La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) se movilizará este miércoles a partir de las 10 de la mañana en la plaza Cagancha, en Montevideo, en el marco de un paro parcial a nivel nacional. La marcha culminará frente al Ministerio de Economía y contará con la participación de delegaciones del Interior.
“Somos críticos de la política económica de este gobierno, así como lo fuimos con el anterior”, declaró Danilo Dárdano, presidente de la CSI y de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos (Untmra).
Consultado sobre la capacidad instalada en Uruguay para la producción de insumos industriales y de la construcción, Dárdano denunció la existencia, desde hace años, de una lógica de “protección negativa”.
“En el país se fabrican estructuras de acero y aluminio, entre otros productos. Nos duele decirlo, pero a veces parecemos un país bananero”, afirmó.
Según explicó, al proyectar una inversión, muchos empresarios optan por pagar aranceles o solicitan exoneraciones tributarias. “Esto ocurre en la mayoría de los casos. Se trata de grandes inversiones que piden exoneraciones del Estado para importar, incluso cuando esto representa una competencia directa para la industria nacional y para la mano de obra local. Lamentablemente, se concede igual. Es el resultado del lobby y de las presiones de ciertos inversores, nacionales o extranjeros. Sin dudas, las estructuras necesarias para muchas construcciones pueden fabricarse en Uruguay, generando empleo en la industria y las pymes. Esa protección negativa es uno de los puntos que volveremos a plantear con firmeza en los consejos consultivos”.
Dárdano cuestionó también la falta de planificación estatal, que —dijo— permite una competencia entre filiales radicadas en distintos países para proveer insumos y servicios, en condiciones que perjudican a Uruguay.
“Por ejemplo, para justificar la compra de uniformes del Ejército o la Policía en el exterior, las autoridades argumentan que no existe capacidad instalada para entregarlos en tiempo y forma. En mi opinión, eso es una falacia. Si se planifican correctamente las compras, el problema se resuelve”, sostuvo.
Añadió que, sin esa planificación, “es muy difícil para las pymes invertir en materia prima sin saber si tendrán demanda. Por eso decimos que estamos en una encrucijada”.
Según el dirigente, la industria nacional “va camino a morir si no se detiene rápidamente la sangría”. En ese sentido, mencionó también la situación de los trabajadores curtidores, en particular los de la empresa Paycueros. “Estamos haciendo gestiones para que sean recibidos por los ministerios de Industria y de Ganadería. Pero, a esta altura, el problema de fondo de la industria nacional es estructural y lleva décadas”.
Dárdano alertó que entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 se perdieron 3.000 empleos formales en la industria manufacturera. A esa cifra, añadió, “hay que sumar aproximadamente un 20% de trabajadores informales que no aportan al BPS. En total, somos unos 160.000 trabajadores industriales, de los cuales 30.000 están en negro”.
En alerta
El dirigente aseguró que la CSI ha alertado a las autoridades ministeriales sobre empresas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de cierre. “Les trasladamos la información de forma reservada, sin hacer anuncios públicos. Creemos que hay que actuar de manera propositiva y en silencio, porque estamos hablando de fuentes de empleo. Es información que recabamos a través de los sindicatos de base, y la entregamos para que las autoridades busquen alternativas. La idea es evitar nuevas bombas como las que vivimos con Yasaki y otras empresas, donde nos enteramos del cierre de un día para otro”.
Con las cámaras
Consultado sobre el vínculo con las cámaras empresariales en este contexto, reconoció que existen “intereses distintos”. Sin embargo, señaló que en los próximos Consejos de Salarios reclamarán no solo mejores condiciones laborales, sino también un trabajo conjunto en defensa de la industria y la mano de obra nacional.
“Ahí debemos dejar de lado los intereses particulares y encontrar puntos en común que permitan frenar la sangría y fortalecer la industria nacional. Además, esto debe hacerse junto con la tercera pata: el gobierno. Porque los trabajadores somos el eslabón más débil de esta cadena”, afirmó.
Reclamos
Entre los reclamos de los sindicatos del sector se encuentran la fijación de un ingreso mínimo industrial de $40.000, la mejora en la inclusión de mujeres en las fábricas, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la formación profesional para una industria moderna.
“Pero estos reclamos van de la mano con la necesidad de una industria nacional pujante. De lo contrario, podemos firmar convenios colectivos excelentes, que serán papel mojado si no hay trabajo. Por eso, en cualquier plataforma, el primer punto debe ser siempre la defensa de la industria nacional”, concluyó Dárdano.
