “no produjo el desastre que algunos temían”. Por aquí diríamos que como en el truco, “la primera en casa”. Otros, creerán que mejor es jugar como los teros.

No obstante, todos coinciden en lo fundamental: desde la Casa Blanca se inició un camino sin retorno, donde no hay marcha atrás. La agenda local e internacional es muy densa y compleja, propia del momento que transitamos.

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Creí que tras el atentado el gobierno y partidos políticos, en un todo, darían una inmediata y contundente respuesta al crimen organizado, con unánime apoyo a las instituciones democráticas y en defensa de los derechos ciudadanos, la paz y la seguridad pública. No había como equivocarse: designar a Mónica Ferrero como titular de la Fiscalía. Decirle a los criminales: ¡no se saldrán con la suya! ¡Qué mejor imagen del país!; más impactante y creíble que decenas de discursos en la ONU.

Vale recordar a Lincoln, que como nadie defendió la democracia, con su palabra, brillante y con su acción por sobre intereses personales o políticos y sin ningún tipo de temblor.

En plena guerra de secesión el presidente Lincoln convocó a elecciones. El 10 de noviembre de 1864, dos días después de ser reelegido, explicó a su pueblo: “… la elección era una necesidad. No podemos tener un gobierno libre y sin elecciones y si la rebelión hubiera podido forzarnos a abandonar o posponer una elección nacional, habría podido sostener, con bastante razón, que ya nos había conquistado y arruinado”.

Eso es lo que se debe decir a los criminales: que con sus tiros y granadas no nos van a conquistar ni arruinar. No basta con actos de fe, es preciso la institucionalización del respaldo.

Hubo declaraciones unánimes, cumbres y diálogo político, pero por ahora, según se percibe, Ferro solo continuará como subrogante, y no es la mejor señal, ni para el mundo ni para los uruguayos.

Blancos en un todo y colorados en parte han respaldado desde antes a Ferro, por lo que no se les podría endilgar oportunismo. Entre colorados hubo alguna diferencia. Dados los hechos, sería una desilusión para muchos colorados que no se superara.

Se sabe que al FA Ferro no le cae del todo simpática, pero también debería levantar la mira y aprovechar para dar un mensaje inequívoco, que repercutiría en favor del gobierno y del presidente.

Hay cosas, empero, que confunden y no se explican: como que en el FA se dediquen a analizar su forma de participación en manifestaciones por palestinos y contra los judíos. Se confiaba en que el FA y sus organizaciones colaterales concentrarían sus esfuerzos en una gran manifestación al grito de “todos somos la Fiscal”.

Tampoco se entienden referencias a Ferro “como la fiscal de Estupefacientes” –no estuvo lindo eso– ni informaciones –fuentes de Presidencia, Ministerio del Interior, y de autoridades del FA,- sobre que el crimen organizado y los narcos no tenian en mente “el rol de la fiscal general” sino que fue contra la fiscal de Estupefacientes. ¿De donde sacaron eso? ¿Quien se los dijo? y ¿si lo sabían desde antes, por qué no la protegieron y cuidaron más?

Y en cuanto a lo de “entreverar los tantos”, el propio gobierno debería mirarse a sí mismo por utilizar el atentado como un atajo para el proyecto de ley sobre lavado de activos. Un tema que sí exige una urgente consideración pero a la vez un detenido y prudente análisis previo, no sea cosa que solo sirva para “molestar”– por llamarle así– a los ciudadanos de a pie. Los narcos no guardan su platita en cajas de ahorros, saben donde esconderla y tenerla a buen resguardo. Aquí y en todas partes. Tampoco el crimen organizado importa por aduana o compra sus fierros en armerías ni registra sus armas en la Policia y en Material y Armamentos, como si deben tramitarlo aquellos ciudadanos que ante tanta delincuencia buscan autodefenderse.

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