Opinión

Casi todos los estadounidenses están cada vez más de acuerdo en una sola cuestión, que lo involucra todo y a todos sin excepciones: el país está próximo, o ya está transitando, un período de cambios profundos, cuyo destino hoy es impredecible, pero hay consenso en que es imprescindible. Y las condiciones para ello surgen del agotamiento de un modelo de equilibrios que se ha desgastado, que ha perdido su capacidad de encantar, ya sea por la tentación económica del ascenso social o ya sea por la transformación hacia un modelo inclusivo y democratizador.

Desde hace ya muchos años, por lo menos explícitamente desde 2020 pero en sentido estricto las alertas empezaron antes, las tendencias autoritarias de Trump se integraron a su discurso más beligerante, más provocador, y que sirvió de base homogeneizante para la constitución de su plataforma de alianzas, para su estrategia de acumulación.

Un hito en ese camino lo constituyó su discurso en la Convención Nacional Republicana, de agosto del 2020. En ese ámbito, contextualizando el momento político como el del mayor desafío de la historia de los Estados Unidos, Trump lanza ocho afirmaciones cuyo sentido, a pesar del paso del tiempo, mantienen vigencia.

Afirmación 1: “Si le otorgan el poder a Joe Biden, la izquierda radical quitará fondos a los departamentos de policía en todo el país”.

Afirmación 2: “Ya hemos construido 300 millas (482 kilómetros) de muro fronterizo”.

Afirmación 3: “En los últimos tres meses, hemos obtenido más de 9 millones de empleos, un nuevo récord”.

Afirmación 4: “Estados Unidos tiene de las tasas de letalidad (por coronavirus) más bajas de cualquier país importante del mundo”.

Afirmación 5: “Él (Joe Biden) ha prometido un aumento de U$S 4 billones en impuestos a casi todas las familias estadounidenses”.

Afirmación 6: “Aniquilamos 100% del califato de EI”.

Afirmación 7: “Siempre, y de la manera más enfática, protegeremos a los pacientes con condiciones preexistentes, y esa es una promesa de todo el Partido Republicano”.

Afirmación 8: “Nuestros socios de la OTAN, como ejemplo, estaban muy rezagados en sus pagos de defensa. Pero ante mi fuerte presión, acordaron pagar U$S 130.000 millones más al año”.

¿QUÉ HAY DE CIERTO EN TODO ESTO?

Veamos; Afirmación 1: Trump no se cansó de afirmarlo y Biden de negarlo. Es más, en su programa de acción inmediata había anunciado 300 millones de dólares adicionales para revitalizar la vigilancia comunitaria. Pero incluso hasta los medios ignoraron lo que Biden escribió al respecto en reiteradas ocasiones.

Afirmación 2: La frontera con México es de más de 3.200 kilómetros y al momento del debate en cuestión ya habían sido construidos 442 kilómetros. Trump en su período apenas agregó 48 km, 40 de ellos correspondientes al denominado “muro secundario”. En su gobierno se hizo mantenimiento de 394 kilómetros, pero nuevos solo 48.

Afirmación 3: La afirmación de Trump es cierta (creación de 9 millones de empleos), pero omite un dato de la realidad que cambio el significado: que en los meses previos se habían perdido 22 millones de puestos de trabajo.

Afirmación 4: EE. UU. tuvo el total más alto de muertes por COVID-19 en el mundo, más de 180.000 a 28 de agosto de 2020. En cambio, es cierto que la tasa de letalidad, o sea, cuántos han muerto de los que han dado positivo por coronavirus, ha sido baja pero no la más baja. Mejores datos se vieron en Noruega, Japón, Corea del Sur, por ejemplo.

Afirmación 5: Biden impulsó cambios en la política tributaria, poniendo énfasis en que esa mayor carga debía siempre recaer entre quienes contaban con los mayores ingresos. El punto aquí es que esta política de Biden se focalizaría en la quinta parte de hogares con mayores ingresos, a lo que Trump, desoyendo esa condición de la medida, repitió todo el tiempo que la mayor carga fiscal recaería “en casi todas las familias estadounidenses”.

Afirmación 6: Es cierto: La alianza militar liderada por EE. UU. arrolló al grupo en su último bastión en Siria, en marzo de 2019. Pero en todo momento, el Pentágono ha advertido que “el grupo todavía es una amenaza”.

Afirmación 7: Este punto es realmente extraño. Esta obligación es parte de la significativa legislación del presidente Obama, del Acta de Cuidado Asequible, que en su versión mediatizada se conoce como “Obamacare”. Esto es lo que Trump y todo el partido republicano desean derogar. Y dicen, sin explicar cómo, que habrán de obligar a las seguradoras a asegurar cobertura a las personas con condiciones preexistentes. Sin embargo, no dicen cómo lo harán ni cuándo. Suena mucho más a “una salida por la tangente”, que a un propósito de campaña política.

Afirmación 8: En realidad, como en casi todas las afirmaciones anteriores, son un híbrido entre algo de verdad y mucho de simulación o mentira. Para empezar, los datos que menciona Trump son los acordados en 2016 y que se agregarían a partir del 2024, lo que constituye un grave error si no fuera que es tan grueso que sólo se explica por el deliberativo interés de acomodar la realidad a su antojo.

AMENAZAS A LAS LIBERTADES

En este 2024, la mitad del planeta irá a las urnas. Por caso, vota los Estados Unidos, la Unión Europea y también Uruguay. En total, 70. A saber, elecciones al Parlamento Europeo; presidenciales en Estados Unidos. También en India, Pakistán, Indonesia, Brasil, Bangladesh, Rusia y México. Y por aquí, internas legislativas y presidencias con posible segunda vuelta.

Este año 3.994 millones de personas ejercerán su derecho a votar a quienes dirigirán gobiernos y legislativos de sus respectivos países.

En una primera mirada, la confirmación de la democracia debería constituir, por lo menos, una alegría. Sin embargo, el clima democrático en casi todos los países del mundo se ve opacado ante la presencia de factores autoritarios, núcleos de conspiradores, distintas formas de avasallamiento, que nos habla de democracias esclerotizadas, y seriamente amenazadas.

Es que vivimos el tiempo de las falsas narrativas, de las teorías conspirativas, del odio aceleradamente esparcido por canales tradicionales y por medios tecnológicos, que se han convertido en una amenaza tangible, concreta, y cada vez más global.

Pero aún antes, han transformado a nuestras democracias en modelos de gestión de poder en disputa, con estrategias opacas, de desgaste institucional y relaciones crispadas. Con asesores extranjeros, casi anónimos, donde la ética y las buenas prácticas profesionales no cuentan, surgen del anonimato.

No es nuevo, cierto. Pero el salto tecnológico de los últimos años, que ha diluido la importancia de lo espacial en beneficio de la invisibilización de los espacios soberanos cediendo buena parte de sus prerrogativas como entidad jurídica superior, lo ha acelerado escandalosamente.

La más intensa globalización ha venido de la mano de unos cambios sustanciales en el concepto de soberanía. Ello se expresa en el deterioro del multilateralismo, en los límites de las jurisdicciones territoriales en beneficio de la invisibilidad jurídica para las corporaciones. Un proceso de concentración de la riqueza que va dividiendo las expresiones de interés en dos bandos, una reducción binaria. Aún en disputa, en elaboración de sus discursos, en los vectores de convergencia político-social, hay una estrategia confrontativa que se ha internalizado aceleradamente.

El futuro de una democracia redefinida, más profunda, solidaria y liberal se juega en este 2024. No es la última batalla, pero es significativa. → Leer más

Como cada 7 de abril, mañana es el Día Mundial de la Salud 2024, una fecha a la que este año se adjudicó el lema “Mi salud, mi derecho”, y es que la temática este año está referida al derecho al acceso a la salud, el que en todo el mundo, de acuerdo a la OMS, está cada vez más amenazado en el mundo para millones de personas. “Las enfermedades y los desastres ocupan un lugar importante entre las causas de muerte y discapacidad. Los conflictos devastan vidas y causan muerte, dolor, hambre y angustia psicológica. La quema de combustibles fósiles está impulsando simultáneamente la crisis climática y quitándonos el derecho a respirar aire limpio, y la contaminación del aire interior y exterior se cobra una vida cada cinco segundos”, puso de manifiesto la organización, a la vez que desde el Consejo de la OMS sobre Economía de la Salud para Todos “ha descubierto que al menos 140 países reconocen la salud como un derecho humano en su constitución. Sin embargo, los países no están aprobando ni poniendo en práctica leyes que garanticen que sus poblaciones tengan derecho a acceder a los servicios de salud” y plantea la estimación de que al menos 4.500 millones de personas –esto es más de la mitad de la población mundial– no estaban completamente cubiertas por servicios de salud esenciales en 2021. El tema de este año fue elegido para “defender el derecho de todos, en todas partes, a tener acceso a servicios de salud, educación e información de calidad, así como a agua potable, aire limpio, buena nutrición, vivienda de calidad, condiciones ambientales y de trabajo decentes, y libertad de la discriminación”.

En este escenario parecería que Uruguay está en condiciones de privilegio en la materia. De hecho no han sido pocas las veces que se ha destacado a nuestro país por sus avances. Sin ir más lejos así está expresado en un prólogo que firmó el representante de OPS/OMS en Uruguay, Dr. Hernán Montenegro, en el documento que recoge los Objetivos Sanitarios Nacionales 2030 en nuestro país, que se publicó en 2023, en el que expresamente señala que “Uruguay es un referente para varios países de la región en el impulso y las concreciones de un proceso de reforma de su sistema de salud que avanza hacia el acceso universal, la protección financiera en salud y el aseguramiento de un conjunto integral de prestaciones que, en forma oportuna y con calidad homogénea, sea entregado a la población en todo el territorio nacional”. Y aquí hay un detalle que menciona Montenegro que constituye el talón de Aquiles para el sistema de salud en nuestro país, el de la territorialidad, y no es un detalle cualquiera, es un factor que tiene incluso incidencia en la evolución demográfica del país desde que el acceso a mejores condiciones de salud suele estar detrás de la decisión de las personas de migrar desde zonas rurales a centros más poblados. Si después esa expectativa se cumple o no, es otro tema más complejo de analizar.

En el contexto de este Día Mundial, la OMS publicó algunos consejos para la población general, más bien un recordatorio a todas las personas de que debemos conocer nuestros derechos a la salud: “a una atención segura y de calidad, sin sufrir ningún tipo de discriminación; a la privacidad y la confidencialidad de nuestros datos sanitarios; a la información sobre nuestros tratamientos y a dar consentimientos informados; y a la integridad y la autonomía respecto a nuestros cuerpos”. Agrega la declaración con motivo de esta fecha que “Todas las personas tienen derecho a gozar de acceso a servicios de salud de calidad cuando y donde los necesiten, sin sufrir dificultades económicas” y en base a ello anima a quienes no tienen acceso a servicios de atención de salud a no quedarse de brazos cruzados: “Reclama tu derecho a los dirigentes políticos, súmate a grupos de defensa que exigen medidas y participa en debates y campañas. Organiza a las personas de tu entorno, ya sea en tu lugar de trabajo o de culto, por ejemplo, para acordar qué es lo que se tiene que cambiar y cómo”.

Además publicó consejos dirigidos a las administraciones públicas, entre ellas la imposición de “impuestos al tabaco, los productos con azúcar y las bebidas alcohólicas”, reducir “el uso de antimicrobianos en el sistema agroalimentario en un 30% a un 50% de aquí a 2030 y prohibiendo el uso de antibióticos para el engorde de animales”, “ampliando los carriles para bicicletas y la peatonalización del espacio público”, entre otras, como la recomendación de invertir en salud. “Velen por satisfacer el derecho a la salud: preocúpense de que todas las personas, en todas partes, dispongan de servicios de salud adecuados, de fácil acceso y de calidad”; “Actúen con mentalidad estratégica y construyan desde la base: reorienten los sistemas de salud en torno a la atención primaria” y “Den ejemplo de transparencia y rendición de cuentas: hagan frente a la corrupción mejorando la gobernanza y la colaboración intersectorial”.

En el mismo documento ya citado, el de los Objetivos Sanitarios Nacionales 2030, el mensaje del Ministerio de Salud Pública, en apenas una de las primeras frases, plantea que “Los ciudadanos tienen derecho de contar con un sistema de protección que brinde las mismas oportunidades con el objetivo de alcanzar el nivel más alto posible de salud y el Estado debe garantizar su acceso equitativo”. También expresa su obligación de “buscar la disminución de las inequidades en el acceso a la atención sanitaria de calidad, fortaleciendo los servicios públicos y privados, buscando la complementación y coordinación en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud”.

Y no se puede decir que no se ha intentado, por ejemplo, según citó La Diaria en un artículo publicado en diciembre pasado, titulado “Desigualdades en el acceso a la salud entre Montevideo y el resto del país”, el Programa de Medicina Rural creado en 2021 por un acuerdo entre ASSE, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y los sindicatos de la salud, que buscaba radicar médicos en localidades del interior, tuvo que ser dado de baja, porque no encontró postulantes.

También se exponía en esa nota que, según datos de FEMI, los usuarios de ASSE aumentaron un 8% en el último año, “pero no hay recursos para contratar nuevos funcionarios y son 120.000 personas más con el mismo presupuesto, por lo que, lógicamente, hay una pérdida en la calidad asistencial”. Mientras que en Montevideo residen 74 médicos cada 10.000 habitantes, en el Interior esa cifra desciende a 24.

Porque es un desafío y un rompecabezas, el derecho a acceder a la salud en el interior del país es indudablemente un tema sobre el que sería interesante escuchar discutir en esta campaña electoral que está comenzando. → Leer más

Mientras dirigentes del Pit Cnt han expresado en las últimas horas su alegría por haber recogido cerca de 250.000 firmas de las 270.000 que necesitan para convocar a plebiscito derogatorio de la reforma de la seguridad social –como es clásico en la central sindical, una iniciativa voluntarista e ideologizada que solo augura potenciar los problemas de la seguridad social– economistas que analizan objetivamente y con criterio técnico la propuesta, coinciden en señalar sus nefastas consecuencias para el país en caso de ser aprobada, y asimismo para los propios sectores de la población que dicen querer beneficiar.

“Estamos más cerca de una nueva hazaña. Te necesitamos a vos para juntar las firmas que faltan y avanzar hacia una reforma constitucional que permitirá al pueblo ser parte activa del cambio”, destacó el Pit Cnt en sus redes sociales. Por su parte, Marcelo Abdala, presidente del Pit Cnt, argumentó que “en el mes de abril vamos a construir la hazaña de pegar el estirón, de superar con creces y con mucha luz las firmas que se necesitan, y así garantizar que el último domingo de octubre el pueblo pueda ir hacia una reforma que convierta la seguridad social en un derecho humano fundamental. Sería una hazaña porque viene a contrapelo de la decisión del Parlamento. Viene con una militancia espartana, con pocos recursos, con mucho amor”, agregó.

Pues este es precisamente el quid del tema y las intenciones: el desautorizar a los legisladores, elegidos por voto popular en las últimas elecciones, en el marco del sistema de democracia representativa que nos rige, para sustituirlo por una “democracia directa” de las asambleas populares, de los eslóganes, de las presiones sobre los trabajadores en los sindicatos, al mejor estilo de la “democracia” cubana –que por cierto, así les va–.
En tanto, diversos economistas han coincidido en los últimos meses en la inconveniencia para el país de que se apruebe una reforma de este tipo. El último en hacerlo fue el socio de Exante Pablo Rosselli, quien calificó la iniciativa de “pésima, regresiva y temeraria”. En un hilo en X, el economista afirmó: “Es una muy mala idea introducir regulaciones de índole legislativa en la Constitución, porque la Constitución es muy difícil de cambiar y debe utilizarse para establecer las grandes reglas del ordenamiento jurídico. Quienes promueven la reforma constitucional aspiran a que el Estado cobre más impuestos o contribuciones a la seguridad social para financiar el déficit del sistema. La realidad es que Uruguay ya tiene un alto gasto público en pasividades”.

Rosselli añadió: “Si fuésemos a aumentar la presión tributaria, deberíamos pensar en destinar esos recursos a combatir la pobreza y la marginalidad, que afecta sustancialmente a niños y adolescentes. La reforma constitucional es profundamente regresiva. Son las personas de mejores carreras y mayores ingresos las que pueden acumular 30 años de servicio a los 60 años de edad. Las de menores ingresos deberán trabajar más allá de los 60 años, aunque se apruebe esta reforma”.

Tremendo impacto negativo, por cierto, pero todo sea por levantar la banderita de la “justicia social”, algo así como el prender “una velita al socialismo” como argumentaba el expresidente José Mujica para tratar de justificar que con dinero de todos los uruguayos se financiaran emprendimientos colectivistas harto fracasados y que naturalmente tenían el destino inevitable de repetir esa suerte, como quedara comprobado en la porfiada realidad.
Hace pocas semanas dábamos cuenta en nota publicada en nuestras páginas que en Uruguay se están registrando más defunciones que nacimientos, en una relación que se viene dando a partir de 2022, y que se refleja en los datos del último censo, el que da cuenta que se acentúa la tendencia demográfica, que entre otras cosas implica un envejecimiento poblacional, el crecimiento de la franja de personas de más de 65 años y el estrechamiento de las franjas correspondientes a los activos, es decir de personas que trabajan y que son las que aportan al sistema previsional, para sostener precisamente el sistema en condiciones de atender la creciente demanda en prestaciones y otras necesidades inherentes a la seguridad social.

Por otra parte, lamentablemente se da que las nuevas generaciones tardan más en comenzar a aportar, porque continúan estudiando por más años en el mejor de los casos, o porque prefieren mantener una vida menos comprometida, viajar más, disfrutar de la juventud sin la atadura de un trabajo fijo. Además, la expectativa de vida se ha incrementado notoriamente en las últimas décadas y seguirá siendo así en el futuro, por lo que el sistema previsional debe sostener a los pasivos por más años. Y lo cierto es que si bien a mediados del siglo pasado una persona ya era “vieja” a los 50 años, hoy un “sexagenario” posiblemente tenga mejor vida que cualquiera de 40 años de 1950.

Es decir que por varios motivos las exigencias de aportes al sistema previsional se irán acentuando, más temprano que tarde, y ante esta tendencia y en atención a este escenario de envejecimiento poblacional se aprobó una reforma del sistema de seguridad social por la que se pretende si no solucionar definitivamente, por lo menos ir atendiendo esta realidad para evitar que se plantee en pocos años una crisis de enormes dimensiones que haga crujir el sistema.

Sin embargo el Pit Cnt a contrapelo con la realidad ha puesto en marcha esta campaña de recolección de firmas con el objetivo de plebiscitar esta reforma y sustituirla por una propuesta “a medida” de su archiconocido enfoque ideológico, mimetizado con la visión del Partido Comunista, que pretende derogar algunos aspectos que cuestiona de la reforma previsional aprobada en la actual administración de gobierno y que en términos populares, mucho más que un tiro en el pie, es directamente un suicidio por las graves consecuencias que conllevaría de ser aprobada.

Y no hace falta ir a reputados economistas con una visión neutral desde el punto de vista ideológico, sino que el propio economista Gabriel Oddone, mencionado como posible ministro de Economía de un gobierno del Frente Amplio en caso de ganar las próximas elecciones, indica que “la iniciativa no solo no enfrenta ninguno de los desafíos que nuestro sistema previsional sigue teniendo, sino que es probable que agrave algunos problemas que la reforma reciente no resolvió y que termine generando resultados opuestos a los buscados por los impulsores de la reforma”, aludiendo al hecho de que se pretende restablecer un régimen previsional puro de reparto, fijar la edad de retiro y los años de servicio mínimos requeridos y equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional (SMN).

Apunta asimismo que “considero que la reforma constitucional planteada es inadecuada, inconveniente e imprudente”, y explica que “la reforma impulsada restablece un régimen de reparto puro como el que existía en Uruguay antes de 1961. Si la iniciativa prosperara, las contribuciones de los activos del futuro deberán ser crecientes porque la proporción de adultos mayores en la población total seguirá aumentando. Por eso, un régimen de reparto puro es desaconsejable en un contexto de envejecimiento poblacional”.

Pero sin dudas otro aspecto muy cuestionable es que desde dentro de la coalición de izquierdas, los dirigentes que tienen el deber de orientar a la ciudadanía, de aconsejar responsablemente, miran para otro lado o sencillamente dicen que se abstienen, cuando la importancia del tema requiere que se asuman liderazgos y se llame a las cosas por su nombre, por encima del temor a resignar votos en aras de los extremistas de siempre y sus consabidos eslóganes de ocasión.

Lamentablemente, por más voces técnicas y sensatas que se alcen desde la diversidad política, desde la comunidad, desde los sectores involucrados, los comunistas una vez más se llevan por encima al Frente Amplio y a toda la izquierda uruguaya, incapaces de enfrentar a una minoría militante aún cuando estén en total desacuerdo y conscientes de que de lograr el objetivo que buscan, más que un triunfo será una lápida para el progreso y el desarrollo del país. Y que esa lápida pesará en contra incluso de los próximos gobierno que pudiere alcanzar el propio Frente Amplio. → Leer más

En Uruguay, la pobreza se mide de la misma forma desde el año 2006. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realiza una revisión para presentar los índices de pobreza multidimensional en las próximas mediciones porque, al menos por ahora, la presentación de los datos tiene una sola dimensión y se refiere específicamente al ingreso de las personas en un hogar. Y esa mirada no refleja la realidad de la pobreza.
El INE señaló que la pobreza en el país se ubicó en torno al 10,1% el año pasado y se mantuvo estable en comparación al 2022. Sin embargo, desde hace décadas que la pobreza infantil no cede. Los últimos datos ubican este aspecto por encima del 20%.
El informe no muestra variaciones significativas y aclara que los cambios se encuentran dentro de los márgenes de error. En la lectura de los números, la estadística señala que la indigencia bajó una décima en 2023 y la pobreza subió dos décimas al comparar el dato anual. Si se lo compara por el último semestre, la tasa de pobreza subió 7 décimas. En comparación a 2022, de cada 1.000 personas, dos son indigentes y 101 son pobres. O en el contexto de la población a nivel nacional, hay 350.000 pobres y 7.000 indigentes. Por lo tanto, las comparaciones requieren cautela.
Hasta el momento, la división de la población entre pobres y no pobres tiene una dimensión económica. Lo que divide a ambos es el acceso a una canasta alimentaria, entre otros servicios. Y entre pobres e indigentes, es otra canasta que apenas mide la alimentación de subsistencia. Por esa razón, hay que tener en cuenta a los factores que se estudian al momento de dividir la pobreza de la indigencia.
La cifra en pesos, considera el valor de una canasta alimenticia para un hogar compuesto por tres personas, deben sumarse los productos no alimenticios. En Montevideo, por ejemplo, se necesitan $47.809 para cubrir esas necesidades. Por debajo de esos ingresos, se es pobre. Y todos sus miembros son pobres.
En la medición, la pobreza en los semestres del año pasado y el anterior estuvieron por debajo de los niveles de la pandemia registrados entre 2020 y 2021, pero esos guarismos fueron más altos que en 2019.
Si el análisis se extendiera a las últimas dos décadas y se analizaran los promedios a partir de la última crisis económica de 2002, se observa que la pobreza se ubicó en 29% en el primer gobierno del Frente Amplio, descendió en el segundo a 13,2% y estuvo por debajo del 9% en el tercero. En el actual gobierno, los primeros dos años de pandemia modificaron al alza ese promedio y se ubicó en torno al 10,6%. La pobreza está estancada, además, en la infancia. Particularmente entre los menores de 6 años, en las minorías afrodescendientes, en los barrios perimetrales de Montevideo y en la frontera norte del país.
En los menores de 6 años es el 20%, entre los menores de 17 años se ubica en torno al 18%, entre 18 y 64 años es del 9,7% y entre los mayores de 65 años es el 2,2%. La baja calificación para los empleos, el menor acceso a los servicios básicos y a la salud, las viviendas precarias, problemas para la alimentación, el abandono temprano de la educación y la informalidad laboral son aspectos que propenden a la pobreza. Y es mayor, en hogares con más niños porque es una población que no genera ingresos. Es decir, el desafío sigue planteado en la inserción laboral de los adultos que conviven con ellos.
Sin embargo, hay que tener presente que las personas mayores de 65 años son un tercio de la población en Uruguay y los menores de 6 años representan la cuarta parte. Por eso, estos porcentajes mostrados en la medición, tienen una incidencia diferente en el total.
Aprender a leer la estadística nos lleva a ver que ese 20% de menores de 6 años pobres, no es el porcentaje del total de la población sino de ese universo en particular, y así sucesivamente.
Igualmente, la concentración de la pobreza se encuentra en los departamentos fronterizos con Brasil. Es el caso de Artigas, Salto, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres, además de Montevideo con un 8 por ciento o más de pobreza y altos niveles de informalidad. En segundo lugar, le siguen los departamentos de Paysandú, Río Negro, Tacuarembó y Rocha, entre 6 y 7,9%.
Es posible observar, además, que hay un núcleo duro de pobreza en general –en torno al 10%– en la última década. No obstante, la ecuación que se sigue en la economía uruguaya no admite cambios sustanciales, a pesar del descenso en la inflación a registros históricos y de otros números vinculados a la macroeconomía que son positivos para mejorar las notas que le ponen al país las calificadoras de riesgo.
Por otro lado, aunque las transferencias directas hayan aumentado un 51% en el actual gobierno, para la estadística tampoco tienen un impacto directo sobre los niveles de pobreza en la infancia.
En esa revisión que lleva adelante el INE se podrán incluir los subsidios, como por ejemplo las recargas de garrafas de supergás que otorga el Ministerio de Desarrollo Social y Ancap u otros subsidios de UTE.
En cuanto al empleo y su visión desde el punto de vista de los ingresos para un hogar, hay una proporción más amplia de trabajadores informales o zafrales y con remuneraciones muy bajas. Para bajar la pobreza en forma sostenida, hay que pensar en políticas más amplias que los subsidios porque, en definitiva, estos últimos conforman una parte pequeña de las economías familiares.
Una casa que no tiene saneamiento, con integrantes que no alcanzan niveles educativos para la sostenibilidad de un empleo requieren de una mirada diferente porque ambos son indicadores permanentes.
En tiempos de campaña electoral, es necesario conocer los recursos para cambiar estas realidades, pero también de dónde provendrán esos recursos.
Incluso, se hace necesario elaborar nuevos indicadores multidimensionales con el fin de obtener otras miradas de la pobreza y que no se base solo en los ingresos monetarios.
Entre la larga lista de propuestas enmarcadas en tiempos electorales, cada vez que se plantea achicar gastos en el Estado, la discusión se torna larga, polémica y de difícil solución. De lo contrario, habría que registrar un crecimiento económico mucho mayor, con el fin de volcar una balanza que sigue estancada. → Leer más

Un artículo publicado en la página de la Organización Mundial de la Salud (OMS) da cuenta de un llamamiento urgente para que se llegue a un acuerdo internacional de preparación y prevención ante futuras pandemias. Si bien difunde, no es la organización la que está detrás de esta movilización que lleva la firma de más de un centenar de líderes mundiales, que pretenden que los gobiernos del mundo alcancen “un acuerdo internacional ambicioso y equitativo de preparación y prevención” ante futuras pandemias.

Según la publicación, son 23 expresidentes, 22 ex primeros ministros, un exsecretario general de las Naciones Unidas y tres premios nobel quienes están detrás de esta acción que se define como una “intervención de alto nivel para presionar a los negociadores internacionales” con el fin de que lleguen “de forma urgente a un acuerdo sobre pandemias, en el marco de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud”, para reforzar la preparación y la respuesta colectiva del mundo frente a futuras pandemias.

Entre los firmantes cita al exsecretario general Ban-ki Moon, la ex primera ministra de Nueva Zelandia, Helen Clark, los ex primeros ministros del Reino Unido, Gordon Brown y Tony Blair, entre otros, “de todos los continentes y ámbitos de la política, la economía y la gestión de la salud”.

La acción consistió en dar a conocer una carta abierta conjunta en la que instan a “acelerar los avances en las negociaciones en curso para alcanzar el primer acuerdo multilateral de la historia” sobre preparación y prevención frente a pandemias.

Argumentan que “únicamente un pacto mundial sólido frente a las pandemias puede proteger a las generaciones futuras de una repetición de la crisis de la COVID-19, que provocó millones de muertes y causó una devastación social y económica generalizada, debido sobre todo a la insuficiente colaboración internacional”, escriben los líderes en su carta conjunta.
Y repasan que en la “catástrofe generada por la COVID-19”, que oficialmente se cobró 7 millones de vidas y tuvo un costo de 2 billones de dólares (estadounidenses, la moneda y la medida) de la economía mundial, “se iniciaron negociaciones intergubernamentales entre 194 de los 196 países del mundo para llegar a un acuerdo internacional sobre la no proliferación de las pandemias en el futuro”. El plazo que se dieron fue hasta el mes de mayo de 2024, es decir, el mes que viene, para alcanzar el que sería el primer acuerdo mundial de este tipo.

Al respecto plantea la OMS que durante la semana pasada y la presente se desarrolla la novena ronda de negociaciones para llegar a acuerdos”. El documento suscrito por estos referentes internacionales anima a que se alcancen esos acuerdos, esperando que “su influencia combinada anime a los 194 países a mantener con valentía sus convicciones de los años de la COVID y a hacer realidad su ambición colectiva de establecer un protocolo internacional frente a las pandemias antes de la fecha límite prevista de mayo, a fin de que pueda ser ratificado por la Asamblea de la Salud en su reunión anual prevista para mayo de 2024”.
En la carta también instan a los negociadores a “no dejar que sus esfuerzos se malogren por una campaña malintencionada de desinformación contra la OMS, la organización internacional encargada de aplicar el nuevo acuerdo sobre salud”.

Un acuerdo sobre pandemias, argumentan, “aportaría beneficios enormes y universalmente compartidos, como un aumento de la capacidad para detectar agentes patógenos nuevos y peligrosos, el acceso a información sobre agentes patógenos detectados en otras partes del mundo y el suministro oportuno y equitativo de pruebas, tratamientos, vacunas y otras herramientas para salvar vidas”.

Es decir, se busca que los acuerdos permitan corregir mucho de lo que falló en la respuesta a la crisis del COVID-19, donde primaron las acusaciones cruzadas, el ocultamiento de información, las sospechas y sobre todo las ganas de algunos de hacer negocio a costas de la salud del mundo, lo que llevó al fracaso del Covax, la respuesta que se diseñó desde la organización mundial buscando garantizar que las vacunas llegaran a todos.
En un final nada sorpresivo, las empresas negociaron directamente sus productos con los estados en una obscena compulsa en la que algunos países reservaron vacunas por cantidades que excedían varias veces su población.
¿Por qué? Porque podían. Mientras otros se arreglaban como podían, o mejor dicho, como no podían.

Sumado a ello, como refiere la publicación de la OMS, estas negociaciones se dan en un contexto muy enrarecido que hay quienes atribuyen a una respuesta casi natural a la pandemia, que es este recelo no solamente hacia la OMS, porque es más profundo, es una especie de ataque generalizado hacia el mundo del conocimiento, hacia la ciencia, que en algunos países se ha expresado además de verbalmente —por supuesto—, también en violentos recortes de recursos estatales. Ocurre también en un contexto en el que son noticia de todos los días los conflictos bélicos, los que ocurren con fuego efectivo y cuyas bajas, militares y civiles, se cuentan por miles, y los que son una amenaza latente.

Por ello, alcanzar un acuerdo de este tipo entre tal número de naciones para sentar las bases de un entendimiento real para saber cómo debemos pararnos ante una nueva amenaza global sería todo un gesto simbólico. Aunque también puede ocurrir que nadie se entere de ello. → Leer más

A medida que se acerca la fecha de la convocatoria a las urnas con miras a definir las elecciones internas, en que los partidos políticos eligen a sus convencionales para participar en las elecciones nacionales y departamentales que se avecinan este año y el siguiente, ya estamos ante una campaña electoral incipiente que se irá intensificando con el paso de los días y semanas.
La comparecencia en las urnas tendrá lugar el 30 de junio venidero, en el marco de las alternativas contempladas en la reforma constitucional de 1996, que introdujo modificaciones sustanciales al esquema electoral uruguayo, uno de los cuales refiere a que cada partido puede presentar solo un candidato presidencial –lo que se dilucida en las elecciones internas– y la incorporación de la segunda vuelta o balotaje, en el caso de que ninguno de los partidos políticos alcance el cincuenta por ciento más uno de los votos en la elecciones nacionales.
Sin embargo, la representación parlamentaria se define en esa primera vuelta, lo que indica que para el balotaje se presenta un menú muy acotado y con un Parlamento definido, por lo que la ciudadanía debe optar entre las dos candidaturas mayoritarias, aunque con el componente fundamental de que previamente al balotaje los partidos que participan tienen la posibilidad de formular acuerdos electorales para conformar mayorías parlamentarias en aras de la gobernabilidad de quien resulte electo.
Hasta mediados de 1990, los dos partidos históricos, Partido Colorado y Partido Nacional, dominaron la escena electoral en el Uruguay, pero más adelante la elección nacional se decidió entre tres tercios casi iguales, –el último tercio era la coalición de izquierdas Frente Amplio, integrado, entre otros, por partidos tan diferentes entre sí como el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano– y este factor fue fundamental para que se venciera la última resistencia que quedaba en pie para posibilitar la incorporación de una segunda vuelta por reforma constitucional, tal como rige en la mayoría de las democracias en el mundo.
De eso se trata precisamente el balotaje, de que el ciudadano tenga una segunda oportunidad para decidir a quién quiere o a quien no quiere en la presidencia, lo que no solo es absolutamente legítimo, sino también deseable y justo, porque se sale del corsé establecido por la norma para poder votar libremente en la segunda vuelta.
En suma, pese a que algunos grupos interesados han pretendido desmentirlo, de lo que se trata es de canalizar en libertad las opciones de las respectivas familias ideológicas, con colorados y blancos más cerca entre sí que de la coalición de izquierdas, a la vez que naturalmente hay un determinado porcentaje de ciudadanos que no se sienten identificados con ninguna de estas “familias” y que son al fin de cuentas quienes definen las elecciones al volcarse por una u otra opción.
Igualmente, ante la perspectiva del balotaje, no son pocos los ciudadanos que ya en la primera convocatoria de la elección nacional hacen un “prebalotaje”, es decir apuntan a votar a quienes entienden será el partido mayoritario sin esperar a hacerlo en el balotaje, y consecuentemente todo indica que hay un trasiego previo de votos de un partido hacia otro en el marco de estas familias ideológicas, porque precisamente hay similitud de ideas, visiones y programas que abonan esta tesitura.
Pero la reforma constitucional de 1996, también incluyó las elecciones departamentales, con un aspecto clave, que fue el diferirlas en el tiempo respecto a las nacionales, y por lo tanto limitar el escenario al ámbito departamental, sacándole del factor de arrastre de la elección nacional que regía hasta entonces, en que el voto simultáneo obligaba a votar el mismo partido en lo nacional y en lo departamental o eventualmente, hacerlo solo por uno u otro.
Pero además hay un aspecto que no se ha modificado, y es que el partido ganador se lleva automáticamente la mayoría de ediles de la Junta Departamental, lo que permite gobernar en solitario, aunque ciertamente hay determinados temas en que se necesitan mayorías especiales en las que hay que negociar con la oposición.
Sin embargo, hay una realidad que no puede soslayarse, y es que también en el ámbito departamental hay familias ideológicas, visiones afines entre partidos o diametralmente opuestas, que inciden en la preferencia de los ciudadanos a la hora de votar.
Ocurre que a los constitucionalistas de 1996 no se les ocurrió incorporar el balotaje en la elección departamental, tal vez porque no hay que negociar mayorías que son automáticas, pero dejaron de lado el hecho de que al no haber balotaje, puede resultar ganador un intendente que a su vez genere rechazo o no esté en sintonía con la mayor parte del electorado departamental. Una visión capitalina que no tuvo en cuenta este hecho, y ello ha arrojado que por ejemplo, en Salto, en más de una oportunidad ganara la elección el Frente Amplio, constituido en el tercio mayor y por lo tanto legítimo ganador, aunque no contara con el apoyo de los electores que votaron a nacionalistas y colorados, es decir la mayor parte del electorado.
Los partidos tradicionales salteños parece que han aprendido la lección, o por lo menos así lo señalan de cara a la próxima instancia electoral, según “Montevideo Portal”. En el vecino departamento, las elecciones pasadas las ganó Andrés Lima, al ser el candidato mayoritario del Frente Amplio, fuerza política que obtuvo el 40,5% de los votos en el departamento. El Partido Nacional, con Carlos Albisu a la cabeza de la interna, quedó segundo con 35,1%. El tercer puesto, con 19,5% fue para el Partido Colorado y la candidatura del exintendente Germán Coutinho.
“Por lo tanto, en el caso de Salto, el acuerdo a nivel de la coalición parece ser clave para asegurar el gobierno departamental, o al menos así lo ven en las filas de la coalición, donde tanto Albisu como el exintendente Coutinho han cultivado un alto perfil político en el departamento. Para blancos y colorados, el acuerdo es casi un hecho en Salto. Así lo definieron en diálogo con Montevideo Portal tanto Marcelo Malaquina, cabeza de la Lista 1 del Partido Colorado y aspirante a la candidatura a la Intendencia, como el senador colorado Germán Coutinho, líder de Vamos Salto. A su postura se suma la de Pablo Iturralde, presidente del Directorio del Partido Nacional, quien señaló que ‘lo de Salto, es un hecho’ y que lo más seguro es que el lema Coalición Republicana compita en ese departamento con un candidato de cada partido, uno blanco, uno colorado y uno cabildante”.
Sin embargo, no está todo claro en otros departamentos donde también la elección es competitiva, y donde sería fundamental que se concretara una coalición “republicana” para aumentar chances electorales, para lo que se necesita sin embargo acuerdos previos de cara a las elecciones internas, para “mechar” listas con representantes de más de un partido, para hacerlo dentro de un mismo lema.
Este es sin dudas el mayor escollo, porque implica hacer “desaparecer” en los papeles a un partido en el ámbito departamental, en aras de un acuerdo programático, tal como se hizo entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto en Paysandú.
Este es el dilema que presentan las elecciones departamentales en Uruguay, con una normativa electoral imperfecta, y que en los departamentos “complicados” necesitaría un complejo ajedrez electoral, producto de acuerdos interpartidarios, para hacer que el gobierno departamental realmente represente el sentir mayoritario de la ciudadanía, tal como lo amerita a nivel nacional el balotaje. → Leer más

El año pasado, el gobierno dio su aval para que dos millones de dólares de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiaran la llegada al país de la oenegé internacional Cure Violence. La delegación propone un plan de combate al delito que fue creado hace más de veinte años en Chicago por un médido epidemiólogo.

El doctor Gary Slutkin, nacido en Chicago pero con amplia labor científica en África y Asia por la Organización Mundial de la Salud, considera que la violencia es una infección en la sociedad y debe tratarse de la misma forma que encara la cura de los pacientes.

En Uruguay, es notoria la violencia en los crímenes y las autoridades lo analizan desde el punto de vista de la normalización de este flagelo en la sociedad. En este mes de abril, comenzará a trabajar el organismo internacional a través de organizaciones de la sociedad civil ya seleccionadas para atacar la violencia en los barrios donde se encuentra instalada.

El documental Los Interruptores explica el sistema utilizado. Estos “interruptores” de violencia son personas que atravesaron por el mismo entorno de violencia, crueldad y cárcel, entrenados ahora para combatir la misma “enfermedad” que padecieron.

La película cuenta la vida de algunos referentes que forman parte del movimiento y su pasado familiar o personal ligado a la delincuencia. Y expone la venganza como un componente indispensable para la expansión de una mayor crueldad en los crímenes.

En Uruguay, la oenegé presentó un estudio de prefactibilidad donde señala la existencia de “organizaciones con arraigo comunitario” y la “capacidad para ayudar a identificar a individuos que cumplan con el perfil de potenciales interruptores”. El trabajo en el barrio le permitirá establecer una red de contactos para alertar sobre conflictos y recibir pedidos de ayuda de familiares o los propios involucrados.

Algunos fiscales de homicidios ven con buenos ojos la contratación de Cure Violence. Sin embargo, este plan no cuenta con el apoyo de la totalidad de los integrantes de la coalición de gobierno. Cabildo Abierto estuvo en desacuerdo de contratar a la organización internacional y un documento elevado al Ministerio del Interior rechazó que las “realidades y contextos” de otros países sean “totalmente extrapolables” al “presente delictivo” de Uruguay. Cabildo Abierto se negó, además, a “cargar” en su “conciencia la consecuencia fatal o invalidante para uno o más ciudadanos interruptores de violencia”.

El diputado del Partido Colorado y exfiscal Gustavo Zubía criticó el mecanismo porque no apunta a los homicidios y lo comparó al uso de “una aspirina” para “enfermedades gravísimas”.

Los hechos ocurridos en los últimos días demuestran el nivel de violencia social y familiar. Cómo es posible explicar que un adolescente de 15 años apuñalara más de veinte veces a su padre y otras tantas a su hermano en el barrio Plácido Ellauri de Montevideo, por la imposibilidad del manejo de su ira. O el perfil de los asesinatos, llevados a cabo sin mediar palabra, a sangre fría y por varios disparos. Incluso es posible recordar el asesinato del guardia de seguridad de un tiro en la nuca y el incendio de la garita donde se encontraba trabajando.

O la rapiña sufrida por dos mujeres en San José de Mayo, que fueron golpeadas brutalmente con palos y padecen hoy graves fracturas en el rostro y lesiones de tal magnitud que ameritan intervenciones quirúrgicas. O el preso que desde Santiago Vázquez imponía órdenes en el barrio Manga y resolvía asesinatos por deudas de droga, así como torturas o amputaciones. Es la actitud ante la violencia que crece en los hechos delictivos, pero también en el comportamiento cotidiano al momento de resolver situaciones de conflicto.

Es la naturalización de hechos que llegan a un límite y lo superan. Y cuando los expertos afirman que es, además, el resultado de la falta de políticas preventivas, no es posible comprender a cuáles se refieren. Ni tampoco cuando referentes de la escena política en campaña electoral, adjudican responsabilidades a un Estado ausente o en retirada. Porque, en realidad, la gran mayoría de los partidos con representación parlamentaria accedieron a los sucesivos gobiernos y aún se habla de un problema acuciante para la sociedad con crecientes niveles de crueldad. Por lo tanto, tampoco es el fracaso de un gobierno en particular.

Es decir, no hay una respuesta posible a las razones del aumento de violencia. Lo único real en este contexto de interrogantes es que la cuarentena –como si fuese una enfermedad– o encarcelamiento de los delincuentes, tampoco ha quitado el problema de las calles.
Porque Uruguay ocupa el lugar número 12 en el ranking mundial de población carcelaria –sin guerras ni dictadura–, donde cuatro de cada 1.000 personas está en prisión. Es una de las tasas más altas de América Latina y se ha triplicado en las últimas décadas. Crece a un ritmo anual del 10 por ciento y el sistema carcelario muestra niveles de colapso, hacinamiento y violencia interna.

Entonces, tampoco ha logrado la efictividad que reclama la población. Y hoy, la seguridad ciudadana es un botín político-electoral enmarcado en una discusión ideológica.
Todos los gobiernos, sin importar el color, legislaron en favor de un aumento de las penas y de la prisionización, en función de las demandas ciudadanas. El incremento del castigo ha sido la estrategia de seguridad, pero el delito y la percepción de la inseguridad encabezan la lista de preocupaciones, según las encuestas.

Y otro factor fundamental es la salud mental y las adicciones de quienes cometen rapiñas. Particularmente de aquellos que no tienen una alta trayectoria delictiva. ¿Cuál ha sido el plan para este grupo en particular que conforma un porcentaje importante?
Da la impresión que no hay un respuesta rápida. A pesar de la pirotecnica verbal en tiempos de campaña, el aumento de la violencia ha sido gradual. Por lo tanto, alguien en algún momento y desde su lugar, miró para el costado. → Leer más

En los últimos días el precandidato presidencial por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, ha realizado diversas declaraciones en relación con los niños que han sido alcanzados por balas en distintos tipos de actos delictivos. Entre otros conceptos, Orsi expresó (según el periódico La Diaria) que “la violencia se generaliza y ya no se mira si son niños; hay códigos que se rompieron”.

Sobre la generalización de la violencia no puede haber dos opiniones diferentes: se trata de un fenómeno que está fuertemente ligado con el narcotráfico y la venta al menudeo de sustancias prohibidas, lo que ha llevado el tráfico a las casas de familia de los barrios más vulnerables, permitiendo montar una red muy poderosa de “bocas” a través de las cuales se comercializan y que pueden ser desarmadas y armadas muy rápidamente; de hecho la queja más frecuente de quienes viven cerca de un lugar como esos es que pueden ser cerradas por la Policía pero vuelven a ser abiertas en forma casi inmediata. Las afirmaciones de Orsi fueron rechazadas por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien, de acuerdo con Montevideo Portal, “pidió al Ministerio del Interior que elaborara un informe con cifras de menores de 12 años asesinados en la última década. (…) De acuerdo con los datos que compartió la propia Argimón en X, en el último gobierno del Frente Amplio hubo 32 niños asesinados y en lo que va de este período hubo 17. En tanto, se detalla que este año se registró la cifra más baja de asesinatos de menores de 12 años, dado que hubo dos. En 2016 el registro asciende a 17, siendo la más alta de la década”.

Tal como suele suceder en estas discusiones a través de los medios (modalidad utilizada para generar visibilidad a sus protagonistas y no para trabajar en terminar con el problema en sí), la noticia nueva reemplaza velozmente a la anterior y de aquellos escasos fundamentos o datos confiables que se hayan dado a conocer de uno y otro lado, poco o nada queda transcurridos algunas horas o días. Suele decirse que “dato mata relato”, pero ello tampoco garantiza nada, porque basta con cuestionar el origen de los datos o la forma en que fue realizado el proceso previo a su preparación para que se invalide lo afirmado por la parte contraria. Como sucedía con los jugadores desafortunados en los juegos infantiles de mesa, el debate “vuelve al punto de partida” mientras se siguen perdiendo recursos materiales, capital humano, tiempo y lo más importante: vidas humanas que en este caso se trata nada más y nada menos que de niños.

Sin lugar a dudas es un tema complejo, multicausal y cuyos efectos y soluciones deben ser abordados asimismo desde distintas perspectivas y disciplinas. En el trabajo del año 2023 titulado “La incidencia del narcotráfico en Uruguay” (Trabajo final de grado Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República) su autor, Lautaro Rijo, sostiene lo siguiente: “Si hay algo que sobresale al día de hoy en materia de narcotráfico es el nivel de violencia que éste desata. Cosa que no siempre fue de esa manera. El director de policía Diego Fernández declaró en conferencia de prensa en octubre de 2020 que la violencia en los delincuentes es cada vez mayor y que estos ‘están transversalizados por la droga’. La principal diferencia entre los primeros narcotraficantes que llegaron al país a principios de los años 90 y los de hoy es la violencia que estos últimos manejan. Para Mario Layera, hay un cambio de conducta que tiene que ver con la adquisición de métodos violentos. En los años 90, si bien había violencia no era tan significativa como ahora. Muchos líderes narcos (locales) han muerto ejecutados y veo que hay una tendencia que no ha parado de que los líderes vayan rotando continuamente y eso genera un movimiento y una competencia y una gran violencia entre ellos. Eso se puede ver incluso en las cárceles. Es un fenómeno que surge muchas veces de las relaciones en los centros penitenciarios.
Hoy en día, hay una creciente importancia de la cárcel como centro organizador de los mercados de droga. Los códigos internos que existen en la cárcel se trasladan hacia afuera del centro penitenciario, y a medida que los cabecillas de las bandas caen presos, empiezan a dirigir los operativos desde dentro, lo que significa que, aún encerrados, conservan su liderazgo. (…) Otra de las consecuencias del presente nivel de violencia es el avance del sicariato. Este fenómeno como tal no tiene su origen en el narcotráfico, pero en América Latina el fenómeno del narcotráfico terminó desarrollando el fenómeno del sicariato.

Para el sociólogo Gustavo Leal, el sicariato en el narcotráfico es necesario porque los narcotraficantes necesitan más controles de seguridad en áreas que son sensibles en toda la cadena. Esta cadena del delito se desdobla mucho más en muchos roles. (…) El sicariato también empezó a afectar el universo de personas que no están relacionadas al mundo del delito. Y comenzó a ser verosímil la posibilidad de dirimir un conflicto (de cualquier tipo) a través de la muerte por encargo o por el contrato de asesinos asalariados. “Yo creo que hoy lo que ha sucedido es que el sicariato en Uruguay es un fenómeno que desbordó hace bastante tiempo ya la cápsula del narcotráfico y hoy es ya una forma de dirimir conflictos que se ha extendido no solamente en el mundo del delito, sino también en personas que tienen conflictos de distinto tipo y logran acceder a eso”.

El trabajo académico referido expresa, asimismo, que “para Rosario Rodríguez, anteriormente asesora en políticas de Defensa del Ministerio de Defensa, el sistema estatal en general puede volverse permeable si es que no genera herramientas para evitar el ingreso a sus estructuras. El tráfico es favorecido si la presencia del Estado es débil o ausente, con un frágil estado de Derecho y posibilidades reales de corrupción. El caso que sí demostró que hubo corrupción fue el de la fuga de la Cárcel Central en 2019 del mafioso Rocco Morabito. En este caso, un policía fue formalizado ante el soborno para poder escapar. La policía logró erradicar elementos de corrupción dentro de su propia fuerza. Lo mismo podría suceder con los funcionarios en los puertos, debido a que la mayor salida actual de la droga es a través de los contenedores”. Por otro lado, Clara Musto opina que en la medida en que no existan controles serios, “uno tiene que tener todas las razones para pensar que existe corrupción”.

Teniendo en claro la complejidad del tema, resulta desalentador y frustrante que algo tan importante sea tomado como “botín de guerra” de una campaña electoral que embiste todo a su paso y se destaca por su irracionalidad. Nadie se preocupa en aportar propuestas o instrumentar acuerdos de largo plazos que dispongan políticas de Estado para solucionar problemas (ni siquiera uno tan importante como este). Lo que les importa a muchos actores políticos es posicionarse políticamente, teniendo el palo bien a mano para poder colocarlo en la rueda del adversario (y del país todo) y seguir contando los niños alcanzados por balas controlando cuidadosamente si el saldo final favorece o perjudica su patético discurso electoralista, de vuelo rasante y gran mezquindad. Al fin y al cabo, para ellos se trata solamente de niños de zonas marginadas. → Leer más

Es aquello “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”: las elecciones son el certificado de calidad de la democracia.

El pueblo vota: vox populi vox Dei. Siendo así hoy por hoy el mayor demócrata de la tierra es Vladimir Putin, quien fue reelecto por un montón de años, de hecho por todos los que a él se le antojen, por el 88% de los votantes.¿ Qué les parece?: Rusia es la mayor democracia del planeta.

Hasta marzo el titulo lo tenía Nayib Bukele, el presidente de El Salvador reelecto en febrero pasado, con casi el 85% de los votos.

Ninguno de los dos son muy adictos a eso de la libertad de prensa o la separación de poderes, pero convengamos que Bukele comparado con el ruso es Santa Teresa de Calcuta. El salvadoreño para empezar no mata periodistas y opositores ni mete presos a disidentes a mansalva, aunque también tiene sus cositas que enturbian sus éxitos electorales. No se puede negar, empero, que sus logros en materia de seguridad le han aparejado el apoyo de la gran mayoría de los salvadoreños. En cuanto a Putin eso es dificil de palpar: Rusia es tan grande. De cualquier forma el inmediato reconocimiento y plácemes de los popes de China y de Corea del Norte, reconocidas y respetadas democracias, son pruebas irrefutables sobre el democrático proceso eleccionario. Además y esto ya es lapidario, está el veredicto de los “observadores” venezolanos.

Maduro, como garantía, digamos, envió observadores a Moscú y se espera que a la recíproca, observadores de Putin certificaran el triunfo del heredero de Chávez. Así fue convenido de antemano para ambos casos, parece.

No entiendo mucho toda esta discusión en torno a las elecciones venezolanas: no serán ni libres ni democráticas. Ya está. Maduro no lo disimula. Falta todo, libertades, instituciones independiente y hasta opositores; éstos, salvo los que elija Maduro.

Es todo un debate “pour la galerie”. Para lo único que sirve es para dejar al desnudo a defensores de la democracia y las doctrinas de Occidente. Toda una mezcla de acomodo económico, del olor al petróleo, de la hipocresía combinada con el miedo y la soberbia y el ajustarse a lo “políticamente correcto”, que cada día hunde mas la democracia.

Fidel, que por más de medio siglo vivió de los soviéticos primero y de Chávez a lo último, se los advirtió a sus buenos muchachos: después de llegar al gobierno no hagan más elecciones y ocúpense de tomar el poder. Algunos como Ortega , Chávez y el mismo Maduro, están en eso. Obedeciendo, y siguiendo sus pasos. A lo sumo cumplen con una simulación electoral pero más bien para no desairar demasiado a Biden y a Trump y a los de la Unión Europea.

Lo que más llama la atención es el apoyo que en países con democracias quizás imperfectas pero en los que hay libertad de prensa y se realizan elecciones sin trampas ni limitaciones, hayan quienes tienen como modelo a Cuba, Venezuela, Nicaragua o la Argentina de los Kirchner. Muchos son por conveniencia; porque ese es su negocio y su aspiración es ser parte de la burocracia al mando de un sistema planificado y totalitario. ¿Pero la gran mayoría que los sigue, ¿será por la necesidad de tener tutores o por miedo a la libertad, como se ha dicho?

¿Quieren transformarse en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en la Argentina de los Kirchner y todo lo que ha aparejado y estamos viendo?

¿No se han fijado en las huellas? Todas salen, ninguna que entra.

No entiendo por ello lo que reflejan las encuestas. → Leer más

Leí hace tiempo una página de una de las mejores plumas que alternan en la prensa nacional, que se refería a los múltiples efectos bélicos y sociales derivados del ataque criminal infligido el 7 de octubre por Hamás a Israel. De la guerra van 6 meses y sigue. Pero de los efectos sociales vale rescatar algunos sucesos significativos.

Uno es el alzamiento de opiniones contrarias a Israel surgidas en sociedades europeas occidentales del primer mundo, donde además, los inmigrantes musulmanes que pululan en sus ciudades, se manifestaron violentamente a favor del terrorismo islámico y siguen en efervescencia.
La revolución de “los satisfechos”

Otro. En América, varias universidades de primer nivel de los EE.UU. y las no tanto como la nuestra, cuestionan a Israel por defenderse y reclaman un “alto al fuego”, que a todas luces es favorable a los agresores que van perdiendo la guerra que iniciaron. Pueden rendirse y entregar los rehenes. Pero la siguen con el deseo de eliminar a Israel de la faz de la Tierra. Tres presidentas de universidades de EE.UU. (Harvard incluída) fueron al Congreso para defender la tesis de que opinar a favor de la eliminación de Israel estaba amparado constitucionalmente por la libertad de expresión. La crema universitaria de EE.UU. así como la de otros lugares de occidente padecen la infiltración de las ideas de la izquierda revolucionaria. Las élites “iluminadas” colonizadas por corrientes de izquierda aborrecen las propias bases que las creó. La norma es tirar estatuas, enchastrar museos, grafitear propiedades, romper obras del ornato público, escrachar personas y… alentar el terrorismo.

Antonio Gramsci

Centros de estudios referentes mundiales por su nivel técnico, fueron dejando valores fundacionales por el camino rindiéndose a la seducción de las ideas de Antonio Gramsci “el Lenin de occidente”. El que observó la revolución de 1917 y abrevó en el marxismo que entonces parecía superado, pero que él hizo mutar evitando su muerte. Gramsci cambió el fusil de Lenin por la infiltración del marxismo a través de la cultura. El cambio en las ideas dominantes. Lograr la nueva hegemonía cultural. El famoso hombre nuevo que tantas veces escuchamos pregonar a la izquierda del mundo desde la segunda mitad del siglo XX.

Mi experiencia con el gramscismo local

Decía el vasco Miguel de Unamuno que para generalizar no hay mejor cosa que hablar de uno mismo. Por eso allá voy. Hace unos 60 años fui electo consejero de la Facultad de Ingeniería por el Orden Estudiantil al obtener más de 1/3 de los votos. Los otros 2/3 los obtuvo la corriente izquierdista imperante en la Universidad. Con mi voto la mayoría del Consejo no era de izquierda. El decano era el Ing. Industrial y Agrimensor Enrique De Martini. La izquierda no había podido obtener la mayoría de esa Facultad en la primera elección de 1959 con la nueva Ley Orgánica. Y la volvió a perder en la siguiente de 1963. En consecuencia, ante la elección de 1967, donde presagiaban perder nuevamente, el Rectorado decidió drásticamente intervenir la Facultad de Ingeniería en base a “motivos” que esgrimían los consejeros estudiantiles de los 2/3 de votos, afines al Ing. Oscar Maggiolo para tomar la Facultad. El interventor fue un tal Carbonell, agrónomo. Que duró hasta después de la elección del 67 y la toma por la izquierda de la Facultad de Ingeniería.

El Dr. Mario Cassinoni había sido electo diputado por la izquierda. Dejó esa política para ser rector de la Universidad. Seguramente sabía de Gramsci y había entendido bien su mensaje. Los estudiantes de los 2/3 se sublimaban sintiéndose los parteros del “hombre nuevo”. Los más mediocres eran los más fanáticos.

De la intervención a la fábrica de bombas

En tiempos de la guerra de los tupamaros contra la República, queriendo voltear el gobierno constitucional, década de los 70, en la sala de proyecciones del Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería explotó una bomba que voló una gruesa pared y mató a un estudiante. Según se dijo, las bombas se fabricaban en el Instituto de Máquinas (subdirector el Ing. Maggiolo). El caso lo tomó la Marina pero rápidamente quedó a cargo del jefe de la Región Militar N.°1 Gral. Líber Seregni. No supimos más nada.

Enseñanza pública y privada

Hubo una enseñanza pública excelente. Hace tiempo los directivos de la Universidad son los máximos promotores de las universidades privadas cuyos resultados son mucho mejores que los de la pública, que sigue produciendo estudiantes eternos. Igual pasó y pasa con los dirigentes sindicales de los maestros y profesores de Secundaria. Los vi en las ATD en mis 32 años de profesor de Matemática. Hasta el propio Valenti (FA) dice que son los máximos promotores de la enseñanza privada. Todo eso es parte de la acción local del gramscismo.

El cristianismo, amalgama de occidente

Vivimos en una guerra cultural, que opaca a otra mayor pero subyacente de origen religioso. Las religiones tienen valores éticos, morales y propios del credo, que forjan la cultura de los pueblos. Si no se colisionan las sociedades viven en paz.

Ortega y Gasset decía que la unidad europea iba a lograrse cuando asomara la coleta del primer chino por detrás de los Montes Urales. Debajo del vidrio de mi escritorio guardo un “Se Dice” del diario El País del 17 de marzo de 1995 cuyo texto dice: “Que según el filósofo español, Julián Marías, es evidente el descenso de la calidad intelectual en el mundo”. Y en el prólogo de un libro de Alonso de Contreras, dice el propio Julián Marías, que cada unos 500 años el Magreb tiende su pinza sobre occidente. Antes fue con centro de palanca en el levante y sus brazos, uno por el norte de África y el otro por el sur de Europa. Ahora pasados 500 años quizás tienda otra pinza con palanca ¿Dónde? Y sus brazos opresores no sabemos ubicarlos bien.

Pero lo único que puede unir a las raíces de Europa y a las Américas de norte a sur, es el espíritu inspirador de quien murió hace 2024 años. Jesús el Nazareno que dio cuerpo al Cristianismo en sus varias vertientes. La cuestión hoy es entre la civilización occidental y cristiana herida por el gramscismo y la civilización oriental y musulmana enferma de terrorismo. Hay otros interesados que merodean esperando su turno para hacer su jugada o retirarse. → Leer más

Tomemos como punto de partida una fecha arbitraria. El año cero es 1996. Ese año se estimó por primera vez el número de usuarios de Internet. Asomaba como algo maravilloso: 40 millones. Y solo 7 años después, se multiplicó exponencialmente: más de 2.500 millones. Dentro de esa expansión, destaca una singularidad: la mayoría residente en China. En esa marcha triunfal, la expansión de Internet se topó con una dificultad: las restricciones derivadas de la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones terrestres en países en vías de desarrollo. Pero no por mucho tiempo, pues las comunicaciones inalámbricas llegaron a principios del siglo XXI y con ellas, llegó una explosión democratizadora. En efecto: en 1991 apenas sumaban 16 millones de suscriptores de dispositivos inalámbricos en el mundo. Pero en el 2013 el número de usuarios de correo electrónico trepaba los 2.200 millones. El tráfico diario total de correo electrónico en el mundo fue, en ese mismo año, de 144.000 millones. Lamentablemente, y éste es uno de los problemas graves de Internet, el 68,8% de todo el tráfico de correos electrónicos fueron spam. Y casi la mitad de esos spams estaban relacionados con productos farmacéuticos.

Considerando la expansión de la telefonía móvil, y ganado un espacio en la propia vida familiar, desde la industria tecnológica se suele concluir que en términos conceptuales se ha alcanzado un nivel de conexión casi total: la humanidad está conectada. Esta realidad abre la puerta a nuevas grandes transformaciones, a la democratización de más servicios a costos asumibles por la sociedad. Queda por mejorar una cuestión muy importante que, con políticas públicas, se puede y debe resolver: las enormes diferencias en cuanto a la calidad del servicio de internet que se ofrece, especialmente, a los usuarios individuales, tanto a ancho de banda y a eficiencia y precio del servicio. Las políticas públicas desarrolladas en Uruguay han posibilitado que en nuestro país ese sea un problema menor. Políticas públicas como las desarrolladas por Antel, el apoyo al Plan Ceibal que aseguró la conectividad escolar en todo el país sin excepciones, el propio Plan Ceibal y el Plan Ibirapitá, entre otros.

Manuel Castells ha hecho notar, conceptualmente, que internet es una sociedad red, “una sociedad construida en torno a redes personales y corporativas operadas por redes digitales que se comunican a través de Internet. Y como las redes son globales y no conocen límites, la sociedad red es una sociedad de redes globales. Esta estructura social propia de este momento histórico es el resultado de la interacción entre el paradigma tecnológico emergente basado en la revolución digital y determinados cambios socioculturales de gran calado”.

Precisa Castells que “no se trata del fin de la comunidad, ni tampoco de la interacción localizada en un lugar, sino de una reinterpretación de las relaciones, incluidos los sólidos lazos culturales y personales que podrían considerarse una forma de vida comunitaria, sobre la base de intereses, valores y proyectos individuales”.

En suma, “la sociedad red, y la forma de sociabilidad que genera es lo que Rainie y Wellman han definido como individualismo en red. Naturalmente, las tecnologías de red son el medio de esta nueva estructura social y de esta nueva cultura”.

Las redes sociales

Desde el 2002 se desató una verdadera revolución socio tecnológica en Internet. Se trata de las redes sociales. Convergen desde relaciones personales, negocios, servicios, trabajo, cultura, comunicación, hasta los movimientos sociales, culturales y política. Todo. Ya en noviembre de 2007, las redes sociales superan al correo electrónico en horas de uso diario. En setiembre de 2010, las redes alcanzaron los mil millones de usuarios. La mitad, concentrados en Facebook.

Hoy, la vida pasa por las redes sociales. La transformación de este “delivery” de contenidos y accesos a servicios, ha sido tan profunda y amigable, que resulta imposible encontrar una sola área de interés que no haya sido impactada positivamente.

Pero la tecnología no es neutra. Esta conectividad permanente dejó atrás los días de soledad desde su expansión es un mundo constantemente interconectado. La gente no cohabita una realidad virtual, sino una virtualidad real, donde las cuestiones sociales, como relacionarse, convivir en familia y en círculos de amistad o laboral, se ven facilitadas, incluso potenciadas por la virtualidad.

Los medios

La tecnología viene de la mano de la innovación de la comunicación en la era digital que pone al alcance de los medios todos los aspectos de la vida social en una red que es al mismo tiempo global y local, genérica y personalizada según un modelo en constante cambio, cada vez más amplio y profundo. Y no nos olvidemos, más amigable.

Especialmente desde el 2010, los movimientos sociales han hecho de Internet su espacio de formación y de conectividad permanente. Formados en las redes sociales de internet, han actuado en el espacio urbano y en el institucional, induciendo un nuevo tipo de activismo que es el actor principal del cambio en la sociedad red. Han estado especialmente activos durante las revoluciones árabes contra sus dictaduras; en Europa y Estados Unidos, en forma de protestas contra la gestión de la crisis financiera; o en Brasil, en Turquía, en México, en contextos institucionales y economías de gran diversidad.

También dio origen a nuevos fenómenos: el de los movimientos sociales con el sello de la sociedad global en red. Es decir, movimientos que se articulan sin líderes, a partir de un pujo espontáneo.

¿Y el resultado?

Todo el conocimiento, o buena parte, está disponible 24/7. Pero por momentos parece que las estupideces, las calumnias, las campañas de odio crecieron a una velocidad mayor aún. Los cientistas sociales, y dirigentes sociales y políticos, estábamos confiados que íbamos a un mundo mejor. Pero en EE.UU. la ultraderecha antisistema y “antiautoridad”, se han lanzado violentamente al combate. Odio y denuncias de conspiraciones inexistentes.

De la última semana, tres ejemplos que destaca el Washington Post: 1. las mujeres jóvenes abandonan sus anticonceptivos porque ciertos influencers afirman que el viejo “método del ritmo” es más seguro. 2. el Estado Islámico exige se reconozca su autoría por la matanza de civiles en una sala de conciertos rusa. Unos influencers dicen que no fueron “ellos”. Y advierten: “¡No tiene sentido aterrorizar si no recibes el crédito!” Y 3. el colapso del puente de Baltimore, después de que un barco perdiera energía, lanzó innumerables teorías conspirativas virales que culpan a la educación de la diversidad, al capitalismo, a los inmigrantes e (inevitablemente) a los judíos.

Catherine Rampell, columnista del Washington Post, ha sido concluyente: “el enigma es por qué los usuarios no se han vuelto más inteligentes para detectar información errónea… ¿qué esperanza hay a medida que la inteligencia artificial y los deepfakes se vuelven más convincentes?”
Y ¿quién debe “hacerlos” más inteligentes? Quizás mejor educación, más espíritu crítico, menos pasotismo y más rebelión frente a la inmoralidad y el abuso de posición dominante, menos algoritmos y más neutralidad. También algunas reglas mínimas, claras e inexcusables.
No bajemos los brazos. La pregunta es cómo incentivar, en el contexto de la más amplia libertad de opinión e información, la batalla contra las mentiras y conspiraciones. Se trata de que este mundo hiperconectado sea más democrático y solidario. → Leer más

La Pascua es una de las celebraciones más importantes del cristianismo, en que se celebra la Resurrección de Cristo, el renacer de la vida después de la muerte. La palabra Pascua significa “paso”, transformación, renovación, una fiesta que los judíos también celebran, aunque con significado distinto.
Si hurgamos en la historia, encontramos que al inicio, muchos siglos atrás, los pastores celebraban el fin del invierno y la llegada del buen tiempo y de las cosechas, en el hemisferio norte. En esa fiesta se mataba un cordero para pedir la fecundidad. Era una fiesta pagana, que se realizaba en la luna llena de primavera, cada año en distinta fecha, entre marzo y abril. Es decir, siempre fue una fiesta ligada al renacer, al despertar de la naturaleza, a la llegada de un tiempo de luz después de la fría oscuridad del invierno.
El término “Pascua”, deriva del latín “pascae”, que a su vez deriva del griego “pasja” y por último, del hebreo “pésaj”, que significa “paso”, “salto” y recuerda un hecho del año 1513 antes de Cristo: los judíos, que eran esclavos de los egipcios, lograron liberarse de sus opresores, cuando milagrosamente se abrió el Mar Rojo para dejarlos pasar, de ahí el nombre paso. Aún actualmente, los judíos conmemoran el Exodo desde Egipto hacia la Tierra Prometida, un hecho al que se refiere la Torá hebrea, que expresa lo mismo que el Pentateuco del antiguo Testamento de la Biblia cristiana.
Los hebreos tienen cada año, un período de 7 u 8 días, –según su calendario, que es diferente al nuestro– un período de oración, de profunda reflexión, de ayuno, en el que comen el pan ácimo, (sin levadura), con hierbas amargas, recordando las peripecias que pasaron en el desierto. Un período de penitencia, del cual esperan salir purificados, saliendo de la oscuridad a la luz.
Los musulmanes, cada año, celebran el Ramadán, (“calor abrasador”), un período de 30 días, similar a la Cuaresma. Cada día ayunan desde el alba hasta la puesta del sol, como forma de disciplinar y refrenar los apetitos mundanos. Rezan y recitan el Corán, buscan hacer el bien, abstenerse de cotilleos y peleas. Buscan crecer espiritualmente, y establecer relaciones sólidas con Alá. Son momentos de piedad y de autorreflexión. Los últimos tres días, rompen el ayuno, rezan, comen, intercambian regalos.
Como dice Ajana, un religioso musulmán: “El significado más importante (del Ramadán) es el cambio de conducta de las personas. Quien no deja las calumnias ni los malos actos, tampoco sirve que haga ayuno. El Dios del Ramadán es el mismo que el del resto del año”.
Lo mismo decimos los cristianos, el principal ayuno debe ser de malas actitudes y acciones, la Cuaresma y la Semana Santa deben ser un tiempo de penitencia y reflexión, de intentar disminuir al máximo la cizaña que llevamos dentro, los “monstruos y fantasmas” de que habla el sicoanalista Carl Jung.
Los cristianos recuerdan la Pascua de Jesús, que sucedió durante la Pascua judía y festejan la institución de la Eucaristía y la Resurrección, el Paso de la oscuridad de la muerte a la luz de la Vida. Un paso que ocurrirá a todos. Según nuestra creencia Jesús cambió el sentido del pésaj judío tradicional, haciendo que representara el Paso de la muerte a la vida eterna.
La Pascua cristiana tiene sus símbolos tradicionales: el cirio pascual, las flores, los huevos de Pascua, y para algunos, el conejo. El cirio es una vela blanca, que lleva escritas las letras griegas alfa y omega, que significan el inicio y el fin; la luz simboliza a Cristo, la esperanza de renacer frente a la oscuridad del sufrimiento y de la muerte.
Las flores, símbolo de la resurrección y la esperanza de la salvación eterna, símbolo de primavera, de florecimiento, de renacer. Los huevos de Pascua tienen un origen incierto, que no pertenecen a todas las tradiciones. Para los pueblos paganos de la antigüedad, el huevo era el emblema de lo que está por nacer y de aquello que aguanta la adversidad, con la cáscara dura para proteger la vida que lleva dentro. Los antiguos romanos creían que el mundo tiene forma de huevo. Con el tiempo, pasaron a ser un obsequio para los niños. El conejo, que salta, es símbolo de la vida que vence, en medio de tanta adversidad.
Los cristianos creemos que la Resurrección de Jesús, su pasaje a una vida muy superior, venciendo a la muerte, es la mayor prueba de su Divinidad, es promesa y garantía de la felicidad eterna para sus amigos, y para los incrédulos, porque Él siempre estará con nosotros, aunque algunos no tengan conciencia o no quieran aceptarlo. Por eso, “aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré”, como dice el Salmo 23.
Para todos, Cristo es promesa y garantía de un mundo nuevo, donde “nadie estará triste, nadie tendrá que llorar”.
Seamos creyentes o no, todos acostumbramos decir ¡Felices Pascuas! Seamos creyentes o no, siempre se necesitan momentos de reflexión para comunicarnos con nosotros mismos, y hacer un autoexamen para renovarnos espiritualmente y para luchar contra las oscuridades que nos acosan, dentro y fuera de nosotros.
Para renovar la esperanza de renacer. ¡Felices Pascuas a todos!

Tía Nilda.

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Un informe que el Banco Mundial dio a conocer este mes da cuenta de que “las mujeres tienen solo dos tercios de los derechos legales de los que gozan los hombres”, y sitúa en ellas —y en el acceso a estos derechos— el potencial de un salto significativo en la “tambaleante” economía mundial.

Dice el órgano crediticio multilateral acerca de este informe titulado La mujer, la empresa y el derecho que “en todo el mundo, la brecha de género en el trabajo es mucho más amplia de lo que se pensaba”. Considerando las diferencias legales “relacionadas con la violencia y el cuidado infantil, se observa que las mujeres gozan de menos de dos tercios de los derechos que tienen los hombres”. Y agrega el significativo dato de que ningún país brinda igualdad de oportunidades a las mujeres, “ni siquiera las economías más ricas”.

Para la edición de este año del estudio se amplió el alcance del análisis, agregando dos indicadores que se asumen como “cruciales para expandir o restringir las opciones de las mujeres: la seguridad frente a la violencia y el acceso a los servicios de cuidado infantil”. Al incluirse estos parámetros “se observa que las mujeres están amparadas, en promedio, por solo el 64% de las protecciones legales de las que disponen los hombres, un valor mucho menor que la estimación anterior, del 77%”. Pero si ya desde la letra existen diferencias, estas se hacen mayores cuando lo que se evalúa es la puesta en práctica de las leyes.
“La brecha de género es aún mayor en la práctica”, sostiene. Es que por primera vez en el informe se han evaluado las diferencias “entre las reformas legales y los resultados reales para las mujeres en 190 economías”. El análisis revela aquí “una brecha alarmante en la implementación. Si bien según las leyes vigentes las mujeres, en teoría, gozan de aproximadamente dos tercios de los derechos de los hombres, los países han establecido, en promedio, menos del 40% de los sistemas necesarios para su aplicación plena”.

A modo de ejemplo de ello, menciona que “98 economías han promulgado leyes que exigen que las mujeres reciban igual remuneración por trabajo de igual valor. No obstante, solo en 35 de ellas —menos de una cada cinco— se han adoptado medidas de transparencia o mecanismos de cumplimiento para abordar la brecha salarial”. La “buena noticia”, si es que se le puede encontrar un ángulo que permita verlo de esa manera, es que hay en esta situación, o mejor dicho, si logramos revertir esta situación, una oportunidad que redundaría en importantes beneficios, y a escala global. “Las mujeres tienen el poder de dar un fuerte impulso a la tambaleante economía mundial”, afirmó al respecto Indermit Gill, economista en jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Grupo Banco Mundial.

“Si se cerrara esta brecha, el producto interno bruto mundial podría aumentar más del 20%”, agregó. Eso, aporta el documento, aseguraría “duplicar la tasa de crecimiento mundial en la próxima década”. Sin embargo la realidad que muestra el estudio es que vamos en el sentido opuesto y “las reformas en esta área se han desacelerado de manera notoria”.

Durante 2023, varios gobiernos “se mostraron enérgicos en sus avances en tres categorías de reformas legales referidas a la igualdad de oportunidades: remuneración, derechos parentales y protección en el trabajo”, y pese a ello “casi todos los países tuvieron un magro desempeño en las dos categorías que se analizaron por primera vez: el acceso al cuidado infantil y la seguridad de las mujeres”.
Las deficiencias, revela, “son mayores en el área de la seguridad, donde la puntuación promedio mundial es de solo 36”. Esto significa que las mujeres “están amparadas por apenas un tercio de las protecciones legales que necesitan frente a la violencia doméstica, el acoso sexual, el matrimonio infantil y los femicidios”.

Aunque 151 economías cuentan con leyes específicas que prohíben el acoso sexual en el lugar de trabajo, “solo 39 lo prohíben en los espacios públicos. Esto a menudo impide que las mujeres usen el transporte público para ir a trabajar”. Uruguay parecería estar alejado del pelotón en esto, pero sin embargo no podemos obviar los llamativamente numerosos casos denunciados en el sistema político, que cobraron pública notoriedad, y en otros ámbitos donde tal vez no trasciendan tanto, pero que generaron repercusión —aunque tal vez no todavía los cambios que pretendían— como el movimiento #varonesCarnaval.

Pero volviendo al informe, la mayoría de los países obtuvo puntajes bajos en lo que respecta a las normas sobre cuidado infantil.
“Las mujeres dedican, en promedio, 2,4 horas al día más que los hombres a tareas de cuidado no remuneradas, la mayor parte, dedicadas a los niños” y evalúa que “la ampliación del acceso a los servicios de cuidado infantil tiende a aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral en alrededor de 1 punto porcentual inicialmente, y ese efecto aumenta a más del doble en cinco años”. Actualmente son solo 78 las economías —menos de la mitad— que proporcionan algún tipo de apoyo financiero o tributario a los padres y madres con hijos pequeños. Uruguay tiene, es sabido, una larga tradición en la materia, a la vez que un sistema como el Plan CAIF que ha sido un modelo, y una gran red de guarderías, jardines y servicios afines, públicos y privados.

Otra situación a la que alude el informe es a la actividad empresarial. Solo una de cada cinco economías exige que se apliquen criterios con perspectiva de género en los procesos de las adquisiciones públicas, por ejemplo.
Esto significa “que las mujeres se ven excluidas en gran medida de una oportunidad económica”, y en cuanto a la remuneración, “las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que se paga a los hombres”. Tea Trumbic, la autora principal del informe, afirmó que es necesario “más que nunca acelerar los esfuerzos para reformar las leyes y promulgar políticas públicas que empoderen a las mujeres para que puedan trabajar, crear empresas y hacerlas crecer”. En el mundo hoy “apenas la mitad de las mujeres participa en la fuerza laboral mundial, mientras que, en los hombres, la proporción llega casi a tres de cada cuatro”. Esto, dijo, no solo es injusto, sino que es, además, “un despilfarro”.

Tal vez un buen comienzo para abordar estas situaciones en nuestro país sea empezar a erradicar algunas viejas costumbres de la política, como la de definir asuntos trascendentes tomando algo en un asado, y sin mujeres.
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El precio que debería tener el dólar en Uruguay es una dilema de todos los días, sobre todo a partir de que en gobiernos de todos los partidos sin excepción la divisa norteamericana es utilizada como ancla para la inflación, habida cuenta además de que culturalmente los uruguayos hacemos automáticamente una conversión de todo a dólares y es manejado por los operadores en general como una referencia insoslayable para toda compra o transacción que se haga en nuestro medio.

Recientemente, a propósito del ingreso a la campaña electoral, y con precandidatos definidos, la Federación Rural decidió reunirse con precandidatos de todos los partidos a efectos de considerar las propuestas de los postulantes respecto a una serie de temas que tienen que ver con la problemática del sector y –muy específicamente– del valor de la divisa, que es la moneda en la que se hacen todas las transacciones comerciales, las exportaciones del agro y naturalmente también en cuanto a la cotización de insumos y costos internos.

Un vocero de la Federación Rural, respecto al tema del dólar, trajo a colación a la rueda de reuniones con precandidatos que para la gremial el dólar debería subir no menos de 20 pesos, para llegar a una cotización no menor a los 58 pesos, cuando actualmente está en los 38,50. El cálculo de los productores refiere a que al inicio de la pandemia el dólar se cotizaba a 43 pesos uruguayos, mientras que desde marzo de 2020 a febrero de este año el IPC subió un 32 por ciento.
Ergo, el país ha tenido inflación en dólares altamente significativa, a la vez que el peso uruguayo se ha revalorizado y por lo tanto este desnivel favorece las importaciones y castiga los precios de la exportación a la hora de traducir los dólares a pesos, por lo que evidentemente hay un desequilibrio manifiesto que repercute en todos los órdenes, y una de las consecuencias es que los salarios han subido en dólares, pero prácticamente en la misma medida han crecido los precios internos.

Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto, reflexionó en el semanario La Mañana a propósito del tema, que ya desde el año pasado “el dólar está muy bajo y los costos de los insumos siguen aumentando. El productor ha tenido que gastar mucho en insumos para poder mantenerse de pie. Compatibilizar el tema de la inflación y el precio del dólar es como el caso de una sábana corta. Obviamente, es tema y preocupación de los economistas. Un dólar bajo tiene consecuencias muy graves. Uruguay está quedando muy caro a nivel regional y a nivel de países extra región. Eso hace que seamos menos competitivos y que las exportaciones disminuyan. Además, hay otros daños colaterales como el aumento de la informalidad y el contrabando. También está la cantidad de gente que viaja hacia Argentina. Cuando el dólar está bajo, menos cantidad de gente se queja y eso lo entiendo, pero tenemos un sector agroexportador que ya está poniendo señales de alerta al gobierno. Hoy no tenemos ingreso de dólares por turismo ni por exportaciones (porque han caído), por lo tanto, tendría que subir el dólar. Pero Uruguay ha llevado a cabo una política monetaria con aumento de las tasas de interés en pesos, que ha logrado obviamente que el dólar se deprecie.
Consideró que el dólar está por debajo de su valor “en un mínimo de 20% y otros llevan esa cifra al 25%. Lo que uno ve es que el productor tiene que seguir haciendo frente a precios en dólares de insumos, que también han sufrido una gran inflación, producto de diversos factores”.

Pero, hay que tener en cuenta que tradicionalmente, en el mundo de la economía referirse a un “atraso cambiario” en Uruguay era poco menos que tabú, al ser considerado como una especie de incitación a la devaluación, porque se remonta al recuerdo de situaciones traumáticas en el Uruguay por efectos de ir acumulando presión en el sistema cambiario y la economía, que en determinado momento estalla por ser imposible de contener, como ocurrió en 1982, y más cercano en el tiempo sobre fines de la década de 1990.
Sin embargo, con estos antecedentes, esta problemática es analizada con una mirada mucho más actualizada y racional en base a lo que ha venido ocurriendo en Uruguay ya más cercano en el tiempo, en todos los gobiernos, y es que el tipo de cambio es utilizado como un instrumento de estabilidad y de anclaje para determinados parámetros, como la inflación, pero con consecuencias negativas ostensibles sobre otras áreas de la economía.

Precisamente el eje está puesto en situaciones que han derivado en que se haya llegado a un atraso manifiesto –según The Economist, la divisa norteamericana debería estar por encima de los 50 pesos– y sobre todo, en cómo salir de este problema que afecta seriamente al sector exportador y que se traslada a otras actividades y a la economía en general.

Economistas se preguntan, con razón, si Uruguay tiene fundamentos económicos para que el peso uruguayo sea uno de los más fuertes del mundo, en tanto el economista Ignacio Munyo trajo a colación que hace ya más de seis años “me tocó participar de un evento en la Rural del Prado también para hablar del atraso cambiario. La situación y la discusión eran muy parecidas. El desalineamiento cambiario con respecto al promedio histórico de la paridad real del tipo de cambio con Estados Unidos hoy es muy parecido a lo que era en setiembre de 2017”.

El director de Ceres observó que “la conclusión en aquel momento es que la única forma de salir de una situación así viene por el lado fiscal. El corazón del problema del desalineamiento es fiscal. La única intervención genuina que puede haber por parte del gobierno para salir de un tipo de cambio que no es el que la economía o el sector productivo puede desear es con superávit fiscal. Y si uno compara hoy la situación fiscal con respecto a setiembre de 2017, es impresionantemente parecido”.

Otros economistas como Aldo Lema van por otro lado, al evaluar que “cuando un país hace las cosas relativamente bien, su moneda tiende a apreciarse. Cuando hablamos de alineamientos cambiarios deberíamos incorporar más variables y sus fundamentos. Por ejemplo, la posición de riqueza del país, el comportamiento del gasto privado respecto al producto, el diferencial de crecimiento per cápita que tenemos con el resto del mundo y los términos de intercambio, entre otros. No importa tanto el déficit fiscal, como el tamaño del gasto público”.

Todos argumentos de recibo, por cierto, con miradas desde diversos ángulos, pero que en esencia refieren a que se debió haber hecho correcciones en su momento para reducir esta dependencia del anclaje del dólar en cuanto a estabilidad e inflación, todo lo que ha llevado a que Uruguay resulte efectivamente en un país caro en la comparativa internacional.

Y el ser caro implica serios problemas para el comercio exterior, porque no solo desaloja a nuestros productos de exportación de gran parte de los mercados, sino que además los de producción nacional son desalojados por los importados más baratos, debido precisamente a nuestros altos costos en dólares.
Ergo, la raíz del tema es cómo hacemos para ser más baratos en la comparativa internacional sin hacer que el dólar suba en forma desequilibrante y consecuentemente lo haga la inflación, haciendo entonces que los costos también suban y por ende perdiendo por un lado lo que se gane por el otro. Hasta ahora, ningún gobierno le ha encontrado la vuelta, lamentablemente.
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La princesa de Gales reapareció en un video hablando sobre su estado de salud, luego de algunos meses de ausencia pública y tras haberse sometido a comienzos de año a un tratamiento quirúrgico sobre el que no se habían dado a conocer más detalles. Se sospecha que el video fue realizado mediante inteligencia artificial, maniobra que tendría al propósito de esconder el aspecto actual de Kate Middleton. Esta teoría está abonada en la anterior aparición de la princesa, posando junto a sus hijos en una fotografía que había sido alterada digitalmente.
Más allá de que se compruebe o no la fidelidad o la autenticidad del video —crean que hay muchísimas personas trabajando en demostrarlo— el punto al que vamos está ya claramente planteado, y es la duda o la sospecha que se abre frente al uso de imágenes, fotos o videos, como material de prueba. Y el asunto es que esto no hecho más que empezar y los sistemas informáticos, las herramientas que se utilizan para la manipulación, o directamente la generación de este tipo de materiales, van a mejorar constantemente, y en paralelo se tendrá que producir un debate que será más filosófico que técnico acerca del uso de estas soluciones, por ejemplo por parte de los estados, o mejor dicho, de los gobiernos de los estados.
Sin ir más lejos, el tema estuvo la semana pasada sobre la mesa en la Asamblea General de la ONU, que adoptó “por aclamación” una “resolución histórica sobre la promoción de sistemas de inteligencia artificial (IA) seguros y fiables, que beneficien también al desarrollo sostenible para todos”. El proyecto fue liderado por Estados Unidos y “copatrocinado” o respaldado por más de 120 estados miembro, y hace énfasis en “el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos en el diseño, el desarrollo, el despliegue y el uso de la IA”.
Es la primera vez que la Asamblea adopta una resolución para regular este campo emergente, destaca la publicación en la página de ONU que alude al tema. La resolución pide a los Estados “que se abstengan de utilizar sistemas de inteligencia artificial que no puedan funcionar de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos o los pongan en riesgo”, pero a la vez reconoce su potencial “para acelerar y permitir el progreso hacia la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
De esta forma, la Asamblea de la ONU pidió “a todos los Estados miembros y partes interesadas” que “se abstengan de utilizar sistemas de inteligencia artificial que no puedan funcionar de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos o que planteen riesgos indebidos para el disfrute de los derechos humanos” y pone de manifiesto que “los mismos derechos que tienen las personas fuera de línea deben protegerse también en línea, incluso durante todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial”, afirmó.
La resolución también insta a todos los estados, al sector privado, a la sociedad civil, a las organizaciones de investigación y a los medios de comunicación “a desarrollar y apoyar enfoques y marcos normativos y de gobernanza relacionados con el uso seguro y fiable de la IA”.
Otro detalle sobre la resolución es que se produjo además un reconocimiento sobre los “diferentes niveles de desarrollo tecnológico entre los países y dentro de ellos”, y se asumió que las naciones en desarrollo “se enfrentan a retos únicos para seguir el rápido ritmo de la innovación”. Más que retos únicos, es directamente imposible que un país que padece endeudamiento, que tiene situaciones humanitarias a las que no puede dar respuesta, con conflictividad interna, pueda enfocarse en tratar de seguir el ritmo de la innovación. Por ello fue que se instó “a cooperar y apoyar a los países en desarrollo para que puedan beneficiarse de un acceso inclusivo y equitativo, cerrar la brecha digital y aumentar la alfabetización digital”. Algo que no suele ocurrir, basta con recordar cómo se comportaron los estados frente al Covax, el sistema con el que la Organización Mundial de la Salud pretendió que el mundo tuviese una distribución equitativa de las vacunas contra la COVID-19, un sistema que fue violentamente saboteado por las empresas que negociaron sus productos directamente con los estados, como se demostró en nuestro país con el polémico rechazo a la oferta de una de las farmacéuticas.
Más allá del daño que pueda producir una fotografía o un video generados por inteligencia artificial, o el uso aplicado en redes sociales mediante la multiplicación de usuarios falsos (granjas de bots) reproduciendo y “viralizando” mensajes alineados con determinadas posiciones, veremos florecer el uso como mecanismo de defensa del argumento de que una fotografía o un video han sido generado artificialmente y que no refleja o no se ajusta a la realidad. Hoy todavía hay sistemas que son capaces de detectar este tipo de cosas, incluso el mismo ojo humano es capaz de captar en la mayoría de los casos imperfecciones que delatan un intento de fraude, pero recordemos que esto mejora a la velocidad de la luz y que no habrá de pasar mucho tiempo más para que no se pueda distinguir la imagen de un actor captada por una cámara, de la del mismo actor, en el mismo escenario, generado por una computadora, y lo mismo con las voces.
No es, tal vez, el fin del mundo, pero esta tecnología va a traer un cambio muy grande, al que nos acabaremos adaptando o al menos acostumbrando, como ocurrió con las redes sociales, cuyos problemas no terminamos de resolver. → Leer más