Opinión

No es novedad, al menos en Uruguay, que los consumidores de cualquier sustancia adictiva se inician a edades cada vez más tempranas. Y mucho más, si el consumo está normalizado en el entorno de un niño o adolescente.
Un comunicado divulgado por la Policía, informó que un estudiante de 12 años de un colegio de Barros Blancos llevó drogas en su mochila. Allí tenía un desmorrugador, hojillas, algo más de un gramo de sustancia vegetal, “17,72 gramos de una sustancia blanca en polvo y un billete enroscado de forma de tubo”.
El gramo de “sustancia vegetal” junto al desmorrugador pueden hablar de un consumo personal –que dicho sea de paso, estamos hablando de drogas consumidas por un niño–, pero la cantidad de “sustancia blanca” enciende las luces rojas de alerta porque puede tratarse de una suerte de “delivery” o venta en su lugar de cercanía.
La madre del niño reconoció a la Policía que su hijo mayor (22 años) es consumidor, un dato confirmado con posterioridad al allanamiento en el hogar que encontró en la habitación del joven una balanza de precisión, una planta de marihuana y cartuchos de armas de fuego.
Uruguay mantiene cifras similares con Argentina y otros países en cuanto al consumo de alcohol, tabaco y marihuana. La naturalización del consumo de sustancias en general –particularmente el alcohol– lleva a bajar la percepción de los riesgos. Las estadísticas registran a escolares con consumo de las tres sustancias mencionadas, por lo tanto, los programas de prevención en adolescentes llegan demasiado tarde porque para esa altura ya hace años que empezaron a consumir.
En este marco, adquiere especial relevancia la detección temprana de inicio del consumo para conocer el verdadero impacto en la historia futura de un adolescente. Porque el consumo comienza cuando su cerebro se encuentra en pleno desarrollo y este órgano durante esa etapa se ve especialmente afectado por las drogas.
Hoy en día se puede discutir lo que hay que hacer. Si se camina a la regulación del consumo de todas las drogas o si se continúa por un camino represivo.
De hecho, nadie puede desconocer que dos de cada tres legisladores uruguayos –o el 65% del total– está de acuerdo con regularizar el mercado de todas las drogas, según una encuesta realizada por el diario El Observador. Algunos han incluido el tema en sus programas de gobierno, mientas que la Junta Nacional de Drogas da un paso más allá y sostiene que ya debería comenzarse a legislar sobre las sustancias sicodélicas.
Por partidos, en el Frente Amplio se manifestó de acuerdo el 96% de sus legisladores. En el Partido Colorado y en Cabildo Abierto se oponen casi siete de cada diez y en el Partido Nacional, el tema divide a la mitad de los consultados.
El programa del Frente Amplio dice que un futuro gobierno tiene que “analizar y promover estrategias de regulación de los mercados” para la “lucha contra el narcotráfico” y tener presente las “experiencias fallidas de la guerra contra las drogas”.
Diego Sanjurjo es asesor del Ministerio de Interior –así como del precandidato colorado Robert Silva– y aseguró que “desde la implementación de las políticas prohibicionistas cada año se producen, venden, compran y consumen más drogas ilegales. Sin contar los enormes perjuicios que suponen para América Latina los mercados ilegales”.
Los técnicos –algunos criminólogos y penalistas– escuchan a los políticos, mientras estiman que las propuestas son buenos comienzos para la discusión de un tema polémico. Pero la discusión pública sobre la legalización de la cocaína no es nueva. Para nada.
Ya se había expedido sobre el particular, el expresidente de la República Tabaré Vázquez. “Hay que educar para que no se consuma. Pero más que liberalizar hay que regular”, dijo antes de la campaña electoral que lo llevó a su segunda presidencia.
Nada de esto se ha hecho y aún, cuando se comience ahora, será tarde. Porque los riesgos no se han calibrado en su real dimensión.
También Jorge Batlle –presidente entre 2000 y 2005– estuvo a favor de la legalización de todas las drogas y Luis Alberto Lacalle –en el gobierno durante 1990-1995– dijo que “algún día” habría que pensar en algo “radical, como legalizarlas”.
Es decir, se puede discutir qué hacer. Si se camina hacia la regulación del consumo de todas las drogas o si se continúa por el camino represivo. Pero lo que está fuera de discusión es la necesidad de retrasar el consumo en el marco de una sociedad acostumbrada a naturalizar –entre otras cosas que se naturalizan– al consumo de sustancias.
Es que atrasar la edad de inicio no significa prohibir el consumo de sustancias, sino proteger a la infancia y la adolescencia. Respecto a los mayores, cada uno puede decidir por su vida y al fin y al cabo, la sociedad es consumidora de sustancias desde los inicios de la humanidad. Aunque muchos no lo quieran ver así.
El alcohol, los sicofármacos y otras admitidas socialmente llevan a un aumento del consumo de diversas drogas en poblaciones, contextos y edades muy variadas.
Por eso, la necesidad de retrasar la edad de inicio del consumo, es también una manera de quitar algunas consecuencias que comienzan en la niñez y tienen un largo historial en la vida de una persona consumidora.
Es que todo comienza en casa, aunque después el reclamo siempre va contra los gobiernos. La sentencia doméstica que dice “prefiero que consuma en casa antes de salir”, probablemente sea el principio de todo lo demás. Pro de esa forma los factores que inciden en el consumo temprano están dentro del hogar. Empiezan entorno a los 12 años, porque alguien en casa invitó primero. Por eso, no está clara la teoría que asegura que los adultos están preocupándose por los jóvenes que consumen, cuando esos mismos adultos lo invitan o le venden alcohol.
En forma paralela, tampoco existe una disposición a legislar para este problema. Y en caso de que exista una normativa, no hay forma de controlar porque los recursos son escasos y no alcanzan para aplicar lo que dice –muy claramente– la ley.
Por eso, cabe preguntarse si las sociedades se preocupan con el ánimo de hacer algo o solo se preocupan y nada más. Porque no es posible reclamar controles y a su vez, legitimar el consumo de algunas sustancias que se prolongan en la baja autopercepción de los riesgos.
No olvidemos que son niños y adolescentes que comenzaron a consumir, en espacios donde se permitían otros consumos. → Leer más

En las últimas horas el gobierno de México anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador como consecuencia de lo que su presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “violación flagrante del derecho internacional y a la soberanía de México”, refirièndose al asalto de la policía ecuatoriana a la embajada de ese país para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, refugiado en esa sede diplomática.
Para empezar, en este como en otros casos similares, no caben consideraciones sobre dictaduras, democracias, gobiernos autoritarios, reinados, ducados, etcétera, sino que un hecho de esta naturaleza debe ser condenado urbi et orbi –como efectivamente ha sido– porque es violatorio de las normas básicas del relacionamiento internacional, que se observa incluso en ocasión de conflictos bélicos, y que pretende obrar como garantía y ser una de las piedras fundamentales de la vigencia del derecho internacional.
Es decir, acá no hay gobierno de izquierda, de derecha o del medio que valga: es lisa y llanamente un avasallamiento flagrante del derecho internacional y como tal debe ser condenado. En sí, de lo que se trata es de que la policía ecuatoriana invadió una embajada, considerada territorio inalienable de un país con representación diplomática, en este caso para detener a Glas, requerido por la justicia de Ecuador por cargos de corrupción, que estaba refugiado en esa sede diplomática desde diciembre último.
En este litigio entre países americanos, y como no podía ser de otra manera, la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por su secretario general Luis Almagro, condenó el operativo de la Policía Nacional ecuatoriana al irrumpir en la embajada mexicana y detener a Jorge Glas, expresando su rechazo a “cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo” la inviolabilidad de la que gozan las misiones diplomáticas y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Asimismo la Secretaría General de la OEA manifestó su solidaridad con quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron la embajada de México en Ecuador, en tanto Almagro urgió al diálogo entre las dos naciones involucradas y habrá de convocar a una reunión urgente del Consejo Permanente del organismo interamericano para considerar la situación entre ambos países.
Por su lado también la Unión Europea (UE) condenó este domingo la “violación” de la sede de la embajada de México en Quito durante el asalto perpetrado este viernes por la policía de Ecuador, y subrayó “la importancia de respetar” la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas entre los Estados.
“Cualquier vulneración de la inviolabilidad de los locales de una misión diplomática infringe la Convención de Viena y debe por tanto ser rechazada”, aseguró en un comunicado firmado por el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior SEAE (el cuerpo diplomático de la UE), Peter Stano.
La UE afirmó que proteger la integridad de las misiones diplomáticas y de su personal “es fundamental para preservar la estabilidad y el orden internacional”, así como fomentar “la cooperación y la confianza entre naciones”.
El jefe de la diplomacia europea y máximo responsable del SEAE, Josep Borrell, también condenó este domingo en la red social X la “violación” de la embajada mexicana en Quito durante el asalto de la policía de Ecuador, que definió como “un claro incumplimiento de la Convención de Viena”, y pidió “respetar el derecho internacional diplomático”.
En la unanimidad mundial se contó con adhesiones a la condena como la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como gobiernos latinoamericanos tanto de izquierda como de derecha, con posturas similares de los gobiernos de Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Venezuela.
Paralelamente, tras ser sustraído de la embajada mexicana, Glas ha sido trasladado en avión a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, situada en el complejo carcelario de la ciudad de Guayaquil y reservada para los presos más peligrosos.
Sobre el exvicepresidente pesaba una orden de detención y de ingreso en prisión preventiva por el caso de la reconstrucción de la provincia costera de Manabí, la más afectada por el fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).
También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por cohecho y asociación ilícita tras no recibir el beneficio penitenciario de la prelibertad, después de haber aglutinado las dos sentencias y haber cumplido cerca de cinco años de cárcel, entre 2017 y 2022.
Desde mediados de diciembre de 2023 se había alojado en la embajada de México en Quito para pedir asilo, el que le fue concedido este viernes, al declararse víctima de una persecución política y de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).
Y por este lado corresponde tener en cuenta elementos que refieren al entorno y caldo de cultivo de situaciones como las que nos ocupa, que determinan que acciones violatorias del derecho internacional, que no pueden ser toleradas, son en alguna medida respuesta a un uso abusivo o distorsivo del derecho de asilo por parte de quien lo otorga, a menudo por consideraciones político- ideológicas que resultan determinantes para inferir que el refugiado no sea realmente un perseguido político sino un delincuente común que recurre a la tapadera de la persecución política para tratar de eludir el brazo de la justicia.
En este sentido son de recibo conceptos vertidos al diario El País por el director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, Ignacio Bartesaghi, al señalar que el tema del mal uso del derecho de asilo debería también ser motivo de análisis, “porque existen muchas dudas en algunos casos”, respecto a la argumentación y elementos que se sopesan para concederlo.
Es un aspecto muy controvertido, muy fino, teñido de consideraciones ideológicas, según quien lo pida y a quién, pero en ningún caso el cuestionamiento que se haga sobre su pertinencia o no, puede justificar el ingreso por la fuerza a una embajada, en una violación flagrante del derecho internacional, como es este caso, pese al marco de tensiones previas generadas por declaraciones del presidente mexicano respecto a temas internos del Ecuador, que derivaron en la expulsión de la jefa de la representación diplomática azteca en este país.

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La artista argentina María Elena Walsh (1930-2011) es autora de varias canciones que forman parte de la memoria de todos aquellos que cantaron y disfrutaron de sus ritmos pegadizos y de sus letras cargadas de enseñanzas y mensajes. Una de las más recordadas hace referencia a un hipotético “Reino del revés” donde todo carece de sentido y contradice la lógica tal como la conocemos. A modo de ejemplo, un pasaje de esa obra expresa: “Me dijeron que en el Reino del Revés / Nada el pájaro y vuela el pez”.

Lamentablemente, en los últimos tiempos la Organización de Nacionales Unidas (ONU) ha transformado en realidad el reino al cual se refería María Elena Walsh y fruto de ello muchos países que violan los derechos humanos gozan de una total impunidad cuando no de un indisimulable apoyo la propia ONU. En efecto, tal como fuera informado por la prensa, en los últimos días la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) nombró por unanimidad a Arabia Saudita para presidir su 69º período de sesiones en 2025. La CSW está compuesta de 45 países miembros de la ONU. A fin de asegurar una representación justa, los miembros de la CSW se eligen según criterios geográficos: hay 13 miembros de África, 11 de Asia, nueve de América Latina y el Caribe, ocho de Europa Occidental y otros Estados, así como cuatro de Europa del Este. De acuerdo con el portal de noticias CNN, antes de esa decisión, la directora adjunta de Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional, Sherine Tadros, criticó a Arabia Saudita por su notorio trato a las mujeres. “La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer tiene un mandato claro para promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género y es vital que el presidente de la comisión lo defienda. El pésimo historial de Arabia Saudita en lo que respecta a la protección y promoción de los derechos de las mujeres pone de relieve el enorme abismo entre la realidad vivida por las mujeres y las niñas en Arabia Saudita y las aspiraciones de la comisión”, dijo Tadros el viernes. “Arabia Saudita no puede demostrar su compromiso con los derechos de las mujeres simplemente asegurándose un papel de liderazgo en la comisión. Debe demostrar su compromiso a través de acciones concretas a nivel interno”, añadió la representante de Amnistía Internacional.

Uno de los puntos más preocupantes y lamentables de la designación de Arabia Saudita es que se realizó por “aclamación”, sin que surgieran candidatos rivales ni voces en contra durante la reunión anual que la CSW celebró en el pasado mes de marzo en la ciudad de Nueva York. Ninguno de los países allí presentes fue capaz de manifestar su diferencia con el criterio de la mayoría y por ello serán responsables también del fuerte espaldarazo político que esta designación implica para un país que históricamente ha sido un triste ejemplo mundial en lo referente a la violación de los derechos humanos de toda su población, especialmente en el caso de las mujeres. Según el portal de noticias Magazine Office “Arabia Saudita es una monarquía absoluta donde la familia real gobierna según una interpretación ultraconservadora del islam. Ocupa el puesto 132 entre 146 países en el informe de 2023 de la Fundación del Foro Económico Mundial (FEM) sobre igualdad de género. (…) Se reprimen las críticas y las demandas de más derechos. Amnistía escribe en un informe sobre el caso de una madre de dos niños que defendió los derechos de las mujeres en X durante su tesis doctoral y, por ello, fue condenada a 27 años de prisión. En 2018, Mohammed bin Salman hizo arrestar a activistas liberales como la activista por los derechos de las mujeres Loujain al-Hathloul. En ese momento ella exigió el derecho a conducir un automóvil. Al-Hathloul fue liberada en 2021, pero no se le permite salir del país”.

Resulta oportuno recordar que hace algunos años el mundo fue sacudido por la muerte del periodista de Jamal Khashoggi, quien fue asesinado por agentes sauditas en el interior del consulado de Arabia Saudita en Estambul en 2018. Según el portal de noticias BBC “Jamal Khashoggi, crítico del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, fue visto por última vez entrando al consulado saudita en Estambul el 2 de octubre de 2018, donde había ido a buscar algunos documentos necesarios para casarse con su prometida. (…) La entonces relatora especial de la ONU, Agnes Callamard, concluyó que Jamal Khashoggi fue “asesinado brutalmente” dentro del edificio del consulado por un equipo de 15 agentes enviados desde Riad, la capital saudita, y que su cuerpo fue desmembrado.

Queda claro entonces que, en el “Reino del Revés” de la ONU los violadores contumaces de los derechos humanos como Arabia Saudita siguen accediendo a puestos de relevancia que de alguna manera operan como agua bendita para lavar sus pecados y un frondoso historial de atropellos a la dignidad de hombres y mujeres. Esos triunfos diplomáticos del Estado saudí tienen una inmediata traducción beneficiosa en el escenario político global y poco a poco se logra “lavar la cara” del régimen y construir un supuesto “respeto internacional” basado en la mentira y maniobras de distinta naturaleza y entidad, siempre con lo “políticamente correcto” como norte. Teniendo en cuenta la actitud asumida por la ONU en este y en otros casos similares, se entiende porque dicha institución es objeto de numerosas críticas provenientes de todo el mundo por su falta de ejecutividad, negociaciones diplomáticas de dudosos propósitos, descrédito y corrupción. Como ha señalado la académica española Raquel Barras Tejudo, “Las Naciones Unidas actualmente no responden a los intereses de las propias Naciones Unidas, sino que van en función de los intereses de los Estados” (…) “Estamos en un momento de transición sistémica, de cambio a nivel internacional, y la ONU corresponde a un mundo que ya no existe. ¿Qué mundo es ese? El que vino después de la Segunda Guerra Mundial” (…) la ONU “una institución rota que a veces funciona”. Asimismo, existen diversas críticas a las denominadas “operaciones de mantenimiento de la paz (OMP)”. Aunque entre 1948 y 1988 la ONU sólo puso en marcha quince OMP, éstas experimentaron un espectacular aumento con el final del enfrentamiento Este-Oeste. Entre 1988 y 2015 se crearon 56, con éxitos variables. Hasta el propio expresidente norteamericano Donald Trump criticó la “burocracia y mala gestión” de la ONU. “Naciones Unidas tiene un potencial tan grande, pero ahora mismo es tan sólo un club de gente que se junta, habla y la pasa bien. ¡Tan triste!”

En este contexto, hechos como los ocurridos en Haití, Ucrania, Yemen, República Centroafricana, la antigua Yugoslavia, Siria, Irak, Ruanda, Palestina, deben ser vistos como ejemplos de la dolorosa herencia de una organización obsoleta, inoperante y autocomplaciente en la cual unos pocos burócratas se enriquecen sin cumplir con los objetivos que deberían alcanzar. ´
Que Arabia Saudita presida la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer es una clara y lamentable muestra de ello. → Leer más

Desde Presidencia, con lógica pura, se solicitó al Directorio de Antel el desarchivo de la causa del presupuesto de la construcción del Antel Arena. A ver si se tiene más cordura a la hora de investigar dicho tema desde la Fiscalía. Sobre todo, teniendo en cuenta las manifestaciones de la exfiscal Gabriela Fossati, que tiende un manto de dudas sobre la forma de actuar en un grupo de fiscales funcionales a la administración del exfiscal general, donde sobresalía su filiación partidaria a la hora de fallar en la mayoría de los casos.

De hecho, extrañamente se cambió el fiscal que llevaba la causa y se archivó. Esto sin tener en cuenta otras auténticas necesidades que dejaron patente su urgencia, en la mayor seca de los últimos años sufrida por nuestro país dejando plasmada la preponderancia del proyecto Neptuno, donde sus propios compañeros, Astori y Sendic (muy a pesar del conocido destrozo protagonizado en Ancap), advirtieron la imposibilidad de gastar en el Antel Arena, lo que correspondía por importancia y urgencia al proyecto mencionado. Sin embargo, contra viento y marea se le dobló la muñeca al presidente Vázquez para gastar 40 millones de dólares en su construcción, que terminó redondeando 120 millones entre pitos y flautas.

También el Tribunal de lo Contencioso Administrativo expresó que no se podía construir por inconstitucional. Sin embargo, bajo el rótulo de marketing se siguió adelante. Extrañamente mientras se elevaba aún más el gasto en publicidad. Publicidad que indirectamente recaía en la gestión de la presidenta del ente estatal, la intendente y precandidata presidencial Carolina Cosse.

Volviendo al tema estrictamente legal, hay muchas actuaciones que llaman poderosamente la atención y que podrían encauzar dentro de la ilegalidad considerada como abuso de funciones. Ejemplos: contratación directa, seleccionando entre diez a dos empresas para la compra de artículos comunes que hay en el mercado. Gastos excesivos: seiscientos mil dólares en una cocina, dos millones de dólares en una cancha de baby fútbol, tres millones de dólares en un sistema de audio, son tan solo algunos de los gastos que llevaron a que se alcance la abultada cifra de 120 millones de dólares.

Más allá que haya sido Cosse la abanderada de este emprendimiento para su rédito político particular, el problema es mayor. El mayor problema es que el FA busca facturar políticamente a corto plazo, y luego cuando no hay dinero le echa la culpa a la oposición, o lo soluciona subiendo o creando impuestos que paga Juan Pueblo, aunque no haya podido disfrutar ni un centavo de sus derroches. Porque yo pregunto estimado lector: ¿cuántos sanduceros conocen el Antel Arena? ¿Cuánta gente del Interior lo conoce?, o ¿cuántos montevideanos han disfrutado de él?, más allá de contemplar la soberbia obra, o más bien la obra de la soberbia de una administración que, después de tres legislaturas pasó sin pena ni gloria y sin solucionar ninguno de los grandes problemas de los uruguayos, pretendiendo que en una sola administración de la coalición, que no tuvo viento de cola internacional en la economía, sino todo lo contrario, se solucione todo el desmadre dejado por los gobiernos frenteamplistas.

Javier Pizzorno Edil delPartido Nacional → Leer más

A principios de esta semana, en viaje a Buenos Aires, con el Cr. Carlos Arrosa nos lamentábamos por el clima de intolerancia. Hablamos de la campaña electoral, de las cosas “sucias” que aparecen y también hablamos de la violencia en el deporte. Aquello de que antes no era como ahora. Cosas de veteranos, quizás (él mucho menos que yo).

Nos despedimos y a poco de estar instalado recibí un mensaje de Arrosa. Me impactó y lo comparto.

Se trata de una anécdota narrada allá por principios de los años cincuenta en el transcurso de una interpelación parlamentaria, por el entonces ministro de Instrucción Pública Justino Zavala Muniz.

Resumo un poco, dice así: “…una mañana, apenas terminada la guerra de 1904; viajaba entonces en la diligencia mi familia y algunos pasajeros. Se había hecho la paz. ¡Por fin la paz! Pero todavía quedaban por los campos de la República algunas partidas sueltas de una y otra divisa regresando a sus pagos. La ley todavía no ejercía su imperio. Lo tengo en los ojos como una fresca imagen: bordeábamos un sendero entre las altas colinas.

De pronto, sobre una cumbre, recortándose en el horizonte, cien lanceros gauchos de divisa blanca o celeste. Alguien pronunció el nombre de quien los comandaba: era Carancho, un comandante blanco. El pánico se apoderó de la diligencia. Allí veníamos nosotros; la hija de un general enemigo. ¡Tanta sangre derramada entre unos y otros! ¡Tanto odio encendido! El temor hizo bajar las ventanillas de la diligencia. Los jinetes galopaban hacia nosotros para rodearnos. Carancho se adelantó y preguntó: ‘¿Quién viaja ahí?’ Alguien, con miedo, quiso disimular nuestro apellido, fatídico apellido en aquella hora. Pero mi madre, levantando la ventanilla de la diligencia, contestó: ‘Aquí viaja una hija de Muniz con sus hijos’. Carancho oyó el nombre: echó pie a tierra, se sacó el sombrero y en gesto igual de gallardo sus cien lanceros se quitaron el sombrero. Carancho se adelantó y dijo: ‘Señora: combatimos contra su padre, pero aquí está esta lanza para escoltarla’. No puedo olvidar esta imagen, ejemplo de un país con una y otra divisa. Así comencé a ver con mis ojos de que país vengo y en el que vivo…”
Me erizó. Quizás por los temas y cambios de que hablamos en el barco, me recordó algo que viví hace 75 años. Nada heroico, por cierto, pero que tiene su que ver con eso de cosas que han cambiado.

Fue en mi primer clásico: en el Centenario, en el año 1949. Quién no lo recuerda. Vi a Walter Gómez y a Juan Alberto Schiaffino, la única vez que se enfrentaron, creo. Pa’ los contras.
En tren desde Casupá, papá, mi hermano mayor Carlos y yo llegamos a la Estación Central a las 13. De ahí disparados al estadio ¡Qué fiesta!: chorizos, Coca Cola, helado. No se nos daba todos los días. El viejo nos prometió que si había tiempo nos llevaba a ver la embotelladora de la Coca Cola, en la calle Pouey.

Mamá era de Peñarol y blanca, papá batllista y de Nacional. Yo soy hincha tricolor. Carlos era “Manya”. Cada uno vestíamos la camiseta de nuestros respectivos amores. No fue un buen debut para mí. Pero el partido terminó antes. Pudimos ver las botellitas como soldaditos. Por la calle mucha gente mostraba su simpatía por eso: dos niños con su padre y sus camisetas con diferentes colores. Alguien dijo: “uno triste y el otro feliz”.
“Sí, pero vea que igual ambos van contentos y de la mano”, le advirtió papá. → Leer más

Líderes del gobierno departamental en el ejecutivo y el legislativo se pronunciaron recientemente con expresiones contenciosas hacia la exdirectora de Cultura, las cuales graficamos citando estos dos fragmentos: “Desde que Pozzolo ya se sabe las fechas patrias, ya tiene muchísimas cartas credenciales que cualquiera….”, “La Moizo…. una verdulera, que nos vendió verdura…. y encima podrida….”

Nuevamente representantes del gobierno departamental realizan comentarios desacreditando a Cinthya Moizo de forma agresiva y despectiva, evidenciando falta de respeto y valoración hacia su persona, menospreciando sus logros en el ámbito laboral y desacreditando su importancia como mujer.

Es injusto y simplista comparar a la exjerarca con el actual director, centrándose únicamente en un error cometido durante un juego, desconociendo su experiencia, su formación, su trabajo social frente a la Dirección de Cultura y una forma de pensar digna de ser escuchada. Considero que es desleal seguir violentando, desvalorizando y humillando a esta mujer, de la forma que lo hacen los líderes del Partido Nacional y la coalición multicolor.

La compañera cometió un error durante un juego de desafío intelectual, no durante una entrevista común, lo que potencia la posibilidad de equivocarse. La situación en la que se la puso, en contraste con el trato respetuoso y favorecedor hacia el jerarca actual, así como también, la ausencia de juegos similares en las entrevistas con los líderes políticos de la coalición multicolor, evidencian una clara disparidad en el trato entre los diferentes jerarcas.

Destacamos la importancia de ofrecer un trato justo a todas las partes involucradas en cualquier situación de interés público. Es fundamental que los líderes gubernamentales erradiquen comentarios y conductas que desacreditan a esta mujer, poniendo en duda su ética laboral y personal. Los representantes del pueblo deberían ser promotores de principios de armonía en la comunidad, en lugar de alimentar discursos agresivos y discriminatorios.

Es necesario cambiar esta cultura de menosprecio y construir una sociedad más justa y equitativa, donde todas las personas sean tratadas con respeto. Es preocupante que representantes del pueblo se expresen de una manera extremadamente hostil hacia esta mujer, lo cual contribuye a mantener una sociedad desigual.

Invito a aquellos que han expresado comentarios despectivos hacia esta persona, a dejar de utilizar ese tipo de expresiones, especialmente si son representantes del pueblo y se encuentran frente a los medios de comunicación. Es hora de construir juntos una sociedad más justa e igualitaria, donde se respete a todas las personas, independientemente de su género, ideología o posición.

Pablo Miranda Ponce → Leer más

Respecto a las inversiones extranjeras en Uruguay, salió publicada una nota Solicitada el domingo 17 del señor Zapicán Mattiauda en la que mencionó a las empresas que invierten en Uruguay, sólo para llevarse las ganancias.

Eso me suena a discurso izquierdista, que está en contra al progreso del país y de la gente. Si mirara el caso desde el otro lado vería las cosas diferentes, según mi punto de vista las empresas extranjeras ponen su capital y dan mucho trabajo a gente que vive de lo que le paga esa empresa.
En cambio no hace ninguna mención a los malos uruguayos que siempre ponen obstáculos al trabajador, haciéndole perder jornales y tratando de perjudicar al empresario, no hace ninguna mención de quienes han robado dinero de los uruguayos, caso Sendic, que robó donde fuera que estuvo y después se trasladó con el dinero a Paraguay; ¿por qué no se reclama una ley que lo obligue a devolver todo ese dinero y cárcel para él?

El izquierdismo siempre fue así, recuerden en el gobierno de Batlle en el 2002, vaciaron los bancos y dijeron que habían sido engañados y querían que después lo pagara Uruguay, porque lo daban por perdido; lo hubiesen pedido de vuelta a Rusia, que se sabe que esa maniobra fue una farsa para quedar bien con Rusia, pero el presidente Batlle y el economista Atchugarry sacaron adelante el país y entregó un país saneado con crecimiento económico y les vino al pelo al “Fracaso” Amplio para robarse todo lo que han podido.

Por suerte hoy en día estamos con un presidente modelo que entregará un país en marcha. Espero que el “Fracaso” Amplio se borre del mapa y que sigamos progresando, que los jóvenes tengan estudio y trabajo y no se dañen a sí mismos, que es la herencia que dejó Mujica y compañía con el tema de las drogas.

Personalmente tengo fe que vamos seguros viviendo en democracia y sin el frentismo, que son unos estafadores, díganme qué país con gobierno de izquierda vive bien con los gobernantes en la riqueza y el pueblo con hambre y en la miseria, así es como viven.

Una ciudadana preocupada → Leer más

Casi todos los estadounidenses están cada vez más de acuerdo en una sola cuestión, que lo involucra todo y a todos sin excepciones: el país está próximo, o ya está transitando, un período de cambios profundos, cuyo destino hoy es impredecible, pero hay consenso en que es imprescindible. Y las condiciones para ello surgen del agotamiento de un modelo de equilibrios que se ha desgastado, que ha perdido su capacidad de encantar, ya sea por la tentación económica del ascenso social o ya sea por la transformación hacia un modelo inclusivo y democratizador.

Desde hace ya muchos años, por lo menos explícitamente desde 2020 pero en sentido estricto las alertas empezaron antes, las tendencias autoritarias de Trump se integraron a su discurso más beligerante, más provocador, y que sirvió de base homogeneizante para la constitución de su plataforma de alianzas, para su estrategia de acumulación.

Un hito en ese camino lo constituyó su discurso en la Convención Nacional Republicana, de agosto del 2020. En ese ámbito, contextualizando el momento político como el del mayor desafío de la historia de los Estados Unidos, Trump lanza ocho afirmaciones cuyo sentido, a pesar del paso del tiempo, mantienen vigencia.

Afirmación 1: “Si le otorgan el poder a Joe Biden, la izquierda radical quitará fondos a los departamentos de policía en todo el país”.

Afirmación 2: “Ya hemos construido 300 millas (482 kilómetros) de muro fronterizo”.

Afirmación 3: “En los últimos tres meses, hemos obtenido más de 9 millones de empleos, un nuevo récord”.

Afirmación 4: “Estados Unidos tiene de las tasas de letalidad (por coronavirus) más bajas de cualquier país importante del mundo”.

Afirmación 5: “Él (Joe Biden) ha prometido un aumento de U$S 4 billones en impuestos a casi todas las familias estadounidenses”.

Afirmación 6: “Aniquilamos 100% del califato de EI”.

Afirmación 7: “Siempre, y de la manera más enfática, protegeremos a los pacientes con condiciones preexistentes, y esa es una promesa de todo el Partido Republicano”.

Afirmación 8: “Nuestros socios de la OTAN, como ejemplo, estaban muy rezagados en sus pagos de defensa. Pero ante mi fuerte presión, acordaron pagar U$S 130.000 millones más al año”.

¿QUÉ HAY DE CIERTO EN TODO ESTO?

Veamos; Afirmación 1: Trump no se cansó de afirmarlo y Biden de negarlo. Es más, en su programa de acción inmediata había anunciado 300 millones de dólares adicionales para revitalizar la vigilancia comunitaria. Pero incluso hasta los medios ignoraron lo que Biden escribió al respecto en reiteradas ocasiones.

Afirmación 2: La frontera con México es de más de 3.200 kilómetros y al momento del debate en cuestión ya habían sido construidos 442 kilómetros. Trump en su período apenas agregó 48 km, 40 de ellos correspondientes al denominado “muro secundario”. En su gobierno se hizo mantenimiento de 394 kilómetros, pero nuevos solo 48.

Afirmación 3: La afirmación de Trump es cierta (creación de 9 millones de empleos), pero omite un dato de la realidad que cambio el significado: que en los meses previos se habían perdido 22 millones de puestos de trabajo.

Afirmación 4: EE. UU. tuvo el total más alto de muertes por COVID-19 en el mundo, más de 180.000 a 28 de agosto de 2020. En cambio, es cierto que la tasa de letalidad, o sea, cuántos han muerto de los que han dado positivo por coronavirus, ha sido baja pero no la más baja. Mejores datos se vieron en Noruega, Japón, Corea del Sur, por ejemplo.

Afirmación 5: Biden impulsó cambios en la política tributaria, poniendo énfasis en que esa mayor carga debía siempre recaer entre quienes contaban con los mayores ingresos. El punto aquí es que esta política de Biden se focalizaría en la quinta parte de hogares con mayores ingresos, a lo que Trump, desoyendo esa condición de la medida, repitió todo el tiempo que la mayor carga fiscal recaería “en casi todas las familias estadounidenses”.

Afirmación 6: Es cierto: La alianza militar liderada por EE. UU. arrolló al grupo en su último bastión en Siria, en marzo de 2019. Pero en todo momento, el Pentágono ha advertido que “el grupo todavía es una amenaza”.

Afirmación 7: Este punto es realmente extraño. Esta obligación es parte de la significativa legislación del presidente Obama, del Acta de Cuidado Asequible, que en su versión mediatizada se conoce como “Obamacare”. Esto es lo que Trump y todo el partido republicano desean derogar. Y dicen, sin explicar cómo, que habrán de obligar a las seguradoras a asegurar cobertura a las personas con condiciones preexistentes. Sin embargo, no dicen cómo lo harán ni cuándo. Suena mucho más a “una salida por la tangente”, que a un propósito de campaña política.

Afirmación 8: En realidad, como en casi todas las afirmaciones anteriores, son un híbrido entre algo de verdad y mucho de simulación o mentira. Para empezar, los datos que menciona Trump son los acordados en 2016 y que se agregarían a partir del 2024, lo que constituye un grave error si no fuera que es tan grueso que sólo se explica por el deliberativo interés de acomodar la realidad a su antojo.

AMENAZAS A LAS LIBERTADES

En este 2024, la mitad del planeta irá a las urnas. Por caso, vota los Estados Unidos, la Unión Europea y también Uruguay. En total, 70. A saber, elecciones al Parlamento Europeo; presidenciales en Estados Unidos. También en India, Pakistán, Indonesia, Brasil, Bangladesh, Rusia y México. Y por aquí, internas legislativas y presidencias con posible segunda vuelta.

Este año 3.994 millones de personas ejercerán su derecho a votar a quienes dirigirán gobiernos y legislativos de sus respectivos países.

En una primera mirada, la confirmación de la democracia debería constituir, por lo menos, una alegría. Sin embargo, el clima democrático en casi todos los países del mundo se ve opacado ante la presencia de factores autoritarios, núcleos de conspiradores, distintas formas de avasallamiento, que nos habla de democracias esclerotizadas, y seriamente amenazadas.

Es que vivimos el tiempo de las falsas narrativas, de las teorías conspirativas, del odio aceleradamente esparcido por canales tradicionales y por medios tecnológicos, que se han convertido en una amenaza tangible, concreta, y cada vez más global.

Pero aún antes, han transformado a nuestras democracias en modelos de gestión de poder en disputa, con estrategias opacas, de desgaste institucional y relaciones crispadas. Con asesores extranjeros, casi anónimos, donde la ética y las buenas prácticas profesionales no cuentan, surgen del anonimato.

No es nuevo, cierto. Pero el salto tecnológico de los últimos años, que ha diluido la importancia de lo espacial en beneficio de la invisibilización de los espacios soberanos cediendo buena parte de sus prerrogativas como entidad jurídica superior, lo ha acelerado escandalosamente.

La más intensa globalización ha venido de la mano de unos cambios sustanciales en el concepto de soberanía. Ello se expresa en el deterioro del multilateralismo, en los límites de las jurisdicciones territoriales en beneficio de la invisibilidad jurídica para las corporaciones. Un proceso de concentración de la riqueza que va dividiendo las expresiones de interés en dos bandos, una reducción binaria. Aún en disputa, en elaboración de sus discursos, en los vectores de convergencia político-social, hay una estrategia confrontativa que se ha internalizado aceleradamente.

El futuro de una democracia redefinida, más profunda, solidaria y liberal se juega en este 2024. No es la última batalla, pero es significativa. → Leer más

Como cada 7 de abril, mañana es el Día Mundial de la Salud 2024, una fecha a la que este año se adjudicó el lema “Mi salud, mi derecho”, y es que la temática este año está referida al derecho al acceso a la salud, el que en todo el mundo, de acuerdo a la OMS, está cada vez más amenazado en el mundo para millones de personas. “Las enfermedades y los desastres ocupan un lugar importante entre las causas de muerte y discapacidad. Los conflictos devastan vidas y causan muerte, dolor, hambre y angustia psicológica. La quema de combustibles fósiles está impulsando simultáneamente la crisis climática y quitándonos el derecho a respirar aire limpio, y la contaminación del aire interior y exterior se cobra una vida cada cinco segundos”, puso de manifiesto la organización, a la vez que desde el Consejo de la OMS sobre Economía de la Salud para Todos “ha descubierto que al menos 140 países reconocen la salud como un derecho humano en su constitución. Sin embargo, los países no están aprobando ni poniendo en práctica leyes que garanticen que sus poblaciones tengan derecho a acceder a los servicios de salud” y plantea la estimación de que al menos 4.500 millones de personas –esto es más de la mitad de la población mundial– no estaban completamente cubiertas por servicios de salud esenciales en 2021. El tema de este año fue elegido para “defender el derecho de todos, en todas partes, a tener acceso a servicios de salud, educación e información de calidad, así como a agua potable, aire limpio, buena nutrición, vivienda de calidad, condiciones ambientales y de trabajo decentes, y libertad de la discriminación”.

En este escenario parecería que Uruguay está en condiciones de privilegio en la materia. De hecho no han sido pocas las veces que se ha destacado a nuestro país por sus avances. Sin ir más lejos así está expresado en un prólogo que firmó el representante de OPS/OMS en Uruguay, Dr. Hernán Montenegro, en el documento que recoge los Objetivos Sanitarios Nacionales 2030 en nuestro país, que se publicó en 2023, en el que expresamente señala que “Uruguay es un referente para varios países de la región en el impulso y las concreciones de un proceso de reforma de su sistema de salud que avanza hacia el acceso universal, la protección financiera en salud y el aseguramiento de un conjunto integral de prestaciones que, en forma oportuna y con calidad homogénea, sea entregado a la población en todo el territorio nacional”. Y aquí hay un detalle que menciona Montenegro que constituye el talón de Aquiles para el sistema de salud en nuestro país, el de la territorialidad, y no es un detalle cualquiera, es un factor que tiene incluso incidencia en la evolución demográfica del país desde que el acceso a mejores condiciones de salud suele estar detrás de la decisión de las personas de migrar desde zonas rurales a centros más poblados. Si después esa expectativa se cumple o no, es otro tema más complejo de analizar.

En el contexto de este Día Mundial, la OMS publicó algunos consejos para la población general, más bien un recordatorio a todas las personas de que debemos conocer nuestros derechos a la salud: “a una atención segura y de calidad, sin sufrir ningún tipo de discriminación; a la privacidad y la confidencialidad de nuestros datos sanitarios; a la información sobre nuestros tratamientos y a dar consentimientos informados; y a la integridad y la autonomía respecto a nuestros cuerpos”. Agrega la declaración con motivo de esta fecha que “Todas las personas tienen derecho a gozar de acceso a servicios de salud de calidad cuando y donde los necesiten, sin sufrir dificultades económicas” y en base a ello anima a quienes no tienen acceso a servicios de atención de salud a no quedarse de brazos cruzados: “Reclama tu derecho a los dirigentes políticos, súmate a grupos de defensa que exigen medidas y participa en debates y campañas. Organiza a las personas de tu entorno, ya sea en tu lugar de trabajo o de culto, por ejemplo, para acordar qué es lo que se tiene que cambiar y cómo”.

Además publicó consejos dirigidos a las administraciones públicas, entre ellas la imposición de “impuestos al tabaco, los productos con azúcar y las bebidas alcohólicas”, reducir “el uso de antimicrobianos en el sistema agroalimentario en un 30% a un 50% de aquí a 2030 y prohibiendo el uso de antibióticos para el engorde de animales”, “ampliando los carriles para bicicletas y la peatonalización del espacio público”, entre otras, como la recomendación de invertir en salud. “Velen por satisfacer el derecho a la salud: preocúpense de que todas las personas, en todas partes, dispongan de servicios de salud adecuados, de fácil acceso y de calidad”; “Actúen con mentalidad estratégica y construyan desde la base: reorienten los sistemas de salud en torno a la atención primaria” y “Den ejemplo de transparencia y rendición de cuentas: hagan frente a la corrupción mejorando la gobernanza y la colaboración intersectorial”.

En el mismo documento ya citado, el de los Objetivos Sanitarios Nacionales 2030, el mensaje del Ministerio de Salud Pública, en apenas una de las primeras frases, plantea que “Los ciudadanos tienen derecho de contar con un sistema de protección que brinde las mismas oportunidades con el objetivo de alcanzar el nivel más alto posible de salud y el Estado debe garantizar su acceso equitativo”. También expresa su obligación de “buscar la disminución de las inequidades en el acceso a la atención sanitaria de calidad, fortaleciendo los servicios públicos y privados, buscando la complementación y coordinación en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud”.

Y no se puede decir que no se ha intentado, por ejemplo, según citó La Diaria en un artículo publicado en diciembre pasado, titulado “Desigualdades en el acceso a la salud entre Montevideo y el resto del país”, el Programa de Medicina Rural creado en 2021 por un acuerdo entre ASSE, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y los sindicatos de la salud, que buscaba radicar médicos en localidades del interior, tuvo que ser dado de baja, porque no encontró postulantes.

También se exponía en esa nota que, según datos de FEMI, los usuarios de ASSE aumentaron un 8% en el último año, “pero no hay recursos para contratar nuevos funcionarios y son 120.000 personas más con el mismo presupuesto, por lo que, lógicamente, hay una pérdida en la calidad asistencial”. Mientras que en Montevideo residen 74 médicos cada 10.000 habitantes, en el Interior esa cifra desciende a 24.

Porque es un desafío y un rompecabezas, el derecho a acceder a la salud en el interior del país es indudablemente un tema sobre el que sería interesante escuchar discutir en esta campaña electoral que está comenzando. → Leer más

Mientras dirigentes del Pit Cnt han expresado en las últimas horas su alegría por haber recogido cerca de 250.000 firmas de las 270.000 que necesitan para convocar a plebiscito derogatorio de la reforma de la seguridad social –como es clásico en la central sindical, una iniciativa voluntarista e ideologizada que solo augura potenciar los problemas de la seguridad social– economistas que analizan objetivamente y con criterio técnico la propuesta, coinciden en señalar sus nefastas consecuencias para el país en caso de ser aprobada, y asimismo para los propios sectores de la población que dicen querer beneficiar.

“Estamos más cerca de una nueva hazaña. Te necesitamos a vos para juntar las firmas que faltan y avanzar hacia una reforma constitucional que permitirá al pueblo ser parte activa del cambio”, destacó el Pit Cnt en sus redes sociales. Por su parte, Marcelo Abdala, presidente del Pit Cnt, argumentó que “en el mes de abril vamos a construir la hazaña de pegar el estirón, de superar con creces y con mucha luz las firmas que se necesitan, y así garantizar que el último domingo de octubre el pueblo pueda ir hacia una reforma que convierta la seguridad social en un derecho humano fundamental. Sería una hazaña porque viene a contrapelo de la decisión del Parlamento. Viene con una militancia espartana, con pocos recursos, con mucho amor”, agregó.

Pues este es precisamente el quid del tema y las intenciones: el desautorizar a los legisladores, elegidos por voto popular en las últimas elecciones, en el marco del sistema de democracia representativa que nos rige, para sustituirlo por una “democracia directa” de las asambleas populares, de los eslóganes, de las presiones sobre los trabajadores en los sindicatos, al mejor estilo de la “democracia” cubana –que por cierto, así les va–.
En tanto, diversos economistas han coincidido en los últimos meses en la inconveniencia para el país de que se apruebe una reforma de este tipo. El último en hacerlo fue el socio de Exante Pablo Rosselli, quien calificó la iniciativa de “pésima, regresiva y temeraria”. En un hilo en X, el economista afirmó: “Es una muy mala idea introducir regulaciones de índole legislativa en la Constitución, porque la Constitución es muy difícil de cambiar y debe utilizarse para establecer las grandes reglas del ordenamiento jurídico. Quienes promueven la reforma constitucional aspiran a que el Estado cobre más impuestos o contribuciones a la seguridad social para financiar el déficit del sistema. La realidad es que Uruguay ya tiene un alto gasto público en pasividades”.

Rosselli añadió: “Si fuésemos a aumentar la presión tributaria, deberíamos pensar en destinar esos recursos a combatir la pobreza y la marginalidad, que afecta sustancialmente a niños y adolescentes. La reforma constitucional es profundamente regresiva. Son las personas de mejores carreras y mayores ingresos las que pueden acumular 30 años de servicio a los 60 años de edad. Las de menores ingresos deberán trabajar más allá de los 60 años, aunque se apruebe esta reforma”.

Tremendo impacto negativo, por cierto, pero todo sea por levantar la banderita de la “justicia social”, algo así como el prender “una velita al socialismo” como argumentaba el expresidente José Mujica para tratar de justificar que con dinero de todos los uruguayos se financiaran emprendimientos colectivistas harto fracasados y que naturalmente tenían el destino inevitable de repetir esa suerte, como quedara comprobado en la porfiada realidad.
Hace pocas semanas dábamos cuenta en nota publicada en nuestras páginas que en Uruguay se están registrando más defunciones que nacimientos, en una relación que se viene dando a partir de 2022, y que se refleja en los datos del último censo, el que da cuenta que se acentúa la tendencia demográfica, que entre otras cosas implica un envejecimiento poblacional, el crecimiento de la franja de personas de más de 65 años y el estrechamiento de las franjas correspondientes a los activos, es decir de personas que trabajan y que son las que aportan al sistema previsional, para sostener precisamente el sistema en condiciones de atender la creciente demanda en prestaciones y otras necesidades inherentes a la seguridad social.

Por otra parte, lamentablemente se da que las nuevas generaciones tardan más en comenzar a aportar, porque continúan estudiando por más años en el mejor de los casos, o porque prefieren mantener una vida menos comprometida, viajar más, disfrutar de la juventud sin la atadura de un trabajo fijo. Además, la expectativa de vida se ha incrementado notoriamente en las últimas décadas y seguirá siendo así en el futuro, por lo que el sistema previsional debe sostener a los pasivos por más años. Y lo cierto es que si bien a mediados del siglo pasado una persona ya era “vieja” a los 50 años, hoy un “sexagenario” posiblemente tenga mejor vida que cualquiera de 40 años de 1950.

Es decir que por varios motivos las exigencias de aportes al sistema previsional se irán acentuando, más temprano que tarde, y ante esta tendencia y en atención a este escenario de envejecimiento poblacional se aprobó una reforma del sistema de seguridad social por la que se pretende si no solucionar definitivamente, por lo menos ir atendiendo esta realidad para evitar que se plantee en pocos años una crisis de enormes dimensiones que haga crujir el sistema.

Sin embargo el Pit Cnt a contrapelo con la realidad ha puesto en marcha esta campaña de recolección de firmas con el objetivo de plebiscitar esta reforma y sustituirla por una propuesta “a medida” de su archiconocido enfoque ideológico, mimetizado con la visión del Partido Comunista, que pretende derogar algunos aspectos que cuestiona de la reforma previsional aprobada en la actual administración de gobierno y que en términos populares, mucho más que un tiro en el pie, es directamente un suicidio por las graves consecuencias que conllevaría de ser aprobada.

Y no hace falta ir a reputados economistas con una visión neutral desde el punto de vista ideológico, sino que el propio economista Gabriel Oddone, mencionado como posible ministro de Economía de un gobierno del Frente Amplio en caso de ganar las próximas elecciones, indica que “la iniciativa no solo no enfrenta ninguno de los desafíos que nuestro sistema previsional sigue teniendo, sino que es probable que agrave algunos problemas que la reforma reciente no resolvió y que termine generando resultados opuestos a los buscados por los impulsores de la reforma”, aludiendo al hecho de que se pretende restablecer un régimen previsional puro de reparto, fijar la edad de retiro y los años de servicio mínimos requeridos y equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional (SMN).

Apunta asimismo que “considero que la reforma constitucional planteada es inadecuada, inconveniente e imprudente”, y explica que “la reforma impulsada restablece un régimen de reparto puro como el que existía en Uruguay antes de 1961. Si la iniciativa prosperara, las contribuciones de los activos del futuro deberán ser crecientes porque la proporción de adultos mayores en la población total seguirá aumentando. Por eso, un régimen de reparto puro es desaconsejable en un contexto de envejecimiento poblacional”.

Pero sin dudas otro aspecto muy cuestionable es que desde dentro de la coalición de izquierdas, los dirigentes que tienen el deber de orientar a la ciudadanía, de aconsejar responsablemente, miran para otro lado o sencillamente dicen que se abstienen, cuando la importancia del tema requiere que se asuman liderazgos y se llame a las cosas por su nombre, por encima del temor a resignar votos en aras de los extremistas de siempre y sus consabidos eslóganes de ocasión.

Lamentablemente, por más voces técnicas y sensatas que se alcen desde la diversidad política, desde la comunidad, desde los sectores involucrados, los comunistas una vez más se llevan por encima al Frente Amplio y a toda la izquierda uruguaya, incapaces de enfrentar a una minoría militante aún cuando estén en total desacuerdo y conscientes de que de lograr el objetivo que buscan, más que un triunfo será una lápida para el progreso y el desarrollo del país. Y que esa lápida pesará en contra incluso de los próximos gobierno que pudiere alcanzar el propio Frente Amplio. → Leer más

En Uruguay, la pobreza se mide de la misma forma desde el año 2006. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realiza una revisión para presentar los índices de pobreza multidimensional en las próximas mediciones porque, al menos por ahora, la presentación de los datos tiene una sola dimensión y se refiere específicamente al ingreso de las personas en un hogar. Y esa mirada no refleja la realidad de la pobreza.
El INE señaló que la pobreza en el país se ubicó en torno al 10,1% el año pasado y se mantuvo estable en comparación al 2022. Sin embargo, desde hace décadas que la pobreza infantil no cede. Los últimos datos ubican este aspecto por encima del 20%.
El informe no muestra variaciones significativas y aclara que los cambios se encuentran dentro de los márgenes de error. En la lectura de los números, la estadística señala que la indigencia bajó una décima en 2023 y la pobreza subió dos décimas al comparar el dato anual. Si se lo compara por el último semestre, la tasa de pobreza subió 7 décimas. En comparación a 2022, de cada 1.000 personas, dos son indigentes y 101 son pobres. O en el contexto de la población a nivel nacional, hay 350.000 pobres y 7.000 indigentes. Por lo tanto, las comparaciones requieren cautela.
Hasta el momento, la división de la población entre pobres y no pobres tiene una dimensión económica. Lo que divide a ambos es el acceso a una canasta alimentaria, entre otros servicios. Y entre pobres e indigentes, es otra canasta que apenas mide la alimentación de subsistencia. Por esa razón, hay que tener en cuenta a los factores que se estudian al momento de dividir la pobreza de la indigencia.
La cifra en pesos, considera el valor de una canasta alimenticia para un hogar compuesto por tres personas, deben sumarse los productos no alimenticios. En Montevideo, por ejemplo, se necesitan $47.809 para cubrir esas necesidades. Por debajo de esos ingresos, se es pobre. Y todos sus miembros son pobres.
En la medición, la pobreza en los semestres del año pasado y el anterior estuvieron por debajo de los niveles de la pandemia registrados entre 2020 y 2021, pero esos guarismos fueron más altos que en 2019.
Si el análisis se extendiera a las últimas dos décadas y se analizaran los promedios a partir de la última crisis económica de 2002, se observa que la pobreza se ubicó en 29% en el primer gobierno del Frente Amplio, descendió en el segundo a 13,2% y estuvo por debajo del 9% en el tercero. En el actual gobierno, los primeros dos años de pandemia modificaron al alza ese promedio y se ubicó en torno al 10,6%. La pobreza está estancada, además, en la infancia. Particularmente entre los menores de 6 años, en las minorías afrodescendientes, en los barrios perimetrales de Montevideo y en la frontera norte del país.
En los menores de 6 años es el 20%, entre los menores de 17 años se ubica en torno al 18%, entre 18 y 64 años es del 9,7% y entre los mayores de 65 años es el 2,2%. La baja calificación para los empleos, el menor acceso a los servicios básicos y a la salud, las viviendas precarias, problemas para la alimentación, el abandono temprano de la educación y la informalidad laboral son aspectos que propenden a la pobreza. Y es mayor, en hogares con más niños porque es una población que no genera ingresos. Es decir, el desafío sigue planteado en la inserción laboral de los adultos que conviven con ellos.
Sin embargo, hay que tener presente que las personas mayores de 65 años son un tercio de la población en Uruguay y los menores de 6 años representan la cuarta parte. Por eso, estos porcentajes mostrados en la medición, tienen una incidencia diferente en el total.
Aprender a leer la estadística nos lleva a ver que ese 20% de menores de 6 años pobres, no es el porcentaje del total de la población sino de ese universo en particular, y así sucesivamente.
Igualmente, la concentración de la pobreza se encuentra en los departamentos fronterizos con Brasil. Es el caso de Artigas, Salto, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres, además de Montevideo con un 8 por ciento o más de pobreza y altos niveles de informalidad. En segundo lugar, le siguen los departamentos de Paysandú, Río Negro, Tacuarembó y Rocha, entre 6 y 7,9%.
Es posible observar, además, que hay un núcleo duro de pobreza en general –en torno al 10%– en la última década. No obstante, la ecuación que se sigue en la economía uruguaya no admite cambios sustanciales, a pesar del descenso en la inflación a registros históricos y de otros números vinculados a la macroeconomía que son positivos para mejorar las notas que le ponen al país las calificadoras de riesgo.
Por otro lado, aunque las transferencias directas hayan aumentado un 51% en el actual gobierno, para la estadística tampoco tienen un impacto directo sobre los niveles de pobreza en la infancia.
En esa revisión que lleva adelante el INE se podrán incluir los subsidios, como por ejemplo las recargas de garrafas de supergás que otorga el Ministerio de Desarrollo Social y Ancap u otros subsidios de UTE.
En cuanto al empleo y su visión desde el punto de vista de los ingresos para un hogar, hay una proporción más amplia de trabajadores informales o zafrales y con remuneraciones muy bajas. Para bajar la pobreza en forma sostenida, hay que pensar en políticas más amplias que los subsidios porque, en definitiva, estos últimos conforman una parte pequeña de las economías familiares.
Una casa que no tiene saneamiento, con integrantes que no alcanzan niveles educativos para la sostenibilidad de un empleo requieren de una mirada diferente porque ambos son indicadores permanentes.
En tiempos de campaña electoral, es necesario conocer los recursos para cambiar estas realidades, pero también de dónde provendrán esos recursos.
Incluso, se hace necesario elaborar nuevos indicadores multidimensionales con el fin de obtener otras miradas de la pobreza y que no se base solo en los ingresos monetarios.
Entre la larga lista de propuestas enmarcadas en tiempos electorales, cada vez que se plantea achicar gastos en el Estado, la discusión se torna larga, polémica y de difícil solución. De lo contrario, habría que registrar un crecimiento económico mucho mayor, con el fin de volcar una balanza que sigue estancada. → Leer más

Un artículo publicado en la página de la Organización Mundial de la Salud (OMS) da cuenta de un llamamiento urgente para que se llegue a un acuerdo internacional de preparación y prevención ante futuras pandemias. Si bien difunde, no es la organización la que está detrás de esta movilización que lleva la firma de más de un centenar de líderes mundiales, que pretenden que los gobiernos del mundo alcancen “un acuerdo internacional ambicioso y equitativo de preparación y prevención” ante futuras pandemias.

Según la publicación, son 23 expresidentes, 22 ex primeros ministros, un exsecretario general de las Naciones Unidas y tres premios nobel quienes están detrás de esta acción que se define como una “intervención de alto nivel para presionar a los negociadores internacionales” con el fin de que lleguen “de forma urgente a un acuerdo sobre pandemias, en el marco de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud”, para reforzar la preparación y la respuesta colectiva del mundo frente a futuras pandemias.

Entre los firmantes cita al exsecretario general Ban-ki Moon, la ex primera ministra de Nueva Zelandia, Helen Clark, los ex primeros ministros del Reino Unido, Gordon Brown y Tony Blair, entre otros, “de todos los continentes y ámbitos de la política, la economía y la gestión de la salud”.

La acción consistió en dar a conocer una carta abierta conjunta en la que instan a “acelerar los avances en las negociaciones en curso para alcanzar el primer acuerdo multilateral de la historia” sobre preparación y prevención frente a pandemias.

Argumentan que “únicamente un pacto mundial sólido frente a las pandemias puede proteger a las generaciones futuras de una repetición de la crisis de la COVID-19, que provocó millones de muertes y causó una devastación social y económica generalizada, debido sobre todo a la insuficiente colaboración internacional”, escriben los líderes en su carta conjunta.
Y repasan que en la “catástrofe generada por la COVID-19”, que oficialmente se cobró 7 millones de vidas y tuvo un costo de 2 billones de dólares (estadounidenses, la moneda y la medida) de la economía mundial, “se iniciaron negociaciones intergubernamentales entre 194 de los 196 países del mundo para llegar a un acuerdo internacional sobre la no proliferación de las pandemias en el futuro”. El plazo que se dieron fue hasta el mes de mayo de 2024, es decir, el mes que viene, para alcanzar el que sería el primer acuerdo mundial de este tipo.

Al respecto plantea la OMS que durante la semana pasada y la presente se desarrolla la novena ronda de negociaciones para llegar a acuerdos”. El documento suscrito por estos referentes internacionales anima a que se alcancen esos acuerdos, esperando que “su influencia combinada anime a los 194 países a mantener con valentía sus convicciones de los años de la COVID y a hacer realidad su ambición colectiva de establecer un protocolo internacional frente a las pandemias antes de la fecha límite prevista de mayo, a fin de que pueda ser ratificado por la Asamblea de la Salud en su reunión anual prevista para mayo de 2024”.
En la carta también instan a los negociadores a “no dejar que sus esfuerzos se malogren por una campaña malintencionada de desinformación contra la OMS, la organización internacional encargada de aplicar el nuevo acuerdo sobre salud”.

Un acuerdo sobre pandemias, argumentan, “aportaría beneficios enormes y universalmente compartidos, como un aumento de la capacidad para detectar agentes patógenos nuevos y peligrosos, el acceso a información sobre agentes patógenos detectados en otras partes del mundo y el suministro oportuno y equitativo de pruebas, tratamientos, vacunas y otras herramientas para salvar vidas”.

Es decir, se busca que los acuerdos permitan corregir mucho de lo que falló en la respuesta a la crisis del COVID-19, donde primaron las acusaciones cruzadas, el ocultamiento de información, las sospechas y sobre todo las ganas de algunos de hacer negocio a costas de la salud del mundo, lo que llevó al fracaso del Covax, la respuesta que se diseñó desde la organización mundial buscando garantizar que las vacunas llegaran a todos.
En un final nada sorpresivo, las empresas negociaron directamente sus productos con los estados en una obscena compulsa en la que algunos países reservaron vacunas por cantidades que excedían varias veces su población.
¿Por qué? Porque podían. Mientras otros se arreglaban como podían, o mejor dicho, como no podían.

Sumado a ello, como refiere la publicación de la OMS, estas negociaciones se dan en un contexto muy enrarecido que hay quienes atribuyen a una respuesta casi natural a la pandemia, que es este recelo no solamente hacia la OMS, porque es más profundo, es una especie de ataque generalizado hacia el mundo del conocimiento, hacia la ciencia, que en algunos países se ha expresado además de verbalmente —por supuesto—, también en violentos recortes de recursos estatales. Ocurre también en un contexto en el que son noticia de todos los días los conflictos bélicos, los que ocurren con fuego efectivo y cuyas bajas, militares y civiles, se cuentan por miles, y los que son una amenaza latente.

Por ello, alcanzar un acuerdo de este tipo entre tal número de naciones para sentar las bases de un entendimiento real para saber cómo debemos pararnos ante una nueva amenaza global sería todo un gesto simbólico. Aunque también puede ocurrir que nadie se entere de ello. → Leer más

A medida que se acerca la fecha de la convocatoria a las urnas con miras a definir las elecciones internas, en que los partidos políticos eligen a sus convencionales para participar en las elecciones nacionales y departamentales que se avecinan este año y el siguiente, ya estamos ante una campaña electoral incipiente que se irá intensificando con el paso de los días y semanas.
La comparecencia en las urnas tendrá lugar el 30 de junio venidero, en el marco de las alternativas contempladas en la reforma constitucional de 1996, que introdujo modificaciones sustanciales al esquema electoral uruguayo, uno de los cuales refiere a que cada partido puede presentar solo un candidato presidencial –lo que se dilucida en las elecciones internas– y la incorporación de la segunda vuelta o balotaje, en el caso de que ninguno de los partidos políticos alcance el cincuenta por ciento más uno de los votos en la elecciones nacionales.
Sin embargo, la representación parlamentaria se define en esa primera vuelta, lo que indica que para el balotaje se presenta un menú muy acotado y con un Parlamento definido, por lo que la ciudadanía debe optar entre las dos candidaturas mayoritarias, aunque con el componente fundamental de que previamente al balotaje los partidos que participan tienen la posibilidad de formular acuerdos electorales para conformar mayorías parlamentarias en aras de la gobernabilidad de quien resulte electo.
Hasta mediados de 1990, los dos partidos históricos, Partido Colorado y Partido Nacional, dominaron la escena electoral en el Uruguay, pero más adelante la elección nacional se decidió entre tres tercios casi iguales, –el último tercio era la coalición de izquierdas Frente Amplio, integrado, entre otros, por partidos tan diferentes entre sí como el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano– y este factor fue fundamental para que se venciera la última resistencia que quedaba en pie para posibilitar la incorporación de una segunda vuelta por reforma constitucional, tal como rige en la mayoría de las democracias en el mundo.
De eso se trata precisamente el balotaje, de que el ciudadano tenga una segunda oportunidad para decidir a quién quiere o a quien no quiere en la presidencia, lo que no solo es absolutamente legítimo, sino también deseable y justo, porque se sale del corsé establecido por la norma para poder votar libremente en la segunda vuelta.
En suma, pese a que algunos grupos interesados han pretendido desmentirlo, de lo que se trata es de canalizar en libertad las opciones de las respectivas familias ideológicas, con colorados y blancos más cerca entre sí que de la coalición de izquierdas, a la vez que naturalmente hay un determinado porcentaje de ciudadanos que no se sienten identificados con ninguna de estas “familias” y que son al fin de cuentas quienes definen las elecciones al volcarse por una u otra opción.
Igualmente, ante la perspectiva del balotaje, no son pocos los ciudadanos que ya en la primera convocatoria de la elección nacional hacen un “prebalotaje”, es decir apuntan a votar a quienes entienden será el partido mayoritario sin esperar a hacerlo en el balotaje, y consecuentemente todo indica que hay un trasiego previo de votos de un partido hacia otro en el marco de estas familias ideológicas, porque precisamente hay similitud de ideas, visiones y programas que abonan esta tesitura.
Pero la reforma constitucional de 1996, también incluyó las elecciones departamentales, con un aspecto clave, que fue el diferirlas en el tiempo respecto a las nacionales, y por lo tanto limitar el escenario al ámbito departamental, sacándole del factor de arrastre de la elección nacional que regía hasta entonces, en que el voto simultáneo obligaba a votar el mismo partido en lo nacional y en lo departamental o eventualmente, hacerlo solo por uno u otro.
Pero además hay un aspecto que no se ha modificado, y es que el partido ganador se lleva automáticamente la mayoría de ediles de la Junta Departamental, lo que permite gobernar en solitario, aunque ciertamente hay determinados temas en que se necesitan mayorías especiales en las que hay que negociar con la oposición.
Sin embargo, hay una realidad que no puede soslayarse, y es que también en el ámbito departamental hay familias ideológicas, visiones afines entre partidos o diametralmente opuestas, que inciden en la preferencia de los ciudadanos a la hora de votar.
Ocurre que a los constitucionalistas de 1996 no se les ocurrió incorporar el balotaje en la elección departamental, tal vez porque no hay que negociar mayorías que son automáticas, pero dejaron de lado el hecho de que al no haber balotaje, puede resultar ganador un intendente que a su vez genere rechazo o no esté en sintonía con la mayor parte del electorado departamental. Una visión capitalina que no tuvo en cuenta este hecho, y ello ha arrojado que por ejemplo, en Salto, en más de una oportunidad ganara la elección el Frente Amplio, constituido en el tercio mayor y por lo tanto legítimo ganador, aunque no contara con el apoyo de los electores que votaron a nacionalistas y colorados, es decir la mayor parte del electorado.
Los partidos tradicionales salteños parece que han aprendido la lección, o por lo menos así lo señalan de cara a la próxima instancia electoral, según “Montevideo Portal”. En el vecino departamento, las elecciones pasadas las ganó Andrés Lima, al ser el candidato mayoritario del Frente Amplio, fuerza política que obtuvo el 40,5% de los votos en el departamento. El Partido Nacional, con Carlos Albisu a la cabeza de la interna, quedó segundo con 35,1%. El tercer puesto, con 19,5% fue para el Partido Colorado y la candidatura del exintendente Germán Coutinho.
“Por lo tanto, en el caso de Salto, el acuerdo a nivel de la coalición parece ser clave para asegurar el gobierno departamental, o al menos así lo ven en las filas de la coalición, donde tanto Albisu como el exintendente Coutinho han cultivado un alto perfil político en el departamento. Para blancos y colorados, el acuerdo es casi un hecho en Salto. Así lo definieron en diálogo con Montevideo Portal tanto Marcelo Malaquina, cabeza de la Lista 1 del Partido Colorado y aspirante a la candidatura a la Intendencia, como el senador colorado Germán Coutinho, líder de Vamos Salto. A su postura se suma la de Pablo Iturralde, presidente del Directorio del Partido Nacional, quien señaló que ‘lo de Salto, es un hecho’ y que lo más seguro es que el lema Coalición Republicana compita en ese departamento con un candidato de cada partido, uno blanco, uno colorado y uno cabildante”.
Sin embargo, no está todo claro en otros departamentos donde también la elección es competitiva, y donde sería fundamental que se concretara una coalición “republicana” para aumentar chances electorales, para lo que se necesita sin embargo acuerdos previos de cara a las elecciones internas, para “mechar” listas con representantes de más de un partido, para hacerlo dentro de un mismo lema.
Este es sin dudas el mayor escollo, porque implica hacer “desaparecer” en los papeles a un partido en el ámbito departamental, en aras de un acuerdo programático, tal como se hizo entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto en Paysandú.
Este es el dilema que presentan las elecciones departamentales en Uruguay, con una normativa electoral imperfecta, y que en los departamentos “complicados” necesitaría un complejo ajedrez electoral, producto de acuerdos interpartidarios, para hacer que el gobierno departamental realmente represente el sentir mayoritario de la ciudadanía, tal como lo amerita a nivel nacional el balotaje. → Leer más

El año pasado, el gobierno dio su aval para que dos millones de dólares de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiaran la llegada al país de la oenegé internacional Cure Violence. La delegación propone un plan de combate al delito que fue creado hace más de veinte años en Chicago por un médido epidemiólogo.

El doctor Gary Slutkin, nacido en Chicago pero con amplia labor científica en África y Asia por la Organización Mundial de la Salud, considera que la violencia es una infección en la sociedad y debe tratarse de la misma forma que encara la cura de los pacientes.

En Uruguay, es notoria la violencia en los crímenes y las autoridades lo analizan desde el punto de vista de la normalización de este flagelo en la sociedad. En este mes de abril, comenzará a trabajar el organismo internacional a través de organizaciones de la sociedad civil ya seleccionadas para atacar la violencia en los barrios donde se encuentra instalada.

El documental Los Interruptores explica el sistema utilizado. Estos “interruptores” de violencia son personas que atravesaron por el mismo entorno de violencia, crueldad y cárcel, entrenados ahora para combatir la misma “enfermedad” que padecieron.

La película cuenta la vida de algunos referentes que forman parte del movimiento y su pasado familiar o personal ligado a la delincuencia. Y expone la venganza como un componente indispensable para la expansión de una mayor crueldad en los crímenes.

En Uruguay, la oenegé presentó un estudio de prefactibilidad donde señala la existencia de “organizaciones con arraigo comunitario” y la “capacidad para ayudar a identificar a individuos que cumplan con el perfil de potenciales interruptores”. El trabajo en el barrio le permitirá establecer una red de contactos para alertar sobre conflictos y recibir pedidos de ayuda de familiares o los propios involucrados.

Algunos fiscales de homicidios ven con buenos ojos la contratación de Cure Violence. Sin embargo, este plan no cuenta con el apoyo de la totalidad de los integrantes de la coalición de gobierno. Cabildo Abierto estuvo en desacuerdo de contratar a la organización internacional y un documento elevado al Ministerio del Interior rechazó que las “realidades y contextos” de otros países sean “totalmente extrapolables” al “presente delictivo” de Uruguay. Cabildo Abierto se negó, además, a “cargar” en su “conciencia la consecuencia fatal o invalidante para uno o más ciudadanos interruptores de violencia”.

El diputado del Partido Colorado y exfiscal Gustavo Zubía criticó el mecanismo porque no apunta a los homicidios y lo comparó al uso de “una aspirina” para “enfermedades gravísimas”.

Los hechos ocurridos en los últimos días demuestran el nivel de violencia social y familiar. Cómo es posible explicar que un adolescente de 15 años apuñalara más de veinte veces a su padre y otras tantas a su hermano en el barrio Plácido Ellauri de Montevideo, por la imposibilidad del manejo de su ira. O el perfil de los asesinatos, llevados a cabo sin mediar palabra, a sangre fría y por varios disparos. Incluso es posible recordar el asesinato del guardia de seguridad de un tiro en la nuca y el incendio de la garita donde se encontraba trabajando.

O la rapiña sufrida por dos mujeres en San José de Mayo, que fueron golpeadas brutalmente con palos y padecen hoy graves fracturas en el rostro y lesiones de tal magnitud que ameritan intervenciones quirúrgicas. O el preso que desde Santiago Vázquez imponía órdenes en el barrio Manga y resolvía asesinatos por deudas de droga, así como torturas o amputaciones. Es la actitud ante la violencia que crece en los hechos delictivos, pero también en el comportamiento cotidiano al momento de resolver situaciones de conflicto.

Es la naturalización de hechos que llegan a un límite y lo superan. Y cuando los expertos afirman que es, además, el resultado de la falta de políticas preventivas, no es posible comprender a cuáles se refieren. Ni tampoco cuando referentes de la escena política en campaña electoral, adjudican responsabilidades a un Estado ausente o en retirada. Porque, en realidad, la gran mayoría de los partidos con representación parlamentaria accedieron a los sucesivos gobiernos y aún se habla de un problema acuciante para la sociedad con crecientes niveles de crueldad. Por lo tanto, tampoco es el fracaso de un gobierno en particular.

Es decir, no hay una respuesta posible a las razones del aumento de violencia. Lo único real en este contexto de interrogantes es que la cuarentena –como si fuese una enfermedad– o encarcelamiento de los delincuentes, tampoco ha quitado el problema de las calles.
Porque Uruguay ocupa el lugar número 12 en el ranking mundial de población carcelaria –sin guerras ni dictadura–, donde cuatro de cada 1.000 personas está en prisión. Es una de las tasas más altas de América Latina y se ha triplicado en las últimas décadas. Crece a un ritmo anual del 10 por ciento y el sistema carcelario muestra niveles de colapso, hacinamiento y violencia interna.

Entonces, tampoco ha logrado la efictividad que reclama la población. Y hoy, la seguridad ciudadana es un botín político-electoral enmarcado en una discusión ideológica.
Todos los gobiernos, sin importar el color, legislaron en favor de un aumento de las penas y de la prisionización, en función de las demandas ciudadanas. El incremento del castigo ha sido la estrategia de seguridad, pero el delito y la percepción de la inseguridad encabezan la lista de preocupaciones, según las encuestas.

Y otro factor fundamental es la salud mental y las adicciones de quienes cometen rapiñas. Particularmente de aquellos que no tienen una alta trayectoria delictiva. ¿Cuál ha sido el plan para este grupo en particular que conforma un porcentaje importante?
Da la impresión que no hay un respuesta rápida. A pesar de la pirotecnica verbal en tiempos de campaña, el aumento de la violencia ha sido gradual. Por lo tanto, alguien en algún momento y desde su lugar, miró para el costado. → Leer más

En los últimos días el precandidato presidencial por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, ha realizado diversas declaraciones en relación con los niños que han sido alcanzados por balas en distintos tipos de actos delictivos. Entre otros conceptos, Orsi expresó (según el periódico La Diaria) que “la violencia se generaliza y ya no se mira si son niños; hay códigos que se rompieron”.

Sobre la generalización de la violencia no puede haber dos opiniones diferentes: se trata de un fenómeno que está fuertemente ligado con el narcotráfico y la venta al menudeo de sustancias prohibidas, lo que ha llevado el tráfico a las casas de familia de los barrios más vulnerables, permitiendo montar una red muy poderosa de “bocas” a través de las cuales se comercializan y que pueden ser desarmadas y armadas muy rápidamente; de hecho la queja más frecuente de quienes viven cerca de un lugar como esos es que pueden ser cerradas por la Policía pero vuelven a ser abiertas en forma casi inmediata. Las afirmaciones de Orsi fueron rechazadas por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien, de acuerdo con Montevideo Portal, “pidió al Ministerio del Interior que elaborara un informe con cifras de menores de 12 años asesinados en la última década. (…) De acuerdo con los datos que compartió la propia Argimón en X, en el último gobierno del Frente Amplio hubo 32 niños asesinados y en lo que va de este período hubo 17. En tanto, se detalla que este año se registró la cifra más baja de asesinatos de menores de 12 años, dado que hubo dos. En 2016 el registro asciende a 17, siendo la más alta de la década”.

Tal como suele suceder en estas discusiones a través de los medios (modalidad utilizada para generar visibilidad a sus protagonistas y no para trabajar en terminar con el problema en sí), la noticia nueva reemplaza velozmente a la anterior y de aquellos escasos fundamentos o datos confiables que se hayan dado a conocer de uno y otro lado, poco o nada queda transcurridos algunas horas o días. Suele decirse que “dato mata relato”, pero ello tampoco garantiza nada, porque basta con cuestionar el origen de los datos o la forma en que fue realizado el proceso previo a su preparación para que se invalide lo afirmado por la parte contraria. Como sucedía con los jugadores desafortunados en los juegos infantiles de mesa, el debate “vuelve al punto de partida” mientras se siguen perdiendo recursos materiales, capital humano, tiempo y lo más importante: vidas humanas que en este caso se trata nada más y nada menos que de niños.

Sin lugar a dudas es un tema complejo, multicausal y cuyos efectos y soluciones deben ser abordados asimismo desde distintas perspectivas y disciplinas. En el trabajo del año 2023 titulado “La incidencia del narcotráfico en Uruguay” (Trabajo final de grado Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República) su autor, Lautaro Rijo, sostiene lo siguiente: “Si hay algo que sobresale al día de hoy en materia de narcotráfico es el nivel de violencia que éste desata. Cosa que no siempre fue de esa manera. El director de policía Diego Fernández declaró en conferencia de prensa en octubre de 2020 que la violencia en los delincuentes es cada vez mayor y que estos ‘están transversalizados por la droga’. La principal diferencia entre los primeros narcotraficantes que llegaron al país a principios de los años 90 y los de hoy es la violencia que estos últimos manejan. Para Mario Layera, hay un cambio de conducta que tiene que ver con la adquisición de métodos violentos. En los años 90, si bien había violencia no era tan significativa como ahora. Muchos líderes narcos (locales) han muerto ejecutados y veo que hay una tendencia que no ha parado de que los líderes vayan rotando continuamente y eso genera un movimiento y una competencia y una gran violencia entre ellos. Eso se puede ver incluso en las cárceles. Es un fenómeno que surge muchas veces de las relaciones en los centros penitenciarios.
Hoy en día, hay una creciente importancia de la cárcel como centro organizador de los mercados de droga. Los códigos internos que existen en la cárcel se trasladan hacia afuera del centro penitenciario, y a medida que los cabecillas de las bandas caen presos, empiezan a dirigir los operativos desde dentro, lo que significa que, aún encerrados, conservan su liderazgo. (…) Otra de las consecuencias del presente nivel de violencia es el avance del sicariato. Este fenómeno como tal no tiene su origen en el narcotráfico, pero en América Latina el fenómeno del narcotráfico terminó desarrollando el fenómeno del sicariato.

Para el sociólogo Gustavo Leal, el sicariato en el narcotráfico es necesario porque los narcotraficantes necesitan más controles de seguridad en áreas que son sensibles en toda la cadena. Esta cadena del delito se desdobla mucho más en muchos roles. (…) El sicariato también empezó a afectar el universo de personas que no están relacionadas al mundo del delito. Y comenzó a ser verosímil la posibilidad de dirimir un conflicto (de cualquier tipo) a través de la muerte por encargo o por el contrato de asesinos asalariados. “Yo creo que hoy lo que ha sucedido es que el sicariato en Uruguay es un fenómeno que desbordó hace bastante tiempo ya la cápsula del narcotráfico y hoy es ya una forma de dirimir conflictos que se ha extendido no solamente en el mundo del delito, sino también en personas que tienen conflictos de distinto tipo y logran acceder a eso”.

El trabajo académico referido expresa, asimismo, que “para Rosario Rodríguez, anteriormente asesora en políticas de Defensa del Ministerio de Defensa, el sistema estatal en general puede volverse permeable si es que no genera herramientas para evitar el ingreso a sus estructuras. El tráfico es favorecido si la presencia del Estado es débil o ausente, con un frágil estado de Derecho y posibilidades reales de corrupción. El caso que sí demostró que hubo corrupción fue el de la fuga de la Cárcel Central en 2019 del mafioso Rocco Morabito. En este caso, un policía fue formalizado ante el soborno para poder escapar. La policía logró erradicar elementos de corrupción dentro de su propia fuerza. Lo mismo podría suceder con los funcionarios en los puertos, debido a que la mayor salida actual de la droga es a través de los contenedores”. Por otro lado, Clara Musto opina que en la medida en que no existan controles serios, “uno tiene que tener todas las razones para pensar que existe corrupción”.

Teniendo en claro la complejidad del tema, resulta desalentador y frustrante que algo tan importante sea tomado como “botín de guerra” de una campaña electoral que embiste todo a su paso y se destaca por su irracionalidad. Nadie se preocupa en aportar propuestas o instrumentar acuerdos de largo plazos que dispongan políticas de Estado para solucionar problemas (ni siquiera uno tan importante como este). Lo que les importa a muchos actores políticos es posicionarse políticamente, teniendo el palo bien a mano para poder colocarlo en la rueda del adversario (y del país todo) y seguir contando los niños alcanzados por balas controlando cuidadosamente si el saldo final favorece o perjudica su patético discurso electoralista, de vuelo rasante y gran mezquindad. Al fin y al cabo, para ellos se trata solamente de niños de zonas marginadas. → Leer más