Negocios

En la presente entrega vamos a referirnos a la tensión provocada entre el crecimiento de la automatización de tareas y la necesidad de financiar los costos cada vez más elevados de la seguridad social en todo el mundo.
1. Tecnologías y financiamiento
De acuerdo con un trabajo publicado recientemente por los académicos brasileños Marcelo Fernando Borsio, Eduardo Lourenco Coelho, Larissa Rodriguez Costa, y Rômulo Lopez Fernández, “La Cuarta Revolución Industrial, marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, está reconfigurando el mundo del trabajo. La automatización, uno de los pilares de esta revolución, promete aumentar la productividad y transformar la manera de consumo y producción. Sin embargo, esta transformación plantea cuestiones cruciales sobre los impactos sociales y económicos, considerando los modelos de financiamiento de la seguridad social, centrados principalmente en la contribución de la persona humana. Surge así la problemática de cómo se financiarán estos modelos una vez que el trabajador humano sea sustituido por un robot”.
2. Tributación
Para los autores mencionados, “La tributación de la automatización, comúnmente conocida como impuesto sobre robots, consiste en una discusión en el ámbito del derecho tributario notoriamente compleja. Esta modalidad tributaria busca gravar las actividades empresariales que utilizan masivamente robots o tecnologías automatizadas, sustituyendo la mano de obra humana. La justificación para la imposición de este tributo reside, en general, en la necesidad de preservar la recaudación tributaria y garantizar la sostenibilidad de la seguridad social, frente a los desafíos impuestos por la creciente automatización. La evolución tecnológica y la creciente automatización de los procesos productivos imponen nuevos desafíos a la legislación tributaria. Actualmente, la imposición tributaria desarrollada por el trabajo de mano de obra humana recae sobre los ingresos calculados sobre los salarios mensuales, mientras que las actividades realizadas por robots no están sujetas al mismo nivel de impuestos”.
3. Equilibrio
Según estos especialistas, “la propuesta de instituir un impuesto sobre el uso de robots en la producción surge como una alternativa para corregir este desequilibrio y garantizar la equidad del sistema tributario. El Foro Económico Mundial destaca la necesidad de políticas públicas para mitigar los impactos sociales de la automatización, como la tributación de robots, que puede garantizar la educación y la cualificación profesional. Diversas cuestiones sobre la tributación de robots son planteadas, poniendo en conflicto dos intereses fundamentales: la protección social, mediante la preservación del empleo, y el desarrollo tecnológico, donde el aumento de los costos de los robots, con el objetivo de preservar los puestos de trabajo, puede generar un efecto colateral negativo, al desincentivar la innovación y la inversión en nuevas tecnologías, comprometiendo la competitividad de las empresas y la generación de nuevos empleos a largo plazo. Es necesario, por tanto, encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger a los trabajadores y la importancia de fomentar la innovación tecnológica”.
4. Edades
Para los responsables del trabajo referido, “los cambios en la pirámide etaria son un gran desafío para el futuro de la sociedad, en especial, para la Previsión Social, ya que la lógica del principio de la solidaridad, así como el pacto intergeneracional, es decir, los trabajadores en actividad financiando el beneficio de los asegurados que ya se encuentran jubilados, acaban por desequilibrarse. La transición demográfica trae como consecuencia inevitable el aumento de los gastos de la previsión social, esto en virtud del envejecimiento de la población, del aumento de la expectativa de sobrevida y, además, por el bajo índice de natalidad. En este contexto, el sistema previsional, inequívocamente, se volverá inviable”.

Dr. Rodrigo Deleón
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Hoy a las 19:00 en Rodelu, se realizará en Paysandú el evento “Finanzas e Inversiones para Emprendedores”, organizado por el Club del Inversor con apoyo de Rodelu, Crowder, ANDE, Centros Pymes y Gran Hotel Paysandú. La actividad, con entrada gratuita, está pensada para personas que estén emprendiendo, quieran comenzar o busquen invertir.

El evento forma parte de la gira 2025 del Club del Inversor, comunidad que promueve la educación financiera y nuevas formas de inversión.

En el mismo mes de 2024 el índice mensual había sido de 0,4 frente al 0,11 por ciento de este año, y la acumulada en los primeros cinco meses del año pasado de 3,25 por ciento, ante el 2,82 por ciento actual.
La inflación mostró una leve desaceleración con respecto a abril, cuando el IPC se ubicó en 5,36 por ciento.
En los doce meses anteriores, sin embargo, el guarismo del año pasado en este mes había sido inferior: 4,10 por ciento frente al 5,05.

Con motivo del Día de la Gastronomía Sostenible, la Universidad Tecnológica (UTEC) destacó al emprendimiento “Flores & Frutos”, creado por estudiantes de la Licenciatura en Análisis Alimentario en la sede Paysandú.

Un informe de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) analiza la productividad laboral de las empresas uruguayas entre 2008 y 2022, revelando una “alta heterogeneidad en la productividad” que requiere políticas públicas focalizadas. El estudio, elaborado por los economistas Mercedes Bosco y Gastón Carracelas, se titula “Productividad laboral de las empresas uruguayas, 2008-2022. Tamaño, heterogeneidad y persistencia” y se basa en datos de la Encuesta Anual de Actividad Económica (EAAE) del INE.

Uno de los hallazgos principales es la disparidad en el crecimiento de la productividad: mientras el promedio anual aumentó un 3,08%, la mediana solo creció un 0,89%, lo que indica que el crecimiento está concentrado en un grupo reducido de empresas. Las empresas grandes lideran con un crecimiento promedio del 4,17% anual, aunque su mediana se estanca en 0,51%. En cambio, las pequeñas y medianas empresas crecen menos en promedio (2,33% y 1,65%), pero presentan mayor dinamismo en su mediana.

Además, el estudio muestra que las empresas del percentil 90 son casi nueve veces más productivas que las del percentil 10, incluso dentro del mismo sector. Esta brecha de productividad también se refleja en los salarios: las grandes empresas pagan en promedio 2,2 veces más que las pequeñas y 55% más que las medianas. Aunque parte de esta diferencia se explica por la mayor calificación del personal contratado, otra parte responde directamente a su mayor productividad.

La persistencia en la productividad es otro punto clave: las empresas más productivas tienden a mantenerse en la cima, mientras que cerca de la mitad de las de baja productividad permanecen en los niveles inferiores.

Según ANDE, estos resultados implican que las políticas de desarrollo productivo deben enfocarse tanto en mejorar el promedio de productividad como en reducir las disparidades. “El gran desafío es abordar simultáneamente la heterogeneidad y la persistencia para lograr mayor crecimiento y bienestar”, concluye el informe.

En otras ocasiones nos hemos referido a las malas condiciones de trabajo que enfrenta gran parte del personal de la salud tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Se trata de una problemática que debe ser atendida y mejorada no sólo por ser lo que corresponde para dichos trabajadores, sino considerando también el bien sobre el cual trabajan y su importancia: la salud humana.

Los riesgos psicosociales actúan fundamentalmente a través de procesos psicológicos como el estrés y que, en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración, pueden provocar enfermedades”.

3.OMS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la premura de tiempo, la falta de control sobre las tareas laborales, las largas horas de trabajo, el trabajo por turnos, la falta de apoyo y los daños morales son factores de riesgo importantes para el estrés ocupacional, el síndrome de desgaste profesional y la fatiga en los trabajadores de la salud. (…) Las exigencias intrínsecas del trabajo, la propensión individual y la mala organización del trabajo contribuyen a aumentar el estrés de los trabajadores de la salud. (…) El estrés laboral prolongado puede causar agotamiento, fatiga crónica, ausentismo, elevado movimiento de personal, menor satisfacción de los pacientes y aumento de los errores de diagnóstico y tratamiento.”

4.Salud mental

En Uruguay, la Ley N°19.529 de 24/08/17 prevé que “se entiende por salud mental un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Dicho estado es el resultado de un proceso dinámico, determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos.”

7. A modo de reflexión

La tarea que desarrolla el personal de salud (enfermeros, médicos, etcétera) está directamente relacionada con un derecho humano primordial, como es el derecho a la salud. A pesar de ello, la organización del trabajo, el multiempleo y otros factores que fueron mencionados previamente atentan fuertemente con la posibilidad de que dichos profesionales puedan desplegar todas sus capacidades profesionales. Para resumirlo en una frase, “hay que cuidar a los que cuidan” porque de ello dependerá la buena salud de una población. Un personal de salud con adecuadas condiciones de trabajo redundará en beneficio de toda la población.

Dr. Rodrigo Deleón

(Información Comercial)

Mañana viernes 30, a las 14.30 horas, se desarrollará una charla informativa en la Sala “1º de Julio” de diario EL TELEGRAFO, dirigida a empresarios interesados en conocer los beneficios fiscales previstos por la Ley de Inversiones, a través de la herramienta Comap (Comisión de Aplicación). La instancia estará a cargo del contador público y economista Diego Yacovoni, consultor independiente con amplia experiencia en la presentación de proyectos de inversión en el litoral del país.

El encuentro tiene como objetivo ofrecer una introducción clara y accesible sobre qué es un proyecto Comap, a quiénes está dirigido, qué requisitos implica y qué ventajas pueden obtenerse a partir de su aplicación. Según indicó Yacovoni a EL TELEGRAFO, se trata de una herramienta que “permite pensar a la empresa en sus inversiones actuales y a futuro, que hacen al negocio, pero también pensar y definir la estrategia de la empresa”.
Durante la presentación, se abordarán aspectos claves de la normativa vigente, la estabilidad jurídica de la herramienta, los beneficios tributarios disponibles, los tipos de inversiones elegibles, los compromisos que debe asumir la empresa y las condiciones mínimas requeridas para postular.
Consultado sobre a qué tipo de público está dirigida la charla, Yacovoni señaló que apunta a “empresas que podríamos llamar de tamaño medio o grande”, que ya tengan cierta definición respecto a su actividad económica, su forma jurídica y “una idea, aunque sea sencilla, de las inversiones y del camino que hay que andar”. El expositor sostuvo que, más allá de los beneficios económicos, es una oportunidad para que las empresas se detengan a reflexionar sobre su rumbo. “Es la excusa de la Ley de Inversiones Comap para replantearse un poco la estrategia de la empresa en el contexto de sus inversiones”, afirmó, y agregó que la charla busca precisamente “informar de la herramienta y darle algunos detalles a las empresas para que puedan entenderse en el contexto de qué es un proyecto Comap, si sirve para su caso”.

La actividad tendrá una duración estimada de una hora y media, e incluirá ejemplos prácticos a partir de casos reales de diferentes sectores productivos –industria, agro y comercio– con sus correspondientes procesos de inversión y exoneraciones obtenidas. Al finalizar, se abrirá un espacio para consultas particulares.
El acceso a la charla es libre. Se invita especialmente a quienes estén proyectando inversiones o quieran explorar nuevas posibilidades para el desarrollo de sus negocios.

En su visita a Paysandú, Ignacio Munyo, director de Ceres, disertó sobre el rol del Estado y la necesidad urgente de atraer inversiones mediante cooperación público-privada. Alertó sobre trabas burocráticas, el estancamiento brasileño y los riesgos de errores geopolíticos. Afirmó que “no hay que inventar nada: es cooperación entre ciencia y empresa” y remarcó que el Estado debe “dejar de trancar”.
Sostuvo que para alcanzar un nivel de inversión del 20% del PBI, Uruguay debería movilizar 3.200 millones de dólares adicionales por año, meta que ve lejana en las condiciones actuales. También advirtió sobre el impacto de tasas de interés elevadas en EE. UU. y la necesidad de no perjudicar relaciones estratégicas con socios como Estados Unidos al enviar señales contradictorias hacia China.
Señaló como oportunidad la misión comercial en Japón, promoviendo a Uruguay como país confiable que debe “exportar calidad, no precio”. Evaluó que Brasil no contribuirá al crecimiento por sus problemas económicos, y que Argentina, aunque aún inestable, ha generado beneficios fronterizos por la equiparación de precios.
A nivel interno, Munyo sostuvo que Uruguay “no tiene viento a favor” y que en estas condiciones históricamente crece apenas un 1% sin estímulos externos. Planteó cuatro reformas clave: revisión del gasto público, cambio en incentivos del funcionariado, ingreso de talento externo al Estado y simplificación normativa. Concluyó que es el sector privado quien debe señalar qué normativas “están trancando” el desarrollo.

Hasta el 13 de junio está abierto el llamado para integrar el Registro de Facilitadores del Programa de Acceso al Financiamiento para mipymes, que ANDE lanzará en el marco del Registro Único Nacional de Alimentos de Venta (Runaev). La iniciativa apunta a brindar asistencia técnica a empresas alimentarias para su adaptación normativa y habilitación formal.

La postulación se realiza por correo electrónico runaev@ande.org.uy con el asunto “Asistencia Técnica Runaev”.