Opinión

No es noticia. El 24 de junio de este año, dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala abierta de Richter, respectivamente, sacudieron el norte de Venezuela, dejando hasta ahora unos 4.000 fallecidos, un número significativo de personas que aún permanecen desaparecidas y más de 11.000 heridos de diversa entidad. Los sismos redujeron a escombros la zona de La Guaira y algunos sectores de la capital, Caracas, en una catástrofe de esas que no se pueden prever. ¿O en este caso sí?
De un tiempo a esta parte vienen circulando versiones sobre la existencia de un informe elaborado por expertos japoneses, encomendados por el gobierno de Hugo Chávez a comienzos de este siglo, en el que no solamente se advertía sobre los devastadores efectos de un terremoto de la dimensión de los que habían ocurrido en el país en el pasado, sino que, además, se sugerían medidas de mitigación de riesgos y las formas de financiarlas. Ese informe —insisten estas versiones, que incluso se han difundido en medios internacionales— fue absolutamente ignorado por el gobierno bolivariano.

Lo primero que cabe señalar es que es cierta la existencia de este documento, solo que no fue ocultado ni mucho menos destruido, como sugieren algunas de estas versiones. Muy por el contrario, alcanza con una simple búsqueda en Google para que aparezca entre los primeros resultados, titulado “Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas”. Fue entregado al gobierno venezolano en 2005, efectivamente, pero fue fruto de un trabajo que expertos japoneses llevaron adelante desde 2002, en colaboración con científicos y técnicos locales. Lo que parece tener bastante certeza es el hecho de que no se llevaron adelante —algunas tal vez sí, pero parcialmente— las acciones allí sugeridas.

No sorprenderá que, como suele ocurrir en estos casos, el estudio fuese solicitado a partir de otro episodio trágico: en este caso, un devastador deslave ocurrido en la misma zona de La Guaira en 1999. En nada debe sorprendernos, a nosotros, los uruguayos, que tenemos en la rambla montevideana un emblema, una postal del país en la actualidad, pero que en su momento —se construyó en el primer tercio del siglo XX— fue una solución pensada para frenar los embates de los temporales del Río de la Plata.
Cuando arribó el equipo técnico, se analizaron, entre otras dimensiones, los riesgos sísmicos, de deslizamientos e inundaciones que amenazaban la región. Entre las conclusiones, el informe indicaba que la ubicación geológica, la calidad del suelo, las deficiencias en la planificación urbana y las modalidades de construcción hacían de Caracas una ciudad “altamente vulnerable” ante un terremoto. Los expertos contratados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) detectaron que prácticamente ninguna edificación en la zona norte de Caracas y en La Guaira cumplía con condiciones sísmicas adecuadas. También señalaron que hospitales y centros de emergencia estaban ubicados en áreas expuestas y podrían quedar inoperativos en una catástrofe.

El mismo estudio aclara —se puede acceder a él escaneando el código QR adjunto— que “no es, de forma alguna, un modelo de predicción para el próximo terremoto, sino más bien una visualización de los daños posibles y de las consecuencias de la ocurrencia de un evento de este tipo”. Agrega que no se evaluaron estructuras específicas, “sino que emplea el análisis estadístico para evaluar la vulnerabilidad de una región. El resultado no debe ser utilizado para el diseño sísmico de estructuras, ni tampoco para usos de aseguradoras”.

Allí se plantea, para calcular las eventuales víctimas, que el número de personas por casa en el área de estudio es de 4,5. Se estudió la capacidad sísmica de las edificaciones existentes construidas entre 1968 y 1982, que presentaban “de baja a moderada capacidad sísmica, principalmente falta de resistencia contra un terremoto como el de 1812”. En cuanto a las edificaciones existentes construidas entre 1983 y 2001, se apunta en el informe que tenían “capacidad sísmica moderada contra un terremoto como el de 1812”.

En cuanto a la capacidad sísmica de las edificaciones construidas después de 2002, estas tenían capacidad sísmica alta contra un terremoto como el de 1812. Sin embargo, explicaba el informe, existían muy pocas edificaciones —menos del 0,1%— en el área de estudio con estas características.

No señala expresamente que fuese a haber determinada cantidad de muertes, pero el estudio sí transmite la alta vulnerabilidad de la zona frente a un eventual episodio sísmico, impresión que quedó a la vista luego de los recientes sismos. Para mitigar el impacto, el equipo proponía llevar adelante un Plan Maestro con veinte medidas concretas, entre ellas, el reforzamiento sísmico de edificios y puentes existentes; la construcción de estructuras para controlar flujos de escombros; la reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo; la implementación de sistemas de alerta temprana y evacuación; la creación de un centro de comando de emergencias, y el fortalecimiento de la organización comunitaria para la prevención.
Ahora bien, ¿el hecho de que exista este informe, con sus sugerencias, es suficiente para afirmar que las consecuencias, al menos las fatales, pudieron haberse evitado? Difícilmente.

Nosotros, desde acá, desde Uruguay, no podemos asegurarlo. Tampoco tenemos las credenciales para reprochar nada. Basta reconocer las dificultades que la geóloga Leda Sánchez tiene para recorrer, a lo largo y ancho del país, el equipamiento que ha colocado, gestiona y mantiene, y que le permite —nos permite— disponer de información sobre los riesgos de un eventual episodio sísmico. En todos estos años, Sánchez no ha logrado que se le aseguren las partidas necesarias para montar un sistema de alerta temprana. Incluso hay quienes se burlan cuando la experta plantea que el país está expuesto a la ocurrencia de un terremoto, del que, además, hemos tenido avisos.
Ojalá se equivoque y nunca ocurra. Y, en caso de que ocurra, tal vez en realidad no estemos tan expuestos, por las características de nuestra densidad poblacional y, posiblemente, por una mejor calidad de las edificaciones. En todo caso, no lo sabemos.

Sophie Cunningham representa una figura cada vez más escasa en el deporte profesional contemporáneo: se trata de una atleta estadounidense que es figura en el club Indiana Fever de la WNBA —la NBA del básquetbol femenino— y que agrega, a su despliegue de calidad y vitalidad contagiosa en la cancha de juego, posturas en las que fustiga los intentos de incluir a mujeres trans en las competencias deportivas femeninas, como si se tratara de congéneres en condiciones de competir en igualdad con mujeres biológicamente “nativas”.
La jugadora no intenta agradar a todos, y se expone con una dosis siempre latente de incorrección política. Su personalidad desafiante, su tendencia a involucrarse en cada conflicto y su disposición para asumir posiciones polémicas la convirtieron en mucho más que una simple jugadora de rol dentro de Indiana Fever. Para algunos es una líder valiente. Para otros, una provocadora.
Fuera de la cancha, Cunningham también quedó en el centro del debate estadounidense por sus declaraciones sobre la participación de atletas transgénero en el deporte femenino: “Quiero proteger a las niñas jóvenes en el vestuario o en el deporte, que no deberían tener que enfrentarse a hombres biológicos”, expresó en una entrevista con ESPN en julio de este año, que recoge el diario bonaerense La Razón en un artículo.
Días después ratificó públicamente esas afirmaciones y aseguró que seguía pensando exactamente lo mismo. “Recibí muchas críticas por supuestamente odiar a las personas trans. Y yo digo: ‘Nunca dije eso’. Creo que estoy aquí para extender amor. Pero también creo que con ese amor viene la verdad, la honestidad. Dije lo que dije, creo que es de sentido común, siempre creeré en eso, es realmente importante proteger a los niños, y eso incluye a las niñas pequeñas”, remarcó la jugadora. Por sus dichos recibió el apodo de “MAGA Barbie”, asociado al lema “Make America Great Again” de Donald Trump.
Más allá de las consabidas polémicas que a menudo la rodean, es pertinente señalar que el deporte de competencia se basa en un principio elemental: que quienes participan lo hagan en condiciones lo más equitativas posible en cuanto a las condiciones y requisitos a respetar. Por esa razón existen categorías por edad, peso, discapacidad y sexo. No se trata de discriminar, sino de reconocer diferencias físicas que pueden resultar decisivas para el rendimiento deportivo.
En ese contexto, la participación de mujeres transgénero que atravesaron la pubertad masculina en competiciones femeninas ha generado un debate cada vez más intenso. La evidencia disponible indica que, en numerosas disciplinas, esas deportistas conservan ventajas fisiológicas relevantes en aspectos como la estatura, la densidad ósea, la longitud de las extremidades, la capacidad pulmonar y, en muchos casos, la fuerza y la potencia muscular. Si el objetivo del deporte femenino es garantizar una competencia justa entre mujeres, ignorar esas diferencias significa poner en riesgo el fundamento mismo de esa categoría.
Los ejemplos abundan. La nadadora Lia Thomas ganó el campeonato universitario estadounidense de 500 yardas libres en la NCAA en 2022, tras haber competido anteriormente en la categoría masculina. En ciclismo, la británica Emily Bridges fue excluida de una competencia femenina tras la revisión de los criterios de elegibilidad. En halterofilia, Laurel Hubbard se convirtió en la primera atleta trans en competir en unos Juegos Olímpicos. Más allá de las circunstancias particulares de cada caso, en general se trató de actuaciones de primer nivel en categorías femeninas, cuando habían sido mediocres en la masculina, y estos episodios impulsaron a numerosas federaciones deportivas a revisar sus reglamentos.
De hecho, organizaciones como World Athletics, World Aquatics y otras federaciones internacionales han establecido restricciones para la participación de mujeres trans que hayan pasado por la pubertad masculina en pruebas de élite. Estas decisiones no fueron adoptadas por razones ideológicas, sino tras evaluar la literatura científica disponible y escuchar a especialistas en medicina deportiva, fisiología y rendimiento atlético, más allá del sentido común, que se ha perdido en la sociedad.
Sin embargo, el debate público parece muchas veces desconectado de esta evolución institucional. Aunque distintas encuestas realizadas en varios países muestran un apoyo considerable a mantener la categoría femenina reservada para personas nacidas biológicamente mujeres en el deporte de alto rendimiento, la discusión pública suele estar dominada por organizaciones activistas que sostienen la postura contraria. Su capacidad de movilización, su presencia en los medios de comunicación y su influencia en determinados ámbitos políticos y legislativos generan con frecuencia la impresión de representar una posición social mucho más amplia de la que reflejan algunas mediciones de opinión.
Esto no significa descalificar el activismo ni negar la dignidad o los derechos de las personas transgénero. Toda persona merece igualdad ante la ley, protección contra la discriminación y respeto a su identidad. Pero esos principios no eliminan la necesidad de preservar la equidad en las competiciones deportivas cuando existen diferencias biológicas capaces de alterar el resultado.
La política debería evitar transformar esta cuestión en un enfrentamiento cultural. El objetivo no debería ser decidir quién tiene razón desde una perspectiva ideológica, sino encontrar un equilibrio entre inclusión y justicia competitiva. Si las categorías deportivas existen para compensar diferencias físicas objetivas, cualquier modificación de sus reglas debería sustentarse en evidencia científica sólida y no en la presión de grupos de interés, por más influyentes —y a menudo intolerantes— que sean.
El desafío consiste en proteger simultáneamente la dignidad de todas las personas y la integridad del deporte femenino. Negar cualquiera de esas dos dimensiones solo profundiza la polarización y dificulta alcanzar soluciones razonables. Una de ellas, por sentido común, podría ser habilitar universalmente una categoría exclusiva para personas trans, aunque tampoco esta alternativa logre conformar a quienes, escudados en la inclusión, no vacilan en desvirtuar la esencia de las competencias deportivas femeninas con tal de defender sus banderas a capa y espada, descalificando a quienes no opinan lo mismo.

Durante muchos años la digitalización del gobierno se celebró como un triunfo de la eficiencia, tanto para evitar a los ciudadanos hacer filas como por las ventajas de la disminución del uso de papel o la resolución de trámites a distancia.
Sin embargo, con la digitalización del Estado aparecieron nuevos desafíos, y la ciberseguridad en el sector público ha dejado de ser un asunto técnico de nicho, restringido al hacer diario de los departamentos de informática de las instituciones, para convertirse en una cuestión de alta política, soberanía y hasta supervivencia institucional.
Los datos que arrojan los informes oficiales del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy), dependiente de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic), muestran que se pasó de procesar 14.264 incidentes en 2024 a 42.768 en 2025, lo que representa un incremento superior al 199% de un año a otro.
La tendencia se ha ido acelerando, registrándose 32.399 incidentes adicionales en tan solo el primer semestre de este año, lo que indica que, lejos de tratarse de un mero reflejo de mayor eficiencia en los sensores del Estado, lo que se está dando es un cambio profundo en la naturaleza de la amenaza digital que enfrentamos.
Cuando los ataques cibernéticos dejan de ser una molestia marginal para convertirse en incursiones directas sobre portales estatales neurálgicos, como ocurrió con las filtraciones y alteraciones en la Dirección Nacional de Identificación Civil o los embates recurrentes sobre entidades educativas y financieras, se desvanece la ilusión de que la lejanía geográfica de Uruguay respecto de los grandes centros internacionales garantiza inmunidad institucional.
Un análisis de las estadísticas de CERTuy indica que entre el 70% y el 77% de los incidentes reportados se concentra en tareas de “recolección de información” y sondeos automatizados de credenciales. No se trata de ataques de destrucción masiva, sino que los ciberdelincuentes están operando mediante un mapeo minucioso y persistente, cruzando bases de datos estatales vulneradas —que han afectado estructuras educativas, sistemas de cobro o dependencias ministeriales o intendencias— para construir perfiles de ingeniería social.
Esto demuestra que el Estado enfrenta una ofensiva quirúrgica orientada a socavar la confianza institucional desde adentro, aprovechando quizás la fatiga digital de los funcionarios y la reutilización de credenciales. Hay otras heridas abiertas también importantes, como el ataque de ransomware perpetrado por el grupo internacional Alfa contra la Intendencia de Paysandú, que paralizó el sistema del gobierno departamental en materia de tributos, registro civil y el Sucive tras exigir un rescate de 650.000 dólares. El episodio dejó al descubierto tanto la crudeza del colapso operativo local como el estado de vulnerabilidad general.
Este ha sido quizás el ciberataque más grave contra un organismo público en la historia del país, y la respuesta gubernamental fue negarse rotundamente a pagar el rescate reclamado, aunque se debió afrontar un proceso interno de reconstrucción de extrema complejidad y alto costo operativo, con pérdidas parciales de registros históricos. Pero ha habido otros casos: diversos colectivos de hackers han perpetrado brechas de seguridad que expusieron bases de datos de instituciones clave como Migraciones, el Ministerio de Desarrollo Social y la Dinacia, entre otros, y también se han filtrado millones de registros de la ANEP y registros de usuarios y equipos de Ceibal.
La respuesta gubernamental ha sido intentar articular normativas para contener la situación. Cuando el Poder Ejecutivo y organismos rectores como Agesic despliegan normativas, decretos y marcos estratégicos, como el Decreto 66/026, amparados en la hoja de ruta de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024-2030, el propósito es poner orden, exigir la designación de responsables de seguridad y establecer consecuencias administrativas claras ante fallas sistémicas.
Por ejemplo, mediante la Ley 20.212 y el Decreto 66/025 (complementado en 2026) se estableció la obligatoriedad estricta para los organismos públicos y sectores críticos de reportar incidentes al CERTuy en un plazo máximo de 24 horas y de adoptar los marcos de referencia de ciberseguridad de Agesic. Las nuevas disposiciones modifican radicalmente el antiguo escenario del silencio burocrático, obligando a los organismos de la Administración Central a activar investigaciones formales e iniciar sumarios cuando un incidente crítico se origina por negligencia, desidia o uso prolongado de sistemas desatendidos. No obstante, pretender que una estrategia de esta magnitud se aplique con la misma velocidad y eficacia en todo el país —un escenario fragmentado donde convergen realidades institucionales muy disímiles— parece ignorar la fricción de esas mismas realidades.
Es decir, de un lado de la mesa, en Uruguay tenemos ministerios y organismos centrales muy robustos; del otro, hay agencias descentralizadas, intendencias y unidades ejecutoras menores, con personal muchas veces sobrecargado, escasez de recursos y sistemas que no siempre están a la altura del rol que hoy tienen la información y la ciberseguridad en el contexto digital.
Desde esta perspectiva, cargar todo el peso de la responsabilidad sobre los mandos medios y equipos técnicos locales requiere dotarlos previamente de infraestructura, respaldo y transferencia real de capacidades, para no terminar castigando a náufragos que están intentando nadar en mar abierto. Es necesario entender que el riesgo latente es la parálisis, donde la consigna institucional pase a ser el ocultamiento preventivo del riesgo por temor a ponerse en el centro del huracán ante una posible falla sistémica.
Modernizarse, aggiornarse y prevenir es algo que no se materializa con decretos o resoluciones ministeriales, ni tampoco con manuales de procedimientos o listados de posibles sanciones. La ciberseguridad plantea una carrera con obstáculos que exige una transformación cultural profunda hacia el interior de las organizaciones, un aprendizaje y formación constante y, seguramente, un rediseño de los incentivos laborales que premie la alerta temprana y la transparencia. Si el Estado uruguayo no logra alinear sus asignaciones presupuestales para proteger sus activos digitales y, a la vez, retener el talento —y hacer todo eso con la velocidad con que crece la amenaza digital—, será difícil contar con sistemas que realmente no se desmoronen ante las amenazas implacables de la actualidad.

El presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, aprovechó su conferencia en el marco de las jornadas de economía que organiza la institución para transmitir varios mensajes interesantes. Una hora y dos minutos le alcanzaron para afirmar que los uruguayos somos extremadamente conservadores, miedosos, financieramente cortos de vista, y a la vez los campeones de América en estabilidad financiera. Los datos parecen darle la razón.
El planteo con el que abrió la presentación fue la tan vigente discusión sobre por qué Uruguay crece lento, de quién es la culpa de que el país tenga un crecimiento marginal, por más que crecimiento al fin. Entre las razones que citó como explicación, situó las decisiones financieras de los uruguayos. “Cómo ahorramos, cómo nos endeudamos, lo que invertimos: por debajo de esos números, esas decisiones financieras hablan de nosotros mismos. Hablan de cómo interpretamos la realidad, cómo imaginamos el futuro, hablan de nuestra cultura, hablan de los valores que tenemos”, planteó, antes de ingresar en un análisis de las carteras financieras de los uruguayos. “En Uruguay, aproximadamente el 70 u 80% de los activos financieros son depósitos”. En otros países emergentes, como Rumania o Chile, esa cifra se sitúa en el 30 o 40%. “En los países avanzados es aún menor”, dijo. Pero además, dentro de estos depósitos, el uruguayo elige “depósitos que no cambian de valor, digamos, que son ‘seguros’, y nos exponemos relativamente poco, comparado con otros países, a opciones que tengan más retorno y algo más de riesgo”. Es decir, el ahorro de los uruguayos está en cajas de ahorro o cuentas corrientes que no generan interés. “Alrededor del 80% de los depósitos en el año 2024 estaban a la vista, con la mayor liquidez posible”. Y además, en dólares.
Viene al caso recordar en este punto la prédica cuasi obsesiva de Tolosa por la pesificación de la economía uruguaya, una de las más dolarizadas del mundo, según el propio presidente del BCU. “Más del 70% de los depósitos de los uruguayos están en dólares, allá arriba, con Congo, Camboya y Nicaragua. Esto incluye países que tienen inflación bastante más alta que Uruguay”, dijo, refiriéndose a economías en las que el dólar verdaderamente actúa como refugio frente a la variabilidad de la moneda local. Lo curioso del caso es que, siempre según los datos presentados por Tolosa, “los extranjeros que invierten en Uruguay ganan 5%”, mucho más que el rédito que obtienen los uruguayos por sus ahorros, que estimó en un promedio de 1,6%. “Quiere decir que tenemos en nuestras narices activos que rinden con tasas de interés muy interesantes, pero preferimos invertir en opciones conservadoras, con muy pocos retornos”.
Agregó que los uruguayos “depositan una cifra inusualmente alta, en la comparativa internacional, en bancos públicos”, con lo que “sienten alivio no solo por darle su dinero a un banco, sino porque está el Estado todoprotector detrás de esos depósitos”. También, dijo, sienten alivio “con una proporción completamente desproporcionada a nivel internacional de sus activos en ladrillos”, activos que, según describió, no dependen de la confianza: “los puede ver, los puede tocar, son tangibles”. También afirmó que la mitad de los uruguayos “dice tener efectivo en su propia casa, de forma que le da alivio poder tocarlo y no depender del sistema”. Del mismo modo, aseguró que las empresas uruguayas son “particularmente cautas” y que la inversión en el país en los últimos diez años “es de las más bajas del mundo”, lo que refleja una “actitud igualmente ultraconservadora” de los empresarios, aunque reconoció que hay “otros factores que explican estas tendencias”. Todos estos datos, estos resultados, “hablan de quiénes somos; estos resultados gritan quiénes somos y qué creemos los uruguayos”, y afirmó que detrás de ellos “hay un factor que atraviesa todas las decisiones, y ese factor es el miedo”.
Este miedo, dijo, traducido en estas “opciones conservadoras, de refugio, de terror a la pérdida”, termina generando “costos muy altos para los uruguayos, para sí mismos y para la sociedad”: por ejemplo, al renunciar al interés de esos depósitos y al hacerlo, además, en dólares. “En los últimos 30 años los uruguayos perdimos la mitad del poder adquisitivo que teníamos (…). Los uruguayos tenemos un árbol que quiere crecer, pero por protegerlo no lo dejamos crecer”, resumió.
La conferencia en su totalidad es sumamente interesante por los datos que presenta y por el análisis que transmite el presidente del Banco Central; es recomendable verla (y quien lo desee puede hacerlo siguiendo el código QR). En su repaso, Tolosa definió características recientes de la economía nacional, elementos que hacen al “buen clima”. Desde 2003, dijo, “ya van 23 años que está conduciendo una obra de ingeniería y blindaje, de fortalecimiento de cimientos, con apertura económica que ha sido, creo, ejemplar en el mundo”. A modo de ejemplo, señaló que Uruguay ha bajado su dolarización de la deuda pública de casi 90% a 45%. Fruto de este proceso de derisking (reducción del riesgo), “Uruguay absorbe los shocks externos, y todas las recesiones (en Uruguay) empiezan con un choque externo”.
Para el jerarca, este temor a asumir riesgos es fruto de viejos resquemores, de cicatrices de situaciones pasadas que costaron mucho. Y no solo costaron plata: costaron vidas. Hablar del quiebre de la tablita, en noviembre de 1982, o de la crisis de julio de 2002, para muchos son, más que cicatrices, heridas aún abiertas, porque muchos sufrimos incluso la pérdida de familiares en aquellas tristes circunstancias. De allí que no se pueda culpar del todo a quienes, habiendo atravesado esas dolorosas situaciones, sientan todavía, tantos años después, cierta desconfianza respecto a dónde poner su dinero. ¿Es justificado? Tal vez no del todo, como sugiere Tolosa. Pero tampoco es plenamente reprochable, y más aún después de ver cómo miles perdieron en los últimos años la totalidad de sus ahorros en un negocio que se suponía seguro y rentable, como los ya tristemente célebres fondos ganaderos. Es de reconocer que se trataba de una actividad que no estaba supervisada por el Banco Central, gracias a una estrategia de quienes llevaban adelante el fraude, y hay incluso una primera sentencia judicial que responsabiliza al Estado por la omisión en la supervisión de esta actividad —aplicable solo a algunos de los casos—, pero que, de confirmarse, podría sentar un precedente. Veremos.

Recientes declaraciones del decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Juan Cristina, confirman la existencia de una realidad que desde hace años se viene constatando en prácticamente todos los ámbitos de la enseñanza y que repercute sobre todo en la llegada de los estudiantes al nivel terciario, donde ya no es posible, como en los ciclos anteriores, seguir pateando la pelota hacia adelante, porque llega la hora de la verdad en la formación profesional: una parte muy significativa de los jóvenes ingresa a la universidad sin la formación básica necesaria para afrontar con éxito una carrera de nivel superior.
No se trata de una opinión aislada ni de una crítica dirigida exclusivamente a la enseñanza media, porque este ciclo es a su vez receptor del déficit que proviene desde la niñez. El propio Cristina aclara, en entrevista concedida a Montevideo Portal, que se trata de un fenómeno “multifactorial y muy complejo”, en el que intervienen cambios culturales, tecnológicos y sociales.
Destaca en este sentido que “evidentemente, la formación que traen de la enseñanza media —pruebas que hacemos nosotros nos lo indican— no es una formación básica para una carrera. Esto no es para echarle la culpa a la ANEP ni a nadie, es una cuestión multifactorial y muy compleja, pero es la realidad”.

Advierte que “yo creo que hay un cambio civilizatorio entre mi generación y la de ellos. Nosotros éramos una generación que teníamos otros referentes que hoy no existen. Había referentes familiares, sociales, políticos, religiosos, y hoy esas estructuras no juegan el papel que jugaban antes. Hoy las redes sociales juegan un rol en cómo la gente se relaciona y también en cómo aprende y estudia. No digo que las tecnologías sean malas, sino que el problema es el uso que se les da. Se le presenta a los jóvenes una sociedad ideal donde no van a haber dificultades. No vamos al médico y le preguntamos a la inteligencia artificial como si eso fuera lo mismo que estudiar 14 años. No creo que ninguna generación desde Artigas hasta acá se la haya llevado de arriba. Son distintos, pero no quiere decir que vaya a haber problemas. Incluso desde el punto de vista neurobiológico, todas las pantallas nos afectan, incluso el aprendizaje”.

Es inevitable ensayar un diagnóstico, por más que seguramente falten elementos a tener en cuenta. Si desde las propias facultades se realizan evaluaciones que muestran carencias importantes en comprensión, razonamiento, escritura y conocimientos fundamentales, es evidente que el sistema educativo enfrenta un problema estructural que se viene agravando desde hace décadas, acompañando los cambios en la sociedad, sobre todo en cuanto a valores.

Lo más preocupante es que esta realidad no parece limitarse a una disciplina en particular. Desde hace tiempo, docentes de distintas carreras universitarias y terciarias advierten que deben dedicar los primeros años a suplir déficits que deberían haber sido resueltos durante la educación media. Ese tiempo perdido termina afectando la calidad de la formación profesional, incrementa la deserción y posterga el verdadero aprendizaje especializado.

Naturalmente, la respuesta a una realidad que depende de factores múltiples no consiste en buscar culpables. Como sostiene el propio decano, sería simplista atribuir toda la responsabilidad a la ANEP o a los docentes. Los cambios en los hábitos de estudio, la influencia de las redes sociales, la disminución de la lectura, la reducción del vocabulario y las nuevas formas de acceder a la información son factores que también inciden sobre las capacidades de los jóvenes. Pero reconocer la complejidad del problema no puede transformarse en una excusa para evitar las reformas necesarias.

En ese sentido, también corresponde revisar críticamente la propia educación terciaria. Durante décadas se han ido acumulando planes de estudio con una cantidad creciente de asignaturas —también en otras áreas de la enseñanza, como el nivel secundario—, muchas de ellas de carácter tangencial respecto de la actividad profesional que finalmente desarrollarán los egresados. Es razonable promover una formación integral, pero cuando esa aspiración deriva en currículas excesivamente extensas, con materias que poco aportan a las competencias específicas, el resultado suele ser una mayor duración de las carreras, mayores índices de abandono y profesionales que ingresan tardíamente al mercado laboral.

La universidad debe contribuir a formar ciudadanos íntegros y con una perspectiva que trascienda su área de estudio específica, pero sobre todo profesionales competentes. Ambas metas son compatibles siempre que exista un adecuado equilibrio entre la formación general y las competencias propias de cada profesión.

El desafío impostergable pasa por revisar con seriedad qué conocimientos son verdaderamente esenciales para cada carrera y cuáles responden más a tradiciones académicas que a las necesidades actuales de la sociedad. Al mismo tiempo, resulta indispensable fortalecer las competencias básicas desde la educación media: comprensión lectora, escritura, razonamiento lógico, capacidad de análisis y hábitos de estudio. Sin esos cimientos, cualquier formación superior se vuelve mucho más difícil.
Y en un país con rezago en empleo y en dotación de valor agregado, la educación no puede perder de vista uno de sus principales objetivos: preparar a las personas para su inserción en el mundo del trabajo. Ello no implica reducir la enseñanza a una lógica meramente utilitaria, sino reconocer que el desarrollo personal y el crecimiento del país dependen, en buena medida, de contar con egresados capaces de incorporarse rápidamente a actividades productivas, científicas, tecnológicas y profesionales.Las palabras del decano Juan Cristina constituyen una nueva oportunidad para abrir un debate impostergable. La educación uruguaya necesita menos discusiones ideológicas y más decisiones orientadas a garantizar que los jóvenes lleguen preparados a la universidad y que la universidad, a su vez, los prepare eficazmente para los desafíos del siglo XXI y para un mercado laboral cada vez más exigente.

Se reunió la Mesa de la Agrupación de Gobierno y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, concluyó que existen “problemas de gestión política” para que “nuestros avances, nuestras concreciones y nuestro programa, que se está cumpliendo, finalmente lleguen al resto de la sociedad”.
En ese marco, sostuvo que el Frente Amplio se fijó 63 prioridades y que, de ese total, “se han empezado a aplicar cerca del 85%”.
Según el dirigente, cuando se construye un programa de gobierno luego hay que “generar la película de cómo se está cumpliendo ese programa”.
Entre los aspectos que destacó, afirmó que el país atraviesa el período con el desempleo “más bajo de la historia”. Sin embargo, esa afirmación carece de un desglosamiento territorial y simplifica la realidad al presentar una única cifra nacional. El litoral, por ejemplo, no forma parte de esas cifras “más bajas de la historia”, sino que continúa inmerso en un proceso que comenzó hace décadas con el desmantelamiento del aparato productivo y la desaparición de sus industrias más emblemáticas, o de las que aún sobreviven.
La falta de competitividad tampoco constituye un reclamo nuevo. Lo han planteado tanto las cámaras empresariales, que han negociado con todos los gobiernos, como los sindicatos. Se trata de una consecuencia de la profundización de la globalización en una región fragmentada, donde la política exterior de cada país procura mejorar sus regulaciones para abrir nuevos mercados y captar mayores inversiones.
Al gobierno le cuesta dominar la agenda pública, y ello no responde al mérito de la oposición ni de los medios de comunicación, sino a la percepción ciudadana y a las diferencias internas al momento de defender decisiones sobre asuntos que históricamente han generado debate dentro de la fuerza política. Algunos ejemplos son el relacionamiento con Estados Unidos, las políticas favorables al gran capital y la continuidad de las AFAP.
En este último caso, el gobierno descartó eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional para sustituirlas por un monopolio estatal y optó por una agenda de reformas orientada a reducir costos y mejorar la rentabilidad. Nada de eso figuraba en la papeleta que impulsó la recolección de firmas promovida por un sector muy relevante del oficialismo, que ahora deberá alinearse con la resolución del Poder Ejecutivo.
El Partido Comunista, entre otros sectores, insistía en que era necesario cumplir el programa del Frente Amplio y eliminar el lucro en la seguridad social. Al finalizar 2024, el gobierno de la coalición republicana sostenía que esa propuesta desconocía la voluntad popular, que no había acompañado el plebiscito sobre la seguridad social.
Sin embargo, el dirigente comunista insistía en que “buscaremos los mecanismos y las formas”. Hoy, Juan Castillo sostiene que lo anunciado por el equipo económico es “lo posible”. “Es lo que el gobierno entiende que se puede proponer” en el marco de lo resuelto en el Diálogo Social. Pero agregó que, “si en principio es la postura del gobierno, tiene que ser nuestra postura”.
Otro de los desacuerdos protagonizados por el referente comunista fue su rechazo al uso de vehículos blindados del Ejército para patrullar barrios con alta conflictividad. Calificó la medida de “shokeante”. El debate se trasladó rápidamente al ámbito público y, ante la imagen de descoordinación que proyectaba el oficialismo, terminó acatando la decisión adoptada por el Consejo de Ministros.
Algo similar ocurrió con la visita de Yamandú Orsi al portaaviones USS Nimitz. Castillo consideró que esa decisión constituía “una contradicción” con los principios del país, que se opone a las guerras, y con las raíces “antiimperialistas” que identifican a buena parte de la militancia frenteamplista desde la fundación de la fuerza política. Sin embargo, terminó reconociendo que “el presidente es él”.
Ahora la Cancillería mantiene conversaciones con el gobierno de Donald Trump para definir si Uruguay recibirá ciudadanos cubanos deportados desde Estados Unidos. Una decisión de la que, por cierto, varios senadores oficialistas se enteraron por la prensa. Resulta, sin embargo, más sencillo cuestionar la “deplorable” política migratoria del presidente republicano que reclamar una mejor comunicación hacia la interna partidaria, donde deberían explicitarse las diferencias entre un país de inmigrantes y otro que recibe deportados.
En ese contexto, Pereira aseguró que el Frente Amplio “no va a estar de acuerdo” con deportaciones que violen los derechos humanos. No obstante, la experiencia reciente recuerda que Uruguay recibió refugiados provenientes de Guantánamo como parte de un acuerdo político que facilitó la apertura del mercado estadounidense para los cítricos uruguayos.
También resulta visible la descoordinación entre los anuncios del presidente de la República, los de la Secretaría de la Presidencia y las declaraciones de algunos ministros. Los tiempos no están alineados, los criterios de trabajo difieren y eso termina demorando los anuncios. Un ejemplo es la eventual instalación de HIF Global en Paysandú.
El 23 de junio, durante la inauguración de la zafra citrícola en Azucitrus, Orsi anunció ante la prensa: “Voy a volver a Paysandú en pocos días porque tenemos otras cosas para anunciar”. En esos mismos días, el gobierno uruguayo y la multinacional acordaban extender el plazo, que vencía el 30 de junio, para definir el acuerdo definitivo de inversión y el precio del suministro eléctrico.
A comienzos de julio, el secretario de la Presidencia informó que la empresa y el directorio del ente habían acordado el precio de la energía y que el anuncio era cuestión de días. Sin embargo, hacia fines de ese mes, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, aseguró que aún no existían contratos firmados y que la empresa resolvería recién el año próximo si se instalaría en el país.
Es decir, los tiempos no están alineados entre los distintos niveles del gobierno. Tampoco existe una metodología común de trabajo y la reiterada explicación sobre la falta de recursos termina postergando la ejecución de políticas públicas.
A ello se suma que la gestión de crisis imprevistas, como los problemas de inseguridad o las condicionantes geopolíticas, irrumpe permanentemente en la agenda y desplaza otros asuntos considerados prioritarios.
La burocracia uruguaya tampoco parece adaptarse a estas dinámicas y menos aún cuando las decisiones atraviesan sucesivos niveles administrativos. Si, además, el presidente avanza por un lado, el Frente Amplio por otro y las bancadas legislativas desarrollan su propia agenda, resulta comprensible que la conducción política a la que aludía Pereira se vuelva cada vez más compleja. Y ello ocurre sin que medie la influencia de la oposición o de los medios de comunicación, porque se trata de dificultades originadas en la propia interna oficialista.
Si el gobierno no logra comunicar ni realizar una gestión política eficaz de aquello que considera sus “avances”, probablemente sea porque no consigue visualizar esa brecha. El Poder Ejecutivo dispone de recursos institucionales y comunicacionales muy superiores a los de la oposición: proyectos de ley, rendiciones de cuentas, anuncios oficiales y la difusión permanente de sus resoluciones.
De ese modo, la opinión pública termina observando a un Poder Ejecutivo con una agenda distinta de la que impulsan la militancia frenteamplista y sus bancadas legislativas, mientras la oposición aparece alineada, con mayor cohesión y una gestión política más consistente de los temas públicos.

Brasil siempre ha dado múltiples y claras muestras de un espíritu imperialista contra los países con los cuales comparte frontera. Uruguay, por ejemplo, mantiene desde hace décadas reclamos por los territorios conocidos como el Rincón de Artigas y la Isla Brasilera; ésta última, indiscutiblemente ubicada dentro de los límites naturales de nuestro país.

Teniendo en cuenta esta política expansionista de Brasil, que se niega a devolver territorios que no le pertenecen, no debería llamar la atención la falta de respeto del presidente Lula hacia las víctimas de la Guerra de la Triple Alianza —y no solo a ellas—. En efecto, Lula dijo en los últimos días: “No olvidemos que un buen día Paraguay decidió invadir Brasil”. Según el portal alemán de noticias Deutsche Welle, “las declaraciones del mandatario izquierdista, para justificar su intención de aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas, despertaron indignación en Paraguay, donde fueron rechazadas por el Ejecutivo, el Senado, la Cámara de Diputados y políticos tanto oficialistas como opositores”.

Estas infelices declaraciones de Lula se encadenan directamente con la llamada Guerra de la Triple Alianza, el conflicto bélico que más víctimas causó en la historia de América Latina y probablemente el ayor acto genocida que registra la Historia en el subcontinente. Tal como ha señalado el portal de noticias BBC Mundo, en esa guerra “Argentina, Brasil y Uruguay perdieron a unos 120.000 hombres. Pero la verdadera tragedia la vivió el país que enfrentó a estas tres potencias aliadas hace un siglo y medio: Paraguay, el perdedor de la contienda. Para ese país no fue solo una derrota militar, fue una masacre que algunos historiadores consideran un genocidio. Las cerca de 280.000 víctimas paraguayas representaban más de la mitad de la población de ese país. La vasta mayoría eran hombres, así que Paraguay vio arrasada su población masculina. Cuentan los reportes de la época que cuando terminó la ‘Guerra Grande’ —como le dicen los paraguayos— había en ese país cuatro mujeres por cada varón (y en algunas regiones incluso 20 por cada hombre). Un desastre demográfico que, según muchos historiadores, retrasó gravemente el desarrollo de ese país”. Para la BBC, “el detonante que desencadenó todo fue la pelea entre los dos partidos tradicionales de Uruguay: el Partido Nacional (o Blanco), que gobernaba, y el Partido Colorado. (…) El gobierno de Bernardo Prudencio Berro era el único aliado regional de Paraguay, y le garantizaba una salida al mar (aunque en la práctica, antes de la guerra los paraguayos usaban principalmente el puerto de Buenos Aires para acceder al océano Atlántico). En cambio, los colorados, liderados por el general Venancio Flores, tenían el respaldo de Brasil”.

BBC Mundo reporta, además, que “según el historiador paraguayo Fabián Chamorro, lo más ‘estremecedor’ de la guerra fue que la mayoría de las víctimas paraguayas no fueron soldados (que eran unos 90.000), sino población civil, incluyendo miles de niños, ancianos y mujeres”. Tras la guerra, Paraguay perdió gran parte del territorio que reclamaba, que según Chamorro representaba más de 150.000 kilómetros cuadrados —más del 25% del territorio que consideraba como propio—. Brasil se quedó con el territorio que reclamaba en Mato Grosso y Argentina logró anexar las actuales provincias de Formosa y Misiones. (…) Además, Brasil ocupó Paraguay por seis años y exigió una indemnización de guerra. (…) “Demográficamente la catástrofe fue gigantesca”, señaló. Una de las consecuencias indirectas de la guerra, según Chamorro, fue que Paraguay “no tuvo la migración a gran escala que tuvieron las vecinas Argentina, Brasil y Uruguay”.

Los invasores argentinos, brasileños y uruguayos no contaban con la valentía del pueblo guaraní. El presidente Mitre pronunció en 1865, al comenzar el conflicto, una frase que reflejaba la creencia de los gobiernos invasores de que la contienda contra Paraguay sería sumamente breve: “En 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción”. Sin embargo, la guerra se extendió por más de cinco años debido a la resistencia paraguaya. En 1872, Domingo Faustino Sarmiento escribió a Bartolomé Mitre las siguientes líneas, que expresan su absoluto desprecio por Paraguay y su pueblo: “Estamos por dudar de que exista el Paraguay. Descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón. En ellos, se perpetúa la barbarie primitiva y colonial… son unos perros ignorantes… Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse”. En 1869, el propio Sarmiento reconocía en otra carta el exterminio llevado a cabo contra el pueblo paraguayo: “La guerra del Paraguay concluye por la simple razón —horresco referens— que hemos muerto a todos los paraguayos de diez años arriba”. Inexplicablemente, y a pesar de su feroz antiartiguismo, existe un busto de este personaje frente al Liceo N.° 1 de nuestra ciudad.
Todos los uruguayos en general y los sanduceros en particular sabemos que el Sitio de Paysandú en los años 1864 y 1865 fue el preámbulo de la Guerra de la Triple Alianza. La invasión de tropas militares brasileñas a nuestra ciudad no fue una casualidad y por ello —”favor con favor se paga”—, Uruguay se vio obligado —gracias al dictador Venancio Flores— a participar en la destrucción de Paraguay, una página negra de nuestra historia, cubierta de vergüenza y traición a un pueblo hermano como el paraguayo. Es por ello que llama mucho la atención el silencio tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional de Paysandú, así como del gobierno departamental —intendente y Junta— ante las declaraciones de Lula. ¿Cómo es posible que el Frente Amplio se mantenga ajeno a este episodio, cuando siempre tiene un comunicado preparado para defender a Cuba, Venezuela, Nicaragua o Irán contra el imperialismo de Estados Unidos? ¿A qué “tierra heroica” se refiere la Intendencia Departamental si no es capaz de hacer respetar el sacrificio de nuestros hombres, mujeres y niños en el sitio cuya defensa estuvo encabezada por Leandro Gómez? ¿Ningún edil de la Junta Departamental presentará una moción de condena a estas declaraciones de Lula?
Tal vez los responsables políticos y partidarios de nuestro departamento deberían tener presente el apoyo del exintendente Álvaro Lamas para que la entonces plaza Flores —inaugurada en 1880— pasara a denominarse plaza Varela, lo que finalmente se logró. “Para nadie, y menos para un sanducero, es explicable que una de las plazas de nuestro departamento lleve el nombre de quien, sublevado contra el gobierno constitucional, condujo las fuerzas que masacraron, incendiaron y saquearon nuestro solar y a su gente”, dijo Lamas en ese momento al referirse a Venancio Flores. Y que –debemos agregar– se sumaron a las fuerzas de Brasil y Argentina para realizar la mayor masacre a un país que hoy es parte del Mercosur.

Emitir una declaración de esas características sería una señal clara de que a los héroes no solo hay que invocarlos u homenajearlos, sino también defenderlos cuando alguien —aunque sea Lula— los ataque. Sus declaraciones también insultan a Leandro Gómez, a sus valientes defensores y a todos los sanduceros. ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos ante tamaña falta de respeto?

La Rendición de Cuentas es el momento en que el Estado ajusta su presupuesto anual. Es cuando el gobierno decide en qué y cómo se gastará la plata del año, y para eso propone realizar cambios, para que puedan hacerse efectivos se necesita la aprobación mayoritaria del Parlamento.
Pero la Rendición de Cuentas 2026 no es solo un papel con números; es una decisión moral: donde el gobierno propone cómo invertimos los recursos del país, con la mirada en los más necesitados, y la oposición elige decirle no al pueblo al votar en contra esta rendición.

La mayoría que falta, tiene responsabilidad.
El ajuste presupuestal requiere la aprobación de la mayoría en el Parlamento: 50 votos de los 99 diputados. Pero el Frente Amplio tiene 48, por lo que la oposición, con sus votos, intenta bloquear que el gobierno cumpla con sus promesas electorales.
El gobierno propone más recursos para Mides, Educación, ASSE y Vivienda: plata para los gurises, los mayores y los barrios que se inundan. La derecha responde con un rotundo no, sin fundamentos sólidos y sin diálogo, priorizando la confrontación por encima de las necesidades reales del pueblo. Ellos claramente comenzaron la campaña electoral que empieza con poner palos en la rueda al avance del país, en lugar de poner la plata donde más duele, donde están las urgencias. Un dato que golpea fuerte: uno de cada tres niños vive en situación de pobreza. Por eso, el gobierno propone aumentar las asignaciones de $4.500 a $10.000 para los niños de 0 a 3 años más vulnerables, crear nuevos cargos médicos en ASSE, reparar las escuelas que se inundan y construir viviendas en los asentamientos, recursos para la educación, lista de urgencias que ellos dejaron en el debe. El pueblo no puede esperar, pero ellos eligen bloquear. Mientras tanto, la realidad exige acción, no excusas. Un ejemplo bien claro, es la realidad
Si alguien se enferma en tu casa, no esperás seis meses para que te den el remedio. Lo comprás ya. Con el hambre pasa igual: esperar significa que pierdan peso, educación y futuro. A ellos no les toca vivir esa realidad. No hacen fila en hospitales, no envían a sus hijos a la escuela pública ni a la UTU, y no saben lo que es que no alcance para llegar a fin de mes. Esto no es gasto; es inversión en el país que queremos construir. El Uruguay es el de hoy, no el del mañana, por eso el pueblo no puede seguir esperando.

Cuando gobernaron, la plata aparecía… pero para otros intereses: pasaportes falsos para rusos en la Torre Ejecutiva, millones de dólares en gastos para perseguir sindicalistas, y el presidente en Suárez con gastos pagados por el Estado. Siempre, el ajuste y los recortes recaen sobre los que menos tienen.
NO es un NO al Gobierno. Es un NO a la Gente
El país necesita una oposición seria, que tenga como prioridad a la gente. Pero esta oposición prefiere negar, bloquear y poner obstáculos. No votan contra un proyecto; votan contra que miles de gurises, madres y trabajadores puedan vivir un poquito mejor.
Hay dos formas de mirar el país: una que mira el déficit, y otra que mira a los gurises a los ojos. La derecha le dice no al gurí, a la madre, al que madruga. El Frente Amplio, en cambio, está del lado de la gente que necesita.
Todo debe estar guardado en nuestra memoria
Al hambre no se le puede pedir que espere al próximo período. Ahora, algunos intentan tapar lo urgente con humo, hablando de deuda y ocultando el silencio de quienes gobernaron antes. Deberían caminar entre la gente, escuchar sus necesidades y entender que la prioridad es hoy.

El Frente Amplio fue elegido por la mayoría, pero sus adversarios quieren que al gobierno le vaya mal. Que la derecha dé la cara y explique a los que más sufren por qué les dieron la espalda. Que la gente no olvide. En cuatro años, volverán a pedir el voto.
Por nuestra propia historia, podemos decir
Cuando estudiaste en la educación pública, estudiaste y te recibiste en la UTU, fuiste vos sindicalista, manos de cooperativista, desde un aula trabajás para crear ciudadanos formados, pero principalmente libres, cuando sos usuario de ASSE, creciste en un comité, te criaste en el barrio, sabés que la Rendición de Cuentas no es solo un hecho político. Porque sabés lo que cuesta luchar por derechos, levantar la casa entre varios y recorrer dos ómnibus para ir a trabajar, sos sensible a lo que le pasa al otro, sabemos dónde duele y dónde poner la plata. Por eso que la oposición vote esta rendición de cuentas es primordial para el pueblo y para que el gobierno cumpla con el programa que se comprometió con la ciudadanía, una oposición seria y que realmente le interese la gente no votaría en contra a un proyecto con fines claros, la infancia más vulnerable y las necesidades más urgentes de la gente, incluso muchas que ellos dejaron pendientes, pero la realidad es así, priorizan lo electoral y la chicana política a las necesidades de la ciudadanía.

Siempre la mirada en el horizonte La construcción de una sociedad cada vez más justa, igualitaria e inclusiva continúa sin que nadie se rinda, porque el Frente Amplio es fuerza constructora de la esperanza. El legado de Artigas, nos marcó el camino y nos centró la mirada en donde los más infelices deben ser siempre los más privilegiados. Mientras haya un gurí con hambre, una escuela que se inunda o un hospital sin médicos, la lucha no termina, porque la prioridad del Frente Amplio es la gente.
La verdadera diferencia, no es política

Hechos políticos como estos, dejan extremadamente visible que la diferencia entre la izquierda y la derecha es mucho más que política, es una diferencia humana. Por eso los invito a seguir construyendo un Uruguay entre todos y todas, donde los derechos no se negocien, dónde nadie quede atrás. No debemos dejarnos engañar, no olviden cómo canta León Gieco, que todo está guardado en la memoria. ¡Que siga gobernando la honestidad!

Pablo Miranda Ponce

Dicen que el ejemplo empieza por arriba. Entonces, cuando desde la máxima responsabilidad del país aparecen situaciones que generan serios cuestionamientos éticos, el mensaje que recibe la sociedad es devastador. ¿Cómo se explica que un presidente acepte comprar un vehículo con un descuento del 25%? Aunque pueda buscarse una explicación, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿era éticamente correcto? Porque no todo lo que puede ser legal termina siendo moralmente aceptable para quien debe dar el ejemplo. Y cuando el costo político se vuelve demasiado alto, aparece la vieja receta: intentar tapar el sol con un dedo. Donar una camioneta que pertenecía a su actividad política puede sonar generoso, pero muchos ciudadanos se preguntan si no fue simplemente un intento de apagar el incendio que él mismo había provocado.

Como si eso fuera poco, también surgieron cuestionamientos por el pago del Impuesto de Primaria y por la regularización de una propiedad tras reformas realizadas. Más allá de las explicaciones que puedan darse, la imagen que queda es la de un país donde pareciera haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Porque la gran pregunta es inevitable: si esto le hubiera ocurrido a un ciudadano común, ¿habría recibido el mismo trato? ¿O ya tendría multas, intimaciones, recargos y toda la maquinaria del Estado funcionando a máxima velocidad? La ética no admite descuentos. La responsabilidad tampoco. Quien ocupa un cargo público debe ser el primero en cumplir y el último en buscar privilegios. Cuando los gobernantes olvidan que el ejemplo vale más que mil discursos, no solo se deteriora su imagen: se erosiona la confianza de toda una sociedad.
Y recuperar la confianza perdida… eso sí que no tiene descuento.

David Doti

El presupuesto municipal 2026–2030 introduce una amplia reestructuración administrativa con la creación de nuevos cargos de particular confianza (director de Descentralización, prosecretario y coordinador de Gabinete) y dependencias como la Unidad de Planificación y Gestión Territorial, la Agencia Paysandú For Export, la Oficina de Catastro Departamental y el Registro de Contribuyentes Municipales, además de formalizar los municipios de Cerro Chato y El Eucalipto.

Si bien se argumenta que estas medidas buscan modernizar y centralizar la gestión, lo cierto es que implican un incremento significativo del gasto en personal y estructura burocrática. Cada nuevo cargo de alto grado y cada nueva unidad administrativa demandan partidas salariales, infraestructura, equipamiento y recursos operativos que no existían antes. Esta expansión del aparato público, aunque se presente como estratégica, eleva los costos fijos de funcionamiento municipal.

Para financiar este mayor gasto corriente, la lógica fiscal indica que la única fuente sostenible es el aumento de la presión tributaria sobre los contribuyentes. El propio presupuesto crea el Registro de Contribuyentes y el Fondo de Gestión Territorial, herramientas que facilitan la actualización catastral y la determinación de nuevos valores imponibles, allanando el camino para subir impuestos inmobiliarios y tasas municipales. En definitiva, el ciudadano común termina pagando la factura de una administración más costosa, sin una garantía clara de que esa estructura redundará en mejores servicios o mayor eficiencia, sino más bien en un Estado local más pesado y oneroso para quienes lo sostienen con sus tributos.

Dardo Arévalo

El Dr. Anthony S. Fauci, que durante casi cuatro décadas fue reconocido como el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, tuvo este miércoles 29 de julio de 2026 una estrategia absolutamente defensiva frente a las preguntas del Comité del Senado que investiga los orígenes del Covid-19. Más de cien veces se negó a responder las preguntas de senadores republicanos y se amparó en el derecho que otorga la Quinta Enmienda a no autoincriminarse. De todos modos, abogados de distintas corrientes de opinión coinciden en afirmar que ambas estrategias legales son igualmente válidas y no significan nada más que eso.

El reconocimiento acumulado desde sus inicios en tiempos de Ronald Reagan hasta su retiro durante la gestión de Biden de nada le ha servido ante los ataques del trumpismo. El valor del conocimiento científico ha sido devaluado.

A lo largo de sus 38 años al frente del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Fauci testificó más de 200 veces y siempre destacó por su precisión y sobriedad técnica. Fue indultado preventivamente al final del mandato de Joe Biden —el indulto tiene fecha de enero de 2025—, resolución que aplica a cualquier cosa que ocurriera antes de su emisión. De lo único que Fauci no está protegido es de ser acusado de mentir bajo juramento.

Biden fundamentó su decisión en las amenazas de Trump de procesar a demócratas y optó por prevenir. El propio Fauci entendía que “no hay motivos posibles para ninguna acusación”, pero este miércoles 29 de julio, el clima de venganza política alcanzó su mayor agresividad.

Las páginas de lectores de los periódicos recogieron decenas de cartas en reconocimiento a Fauci: “ayudó a salvar innumerables vidas durante la epidemia de sida y la pandemia de Covid-19, y debería dedicar sus últimos años a ser honrado, celebrado y agradecido por toda una vida de servicio público”.

Tanta desconsideración tuvo su remate cuando el presidente Trump expresó, contrariado y algo burlón, que él “no seguía mucho sus consejos… supongo que habría muchas preguntas que podría haber respondido, y con algunas quizás no se sentía cómodo”.

El cierre agónico de la audiencia

Ya sobre el final de la sesión, el senador Rand Paul anunciaba que el comité resolvería en su próxima reunión declarar a Fauci en desacato por su resistencia a responder.

La imagen de la derrota fue la de Fauci retirándose con el rostro impasible e inexpresivo, escoltado por la policía. La audiencia repasó los años de rencillas políticas sobre la pandemia, en particular el uso de las mascarillas, las vacunas y el distanciamiento social. El liderazgo de Fauci durante la pandemia de Covid-19 fue duramente reprochado. Fue una sesión que solo buscó pasar viejas facturas, sin fundamento técnico.

El golpe más ruin llegó con esta afirmación del senador Josh Hawley, republicano de Missouri, en tono irónico: “Nadie que dice honestidad se vale de la Quinta Enmienda, ¿verdad doctor?”

Rand Paul, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, advirtió que posiblemente presentaría ante el comité una acusación de desacato contra Fauci. El argumento sería que se acogió demasiadas veces al beneficio de la Quinta Enmienda, lo que, desde su interpretación, era innecesario dado que lo protegía un indulto general por los años 2014 a 2025.

Para quienes no daban crédito a la eventualidad de que Trump hiciera lugar a una serie de venganzas políticas contra Fauci, hoy asumen que subestimaron el comportamiento del presidente. El propio New York Times, en sus ediciones del 20 al 23 de enero de 2025, interpretaba así esas decisiones: “Al emitir los indultos preventivos, el señor Biden convirtió efectivamente el poder constitucional de perdón presidencial en un escudo protector contra lo que él sostenía sería una venganza motivada políticamente. Ningún otro presidente ha empleado la clemencia ejecutiva de forma tan amplia y abierta para frustrar a un sucesor que cree que abusaría de su poder, y ningún otro presidente, ni siquiera el señor Trump, ha indultado a tantos miembros de su propia familia”, pero no a sí mismo.

Trump exoneró a muchos amigos y partidarios, incluso con delitos gravísimos. Por ejemplo, Ross William Ulbricht, sentenciado el 29 de mayo de 2015 a cadena perpetua por narcotráfico, incluido el blanqueo de dinero. Otro ejemplo: Larry Hoover, de Illinois, condenado a cadena perpetua por narcotráfico y distribución de cocaína. El caso más llamativo fue el indulto total al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico y conexos.

Los antecedentes de Fauci

Fauci ha sido el principal experto en enfermedades infecciosas durante las últimas cuatro décadas. Trabajó para el presidente Ronald Reagan y se retiró en tiempos de Biden. Pero los antivacunas aliados de Trump atacaron su gestión de la pandemia de coronavirus. Stephen K. Bannon, exestratega de Trump, promovió campañas de desprestigio contra él con amenazas explícitas: “una justicia romana dura, y estamos dispuestos a dártela”, le decía durante la noche electoral.

Aunque Fauci se mostró confiado en todo momento acerca de su gestión y sus antecedentes éticos, ante el tenor que fueron tomando unas acusaciones carentes de fundamentos y de elementos probatorios, al momento de comparecer ante el comité prefirió seguir el consejo de su abogado y se resguardó en los derechos que le otorga la Quinta Enmienda de no autoincriminarse.

El odio…

La audiencia duró más de tres horas y al finalizar, el senador Paul anunció que posiblemente el comité votaría la próxima semana una acusación de desacato contra Fauci.

La agresividad de los debates en Estados Unidos sigue en niveles de altísima dureza verbal. El Congreso continúa su juego alejado del círculo de las decisiones principales —el de la guerra y el de los grandes negocios—. Esta sesión refleja el problema de fondo de Estados Unidos: la crisis política y de gobernanza, la tensión entre la ciencia, la política y la legalidad en el debate sobre la gestión de la pandemia, no desde una perspectiva científica sino desde el odio, el ataque personal y descalificador, incluso calumnioso, apelando a mentiras y teorías conspirativas.

Se requiere algo más de valor y dignidad para no caer en las mismas ruindades. Otro camino, otro rumbo es posible.

¿Por dónde empezar, qué camino tomar? Todos los días se agrega un nuevo despelote: a nivel internacional, regional o propio, o a todos los niveles a la vez; cosas de la globalización.

Lo de Ceuta, los histerismos y tira y afloja entre Milei y Lula, la “despedida de Petro”, las guerras que conforman la grilla y que son un poroto al lado del avance Fantino-Trump para “paparse” la FIFA y el “fóbal”. Esa dupla supera a la de Ortega-Murillo. Pienso que los van a frenar: es la oportunidad para Europa de anotarse un punto y mejorar su alicaída imagen.

Y lo local: el puerto, por donde cada vez pasan más barcos sin saludar y por el que forzosamente se habrá de achicar el número de jornales asegurados; la inseguridad, los porcentajes y la miopía de politizar y electoralizar un tema que nos jode a todos y que nos va a joder más si entre todos no nos apuramos a evitar que el cachorro crezca. Otro grave e inmediato —o eventual desastre a futuro— es el conflicto de la construcción a nivel bipartito, tripartito, a las trompadas o las cuchilladas; en cualquier momento hasta la CGT argentina entra a tallar.

El que está cómodo, en tanto, es Luis Lacalle Pou. En un retiro, no sé si dorado pero sí muy confortable, sin asomar mucho la cabeza, el expresidente observa cómo crece su imagen y se afirma su liderazgo en su partido, ni qué hablar, y en la Coalición Republicana también.

Va surfeando cómodo, por ahora. Lo confirma Equipos Consultores, que lo sitúa como el político más conocido —casi el 100%: 99%—, incluso más que el propio presidente Orsi. Es el que recibe más simpatía por lejos: 46%, seguido por el presidente Orsi con el 32%; Topolansky 31%, Cosse 24% y Bordaberry 24%, entre los que integran la lista de los primeros 15. El expresidente incluso no figura entre los 15 que reciben más antipatía, lista que encabeza Guido Manini Ríos seguido muy de cerca por Carolina Cosse, y es el único líder con saldo neto positivo —+12%—, seguido por Orsi con -10%. Lacalle también es el líder con más simpatías entre los votantes de la Coalición Republicana: cuenta con un 74% favorable; le siguen Bordaberry y Ojeda, ambos con el 41%, Álvaro Delgado con el 30% y Javier García con el 29%.

Pero no hay felicidad completa. Lacalle Pou, que ha venido surfeando tranquilo sin arriesgar —es un experto y sabe que lo difícil es mantenerse en la cresta de la ola—, no podía evitar nada menos que el 190.° aniversario de la fundación del Partido Nacional, al que él lidera sin discusión. En los actos del próximo domingo 9 será el principal orador. Lo van a estar esperando: ajenos y también propios.

Sus enemigos o adversarios lo van a estar monitoreando para ver de sumar piedras a las que ya tienen en las manos para utilizar en los momentos oportunos. Lacalle tendrá que ser muy cuidadoso con lo que diga para no darles el gusto todavía. Pero también tendrá que cuidar los ánimos internos: él es el líder indiscutido, no hay dudas, pero a la vez es un techo para otros dirigentes que quieren crecer y que no se les pase el tiempo. Todos lo respetan, pero no ignoran que algo tuvo que ver —aunque sea por omisión— en el fracaso electoral con la fórmula Delgado-Ripoll, y también con el tema Argimón como embajadora de Orsi ante la Unesco, que dolió y le afeó al Partido.

Y ojo: no es que nos quedamos para atrás con lo de la construcción, es que están corriendo horas clave y lo que se resuelva puede tener efectos muy negativos en varios planos y por mucho tiempo.

En 2050, en toda América Latina habrá 38,3 millones de personas menos en edad escolar que las que había en 2020. Así está planteado el escenario en el artículo “El impacto de la caída de la natalidad en los sistemas educativos de América Latina”, publicado en la edición 122 de Notas de Población, la revista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esta disminución de la población estudiantil ocasionará modificaciones en la demanda de docentes, en las necesidades de infraestructura y en la distribución de los recursos educativos. En contrapartida, el estudio advierte que la disminución de la matrícula “podría dejar disponible financiamiento, espacios educativos y modificar la disponibilidad de docentes”, recursos que podrían reorientarse para reducir el número de estudiantes por aula, ofrecer una enseñanza más personalizada, ampliar la cobertura y fortalecer la educación inicial, secundaria y técnico-profesional, así como la formación docente y la atención de los territorios más rezagados.
Los autores del estudio señalan, no obstante, que estas oportunidades de mejora no se concretarán por sí solas, sino que dependerán de decisiones políticas.
La región —continúa analizando el informe— enfrenta brechas educativas importantes y, a modo de ejemplo, menciona que el 72% de la población en edad de asistir a la educación preprimaria está escolarizada y que alrededor del 41% no alcanza a completar la formación secundaria. A ello hay que sumarle que la inversión educativa “continúa siendo insuficiente para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad”. Por eso, expresa el artículo, “una menor matrícula no debería conducir automáticamente a una reducción de los presupuestos, sino a abrir una discusión sobre cómo redistribuir y reinvertir los recursos disponibles”.
De acuerdo con esta investigación, para 2050, por efecto de este cambio demográfico, se podría liberar alrededor del 30% de los recursos financieros utilizados actualmente en cada nivel educativo, partiendo de la base de que el gasto por estudiante se mantenga constante. Aun así, podría no ser suficiente para alcanzar la universalización de la cobertura obligatoria, mejorar la calidad y atender los niveles y territorios que presentan mayores rezagos.
Respecto a la situación de nuestro país, el caso uruguayo fue presentado a fines de octubre del año pasado por Andrés Peri, director de Planeamiento Educativo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en un seminario internacional compartido con expertos de Chile y Argentina. En la presentación titulada “Proyección de población en edad escolar”, Peri afirmó que la proyección de la población en edad escolar constituye una dimensión clave del planeamiento educativo, ya que permite estimar con cierta precisión la población futura a escolarizar. La primera proyección que empleó datos de estadísticas vitales se realizó en 2005, cuando comenzó a constatarse la caída de la fecundidad, y la segunda tuvo lugar en 2021, cuando se hizo notorio que las proyecciones oficiales distaban de los nacimientos registrados. Tras el Censo 2023, el Instituto Nacional de Estadística (INE) efectuó nuevas proyecciones hacia 2070 para toda la población uruguaya. El Uruguay de la década de los años ‘80 registraba unos 55.000 nacimientos anuales; para 2024 bajaron a casi 30.000. De esta forma, la cantidad de estudiantes de 3 a 17 años en 1996 se contabilizaba en 800.000, mientras que en la actualidad son 673.000. La proyección es que para 2070 la cifra se reduzca a la mitad. Incluso para el final de esta década se estima que la cantidad de estudiantes no superará los 591.000.
Peri planteó dos escenarios respecto al impacto de estas variaciones en el plantel docente de la educación pública urbana para el año 2040. En el primero estimó que, sin alterar la cantidad de docentes actual, el tamaño promedio de un grupo de educación inicial sería de 15,8 estudiantes en 2030 y de 17,7 en 2040, en contraste con el promedio de 18,7 alumnos ya registrado en 2025. En educación primaria, la reducción llegaría entre 2025 y 2030: mientras el año pasado el promedio de niños por grupo era de 21,3, para 2030 se estiman 16,3 y, para 2040, 15,6 estudiantes. El segundo escenario suponía mantener el tamaño medio de grupos del año pasado; en ese caso, la pregunta pasó a ser cuántos cargos docentes se liberarían. En inicial, entre 2025 y 2030, se pasaría de 3.513 docentes a 2.974 con grupo a cargo, lo que implica que 539 docentes podrían pasar a desempeñar otras funciones dentro del sistema educativo. En primaria, de los 10.262 grupos que había el año pasado, manteniendo la media de 18 alumnos, se liberarían 2.416 funciones, una reducción de casi una sexta parte.
Cualquiera de las dos vías supondría una mejora sustancial: tanto mantener el número de grupos con menos alumnos como mantener el número de alumnos por grupo liberando recursos —humanos y materiales— para mejorar la calidad.
La decisión que el país no puede permitirse, al igual que la región, es la de aprovechar esta circunstancia para ahorrar, reduciendo el presupuesto educativo en vez de dar el paso de mejorar la calidad. Aunque, por supuesto, siempre es una tentación en presupuestos de frazada corta, en los que para cubrir un área hay que dejar otra destapada, como ha quedado demostrado con la discusión presupuestal del año pasado y en la actual por la Rendición de Cuentas.

La llegada de Tesla a Uruguay fue presentada como una señal de modernidad. Una marca global, líder en movilidad eléctrica, desembarca en un mercado pequeño pero estable, ampliando la oferta y elevando el nivel de competencia. Desde el punto de vista del consumidor, difícilmente pueda verse como una mala noticia, aunque sí naturalmente para los operadores que compiten en ese segmento del mercado automotor, que viene creciendo significativamente en la capital, aunque bastante menos en el Interior.
Pero el verdadero debate no es Tesla, porque su irrupción no implica más puestos de trabajo en el país —salvo algunos vinculados a la propia empresa— ni dotación de valor agregado, sino que conlleva repartir trozos de la misma torta entre más comensales.
Tesla importa vehículos terminados, como lo hace la mayoría de las marcas que operan en el país, y venderá por lo tanto automóviles fabricados en el exterior. No instalará una planta industrial, ni una fábrica de baterías, ni una cadena de proveedores nacionales. Generará actividad comercial y algunos (pocos) puestos de trabajo asociados a la venta y el servicio técnico, pero el grueso del valor agregado seguirá produciéndose fuera de fronteras, y Uruguay seguirá siendo el receptor en el último eslabón de la cadena, comprando trabajo, materia prima y tecnología que viene desde afuera.

Nada de ello es objetable por sí mismo ni imputable a Tesla. Lo que sí merece ser discutido es el marco de incentivos que rodea a esa realidad en general.

Es que Uruguay decidió promover la movilidad eléctrica mediante exoneraciones tributarias, beneficios a la importación y reducciones en distintos gravámenes, incluso con patentes más favorables en comparación con vehículos de similares características impulsados por motores de combustión. El objetivo es claro: acelerar la transición energética y reducir emisiones, en lo que hasta ahora ha funcionado como una política de Estado, cuando se decidió actuar en forma contundente para avanzar en la reconversión energética.

La pregunta incómoda es quién financia esa transición, porque toda exoneración implica que alguien deja de pagar y, por lo tanto, alguien más termina sosteniendo la recaudación que el Estado necesita para funcionar. Si un sector recibe beneficios tributarios, el costo no desaparece: se distribuye entre el resto de los contribuyentes o mediante mayores impuestos en otras actividades.
No existe el beneficio gratuito y, consecuentemente, mientras se subsidia la incorporación de vehículos eléctricos, otros sectores productivos continúan soportando una presión tributaria elevada para compensar esos menores ingresos. En los hechos, la transición energética también implica una redistribución de costos dentro de la economía.

A ello se suma otra interrogante. Cada vehículo eléctrico que sustituye a uno de combustión modifica gradualmente una cadena económica que hoy emplea a miles de personas. Menos consumo de combustibles implica menor actividad en estaciones de servicio. Los motores eléctricos requieren considerablemente menos mantenimiento que los de combustión: desaparecen cambios de aceite, filtros, correas, sistemas de escape y buena parte de las reparaciones mecánicas tradicionales.

La demanda de determinados repuestos disminuye y una parte importante de los talleres deberá reconvertirse para sobrevivir.
Es cierto que surgirán nuevas oportunidades. Se necesitarán técnicos especializados en electrónica, diagnóstico digital, software, baterías de alta tensión e infraestructura de carga. Pero esa reconversión no ocurre de manera automática. Requiere inversión, capacitación y una estrategia nacional para formar mano de obra calificada.

Este planteo fue desarrollado con claridad en una nota solicitada publicada el domingo en EL TELEGRAFO, de autoría del Ec. Francisco Risso, quien señala que los sectores que se sienten perjudicados plantean reclamos porque sobre ellos recae el ajuste y el costo de la transición, y eventualmente reclaman mejores condiciones para reconvertirse a la nueva realidad. Ello podría considerarse, en principio, como una contrapartida razonable a las exoneraciones que se otorgan a competidores que operan con facilidades tributarias.

Pero este es solo un lado de la problemática. Si Uruguay apuesta decididamente por la electrificación del transporte, también debería preguntarse cómo desarrollar una industria de servicios capaz de capturar parte del nuevo valor agregado. Centros especializados de reparación, reacondicionamiento y reciclaje de baterías, fabricación de componentes, desarrollo de software para movilidad, investigación aplicada y capacitación técnica podrían convertirse en nuevas fuentes de empleo de calidad.
De lo contrario, el país corre el riesgo de limitarse a importar tecnología, subsidiar su ingreso y consumirla, mientras el conocimiento, la innovación y el empleo de mayor valor permanecen en el exterior, como ocurre lamentablemente en varias áreas donde exportamos materias primas con nulo o mínimo valor agregado para luego comprar el producto terminado y pagar en el exterior el trabajo que aquí no se hace.

Existe además otra contradicción flagrante: mientras un automóvil prácticamente duplica su precio entre el puerto y el concesionario por efecto de impuestos y costos internos, el Estado sostiene que determinados vehículos deben recibir un tratamiento preferencial por razones ambientales. Si esa lógica es correcta, ¿por qué no revisar integralmente un sistema tributario que hace que prácticamente cualquier bien durable resulte mucho más caro en Uruguay que en mercados comparables? Quizás el problema no sea únicamente cuánto se recauda, sino cómo se recauda y qué señales se envían a quienes invierten. Desde hace muchos años nos resignamos a ser simplemente un nicho de mercado donde las grandes marcas venden sus productos, cuando el verdadero desafío debería ser cómo convertirnos en un país que también participe en la cadena de valor de las tecnologías que transforman la economía.

Porque si el resultado final consiste únicamente en importar vehículos y otros bienes con beneficios fiscales, sustituir parte de la recaudación por mayores impuestos sobre otros sectores y resignarse a perder actividades económicas tradicionales sin crear otras de igual valor, la transición energética habrá sido, en el mejor de los casos, un cambio tecnológico plausible, pero seguirá pendiente un proyecto de desarrollo. Mientras tanto, seguiremos exportando oportunidades e importando el trabajo que otros países han sabido construir.

El debate actual sobre los automóviles eléctricos en Uruguay pasó recientemente del plano un tanto abstracto de la transición energética y la disminución de emisiones a la esfera de la política fiscal y productiva del gobierno nacional. La controversia tomó impulso luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, planteara que el fuerte crecimiento en la venta de vehículos eléctricos cero kilómetro indicaba que el mercado había alcanzado un nivel de madurez suficiente como para revisar las exoneraciones tributarias vigentes.
Desde la perspectiva del equipo económico, mantener una exoneración total e indefinida del IMESI a todas las unidades importadas representa una renuncia fiscal de magnitud difícil de sostener, agravada por la progresiva pérdida de recaudación por concepto de impuestos a los combustibles, que siguen siendo un insumo clave para el financiamiento de la infraestructura vial.
Frente a esta postura, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, así como diversos actores de la industria y la gremial de energías renovables, advirtieron que la penetración de la electromovilidad en el parque automotor aún es reducida —por debajo del 3%— y que un retiro abrupto de los estímulos tributarios podría frenar el impulso.
La ministra enfatizó la necesidad de proteger la competitividad de los modelos de franja media y económica, así como la de los vehículos utilitarios de trabajo, para evitar que el costo de la reconversión caiga sobre los sectores productivos y la clase media.
La tensión interna entre ambas carteras quedó zanjada con la firma de un nuevo esquema regulatorio por parte del presidente Yamandú Orsi junto a los ministros Oddone y Cardona, el cual recalibra la aplicación del IMESI a partir de enero de 2027 mediante un criterio de segmentación por valor de importación en aduana. Como se informó oportunamente, el nuevo decreto preserva la exoneración total del impuesto para los vehículos cuyo valor de importación no supere los 19.000 dólares —precio de venta al público de hasta 30.000 dólares aproximadamente—, cubriendo los modelos más accesibles que lideran las ventas masivas. Se aplicará un IMESI del 5% a las unidades ubicadas en las franjas de entre 19.001 y 27.000 dólares, y del 9% para las que superen esta última cifra, dejando al margen de estas modificaciones a los vehículos utilitarios comerciales.
De este modo, la política pública busca conciliar el equilibrio fiscal con la preservación de los incentivos a la movilidad sostenible, concentrando los beneficios en la democratización del acceso al vehículo eléctrico y recortando el subsidio indirecto a los segmentos de mayor poder adquisitivo.
Esta situación se origina en una vertiginosa evolución del mercado automotor eléctrico: según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, se pasó de comercializar 163 autos eléctricos en 2019 a 15.000 en 2025, mientras que en enero de este año se habían vendido otros 5.500 solo en ese mes, estimándose que la cifra actual supera holgadamente las 20.000 unidades.
Esto marca una tendencia clara, en tiempo récord, que no responde únicamente a la conciencia ecológica de los compradores sino a una ecuación económica ventajosa frente al motor a combustión: cargar un vehículo con energía eléctrica resulta más económico que con nafta o diésel.
Sin embargo, esta adopción acelerada no está exenta de incertidumbres. En primer lugar, el comportamiento de estos vehículos se asemeja más al de un dispositivo tecnológico o un teléfono inteligente que al de un auto tradicional. La rápida innovación de software y hardware hace que cada nueva generación reduzca el valor relativo del modelo anterior, introduciendo dudas sobre la tasa de depreciación en el mercado de reventa, la degradación gradual de las baterías y el eventual costo elevado de su reemplazo, que hoy en el mercado internacional se ubica entre 5.000 y 10.000 euros aproximadamente.
En el mercado de trabajo local, esta innovación tendrá consecuencias importantes: mientras un motor de combustión convencional tiene entre 1.000 y 2.000 piezas móviles sujetas a fricción, altas temperaturas y desgaste continuo, un propulsor eléctrico tiene apenas entre 20 y 30. Se trata de una simplificación que altera profundamente el negocio del mantenimiento vehicular, dado que los talleres mecánicos tradicionales se sustentan en la reparación de motores, cambios de aceite, embragues y sistemas de escape.
Será necesaria una política nacional de reconversión laboral para atender la realidad de cientos de talleres con riesgo de quedar desplazados por falta de formación en mecatrónica y electrónica de alta potencia, y aun así solo algunos podrían sobrevivir. Lo mismo ocurrirá con las estaciones de servicio, ya que la migración hacia la carga nocturna domiciliaria a través de la red eléctrica puede reducir los márgenes de ganancia y eliminar puestos de trabajo. Asimismo, a medida que la flota de transporte se electrifique —especialmente si se mantienen las exoneraciones—, el Estado enfrentará el dilema de cómo financiar el deterioro de rutas y caminos, cuyo mantenimiento se financia en gran parte con los impuestos a los combustibles.
En pocos años, la transición hacia los vehículos eléctricos generará el desafío ambiental de la gestión de baterías de litio agotadas, dado que actualmente no existen plantas industriales locales para reciclarlas. La experiencia regional da cuenta de que se depende de la logística inversa: las empresas importadoras deben empaquetar y fletar por vía marítima las baterías en desuso para ser tratadas en plantas de Asia o Europa. También la electrónica deberá verse cómo se recicla, y el propio vehículo “descartable” aumentará el desafío de su reaprovechamiento.
En el escenario regional, Uruguay se perfila como uno de los “laboratorios” más avanzados de política pública de electromovilidad, gracias a una decisión previa: la transformación de la matriz eléctrica hacia energías sostenibles, que hoy permite el abastecimiento casi total con fuentes renovables como la eólica, solar e hidroeléctrica. Aquí enchufar un vehículo eléctrico no implica quemar carbón o gas natural en alguna planta termoeléctrica, como ocurre en otros países de la región o incluso en Europa. Cada kilómetro recorrido por un auto eléctrico en Uruguay es genuinamente limpio.
Sin embargo, extender este impacto al transporte de carga comercial y al transporte colectivo —donde el retorno social y ambiental por cada dólar invertido es significativamente mayor— exige reorientar los recursos fiscales recuperados por la aplicación del IMESI a los vehículos de alta gama. Lograrlo requiere no solo eliminar los cuellos de botella de la red de carga en el Interior, sino también políticas de Estado que permitan asumir los nuevos desafíos, porque hacia ellos no podemos avanzar con luces cortas si queremos soluciones a largo plazo.