Mes: junio 2020

En las últimas semanas el diputado por Cabildo Abierto Eduardo Lust, anunció que se está gestando la posibilidad de recrear la “Pay-bancada”, que contaría con seis diputados nacidos en Paysandú, para apoyar al gobierno departamental –independientemente de su color político– para el desarrollo del departamento. De acuerdo con Lust, se pretende “que el intendente electo en setiembre, sea quien sea, si tiene interés que lo ayudemos desde el Poder Legislativo no tenga que asistir solamente al diputado de su partido, la idea es que pueda contar con todos nosotros. Y en eso estamos trabajando (…) la idea es reunirnos a ver si podemos ofrecer algo a esta administración que está en marcha, porque la filosofía es la misma, es indiferente quién es el intendente. Y además conocemos a todos los candidatos, que son buenos, más allá que cada uno defiende su partido, y no tenemos enfrentamiento con ninguno”.
Sin lugar a dudas la iniciativa merece especial atención por parte de todos los sanduceros y especialmente de quienes son legisladores ya que podría transformarse en un gran diferencial para Paysandú, adquiriendo una llegada “de peso” a las autoridades nacionales como hace varias décadas que no se logra y que sin duda sería importante alcanzar. Si bien han existido valiosas y efectivas experiencias de trabajo en conjunto de diputados electos por el departamento de Paysandú, la novedad de esta nueva modalidad radica en que abarcaría a legisladores de otros departamentos siempre y cuando hayan nacido en nuestro departamento. En este mismo sentido César Vega (sanducero de nacimiento y diputado por el Partido Ecologista Radical Intransigente o PERI) ha recibido el planteo de la diputada por el Frente Amplio, Cecilia Bottino, de crear esta “Paybancada”. Es una señal alentadora que la diputada frenteamplista haya dejado su argumentación de que ella es “representante nacional” como ocurriera en ocasión de solicitar recursos para el teatro Florencio Sánchez, cuando destacó que estaba de acuerdo con “lo que decía el diputado (Oscar) de los Santos: ‘mirá si trajéramos al Parlamento cada uno de nosotros las demandas locales’”. Resulta de vital importancia que nada más y nada menos que la expresidente de la Cámara de Representantes, actual diputada y candidata a Intendente Departamental finalmente haya entendido que los legisladores electos por Paysandú y en quienes han confiado miles de sanduceros deben tener en cuenta en primer lugar las preocupaciones y necesidades de sus electores. Al fin y al cabo se trata de cumplir con lo que establece el artículo 88 de la Constitución Nacional, según el cual la Cámara de Representantes se compondrá de noventa y nueve miembros elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a un sistema de representación proporcional en el que se tomen en cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país, correspondiéndole a cada Departamento, dos Representantes, por lo menos. En el texto constitucional no existen diputados nacionales y tampoco partidarios. Los diputados se eligen por un departamento determinado y sus esfuerzos deberían estar orientados al bienestar de su departamento, no al bienestar de su partido.
La idea de que los legisladores se agrupen en base a intereses transversales que superen las rígidas fronteras político partidarias no es nueva, y en nuestro país posee un importante antecedente en la denominada “Bancada Bicameral Femenina”. De acuerdo con lo expresado en el informe “Sistematización de los diez años de la Bancada Bicameral Femenina del Parlamento del Uruguay” que se realizó en el año 2011 con el apoyo del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y de la Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), “las bancadas femeninas en los parlamentos son instancias de coordinación entre legisladoras de diferentes partidos, cuyo cometido principal generalmente es coordinar acciones en pos de una agenda común de promoción y defensa de los derechos de las mujeres y, en muchos casos, fortalecer su práctica política y consolidar su liderazgo”. La esta iniciativa fue impulsada en su momento por las legisladoras Beatriz Argimón (Partido Nacional, hoy vicepresidente de la República), Margarita Percovic (Frente Amplio) y Glenda Rondán (en ese entonces legisladora del Partido Colorado).
En un país centralizado como el Uruguay, resulta fundamental para Paysandú contar con un equipo legislativo que pueda trabajar en Montevideo por los intereses del departamento, especialmente cuando los departamentos deben competir por la asignación de recursos públicos para obra en cada uno de ellos, como sucede por ejemplo con la planta de tratamiento de efluentes de Paysandú, una carencia que parece mentira que se siga arrastrando en pleno siglo XXI. No todos los departamentos cuentan con este tipo de infraestructura y eso es la muestra de la importancia que tiene lograr una masa crítica de legisladores que puedan trabajar por este objetivo.
Basta con mirar a otros departamentos y apreciar los logros alcanzados en diversas áreas para entender por qué resultaría de vital importancia que esta nueva versión de la “Paybancada” se concrete y funcione adecuadamente más allá de las diferencias entre sus integrantes. No podemos quedarnos a la vera del camino mientras los demás avanzan, tal como sucede con Tacuarembó (cuyo Centro de Neurocirugía del Hospital de Tacuarembó o CeReNeT se encuentra a la vanguardia en procedimientos quirúrgicos de alta complejidad al norte del país), Salto (cuyo desarrollo turístico lo ha transformado en una referencia obligada a nivel nacional y regional) o Flores (cuya reserva de Flora y Fauna Dr. Rodolfo Tálice constituye una singular atracción turística, así como cuenta con uno de los 7 geoparques Unesco de América Latina).
Paysandú necesita contar con un equipo de legisladores que, nucleados en la Paybancada, se dedique a trabajar en forma conjunta por los intereses departamentales. Nadie espera ni pide a esos legisladores que renieguen de sus pertenencias partidarias y de su carga ideológica, pero deben recordar que lo que necesita nuestro departamento no son lindos discursos ideológicos, sino trabajo decente para sus habitantes y proyección a futuro. En efecto, los legisladores electos por nuestro departamento y aquellos que han nacido en el mismo deben comenzar a trabajar en forma conjunta cuanto antes ya que no pueden ni deben asistir pasivos a la actual situación económica y social de nuestro departamento.

Un gran proyecto de infraestructura, de la mano de un millonario fideicomiso, se propone dejar este gobierno departamental al que le precederá próximamente luego de las elecciones del domingo 27 de setiembre. A priori, una buena serie de propuestas para mejorar la ciudad y para embellecerla, pero que aún faltan conocer más detalles de ejecución, a la vez que genera la inquietud de la deuda que dejaría para las siguientes administraciones.
El Ejecutivo sanducero, para este cometido, establece un fideicomiso de 200 millones de Unidades Indexadas (UI), equivalentes a 20 millones de dólares a valor actual, pagadero a 24 años y con los tres primeros de gracia, únicamente abonando los intereses.
En lo que denominó como Plan de Infraestructura para el Desarrollo y Generación de Empleo, presentado estos últimos días de la Intendencia de Paysandú, se devela un amplio y ambicioso proyecto en varias zonas de nuestra urbe, que propone conectividad urbana, infraestructura pública, plan de urbanización y créditos a empresarios.
En conectividad urbana se apunta a reacondicionar un tramo de bulevar Artigas, con la incorporación de una ciclovía; el mantenimiento vial con intervención total de pavimentos con hormigón o carpeta asfáltica, y mejora de la accesibilidad peatonal; y jerarquizar la avenida de las Américas, entre otros aspectos.
En reconversión de zonas emblemáticas, se buscará la conexión de la ciudad a través del borde costero, un espacio de las artes y juventud, el acondicionamiento de avenida Brasil y plaza Colón, el acceso al puerto por avenida San Martín, recuperar avenida España así como la plaza Terra, construir una cubierta para la piscina del complejo Camandulli, un espacio recreativo en Nuevo Paysandú, un nuevo paseo denominado “Callejón de la Defensa” y una plaza en el predio de la antigua Paylana.
Por su parte, en renovación de infraestructuras públicas se direcciona a, finalmente, atender el problema de la tribuna Oeste del Estadio Artigas: demolerla y conformar allí un talud; también, acicalar el Estadio Cerrado –la cancha no cumple con las medidas reglamentarias–; rehabilitación de la caja escénica del Teatro Florencio Sánchez; mejoras en los centros termales de Guaviyú y Almirón, y en el barrio Chaplin.
En continuación del plan de urbanización, se planifica intervenir con diferentes acciones en los siete municipios del departamento: Chapicuy, Lorenzo Geyres, Piedras Coloradas, Guichón, Porvenir, Tambores y Quebracho. Por último, en la parte de apoyo a empresarios, el proyecto propulsará, entre otros cometidos, el Fondo Rotatorio de Recuperación Comercial, con el objetivo de lograr revertir la situación empresarial y sobre todo los envíos a seguro de paro que se han dado con mucho impacto en algunos sectores. Visto así, el plan resulta atractivo, con numerosas iniciativas para una ciudad que necesita un lavado de cara, que precisa mostrarse más prolija, más linda, y que tiene el potencial para todo eso y mucho más, con un río que no es aprovechado en toda su extensión y con diferentes espacios que no se le han sacado todo el jugo posible.
Pero la ambición de este gobierno que pronto finalizará, podría dejar en un brete a la siguiente administración, que deberá manejar un proyecto que no ideó –en caso de cambiar de mando dentro del Frente Amplio o de variar de partido–, y al mismo tiempo afrontar las deudas que la Intendencia debe ir solventando.
El fideicomiso como tal es una de las herramientas que mejor calza para sacar adelante proyectos de envergadura, más aún cuando nos encontramos en un momento de freno económico generado, en gran medida, por la actual pandemia del COVID-19. Pero acá se habla de pagar este fideicomiso a 24 años, o sea seis gobiernos departamentales, lo que aparece como exagerado e imprudente.
Y si se confirma certero lo que asegura el Partido Nacional, sobre que la Intendencia de Paysandú tiene una cartera de deudores incobrables de elevado nivel adquisitivo “muy cercana a esos 20 millones de dólares”, según informó EL TELEGRAFO el jueves, esta idea del fideicomiso provoca más dudas.
Por otra parte, un fideicomiso de este tipo debería establecerse para llevar adelante obras realmente trascendentes para la ciudad, porque son dineros comprometidos que impedirán a varias administraciones volver a financiar otros emprendimientos. Y 24 años es demasiado tiempo para comprometerse en un crédito que se gaste en reparaciones de mantenimiento, por ejemplo.
Por lo tanto habría que pensar en infraestructuras que, vistas con la perspectiva del tiempo continúen vigentes dentro de 20 o 30 años.
Un claro ejemplo podría ser lo que en su momento fue el sistema de drenaje de pluviales de calles Charrúas y Washington, que aún hoy 70 años más tarde cumple una función crucial para la ciudad. Sin dudas que se trató de una obra visionaria y que cada peso que se puso en hormigón o se enterró bajo dichas arterias se ha pagado varias veces por los beneficios que obtuvo la urbe, porque permitió, además de solucionar los graves problemas que ocasionaba el arroyo que se formaba en cada lluvia, expandir la ciudad hacia el norte.
Por otra parte, tal como sosteníamos en editorial publicado en octubre de 2015, a instancias de la propuesta del intendente Guillermo Caraballo de establecer un fideicomiso de largo plazo para generar un shock de obras públicas que Paysandú necesita de urgencia, aún sostenemos que “La idea de tomar un fideicomiso para financiar obras municipales no aparece en primera instancia como inadecuada”.
Decíamos que es bueno pensar a futuro para generar políticas de estado locales proyectos de infraestructura para la ciudad y el departamento, pero para que sea válido no puede ser ejecutado por la misma administración que lo solicitó, sino que debe plantarse por un gobierno para implementarse en los siguientes.
Eso se cumple en esta instancia, pero hay un aspecto no menor que se omitió: los proyectos deben ser pensados, elaborados y establecidos por todos los partidos. Y la mejor forma de hacerlo es establecer una comisión técnica multipartidaria para que piense y determine cuál es el mejor destino para esos dineros, y lo que Paysandú necesita. La propuesta que de allí surja pasaría al estudio a nivel político para ser analizado, pulido y finalmente aprobado por todos, y así lograr el necesario consenso en las obras que se ejecutarán, conscientes de que no es el “proyecto de tal” intendente, sino de todas las fuerzas políticas del departamento –o de los de mayor caudal político, al menos–. Y por último, debe quedar bien establecido que los dineros obtenidos deben ser gastados de acuerdo al proyecto pactado, y no pueden ser desviados con otros fines.
Por lo tanto consideramos que la propuesta es buena como intención, pero para aprobarse debería necesariamente cumplir con las instancias que mencionamos, para beneficio de todos.