El Ministerio del Interior anunció que este año incorporará 500 efectivos de la Guardia Republicana con una base ubicada en Salto y videovigilancia en siete departamentos, entre los cuales se encuentra Paysandú.
En abril de 2018 el embajador chino en Uruguay, Wang Gang, hizo efectiva la donación de 3.956 equipos de seguridad, de los cuales 1.000 son cámaras de videovigilancia y que en total alcanzan a los cinco millones de dólares. Estos llegarán a fines de enero y comenzarán a instalarse en el Chuy, Aceguá, Río Branco, Rivera, Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro.
A todo esto, se sumarán los efectivos de la Republicana que actuarán entre las rutas 3, 5 y 8. En primer lugar apoyarán el operativo Verano Azul, pero quedarán operativos en los controles de tráfico de armas, personas buscadas por Interpol y narcotráfico.
En un año muy particular, con conflictos sociales detrás de hechos de violencia y delitos que tiene vida propia en estadísticas que destacan su incremento sostenido, aparecen propuestas para su combate que atraviesan por todas las opciones ideológicas hasta instalarse en discursos que se transforman conforme pasan los años. Y así como cambió la mirada oficial sobre el delito –aunque les costó– así también está atenta la oposición a los mensajes de la ciudadanía. No pasa desapercibido para nadie y estos hechos marcan la agenda política casi a diario.
Entonces el punto de vista se enfoca a lo que se hace y cómo se hace, luego de confrontar bastante con las demandas sociales hasta terminar de adoptar lo que reclamaba “la derecha”: una mayor presencia de efectivos en el combate de los grandes delitos y la instrumentación de un sistema que no es inversión pura y dura de un ministerio dotado de mayores recursos presupuestales, en tanto la última Rendición establecía a la seguridad como una de sus prioridades.
Mientras desde el gobierno se machacaba que un mayor incremento de efectivos no sería la solución para bajar los índices delictivos, los vecinos en diversas zonas del territorio, fundamentalmente la zona metropolitana y áreas costeras, se juntaban para establecer su propio sistema de vigilancia casero e instrumentaban grupos unidos por WhatsApp.
A medida que se observaba una mayor legitimidad social en estas formas de actuar colectivas, las autoridades adaptaban su discurso. Y así como un día aseguraron que si la mayoría de los ciudadanos “no estaba vinculado al narcotráfico, al crimen organizado” y “si no tienen problemas importantes de carácter familiar, es muy probable que no les pase nada, casi seguro que no lo van a matar”, otro día reconocían un “corrimiento del delito” y al siguiente proclamaban que los índices no se pudieron bajar por el “efecto noviembre”. Es decir, el nuevo código de proceso penal conspiraba contra la seguridad ciudadana y volvía ineficaz a cualquier esfuerzo para su combate.
Sin embargo, con el paso de los años de este ministro al frente de la cartera de Interior y casi en el último año de la gestión de este gobierno progresista, se confirma la falta de un debate programático en la interna de la fuerza política que pretende ejercer un cuarto mandato. Porque es notorio que el plan se resuelve sobre la marcha basado en los reclamos, en vez de seguir líneas estratégicas de largo plazo. Y las que se siguieron de acuerdo al plan original del Frente Amplio, es obvio que fracasaron todas. Como ejemplo están los operativos Mirador en barrios conflictivos de Montevideo e Interior del país, llevados adelante por un sociólogo del ministerio que reconoce la existencia de un punto de inflexión y se presenta bastante desmarcado del discurso oficial enfocado al olvido social o a la solución a través de planes de contingencia.
Entonces resuelve una mayor presencia en áreas específicas, cuando antes se enfatizaba en la marginalidad y falta de oportunidades a lo largo de las décadas como razón de la delincuencia. Y allí vuelca toda su institucionalidad con rigor y si antes le temblaba el pulso, ahora anuncia que no solo se profundizará dicho accionar, sino que se extenderá a otros departamentos. Parece que el objetivo final no es tanto acabar con la delincuencia, sino lograr un golpe de efecto en la opinión pública en tiempos sensibles.
Como sea, parece difícil revertir la tasa de homicidios y de femicidios, a pesar de los cambios legislativos. Por tanto, no parece real que se logren bajar estos guarismos durante este período aunque se incrementen las medidas.
Como fin último existe la reclusión para quitar de la sociedad a quienes no pueden respetar las pautas mínimas de convivencia. Sin embargo, la cárcel tampoco ha sido la solución porque no “rehabilita” aunque le hayamos cambiado las denominaciones, pasando a ser “institutos de rehabilitación”, o de los esfuerzos que llevan adelante los equipos de sociólogos, sicólogos, con el Ministerio de Desarrollo Social detrás y la mar en coche. En las cárceles –porque es lo que son; no otra cosa– predomina un alto nivel de hacinamiento y la represión, con asesinatos y castigos que ponen en evidencia el doble discurso oficialista.
Si todo funcionase tan bien como se pretende hacer creer, la reincidencia en el delito no sería tan grande.
Es decir, la tecnología de última generación y la capacitación no lograron los cambios esperados, tanto de la población como del propio sistema. También es justo decir que las sociedades modernas tienen una tendencia a exigir resultados inmediatos, que en este caso no aplica porque el actual secretario de Estado lleva ocho años al frente de un ministerio, con una inamovilidad que sorprende a propios y ajenos.
Y además de todo, cuando se pretende dar un giro hacia la acción en lugar de la prevención, quedan serias dudas en cómo se regulará la uso de las armas de fuego en los barrios conflictivos, cuando por su parte quienes están al margen de la ley no tienen restricciones tanto en el uso de éstas ni en el acceso, porque en el mercado negro se encuentra desde una chumbera hasta una subametralladora o una granada.
En todos estos años faltó una estrategia que neutralizara los conflictos sociales y actuara sobre los grandes delitos. Ahora hay que salir como el bombero, a apagar el incendio que estalló en varios niveles sociales, producto de una rutina de confrontación que no sirvió para esconder la realidad.