El arte del buen decir siempre fue una preocupación de los hombres dedicados a la cuestión pública, en particular, a los menesteres de la democracia y de la docencia. Y vaya la primera precisión: desde bien atrás en el tiempo, se distinguió entre el arte del buen decir y el arte del correcto decir, la gramática. El ser humano siempre sintió el uso del lenguaje como una limitante a su capacidad expresiva, al “don de transmitir ideas, conceptos, pensamientos” a partir del acto de la comunicación.

Gustavo Adolfo Bécquer, poeta, lo decía con sencillez: “Yo quisiera escribirle, del hombre/domando el rebelde, mezquino idioma…” Se le atribuye a Aristóteles haber concebido el primer tratado sobre retórica, entendida como “la facultad de considerar en cada caso lo que puede ser convincente”. Y precisa que “el objeto de la retórica no es persuadir, sino ver en cada caso aquello que es apto para persuadir”.

Al llegar el siglo XVI, Pierre de la Ramée reduce la retórica a “un ornamento”. Y más acá en el tiempo, Michel Foucault, en su lección “El orden del discurso” se aproximó a un análisis filosófico sobre las relaciones de poder y saber en la sociedad.

Para Foucault, la tesis de inicio es que “en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad”.

Volviendo atrás…

Volvamos a Atenas, al siglo V a.C. A la capacidad y elocuencia disponible para el desarrollo democrático. Aparece la temporalidad como herramienta. Ha sido esto lo que le ha insuflado al debate y a la toma de decisiones, una carga de tensiones y estrés. Parte de la lógica mediática, pero también del ausente debate de fondo que es sustituido por la agresividad discursiva, ya sea como radicalización o descalificación.

Los políticos a través de cuidadas técnicas de persuasión procuraban conmover a sus diferentes públicos. Los sofistas se ocupaban, por entonces, de enseñar y dirigir los discursos, no sólo para “la plaza pública”, sino también para los juicios pues era sobre el propio acusado que recaía la responsabilidad de defenderse. Por ello Aristóteles clasificó en tres los géneros de la oratoria: judicial, política y epidíctica. Demóstenes fue el más importante de los oradores griegos, que con destacada elocuencia manejaba como nadie el cambio de ritmo y tono, mezclas de estilo, metáforas y también sorprender a su interlocutor.

No se precisan largas intervenciones. Uno de los discursos más brillantes de la historia, el de Abraham Lincoln del 19 de noviembre de 1863 contenía apenas 300 palabras. No fue resultado de la improvisación, sino de la planificación y objetivos políticos buscados.

Hoy, diversidad y confusión

En la actualidad, vivimos una era digital de una diversidad extrema. Esta nueva realidad ha afectado nuestra forma de ver el mundo y también conmovido nuestra perspectiva.

Uno de los cambios más notables tiene que ver con la validación del tiempo. Aunque no tenga valor, la inmediatez ha adquirido un valor supra aún en la intrascendencia del propósito. Asumimos la expectativa de alcanzar resultados rápidos sin ponderar costos ni beneficios. Nos hemos acostumbrado a la fugacidad y nos frustramos cuando las cosas no se resuelven al instante.

Es cierto, la era digital ha ampliado las opciones pero no todo suma. Nos exponemos a una hiperconectividad que podrá ser útil o no, pero provocará una sensación de agobio y dependencia.

La comunicación mediada

Para Antonio Hernández Mendo y Oscar Garay Plaza “la comunicación es un proceso de interacción social de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de transmisión y que puede influir, con y sin intención, en el comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha emisión”.

A partir del siglo XIX, pero fundamentalmente a partir de la explosión de la diversidad y sofisticación de medios, la comunicación también creció en aspiraciones y complejidades. Absorbió cada vez más valor desde otros campos de estudios y reflexiones. Porque es necesario precisar que muchas veces “agregar” no suma, ni disponer de recursos tampoco es sinónimo de contar con más posibilidades. El problema es conceptual, es de contenidos, es de estrategias.

Precisamente, la variable estratégica es fundamental para la toma de decisiones y antes aún para guiar la batalla por la transformación de la sociedad.

Por ello conviene tener muy claro que “no todo comunica pero todo significa”. Aunque no todas las acciones o palabras sean claras, cada una de ellas significa; incluso los silencios y las omisiones. La teoría de Paul Watzlawick advierte que cada gesto, acción-omisión tiene un valor: todos significan y no todos comunican.

Así, es urgente comprender que la comunicación es inherente a la prospectiva de una gobernanza eficaz. Así, la planificación adquiere una relevancia mayor, de soporte e instrumento, que debe ser analizada, planificada y ejecutada con sentido de objetivos y de urgencia, sin excusas. Hay que poner en valor la planificación, avanzar en función de resultados. Por aquello que se ha dado en llamar la estrategia del síntoma.

Un último elemento, a cuenta de más: la comunicación es esencialmente mediada y por tanto factor de tensión e incertidumbre. La planificación es para definir la secuencia de los hechos políticos articulados para, con las pautas comunicacionales, avanzar hacia los objetivos definidos hasta desencadenar la decisión política que resuelva la situación. La comunicación es esencialmente asimétrica y de intercambios que intentan, las más de las veces, neutralizar/dominar, pero pocas veces la de facilitar un acuerdo de mínima.

El buen director de medios, el dircom, tendrá para su equipo un set de posibilidades para neutralizar imprevistos que no sorprendan ni descoloquen, con las que no procurará resolver todas las contingencias, sino la de evitar que en el “momento de la verdad” el decisor sea sorprendido exponiendo un lado incierto, que podrá ser bien valorado para sí mismo, pero no es lo que se espera de quien lidere en la incertidumbre.

Mucha planificación significa cuidado y amplio análisis para la planificación, y para que el jefe sea más asertivo y confiable. También para robustecer el clima de cambios que toda administración aspira cumplir. Ese es el compromiso con el soberano.

Al final de cuentas ¿estamos con Bukele o no estamos con Bukele? El presidente lo puso como un caso ejemplar. Luego titubeó un poco: “para analizar”, dijo y aún después algo más atribulado trató de aclarar; y no quedó muy claro. El secretario de la Presidencia salió a interpretar aclarando que no era intérprete y Lucía Topolansky, sin duda el eco de la voz del “Pepe” y quien mejor comunica y lo refleja planchó el asunto: “lo de El Salvador no se agarra por ningún lado”.

Para todos los gustos. La izquierda acomoda y reacomoda el relato a su placer, los blancos no hacen autocrítica pero sacan algunos trapitos al sol, y los colorados dejan pasar ocasiones y tiempo; no es facilongo con una pelota con dos dueños.

La discusión comienza antes de mover. Y la rana se sigue cocinando. Y la brecha cada vez más definida. La gente enmarca y limita su pensamiento (?) a su pertenencia partidaria. Gente que hasta hace unos días decía “aquí lo que hace falta es un Bukele y mano dura”, ahora se siente hasta agraviada por la tímida sugerencia de Orsi.

El intento sobre el secreto bancario: gatillo fácil para DGI respecto a la privacidad y los ahorros y depósitos de la gente es preocupante en ese sentido. A la vez es demostrativo del estilo Astori del ministro Oddone. Siempre con un as en la manga o mejor dicho un cuchillo bajo el poncho. Fue Astori quien decía oponerse a propuestas locas de “las bases” y sindicatos ultras, y nos hablaba en cambio de un impuesto a la renta “para que paguen más los que ganan más”, pero que además era como en EE.UU. Nada que ver. Allá no existe Impuesto al Patrimonio (IP); acá va a ser simbólico, dijo Astori. ¡Mirá qué simbólico! Lo que hizo fue crear el gran impuesto a los sueldos, con el cual también revolcó a los jubilados, incluso en un acto contra natura como lo interpretó la corte en su momento. Y así se comenzó a acabar con toda la clase media y a deteriorarse nuestra democracia republicana, lo que es uno de los objetivos del nuevo marxismo-leninismo en tono gramsciano, tanto o más nocivo y totalitario que el modelo anterior.

Tenemos un Pit Cnt que pide impuestos a los ricos, fuera de tiempo, una mera consigna, ni saben lo que pasó en Francia o Noruega, o no lo comparan con el que aprobó Lula –que es el numen que ilumina–, pero que en realidad es un especie de “centro” para que cabecee Oddone y eventualmente Orsi y digan no a nuevos impuestos, mientras en paralelo crean ese nuevo impuesto a los ricos (impuesto a las tasaciones inmobiliarias en el exterior) que más estrictamente es otra carga para los pobres uruguayos que juntaron algún peso con su trabajo y se dieron un gusto. Los ricos ricos o lo residentes extranjeros, esos no van a pagar un céntimo.

Es para los uruguayos de a pie, los que efectivamente trabajan, que pagan todos los impuestos, viven en casas terminadas, con final de obra, no tienen viáticos ni ingresos disimulados.

Les parecerá exagerado y maniqueo: pero algo así pasó en Cuba y hoy los cubanos sirven sin derecho a protesta a los turistas extranjeros. Sin embargo pelean por un empleo en ese sector. Un triste destino.

La Intendencia Departamental de Salto presentó una iniciativa para prohibir el consumo de alcohol y cigarrillos en tres espacios públicos del departamento. La propuesta, que será analizada por la Junta Departamental, incluye a Plaza Artigas, Plaza Treinta y Tres y la Plazoleta Roosevelt. El Intendente Departamental Carlos Albisu indicó que “en la ciudad existen entre seis y ocho plazas, según su categorización, y que el objetivo es aplicar la medida como experiencia piloto”. El jerarca subrayó que existe un reclamo de vecinos, “muchos de ellos abuelos y padres”, que concurren con niños a esos espacios. Según Albisu, algunos usuarios registran consumos que generan dificultades de convivencia. En ese sentido, sostuvo que se busca “tener espacios libres de humo y libres de alcohol”.

Hace algunos días hacíamos referencia, en las páginas de EL TELEGRAFO, que “tras conocerse la iniciativa del intendente de Salto, Carlos Albisu, de establecer espacios públicos donde esté prohibido fumar, desde la Junta Departamental de Paysandú se recordó que existe una moción en ese sentido de 2021 del entonces edil Braulio Álvarez, repetida este año por el edil Federico Inella. La moción que propone declarar como “espacios libres de humo” a plazas, parques y otros lugares públicos abiertos donde haya juegos infantiles, circuitos aeróbicos o actividades deportivas, tiene además el apoyo del Programa Nacional de Control de Tabaco. El planteo parte de una realidad cada vez más visible: el uso de cigarrillos, vaporizadores u otras sustancias encendidas en espacios al aire libre compartidos por fumadores y no fumadores. “Muchos vecinos han manifestado su molestia al tener que convivir con humo mientras disfrutan de lugares públicos con sus hijos, especialmente en zonas de juegos infantiles”, señala la moción. Más adelante la nota de este diario indica que “El foco está puesto principalmente en los más vulnerables: los niños y adultos mayores. Se argumenta que, ‘aunque estos espacios sean abiertos, la exposición al humo ajeno convierte a muchos en fumadores pasivos sin haberlo elegido. Esta situación se vuelve más preocupante cuando ocurre en áreas pensadas para la recreación infantil, como areneros o plazas, donde el humo puede desplazarse por efecto del viento y contaminar zonas de uso común’. En ese sentido, se plantea una equiparación conceptual con las restricciones que ya rigen desde hace años en espacios cerrados, instituciones educativas y centros de salud. ‘Nadie discute hoy que no se pueda fumar dentro de un edificio o en una escuela. En su momento estas medidas generaron polémica, pero con el tiempo demostraron ser fundamentales para la convivencia ciudadana y el cuidado de la salud’, destaca la exposición de motivos”.

El importante aporte realizado por el legislativo sanducero no puede menos que reforzar una idea que debe estar presente en el sentido común de todos los gobernantes: los espacios públicos son lugares financiados y mantenidos con los dineros de todos los contribuyentes y por eso mismo se debe garantizar su uso y goce en un plano de igualdad porque como lo recuerda un viejo refrán “los derechos de una persona terminan donde empiezan los derechos de los demás”. Tal como ha señalado por los investigadores colombianos Pablo Páramo y Andrea Milena Burbano resulta fundamental destacar “el papel que han jugado algunos proyectos destacados de espacio público en el fortalecimiento de la democracia, por considerarse elementos de integración social y facilitadores de la apropiación que hace de estos espacios el ciudadano común”. Para esos autores, “el espacio público hace una contribución importante a los procesos de democratización de la sociedad al crear espacios que facilitan los encuentros entre las personas, independientemente de su condición económica y sus roles sociales. En efecto, es posible advertir personas de diferentes niveles socioeconómicos, grupos de edad y roles sociales: padres de familia con sus hijos, ancianos con sus cuidadores, obreros de construcción, ejecutivos, vendedores ambulantes, deportistas compartiendo los mismos escenarios”.

A todo ello debe sumarse, tal como lo expresa la iniciativa planteada en la Junta Departamental de Paysandú, que “la exposición de los niños y adolescentes a la conducta de fumar, particularmente en los espacios destinados a realizar actividades recreativas y deportivas conlleva un componente de transmisión de una conducta no saludable, debido al rol modélico que cumplen los adultos, por lo que evitar la exposición de los niños a esta conducta es una forma de prevenir el consumo de tabaco en los jóvenes”, subraya el informe. ¿Qué ejemplo estaremos dando a los niños y adolescentes si en los lugares públicos se vive con total naturalidad la ingesta pública de alcohol, el consumo de tabaco e incluso de drogas como la marihuana a través de los populares “porros” que están presentes en todas las plazas sanduceras sin que existan límites o prohibiciones al respecto? Si bien en todas ellas el “porro” está más o menos presente –así como el alcohol, que también es una droga–, el caso de la renovada Plaza Constitución resulta paradigmático, transformándola en un “vale todo” para todo este tipo de sustancias. Aunque también ocurre en otras plazas, como la Bella Vista o la Lavalleja.

Y en este caso no se trata de prohibir el consumo; quien quiera drogarse tiene todo el derecho de hacerlo en su casa o al menos, “fuera del alcance de los niños”. Así como por obvios motivos a nadie se le ocurriría tomar alcohol en una fiesta de un jardín de infantes, tampoco corresponde drogarse con marihuana o alcoholizarse en el Paseo de los niños, el Parque París Londres o el parque de la costanera norte, por decir lo menos, que son espacios específicamente hechos para la familia y el disfrute de los más pequeños. En estos casos no importa que sean “espacios públicos” para imponer desde ya la prohibición. Después incluso se puede discutir si está bien o mal que algunos adictos nos obliguen a fumar “por baranda” en un espectáculo en el Anfiteatro o cualquier otro lugar donde uno paga por ver la presentación de su artista favorito, y termina mareado o con dolores de cabeza porque otros no pueden contener su adicción.

Defender el derecho de quienes no respetan los derechos de los demás no es el camino para construir ciudadanía y reforzar en papel democratizador de los espacios públicos. Aún en estos lugares (o tal especialmente en ellos) las reglas democráticas deben ser especialmente cumplidas y respetadas, porque de esos “micro comportamientos” depende la percepción más inmediata que los ciudadanos poseen de un sistema.

Al fin y al cabo, se trata ni más ni menos de cumplir con lo dispuesto por la Ley N°19.120 de 28/08/13 según la cual se declara de interés general la preservación de los espacios públicos como lugar de convivencia, civismo y disfrute, donde todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades preservando su libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con respeto a la dignidad y a los derechos de los individuos, promoviendo a su vez, la pluralidad y la libre expresión de los diversos fenómenos y acontecimientos culturales, políticos y religiosos. El ámbito de aplicación incluye todos los espacios públicos del país, ya sean urbanos, suburbanos o rurales.

Así las cosas, la iniciativa presentada en el año 2021 por el entonces edil del entonces edil Braulio Álvarez que ahora recoge el intendente de Salto van en el sentido correcto: transformar a los lugares públicos en ámbitos de convivencia y respeto y no en lugares donde lo que manda “es la ley del más fuerte” en detrimento de los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley.

Dice Darwin Desbocatti, el personaje columnista en el programa No Toquen Nada, de Del Sol FM de Montevideo, que de pocas cosas gusta más el uruguayo que ver que en el exterior se habla bien del país. Y el Uruguay ha vuelto a ser noticia recientemente porque en un artículo en BBC Mundo se lo plantea como un ejemplo, un modelo a seguir en materia de sostenibilidad. Este artículo se titula “Por qué si todos viviéramos como Uruguay se frenaría la ‘estafa piramidal’ que estamos haciendo con los recursos del planeta”, y agrega a modo de subtítulo que “Uruguay tiene lecciones valiosas para el resto del mundo”, un comentario que la autora, Alejandra Martins, atribuye al ingeniero suizo Mathis Wackernagel.
A Wackernagel se le conoce por desarrollar —en la década de los ‘90— junto al canadiense William Rees, el concepto de huella ecológica, una métrica para medir el impacto de la humanidad sobre el planeta y más acá en el tiempo por dirigir Global Footprint Network —en español: Red de Huellas Globales—, un grupo internacional de expertos que crean y promueven herramientas de sustentabilidad. Este investigador y su equipo consideran que la mayoría de los males ambientales — desde la acumulación de gases de invernadero en la atmósfera hasta la deforestación y la pérdida de biodiversidad — tienen su causa principal en la sobreexplotación de los recursos naturales. “El recurso central del mundo no son las tierras raras, es la regeneración de la naturaleza porque es lo que produce comida, madera, fibra”, afirma quien considera además que la actividad humana está comprometiendo cada vez más la capacidad regenerativa del planeta. Y aquí es donde aparece este tema de Uruguay como ejemplo de una elección por transitar un camino más sustentable.

Esta huella ecológica se compone de la superficie de tierra y agua requeridas. “Por cada naranja que comes necesitas un terreno que produce cada año esa naranja”, explica. Por otro lado está la idea de la biocapacidad, que refiere a la regeneración de los ecosistemas, refiere a la capacidad de regenerar “lo que las personas demandan de esas superficies, además de absorber sus desechos”. A partir de estos datos es que se calcula cada año el Día del Sobregiro de la Tierra, que es “la fecha en que la demanda anual de la humanidad sobre la naturaleza excede lo que los ecosistemas del planeta pueden regenerar en ese año”. Se entiende que a partir de ese día el planeta entra en “déficit ecológico”, que se han consumido todos los recursos que la naturaleza es capar de regenerar en un año. En 2025 el Día del Sobregiro de la Tierra fue el 24 de julio.

De ahí en más la humanidad ha estado viviendo “de prestado”, sobre utilizando recursos y mermando la posibilidad de sostener esa riqueza para las nuevas generaciones. “El 25 de julio no se acaba el mundo, pero desde entonces estamos bajando el capital natural, sobreutilizando recursos y dejando una deuda ecológica para el futuro, más CO2 en la atmósfera, menos bosques, suelo más abusado, menos agua en los acuíferos”. Para Wackernagel utilizamos los recursos de 1,8 planetas Tierra para vivir.

Pero esto no funciona igual en todo el mundo y de hecho se ha aplicado el mismo cálculo en diferentes países empleando unos 15.000 puntos de datos de estadísticas de la ONU que permiten comparar diferentes naciones. Así las cosas, si todo el mundo viviera como en Qatar, los recursos que la Tierra es capaz de generar cada año se agotarían el 6 de febrero. En el otro extremo de la lista de más de 80 países se ubica una penillanura al sur de América del Sur. “La nación con un uso más sustentable de recursos es Uruguay. Si la población mundial viviera como en el país sudamericano, el Día de Sobregiro de la Tierra caería el 17 de diciembre”, aseguró. El investigador aclaró que hay países no incluidos por falta de datos o porque debido a que los niveles de consumo están condicionados por sus altos niveles de pobreza, caso Bangladesh. Pero ojo, que seamos un país que está haciendo las cosas mejor que el resto no quiere decir que no haya cosas que se puedan hacer mejor. Por ejemplo menciona que Uruguay “no ha descarbonizado aún sectores de su economía como el transporte, que dependen en gran medida de combustibles fósiles”, aunque es válido afirmar que “si todos vivieran como en Uruguay, el planeta entraría en déficit ecológico mucho más tarde que en la actualidad”.

El principal aspecto que destaca Wackernagel es el cambio en la matriz eléctrica a renovables y cita que pasamos de depender en un 50% de combustibles fósiles en 2008, a generar actualmente un 99,1% de la electricidad a partir de fuentes renovables.

Luego el artículo cita a Ramón Méndez, exdirector Nacional de Energía, como el arquitecto de los acuerdos multipartidarios que dieron lugar a una política pública que ambientó las transformaciones, y unas transformaciones que tuvieron una fuerte presencia, y en un rol muy activo, del sector privado. Claro que esto no estuvo exento de debates, discusiones, idas y vueltas, intercambios, quejas, correcciones necesarias, etcétera, pero sin dudar nunca del rumbo trazado.

Ahora bien, ¿es la fórmula aplicada por Uruguay la válida para todo el resto del Mundo? Por lo pronto no lo parece. Somos un país con menos población de la que debiéramos tener de acuerdo a nuestro potencial. Tal vez esto sea parte de nuestro secreto, pero los países tienen la población que tienen y no hay mucho que hacer en el corto plazo. Este tipo de cambios en la estructura social llevan décadas, se aprecian en generaciones. Y no todos los países tienen tampoco las mismas condiciones y recursos, ni las mismas circunstancias. Habría que ver si Uruguay tuviese petróleo si iba a andar fomentando las energías alternativas.

De todos modos queda otro mensaje que podríamos tomar a partir de todo esto. Si fuimos capaces de lograr tal transformación generando estos acuerdos que dieron lugar a políticas de Estado, por qué no intentamos lo mismo en materia de seguridad, en recuperación de los valores sociales que nos caracterizaron a lo largo de la historia, en vez de elegirlos como materia de discusión, de debate y de pasto electoral, siendo que por ahora todos los gobiernos han si no fracasado, por lo menos quedado lejos de las promesas que realizan.

El plantear las cosas en perspectiva, es decir con una mirada y concepción que va más allá del presente y el futuro inmediato, no es precisamente una virtud característica de nuestros gobernantes ni mucho menos, y tiene que ver ello también con un factor cultural, con el inmediatismo que preside nuestras acciones en lo que refiere a la vida diaria, y en el caso de los actos de gobierno, a la primacía de intereses cortoplacistas, de acceso al poder y de mantenerlo, lo que hace que prime la búsqueda de contar con el apoyo popular en la siguiente elección, antes que pensar en políticas de Estado para aplicarse por los que vengan.

Cuando la administración del presidente Yamandú Orsi ha definido el presupuesto quinquenal, con la innovación de reasignación de partidas para favorecer a sectores como la educación, en desmedro de otros, –al mantenerse el monto inicial de las asignaciones presupuestales– en realidad se está plasmando en números y lineamientos su filosofía de gobierno, pero modificando la propuesta inicial surgida del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas, al que los legisladores enmendaron la plana en varias áreas, por decisiones políticas que torcieron y revirtieron los destinos iniciales de determinadas partidas.
En resumen, se sacó dinero a unos para destinarlo a otros, en base a criterios políticos, redefinición de prioridades y muchas veces cediendo a la presión de los lobbies de corporaciones que se habían sentido postergadas o perjudicadas por el presupuesto previsto inicialmente. Un escenario que por supuesto no se ha dado solo en este gobierno, sino que por el contrario, se repite en cada período, porque en el Parlamento se presentan ámbitos de discusión, negociación y bajada a tierra de realidades que no son tales si se las estudia más detenidamente, cuando el tema es planteado por los propios protagonistas o afectados por tal o cual asignación presupuestal que no era la esperada.

Pero un presupuesto quinquenal por lo general tiene precisamente esa característica, una previsión de cinco años en el mejor de los casos, para atender problemas puntuales, muchos de los cuales se arrastran desde hace varios años y a los que se les va aplicando un parche a la espera de que con el tiempo las cosas puedan solucionarse o perfilarse mejor.
Esa es lamentablemente la tónica que se da en nuestro país en cada período de gobierno, y mucho más aún cuando el gobierno cambia de partido, porque encima de los cortoplacismos vienen los revisionismos y el borrar o dejar por el camino lo que hizo el gobierno anterior, y ello implica no solo cambios de sesgo político las más de las veces, sino que los correctivos implican destinar más recursos hacia donde ya se gastó dinero para cambiar la pisada respecto al gobierno anterior y así sucesivamente, lo que implica más gasto para el Estado, para todos los uruguayos y lo que es peor, se trata de dinero mal gastado y perdido.
El punto es que sigue ausente el instrumentar estrategias de crecimiento para zafar del magrísimo uno por ciento anual que con suerte se ha mantenido en todos estos años como promedio, en medio de avatares, algunos autoinfligidos y otros que nos han llegado desde el exterior.

En el año 2024, como suele ocurrir en año electoral, hubo un abandono de la cautela en el gasto estatal y se disparó el gasto, pero más allá de este período especial, todo intento más o menos bien encaminado para adecuar el gasto estatal a las posibilidades y necesidades del país ha fracasado o tenido un éxito muy parcial.
Recordamos en este sentido conceptos del fallecido economista Ricardo Pascale cuando señalaba –con toda razón– que Uruguay no tiene una estrategia de crecimiento de largo plazo. “Si me entrevisto con australianos, finlandeses o indios, por ejemplo, sabrán responderme perfectamente hacia dónde van sus países. En nuestro caso no sabríamos qué decir, más allá de aquellas cosas que nos distinguen y nos enorgullecen como país, de lo institucional, del respeto a las leyes, etcétera”.
Mencionó asimismo entre otros obstáculos “el corto plazo y la aversión al riesgo, sin dudas. Y corre tanto para el sector público como para el sector privado”, a la vez de indicar que “cada paso, cada cambio, nos cuesta mucho. Es una cuestión idiosincrática, que ojalá que la podamos ir superando. Porque es un obstáculo muy fuerte, que va de la mano con no pensar en el futuro”. Y no habla de las revisiones político-ideológicas que mencionábamos, sino de cambios reales del statu quo, en la dirección correcta.
Es que, como señalábamos, en el Uruguay todo se hace en función del corto plazo, y peor aún, con tendencia a la improvisación según vayan surgiendo los temas, sin a la vez meter la mano en los aspectos estructurales que se vienen arrastrando desde épocas inmemoriales, y ello hace que se vaya atendiendo lo urgente y postergando lo importante.

Precisamente las grandes obras de infraestructura indispensables para el desarrollo del país, no pueden pensarse en función de períodos de cinco años de gobierno. Pero claro, el tema con los proyectos de infraestructura es que no se pueden diseñar de un día para otro, y que deben obedecer a una estrategia de mediano y largo plazo, en la que todos los partidos estén de acuerdo, en base a políticas de Estado, para dar la seguridad de que habrá continuidad y que quien siga en el gobierno no descarte lo que hizo el otro.
El punto clave, además, es que cambian los partidos en el gobierno y cada uno llega con su propia agenda, además de una mirada generalmente despectiva de lo que han hecho los gobiernos que le han precedido, y muy pocas veces dando una continuidad o énfasis necesario a lo que otros han hecho o proyectado. Y así no hay país que pueda seguir adelante, porque se da un pasito para adelante y dos para atrás, con despilfarro consecuente de tiempo, dinero e incertidumbre para los inversores y los sectores reales de la economía.
También es una realidad que en este juego político, se suele cambiar la perspectiva según se esté en el poder o en el llano: lo que hoy critica la oposición, mañana, del otro lado del mostrador, lo hace en el ejercicio del gobierno y viceversa.

Un buen ejemplo: está en el tapete el proyecto de HIF Global para la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú, por una inversión del orden de los 6.000 millones de dólares, pero el actual gobierno cuando era oposición ya tenía reparos sobre la iniciativa, y ahora, en buena medida ha cambiado –enhorabuena– la perspectiva, desmarcándose de los activistas de una y otra orilla que se oponen al proyecto y/o a su ubicación.
Es una buena noticia en este sentido que ya desde los organismos competentes del Poder Ejecutivo, caso del Ministerio de Ambiente, se diera lugar a la solicitud de viabilidad ambiental de localización (VAL) del proyecto, tanto en lo que se refiere a su ubicación como al uso del recurso agua.

Pero este es solo un proyecto entre muchos, aunque de gran significación, y lo que se requiere son ámbitos donde se definan que los proyectos de infraestructura sean políticas de Estado, con dependencias institucionalizadas a esos efectos, de forma de diseñar líneas de acción a mediano y largo plazo, que trasciendan un período de gobierno. El inversor necesita un terreno firme para seguir adelante y encaminar la diversidad de acciones que es necesario emprender para proyectos de gran envergadura, en lugar de eternizarse en los trámites y estar siempre sometido al albur de que el gobierno siguiente lo ponga en el freezer o decididamente de marcha atrás en lo que se ha avanzado.

El consumo local y los mercados de cercanía no son una cuestión de modas sino algo más profundo que involucra la posibilidad de pensar y discutir la arquitectura social de los alimentos que consumimos, el lugar que ocupan quienes producen en la economía local y la manera en que una ciudad puede pensar en sí misma para promover hábitos saludables y favorecer la actividad de productores y emprendedores.
Algunas experiencias relevantes existentes en Uruguay, como el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) han demostrado que el espacio urbano puede articular productores, pymes alimentarias y consumidores, trabajando con reglas claras, identidad de origen y una programación cultural que convierta la compra en una experiencia. Es un caso de cercanía organizada donde la oferta de frutas, verduras, hortalizas y productos elaborados localmente cuentan con una concepción y narrativa que reivindica el trabajo de proximidad. En Argentina también hay varios lugares en los que determinados espacios urbanos han sido aprovechados como plataformas para productores regionales y cooperativas combinando calidad, precio, prácticas sustentables, comercio justo y educación del consumidor, generalmente con apoyo de municipios, universidades y organizaciones de la economía circular o popular.

No siempre tienen el mismo formato pero en general todos cuentan con precios razonables y cierta logística y organización mínima donde el Estado cumple un rol de facilitador, los productores se organizan y los consumidores pueden experimentar el sentido de “comprar cerca”. Esto es, menos intermediación, más trazabilidad y encuentros cara a cara entre quien produce y quien cocina.

Si nos preguntamos por los fundamentos filosóficos de este tipo de dispositivos, vale la pena recordar al austríaco Karl Polanyi, y su idea de que las acciones e instituciones económicas están siempre integradas en las relaciones sociales, es decir, la economía no es un sistema autónomo sino que se sostiene en normas, confianza y reciprocidades. Los mercados de cercanía son un claro ejemplo de esa incrustación en la vida social ya que allí no solo se compra, vende y asignan precios sino que se construyen relaciones. Los billetes y monedas circulan pero también las historias, los saberes, el diálogo.

Por otra parte, cuando una ciudad habilita espacios de cercanía suelen expandirse las capacidades de los productores en cuanto a acceder a clientes, formalizarse, innovar. Pero también se expanden las posibilidades de los consumidores ya que pueden elegir con información, cuidar su salud o sostener dietas frescas. Incluso, si se mira desde la perspectiva de la soberanía agroalimentaria los mercados de proximidad devuelven agencia a los territorios sobre qué se produce, cómo y bajo qué estándares, permitiendo tomar decisiones que ayuden a cuidar el trabajo local pero también la propia salud y el ambiente.

Comprar a los productores locales no solo reduce la huella del transporte sino que facilita prácticas agroecológicas factibles a pequeña escala, preserva saberes y sabores tradicionales, favorece empleos dignos en micro y pequeñas empresas y cooperativas, e incluso, permite tejer redes territoriales que hasta podrían interactuar con mercados mayores sin perder identidad.

Para los productores los beneficios son claros, cuentan con mayor margen de ganancias al reducir la intermediación y vender en forma directa pudiendo mostrar el valor de su trabajo, a su vez el intercambio cara a cara les permite tener información rápida sobre cómo personalizar su oferta según calidad y precio, y si además, existen políticas de formalización y asistencia técnica es posible dar el paso a la formalidad de forma gradual sin expulsar a quienes comienzan. Por otra parte, estos espacios de productores permiten trabajar señas de identidad para una ciudad o una región. Por ejemplo, un tipo de queso propio del lugar, una miel monofloral, una determinada panificación o embutido también cuentan una historia y permiten cobrar un precio justo.

Desde el punto de vista urbano, estos espacios de encuentro construyen comunidad. Allí no solo se compra, sino se elige por salud, se pasea y hasta se disfruta una propuesta cultural. Por eso es que el diseño importa: baños limpios, accesibilidad, música, degustaciones, sombra y lugares para sentarse. Desde el sector público se requiere apoyo logístico y técnico, capacitación, comunicación y coordinación. Nuestro departamento cuenta con una base de productores familiares, horticultores, apicultores, ganaderos y redes cooperativas e instituciones y centros formativos que pueden proponerse llevar adelante espacios de este tipo en la ciudad, la periferia urbana o localidades del interior, de forma regular no solo en eventos puntuales. Eso demanda gestionar permisos, pensar en horarios compatibles con rutinas laborales e innovar en sistemas sencillos y confiables en cuanto a calidad y logística.

¿Acaso no podríamos tener un sello de origen “Hecho en Paysandú”, con trazabilidad accesible que entregue al consumidor información básica y confiable, una identidad visual compartida, una narrativa que rescate nuestros sabores, recetas e historia? ¿Una feria de cercanía acaso podría transformarse también en un espacio pedagógico donde se hagan degustaciones y se enseñe en pequeños talleres a usar los productos, leer etiquetas y aprovechar las verduras de estación?

Claro que también se necesita una fuerte presencia estatal que ponga el sistema en marcha y apuntale para que este espacio de cercanía no sea un esfuerzo heroico de unos pocos sin mucha posibilidad de futuro. Se requiere transparencia, proporcionar datos sobre el empleo generado, el volumen abastecido localmente, la variación de precios para mantener una conversación honesta orientada a mejorar entre los diferentes actores que forman parte.

En Paysandú la producción agroalimentaria convive con el comercio fronterizo y las grandes superficies comerciales. Los mercados de cercanía no cuentan aún con una propuesta y agenda estable a lo largo del año, con la excepción de la tradicional y bastante venida a menos feria del Mercado Municipal y un Paseo de Artesanos que por distintas razones no ha logrado posicionarse como oferta atractiva para locales y visitantes. En general, las ferias con presencia agroalimentaria son eventos puntuales realizados en distintos momentos, generalmente sin fechas fijas, emplazándose tanto en algunos barrios como en localidades del interior departamental.

Hay un público atraído por estas propuestas pero también es importante tener en cuenta que la cercanía es una construcción, no se puede imponer. Requiere de una trama donde productores, emprendedores y pequeñas empresas encuentren en esos espacios un lugar no solo rentable sino digno, donde haya logística, servicios y difusión. Lanzamos aquí la idea, las experiencias previas en Uruguay y países de la región pueden fácilmente investigarse para tomar lo que sirva y adaptarlo a nuestra realidad. Mientras tanto, pensemos si una apuesta por ferias estables en barrios no estaría ampliando también el derecho a la alimentación y a una ciudad más inclusiva y sostenible.

Tenemos un problema. Tenemos varios, pensará usted, y le asistirá razón. Pero quiero decir que tenemos un problema serio, grave, de fondo, un problema que está poniendo en riesgo el pacto social. Sí, hay una fractura social. Y no estoy hablando de una grieta ideológica, o “la grieta”, terminología cruzada de la vecina orilla, donde sí existe una grieta. Acá quiero decir que hay una fractura. Hay un montón de individuos que han ido quedando al margen y que no solo no pueden insertarse, da la impresión que no tienen el mínimo interés por hacerlo. Y hay varios formatos en lo que esto ocurre. Hay, por un lado, personas que están viviendo en la calle; posiblemente nadie esté libre de enfrentar situaciones extremas que lo lleven a terminar sin un techo bajo el que pasar la noche, malas decisiones, enfermedades, consumos problemáticos y un largo etcétera. Pero hay entre ellas algunas personas que tienen la pretensión de recuperar una vida anterior, que ni siquiera aceptan pasar la noche en un refugio público.

Hay personas que han elegido como modo de vida permanecer al margen de la ley y que no hacen otra cosa más que reincidir una y otra vez y sostenerse en una rotación entre fuera y dentro de la cárcel que llegan a naturalizar. Hay quienes, en un rol más activo, dedican su vida al crimen, se dedican al narcomenudeo y a delitos más serios, incluso al sicariato. Sí, hay matones a sueldo en nuestro país. Hay un libro incluso que lleva por título “Historias de sicarios en Uruguay”, cuyo autor es Gustavo Leal, figura del anterior gobierno frenteamplista en el Ministerio del Interior, en el área de vínculo con la comunidad.

En el año 2011 celebrábamos con bombos y platillos la última gran coronación del fútbol uruguayo. Fuimos campeones de América en Argentina pegándole un baile bárbaro a Paraguay en la final. Ese mismo año nació un concepto que nos define, el del “nuevo uruguayo” fruto de una campaña publicitaria muy exitosa. Ese término, que se forjó con la idea de vender un servicio de televisión por cable, permeó al discurso político y de allí a la sociología para evidenciar una serie de transformaciones en el país que terminaron cambiando rasgos tradicionales en pos de un perfil más “divertido”, más colorido, como se lo vendía, pero a la vez más arriesgado y menos prudente en el manejo de la plata; un uruguayo que cambió el ahorro por el crédito y se subió a la ola del “use y tire”, como una señal del cambio de era. Un uruguayo que se animó a buscar nuevas alternativas de ahorro, nuevos negocios de capital, y terminó clavado como un zapato con cosas que no sabía ni cómo funcionaban.

Y en todas esas transformaciones se perdieron también algunos rasgos esenciales, el respeto, la buena vecindad, lo sagrado de la escuela pública y los maestros, la solidaridad para con aquel que vino al país en busca de una vida mejor que no encontraba en su propia tierra.

Perdimos los valores que tanto nos caracterizaban.

Nos convertimos en voraces consumidores que necesitan tener el último modelo del teléfono más caro y que no se pueden quedar sin ir a conocer el nuevo destino turístico de moda en el Caribe o en el sudeste asiático. Al costo que sea. Pudiendo o no pudiendo.

Nos convertimos en voraces consumidores de sustancias. Corriendo ansiosos frenando solo cuando hay un radar que nos puede quitar dinero y volviendo a acelerar a todo lo que dé apenas superada esa amenaza, porque no tenemos tiempo que perder, aunque estemos arriesgando perder todo el tiempo y a la vez poniendo en el mismo riesgo a todos los demás.

Y no es esa una nota que quiera evocar los “viejos buenos tiempos” en los que había espacio para reunirse todas las tardes a tomar un café y comentar las cosas del día e intercambiar sin agresiones entre personas que opinen diferente.

Pero de un tiempo a esta parte esa otra persona se volvió un enemigo al que hay que combatir con dureza, porque sus ideas no solo están erradas, sino que no son válidas y no tienen derecho a ponerse de manifiesto.

En el Nuevo Uruguay hay muchos homicidios, siempre hay homicidios. En el nuevo Uruguay un grupo de adolescentes entra en tropel y agrede a una alumna, y a los pocos días se repite. A cada rato roban escuelas, hospitales, cierran empresas, salen contenedores con droga, pasan cosas raras, difíciles de explicar, se lava guita, desaparecen mujeres jóvenes sin que nadie sepa dónde van a parar.

En el Nuevo Uruguay hay remedios para todo, pero no hay remedios para todos. Hay plata para cirugías estéticas y para tratamientos cosméticos y a los médicos les sirve más dedicarse a eso que a curar a las personas.

En el Nuevo Uruguay cada uno está preocupado por defender sus derechos, pero se olvida que estos vienen acompañados por deberes y obligaciones. Y si algo se puede “puentear” o “bicicletear” es viveza criolla, y se festeja como una copa. Ya no importa “portarse bien” o “ser gente”, importa tener un buen abogado para intentar zafar.

Y mientras tanto el debate político está en otro lado, lejos de la jugada, mirando para otro lado, ensimismado en discusiones que no vienen al caso de los problemas de verdad, mientras el país y los valores que nos definieron como nación se nos van al descenso.

Cómo se extraña aquel viejo Uruguay.

Un chiste muy en boga hasta no hace muchos años –bien fundado– decía, ante la pregunta de qué se podría hacer si estuviera por acabarse el mundo, que la mejor opción era: “me voy a Uruguay”. Y ante la inevitable pregunta del porqué, la respuesta era de que “porque lo que ocurre en el mundo llega veinte años más tarde”.

Pero en este mundo globalizado y los nuevos tiempos, las cosas han cambiado, pues la globalización, entre otros aspectos positivos y negativos implica que en la mayoría de las cosas, estamos al día en avances tecnológicos y en conocimiento de lo que pasa en el resto del planeta, así como de la llegada de los sucesos, para bien o para mal.

Y en materia de empleo, la tendencia de los últimos años indica que se vienen destruyendo puestos de trabajo en la industria y en determinados sectores productivos, donde el impacto del costo de la fuerza laboral en la ecuación de las empresas nos deja fuera de competencia en los mercados para exportar.
Un convidado de piedra inevitable, a esta altura, porque tiene que ver también con el avance tecnológico y la eficiencia de las empresas, es la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), una herramienta que está cada vez más a nuestro alcance, pero que asimismo tiene sus bemoles, porque bien utilizada es un instrumento extraordinario, pero con incidencia negativa si por ejemplo se utiliza mal. Por ejemplo, cuando se usa extensamente por estudiantes que tratan de cortar camino en sus estudios y exámenes.
A la vez, la irrupción de la Inteligencia Artificial en el ámbito laboral está redefiniendo el concepto de empleo en todo el mundo, y en nuestro país, aunque lo tenemos en forma incipiente todavía, no va a ser una excepción. Estamos inmersos en una transición del mercado en la que de acuerdo a las previsiones de los analistas la capacidad de la IA para reducir puestos de trabajo parecería superar con creces la velocidad a la que se están generando las nuevas oportunidades asociadas a esta misma tecnología.
Esta perspectiva también ejerce una presión económica y social sobre determinadas actividades, tanto en los que están actualmente trabajando como así también sobre aquellos que intentan reinsertarse o, peor aún, aquellos que recién comienzan su camino profesional en un mercado que, lejos de expandirse, parece encogerse peligrosamente como consecuencia de esta tecnología.

No nos llamemos a engaño, este desafío se ha planteado recurrentemente en la historia de la humanidad: siempre ha habido alguien que se ha sentido amenazado por el discurrir de los avances tecnológicos, en el área que sea. Pasó con la revolución industrial, en la que la producción de tipo artesanal dio paso a la fabricación y armado en serie a gran escala, más adelante con la computación, luego con la robotización, que sustituyó a trabajadores en soldadura, precisión y armado de los componentes de industrias como la automovilística y la electrónica, y así sucesivamente. Es decir, la historia indica que planteado el desafío, se llegó gradualmente a la reconversión y adaptación de las piezas en el tablero. Y cuando se observa esta evolución con la perspectiva de los años y las décadas, se infiere que el camino que se tomó era inevitable, por más inquietud y zozobra que se haya vivido en el momento por quienes han padecido estos cambios en carne propia de una u otra forma.

Con la IA este desafío es precisamente a la vez el presente y el futuro, y de ahí que para vastos sectores de actividad la incertidumbre por lo que ocurra ante el futuro sea un hecho real y peor aún, desconocido y de difícil pronóstico a priori.

Vamos a situarnos en el mundo; si echamos un vistazo a las cifras recientes, la tendencia es clara. La ola de despidos ha ido creciendo en Estados Unidos, con más de 806.000 recortes de empleo anunciados en lo que va de 2025, la cifra más alta para ese período desde 2020, según datos de Challenger, Gray & Christmas, aunque naturalmente, no todo es culpa de la IA ni mucho menos.

Pero ya las compañías se suman a esta “era de eficiencia de la IA”, a menudo optando por más recortes y menos contrataciones. A setiembre de 2025, el total de recortes específicamente atribuidos a la Inteligencia Artificial ascendió a 17.375, sumándose otros 20.219 cortes atribuidos a “Actualizaciones Tecnológicas” que, probablemente, incluyen la implementación de IA. Esto se contrapone con el crecimiento y valoración del mercado corporativo de ese mismo país. Mientras la valoración de las empresas crece, y sus estructuras logran escalas tecnológicas, el empleo se contrae.

En mayor o menor medida, este escenario se da sobre todo en las naciones desarrolladas y naturalmente en las filiales en otras partes del mundo de las grandes corporaciones, fundamentalmente, a partir del común denominador de empresas que se van actualizando más rápidamente que otras, tanto en la producción de bienes como de servicios, entre otras áreas, pero es evidente que esa marea tecnológica es imparable, sobre todo porque en el plano de la competencia y la búsqueda de la eficiencia, la aplicación progresiva de la IA se impone por la contundencia de los hechos, aunque no en todos los sectores por igual.

El punto es que mientras las compañías se suman a esta “era de eficiencia de la IA”, la creación de empleo no logra seguir el ritmo y esta tendencia parecería estar replicándose globalmente.
Todo indica que para 2030 el porcentaje de tareas humanas reemplazadas por tecnología crecerá un 76%. La complejidad de esta transición golpea con particular dureza a dos grupos vulnerables: los trabajadores desplazados que buscan reinsertarse y, críticamente, los recién graduados universitarios, solo por mencionar los grupos más notorios.

Para los desplazados, el desafío no es solo encontrar un nuevo trabajo, sino encontrar uno que no caiga rápidamente víctima de la siguiente ola de automatización.

Históricamente, el desempleo causado por la adopción de tecnologías que ahorran mano de obra ha sido relativamente marginal y temporal, tendiendo a desaparecer en un par de años a medida que surgen nuevas ocupaciones. Por ejemplo, el 60% de los trabajadores actuales están en ocupaciones que no existían en 1940, lo que implica que más del 85% del crecimiento del empleo desde entonces ha sido resultado de la creación de puestos de trabajo impulsada por la tecnología.

En resumidas cuentas, la promesa de que la IA creará más trabajos de los que destruye sigue siendo, por ahora, una promesa de largo aliento que contrasta con la realidad inmediata de los despidos y la falta de oportunidades para las nuevas generaciones en diversas áreas. El desafío inmediato es mitigar el impacto de esta transición, proporcionando las herramientas de reconversión necesarias para los desplazados y asegurando que la IA contribuya a potenciar la eficiencia y no excluya masivamente la intervención del factor humano.

El Censo nacional de 2023 registró 1.448.224 perros y 691.844 gatos en todo el país, que totalizaban en aquel año 2.140.066 animales de compañía en los hogares particulares censados con residentes presentes. De esta forma el 67,2% de todas las viviendas contabilizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas –uno de cada tres hogares– contaba con al menos un perro o gato como mascota. También, de acuerdo a este censo, había más de 300.000 animales viviendo en la calle.

Si bien no hay cifras actualizadas, claramente la tendencia es creciente por ausencia de campañas de concientización sobre castraciones y colocación de chips –obligatorios por ley– así como de adopciones que desalienten el abandono en la vía pública.

En la Cámara de Diputados hay distintas iniciativas para establecer sanciones a los casos de maltrato extremo. En los últimos días se sumó el proyecto de ley del diputado Walter Verri, presidente de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, para la modificación de los artículos 288 y 358 del Código Penal, además del literal N del artículo 16 de la Ley N° 18.471.

El artículo 288 sanciona a quien, mediante violencia o amenazas, obliga a otra persona a hacer, tolerar o dejar de hacer algo. El legislador propuso que la sanción también se aplique “cuando el daño se ejerza mediante la lesión grave o muerte” de un animal de compañía “con el fin de causarle un perjuicio significativo a una persona o al propio animal”.

El artículo 358 refiere al delito de daño. Sanciona a quien destruye, deteriora o inutiliza una cosa ajena que se castiga con multa, a excepción de algún agravante específico. El diputado Verri plantea que la pena pase de tres a 24 meses de prisión, “Si el delito de daño se cometiere mediante la lesión grave o la muerte de un animal de compañía” tanto para perjudicar a una persona, así como para provocar “un perjuicio significativo al propio animal”.

El literal N del artículo 16 de la Ley 18.471 –de Tenencia Responsable y Bienestar Animal– define que el INBA reciba y diligencie denuncias por maltrato y abandono de animales, junto a la coordinación con distintas autoridades. El proyecto asigna la “facultad expresa” de presentar una denuncia penal o administrativa, incluso cuando los autores o propietarios de los animales sean desconocidos.

La iniciativa parlamentaria responde a un reclamo social que se ha manifestado en las calles a raíz del impacto y alarma pública que despertaron algunas situaciones de maltrato extremo con el objetivo de provocar un daño mayor en el propietario del animal.

En forma paralela se manifiestan de manera reiterada los productores ovinos que padecen los embates de jaurías en distintos puntos del país. Y lo hacen público de tal forma que en Cerro Largo, un damnificado dejó sus ovejas destrozadas por perros en la puerta de un medio de comunicación para visibilizar una problemática que, al menos por ahora, no tiene solución.

En el Código Rural, el artículo 125 de la Ley 10.024 aprobada en 1941, dice: “Los propietarios u ocupantes tienen el derecho de matar a los perros ajenos que encuentren en sus poblaciones o cerca de sus ganados, cuando aquellos no acompañen o sigan a sus dueños o cuando, acompañándolos, se les separen para hacer daño o mezclarse con los ganados y molestarlos”. Incluso define que “los daños y perjuicios que ocasionen los perros serán indemnizados por sus dueños”.

Sin embargo, el productor afectado que tome esa medida, sabe que deberá efectuarlo conforme a la normativa sobre tenencia y uso de armas de fuego. Y además deberá soportar una implacable condena social que seguramente hará sentir su peso a través de las redes sociales, incluso mediante escraches que poco tienen de racionales.

Junto al abigeato, los ataques de jaurías son las denuncias que tienen mayores registros en la seguridad rural y en determinadas zonas del país se ha vuelto endémico. A pesar del aporte de fotos y videos e identificación de responsables, la situación no ha mejorado.

De ahí la desazón, el enojo y el sentido de desamparo entre quienes invierten tiempo, dinero y esfuerzo para ver diezmadas sus producciones en escasas horas. Pero las jaurías no surgen de la nada, sino de la irresponsabilidad por abandono de quienes salen a cazar y dejan los animales en el campo, o de quienes los usan para el trabajo campero y luego permiten que salgan a otros predios. Si las sanciones no se aplican, todo esfuerzo será estéril y asistiremos nuevamente a la “letra muerta” de las normativas que están vigentes. Este es el escenario actual, donde los cambios reales aún no se ven en el horizonte inmediato. Porque los problemas que hoy tiene ese sector de la producción nacional, no son del rubro ovino sino de la sociedad en su conjunto.

Lo mismo sucede en las ciudades y centros poblados de todo el país, donde perros y caballos deambulan en las calles y no pasa nada, amparados en que no tienen marca ni otros registros que individualicen a un responsable.

La ley de Tenencia Responsable y Bienestar Animal atribuye responsabilidades a quienes tengan animales a su cargo, sean o no sus propietarios y establece la obligatoriedad de la identificación y castraciones. También apunta sobre esa persona para la reparación de los daños que el animal pueda provocar a otro animal o persona. De acuerdo a la ley, debe impedir su permanencia en la vía pública sin supervisión directa y enumera las sanciones que van desde multas económicas, a la confiscación, cancelación o suspensión de autorizaciones, permisos o habilitaciones, así como la prohibición temporal o definitiva de tenencia de animales. El gran tema es que a veces no se lograr identificar al dueño para aplicar esta ley. Y si son identificados, tampoco son llamados a responsabilidad, porque el animal suele ser una herramienta de trabajo de personas vulnerables, por lo que todo se les perdona o tolera.

En Uruguay, mientras hay personas para hacer cumplir las leyes, parece que en algunas cuestiones puntuales, no contaran con los mecanismos para ejercer su control.

En febrero de este año realizamos un relevamiento de lo que había sido la gestión del Vertedero Municipal bajo la gestión del intendente Olivera. Ahí señalamos que la empresa Sandeco formuló una iniciativa privada que culminó con un llamado a licitación, que terminó ganando.

Ahora, de acuerdo a esa licitación, lo que puso la IDP para que esa empresa ingrese a gestionar el lugar, es literalmente descomunal y ruinoso, pues adquirió con un crédito otorgado por el Ministerio de Ambiente, sin informe técnico previo y sin licitación pública, la máquina encapsuladora por una suma de 550.000 dólares ($24.750.000), construyó en el Vertedero la obra civil para entrar los camiones a la planta, hizo la planta en su totalidad con un costo de 391.000 dólares ($17.595.000).

Además, pone los camiones de recolección de residuos para que todos los días se le entreguen a la empresa 80 toneladas de basura donde ella diga, se le paga el salario a los trabajadores que la recogen, se paga el gasoil, aceite, las cubiertas, el seguro de los camiones, se le tiene que comprar las bolsas para encapsular los residuos, se le da el lugar físico donde enterrar las mismas (el actual Vertedero), se le paga un canon por determinada cantidad que sepultan, y si todo esto fuera poco, la empresa se queda con todo el material reciclable de esas 80 toneladas diarias para que las negocie en su beneficio, material reciclable muy redituable en dólares americanos.

Ahora bien, este es un pésimo negocio para todos los sanduceros, pues terminamos poniendo de nuestro bolsillo mucho más de un millón de dólares, pero se quiso vender como un modelo de gestión de los residuos, que era la panacea, como una gran inversión privada, cuando acá lo que existe es un monumental dispendio de los recursos públicos. A pesar de las críticas continuas que hemos hecho a esta situación, nos hemos cansado de ver al intendente Olivera diciendo que esto era un éxito, es más, pocos días antes de las elecciones municipales lo observamos comparecer en el Vertedero y hacer una conferencia de prensa diciendo poco menos que en ese lugar se podía vivir, cuando por otro lado, los trabajadores hicieron público los incendios que en ese momento se verificaban, pero que no fueron tomados por las cámaras de la prensa. Las denuncias de vecinos, de ediles, sobre la acumulación descomunal de basura en el ingreso al lugar donde trabaja la empresa, las continuas roturas de la máquina encapsuladora sin repuestos para su reparación, la ausencia total de reciclado que se podía observar con las cápsulas desparramadas sin enterrar y abiertas por efecto del abandono, los sistemáticos incendios de la basura acumulada, el cierre compulsivo de la Cooperativa de reciclados que existía en el lugar contiguo al Vertedero, todo esto no fue suficiente para que el intendente Olivera tuviera la humildad de reconocer que se estaba gestionando mal el sitio; lo reitero, se redobló la apuesta, pretendiendo que todo era un éxito hasta ayer mismo.

Simultáneamente, los trabajadores de Sandeco hace años que reclaman por su situación laboral, donde no se les paga siquiera el salario mínimo en fecha, a lo que se suma deudas de todo tipo, ausencia de medidas de seguridad en el trabajo y demás. Si todo esto fuera poco, hace mucho tiempo que Sandeco viene no solo gestionando mal el lugar, sino que dando claras muestras de que era un fracaso económico su gestión. En estas páginas nos enteramos por quien era el secretario general en ese momento, que la empresa había cambiado de propietario, asunto que nunca se regularizó ni se comunicó en forma a la población o a la Junta Departamental. A eso se suma que la Sociedad Sandeco, también en estas páginas, anunció la realización de la asamblea de socios y entre los temas a tratar estaba la posibilidad de llamar a un concurso de acreedores, vale decir, las luces rojas sobre la salud de la empresa estaban hace mucho tiempo encendidas.

También quiero agregar, que en su momento cuando con Mario Díaz realizamos un pedido de acceso de información pública, se nos dijo que Sandeco había invertido la friolera de 700.000 dólares en el Vertedero, una mentira que queda al descubierto con los resultados a la vista. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hacer ante esta nueva realidad? Pues es muy fácil, acá lo que se le debe a la población son explicaciones, cuentas, el gobierno departamental, y su responsable último, deben explicar cómo se llegó a esto, cómo es posible que en campaña electoral esto era él éxito, y hoy es necesario rescindir para no poder en peligro la salubridad de los sanduceros, eso y más es lo que hay que explicar. Como lo dije en su momento, y lo reitero ahora, lamentablemente, las mentiras tienen patas cortas.

Y AHORA… FUNDACIÓN A GANAR

La improvisación de la IDP y del intendente Olivera en el tema Vertedero ha llegado a niveles que jamás hubiéramos creído que llegara. A la crónica de una muerte anunciada con el desastre de Sandeco, empresa a la que acaban de rescindirle en contrato por innumerables incumplimientos que ignoramos cuáles fueron, pero que pusieron en peligro la salubridad de los sanduceros, se suma ahora la irresponsable decisión de confiar la gestión del Vertedero Municipal a la Fundación A Ganar.

Nos preguntamos, ¿qué experiencia tiene esta fundación en gestión de un sitio de disposición final de residuos de una ciudad como Paysandú, con 80.000 habitantes y como más de 80 toneladas de residuos domiciliarios diarios? Y cualquiera puede responder: ninguna. Desde que la IDP deposita la gestión del lugar que impacta más fuertemente en el medio ambiente departamental, en una organización que se dedica a administrar personal, somos conscientes los sanduceros del disparate que se está haciendo. O tal vez lo que se encubre con esto es el fracaso absoluto de Sandeco, y para no absorber a los funcionarios que dejó en la calle de forma vergonzosa, se opta una vez más por la fundación como hombre de paja para que tome a esos trabajadores vaya uno a saber bajo que modalidad contractual, de forma de eludir, también acá, los aportes patronales.

Se puso a la salubridad de los sanduceros en riesgo, pero Olivera no ha dado una sola explicación de lo que ha pasado, simplemente comunica la rescisión y más nada, pero digo yo, ¿no es necesario que se explique lo que pasó, cuáles son los incumplimientos de Sandeco, cómo se los constató, qué se hizo para corregirlos? ¿No será hora de que se explique este desastre? Porque no podemos olvidar que este modelo de gestión con máquina encapsuladora etcétera, es propiciado por Sandeco con una iniciativa privada que la IDP aceptó, y esto –a las pruebas me remito– fracasó, y la IDP va a seguir insistiendo más allá de la prueba que tiene en un modelo que no sirve.

En fin, creo que acá no sólo se deben explicaciones, se deben cuentas y muchas auditorías.

Federico Álvarez Petraglia

La concentración de riqueza entre los estadounidenses más ricos ha alcanzado niveles inimaginables. Pero también la influencia de los multimillonarios en la política. El presidente Joe Biden señaló que existe una concentración peligrosa de poder entre unos pocos ultrarricos, los “del complejo industrial tecnológico”, generando un riesgo para la democracia. Nos toca vivir la era de la exacerbación de los ricos por el poder.
En ocasión de su último discurso desde el Salón Oval, Biden con el tono calmo pero el ceño fruncido, advertía que se estaba formando nueva oligarquía estadounidense, de unos pocos multimillonarios tecnológicos que han logrado una “peligrosa concentración de poder”.

Las palabras de Biden recordaron al presidente Dwight D. Eisenhower que en su discurso de despedida del 17 de enero de 1961 tras ocho años en el gobierno, dio su alerta a sus compatriotas acerca del “complejo militar-industrial”, que jaqueaba el futuro del país. Hablaban del mismo riesgo democrático, seis décadas después, con “seis décadas” de agravamiento.

El hombre al que habían hecho renunciar a intentar un segundo mandato, afirmaba que “se está formando una oligarquía en Estados Unidos de extrema riqueza, poder e influencia que realmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertad básicos, y una oportunidad justa para que todos avancen”. Fue la última ocasión en la que Biden habló a sus compatriotas desde el Despacho Oval. Habló en términos conceptuales, para la historia.

“Los estadounidenses están siendo sepultados bajo una avalancha de desinformación, lo que permite el abuso de poder… (y) la prensa libre se está desmoronando. Los pilares están desapareciendo. Las redes sociales están renunciando a la verificación de hechos”.

La advertencia de Biden incluía el peligro de la inteligencia artificial y abogó por garantizar controles sobre lo que llamó “la tecnología más importante de nuestro tiempo… debemos asegurarnos de que la IA sea segura, confiable y buena para toda la humanidad. En la era de la IA, es más importante que nunca que el pueblo gobierne y, como tierra de la libertad, América, y no China, debe liderar el mundo en el desarrollo de la IA”.

Por aquellos días, la decisión unilateral de Facebook de eliminar su programa de verificación de hechos y la reducción de restricciones a los debates sobre temas polémicos como la inmigración y la identidad de género, otorgándole a las legiones de conservadores una victoria contundente y fácil.

Dos características…

Profundidad y amplitud: pensar con profundidad es pasar de la apariencia a la esencia, es captar lo esencial, lo que explica un fenómeno desde dentro. Profundidad refiere a identificar las contradicciones que lo mueven, a comprender su dinámica histórica y su proceso de transformación. Y pensar con amplitud es poner el fenómeno en relación con otros, evitar el análisis fragmentado y comprender el objeto como parte de un sistema más amplio.

La dialéctica exige siempre ambas. En síntesis, profundizar es captar la esencia y las contradicciones internas. Y amplitud, es captar el conjunto de relaciones y mediaciones que forman el todo. De lo que se trata, entonces, es de combinar profundidad, es decir esencia, con totalidad, o sea, amplitud.

El condicionamiento económico

Nos ha tocado un tiempo signado por profundas divisiones asociadas a una concentración de riqueza y poder. Según el Washington Post, el involucramiento directo de los ultrarricos en cuestiones partidarias ha sido incremental. Entre los años 2000 y el 2024, los aportes de los 100 estadounidenses más ricos en elecciones federales se han multiplicado casi por 140, mucho más de lo que crecieron los costos de las propias campañas.

Desde otra perspectiva: esos aportes del año 2000 representaban casi una cuarta parte del 1 por ciento del costo total de las elecciones federales. En el 2024, significaron el 7,5 por ciento, aun considerando que el costo total de esas elecciones se disparó. Un total cercano a los mil millones de dólares.

Concentración acelerada

En la medida que el proceso de concentración de la riqueza fue avanzando, concomitantemente se consolidaban cambios políticos, legales y económicos que reflejaron los cambios en la relación entre la riqueza y el poder político en Estados Unidos. Las revoluciones tecnológicas y de mercado de las últimas décadas han creado riquezas a una velocidad y escala sin precedentes. Esa relación intensa y algo promiscua introdujo cambios como la extinción de las restricciones a la financiación de campañas tras el Watergate, despejando el camino para que los donantes contribuyeran con dinero ilimitado a las elecciones. En consecuencia, las estructuras partidarias, y en particular, la respuesta de los ultrarricos, se retroalimentaron. Los organismos reguladores de financiación de campañas insisten en que el gran dinero está aumentando los costos de campaña y al mismo tiempo devaluando la confianza pública en la democracia.

Otros ricos

¿Cambió mucho la economía de EE.UU. entre 2000 y 2024? Si, y las empresas más valorizadas son otras, y sus búsquedas también. La economía estadounidense pasó de estar dominada por colosos industriales, energéticos y de telecomunicaciones (GE, Exxon, Lucent) a ser controlada por gigantes tecnológicos y algorítmicos (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet). Una economía que saltó del acero y la turbina al chip y al algoritmo.

En 2024, Meta gastó, según Axios, U$S 24,2 millones reflejo de su preocupación en la regulación de IA, redes sociales, privacidad, moderación de contenido. Amazon, según la misma fuente, contabilizó U$S 4,5 millones, vigilantes de las normas de comercio, impuestos, regulación digital, logística y trabajo.
La democracia del siglo XX fue una democracia de partidos; es decir, de asociaciones voluntarias que canalizan las inquietudes sociales, elaboran programas, definen aspiraciones e incluso utopías, y articulan la representación. El votante elegía liderazgos validados en internas.

Esa democracia que ha funcionado a través de partidos, imperfecta y reflejo de las contradicciones de la propia sociedad así como del juego de intereses, expresaba la voluntad popular a través de elecciones con garantías. En su versión saludable, la democracia de partidos proporciona previsibilidad institucional, claridad programática y continuidad en la formulación de políticas públicas.

Pero Estados Unidos y también otros países centrales abandonaron ese modelo. Lo que hoy tienen es una suerte de “autoritarismo electivo de élite” o “hiperpresidencialismo oligárquico” como se ha comenzado a llamar al fenómeno Trump. Un proyecto basado en la expansión del poder presidencial en todos los ámbitos desconociendo la independencia de los poderes del estado, un apoyo financiero concentrado hasta niveles sin precedentes, y partidos como cascarones. Un sistema basado en la concentración de la riqueza y el poder, ya sin garantías constitucionales ni equilibrios de poderes.

Pero sustentado en la inestabilidad y la imprevisión de un presidente envejecido e impaciente. Así es el hiperpresidencialismo oligárquico de Trump.

(Apuntes de un viaje).
El miércoles fui a Casupá.
Hacía unos 15 años que no iba. Allí nací, fui a la escuela y al liceo; en el ’59 vine a estudiar a Montevideo. En el ’63 con cuatro amigos fundamos en Casupá un quincenario (Impulso). En Casupá están enterrados mis padres.

Me lo tenía prometido. Con Sandor Díaz, amigos de siempre, programamos un viaje para el 7 de marzo del 2020; lo postergamos para el 14: y se declaró la pandemia. Habíamos convenido comidas con unos catorce amigos. Hoy, de aquellos, quedan unos cuatro; como decía Barry, ahora se muere gente que antes nunca se moría. Tenía que decidirme; no sea que con el proyecto de Ortuño lo tape el agua y no lo vea más.

Fui por el día: muy poca gente para prosear del pasado. Sumamos en Casupá a Yiliam Tejera, amiga de la niñez, gran directora del Liceo por años. Quería ver la casa que hicieron mis padres y, a pocos metros, la casa en que nací; están impecables. Ver la plaza, con foto del obelisco, y la Iglesia: la parroquia María Auxiliadora en la que tomé la comunión el 8 de diciembre de 1950.

Y la Escuela de Casupá, me atendió muy gentil su directora. ¡Qué joven!; la Sra. María Elena, la directora que nos recibió cuando fuimos con mamá aquel 15 de marzo de 1949, parecía más grande. Fui a mi primer salón de clase, para mi estaba igualito y como que se me nubló la vista. Lo mismo me pasó en aquél entonces cuando vi alejarse a mamá, y yo, de la mano de mi primera maestra, la Sra. Hilda López, quedé allí, solito. Sabía escribir mi nombre en mayúsculas –DANILO– y con la D al revés, lo único.
Allí me enseñaron a leer y a escribir; se los debo todo.

Luego a comer una “milanesa Don Braulio”, en el restaurante que fue de Braulio Fachelli, padre de un compañero de clase. Si habré comido de esas milanesas de chico: eran famosas. Una nieta regentea el negocio, heredó la mano.

A fines de los ’60 yo trabajaba en la sección de política y gobierno de La Mañana; una noche me llamó el Dr. Justino Carrere Sapriza. “Qué dice senador. Mi querido amigo Arbilla, sabe que hoy estuve en su pueblo de paso para el campo, paré para a comer una estupenda milanesa en lo de Fachelli. Y sabe quiénes estaban en otra mesa, Washington Beltrán y Titito y Mario Heber.
Qué éxito las milanesas; le comenté”. Carrere me despabiló: No será que iban para Cerro Colorado a hacerle alguna propuesta al Dr. Alberto Gallinal para judear a Wilson.

Fue el título del diario.

Casupá ha crecido y lo ha hecho bien. Prolijo y lindo.
Les cuento algo más: sucedió también en la redacción de La Mañana. Había venido de visita el Dr. Cyro Giambruno, gran caudillo riverista. Todos lo festejaban. No sé porqué alguno se refirió al “canario de Casupá”. Yo tecleando. Don Cyro se acercó y me preguntó: ¿Ud. es de Casupá?, lo que le confirmé con la cabeza. Entonces el veterano político alzó algo la voz y recitó: “En el mundo hay tres lugares: París, Londres y Casupá”. Algunos rieron y los paró: “he sido embajador en Europa y soy de Fray Marcos, el pueblo rival y sé lo que digo: los días más felices de mi juventud los pase en Casupá, ¡qué carnavales!, ¡que bailes!, y la milonga” (y se extendió un poco en detalles). Todos atentos y calladitos, Don Cyro hizo un ademán como abarcando el firmamento y abundó: “Cuando yo era joven, Casupá brillaba”. PD: Estos apuntes quizás sirvan a mi bisnieto, para que sepa “de dónde” por si se lo lleva el agua. Ponga
cuidado ministro, estúdielo bien, por favor.

En cada elección nacional y departamental se repiten, una y otra vez, las mismas prácticas y promesas clientelísticas: se compran votos con dinero, se paga por colocar carteles en el frente de las casas o por asistir a actos (en los cuales se pasa lista bajo la amenaza de perder el trabajo si no se concurre), se prometen cargos que llagarán tarde, mal o nunca y por sobre todo se juega con la necesidad de la gente, corrompiendo la política y debilitando la democracia como sistema de convivencia. Quienes defienden esas prácticas responden, como si de un mantra se tratara, “que eso siempre pasó”, “que así es la política” y que “eso nunca va a cambiar”. Uno de los problemas que afrenta América Latina en su conjunto es, precisamente, la debilidad (cuando no la carencia) de instituciones fuertes que se ven opacadas por los liderazgos caudillistas que han gobernado nuestro continente desde antes de su proceso independentista. En efecto, en América Latina (y la famosa “Patria Grande” que no se concreta por nuestras propias debilidades) sobran personalidades fuertes, falta de controles, corrupción y arbitrariedad sin importar los partidos que gobiernen, pero falta institucionalidad democrática.

Los investigadores María Victoria Murillo, Steven Levitsky y Daniel Brinks consideran que “la debilidad de las instituciones políticas socava tanto el desempeño económico como la estabilidad y la calidad de la democracia y que América Latina existen incentivos para crear instituciones débiles”. Para estos autores, “una institución fuerte es aquella que modifica lo que sucedería si la institución no existiera, es decir, que logra cambiar el comportamiento de los actores, cumpliendo con ello el objetivo para el cual fue creada”.
Los académicos mencionados destacan, asimismo, “los factores que provocan la debilidad institucional, esto es, el incumplimiento, la inestabilidad y la insignificancia. El incumplimiento ocurre cuando los actores relevantes ignoran a la institución en lugar de cumplir con sus disposiciones, reduciendo con ello la influencia que puede tener en su comportamiento. ¿Cómo se incumple con una institución”? Murillo, Levitsky y Brinks identifican diversas causas: “en primer lugar, se encuentra la no aplicación por parte del Estado, y sucede, por ejemplo, cuando los funcionarios locales se niegan a ejecutar sus disposiciones.
En segundo lugar, la aplicación selectiva sobre algunos individuos o grupos, la cual se puede facilitar incluso desde el diseño mismo de la institución al establecer ambigüedades que permiten que los responsables de la institución actúen con gran discrecionalidad. De igual manera, la ausencia de sanciones fuertes a quienes no cumplan con lo dispuesto por la institución se convierte en un incentivo para ignorar o desafiar a la institución. (…) Por último, la insignificancia se refiere a aquellas instituciones de las cuales se acepta cualquier resultado que se obtenga. De modo que, si la institución no existiera, se seguiría produciendo el mismo resultado en los actores relevantes. Por lo tanto, estas instituciones son triviales ya que no cumplen un papel efectivo como guías del comportamiento de los actores”.

Un ejemplo claro de la debilidad institucional mencionada es la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la cual es un servicio descentralizado, que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura y tiene, al menos en teoría, independencia técnica en el ejercicio de sus funciones. Tiene personería jurídica. La dirección y administración de la Jutep es ejercida por un Directorio integrado por tres miembros rentados: un Presidente, un Vicepresidente y un Vocal, que serán designados por el Presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la Cámara de Senadores otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral. El desempeño de la Jutep en diversos casos en los últimos años ha dejado en claro que se trata de un organismo al servicio del partido gobernante de turno para justificar desde decisiones políticas o hasta de dudosa legalidad (poco importa si es el Partido Nacional, el Frente Amplio o la ya deshilachada Coalición Republicana); en todos los casos la Jutep dice, hace y vota en favor del gobierno que se encuentre en el poder. De acuerdo con su página web, la Jutep “es el órgano autónomo encargado de propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción, recibir y custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados legalmente a su presentación, difundir los principios de la ética pública y la normativa anticorrupción y atender los compromisos internacionales asumidos por el país en las convenciones y convenios vinculados a la materia”.

Ante tantos papelones de la Jutep, referentes de diversas tiendas políticas se han manifestado sobre la posibilidad de modificar la institucionalidad de ese organismo cuyo desprestigio, falta de rigor y capacidad de ser influenciado poco llaman la atención a cualquier ciudadano. En efecto, Pedro Bordaberry presentó una propuesta para cambiar el diseño institucional de la Jutep a través del proyecto de presupuesto, mientras que el nacionalista Martin Lema y hasta el ministro de Educación y Cultura se manifestaron al respecto. Como en tantos temas nacionales (salud, seguridad, educación, pobreza infantil) es urgente un acuerdo político a nivel parlamentario para rescatar a la Jutep de la propia dinámica perversa a la cual la obligaron los que hoy se rasgan las vestiduras mientras piden (o aceptan) supuestas modificaciones.

De otra forma, el organismo que debería velar por la transparencia y legalidad en el sistema político no será más que una herramienta para justificar maniobras turbias, un camino que poco favor le hace a la democracia y que a la postre termina erosionando la credibilidad de todo el sistema político.

Con el reciente fallo donde los políticos al frente de la Jutep terminaron respaldando la claramente inconstitucionalidad de la función de Alvaro Danza al frente de ASSE –que además fue señalado por el informe técnico llevado a cabo por la propia Jutep–, quedó en evidencia la imperiosa necesidad de cambiar el funcionamiento del organismo o en su defecto, de eliminarlo. El papelón ya se hizo y al mejor estilo venezolano –donde de igual forma el Consejo Nacional Electoral “decretó” el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024–. Evitemos seguir avanzando en ese sentido, porque ya sabemos cómo termina la historia.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) presentó ante el Congreso de Intendentes su Plan Quinquenal y anunció la creación de una Policía Territorial. En la reunión con los jefes comunales, la delegación ministerial fue encabezada por el ministro interino y exintendente de Montevideo, Christian Di Candia, acompañado por la directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio; la directora de Integración Social y Urbana, Silvana Nieves; y el director de Vivienda, Milton Machado. Los jerarcas expusieron las principales líneas de acción para este período, reunidas en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, y destacaron la importancia de trabajar “en conjunto con los 19 departamentos para transformar los territorios y mejorar el acceso a la vivienda”.

La directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, señaló que es necesario contar “con herramientas de gestión que permitan a los gobiernos departamentales trabajar en la transformación efectiva de los territorios”. Uno de esos instrumentos es la cartera de tierras. Paysandú —no sin discusiones en el proceso— es un ejemplo de cómo un gobierno departamental puede involucrarse en estos mecanismos, a través de la gestión de los terrenos de la desaparecida Paylana, hoy convertidos en un espacio residencial tras la construcción de distintos complejos de viviendas en un predio con historia industrial. Se espera que cada intendencia aporte a la conformación de un sistema de carteras de tierra. En ese sentido, Florio afirmó que “todos los departamentos cuentan, en distintas medidas y escalas, con carteras de tierra, y la idea es trabajar junto a los gobiernos departamentales y nacionales para construir una cartera que las integre a todas”.

Otra herramienta anunciada es la creación de una Policía Territorial, una repartición que, “mediante el uso de inteligencia artificial e imágenes aéreas, permitirá a las intendencias monitorear los territorios para evitar la generación de nuevos asentamientos”. Florio explicó que este dispositivo permitirá a los gobiernos departamentales impedir ocupaciones irregulares o incumplimientos normativos, con el objetivo de proteger el suelo y evitar nuevas instalaciones precarias. También en esta área Paysandú tiene experiencia, pues fue de las primeras intendencias en contar con una inspectoría territorial, aunque sin el apoyo tecnológico anunciado ahora, sino mediante personal que recorría las zonas donde se habían erradicado asentamientos.

¿Cómo funcionará? Hoy las ocupaciones ilegales se conocen cuando llegan denuncias, es decir, cuando el hecho ya se concretó. El Ministerio asegura que, con este nuevo instrumento, se podrá actuar de forma anticipada gracias a un sistema de monitoreo permanente. “La inteligencia artificial permitirá identificar la variación del suelo, es decir, cuánto cambió de un vuelo a otro, y detectar si esa variación es producto de una intervención humana y si implica un problema”, explicó la directora.

Por otra parte, en el encuentro con los intendentes se anunciaron las líneas de acción para el período, que incluyen la firma de nuevos convenios en materia de instrumentos de ordenamiento territorial nacional y el inicio de la zonificación para vivienda promovida, para lo cual se están realizando recorridas por distintos departamentos. Asimismo, junto a la Dinisu, se buscará identificar ámbitos territoriales con capacidad de ser transformados no solo desde la perspectiva de la vivienda, sino incorporando también servicios e infraestructura. La directora nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), Silvana Nieves, indicó que las prioridades están definidas por criterios de inundabilidad, contaminación y precariedad habitacional. “Trabajamos con los deciles más bajos, que atraviesan no solo vulnerabilidad habitacional, sino además múltiples factores que afectan su convivencia, y para quienes contar con un techo digno abre puertas para articular con el resto del Estado alternativas que mejoren sus condiciones de vida”. Destacó también la firma del convenio marco con el Congreso de Intendentes, que habilita a cada comuna a celebrar convenios directos con Dinisu. Según Nieves, “los gobiernos departamentales son socios estratégicos, porque a las familias, a los barrios y a las comunidades las conoce el locatario. Cada territorio tiene particularidades distintas y solo quienes conviven día a día con los vecinos las conocen”. Una afirmación que, vale decirlo, coincide con la crítica histórica de que muchas políticas se diseñan “desde Montevideo” sin considerar las particularidades locales. “Nos vamos a sentar a conversar con cada departamento, teniendo en cuenta datos del INE y de la división de evaluación y monitoreo de Dinisu, sobre las prioridades o los lugares donde, al menos estadísticamente y según los niveles de vulnerabilidad, debemos estar”, agregó.

En la misma línea se expresó el director nacional de Vivienda, Milton Machado, quien definió como clave la articulación con las intendencias, dado que disponen de “determinados recursos y el conocimiento del territorio, de la población más necesitada y vulnerable. Nosotros queremos trabajar para potenciar los recursos nacionales con los departamentales y poder llegar a los ciudadanos más carenciados”.
Ahora bien, de todos estos anuncios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, persiste la sensación de que no se plantearon metas concretas —o al menos no se hicieron públicas— en cuanto a la ejecución de estas políticas. Es cierto que la realidad muchas veces obliga a ajustar lo que se quiere hacer con lo que efectivamente se puede, pero no por eso deja de ser importante establecer un rumbo claro, una brújula detrás de un objetivo. Está fresco aún el recuerdo del incumplido “asentamiento cero” del período anterior, o de las miles de viviendas prometidas en su momento por la entonces ministra. Eran, al menos, compromisos medibles, una vara para evaluarse. Cuando esa vara no existe, siempre es más fácil darse una palmada en la espalda y considerarse satisfecho.