La reciente convocatoria a la marcha del silencio 2024, refiere a un tema muy sensible, de enorme impacto en nuestro país, como es el reclamo de que se conozca la verdad sobre detenidos desaparecidos durante la dictadura, y por cierto que la toma del poder por gobiernos militares o cívico militares en la región, pero sobre todo en el caso concreto de Uruguay, Argentina y Chile, con la institucionalidad aplastada, se cometió un largo reguero de crímenes, entre ellos asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, detenciones sin juicio en condiciones infrahumanas, como es además el común denominador cuando impera la conculcación de libertades y las instituciones y los derechos de los ciudadanos son arrasados en aras de un supuesto interés superior.
Incluso tras el retorno gradual a la institucionalidad democrática, y en períodos inmediatamente posteriores y no tan inmediatos, hubo un pacto de silencio entre los militares involucrados y los no tanto, para ocultar muchos de estos crímenes e incluso mantener en secreto los lugares de enterramientos de los asesinados en este aciago período de nuestra historia reciente.
La fecha del 20 de mayo precisamente recuerda los asesinatos de los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como de los integrantes de los cuadros guerrilleros William Whitelaw y Rosario Barredo, como así también la desaparición de Manuel Liberoff en Buenos Aires, y el recuerdo de los 196 uruguayos que se denuncian como desaparecidos en el período dictatorial.
En la previa de la Marcha del Silencio 2024 de este lunes, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos ofreció una conferencia de prensa en donde se hizo énfasis en el pedido de respuestas sobre los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar del país (1973-1985).
“Marchamos una vez más en un silencio absoluto, como cada año desde 1996”, dijo Alba González, dirigente del grupo, al subrayar que “ellos saben donde están, exigimos repuesta. Nunca más terrorismo de Estado”, añadió.
En el discurso, leído frente a los medios, los líderes de la organización afirmaron estar “convencidos de que este reclamo es justo y necesario. Nuestro pueblo ha abrazado esta causa. Hace tiempo que ha dejado de ser nuestra para ser de una parte del pueblo uruguayo”.
Se habló también de “afecto y esperanza” y de que “mayo es el mes donde todas las generaciones se unen para sostener la memoria. Volvemos a encontrarnos para reclamar por las respuestas que aún hoy nos niegan las Fuerzas Armadas que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a nuestros familiares: saben muy bien qué fue lo que hicieron con ellos y ellas”, enfatizó.
Sin embargo, consideran que “sostenidos por un odio inentendible insisten con mantener la verdad secuestrada”.
Para Madres y Familiares “la desaparición forzada es un crimen sobre el cuerpo de las víctimas, pero también sobre el de todo su entorno. Siguen desapareciéndoles y violentándoles. A ellos y a nosotros y nosotras. El terrorismo de Estado se sigue ejerciendo sobre nuestra sociedad toda”, subrayó la integrante del grupo.
Asimismo, pidió un “compromiso del sistema político todo: Exigimos respuestas y la voluntad política que no ha llegado para demandar por la información que sabemos que las Fuerzas Armadas tienen”. Y agregaron: “Sabemos que es potestad del presidente de la República dar esta orden”.
Para González y el resto de los integrantes del grupo “la memoria es atacada y se la intenta desfigurar. Ahondan los discursos negacionistas y quienes defienden el terrorismo de Estado”.
Además, aludió al “falso relato de la teoría de los dos demonios: Se trata retroceder ante las pocas conquistas alcanzadas, pero nuestro pueblo responde y sostiene la memoria”.
“Nuestro compromiso sigue siendo inclaudicable. Defenderemos siempre la verdad”, apuntó y luego se preguntó: “¿Cuánto tiempo más vamos a esperar?”
Por cierto, en este tema particularmente sensible no puede obviarse la “manija” ideológica, porque los reclamos, si bien son invocados en nombre de “todo el pueblo”, proceden unidireccionalmente de los grupos más radicales de izquierda, entre ellos los propios exguerrilleros tupamaros y grupos afines, algunos de ellos los mismos grupos que apañaron por acción o por omisión los actos terroristas del movimiento tupamaro, que comenzaron en la década de 1960, cuando el Uruguay tenía un gobierno democrático, electo en las urnas, y se pretendió cambiarlo por un régimen similar al de Cuba, desde que los guerrilleros estaban inspirados en los postulados de la revolución cubana y preparados militarmente por la dictadura castrista, que había tomado el poder años antes en la isla caribeña. Por otra parte, la realidad es que no defienden “la” verdad, sino “su” verdad, y por eso le ponen peros y reparos a la ley recientemente promulgada que habilita a cualquier ciudadano acceder a los archivos militares de la dictadura.
El planteo explícito de su oposición a lo que denominan “la teoría de los dos demonios” no es más que un burdo intento de sacarse de encima la enorme responsabilidad de los guerrilleros urbanos al sacar de sus cuarteles a los militares, por haber sembrado el caos con sus actos terroristas y hacer que la policía, que es el instrumento que tiene el Estado para defender la paz interna, resultara impotente para reprimir estos grupos organizados y sostenidos por la URSS y Cuba, en tanto los tupamaros que eran llevados ante la justicia –civil– cuando eran capturados, eran sacados de los juzgados por los propios compañeros de guerrilla en acciones comando, cuando todavía no había dictadura.
Asimismo, el emplazamiento que hacen al actual presidente de la República, en el sentido de que intime a los militares a revelar la verdad sobre los desaparecidos, aparece más como una jugada política ideológica que un reclamo legítimo, desde que durante quince años gobernó el Frente Amplio con los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica, e incluso fue ministro de Defensa el dirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, quienes tenían la potestad de hacer lo que ahora reclaman a Lacalle Pou, y sin embargo no lo hicieron. Esto fue reconocido ayer en un sincericidio a EL TELEGRAFO por la hermana de Lucía Topolansky, al ser consultada sobre los gobiernos del Frente Amplio y concretamente el de su cuñado José Mujica.
El punto además, para todos quienes nos consideramos demócratas, que estamos por los derechos humanos en cualquier situación y no ponemos como prioridad los derechos de unos sobre los de otros por motivos ideológicos, de género o de lo que sea, es que la premisa que corresponde es de reclamar “nunca más terrorismo”, a secas, del signo que sea, y no solo el de instituciones del Estado, porque la violencia, la tortura, el asesinato, el secuestro, son crímenes condenables en cualquier situación y condición, y por lo tanto no debe ser considerado como un recurso valedero solo para quienes reivindican postulados de izquierda. → Leer más