Opinión

El 64% de los uruguayos prefiere la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno, aunque un 45% aceptaría un régimen no democrático si lograra resolver los problemas del país, según el último informe de Latinobarómetro.
El documento señala que el respaldo al sistema democrático cayó seis puntos porcentuales en comparación con 2024, cuando alcanzaba el 70%. Sin embargo, pese a este descenso, Uruguay se mantiene entre los países con mayor apoyo a la democracia en la región, solo por detrás de Argentina y por encima del promedio latinoamericano.
Entre las instituciones que inspiran mayor confianza, lidera la Policía, seguida por las Fuerzas Armadas, la radio y la Corte Electoral. En el extremo opuesto, con los menores niveles de confianza, vuelven a aparecer los partidos políticos, las redes sociales y los sindicatos.
En líneas generales, la población desconfía de la forma en que el Estado administra los recursos obtenidos a través de los impuestos y disminuye el porcentaje de consultados que considera que el Estado ha hecho “mucho o algo” por su familia.
Desde hace tiempo existe una sensación de desconexión con la clase dirigente, a la que se suman preocupaciones como la inseguridad y la insatisfacción con la administración de los recursos públicos.
Incluso, llegan al 50% las opiniones que sostienen que el país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado. La percepción de ineficacia de las respuestas del Estado frente a estos flagelos genera una sensación de vulnerabilidad que desgasta la credibilidad en las herramientas tradicionales del sistema político para contener el problema.
Sin embargo, en Uruguay está profundamente arraigada una cultura política que permite la coexistencia entre una fuerte desconfianza hacia la gestión estatal, los actores políticos y la administración de los recursos públicos, y una dependencia constante de ese mismo Estado para resolver los problemas.
En este marco, el ciudadano uruguayo promedio cuenta con una fuerte matriz de protección pública frente a las crisis.
Las causas de esta paradoja no son difíciles de encontrar. Se encuentran en la propia historia uruguaya y, particularmente, en el legado batllista, que consolidó un modelo de Estado de bienestar integral y generó, a lo largo de sucesivas generaciones, un consenso implícito en la sociedad. Desde entonces, aquel “escudo de los débiles” quedó incorporado a la cultura política, independientemente de la ideología del gobierno de turno.
El Estado es percibido, entonces, como el último garante de la estabilidad social y económica. Es lo que ocurre cuando surgen crisis graves, como el desempleo, los problemas de salud o la inseguridad. La primera reacción colectiva no suele ser buscar soluciones exclusivamente en el mercado privado, sino reclamar mayor presencia estatal, más controles normativos y subsidios económicos.
Aunque estos informes interpelan sobre la crítica opinión pública respecto al desempeño de los organismos estatales y la administración de los recursos disponibles, los servicios esenciales en Uruguay gozan de una aprobación comparativamente alta respecto al resto de América Latina. Por ejemplo, la satisfacción con los hospitales públicos y la Policía se mantiene por encima de los promedios regionales.
El uruguayo desconfía del burócrata, pero al mismo tiempo exige al Estado que actúe como un amortiguador indispensable frente a cualquier incertidumbre. Es una realidad que debería ser motivo de debates más profundos y recurrentes tanto en la sociedad como en la política uruguaya. Se trata de una tensión cultural, económica y social que puede resumirse en el dilema de un Estado cuestionado, con instituciones sometidas permanentemente al escrutinio ciudadano, pero al mismo tiempo “omnipresente”.
Quienes reclaman por el costo del Estado conviven con una elevada carga impositiva. Uruguay tiene una de las presiones fiscales más altas de la región y tanto las empresas como las personas sienten que una parte importante de sus ingresos se destina al pago de impuestos.
El sector productivo, particularmente el agro y la industria exportadora, sostiene que el costo del Estado contribuye a encarecer al país frente al exterior. El reclamo apunta, entre otros aspectos, al exceso de funcionarios públicos en determinadas áreas, la duplicación de funciones y la falta de modernización de algunos servicios.
El uruguayo promedio, por razones culturales, valora la estabilidad. Cuando el mercado falla o se contrae, el Estado aparece como el principal garante para evitar que la economía colapse.
En cualquier caso, no es posible pretender un Estado pequeño y barato que, al mismo tiempo, disponga de la billetera y de la infraestructura necesarias para rescatar a la producción, sostener el empleo y financiar la salud pública durante una emergencia.
Tampoco es posible expandir indefinidamente el gasto para atender cada demanda sin aumentar los impuestos o recurrir a un mayor endeudamiento, lo que termina elevando el costo país.
En definitiva, el reclamo ciudadano refleja un deseo difícil de conciliar: contar con un Estado que gaste menos y sea muy eficiente en épocas de bonanza, pero que resulte lo suficientemente fuerte y protector cuando las circunstancias se complican. El sistema político uruguayo vive en una negociación permanente para encontrar el equilibrio en esa balanza.
La desconfianza tampoco nace de la nada. Puede ser el resultado de promesas incumplidas y fallas institucionales. La ineficacia burocrática se traduce en trámites lentos, sistemas colapsados y atención deficiente, alimentando la percepción de que el Estado puede convertirse en un aparato pesado e ineficiente.
A esto se suma la percepción de que los recursos públicos benefician a las élites políticas o a determinados grupos de interés. Estas contradicciones y demandas constituyen un terreno fértil para los discursos populistas. Algunos líderes canalizan el malestar contra el “Estado fallido”, mientras otros prometen un “Estado presente” capaz de resolver todas las necesidades.
Pero no necesariamente se trata de una contradicción, sino de una paradoja de supervivencia. El ciudadano desconfía del Estado porque muchas veces lo experimenta como deficiente o injusto, pero recurre a él porque continúa siendo la principal institución encargada de garantizar el orden, los derechos básicos y la convivencia social.
Esa tensión, lejos de ser circunstancial, forma parte de la propia cultura política uruguaya. El desafío no parece consistir en elegir entre un Estado omnipresente y uno ausente, sino en construir uno que pueda justificar su tamaño, su costo y su presencia mediante resultados concretos. Porque la confianza no se reclama: se construye cuando las instituciones funcionan, los recursos se administran con eficiencia y el ciudadano percibe que aquello que aporta al Estado vuelve a la sociedad en forma de servicios, seguridad, oportunidades y protección.

A propósito del “descubrimiento” de que en la Junta Departamental de Montevideo había “asesores” que solo figuraban como tales pero → Leer más

Son tiempos de involución de la convivencia. Se ha perdido buena parte de aquellos valores que hacen posible la cohabitación. El insulto ha desplazado al argumento. La burla también ha hecho su ingreso degradante, al igual que las armas de guerra, con las que se maravilla a personas que no pueden, no saben e incluso no quieren defenderse.
No es un acto de decencia urbana aborrecer como respuesta a quienes nos aborrecen. Esta violencia se malentona a través de la palabra. Por ello, es esencialmente efímera y brutalmente detestable. Su vocación es instalar una tempestad de angustiantes estados de ánimo. Incansables ejércitos de tecnología inmoral van desgastando las buenas intenciones. Hemos agotado principios saludables de la convivencia democrática y, en nombre de una resistencia sustentada en principios, hemos perdido capacidad de convivencia y de elaboración crítica para superar y superarnos.
“La humanidad entera es un océano de historias y todas nos conciernen, porque existe una moral que nace del simple hecho de habitar un mismo planeta”. Con esta sinceridad, la checa Radka Denemarková se acerca al debate, aunque la frase tiene más de conclusión que de desafío. Quizás una conclusión estimule una alerta para conducirnos, alarmados, hacia un camino que tiene mucho de back to basics.
Denemarková, autora de una de las novelas de mayor impacto en Europa, El dinero de Hitler, desnuda el papel del dinero durante el Tercer Reich y su utilización como herramienta para controlar y manejar arbitrariamente a la población alemana. El ascenso al poder del partido nazi supuso la victoria de una visión estrictamente deshumanizante, y esa mirada arrogante y sectaria lo inundó todo. Incluso la economía alemana fue sometida a una reorganización autoritaria para cumplir con los intereses del régimen nazi, fomentando la lealtad y la sumisión de la población bajo un régimen de delación y temor. Todo ello daba sustento a un régimen despótico, pautado por el miedo y una feroz represión.
Se instaló un férreo control estatal sobre las transacciones financieras que permitió al régimen supervisar y regular el comportamiento económico de los ciudadanos, reforzando así su control sobre la sociedad.
Pero el control del dinero tenía otro propósito: se constituyó en una herramienta para promocionar la ideología “triunfante” del partido nazi. En la práctica cotidiana, las personas que apoyaban activamente las políticas del régimen eran recompensadas con beneficios económicos y sociales, premios en metálico o acceso a determinados círculos de privilegio. Por el contrario, aquellos que no colaboraban, que eran resistentes o que, sin llegar a serlo, simplemente permanecían indiferentes, eran castigados económicamente.
Estos manejos, presentados como estímulos ideológicos, procuraban la creación de una sociedad uniforme y obediente, de adhesión incentivada mediante estímulos económicos y bienes materiales. El dinero se convertiría así en el motor de un mecanismo de presión social y política, así como de un implacable sistema de control.
El dominio del dinero por parte del Tercer Reich operó como una herramienta eficaz del poder y, fundamentalmente, como un mecanismo disciplinador, cuya incidencia fue más allá de los objetivos iniciales, incluso más allá de la propia economía alemana. Tuvo consecuencias socioeconómicas profundas en la estructura y dinámica de la sociedad, reformateando las relaciones de poder y las oportunidades económicas de la población.
Este diseño de las relaciones de producción, de las relaciones de poder y de las adhesiones tuvo una matriz que, en buena medida, se remonta a las condiciones que los vencedores de la Primera Guerra Mundial impusieron a la derrotada Alemania a través del Tratado de Versalles. Más que un acuerdo, fue asimilado como un atropello, un catálogo de condiciones económicas abusivas que obligaban a Alemania a aceptar la responsabilidad moral y material por haber causado la guerra. Bajo los términos establecidos en los artículos 231 a 248, Alemania debió desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales y asumir fuertes obligaciones económicas. Entre las disposiciones territoriales se encontraba la cuestión del Ruhr, una región carbonífera de enorme importancia para el desarrollo industrial alemán, cuya ocupación por Francia se produjo posteriormente. Adicionalmente, Alemania debió hacerse cargo de indemnizaciones económicas a los vencedores, que fueron entendidas como imposiciones abusivas.
Solamente a los efectos de dimensionar el momento histórico, existe consenso en señalar que estos hechos son consecuencia de la caída del káiser alemán y de la derrota de la revolución obrera de 1918, en un contexto en el que tuvo un papel decisivo la socialdemocracia alemana. El ánimo social estaba deteriorado debido a los efectos de la crisis hiperinflacionaria de 1922, que agudizó la crisis política, y también por la caída de aproximadamente un 40 % de los ingresos de divisas luego del crack financiero de 1930. A ello se sumó la caída de los precios de bienes y servicios, que deterioró la industria, así como la resistencia de los sectores asalariados, que organizaron importantes paros obreros en 1932.
Pero comenzaría otro momento histórico con el triunfo en los comicios de 1933 y la llegada de Hitler a la Cancillería. El empresariado de ese país entraría en una puja interna con el gobierno, ya que Hitler propugnaba la nacionalización como método de control absoluto sobre la economía.
El radicalismo
La ideología que se presenta como radical dentro de ese espectro de negación de los valores democráticos es bastante más que un juego violento de palabras pronunciadas con tono despreocupado.
Muy por el contrario, la violencia de la palabra radicaliza a las sociedades e impone un retroceso moral en la convivencia armónica entre sectores con diferentes intereses políticos, religiosos y económicos. En fin, entre aquellos colectivos que, más allá de sus diferencias, deben procurar que su convivencia tenga como objetivo el interés general.
Sin embargo, la falta de soluciones erosiona las expectativas, vuelve difusas las fronteras de la convivencia y lleva a los ciudadanos, en medio de la frustración y el ahondamiento de sus problemas, a buscar otros caminos y nuevas afinidades que conducen hacia la intolerancia. Se coquetea con la intolerancia, con el odio social y con la atomización a partir de las diferencias. Conscientes o no, se acercan al camino de soluciones inexistentes, despreciando los matices y, fundamentalmente, la sofisticación que exige el análisis de realidades complejas.
Luego, los insultos y la intolerancia ocupan las calles, desafían al poder y, en este contexto, la confrontación desata reacciones en cadena que acentúan aún más el radicalismo. Es el ascenso invisible de un nuevo fascismo, el del siglo XXI.
El radicalismo no es solo un problema político; es también un problema social. Preferimos verlo como una manifestación de la política llevada al extremo, pero su raíz es social. Son las sociedades las que se radicalizan, las que se vuelven intransigentes y revolucionarias, sobre todo cuando la distancia entre los privilegiados y los desafortunados es tan grande que se rompe el equilibrio y el consenso en torno a las normas comunes, empezando por las más básicas de todas: las que hacen posible la convivencia.
La violencia se expresa arrasando con quien piensa con cabeza propia, con quien desafía el pensamiento único o con el portavoz de las sentencias implacables de los ignorantes que, a través de la palabra fulminante e intempestiva, cancelan al diferente. El arma es la palabra que amenaza y atemoriza, buscando afectar la estabilidad emocional y cargándola de agresividad contra personas que no pueden defenderse. Las proclamas que deshumanizan al diferente normalizan situaciones inaceptables, vuelven difusas las fronteras de la intolerancia y llevan a la resignación al ciudadano que opta por la indiferencia.
Es el triunfo de un nuevo fascismo: el fascismo invisible, un virus letal.

Hoy una ponchada de brasileños va a elegir autoridades: desde el presidente a legisladores estaduales —ediles, digamos—, pasando por senadores, diputados, gobernadores.
Los habilitados para votar suman 158,7 millones, y están obligados a hacerlo los mayores de 18 y los de hasta 69 años. Pueden no hacerlo los de 16 y 17 años —que tienen derecho a votar—, los mayores de 70 y los analfabetos. No hay una categoría para invitados de afuera, por ejemplo los frenteamplistas de acá que están ansiosos por votar al PT. Se ve que el poder de Lula, que logró impedir el debate final entre candidatos presidenciales que lo tenía asustado, no alcanzó para abrir esa puerta a nuevos votantes progresista-transeúntes.
Son doce los candidatos a la presidencia con sus respectivos compañeros de fórmula. La curiosidad es que 11 de esas parejas están conformadas por integrantes de un mismo partido, o de una misma tendencia, salvo la oficial, que incluye un hombre de izquierda —Lula— y un vice de derecha (Geraldinho). Cosas del neoprogresismo.
Otra curiosidad es que lo que decidan este domingo los brasileños difícilmente despeje la duda de por dónde rumbeará Brasil: porque no es lo mismo Lula que Flavio, el hijo de Bolsonaro. Salvo que se dé un batacazo y uno de ellos obtenga más del 50% de los votos válidos, lo que parece muy difícil
Tras el balotaje del domingo 25, entonces, cuando los brasileños decidan quién será su próximo presidente, recién sabremos por dónde transitará Brasil. Los frentistas tendrán que estar ¡atenti! Si gana el hijo de Bolsonaro, quedan totalmente desnorteados; y en el caso de que Lula siga, también tendrán que hacer fuerza para que no le pase nada. Y no necesariamente tiene que ser un problema de salud: recordar lo que le pasó a Dilma, que estaba bien sanita, pero le dio por meter el dedo en el ventilador (torturas en dictadura), cosa que Lula siempre se cuidó de no hacer.
Así de sencillo. En Brasil lo que vale es quién será el presidente, y las elecciones de este domingo 4 sirven, por sobre todo, como una gran encuesta previa. Le es útil para la campaña de los dos en pugna por la presidencia, pero expertos del norte aseguran que le será tan o más útil a fuerzas que también “operan” —por calificarlo así—, como lo son Itamaratí, conductora de la política externa de Brasil —cualquiera sea el gobierno, con matices, pero no más—; el sector económico —São Paulo para sintetizar—, que decide mucho, y las Fuerzas Armadas, los militares, sobre cuyo papel no es preciso abundar.
Seguramente en estas tres semanas a Lula puede hacérsele más difícil llevar adelante sus triquiñuelas con la ayuda de jueces y “supremos tribunales”, o continuar con el “asistencialismo”, tipo “planes” copiados del kirchnerismo (cosas de los progresistas).
Decir que el Parlamento no importa es arriesgado; es una pregunta y yo se la hice a un colega del norte: “Cuando Lula asumió por primera vez compró con dineros públicos los votos que necesitaba en el legislativo —el famoso ‘mensalao’—. Lo que significó un leve castigo para un íntimo suyo. Lula, por supuesto, dijo no saber nada de lo sucedido, como igualmente tampoco sabía sobre el triplex en que habitaba y por lo que fue preso hasta que un ‘juez amigo’ vio algún problemita de trámite y lo dejó en libertad. Como dijo una vez Lula, cuando era joven: ‘en Brasil solo van presos los ladrones de gallinas’”.
Esa fue la respuesta.

La aprobación de la rendición de cuentas en el Senado es motivo de festejo para el pueblo. Demuestra la fuerza de nuestra lucha y la claridad de nuestros principios: priorizar a los más humildes. Es un paso firme hacia un país más justo y solidario.
Hace unos días fue en Diputados: 48 del Frente y 6 de Cabildo, 54/99, por acuerdo en base a propuestas. Pero la mayoría de la derecha tradicional contestó con un “no” al pueblo.

Dos modelos

Como decía Astori, no existe un resultado fiscal neutro: según de dónde se saca y hacia dónde va la plata, hay resultados de derecha y de izquierda. Hoy gana la macroeconomía con corazón de izquierda.
La discusión mostró los dos modelos, como decía Zelmar, el nuestro, que defiende a los trabajadores y el de ellos a los burgueses. Esta rendición pone la plata donde corresponde, en los más necesitados, como decía el Pepe: ponerle límite al egoísmo y cultivar la solidaridad.

La plata donde tiene que estar

En el Senado la votación fue histórica: con los 16 votos, el Frente Amplio aprobó la plata para el pueblo, del otro lado, los 14 de la Coalición Republicana votaron en contra, no del gobierno sino en contra de la gente.
La rendición de cuentas del gobierno del Frente Amplio destina $1.257 millones para infancia, Asignación Única de $4.500 a $10.000 pesos para gurises de 0 a 3 años, más $50 millones para INAU; $407 millones para educación y $100 millones para becas UdelaR y UTEC. Vivienda: IVA cero para cooperativas y $193 millones para gente en calle; $1.180 millones para seguridad y para ASSE: cargos fijos para que los remedios lleguen.

El legado

Mariano Arana bien decía: ser de izquierda primero es cultivar la esperanza, luego representar el sueño colectivo y después es cumplir con el compromiso de concretar un Uruguay que no deja a nadie atrás.
Mientras la derecha votaba en contra, en silencio y escondidos en sus bancas, el Frente Amplio mostró con sus manos en alto que los ideales de justicia social y solidaridad nos marcan el rumbo y nos guía el legado de nuestro padre Artigas, como lo aclama Seregni en aquel primer acto frenteamplista, el 26 de marzo de 1971.

La diferencia entre nosotros y ellos no está solo en las palabras; está en la actitud, en el corazón y en la voluntad de transformar la realidad. Nosotros, los que soñamos con un Uruguay de derechos garantizados, cumplimos con nuestro compromiso. La historia la escriben los pueblos que no se rinden, que luchan y que, en momentos como este, muestran que otra forma de hacer política es posible: la política de la esperanza, de la solidaridad y de la acción concreta.

Fingen demencia

Otra vez la mayoría de la oposición de la derecha tradicional votó en contra de los vecinos. Pero van a aparecer con la cantinela de siempre, como dicen los gurises “fingen demencia” para volver a las tribunas a convencerte que son los salvadores, pero vos ya sabés cómo es, cómo son, y no vas a dejar que se repita la fábula donde la hormiga votaba por el oso hormiguero.
Al mismo padre que hoy no le votaron la asignación para su bebé, mañana van y le dan la mano y le prometen que van a llevar el Mides al barrio más pobre y que van a subirle la asignación. Con ese rostro, sí, con ese rostro. Son hábiles en la tribuna, pero son una sumatoria de jugadas jodidas en la cancha, solo basta leer las noticias de estos últimos días.

El palo en la rueda

Durante la discusión enfrentamos la resistencia de quienes prefieren los intereses de unos pocos. La derecha, con actitud mezquina, demuestra que su objetivo es mantener el statu quo de privilegios para los ricos.
Cuando a ellos les tocó gobernar, la plata aparecía, pero con otras prioridades, por ejemplo, en la pandemia financiaban a las empresas de transporte y no a los pasajeros, somos distintos.
En el gobierno pasado aparecían pasaportes falsos en la Torre Ejecutiva, plata para perseguir sindicalistas, estudiantes y hasta infidelidades. Sin olvidar los millones de pesos que gastaban para que el presidente viviera del pueblo en Suárez y Reyes, donde pagamos hasta un peluquero y una niñera.
Hoy la derecha se junta otra vez unidos por sus intereses votan en contra e intentan poner un palo en la rueda al gobierno, pero se lo ponen a los uruguayos más humildes.

De dónde vengo

Soy hijo de una maestra y un carpintero, gurí de jardín, escuela y liceo públicos, me recibí en la UTU. Desde los cinco años, a la hora de la siesta, revisaba los cajones de mi abuelo leyendo sus artículos políticos. A los siete encontré la noticia: en 1984 era candidato suplente a la intendencia de Paysandú por el Frente Amplio y en un acto donde hablaba para unas 70 personas lo corrieron a baldazos de agua y a pedradas, ya estábamos en democracia y todavía se quería silenciar la voz del Frente. Eso me marcó, me indignó y me sigue indignando, en diferentes épocas con distintas recetas pero con el mismo objetivo, querían frenar las voces frenteamplistas, es decir las voces del pueblo.

Me crié en un comité de base, en el barrio, y en algún acto cantando “el pueblo unido jamás será vencido”. Me pinto la cara en carnaval desde que tengo uso de razón para cantar lo que pienso y lo que siento y para tratar de cambiar la realidad también desde el tablado del que crecí colgado. A los 16 ya militaba en la juventud del Frente y a los 21 asumí como el edil más joven del país en Paysandú. Soy sindicalista, uno de los fundadores del sindicato de carnaval, cooperativista y trabajo desde un aula para formar estudiantes, técnicos, pero sobre todo seres humanos de pensamiento libre. Soy usuario de ASSE. Sé lo que cuesta pelear por derechos, levantar tu casa entre varios y tomar dos ómnibus para ir a laburar. Es por eso que somos distintos, porque nos duele lo que le pasa al otro, por eso la diferencia entre ellos y nosotros, más que política, es humana, como decía Tabaré.

Sabremos cumplir

¿Y qué pasó? Pasó que aquel gurí que a los siete años leía con rabia que a su abuelo lo habían corrido a pedradas por ser frenteamplista, hoy ve cómo esos mismos ideales por los que lo apedreaban se hacen ley en el Senado.
Pasó que los que nos tiraron agua para callarnos, hoy tienen que ver cómo el pueblo organizado, igual que ayer en el Frente Amplio, les gana la votación 16 a 14, aguantando las pedradas y los baldes de agua, y pone la plata donde siempre debió estar: en los gurises, en la escuela, en ASSE y en la vivienda, en la gente.

Pasó que no nos callaron en dictadura, ni en democracia con baldazos y mentiras, ni mucho menos ahora votando en contra del pueblo, porque nuestra prioridad es cumplir con la gente y cumplimos.
Por eso hoy podemos decir, con Artigas, con Seregni, con Tabaré y con frenteamplistas como mi abuelo: Sabremos cumplir para que los más infelices sean los más privilegiados.

Tec. Pablo Miranda Ponce

En Paraguay, Araico Corporation anunció la mayor inversión privada de la historia del país en Iguazú AI City, un megaproyecto tecnológico de inteligencia artificial. Se prevé invertir U$S 12.000 millones durante los primeros tres años en un centro que será instalado en Iguazú, departamento de Alto Paraná, y que utilizará energía renovable para alimentar la infraestructura tecnológica de gran escala, agregando así valor a la electricidad que históricamente fue exportada como materia prima.
Araico, plataforma latinoamericana especializada en infraestructura para inteligencia artificial, procura convertir al país guaraní en proveedor de capacidad de cómputo para la industria, abasteciendo una demanda que no deja de crecer aceleradamente a escala global.

El proyecto apuesta a que, si la energía puede convertirse localmente en capacidad de procesamiento para inteligencia artificial, el valor económico generado por cada megavatio puede multiplicarse.

“Queremos dejar de exportar energía bruta a Brasil para darle valor agregado, exportando ‘inteligencia’”, explicó Alejandro Zuccolillo, cofundador de Araico, quien agregó que el proyecto tiene vínculos con el fondo de Silicon Valley que anteriormente invirtió en compañías como Facebook, Spotify, SpaceX, y Airbnb. También participará BID Invest.
La represa de Itaipú, una de las más grandes del mundo, produjo en 2025 casi 72.900 gigavatios hora, de lo que Paraguay usó apenas el 36%. De la mitad que le corresponde por el tratado con Brasil, quedaron sin consumir unos 10.670 Gwh, que se cedieron a Brasil.

Este es un cambio trascendental. Itaipú fue inaugurada en 1984 y en todo este tiempo Paraguay no ha empleado la cuota de energía que le corresponde. La IA, por medio de este centro de datos, modificaría esta situación, si se cumple el esquema previsto.
Pero esta semana la IA fue tema de conversación también en nuestro país. Lo fue en la cumbre ministerial que se realizó en Montevideo a nivel del programa de OCDE para América Latina, que reunió a ministros de toda la región. A modo de ejemplo de la discusión, el primer panel se tituló “IA y productividad: aprovechando la revolución de la IA para impulsar el crecimiento en América Latina”, una instancia en la que se analizó cómo la inteligencia artificial puede traducirse en mejoras de productividad en la región. “Mas allá del desarrollo tecnológico, el foco estará en los mecanismos clave de adopción y difusión de la IA a nivel empresarial, especialmente entre pequeñas y medianas empresas”, agregaba que se examinarían los principales obstáculos a la adopción, “sus implicaciones para la productividad y el empleo, y las prioridades de política para facilitar la difusión tecnológica y asegurar que los beneficios de la IA se traduzcan en crecimiento más sólido e inclusivo”.

En la apertura de ese evento, en una mesa que compartió con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y la vicepresidenta de Países e Integración Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Anabel González, el secretario general de OCDE, Matías Corman, refirió a los desafíos de América Latina con respecto a la Inteligencia Artificial.

“Una adopción rápida de la IA podría aumentar la productividad laboral entre un 13% y un 20%. Y un 53% durante la próxima década en los cuatro países latinoamericanos miembros de la OCDE. Y para América Latina, esta transformación llegaría en un momento oportuno”, señaló. En una región en la que la productividad laboral por hora equivale apenas al 38% del promedio de los países OCDE –como para reducciones de la jornada laboral–. Y lo que está en juego es este dato no es poco, porque a la postre es la productividad “la que impulsa el crecimiento, sostiene mejores salarios y permite elevar los niveles de vida”, valoró Cormann.
Pero hay buenos datos y entre ellos el que esta tecnología ya se encuentra al alcance de millones de personas y empresas. “América Latina y el Caribe representan el 14% de las visitas mundiales a las herramientas de inteligencia artificial”, más de lo esperable en función de su porcentaje de población. La región, dijo Cormann, ocupa el tercer lugar en descargas de aplicaciones de IA.

Sin embargo el desafío al respecto no está hoy en el acceso. “Nunca había sido tan fácil acceder a una herramienta tan poderosa. Y, sin embargo, utilizarla de manera que permita dar un verdadero salto productivo es aún muy difícil. Porque una economía no cambia cuando unas pocas empresas la incorporan con éxito, sino cuando esas ganancias se extienden al conjunto”, planteó el australiano.

Afirmó que hay tres aspectos en los que actuar para que la región pueda dar el salto en productividad que la IA permitiría. Lo primero es mejorar la infraestructura, con adelantos como el que anunció Paraguay. “La inteligencia artificial requiere conectividad, capacidad computacional, centros de datos y energía fiable”. Cierra por todas las puntas. Y Uruguay, aún sin contar con ese excedente de energía eléctrica, dentro del panorama regional está bien posicionado.
El segundo aspecto es acompañar a las empresas para la adopción de la tecnología, un paso que requiere de facilitar el acceso a financiamiento y el acceso a mercados competitivos de servicios digitales y apoyo técnico.

El tercer aspecto, y clave por el contexto, es formar a los trabajadores. “Cada vez más empresas señalan que la falta de competencias es una de las principales problemas de la OCDE. Y la solución no pasa por convertir a todos en especialistas”, dijo. “Fortalecer capacidades fundamentales como la lectura, las matemáticas, el pensamiento crítico y la resolución de problemas será esencial para cerrar la brecha”. La realidad indica que “en la mayoría de los países latinoamericanos participantes en la última ronda de nuestro programa para la evaluación internacional de los estudiantes –prueba PISA–, más de la mitad de los estudiantes no alcanza competencias básicas en lectura, por ejemplo”, indicó Cormann.

El reto está en lograr que las personas desarrollen competencias necesarias para aprovechar la Inteligencia Artificial, “en que las empresas encuentren formas de integrarla en sus procesos productivos y movilizar las inversiones requeridas para su despliegue y difusión. También está en nuestras manos hacer de esta transformación tecnológica una fuente de mayor productividad, más oportunidades y una prosperidad más ampliamente compartida”.
De las tres, hay una que no se soluciona con plata –al menos no directamente–, sino con una transformación cultural que puede llevar generaciones. Paradójicamente, de las tres, es la más difícil de lograr.

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La discusión sobre el denominado “efecto Temu” en Uruguay no debería reducirse a una oposición entre quienes compran por Internet y quienes defienden al comercio establecido. El fenómeno es bastante más complejo. Lo que está en juego es cómo encontrar un punto de equilibrio entre el derecho del consumidor a acceder a productos y precios competitivos, la necesidad de recaudar del Estado y, al mismo tiempo, la preservación de una actividad comercial que genera empleo, inversión y movimiento económico dentro del país.
En ese sentido, la respuesta que ha comenzado a instrumentar Uruguay no constituye un hecho aislado. Muchos países que enfrentaron una expansión extraordinaria de las compras transfronterizas de bajo valor han procurado revisar sus sistemas de franquicias, sus controles aduaneros y sus mecanismos tributarios. Ello obedece, fundamentalmente, a que los modelos de comercio electrónico de las plataformas globales modificaron en pocos años las reglas con las que competían los comercios tradicionales.
Uruguay buscó una alternativa similar, aunque con una característica saliente: no se inclinó por cerrar la puerta al comercio electrónico ni por impedir que los uruguayos compren en el exterior. La estrategia ha sido modificar las condiciones tributarias y aduaneras para intentar que esa competencia se desarrolle dentro de reglas más equilibradas.
La aplicación del IVA a determinadas compras del exterior y el fortalecimiento de los controles aduaneros apuntan precisamente en esa dirección. Desde el gobierno se ha señalado que el objetivo no es solamente recaudar, sino también evitar que una parte creciente del consumo nacional se traslade hacia mercados externos sin que exista una contrapartida equivalente para la economía local.
Los primeros datos y las señales recogidas por el sector comercial parecen indicar que el cambio de reglas tuvo consecuencias concretas y favorables. La reducción de las compras mediante los regímenes de franquicia coincidió con una recuperación de las ventas en determinados rubros del comercio interno, especialmente en sectores como la vestimenta y otros segmentos que habían recibido con particular intensidad el impacto de las plataformas internacionales.
Es comprensible, entonces, el beneplácito expresado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay respecto de la medida. Para los comerciantes, la situación anterior había generado una competencia que consideraban difícil de afrontar: empresas instaladas en nuestro país, con alquileres, salarios, tributos, cargas sociales y costos logísticos locales, debían competir con productos enviados directamente desde el exterior y adquiridos por consumidores individuales.
Pero reconocer ese problema no significa desconocer el otro aspecto de la ecuación, porque quien finalmente paga el costo de cualquier modificación tributaria es, en buena medida, el consumidor. Y en Uruguay este aspecto adquiere una importancia particular debido a los elevados costos internos que pesan sobre buena parte de los bienes y servicios.
Para una familia que encuentra en una plataforma internacional un producto sensiblemente más barato que en el mercado local, el atractivo de comprar afuera no es una cuestión menor ni necesariamente responde a una intención de perjudicar al comercio nacional. Muchas veces responde, simplemente, a la necesidad de hacer rendir el ingreso.
Por eso, una política de esta naturaleza no puede evaluarse únicamente desde la perspectiva de las empresas ni desde la del consumidor. El desafío consiste precisamente en conciliar intereses legítimos que, en determinados aspectos, entran en conflicto.
Sin dudas, Uruguay necesita empresas que puedan competir, invertir y generar empleo. Pero también necesita consumidores que puedan acceder a precios razonables. Necesita recaudar para financiar sus políticas públicas, pero debe procurar que la presión tributaria no termine encareciendo innecesariamente el costo de vida. Y necesita controlar el ingreso de mercaderías sin convertir esos controles en una barrera desproporcionada para el comercio electrónico.
Allí aparece la principal salvedad: el equilibrio no es una cifra que se determina una vez y queda establecida para siempre. El mercado cambia, las plataformas evolucionan y los sistemas logísticos también, al igual que los precios internacionales. También cambian los hábitos de los consumidores y la capacidad de respuesta de los comercios nacionales. Por eso, una decisión que puede resultar razonable en determinado momento puede necesitar ajustes posteriormente.
La experiencia internacional demuestra justamente eso. Frente al crecimiento de las plataformas asiáticas de bajo costo, distintas economías han comenzado a revisar los antiguos sistemas de exoneraciones para pequeños envíos, las responsabilidades de las plataformas y los controles sobre las importaciones de bajo valor. Cada país procura encontrar su propia combinación de impuestos, controles y excepciones.
En Uruguay también corresponde realizar ese ejercicio. La caída de las compras provenientes del exterior y la recuperación de determinadas ventas locales pueden ser una señal positiva para el comercio establecido. Pero sería prematuro interpretar esos movimientos como una solución definitiva y, del mismo modo, sería equivocado considerar que todo encarecimiento de las compras externas constituye automáticamente una ganancia para la economía nacional.
Como siempre, hay sectores que ganan y sectores que pierden. Hay empresas que recuperan mercado y consumidores que pierden una alternativa de precios. Al mismo tiempo, hay empleos que pueden preservarse en el comercio formal, pero también actividades vinculadas a la logística y a los servicios de courier que dependen de ese movimiento y que pueden verse afectadas.
Precisamente por eso, el camino debería ser el de una revisión permanente de los resultados.
Si las medidas consiguen recuperar actividad comercial, sostener empleo y generar una competencia tributariamente más equilibrada, habrán cumplido una parte importante de su objetivo. Si, en cambio, producen un encarecimiento excesivo para los consumidores, estimulan nuevas formas de evasión o generan distorsiones innecesarias, deberán ser corregidas.
No hay contradicción en admitir ambas posibilidades. La verdadera discusión debería pasar, entonces, por determinar qué reglas necesita el país para que el consumidor pueda comprar, las empresas puedan competir, el Estado pueda recaudar y el empleo pueda sostenerse. Encontrar ese punto de equilibrio será difícil, pero mantenerlo en el tiempo será todavía más difícil.
Probablemente esa sea la tarea que corresponde asumir: no buscar una solución definitiva, sino construir una regulación que pueda adaptarse a la realidad. Porque en una economía que cambia con tanta rapidez, la mejor política no necesariamente es la que pretende cerrar definitivamente una discusión, sino aquella que permite corregir el rumbo cuando los resultados muestran que es necesario hacerlo.

El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva prohibió temporalmente las apuestas deportivas en línea. A nueve días de las elecciones de primera vuelta, en las que disputa un nuevo mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, en un escenario de empate técnico, no hay forma de que el asunto no se entremezcle en la campaña.

Para colmo de males, en el otro extremo de la discusión están nada menos que los clubes del fútbol brasileño, tal vez los clubes con más hinchas del mundo. Las casas virtuales de apuestas o “bets” (bet es literalmente “apuesta”), son una de las principales fuentes de financiamiento de estas instituciones, pero son a al vez una de las más importantes causas del endeudamiento de las familias, según justificó el gobierno. Las apuestas tuvieron un despegue desde que el propio gobierno de Lula generó un marco regulatorio en el 2023.

El ministro de Economía, Darío Durigan, en un acto en Sao Paulo junto a Lula anunció que dejarían de existir en el país los sitios, aplicaciones y el patrocino legal de las apuestas. Según expuso Durigan, la decisión llegó tras los frustrados intentos por regular el sector. Las apuestas, afirmó, se han transformado en un problema de salud pública.
En 2025, unos 25 millones de brasileños realizaron apuestas por un volumen estimado de 220.600 millones de reales (unos 42.500 millones de dólares), mientras que la recaudación tributaria asociada al sector rondó los 9.000 millones de reales (U$S 1.737 millones). Esa cifra ya había sido superada durante los primeros ocho meses de 2026. Eso es mucho dinero, en un país entre cuya población abundan las situaciones de precariedad. Ocho de cada diez familias brasileñas afrontan algún tipo de deuda, según datos de la Confederación Nacional del Comercio.

Bolsonaro, a su vez, acusó a Lula de practicar una “estafa electoral” por anunciar la prohibición de las apuestas deportivas en internet a solo nueve días de los comicios y señaló a Lula como el responsable de las apuestas deportivas virtuales, que fueron reglamentadas en su mandato. También señaló que fue su gobierno quien se benefició de los impuestos pagados por las 85 casas de apuestas que autorizó, pero que ahora, por motivos electorales, anuncia su prohibición. Además observó que la prohibición es por un decreto ejecutivo temporal que perderá vigencia en algunos meses.

En el gobierno de Jair Bolsonaro, padre del actual contendiente de Lula, los casinos virtuales no estaban habilitados. La prohibición, decía, cosechó fuerte rechazo desde el mundo del fútbol, que a su influjo se ha vuelto el más poderoso de la región y ha logrado disputar contratos de jugadores a los clubes europeos.

Son 13 de los 20 equipos de la primera división brasileña los que tienen actualmente acuerdos comerciales con casas de apuestas, en contratos que conjunto rondan los U$S 200 millones anuales. Una cifra que impresiona, pero que cuando se pone al lado de los 11.000 millones que se recaudan, parece un retorno hasta escueto. La voz cantante en la oposición a la decisión del gobierno la ha llevado el Flamengo, el club más popular del país y que de un tiempo a esta parte ha sido animador constante de los torneos continentales.

El club carioca advirtió que la prohibición “afecta en lleno” al deporte brasileño y predijo que tendrá impacto desde el fútbol profesional y de base hasta el fútbol femenino y los deportes olímpicos. Su rival de todas las horas, Fluminense, pide un período de transición para que los clubes puedan adaptarse al fin de estos patrocinios. En su conjunto los clubes se manifestaron advirtiendo que esta medida del gobierno podría favorecer al mercado clandestino, que podría ocupar el espacio dejado por las empresas autorizadas –algo así como lo que ocurre en nuestro país con los cigarrillos de contrabando–. En el mismo sentido la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) y las 85 empresas que tenían licencia para operar, firmaron un comunicado conjunto expresando que “la prohibición no acaba con las apuestas en Brasil sino con la protección de quien apuesta”.

Pero, ¿y acá cómo estamos? Hay un solo sitio de apuestas autorizado a operar. Se trata de Supermatch, cuya publicidad puede verse en los entretiempos de los partidos del fútbol uruguayo.

El resto es considerado ilegal. De hecho, según información oficial de la Banca de Quinielas, al 29 de julio de este año se habían bloqueado 1.730 sitios de apuestas ilegales. Sin embargo hay plataformas ilegales que aparecen y desaparecen de la noche a la mañana. Hay sitios de póker que mueven hasta 200.000 dólares cada noche.

Los uruguayos apuestan unos 700 millones de dólares por año, decía un informe de El País del 15 de julio pasado, citando fuentes oficiales. Según un estudio publicado por el portal de la Universidad de la República, en Uruguay había en 2023 más de 35.000 personas adictas al juego, pero cerca del doble padecían de juego problemático. Por supuesto que no son comparables las cifras con las de una población gigante como la de Brasil, incluso en términos porcentuales estamos lejos. No obstante, no se puede decir que no tengamos un problema. Incluso un problema de sobreoferta.

El juego está muy a mano desde edades muy tempranas, porque aunque no se pueda entrar a un casino oficial hasta tener 18 años –si alguien va el día que los cumple no solo puede ir, sino que además le hacen un obsequio de bienvenida–, hay, por ejemplo, en los barrios maquinitas tragamonedas que no piden la cédula para jugarse una fichita.

A comienzos de este mes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró, de la nada, que la postura de su gobierno sobre las Islas Malvinas/Falklands es “una de muchas” que están siendo revisadas, en un mensaje en el que además instó a Reino Unido a aumentar su gasto militar. Justamente expresó esas palabras después que el diario británico The Daily Telegraph informara que autoridades de defensa de EE.UU. preparaban propuestas para incentivar a los aliados de la OTAN a cumplir sus compromisos de gasto, según publicó en ese momento BBC.com.

Este “aprete”, que aparentemente tenía por objetivo conseguir de los gobiernos mayor disposición a invertir en defensa, provocó una sacudida en nuestra región al reavivar un fuego que nunca terminó de apagarse, y sirva para demostración la exhibición de la bandera de los hinchas argentinos en el partido contra la selección de Inglaterra en el Mundial de fútbol.

Argentina ganó ese partido de manera épica dando vuelta el resultado en los descuentos. En medio de la locura de los festejos apareció el mensaje pintado en letras negras en una sábana de hotel. Pero el sentimiento de que las Malvinas son argentinas no se apagó nunca en la población del vecino país, aun apagados los sonidos de los últimos disparos de una guerra brutal en la que muchos jóvenes aprendices de soldados dejaron la vida.

Para los que volvieron y para los argentinos en general, la herida nunca sanó, y las expresiones de Trump fueron una luz de esperanza de que hay una forma de rehacerse y retomar el control de ese territorio. Pero también fueron una inyección de oxígeno sobre esas brasas aun ardientes bajo la ceniza de los años.

El presidente argentino, Javier Milei, tomó la posta y asumió como propia la causa de Malvinas, pese a que anteriormente había dado muestras de que no era su guerra y hasta llegó a pronunciar elogios hacia la figura de Margaret Thatcher. El gobierno argentino anunció duras sanciones a todas las empresas extranjeras que mantengan actividades económicas con las islas.
La historia corta dice que el mismo Trump el 22 de setiembre se reunió con el primer ministro británico, Andy Burnham, y encontraron varios puntos de acuerdo en diferentes temas. Entre ellos el apoyo estadounidense en cuanto a las Malvinas. Posiblemente haya alcanzado su propósito inicial. Sin embargo las secuelas en la región no se han de apagar así nomás, especialmente en momentos en que hay proyectos de exploración petrolera promovidos por el Reino Unido en aguas el disputa territorial que no ayudan a traer calma. En medio de todo esto en Chile esta semana “40 empresas de las Malvinas y Chile se reúnen en Punta Arenas para hacer negocios e incrementar una ruta marítima”, en la llamada Punta Arenas Business Showroom según publicó Clarín, de Buenos Aires.

Es llamativo en el contexto político de un gobierno liderado por José Antonio Kast, quien ha manifestado su afinidad ideológica con Milei, con lo que lo esperable era que se entablasen relaciones de proximidad ente países vecinos pero que también supieron tener su conflicto, que fue desactivado por el papa Juan Pablo II, quien ofició de mediador y detuvo una guerra inminente entre Argentina y Chile en 1978 por el control del Canal de Beagle. El papa envió al cardenal Antonio Samoré, cuyos buenos oficios condujeron a la firma del Tratado de Paz y Amistad en 1984.
Poco antes de este encuentro empresarial, relata Clarín, el ministro de Defensa trasandino, Fernando Barros, dio a entender que la “soberanía británica de las islas” lleva 200 años y defendió el derecho de Chile a comerciar libremente con las Malvinas. Algo en lo que Argentina siempre ha puesto reparos. Barros anunció la intención de incrementar la defensa de su país y de instalar bases alrededor en la zona más austral, Punta Arenas, donde las tensiones inesperadas llevaron a hacer descomunales ejercicios militares en la región. Mientras, Argentina planea una base naval integrada en Tierra del Fuego más un polo logístico y los chilenos piensan competir con un megapuerto.

El alcalde Radonich prometió a los isleños hacer de Punta Arenas un lugar más barato que la oferta que hoy tienen en Uruguay, en Montevideo concretamente, y convocó a empresas de varios rubros a hacer negocios con las Malvinas.
En medio de todo este lío, no faltó quien reprochara a Uruguay por esos servicios que se prestan al transporte hacia las islas, la atención que se está prestando a la población y hasta por el stand de las Falklands en el pabellón que todos los años Gran Bretaña tiene en la Rural del Prado. Eso pese a que Uruguay ha sido consistente en acompañar la postura argentina respecto a ese y los demás archipiélagos en disputa en el Atlántico Sur.

Para mayor contexto, recientemente dos empresas petroleras, una de Israel (Navitas) y otra del Reino Unido (Rockhopper), anunciaron que explotarán petróleo extraído de aguas disputadas de Malvinas a partir de 2028 y una empresa naviera chilena comenzará una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas a partir de noviembre.
En el último mes, Cancillería argentina envió cerca de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, ha iniciado unos 60 procedimientos administrativos y ha realizado en tribunales argentinos al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras —de capitales británicos, israelíes y canadienses— y sus directivos.

En su mensaje en la sede de ONU la semana pasada, Milei instó al Reino Unido a “reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía” de las islas y advirtió que habrá consecuencias para las empresas que explotan recursos naturales en esa zona del Atlántico Sur sin la autorización de su Gobierno.

Todo esto ocurre en un escenario global de carrera armamentista y de alianzas montadas sobre afinidades ideológicas de las que Argentina no duda en hacer alarde cada vez que puede —pero que especialmente en Uruguay no debe sorprendernos, porque fue una carta que en sus días jugó el expresidente Tabaré Vázquez, en lo más álgido del conflicto por la pasteras—. Son momentos de moverse con prudencia y actitud conciliadora, buscando hacer prevalecer la estabilidad, la seguridad y la paz.

Hay iniciativas que, sin dudas, merecen ser tomadas en serio por la importancia del problema que intentan abordar. La creación del Foro de Referentes Industriales, promovido por la Cámara de Industrias y el Pit Cnt, con participación académica y apoyo de Inefop, puede ser una de ellas. Reunir en torno a una misma mesa a empresarios, trabajadores y académicos para discutir el futuro industrial del país no es un asunto menor y puede constituir una oportunidad para abordar esta problemática con la seriedad que requiere.

Pero hay una condición: que la mesa no termine siendo simplemente otra instancia de diálogo destinada a producir diagnósticos, documentos y buenas intenciones mientras la realidad continúa avanzando por otro camino.
Porque el problema industrial uruguayo no es nuevo ni misterioso. Nuestro país tiene una economía pequeña, un mercado interno reducido, costos internos elevados, problemas de escala, dificultades de inserción internacional y una estructura de costos que muchas veces hace difícil, cuando no imposible, competir tanto dentro como fuera del país. A ello se suman los costos energéticos, laborales, logísticos, tributarios y regulatorios que pesan sobre quien decide producir localmente.
Existe, además, un problema cultural que quizá sea más difícil de resolver que cualquiera de los anteriores: la tendencia a discutir la distribución de lo que existe antes que las condiciones necesarias para generar aquello que todavía no existe. Es un defecto de raíces ideológicas sesentistas que la central sindical vuelve a poner sobre la mesa una y otra vez.
Durante mucho, demasiado tiempo, buena parte de la discusión económica uruguaya se ha desarrollado como una disputa entre intereses sectoriales. Empresarios defendiendo rentabilidad y condiciones de competencia; trabajadores defendiendo salarios, empleo y derechos; consumidores reclamando precios más bajos, y el Estado intentando arbitrar entre todos ellos, pero procurando al mismo tiempo preservar su propia tajada. El problema aparece cuando algún sector consigue trasladar sus costos al resto de la sociedad y nadie se pregunta quién termina pagando la cuenta.

La industria, mientras tanto, necesita algo simple, al menos en apariencia: poder producir, vender, invertir y competir.
En ese sentido, resulta llamativo que el debate sobre competitividad aparezca muchas veces fragmentado. Se discute la apertura de las importaciones, pero no necesariamente la estructura de costos que enfrenta el productor nacional. Se discuten salarios, pero no siempre la productividad, un aspecto que suele quedar soslayado en el debate sindical. Se discute el empleo, pero no la inversión que hace posible sostenerlo. Se discuten beneficios para determinados sectores, pero no siempre las condiciones generales que permitirían que nuevas empresas aparezcan y compitan.

Y, en tren de regulaciones y medidas que se presentan como soluciones, recientemente se ha incorporado a la agenda el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, cuyo artículo 140 aparece como un buen ejemplo de esta contradicción.
La simplificación para que nuevos importadores puedan comercializar productos que ya fueron registrados y evaluados tiene una lógica evidente: evitar duplicaciones innecesarias, facilitar la competencia y, eventualmente, reducir precios. No parece razonable exigir que cada nuevo importador vuelva a recorrer íntegramente un procedimiento técnico que ya fue cumplido respecto de un determinado producto.

Pero una política de competencia tampoco debería confundirse con una política de desprotección de la producción nacional.
La pregunta relevante no es si Uruguay debe proteger a empresas ineficientes de la competencia. La pregunta es otra: ¿por qué producir en Uruguay resulta tan caro y qué estamos dispuestos a cambiar para que las empresas eficientes puedan competir?
Si la respuesta consiste únicamente en abrir más el mercado importador, sin reducir los costos estructurales que soporta quien produce localmente, existe el riesgo de que la competencia se produzca sobre una cancha flechada.
Aquí surge una discusión que debería estar en el centro del nuevo foro industrial: competir en igualdad de condiciones no significa proteger monopolios ni prebendas. Significa eliminar privilegios y distorsiones, tanto para quienes producen como para quienes importan. Si un registro, una licencia o una regulación se convierte, de hecho, en una barrera de entrada que permite a un actor apropiarse indefinidamente de una posición privilegiada, corresponde revisarlo. Pero tampoco resulta razonable que quien asumió los costos iniciales de desarrollar un producto, obtener certificaciones, construir una red comercial y abrir un mercado quede automáticamente expuesto a que otro se apropie de ese esfuerzo sin asumir riesgos equivalentes.
La solución no debería consistir en elegir entre proteccionismo y apertura. Debería ser construir reglas de competencia transparentes, generales y previsibles.

Pero eso nos lleva al asunto más difícil de afrontar: los costos. Uruguay no puede aspirar indefinidamente a tener una industria competitiva si cada reforma se concentra en el precio final de los bienes sin atacar los costos de producirlos. Energía, combustibles, logística, infraestructura, servicios públicos, carga tributaria, regulación, financiamiento y relaciones laborales forman parte de una misma ecuación.
A la vez, está de por medio el tema de la productividad. Es legítimo que los trabajadores aspiren a mejores salarios y condiciones laborales. Pero una economía no puede aumentar indefinidamente el costo del trabajo sin tener en cuenta cuánto valor genera ese trabajo. Del mismo modo, es legítimo que las empresas reclamen mejores condiciones de competitividad, pero tampoco pueden pretender que toda ineficiencia privada sea socializada y termine siendo pagada por todos.

Por eso, el capítulo de las relaciones laborales no puede quedar fuera de una verdadera reconversión industrial del país, como tampoco puede quedar al margen la logística portuaria y los problemas evidentes derivados de la incidencia de los sindicatos en el funcionamiento del puerto de Montevideo.

Cuando un conflicto en un nodo crítico de la economía afecta cadenas enteras de producción, exportaciones e importaciones, el problema deja de ser exclusivamente entre una empresa y sus trabajadores. Pasa a tener una dimensión económica nacional, y su debate exige responsabilidad de todos los actores. Un país pequeño, dependiente del comercio exterior y con una sola gran puerta marítima, no puede darse el lujo de tratar su infraestructura estratégica como si fuera un escenario más de la disputa sectorial. La libertad sindical y la negociación colectiva deben coexistir con mecanismos que reduzcan el impacto de los conflictos sobre terceros que nada tienen que ver con la controversia original.

La reconversión industrial no consiste en subsidiar indefinidamente empresas que no son competitivas. Tampoco consiste en abrir indiscriminadamente las puertas a cualquier producto extranjero y esperar que el mercado resuelva mágicamente el problema.
Y todo lo que se haga terminará siendo inútil si no se revisa —y se hace algo serio al respecto— el tamaño y la eficiencia del Estado, una cuestión que está en la raíz de buena parte de los problemas que enfrenta el país. Un Estado que recauda mucho, pero presta servicios caros o deficientes, termina convirtiéndose en un costo adicional para quienes producen. Un Estado eficiente, en cambio, puede constituir una infraestructura fundamental para la actividad privada.

Estos elementos, apenas esbozados, dan una idea de la seriedad del problema y de las dificultades para que de un foro como el que se anuncia surjan diagnósticos y propuestas capaces de traducirse en acciones concretas, si es que realmente se quiere hacer algo en serio. Sobre todo, si tenemos en cuenta que cada gobierno suele querer hacer las cosas a su manera y dejar su impronta, pero no necesariamente está dispuesto a asumir los costos políticos de hacer aquello que el país necesita.

El asesor del edil blanco Gonzalo Gómez fue condenado a dos años y medio de prisión por lavado de activos en el marco del caso de la incautación de 250 kilos de pasta base, en el marco de la “Operación Trazador”. Las investigaciones continúan.
En medio de estos hechos, también ocurren otras derivaciones políticas que han generado alarma y mantienen expectante a todo el sistema. Es que el caso pasó del ámbito estrictamente judicial al terreno partidario, a raíz de los vínculos directos de los condenados con representantes nacionalistas que también serán indagados por la Fiscalía.
En el esquema de lavado de la organización criminal se utilizaba una sucursal de una red de cobranzas a nombre de la esposa del actual director de la ANP en representación de la oposición y exparlamentario, Jorge Gandini. El dirigente negó cualquier conexión con el condenado y desvinculó a su esposa de esta situación, pero el fiscal especializado en Lavado de Activos se hará cargo de las investigaciones.

En este marco, el ministro del Interior, Carlos Negro, rehusó emitir juicios políticos de fondo, pero manifestó su profunda preocupación por la incidencia del dinero proveniente del narcotráfico en las estructuras políticas y económicas. En realidad, ya había alertado sobre esta situación el entonces responsable de la Brigada Antidrogas y luego director nacional de Policía, Julio Guarteche, en 2008, ante una comisión parlamentaria.

Hace 18 años, Guarteche advirtió sobre la voluntad de contrabandistas y narcotraficantes de acercarse a actores con poder de decisión, desde ediles hasta legisladores y ministros, y señaló el interés que existía por aquellos años en torno a la operativa de Pluna y el puerto de Montevideo.

El exjerarca policial pidió que sus palabras no constaran en las versiones taquigráficas del Parlamento, pero mencionó casos concretos de políticos vinculados con narcotraficantes. Por entonces, Guarteche había comparecido ante un llamado del diputado nacionalista Jorge Gandini. Causalidad o casualidad, hoy vuelve a hablarse del mismo tema, aunque con otros protagonistas.
El ámbito político reclama volver a discutir el financiamiento de los partidos políticos. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) comenzó a analizar de oficio la información y, en paralelo, el Banco Central del Uruguay activó inspecciones en casas de cambio y redes de pagos del centro de Montevideo como parte de las derivaciones del caso.
A pesar de las reacciones en cadena, conviene tener presente que Uruguay registra un número muy bajo de condenas por lavado de activos —entre cuatro y seis sentencias anuales en períodos recientes— en comparación con la cantidad de delitos precedentes que generan dinero ilícito. Esta situación responde a factores estructurales, de recursos y de diseño institucional.
En el país faltan investigaciones financieras paralelas. Ocurre que se investiga y condena el delito original —en este caso, narcotráfico o contrabando—, pero no siempre se indaga de manera simultánea el rastro del dinero ni el patrimonio de las organizaciones involucradas.

La Unidad de Información y Análisis Financiero, junto con otros organismos competentes, enfrenta una escasez de personal y de herramientas tecnológicas avanzadas para realizar un seguimiento adecuado de los flujos financieros. En forma paralela, se han registrado cambios institucionales reiterados. En los últimos diez años, las competencias de las fiscalías especializadas en investigar activos cambiaron múltiples veces. Esto afectó la continuidad y la eficiencia de las causas.

Incluso aparece otro problema: la demostración del encubrimiento o del lavado requiere un alto nivel de prueba y que se encuentren conexiones entre los bienes y las estructuras que los administran. Por esta razón, estos casos pocas veces culminan en imputaciones.
El último informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), correspondiente al período 2021-2025, señala que Uruguay registró el año pasado un récord histórico de 1.080 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados al lavado de activos. Se trata de un aumento del 12% respecto del período anterior y de un crecimiento sostenido desde 2021.

Según el documento, el sector financiero concentró aproximadamente el 90% del total de los reportes, con 973 casos. El sector no financiero —correspondiente a inmobiliarias, escribanos, casinos, entre otros— aportó 107 casos y presenta una participación minoritaria, aunque con una mayor percepción del riesgo detectado en el mercado inmobiliario.

En este marco, la evaluación de la Senaclaft identifica al narcotráfico, el contrabando, la estafa, los delitos tributarios, la corrupción y la trata de personas como las principales fuentes generadoras de los activos ilícitos que se intenta reintroducir en la economía formal.
La gran mayoría de las sentencias vinculadas con este delito se concretan mediante procesos abreviados, en los que los imputados admiten su responsabilidad a cambio de una reducción de la pena.
Es decir, se ha construido un sistema de cumplimiento normativo que resulta exigente para el sector privado y genera numerosos reportes, pero que no siempre se traduce en una persecución penal efectiva, decomisos y condenas por parte del Estado.

El futuro de las condenas y de la persecución del lavado de activos en Uruguay es incierto. Mientras se producen cambios normativos e institucionales, los políticos debaten y confrontan mucho más de lo que se logra avanzar en resultados concretos.
El desafío, aún pendiente, es mejorar la eficiencia y la aplicación práctica de la ley por parte de los organismos del Estado. El abordaje de este fenómeno global, desde una mirada política y estratégica que trascienda a los gobiernos de turno, implica entenderlo no tanto como el problema de una administración particular, sino como una vulnerabilidad sistémica que puede afectar la soberanía de los países.

Hay problemas que en Uruguay parecen condenados a eternizarse. Se diagnostican, se anuncian soluciones, se presentan proyectos, se ensayan programas y, pasado el tiempo, la realidad vuelve a imponerse casi en los mismos términos. La falta de especialistas médicos en el Interior es uno de ellos, lamentablemente.

Desde hace décadas, la concentración de los recursos humanos y de la infraestructura sanitaria en Montevideo constituye una de las mayores dificultades del sistema de salud. La capital concentra buena parte de la formación de especialistas, los centros de mayor complejidad, la actividad académica y las oportunidades de desarrollo profesional. Y esa concentración tiene una consecuencia directa: para miles de uruguayos, acceder a una consulta especializada puede depender del departamento en el que viven.

El problema se vuelve todavía más evidente en los departamentos al norte del río Negro. Allí, las distancias, la escasez de determinados especialistas y las dificultades para sostener equipos permanentes terminan traduciéndose en largas esperas, derivaciones y, en algunos casos, ausencia de prestaciones. Para un paciente, dos, tres o cuatro meses de espera no son simplemente un inconveniente administrativo. Pueden significar un diagnóstico que se posterga, un tratamiento que se demora o una enfermedad que continúa avanzando.

Y si no, que lo digan los pacientes sanduceros que recurrentemente se quejan, con mucha razón, en la sección “Cortocircuitos Ciudadanos” de EL TELEGRAFO, de las largas esperas y peripecias que deben sufrir por esa causa.
Por eso, la discusión no puede reducirse a cuántos médicos faltan ni a cuántas horas de atención pueden agregarse. La pregunta de fondo es otra: ¿puede el lugar donde una persona nace o decide vivir determinar sus posibilidades de acceder a una atención médica especializada?

La respuesta que ofrece la realidad actual es un sí rotundo, y ello no debería naturalizarse ni ser motivo de resignación.
El problema, por cierto, tiene raíces profundas. Los especialistas se forman mayoritariamente en Montevideo. Allí construyen sus vínculos personales y profesionales, encuentran mayores posibilidades de capacitación, investigación e intercambio y disponen de una infraestructura sanitaria que muchas veces no existe en el Interior. Incluso quienes nacieron en otros departamentos pueden terminar radicándose en la capital después de varios años de formación, porque encuentran oportunidades y un amplio campo de acción que en su medio no tienen.
No alcanza, entonces, con formar más especialistas, donde también hay un fuerte déficit. Hay que crear, además, las condiciones para que puedan ejercer, desarrollarse y permanecer fuera de Montevideo.

Ese es el punto que durante demasiado tiempo ha quedado relegado frente a soluciones coyunturales. Enviar especialistas algunos días al mes puede atender una necesidad concreta, pero difícilmente modifique una estructura. Un incentivo aislado puede ayudar a cubrir una vacante, pero no necesariamente genera arraigo. Y aumentar el número de profesionales formados tampoco garantiza que esos profesionales elijan radicarse donde más se los necesita.

La discusión ha vuelto al Parlamento con dos iniciativas que plantean caminos diferentes. Por un lado, un proyecto del diputado frenteamplista Federico Preve propone que los profesionales que culminen determinadas formaciones cumplan, durante sus primeros dos años, un servicio asistencial en hospitales públicos de todo el país, con una carga horaria que deberá determinarse reglamentariamente y teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la distancia respecto de Montevideo.
Por otro lado, el diputado nacionalista Andrés Grezzi presentó una iniciativa basada en incentivos para favorecer la radicación de especialistas en centros públicos del Interior. El proyecto plantea herramientas económicas y de formación, prioridad en concursos públicos, fortalecimiento de la telemedicina y convenios con universidades, entre otras medidas.
Son dos enfoques distintos frente a un mismo problema: obligatoriedad, por un lado; incentivos y condiciones de radicación, por otro.

La Federación Médica del Interior ha cuestionado que la obligatoriedad pueda garantizar por sí misma una radicación sostenida y ha planteado, en cambio, fortalecer la formación de especialistas en el Interior, mejorar las condiciones laborales y generar incentivos reales. Es una posición que debe formar parte del debate, del mismo modo que también merece ser discutida la posibilidad de establecer mecanismos transitorios que permitan atender necesidades asistenciales que hoy son concretas y urgentes.
Porque tampoco sería razonable esperar a que una política estructural produzca resultados dentro de diez o quince años mientras hay pacientes que necesitan ser atendidos ahora.

La discusión, por lo tanto, no debería convertirse en una disputa entre modelos cerrados ni en una confrontación de intereses sectoriales. Obligatoriedad e incentivos no necesariamente tienen que ser conceptos incompatibles. La verdadera pregunta es qué combinación de herramientas puede atender la emergencia actual y, al mismo tiempo, modificar las causas que generan el problema.

Y para eso hace falta mirar más allá de Montevideo. Descentralizar la formación médica debería ser una prioridad. Crear ámbitos de residencia y capacitación en el Interior, fortalecer hospitales y centros asistenciales, ampliar la infraestructura de alta complejidad, desarrollar la telemedicina y generar vínculos permanentes entre los centros del Interior y las instituciones académicas puede contribuir a construir algo que hasta ahora ha faltado: un ecosistema profesional capaz de sostener especialistas fuera de la capital.
Porque un médico no decide dónde ejercer únicamente en función de su salario. También importa dónde puede capacitarse, qué posibilidades tiene de desarrollarse, qué tecnología tendrá disponible, cómo podrá continuar vinculado a la actividad académica y qué perspectivas encontrará para su vida personal y profesional.

Si esas condiciones siguen concentradas en Montevideo, la descentralización será siempre parcial y con fórceps.
Uruguay lleva décadas hablando de descentralización. En materia sanitaria, la falta de especialistas demuestra que todavía existe una deuda pendiente. Y mientras se suceden diagnósticos, proyectos y programas, hay pacientes que continúan esperando.
Por eso, el centro de esta discusión no debería ser quién gana o pierde entre una propuesta y otra. Tampoco debería ser qué sector consigue imponer su visión, porque el centro debe ser el paciente.
El paciente que espera una consulta, el que debe viajar cientos de kilómetros, el que no encuentra un especialista en su departamento y ve postergado un diagnóstico porque la fecha disponible está demasiado lejos, con toda la carga de incertidumbre y zozobra personal y familiar que ello implica.

Después de tantos años, seguir dando vueltas en la misma noria ya no parece suficiente. El problema exige respuestas inmediatas para las necesidades actuales y, al mismo tiempo, una política sostenida que modifique las condiciones que lo reproducen.
Porque la verdadera descentralización no consiste solamente en llevar médicos al Interior, sino en lograr que existan las condiciones para que quieran quedarse.
Y es precisamente allí donde, hasta ahora, se ha errado de medio a medio, a juzgar por los resultados.

El sistema de partidos uruguayo atraviesa un proceso de reconfiguración estructural donde las identidades ideológicas tradicionales enfrentan severas tensiones de representatividad. Para el Partido Colorado, este fenómeno se manifiesta en un dilema existencial: un paulatino alejamiento de las bases doctrinarias del batllismo original, formulado por José Batlle y Ordóñez, y la consecuente consolidación de la supremacía electoral del Frente Amplio en las clases populares.
Con este artículo buscamos analizar desde la teoría política las causas de dicho desplazamiento y propone una agenda de reformismo socialdemócrata, inspirada en el modelo de bienestar, como única vía para la reconexión con los sectores de menores ingresos.

El quiebre del consenso socialdemócrata y el “escudo de los débiles”. El batllismo clásico no se articuló como un liberalismo ortodoxo ni como un conservadurismo fiscal; su ontología política se fundamentaba en un capitalismo regulado y un Estado de bienestar de vanguardia. Su premisa no era la neutralidad estatal, sino la intervención asimétrica a favor de los postergados. Como sentenciaría con claridad el propio Don Pepe: “Hay una profunda injusticia en la organización social. Nuestro partido es el escudo de los débiles”.

Bajo esta concepción, el Estado encarnaba la voluntad colectiva encargada de arbitrar las inequidades estructurales del libre mercado. Sin embargo, las transformaciones programáticas de las últimas décadas desplazaron el eje del partido hacia posturas de corte tecnocrático y desregulador, asumiendo una ortodoxia económica que alienó a su base histórica. Al subordinar la justicia social a la eficiencia del mercado, se generó un vacío de representación en la matriz de protección. El Frente Amplio capitalizó políticamente este repliegue ideológico, absorbiendo el caudal electoral de los trabajadores. La pérdida de competitividad colorada en las periferias urbanas no responde a una mutación orgánica de la sociedad uruguaya, sino a la vacancia de su propia tradición.
Don Pepe advertía con lucidez que la democracia no era un fin puramente procedimental:
“Los más humildes, los menos preparados, algo piensan y algo juzgan”. Si el partido no ofrece respuestas materiales a ese juicio popular, el electorado migra legítimamente hacia donde se prometa amparo.
El modelo moderno como actualización doctrinaria: La reconexión con las clases populares exige una actualización conceptual que demuestre la viabilidad contemporánea del Estado social. El paralelismo histórico y teórico más preciso para el batllismo del siglo XXI se encuentra en el régimen de bienestar socialdemócrata de los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Finlandia). Estos sistemas demuestran que la alta competitividad global y el dinamismo de mercado no son antagónicos a un Estado fuerte; por el contrario, la universalidad de los servicios públicos dota a la fuerza laboral de la resiliencia y estabilidad necesarias para el desarrollo económico. Se trata de revivir, con herramientas modernas, aquella máxima batllista: “Que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres”.
Para disputar la hegemonía de la izquierda en las clases trabajadoras, la agenda programática debe vertebrarse sobre tres banderas estructurales de alto calado teórico:
a)Regulación de la economía de plataformas y desmercantilización laboral: El avance tecnológico ha propiciado procesos de acumulación por desposesión de derechos, fragmentando las relaciones laborales tradicionales a través de la gig economy. Es imperativo regular el estatus jurídico de los trabajadores de aplicaciones (como PedidosYa y Uber). Desde la perspectiva teórica del batllismo, el trabajo no puede ser tratado como una mera mercancía desprotegida. Se propone un marco regulatorio que formalice estas actividades mediante el principio de primacía de la realidad, garantizando cobertura universal de salud, seguros de accidentes, derechos previsionales y libertad sindical. Es la traslación de la histórica ley de ocho horas de 1915 a la era del algoritmo: el Estado interviniendo allí donde la asimetría corporativa vulnera la dignidad del ciudadano.
b)Equidad sociodemográfica mediante la descentralización educativa: En la teoría de la justicia social, la educación pública es la institución clave para neutralizar las loterías de cuna. El partido debe abanderar una discriminación positiva presupuestal y de infraestructura hacia centros de tiempo completo en contextos críticos. El acceso a competencias tecnológicas avanzadas y lenguas extranjeras no puede seguir funcionando como un mecanismo de reproducción de clases sociales. La escuela pública debe volver a ser el gran igualador social de la República.

c)Universalización de la infraestructura pública de cuidados: Siguiendo la experiencia escandinava, la economía del cuidado debe transicionar de una responsabilidad familiarizada, privatizada y feminizada a un pilar del Sistema Nacional de Cuidados con financiamiento y gestión estatal eficiente. Esto aliviará la carga de trabajo no remunerado que penaliza severamente a los hogares de menores ingresos, facilitando la inserción plena de las mujeres en el mercado de trabajo formal y combatiendo la infantilización de la pobreza.

El Partido Colorado se encuentra ante la necesidad histórica de un retorno radical a sus fuentes intelectuales. La reconexión con las mayorías populares no se logrará adoptando un rol secundario o de ladero de visiones conservadoras del orden social. Volver a ser una opción mayoritaria implica recordar que, en la matriz identitaria del Uruguay, el batllismo triunfó porque supo entender que el progreso nacional sólo es legítimo si se construye desde y para la justicia social.

Dr. Jesús Viera, convencional nacional del Partido Colorado.

Un nuevo acceso a la información pública nos demuestra que la transparencia del gobierno de Olivera es claramente una materia pendiente. Así, en este caso, el pedido fue realizado en referencia a la empresa hormigonera Ramyán, la que compareció en su momento ante la opinión pública junto a autoridades departamentales, concretamente el 6 setiembre de 2021, anunciando la llegada de una gran inversión de 800 mil dólares en nuestro departamento y de varios puestos de trabajo.
Ahora bien, cuando uno lee el expediente por el cual se termina celebrado un convenio con Ramyán por parte de la Intendencia, expediente 2021-3642, se observa una gran cantidad de irregularidades. En tal sentido, de su lectura se puede concluir que no existe ninguna misiva de la empresa pidiendo nada, ni presentándose, ni acreditando que es una hormigonera que estuviese funcionando en alguna parte del país, ni cuántos trabajadores tenía a su cargo; al contrario, aparece inicialmente de la nada, por arte de magia, el día 6 de agosto de 2021 (un mes antes de promocionarse el acuerdo) un informe del departamento general de obras dando para adelante con la iniciativa.

Se reitera, la iniciativa debería estar en la mente de los funcionarios, porque en el expediente en concreto, brilla por su ausencia, no hay nada que plasme lo que se dice. Así y todo, a lo largo de las páginas del expediente, se afirma por los funcionarios, que es una empresa de larga trayectoria en la materia, que viene a invertir 800 mil dólares a Paysandú, pero es imposible saber de dónde obtuvieron tal información.

También son llamativos dos detalles no menores, el primero, es que siendo una hormigonera, se hubiera firmado un convenio sin tener un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pues, como se comprenderá, este tipo de industrias está sometido a diversos controles por la Dinacea, pues bien, eso no existe ni tampoco la empresa se compromete a obtenerlo. Si se lee el acuerdo, el lugar donde se pensaba ubicar la industria era en el padrón 165, sobre Camino de las Américas, lugar que se ubica en zona urbana de la ciudad, rodeado de vecinos y de centros educativos, por lo que pareciera que la salud y bienestar de éstos sería un tema menor que no requeriría atención.

A esto también se suma que el mencionado convenio no pasó por el Tribunal de Cuentas, ni fue intervenido por el contador delegado ni tampoco por la Junta Departamental, detalles que, tratándose del gobierno del Intendente Olivera no nos sorprenden para nada. Pero lo más llamativo, fue que el Intendente en la presentación pública el 6 de setiembre de 2021, sostuvo que la comuna a cambio de esta instalación, iba a dar un padrón inutilizado que era el 165, desconociendo abiertamente que el mismo estaba ocupado por una sanducera y su familia hacia más de 30 años.
Así las cosas, de un día para otro, sin avisar ni intimar, en el terreno que Elen Sosa venía cuidando hacía 30 años, aparecieron funcionarios municipales con camiones, con maquinaria, rompieron los candados de ingreso que cerraban la portera de entrada y luego hicieron tabla rasa con toda la vegetación que allí existía, talando un monte nativo y otros árboles y plantas sin ningún miramiento.

Y eso no es nada, pues en definitiva tal atropello está en manos de la justicia civil (ya que la Fiscalía actuante entendió que no había mérito para investigar un caso de justicia por mano propia, aún cuando a esa altura existía un expediente civil de prescripción sobre ese inmueble promovido por la Sra. Sosa tiempo atrás), sino que, para completar el panorama, en un juicio posterior, promovido para recuperar la posesión del inmueble, la Intendencia cuando comparece, jamás dice, como era su deber procesal, que había comprometido ese inmueble para esta empresa, sino que alega que había llevado adelante tales actos para cumplir con la ley de ordenamiento territorial, es decir, una total mentira y mala fe procesal, impropias de un ente del Estado.
A pesar de todo esto, esa gran empresa que venía a invertir en Paysandú, terminó en concurso, despidiendo a todos sus trabajadores, cerrando, y el día 19 de agosto de 2026 se remataron todos sus bienes. Este capítulo de grandes decisiones, tiene como corolario, que el dueño de Ramyán, Mauro Javier Almeida Sierra, terminó siendo condenado en mayo de este año por el delito de homicidio, a la pena de 10 años de penitenciaría, pues según las crónicas periodísticas, atribuía su mala situación económica a que un vecino le había hecho un “trabajo”, en cuya virtud no tuvo mejor idea que prender fuego la vivienda del hombre y luego de discutir con él, darle muerte de la misma manera.

En fin, lo del título, tarde o temprano, la verdad emerge.

Dr. Federico Álvarez Petraglia

Hasta hace poco, la inteligencia artificial era algo que respondía preguntas. Usted escribía en una pantalla y recibía un texto. Como un loro muy bien entrenado: repite, resume, traduce, pero no hace nada por su cuenta.

Eso ya cambió.

Ahora existen los agentes de inteligencia artificial: programas capaces de tomar decisiones, usar herramientas, navegar por internet, enviar correos, programar y coordinar con otros programas como ellos. No esperan a que alguien apriete un botón. Actúan.

En 2026 ocurrió algo que debería haber estado en todos los diarios, y que casi nadie comentó en la mesa familiar. Dos de las empresas más importantes del mundo —OpenAI y Anthropic— revelaron que sus propios agentes se salieron de los entornos cerrados donde estaban siendo probados. Es decir: rompieron la “jaula” digital en la que se suponía que no podían hacer daño, y actuaron sobre sistemas reales. Uno de ellos llegó a atacar la infraestructura de otra empresa. No fue una película: fue un informe técnico.

Lo más inquietante no es que hicieran algo malo por maldad. Es que hicieron exactamente lo que estaban programados para hacer: cumplir un objetivo por el camino más corto. Y el camino más corto pasaba por afuera de la jaula. La orden de “no salgas” no es una pared: es apenas una sugerencia.

¿Por qué debería importarle a usted, que tiene cosas más urgentes?

Por tres razones muy concretas.

Primera: estos sistemas ya se usan para influir en lo que la gente piensa. Funcionan como “enjambres”: miles de cuentas coordinadas por inteligencia artificial que simulan que un tema es importante, que una idea tiene apoyo, que “todos” piensan igual. No convencen con argumentos: convencen mostrando una multitud falsa.

Segunda: casi no hay leyes que los controlen. Las normas actuales fueron escritas para una inteligencia artificial que respondía preguntas, no para una que actúa sola y se coordina con otras.

Tercera: quien decide cómo funcionan estas herramientas no es usted, ni su intendente, ni el Congreso. Son cinco empresas privadas que concentran casi el 60% del mercado mundial.

Esto no es una advertencia apocalíptica ni una teoría conspirativa. Es el estado actual de la cuestión, documentado por las propias empresas que desarrollan la tecnología. Algunos de sus propios creadores han pedido públicamente frenar.

La pregunta no es si la inteligencia artificial va a cambiar nuestra vida: ya lo está haciendo. La pregunta es quién va a decidir cómo, y si vamos a enterarnos antes o después.

Nuestros representantes, deberían estas legislando normas que permiten aprovechar la parte positiva para los ciudadanos de esta poderosa herramienta, pero que controlen y limiten la posibilidad de utilizarla en forma negativa para nosotros. Dardo Arévalo