Opinión

Hay preguntas que, cuando aparecen determinados hechos, dejan de ser incómodas para convertirse en imprescindibles.

Un asesor de un edil del Partido Nacional fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones, en el marco de la Operación Trazador. Y ahora se conoció que ese hombre concurría habitualmente a un local de cobranzas perteneciente a la esposa de Jorge Gandini, actual director de la ANP, donde —según las explicaciones brindadas públicamente— realizaba pagos de facturas.

Entonces aparece una pregunta muy sencilla: ¿Qué controles se hicieron durante todo ese tiempo? Porque un local de cobranzas no es simplemente un comercio donde alguien entra, paga y se va. Está integrado al sistema financiero y tiene obligaciones específicas de prevención y reporte de operaciones sospechosas.

Gandini aseguró que el condenado era un cliente habitual, vecino de la zona, que concurría a pagar facturas de BPS de empresas constructoras y que no realizaba operaciones de cambio. También sostuvo que el local cuenta con cámaras, audios y mecanismos de control, y que tanto él como su esposa están a disposición de la Justicia. Perfecto.

Entonces que se investigue. Pero investigar no significa acusar. Significa determinar qué ocurrió. ¿Durante esos meses las operaciones fueron siempre normales y perfectamente justificadas? ¿Los montos y la frecuencia estaban dentro de los parámetros habituales? ¿Se generó alguna alerta? ¿Se informó alguna operación al organismo correspondiente? ¿Los controles funcionaron?

¿Y si funcionaron, qué detectaron? Porque hay algo que tampoco debería perderse de vista: la propia Fiscalía informó que, al momento de las condenas, no surgían elementos que vincularan a otras personas con actividades de lavado, pero dejó expresamente abierta la posibilidad de que, si aparecen nuevos elementos, intervenga la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Por eso sería injusto convertir una relación comercial en una acusación.

Pero también sería un error pretender que, porque todavía no existe una acusación contra los responsables del local, no haya nada que preguntar. Hay mucho para preguntar. Y hay algo todavía más importante:
hay mucho para investigar.

Porque si un hombre que terminó condenado por lavado de activos concurrió durante un período prolongado a un local de cobranzas para introducir dinero en el sistema financiero, la sociedad tiene derecho a saber si todos los controles funcionaron como debían.

No se trata de Gandini. No se trata del Partido Nacional. No se trata del Frente Amplio.
No se trata de proteger a unos ni de condenar a otros. Se trata de algo mucho más elemental: que las reglas sean iguales para todos y que los controles funcionen antes de que aparezca una condena, no después.

Y si las cámaras, los audios, los registros de las operaciones y los sistemas de control están allí, como se afirmó públicamente, entonces la respuesta debería ser sencilla: que se revisen todos.

Porque cuando aparece un caso de lavado de activos, la pregunta no puede ser solamente quién fue condenado. También hay que preguntarse: ¿Por dónde pasó el dinero, quién debía advertirlo y qué controles funcionaron —o no funcionaron— antes de que la Justicia llegara hasta él? Esa no es una acusación.
Es una pregunta de transparencia. David Doti

La verdad es que esta sociedad se ha transformado en cualquier cosa… No sé cómo expresarlo. Me rebalsa, no encuentro los términos. Este país, que no tiene grandes problemas comparado con otros que están en guerra, con dictaduras o sufriendo desastres naturales… En fin, un país en el que sería hermoso vivir si no se inventara sus propios problemas.

Vivimos reviviendo una tragedia que ocurrió hace más de 50 años. Tragedia para los muertos y desaparecidos, cuya cantidad nunca se va a saber si fueron tres, 30, 300 o 3.000. Todos juegan con esa cifra según su conveniencia. Tragedia para sus familias, una horrible tragedia. Y tragedia también para el país. Una época nefasta.

Pasaron más de 50 años y el dolor de las familias sigue ahí, comprensiblemente, por supuesto. Pero ¿no se dan cuenta de que los diferentes gobiernos y las distintas asociaciones y organizaciones, sean gubernamentales o no, han transformado esto, desde hace tiempo, en un tema de conveniencia política y económica?

Han manipulado este tema de la manera que han querido. Han instalado fechas, nombres, marchas… Me pregunto: ¿a quién beneficia esto?

¿Beneficia a los familiares que, año tras año, van detrás de unos carteles y unas fotografías reclamando algo legítimo, pero que ya no van a tener? ¿Alguien imagina el fin de esto? ¿Alguien piensa que va a llegar el día en que se diga que ya no se van a hacer marchas porque apareció todo lo que dicen que tiene que aparecer?

Esto es de nunca acabar, señores. Esto es manipulación lisa y llana.

Porque, además, parece que esos son los únicos derechos que merecen llamarse derechos humanos en Uruguay. Los muertos por la guerrilla y sus familias no tienen derechos humanos. Los muertos cada día en las calles de este país y sus familias tampoco son merecedores de derechos humanos.

Capítulo aparte, pero no por ello menos importante, merece la manipulación que hace este gobierno con las diferentes minorías, llámense feministas, gays o personas trans.

En este país no se avasallan los derechos de nadie… ¿O sí? Pero lo cierto es que existe una legislación que protege a sus habitantes frente a la discriminación, la agresión o cualquier otra vulneración de derechos. El mecanismo es simple: si te pasa algo que vulnera tus derechos, vas y denuncias. Para eso existen las instituciones en este país.

Yo les preguntaría a quienes participan en estas marchas qué es lo que tienen para denunciar: ¿quién vulneró sus derechos?, ¿quién los discriminó?, ¿quién los agredió? ¿Lo denunciaron?

¿Qué es todo esto? ¿Qué reclaman?

Deberían denunciarse a ellos mismos porque, si se ponen a pensar, ellos mismos se discriminan al diferenciarse del resto, integrando grupúsculos que ni siquiera tienen definido con claridad lo que reclaman.

Eso sí: respaldados, en su mayoría, por el Estado. O sea, por todos. También por los heterosexuales, que, por no juntarnos, asociarnos u organizarnos, estamos quedando al margen. Estamos siendo discriminados.

Y esto va un poco en broma, pero también en serio: en este bendito país tenés que parecer más perjudicado o más discriminado para que el Gobierno te apañe y te banque.

Esto es Uruguay: el país que tiene muchos derechos instalados para sus ciudadanos, pero en el que se reclama todos los días. Entonces se crean direcciones dentro del Gobierno. Y eso implica directores, administrativos, gerentes, oficinas, autos, sueldos… O sea, “curros”.

La verdad es que la población está aburrida de las dos cosas: de la forma en que se lucra con el dolor de la gente y de los “curros” vinculados a estas minorías que, desde mi punto de vista, no deberían existir como estructuras separadas. Gracias. Florentino

Sr. Director:

Recurro al correo de lectores del medio que Ud. dirige para planear una preocupación mía que, de ser cierta y fundada, debería ser de todos los ciudadanos y especialmente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En mis muchas andanzas, laborales o en plan de paseante, por la ciudad de Montevideo, suelo parar a comer o tomarme un café en cinco o seis locales de una conocidísima y popular cadena de casas de comida rápida de origen norteamericano. Como soy muy conversador y me he vuelto habitué, suelo mantener charlas francas y amenas con los jóvenes del personal.

Esas charlas proyectan luces y sombras sobre el funcionamiento de dicha empresa. Es casi unánime la opinión de que es un excelente primer empleo, en el sentido de que se aprende a trabajar con orden, en equipo y con intensidad. Se valora, también, el que la empresa proporcione alimentación al personal en su tiempo de descanso. Pero también buena parte de estos jóvenes manifiestan que, si no de manera oficial sí de modo oficioso, la empresa manifiesta no querer que haya sindicato, pues es una empresa “de puertas abiertas” que escucha a su personal.

En una de estas conversaciones, un cliente, ya ocupado en sus tareas profesionales, contó que más de una década antes había trabajado en la empresa, y que, al querer organizar a sus compañeros para hacer unos reclamos, fue convocado por la empresa a una reunión, en la que se lo escuchó, sí, pero tras serle preguntado si dejaría de promover la organización sindical y responder él que no, se le despidió, manifestándole que si estaba desconforme con su trabajo podría buscarse otro.

No pretendo yo que los patronos y los mandos de las empresas promuevan la organización sindical de los trabajadores. Lo que sí corresponde es que no la obstaculicen ni persigan, porque es un derecho de rango constitucional. Y en caso de hacerlo así, por una parte, debería protegerse los derechos de los empleados y, por otra, debería sancionarse a las empresas, para que el hecho no se repita. Por eso escribí más arriba que el MTSS debería investigar este asunto. Prof. Juan de Marsilio

Setiembre ha llegado con una sorpresa que incluye una renuncia de principios. Se trata de la revelación de un documento que se mantenía discretamente reservado y que ahora la presidencia irlandesa ha hecho público. En este documento, insólitamente, se propone que los Estados miembros de la UE privilegien el interés de OpenAI, Anthropic, Google, Meta y SpaceX en obtener beneficios por encima del derecho fundamental a la protección de datos.

En otras palabras, se permitiría a las desarrolladoras de IA, como OpenAI, Anthropic, Google o Meta, utilizar toda la información que hayan recopilado en los últimos años o incluso décadas, en el caso preciso de Google y Meta, para entrenar sus modelos. Esta renuncia es lo que propone un documento oficial de Dublín, ahora revelado por la organización Noyb, que recoge una propuesta de modificación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que no es otra cosa que la norma que protege el derecho fundamental a la privacidad de los ciudadanos europeos.

Dicho de otra manera, y espero que de forma más sencilla y clara, la presidencia irlandesa de la UE propondrá oficialmente a los Estados miembros que el uso de los datos “en el contexto de la inteligencia artificial (IA)” sea automáticamente legal.

Una resignación de alto costo

Esta renuncia a principios elementales del derecho a la privacidad de los ciudadanos es, ante todo, una resignación de alto costo moral y un sacrificio en favor del desarrollo de la industria. Se presenta esta decisión como una cuestión natural, cuando ciertamente no lo es.

Sorprendentemente, se afirma que el uso de datos personales “en el contexto de la IA” debería ser automáticamente legal. Y, para reducir resistencias, se “informa” que “parece haber un amplio acuerdo informal entre muchos Estados miembro”.

En concreto, lo que se está diciendo es que las grandes tecnológicas podrían utilizar todos los datos personales recogidos durante las últimas décadas prácticamente sin ninguna restricción, siempre que esto ocurra “en el contexto” de la IA. De los derechos de las personas, nada.

El ahorro derivado de este cambio, que significaría eliminar la obligatoriedad de pago asociada a esta renuncia, no sería otra cosa que una inmensa apropiación de derechos que representan miles de millones de dólares en beneficio de las grandes corporaciones.

Según un análisis de The Information, en el que se examinaron los ingresos de las 34 empresas más relevantes del mercado en la actualidad, las cuentas empiezan a ser llamativas, pero también lo es la realidad de un nuevo duopolio tecnológico.

Hoy, la torta de la IA parece estar concentrada en dos empresas: OpenAI y Anthropic. Las cifras muestran una realidad de nuevo duopolio tecnológico, mientras el sector en conjunto duplica sus ingresos. Las 34 empresas tienen unos ingresos anualizados de 80.000 millones de dólares, unos 6.600 millones de dólares mensuales. Eso representa un 112% más que hace seis meses, lo que significa que dichas empresas han crecido más del doble en ese período. Aunque el dato más relevante no es este.

La novedad es que Anthropic y OpenAI se llevan la mayor parte de los ingresos. En efecto, el 89% corresponde a estas dos empresas, mientras que las otras 32 reciben una proporción mucho menor; en términos comparativos, “unas migajas”. El nuevo dúo se queda con casi nueve de cada diez dólares facturados por el sector.

Vale precisar que tanto Anthropic como OpenAI crecen de forma exponencial. En el caso de Anthropic, esta tiene que ceder parte de esos ingresos tanto a Amazon como a Google porque ambas compañías revenden sus servicios. OpenAI, además, debe compartir el 20% de sus ingresos con Microsoft hasta 2030, lo que supone que este año tendrá que pagar unos 6.000 millones de dólares.

Europa versus Facebook

Max Schrems, activista austríaco y fundador de la ONG «Europa versus Facebook», dedicada a identificar abusos en las políticas de privacidad de las redes sociales sobre la base de la legislación europea y a buscar alternativas legales que respeten los derechos fundamentales de sus usuarios, ha dicho que estas propuestas harán que los beneficios de las empresas de IA prevalezcan sobre el derecho fundamental a la privacidad en Europa. Esto, sostiene, «no es más que una expropiación digital de europeos».

Y todo ello ocurre a pesar de que figuras clave de las corporaciones de IA advierten activamente sobre los enormes riesgos asociados a sus propios productos.

Venta de datos europeos

Cuando las cosas se convierten en una cuestión de percepción, todo se vuelve más elemental e inestable. Percepción no es certeza.

Un número muy importante de dirigentes políticos interpreta, sin demasiada argumentación, que la economía europea se beneficiará de la eliminación de tantas leyes como sea posible. No obstante, puede suceder exactamente lo contrario: la mayoría de las empresas de la UE no tienen acceso al mismo volumen de datos ni cuentan con el capital necesario para competir con las corporaciones estadounidenses.

En muchos casos, esto también podría significar que los datos recogidos por las empresas de la UE, pero procesados en plataformas o servicios en Estados Unidos, se trasladarían a proveedores de ese país o de China.

Hay quienes se empecinan en insistir con “percepciones” que han mostrado y demostrado que no son ciertas, falacias o simples mentiras. Es la fallida teoría del derrame, que nunca ha derramado nada.

Pero Schrems es categórico en su advertencia: “Este cambio legislativo beneficia principalmente a los grandes actores, aquellos que han recopilado grandes cantidades de datos europeos. Esto supone una venta total de datos europeos a corporaciones globales. También resultaría en un gran flujo de conocimientos desde empresas de la UE hacia Estados Unidos o China. Desde una perspectiva de política industrial, ese enfoque es una locura”.

Pero hay más señales de que estamos frente a un nuevo salto en la concentración, que anuncia nuevos y dramáticos estadios de monopolización. Amazon invirtió unos 25.000 millones de dólares en Anthropic. Poco después, Google anunció una inversión de hasta 40.000 millones de dólares también en Anthropic.

Las dos han protagonizado un ejemplo de financiación circular. Esta modalidad “proporcionaría” al cliente los medios para comprar los productos de un proveedor utilizando el capital o el crédito del propio proveedor.

Pero las gigantescas corporaciones no paran de expandirse y aplicar pinzas que ahogan a sus competidoras de menor porte relativo. Aunque todas esas startups ya tienen una dimensión importante, Anthropic y OpenAI están en otro nivel.

Ambas han crecido de forma excepcional y, en los últimos tiempos, hemos visto la expansión de Anthropic y OpenAI, alcanzando valoraciones de mercado impresionantes. Los creadores de Claude estaban valorados en 380.000 millones de dólares en febrero, pero el éxito de Claude Code y de sus modelos en entornos empresariales ha hecho que su valoración se dispare. La empresa planea levantar decenas de miles de millones de dólares este verano para alcanzar una valoración cercana a un billón de dólares.

Marketing

Así las cosas, la realidad es insostenible y lo saben todos. No hay operación de marketing que pueda maquillar esta realidad ni disimular un mercado tan manifiestamente desequilibrado.

Ver el estado de situación y no enfrentar la realidad es un acto suicida.

“Estamos decididamente jugados a que gane Lula”, anunció solemnemente el Frente Amplio, optando por entrometerse en asuntos de otros países, tal cual lo hacen tantos presidentes de derecha e izquierda que pueblan el mundo.

A todo o nada. ¿No habrá sido imprudente?

¿Qué tenemos para ganar con Brasil? Ellos solo rascan para adentro. Si nos compran es porque les conviene y cuando no, inventan cualquier obstáculo: paran sin razón los camiones en la frontera o nos denuncian por dumping. ¿De qué nos sirve votar con Brasil y que Itamaratí sea nuestro guía? ¿En que nos beneficia como país soberano votar contra Paraguay “porque a Dilma le convenía”?

Triste y vergonzoso. Y eso lo supimos “a confesión de parte”, ¿y sobre qué no sabemos? Por ejemplo de esos tires y aflojes y trueques, como el de la cuota de carne con China anunciada por Lula, tal cual lo hace Trump respecto a Venezuela, a cambio de denuncia antidumping contra Conaprole, como explicó después presidencia. Clarito, siempre somos abusados. Con ellos caminamos por fuera de las reglas, lo político está por sobre lo jurídico. Mientras Paraguay, que los ha sufrido tanto, se los quita de arriba, el Frente Amplio cada vez se hunde más en esa ciénaga brasileña.

¿Y cuánto podemos perder? Potencialmente mucho. ¿Qué pasa si Trump se enoja? El es imprevisible, necio y no le gusta, en su condición de matón del barrio. que le mojen la oreja. ¿Qué necesidad tenemos de hacerlo?

Puede que ni nos tome en cuenta –como los brasileños cuando nos califican de perritos “chihuahuas”– . Pero puede que no; máxime cuando la injerencia del FA más que por la “hermandad” proletaria con el PT de Lula, tiene como propósito combatir la injerencia de Trump en las elecciones de Brasil. Queda claro: los “trabajadores” somos nosotros y los entrometidos son ellos.

¿Y si Trump se toma a pecho esa batalla? Con el Frente Amplio uruguayo como contendiente. Puede, sin embargo que haya algún tipo de esquive que desconocemos, lo que no sería extraño: se enmarcaría entonces en la política de Lula, que ha colocado un “vice” de derecha y neoliberal y se lame por hablar y decir que habla con Trump.

¿Por qué no dejarse de embromar y mirar un poco para adentro y tratar de encaminar las cosas aquí? Si no tienen claro lo que hay que hacer, pidan ayuda y dialoguen — pero en serio– para salir del estancamiento. Hacerlo entre uruguayos.

Todos dicen que pasa por reducir el Estado: ¿cómo hacerlo si no es entre todos? No dedicarse solo a destruir –como la dialéctica marxista manda– lo poco o mucho que otros construyeron.

Dejen tranquilo el tema de las jubilaciones, para sosiego de los jubilados.

Lo de Salud Pública: designaciones al margen de la Constitución, Jutep e informe de “bufetes externos” mediante; reducción de penas como el caso de la anestesia fatal o investigaciones administrativas que huelen a abuso de poder y que el exsubsecretario Satdjian calificó de “canallada”. Eso no puede seguir. Algo habría que “cambiar”.

¿Y lo de Casupá? No soy un experto, pero sí recuerdo que hace muchísimos años, en aquellos veranos calurosos, íbamos a refrescarnos al “Paso de los Troncos” –arroyo Casupá– un hilito de agua en el que teníamos que caminar mucho en busca de un “pozo” donde zambullirnos. ¿No habrá que revisarlo a fondo?

¿No habrá que desensillar? Allá los del norte y menos viajes. Vayamos a lo nuestro. Porque las cosas vienen feas, según entiendo.

Alfredo Santana es coordinador académico del Diploma en Gestión Inteligente del Transporte del Tecnológico de Monterrey y estuvo en Uruguay para participar en un evento organizado por UTEC Canelones. La página de la Universidad Tecnológica publicó una entrevista con el experto, quien analizó los desafíos que afronta el país para poder consolidarse como un hub logístico regional, un propósito que se ha planteado desde hace largo tiempo.

El norteamericano señaló que Uruguay cuenta con varios aspectos a favor para avanzar hacia ese objetivo en Sudamérica: una escala manejable, estabilidad institucional, buena infraestructura, talento calificado y una fuerte orientación hacia la innovación y la sostenibilidad. A ello sumó una ubicación privilegiada, entre Argentina y Brasil y con acceso al Río de la Plata, que históricamente ha vinculado al país con los principales circuitos del comercio exterior.
“Uruguay no necesita competir por tamaño, sino por inteligencia logística”, planteó Santana como idea general. La escala del país es, a sus ojos, una ventaja, en la medida en que permite probar e implementar nuevas tecnologías con mayor rapidez y facilita la coordinación entre empresas, gobierno, academia y operadores logísticos.

Así, señaló que la incorporación de tecnología es un factor clave para aumentar la competitividad en el sector y, en ese sentido, indicó que la inteligencia artificial ya ofrece aplicaciones concretas para la optimización de rutas, la predicción de la demanda, la automatización portuaria, la trazabilidad y la toma de decisiones en tiempo real. A la vez, la transición energética abre nuevas oportunidades vinculadas con la electromovilidad, los combustibles alternativos y el desarrollo de una logística de bajas emisiones, que podrían suponer un diferencial para incorporar valor agregado al proceso.

Pero para Santana el desafío no pasa únicamente por incorporar tecnología, sino también por desarrollar el talento necesario para utilizarla, integrar datos entre empresas e instituciones y lograr que estas soluciones puedan alcanzar a las pequeñas y medianas empresas. A su modo de ver, Uruguay debería incorporar tecnología, pero también desarrollar las capacidades necesarias para aprovecharla. El talento está llamado a desempeñar un papel central, en la medida en que la transformación tecnológica del transporte requiere profesionales capaces de comprender nuevas herramientas, analizar información y tomar decisiones en entornos cada vez más dinámicos.
Hasta allí, todo muy bien. Se trata de una entrevista que no analiza a fondo la situación del país en términos logísticos, sino que alude a lo que esta formación que está impartiendo UTEC puede aportar al sistema. Pero hay mucho más para poner sobre la mesa en ese análisis.

En marzo de este año, tras comparecer en el Parlamento como parte de una delegación de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUy), EL TELEGRAFO entrevistó a Juan Opertti, ingeniero y encargado de Relaciones Institucionales de la organización. Opertti hizo entonces un repaso de los planteos que transmitió esa delegación a la comisión legislativa que, en ese momento, recababa opiniones de diferentes sectores de la economía sobre el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Parlamento debía ratificar.
Es bueno traer, para alimentar el debate sobre las posibilidades reales del país, y del departamento en particular, en esta área, algunos de los elementos planteados en aquella entrevista.
De entrada, cabe ratificar que Uruguay tiene posibilidades de desarrollarse en el sector logístico. De hecho, aquella delegación transmitió una visión sumamente optimista sobre las oportunidades que se abren para el país con ese acuerdo —y con otros en los que se está avanzando—, que contiene una serie de artículos referidos al rol de las zonas francas, “pero no solo a zonas francas, los enclaves aduaneros que el Uruguay cuenta, entre ellos también los depósitos aduaneros particulares, el puerto libre, también el denominado aeropuerto libre”.
Opertti planteaba que veía al país como una “plataforma logística de distribución regional de productos europeos hacia el Mercosur”, pero también valoraba “la oportunidad de realizar comercio electrónico de productos europeos, ya sea bajo la modalidad de negocio a negocio, B2B (business to business), o B2C (business to consumer), directamente de las empresas al consumidor final”.
Eso, decía, permitiría generar “un ecosistema muy interesante porque derrama hacia pymes, hacia proveedores, como manifestábamos en el Parlamento, de material de empaque y desarrollo de software”, justamente uno de los sectores que atraviesa dificultades, mediante un reperfilamiento hacia las cadenas de suministro.
Sin embargo, para llevar adelante estos proyectos es necesario contar con un sistema multimodal en el que las mercancías puedan circular con fluidez.
Y allí aparece justamente la espina en el talón que nos viene quitando el sueño desde hace ya más de un año: una terminal de contenedores del Puerto de Montevideo que ha atravesado una seguidilla de protestas sindicales, situación que ha afectado la confiabilidad de la terminal ante el mundo del transporte marítimo, pese a tratarse del principal punto de entrada y salida de las importaciones y exportaciones, respectivamente.
También están los puertos del interior, como el de Paysandú, donde se han realizado inversiones millonarias en busca de restablecer su actividad, pero que no termina de encontrar el punto de inflexión necesario para cobrar impulso, pese a la breve primavera que vivió con los portacontenedores que operaron desde la terminal.
Del mismo modo, es notorio que el prometido despegue de la actividad ferroviaria viene más lento de lo pretendido y que el tan anunciado puente sobre el río Negro, un cuello de botella para conectar las vías del norte y del sur del país, sigue siendo un pendiente. La obra formaba parte del proyecto original del Ferrocarril Central y, cuando finalmente se concrete, habrá que realizar un pormenorizado estudio de las condiciones en que se encuentran las vías que atraviesan el departamento de Paysandú, por las que, desde que fueron colocadas —en otro proyecto que quedó trunco—, no han tenido que soportar el peso de los vagones.
Entonces sí: se necesita inteligencia. Pero también se necesita que las cosas se decidan y se ejecuten de otra manera, al ritmo que demanda el mundo y no al que históricamente nos caracteriza.

La decisión del gobierno uruguayo de comunicar a China su disposición a que Brasil y Australia utilicen parte del excedente de la cuota de carne vacuna que Uruguay no logrará completar este año puede tener una explicación estrictamente comercial. De hecho, desde el Poder Ejecutivo se ha señalado que se trata de aprovechar un volumen que, de no utilizarse, se perdería al finalizar el año, y que la eventual cesión no comprometería las posibilidades de exportación de la industria nacional. Sin embargo, el episodio deja demasiadas interrogantes abiertas como para reducirlo simplemente a una operación de aprovechamiento de un cupo que de otro modo quedaría ocioso. El primer aspecto tiene que ver con la forma en que se conoció la decisión. No fue el gobierno uruguayo quien anunció inicialmente el asunto. Fue el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva quien, después de reunirse en Nueva York con Yamandú Orsi, agradeció públicamente al mandatario uruguayo la autorización para que Brasil utilizara el excedente de la cuota de carne uruguaya destinada a China. Recién después llegaron las explicaciones de la Cancillería uruguaya, que precisó que nuestro país no puede transferir por sí mismo el cupo y que la decisión final corresponde a las autoridades chinas.

El matiz es importante, pero no explica el problema de fondo. Uruguay no ha cedido formalmente una cuota porque, en rigor, no tiene la potestad para hacerlo unilateralmente. Lo que hizo fue comunicar a China su disposición a que parte del volumen que no utilizará pueda ser aprovechado por Brasil y Australia. Beijing tendrá la última palabra.

Esta precisión jurídica y comercial no debería hacer perder de vista el aspecto político del episodio. Una decisión de esta naturaleza, vinculada con uno de los principales productos de exportación del país y con el mercado externo más importante para Uruguay, debería ser conocida y explicada en primer lugar por el gobierno uruguayo. Que el anuncio haya llegado desde Brasil, inmediatamente después de una reunión bilateral entre Lula y Orsi, inevitablemente generó sorpresa en el sector productivo y abrió espacio para toda clase de interpretaciones.

El contexto comercial ayuda a entender por qué Brasil está interesado. China estableció para 2026 una cuota de importación de carne vacuna de 1,1 millones de toneladas para Brasil, mientras que Uruguay dispone de 324.000 toneladas. La situación de ambos países es prácticamente opuesta: Uruguay ha utilizado hasta ahora bastante menos de la mitad de su cupo y difícilmente llegue a completarlo, mientras que Brasil agotó rápidamente el suyo. Fuera de la cuota, la carne brasileña enfrenta un arancel adicional muy elevado, lo que explica el interés de sus exportadores por disponer de un volumen adicional bajo condiciones preferenciales.
Desde el punto de vista uruguayo, entonces, el argumento parece sencillo: si las toneladas no se van a utilizar, es razonable buscar que puedan ser aprovechadas. La propia Cancillería ha sostenido que quedará suficiente volumen para que la industria nacional continúe exportando durante lo que resta del año. Además, la cuota no utilizada no se acumula para ejercicios posteriores: si no se usa, se pierde.

Pero el comercio internacional no se maneja únicamente con la lógica de aprovechar lo que sobra en un determinado ejercicio. También importa el antecedente que una decisión deja para el futuro.
Y allí aparece una cuestión que merece ser discutida con mucha más profundidad.
El gobierno uruguayo había presentado la cuota de 324.000 toneladas como una oportunidad relevante para aumentar la producción, estimular las exportaciones y consolidar la posición de la carne nacional en China. En mayo, el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Gastón Scayola, había señalado que China había otorgado a Uruguay ese volumen con un arancel de 12%, mientras que las exportaciones que superan la cuota enfrentan una tarifa de 55%. También había destacado la importancia de aumentar la producción para aprovechar ese espacio.

Por eso resulta legítimo preguntarse si la utilización parcial del cupo por competidores directos constituye solamente una solución coyuntural para un excedente de 2026, o si puede tener alguna consecuencia sobre la consideración que China tendrá en el futuro acerca de las necesidades de Uruguay.

El especialista en relaciones internacionales Ignacio Bartesaghi, según informa el diario El País, ha advertido precisamente sobre ese riesgo. Su preocupación no se centra únicamente en las toneladas que eventualmente se cedan, sino en el precedente que puede sentar el hecho de que un país aparezca como excedentario en una cuota que China le otorgó, permitiendo que competidores utilicen ese espacio. Su planteo es que Beijing podría considerar esa circunstancia al revisar las condiciones futuras. Se trata de una advertencia que corresponde discutir, aunque no puede presentarse como un hecho inevitable: hasta ahora, el gobierno uruguayo sostiene que la medida se limita al volumen que no será utilizado durante 2026 y que no afecta las cuotas de los años siguientes.

La cuestión cobra mayor dimensión cuando se observa el peso de China en la economía uruguaya. En 2025, el país asiático fue el principal destino de las exportaciones de bienes de Uruguay, con compras por unos 3.493 millones de dólares, equivalentes al 26% del total exportado. La carne bovina fue uno de los principales productos colocados allí, con ventas cercanas a 724 millones de dólares.

Es decir que no estamos ante una relación comercial irrelevante. China constituye uno de los pilares del comercio exterior uruguayo. Y eso obliga a manejar cada señal con especial cuidado. También es necesario observar el otro lado de la ecuación: Brasil. Uruguay forma parte del Mercosur y mantiene con su principal vecino una relación económica, comercial y política de enorme importancia. Brasil es el segundo destino de las exportaciones uruguayas, y ambos países comparten intereses en materia de infraestructura, integración y comercio regional.

Pero una cosa es mantener buenas relaciones con un socio del Mercosur y otra es que esa relación pueda terminar condicionando decisiones comerciales que involucren a terceros mercados y a competidores directos de la producción nacional. Y aquí aparece la interrogante política que, a la luz de los elementos conocidos hasta ahora, no puede ser ignorada, aunque tampoco pueda ser respondida afirmativamente. ¿Incidió en esta decisión la particular sintonía que han mostrado Orsi y Lula, quienes tienen en común su ideología de izquierda o “progresista”?

La discusión tampoco puede separarse de la estrategia de inserción internacional del país. Uruguay necesita al Mercosur, pero también necesita diversificar mercados, preservar su acceso a China, profundizar su relación con la Unión Europea y avanzar en otras negociaciones comerciales. El interés nacional no consiste en elegir entre China y Brasil, ni entre Mercosur y otros mercados. Consiste precisamente en conservar la mayor cantidad posible de opciones abiertas.

Sin dudas, la solidaridad comercial dentro de una región puede ser conveniente. La integración regional es necesaria y las buenas relaciones con Brasil son de enorme importancia. Pero ninguna de esas consideraciones debería llevar a que Uruguay pierda de vista que China es su principal mercado de exportación y que la carne es el principal producto de la canasta exportadora nacional.
Por eso, con los elementos todavía incompletos que se conocen, más que sacar conclusiones apresuradas, lo que corresponde es que la información sea transparente.

(PRESIDENCIA)
El presidente Yamandú Orsi reafirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el compromiso de Uruguay con la paz, el diálogo, el multilateralismo y el derecho internacional. En un escenario global marcado por guerras, desigualdad e incertidumbre, sostuvo que el desarrollo, la economía, la tecnología y la política deben tener como propósito central mejorar la vida de las personas.

Ante jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, Orsi presentó a Uruguay como un país que concibe la acción pública desde una premisa: “gobernar es, ante todo, trabajar por el bienestar de las personas”.
A partir de esa definición, el mandatario ubicó a la paz como uno de los principios centrales de la tradición uruguaya. “No concebimos la paz simplemente como la ausencia de guerra”, afirmó. Para Uruguay, implica construir las condiciones para que las personas puedan vivir, trabajar, educar a sus hijos, desarrollar sus proyectos y mirar hacia el futuro sin miedo.
Orsi reivindicó el papel de Uruguay en las misiones de paz de Naciones Unidas y ratificó su disposición a continuar contribuyendo a esas tareas. “Sigan contando con Uruguay para ello”, expresó.

El presidente sostuvo que la paz debe construirse de forma permanente y que no puede existir una valoración diferente del sufrimiento según dónde ocurra. “No puede haber una paz para unos y otra paz para otros. No hay sufrimientos que importen más porque ocurren más cerca, ni vidas que valgan menos porque nacieron en otro territorio”, afirmó.
En ese marco, mencionó las consecuencias de las guerras, los desplazamientos, la pobreza, el crimen organizado, el terrorismo y las tiranías, y aludió también al sufrimiento provocado por bloqueos económicos prolongados, como el que afecta al pueblo cubano.

El compromiso de Uruguay, afirmó, consiste en buscar caminos de entendimiento, abrir espacios de diálogo y contribuir a encontrar soluciones pacíficas, sin que ello implique indiferencia frente al sufrimiento o desconocimiento de las responsabilidades.
Frente a una agenda internacional atravesada por los debates sobre crecimiento económico, inteligencia artificial, transición energética y nuevas tecnologías, Orsi llamó a no perder de vista las necesidades básicas que todavía condicionan la vida de millones de personas.

Recordó que, mientras se discuten esas transformaciones, muchas familias siguen enfrentando problemas elementales como alimentar a sus hijos, acceder a una vivienda, conseguir un empleo o vivir sin temor.
“El desarrollo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. La economía tiene sentido cuando está al servicio de la sociedad. La tecnología tiene sentido cuando amplía nuestras libertades y nuestras oportunidades. Y la política tiene sentido cuando es capaz de transformar la realidad para llevar felicidad a nuestra gente”, afirmó.
Ese concepto articuló buena parte de su intervención: el progreso no debe ser evaluado únicamente por el avance económico o tecnológico, sino por su capacidad para ampliar las oportunidades y libertades concretas de las personas.
Orsi reclamó también una actualización de las instituciones multilaterales.

El presidente sostuvo que el mundo necesita organizaciones internacionales más eficaces, representativas y cercanas a las personas, capaces de responder a los nuevos desafíos globales. Más adelante, señaló que la existencia de Naciones Unidas conserva plena vigencia, pero advirtió que la organización debe evolucionar al ritmo de los cambios geopolíticos.
También cuestionó que las decisiones internacionales permanezcan condicionadas por un reducido número de países. “No podemos seguir siendo rehenes de la voluntad de unos pocos países que se pueden contar con los dedos de una mano”, sostuvo.
En ese mismo tramo del discurso, defendió el respeto a la soberanía y a las fronteras nacionales como parte del orden internacional.

Frente a un escenario mundial de creciente polarización, sostuvo que ningún país puede construir su bienestar de manera aislada y que el futuro dependerá de reconocer la profunda interdependencia existente entre las sociedades.
Hacia el cierre, Orsi ratificó los principios que orientan la posición internacional de Uruguay: “Uruguay seguirá apostando por el diálogo, por el multilateralismo, por la cooperación, por el derecho internacional y por la solución pacífica de las controversias. Y, sobre todo, por la dignidad de cada ser humano”, afirmó.

El presidente llamó a utilizar la Asamblea General como un espacio para buscar acuerdos y no exclusivamente para profundizar enfrentamientos. “Poco aporta a los objetivos de la ONU utilizar solamente esta tribuna para acusar y atacar. El fuego no precisa más combustible. Aprovechemos mejor esta instancia y démosle otra oportunidad a la paz”, concluyó.

EN ASAMBLEA TRABAJADORES PORTUARIOS RECHAZARON LA FIJACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS

(TELENOCHE)
El sindicato de trabajadores portuarios (Supra) se reunió este jueves en asamblea, con la finalidad de analizar la declaración de servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto de Montevideo.
La asamblea no tenía como objeto discutir la propuesta del Ejecutivo en el marco del conflicto con TCP. Tras las asambleas de Montevideo y Nuevo Palmira, el Supra informó que se rechaza la resolución de los ministerios de Transporte y Trabajo de declarar la obligatoriedad de servicios mínimos en la terminal de contenedores.

Además, el sindicato presentará un recurso de anulación contra la resolución al tiempo que “recorrerá los caminos necesarios” para presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El sindicato también monitoreará el uso de los servicios mínimos y otorgó al Ejecutivo Nacional la facultad de fijar un paro nacional de 48 horas en rechazo a la medida.

DESEMPLEO SE UBICÓ EN 7,2 % EN AGOSTO

(EFE)
La tasa de desempleo se ubicó en 7,2 % en agosto y registró un aumento de 0,2 % respecto a julio de 2026, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El documento, dado a conocer este jueves, detalla también que la tasa de actividad se situó en un 64,1 %, al tiempo que la tasa de empleo fue del 59,5 %. En tanto, Montevideo presentó mayores niveles de actividad (65,8 %) en comparación con el interior del país (63 %).
El documento añade que persisten las brechas entre hombres y mujeres. En agosto, las tasas de actividad y empleo continuaron siendo más bajas entre las mujeres con 58 % y 52,9 %, respectivamente, mientras que el desempleo femenino continuó por encima del masculino con 8,8 %.

El INE destaca que la inserción laboral “difiere marcadamente” según la edad. La mayor tasa de empleo (87,8 %) se ubica en el rango de edad de las personas entre los 35 y los 44 años, mientras que la mayor tasa de desempleo (23,4 %) aparece en el grupo más joven (entre los 14 y los 24 años).
La informalidad, medida por el no registro a la seguridad social, se ubicó en 20,8 %, registrando un valor similar al del mes anterior y de 1,3 puntos porcentuales por debajo al del mismo período de 2025.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pronunció su último discurso frente a los líderes mundiales. En ese último mensaje dejó una alerta sobre un mundo en plena reconfiguración del poder, entre Estados, corporaciones y máquinas. Hizo un balance de los diez años que han caracterizado su mandato, “marcado por la multiplicación de guerras, las crecientes divisiones geopolíticas, la desigualdad con múltiples rostros y la crisis climática, centrando su mensaje en la reconfiguración del poder mundial”, destacó la página oficial de la ONU.

Lo cierto es que, además de todo ello, Guterres dejará a la ONU en su punto más bajo de credibilidad y de relevancia desde su creación en 1945, con la idea de que fuese el ámbito en el que se dirimiesen las diferencias entre las naciones y se trazasen los caminos de entendimiento hacia un futuro en el que la humanidad encontrase coincidencias. Los líderes de esas mismas naciones se han encargado en los últimos tiempos de socavar a la institución, símbolo del multilateralismo, en pos de sostener posicionamientos nacionalistas y ultranacionalistas que están llevando al mundo a una tirantez que no se vivía desde hace más de 40 años. Pero esto, como se ha dicho, no ha sido culpa de Guterres, que ha intentado llevar las riendas de una organización en declive sin apartarse de sus postulados fundacionales y remando a contracorriente de los dictados de una potencia mundial que, viendo amenazado su liderazgo, opta por cerrarse y apartarse del rumbo que trazó. Porque no es ninguna casualidad que la sede de la ONU esté donde está.

“Estallaron guerras con consecuencias devastadoras y se prolongaron con una crueldad despreciable”, afirmó Guterres en un mensaje que no quiso que fuese visto como una despedida ni como una suerte de legado. “Se atacó a civiles. Se pisotearon los derechos humanos. Se utilizó el hambre como arma. Se mató a los trabajadores humanitarios. Y se dejó de lado el derecho internacional”, pronunció.

Estas guerras han sido apenas parte de los cambios que marcaron estos diez años al frente de la ONU.
“Las divisiones geopolíticas se han profundizado. Las desigualdades se han intensificado. La confianza se ha deshilachado. La crisis climática pasó de ser una advertencia lejana a una realidad cotidiana. Y la inteligencia artificial avanzó a una velocidad que ha dejado desconcertados incluso a quienes la crearon”, dijo. Guterres considera que no se trata de crisis separadas, sino de capítulos de la misma historia: “la historia del poder”.
El secretario transmitió una visión de “cómo el poder está siendo reconfigurado de tres maneras fundamentales”, con el surgimiento de nuevos centros de poder económico, político y tecnológico, la transferencia de poder de los gobiernos a un puñado de corporaciones e individuos, y la creciente delegación en las máquinas de nuestra capacidad de decisión.
El reto más importante, considera, está en que las instituciones internacionales no se han adaptado a estas nuevas realidades. Han quedado en un formato del pasado. De hecho, ahora mismo podemos ver en las imágenes que llegan desde la Asamblea que poco ha cambiado en esa dinámica, apenas la calidad del video, que ahora es en color y 4K.

“En el preciso momento en que la humanidad afronta una convergencia de amenazas sin precedentes, nuestros mecanismos de acción colectiva soportan una tensión creciente”, expresó. A continuación, dibujó un escenario de un mundo dividido, en lo que él ha llamado la Gran Fractura. Dos bloques rivales, con una separación económica, tecnológica y de seguridad. Sin embargo, para el secretario, no se trata necesariamente de un escenario definitivo, sino que, en cambio, se puede avanzar hacia un mundo multipolar interdependiente, lo que requeriría un sistema multilateral centrado en la ONU.

“De cara al futuro, nuestro porvenir estará determinado por cómo abordemos cuatro grandes pruebas del poder: El poder sobre la guerra y la paz. El poder que concentra la riqueza e impulsa la desigualdad. El poder que alimenta el caos climático y la guerra contra la naturaleza. Y el poder desatado por la inteligencia artificial”, enumeró.

Guterres abogó una vez más por garantizar la paz y la seguridad en Gaza, Ucrania, Sudán y Myanmar, y reclamó defender la Carta de la ONU. Insistió en pedir una reforma del Consejo de Seguridad y calificó de “injusto e indefendible” que África siga sin tener un asiento permanente. Además, se refirió al cambio climático, al que definió como “en muchos sentidos, el desequilibrio de poder intergeneracional más profundo de todos. Una generación consumiendo el futuro de la siguiente. Un grupo beneficiándose, mientras quienes menos responsabilidad tienen sufren primero y peor”.

Pidió, al respecto, a todos los gobiernos adoptar planes nacionales para abandonar progresivamente los combustibles fósiles, alinearse con el objetivo de sostener el calentamiento en 1,5 °C respecto al clima previo a la Revolución Industrial, y proteger a los trabajadores y las comunidades afectadas.

En relación con el avance de la inteligencia artificial, Guterres pidió avanzar hacia un marco multilateral de gestión de riesgos con supervisión independiente y afirmó que las decisiones de vida o muerte no deben entregarse nunca a las máquinas.
Con todavía 100 días antes de despedirse de su mandato, y sin que aún se conozca quién le sucederá en el cargo, Guterres cerró su alocución despidiéndose de la Asamblea General y asegurando que, esté donde esté, seguirá defendiendo la paz y los valores de la Carta de la ONU: “no me rendiré nunca”.

Pese a que posiblemente esta década en la que le ha tocado ejercer la secretaría sea recordada por el fuerte declive de la incidencia de la Organización, y aunque no se le pueda decir “misión cumplida”, de ninguna forma podría achacársele esta situación, de la que al fin y al cabo no ha dejado de dar avisos.

El Ministerio de Ambiente ha dado a conocer un sondeo de opinión pública relacionado con la preocupación de la población uruguaya respecto al cambio climático. El título de la nota relacionada en el portal de la cartera indica que el 61% de la población uruguaya manifiesta sentirse muy o bastante preocupada. A la vez, nueve de cada diez manifiestan haber experimentado en los últimos cuatro años alguno de los eventos climáticos relevados.

De la presentación de este estudio, realizada en un evento encabezado por el ministro Edgardo Ortuño; la directora nacional de Cambio Climático, Fernanda Souza; el director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, e integrantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del programa Euroclima, de la Unión Europea, implementado por medio de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas, trascendió un corte de video en el que Souza señala que las mujeres sufren más el cambio climático, pero el informe es bastante más amplio que esa afirmación, que se apoya en un enfoque de género sobre los efectos del cambio climático. No se trata simplemente de que a los hombres les llueva distinto que a las mujeres.

Pero antes de entrar en esa controversia —que nos llevaría a un punto de desacuerdo tan viejo como la humanidad: varones versus mujeres— enfoquémonos en el informe propiamente dicho.
El estudio fue coordinado por el Ministerio de Ambiente a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático y realizado en el terreno por Equipos Consultores, y se trata de la segunda medición nacional sobre percepción social del cambio climático. El propósito es observar la evolución de distintas dimensiones respecto de la encuesta realizada previamente en 2021.
Para el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se trata de un insumo clave para “el trabajo con la ciudadanía, con la gente, con la población para avanzar en conciencia y en acciones concretas en relación a este tema y para eso esta información que nos aporta la encuesta es fundamental”. Agregó que los resultados “evidencian una sociedad uruguaya con disposición importante a incorporar acciones cotidianas en relación a los temas de la agenda climática y de la agenda ambiental en Uruguay”.

A su turno, Souza expresó que hay una afectación mayor en personas de menor nivel educativo, así como también en mujeres, como planteábamos.
“Lo más central es que los uruguayos y las uruguayas tienen una preocupación por el cambio climático, sabemos además que nueve de cada 10 personas se ven impactadas por las consecuencias: afecta su salud, la disponibilidad para acceder a alimentos”, señaló, y agregó que también sufren las consecuencias de estos fenómenos por el deterioro en estructuras como las viviendas.
Entre los fenómenos experimentados durante los últimos cuatro años, el lapso en que se enfocó el estudio, se encuentran las sequías, las olas de calor y de frío y los vientos fuertes. Una amplia proporción de quienes atravesaron estos eventos los vincula con el cambio climático. Casi la mitad de las personas consultadas señala que el cambio climático afecta mucho o bastante su vida cotidiana, y aunque el cambio climático no aparece espontáneamente entre los principales problemas que la población identifica para el país, “la encuesta muestra que existe un reconocimiento extendido de sus efectos. Dos de cada tres personas consideran que la población uruguaya ya está experimentando consecuencias negativas derivadas del cambio climático”, indicó el relevamiento.
Souza destacó que estos datos van a servir como insumos en el diseño de políticas públicas para mitigar las consecuencias de estos fenómenos.

Aquí surge una pregunta: ¿cómo puede la percepción de la ciudadanía servir para el diseño de políticas públicas en relación a algo? Porque la mitigación de las consecuencias de un fenómeno no depende de la percepción que se tenga. Un terremoto afectará o no afectará, pero lo hará en función de su intensidad, no de si las personas lo perciben o no, o si son capaces de diferenciarlo de la explosión en una cantera de piedra. Hubo terremoto o no lo hubo. No depende de una encuesta. Del mismo modo, no depende de que las personas piensen que hay o no un cambio climático —que a esta altura es indiscutible que lo hay; se podrá debatir, en todo caso, si es responsabilidad de la humanidad que ello acontezca—.

El informe registra, dice la nota del Ministerio de Ambiente, niveles mayoritarios de apoyo a medidas como mejorar la gestión de residuos industriales, continuar invirtiendo en energías renovables, apoyar a los productores para reducir emisiones y promover el uso de transporte público sostenible. Lo mismo: si estamos convencidos de que el camino es ese, la adopción de las medidas necesarias no debería depender de la opinión de las personas, porque no tomarlas sería una omisión de la responsabilidad de ejercer el gobierno.

Es decir, para gobernar hay que tomar decisiones impopulares, de eso se trata, porque sería una irresponsabilidad que gobernar consistiera solamente en hacer mediciones de opinión pública y seguir el rumbo que considere la mayoría. No hay unanimidades en esto, como en tantos temas, pero hay un conjunto de decisiones en las que sí hay consenso entre los investigadores, y después hay realidades que atender, como el realojamiento de asentamientos en zonas inundables, investigar diseños de viviendas y estructuras resilientes, que resistan vientos y que permitan una mejor gestión de la energía.
Y si bien hablamos y defendemos la inversión en investigación, cabe preguntarse en qué medida esta debe ser sobre la percepción de la opinión pública.

Una vez más, desde el sector productivo surge una advertencia que Uruguay conoce desde hace mucho tiempo: somos un país caro. La afirmación formulada por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, durante el cierre de la Expo Prado, no constituye una novedad ni debería sorprender a nadie. Por el contrario, lo verdaderamente preocupante es que, después de tantos años de diagnósticos, debates, anuncios y propuestas, el problema continúe presente y siga condicionando las posibilidades de crecimiento, inversión y generación de empleo.

Que Uruguay sea un país caro es consecuencia de una característica estructural de su economía. Lo dicen productores, comerciantes, industriales, exportadores y también consumidores, que enfrentan cotidianamente precios elevados en relación con los ingresos y con los costos que deben asumir las empresas para producir. Lo contradictorio es que, si el diagnóstico se conoce desde hace tanto tiempo, todavía no se haya conseguido modificar sustancialmente las condiciones que lo generan.
Ese debería ser el centro de la discusión. No alcanza con reafirmar que Uruguay tiene problemas de competitividad. Tampoco alcanza con atribuirlos exclusivamente al precio del dólar, a los salarios, a los impuestos, al costo de la energía, a la infraestructura o a la dimensión del Estado. Todos esos factores forman parte de una ecuación que, en conjunto, determina cuánto cuesta producir en el país y qué posibilidades existen de vender lo producido dentro y fuera de fronteras.

El propio debate actual permite advertir esa complejidad. La caída del Producto Bruto Interno de 0,5% interanual en el segundo trimestre de 2026 no puede explicarse simplemente por el comportamiento del tipo de cambio. El Banco Central señaló que la retracción estuvo asociada principalmente a la caída del sector agropecuario, pesca y minería, mientras otras actividades mostraron crecimiento.

Pero reconocer que el dólar no explica todo no significa desconocer su importancia, y lo que viene atado con él en nuestra economía, en el diario vivir. Un tipo de cambio favorable no es sinónimo de competitividad, pero sí constituye una variable de marcada incidencia si se pudiera aislar para competir en los mercados con nuestros precios. Pero en una economía como la uruguaya, el valor del dólar tiene efectos sobre una enorme cantidad de precios y decisiones. Buena parte de los costos internos, directa o indirectamente, termina acomodándose a esa referencia. Y esto genera una situación particularmente compleja: el dólar que puede favorecer la competitividad de los sectores exportadores también tiene consecuencias sobre los precios internos y, por esa vía, sobre la inflación.

Allí aparece un dilema de hierro del que nuestro país no ha conseguido salir.
Si el dólar sube, mejora los ingresos en pesos de quienes exportan y alivia parcialmente —y temporalmente— la relación entre costos e ingresos de los sectores que venden al exterior. Pero, al mismo tiempo, un aumento significativo del tipo de cambio se traslada irremediablemente a precios —como indican experiencias nefastas de otras épocas—, especialmente en una economía que importa una parte importante de sus bienes, insumos y componentes.
Ese traslado dinamita inevitablemente el objetivo de estabilidad de precios.
Si, en cambio, el tipo de cambio permanece contenido y la inflación interna avanza por encima de la evolución del dólar, los costos medidos en dólares aumentan. El resultado es conocido: Uruguay se vuelve relativamente más caro frente a sus competidores, y eso es lo que viene pasando desde hace ya demasiados años.
El problema, entonces, no consiste simplemente en tener un dólar más alto. La cuestión de fondo es cómo conseguir que el país pueda mantener una inflación baja y estable sin que la corrección de los precios internos termine deteriorando permanentemente la competitividad.

Es justamente por eso que no debería plantearse una falsa oposición entre estabilidad de precios y competitividad. La estabilidad monetaria es un activo demasiado importante como para ponerlo en riesgo. Uruguay ha conseguido en los últimos años una situación de inflación muy diferente de la que caracterizó otras etapas de su historia. En agosto de 2026, la inflación interanual se ubicó en 4,55%, prácticamente en torno a la meta de 4,5%, mientras las expectativas permanecen relativamente alineadas con ese objetivo. Ese logro no debería ser cuestionado, pero, como contrapartida, no se ha resuelto el problema de los costos, que tiene que ver con la relación de los insumos y precios con los ingresos que se perciben.

Precisamente porque no parece razonable solucionar la competitividad mediante una aceleración inflacionaria o una devaluación permanente, el desafío consiste en actuar sobre las demás variables que hacen caro producir en Uruguay.
Y esta es la parte más difícil, a la que no se le ha encontrado la vuelta en el transcurso de los años.
Cabe preguntarse —y sobre todo, actuar en consecuencia— por qué producir resulta costoso aun cuando se dejen de lado las oscilaciones del dólar: el peso de los impuestos sobre las empresas, el costo de la energía y de los combustibles, qué ocurre con los costos laborales, cuánto cuesta transportar la producción, qué dificultades existen para acceder a los mercados internacionales y cuánto tiempo y recursos demanda cumplir con las exigencias administrativas.

También debe preguntarse —ya sabemos la respuesta— si el Estado tiene una estructura y un funcionamiento compatibles con las exigencias que enfrenta el sector privado.
El reclamo de Ferber en este sentido toca un punto sensible. No parece razonable pedir permanentemente eficiencia, productividad, inversión y adaptación a empresas y trabajadores mientras el Estado posterga reformas que pueden mejorar su propio funcionamiento. La competitividad no es solamente una responsabilidad de quienes producen. También depende de la calidad y del costo de los servicios públicos, de la infraestructura, de las reglas de juego y de la capacidad del Estado para resolver en tiempo y forma los problemas que afectan la actividad.

Tenemos de por medio los problemas de los puertos, las rutas, la logística, la conectividad, la energía y los procedimientos necesarios para exportar. En un país pequeño, alejado de los grandes centros de consumo y que necesita vender buena parte de lo que produce al exterior, cada costo adicional tiene una importancia considerable. Ni que decir de las cuentas públicas. Un Estado que gasta más de lo que puede sostener genera necesidades de financiamiento, presión tributaria y menor margen para reducir costos o promover inversiones. La discusión fiscal, entonces, no es ajena a la competitividad. Forma parte de ella. Además, si un país no logra generar condiciones para aumentar sostenidamente la inversión, difícilmente podrá elevar la productividad. Y sin un incremento de la productividad, los aumentos de costos terminan trasladándose a precios o reduciendo los márgenes empresariales.
Ese es quizás uno de los aspectos más preocupantes del diagnóstico: Uruguay lleva demasiado tiempo discutiendo cómo repartir una estructura de costos que debería estar procurando reducir, y mientras pasan los gobiernos y se sigue con los parches, con el seguir pateando la pelota hacia adelante para que se arreglen los que vengan, siempre seguiremos con el problema sin resolver y potenciado, lamentándonos de que no se haya hecho en su momento lo que había que hacer. Como tampoco se hace ahora, para no pagar los remedios amargos pero necesarios, con efectos iniciales traumáticos y los consecuentes costos políticos.

La Suprema Corte de Justicia advirtió al Senado que los jueces trabajan sobreexigidos y sin los recursos necesarios, debido a un presupuesto insuficiente y estancado. Esta situación, que se ha mantenido a lo largo de las distintas administraciones, se agrava conforme pasan los años y aumenta la carga de causas.

Al menos en la capital del país, cada juez inició un promedio de 726 causas nuevas en un año, que se acumularon a los trámites pendientes. En medio de los reclamos, el Poder Judicial lleva una ejecución al límite de los recursos disponibles, ya que opera con cerca del 97% de su presupuesto asignado, lo que refleja un escaso margen operativo ante la creciente demanda.

Las partidas generales destinadas a gastos de funcionamiento no reciben un incremento desde hace al menos 15 años, mientras se acumulan los reclamos no atendidos. La Asociación de Magistrados del Uruguay señaló que la Corte solicitó la creación de 36 juzgados, pero el proyecto presupuestal contemplaba solamente dos, orientados a violencia doméstica, y tres juzgados multimateria en Ciudad del Plata, dejando numerosas necesidades sin cubrir.

Mientras tanto, aumenta el delito y los jueces y fiscales incrementan sus actuaciones vinculadas a situaciones de violencia basada en género. Más del 40% de las pericias realizadas por el Instituto Técnico Forense son solicitadas por la Fiscalía. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, dijo a los senadores que la prolongación de los procesos judiciales profundiza la desigualdad en el acceso a la justicia para las personas de menores recursos.
En general, los magistrados advierten que el incremento constante de delitos y de casos de violencia doméstica, sexual y basada en género debe ser atendido con la misma cantidad histórica de jueces.

Los principales reclamos apuntan a mejoras en la infraestructura y el personal, así como al fortalecimiento de la Defensoría Pública. Incluso el Poder Judicial ha solicitado asistencia en el Parlamento para gestionar cobros y deudas acumuladas por parte de algunas intendencias departamentales.
Y, aunque no tengan la visibilidad necesaria, los gremios de los operadores judiciales denuncian que estos desbordes operativos repercuten en las licencias médicas por estrés físico y emocional.

Para tener una idea de la magnitud del problema, el presupuesto asignado al Poder Judicial representa entre el 1,06% y el 1,09% del gasto total del Gobierno central y equivale al 0,32% del Producto Bruto Interno (PBI). Es decir, por cada 100 pesos que el Estado destina al presupuesto nacional, poco más de un peso se dirige al Poder Judicial. El sistema político también tiene responsabilidades, porque ha desestimado la gran mayoría de las peticiones para crear juzgados especializados y reforzar la defensa pública.

La realidad revela, además, la existencia de vacantes crónicas. Ante los senadores, la Fiscalía expuso que la institución mantiene sin cubrir cerca del 20% de sus cargos presupuestales, es decir, casi uno de cada cinco. El dinero correspondiente a los sueldos no ejecutados se destina al pago de alquileres, limpieza, vigilancia e informática. A medida que no se incorporan nuevos funcionarios, las estimaciones indican que en Uruguay hay un juez cada 6.248 habitantes, de acuerdo con los datos oficiales del Anuario Estadístico del Poder Judicial.

La carga de trabajo tampoco es uniforme, ya que Montevideo concentra el 35% de los litigios del país y dispone de menos del 30% de los magistrados. En el interior, departamentos como Maldonado y Salto afrontan un volumen superior a los 500 o 600 casos por juez al año.
Mientras tanto, persiste el reclamo de equiparación salarial entre fiscales adjuntos y adscriptos que cumplen las mismas funciones, además de mayores recursos que garanticen la seguridad de los fiscales y la protección de víctimas y testigos. Incluso la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, advirtió en el Parlamento sobre el peligro de perder juicios complejos por falta de personal técnico especializado, como, por ejemplo, contadores.

Existen otros casos en los que se han creado fiscalías en distintas localidades sin la infraestructura edilicia ni el personal indispensable para afrontar las reformas introducidas por el Código del Proceso Penal.

Cuando el sistema político analiza el Presupuesto General del Estado, suele argumentar que los recursos son limitados y deben distribuirse entre múltiples prioridades, como la salud, la educación o la seguridad. No obstante, existe un amplio consenso en que una justicia sin los recursos humanos y materiales adecuados ve comprometida su eficacia.

Aplicar una ley sin presupuesto ni recursos en Uruguay da lugar a lo que jurídicamente se conoce como una “ley de papel” o una norma programática sin efectividad real, un fenómeno recurrente que genera fuertes tensiones institucionales, políticas y operativas. Cuando el Parlamento aprueba leyes complejas, pero posterga o niega su financiamiento en el Presupuesto Nacional o en las Rendiciones de Cuentas, traslada un problema crítico a los organismos encargados de ejecutarlas.

Cuando se promulgan normativas que exigen nuevas ventanillas de atención, peritajes o fiscalizaciones, pero los recursos no acompañan, las instituciones deben reasignar personal o absorber la demanda con la misma estructura existente.
El Poder Legislativo aprueba, en ocasiones, artículos que establecen de forma explícita que las nuevas competencias no deben implicar un costo presupuestal. Esto obliga a los ministerios o entes autónomos a valerse exclusivamente de una reestructura de sus recursos vigentes.
Las asociaciones civiles y los sindicatos públicos suelen recurrir a la denuncia pública y a la movilización cuando las leyes destinadas a proteger derechos no se cumplen efectivamente por falta de recursos.
En Uruguay, el presupuesto se vota de forma quinquenal al inicio de cada administración, mientras que las Rendiciones de Cuentas anuales constituyen la principal instancia para corregir estas asimetrías.
Si un gobierno argumenta restricciones derivadas de la regla fiscal o de incrementos del déficit, los recursos solicitados para aplicar nuevas normativas pueden quedar «retaceados», lo que termina postergando su efectiva aplicación.
La cuestión, por tanto, no se limita a cuánto dinero recibe el Poder Judicial, sino a la relación entre las obligaciones que el Estado establece mediante las leyes y los recursos que efectivamente pone a disposición para cumplirlas. Una norma que reconoce derechos, crea procedimientos o establece nuevas competencias, pero que no cuenta con personal, infraestructura ni financiamiento suficiente, corre el riesgo de convertirse en una declaración de principios difícil de llevar a la práctica.

Nos ha tocado en suerte vivir en una época brillante de la humanidad en cuanto a avance tecnológico y de sofisticación del conocimiento, pero miserable desde el punto de vista de los valores humanos, la solidaridad e incluso de las más básicas pautas de convivencia urbana.

También “este mundo está cambiando tan aceleradamente, de manera tan extraordinaria, la gente más joven son testigos de un cambio que no se había producido en más de 500 años”, manifestó Atilio Borón e identificó ese cambio como bueno, ya que según el intelectual “es simplemente el prolongado ocaso de la dominación de occidente sobre el sistema internacional”.

La decadencia

La sensación de que Estados Unidos, desde hace ya algún tiempo —más o menos extenso según las diferentes opiniones—, se encuentra en un proceso de decadencia al que no ha podido evitar y ha logrado por períodos breves revertir esta tendencia, que ya lleva un largo proceso.

Para buena parte de la comunidad de inteligencia y de la intelectualidad estadounidense se hizo inocultable a partir de la crisis financiera mundial de 2007-2008. El presidente Donald Trump, dentro de las variadas y contradictorias promesas electorales que realizó para ganar su primera presidencia, anunció que revertiría la situación y devolvería a EE. UU. su posición de única gran potencia mundial. En línea con esos anuncios típicos del marketing político, es decir, titulares mágicos sin fundamentación ni explicación de cómo se alcanzará la meta, el comité de campaña de Trump lanzó el lema América primero, con un ánimo autoritario y un nacionalismo “emocional”, “un proteccionismo económico, la reducción de la inmigración y de lo foráneo, así como el retorno a los valores tradicionales conservadores americanos”.

A inicios de la década presente, Yuval Noah Harari sentenció con una afirmación breve y contundente el dilema que marcaría los años siguientes y que aún tiene vigencia: se trata de la batalla por el acceso a la información, pilar de una democracia sana y más transparencia. Su análisis “consolidado” deja en claro cuál es el problema principal de esta hora: “llevar información científica precisa a la mayor audiencia posible”. Y tomando como ejemplo la experiencia por la que acaba de vivir la humanidad, la pandemia del Covid-19, “si no hacemos un esfuerzo para llevar la ciencia a todos, dejas el terreno libre para campañas de desinformación y teorías de conspiración”.

La crisis del Covid-19 dejó al desnudo la altísima concentración de la riqueza y del poder, el debilitamiento de la democracia y de sus soportes institucionales. Si bien Harari destaca que la batalla contra el Covid-19 ha sido un triunfo de la ciencia, a pesar del oportunismo económico, la opacidad de la comercialización y la debilidad de los estados para cumplir con su rol y ordenar este asunto de prioridad global. También el triunfo de la ciencia debió de amortiguar la debilidad política nacional e internacional, así como del jaqueo de sectores de la industria farmacéutica.

Es generalizada la idea de que la incompetencia política dejó al desnudo improvisación y falta de respuestas elaboradas, marcadas por reflejos burocratizados, dejando una sensación de impotencia. También la erosión a la que fueron sometidas la mayoría, o todas las instancias multilaterales, quedaron al desnudo. Todas ellas debilitaron la gestión política de la crisis.

Para muchos, la lucha contra la pandemia debió haberse asumido como un proyecto político directo y más austero. De este modo, el caos que se instaló para la validación científica y comercial abrió paso a una opacidad inconcebible, que allanó el camino para la especulación y el abuso de posición dominante. La opacidad no solo desde el poder público. También opacidad desde el poder económico privado.

Esta experiencia incómoda instaló otros temores. ¿Qué pasará cuando nos enfrentemos a amenazas más complejas como un colapso ecológico o el auge de la inteligencia artificial?

Frenar la guerra

Trump había dado su palabra de que no volvería a inmiscuir a Estados Unidos en otra guerra, pero en apenas un año de este segundo período ha emprendido más acciones militares que en toda su primera presidencia.

El autoproclamado “presidente de la paz” la emprendió contra siete países y amenazó a otros seis en el corto lapso de 14 meses. A pesar de sus anuncios antibélicos, en concreto, inició una dura guerra contra Irán y las consecuencias económicas han sido que los indicadores principales se han disparado. Su autopromocionado discurso se ha agotado y no solventó aquello de que era un garante de la paz con experiencia y conocimientos probados, con sabiduría en el manejo de la economía.

Se enorgullecía al decir que su guerra con Irán sería breve y contundente, que acabaría rápido, que acabaría en apenas seis meses. Sin haber alcanzado ninguna de aquellas metas, ahora afirma que no hay apuro, aunque la guerra no ha finalizado ni tiene argumentos para anunciar algo así. Ahora Trump cambió por enésima vez sus vaticinios y argumenta, ya casi sin crédito, que mediante las bombas y el bloqueo han puesto las cosas en su lugar, y su victoria en la guerra contra el poder iraní “está a la vista”. Sin embargo, a la vista lo que hay es una incapacidad de mando de las fuerzas estadounidenses.

En opinión de Eswar Prasad, exjefe de la división de China del Fondo Monetario Internacional, “los factores geopolíticos y la instrumentalización del dólar por parte de Estados Unidos mediante sanciones financieras están llevando a los bancos centrales y otros inversores oficiales a intentar diversificarse alejándose de los activos en dólares”.

De todos modos, Estados Unidos conducido de manera errática e incapaz de reconducir la economía y su poderosa fuerza militar, no ha logrado revertir su senda de debilitamiento estratégico, pero tampoco hay que asumir catástrofes en el corto plazo.

En este sentido, en su última comparecencia ante el Congreso, Scott Bessent, secretario del Tesoro, fue muy contundente al afirmar que confiaba firmemente en la credibilidad del sistema financiero estadounidense. Para ello explicó que las subastas de bonos continúan firmes, sólidas, funcionando con previsibilidad y que el dólar sigue prosperando según su cuota de transacciones globales.

Aunque en general se ve el panorama con preocupación, pero sin alarmas, se reconocen dudas y grietas en la zona EE. UU.

Pero no todos hacen una lectura tan optimista. Una abrumadora mayoría, algo así como el 90% de las transacciones de divisas globales, se realizan en dólares. La cuestión es que la cuota de dólares que se mantienen en reservas de bancos centrales ha ido contrayéndose desde el 64% en 2015 hasta el 56% en años recientes.

Tan así, que Bessent cambió de estrategia. Sus amenazas iban en su contra. Así las cosas, la demanda de oro es tan alta que algunos países cambian el lugar de reserva. Y ello obedece al aumento de la inestabilidad geopolítica y las amenazas arancelarias de Trump contra aliados europeos, que con sus medidas estresantes y cortoplacistas han agregado inestabilidad en un momento de incertidumbre política.

Les voy a contar un caso a raíz de la nota de nuestra Cancillería a legisladores con sugerencias respecto del → Leer más

El puerto de Montevideo atraviesa un momento delicado desde el punto de vista operativo e institucional, ya que el Pit Cnt ha decidido tomar nuestra principal terminal portuaria como una trinchera de lucha para sus reivindicaciones, todo ello apoyado y estimulado desde atrás de bambalinas por el propio ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. En efecto, nuestro editorial del pasado 30 de agosto expresaba que el principal rival de Orsi “es el ministro Castillo. Orsi tiene la banda presidencial, el auto oficial y su oficina en la Torre Ejecutiva, pero el que manda en Uruguay es Juan Castillo. Castillo es quien ‘corta el bacalao’. Todo lo demás son papel picado y lucecitas de colores”. Esta lógica de poder se aplica al conflicto en el puerto de Montevideo.

Sería un error pensar que en el conflicto del puerto montevideano quien pierde únicamente es la empresa que opera parte de este, Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP). Ello es así porque, en primer término, el Estado uruguayo, a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP), es propietario del 20% de las acciones de TCP, mientras que el 80% restante pertenece a la empresa belga Katoen Natie, la cual está presente en diversas terminales portuarias a nivel mundial. Si bien TCP no fue creada directamente por una ley específica del Parlamento, lo cierto es que se constituyó como una sociedad anónima de derecho privado en el marco de la Ley de Puertos (Ley N.° 16.246, del año 1992) y fue autorizada por el artículo 20 de la Ley N.° 17.243 del año 2000, operando formalmente desde 2001 mediante una concesión otorgada por el Poder Ejecutivo y la ANP. O sea: cada vez que el ministro Juan Castillo, el Frente Amplio y su fuerza de choque, el Pit Cnt, decretan y ejecutan medidas sindicales orquestadas (nadie puede ser tan inocente como para no percibir la coordinación entre ellos), quienes pierden directamente somos todos los uruguayos, porque, a través de la ANP, somos dueños del 20% de TCP.

Es muy llamativo que el Frente Amplio, que ha gobernado Uruguay durante 15 años, en los cuales además contó con mayorías parlamentarias, no haya modificado la legislación que permitió la creación de TCP. Por supuesto, el Frente Amplio se opuso en su momento a la Ley de Puertos y a la creación de TCP, de la misma forma que se opuso a leyes que hoy nadie discute y cuya importancia económica y social para el país está fuera de todo cuestionamiento, tal como pasó con la ley de zonas francas, la ley de forestación, el tratado de inversiones con Finlandia (que posibilitó la instalación de tres plantas de celulosa en el país) y tantos otros ejemplos. Maestros de poner “el palo en la rueda”, el Frente Amplio “ha gritado mucho en la pulpería, pero se ha callado siempre en la comisaría”, porque jamás ha modificado las leyes que tanto ha cuestionado. Esa actitud deja en claro que las leyes eran buenas en sí mismas y para el país, a pesar de todo el “viru viru” del relato frentista contrario al capital y a las inversiones extranjeras.

Sin embargo, las pérdidas que Juan Castillo, el Pit Cnt y el Frente Amplio generan a los uruguayos no vienen solo por las pérdidas que directamente pueda sufrir la ANP como propietaria del 20% de las acciones de TCP, sino que vienen por el hecho de afectar toda la actividad portuaria capitalina, el mayor punto para la entrada y salida de productos del país. En esa calle de doble vía que es el puerto, no solo dejan de entrar, o lo hacen tardíamente, insumos importantes para la industria del país, como máquinas para la industria, productos químicos, cosechadoras, insumos, sino también medicamentos o reactivos para exámenes médicos, entre tantos otros ejemplos. Todo este conflicto en el puerto de Montevideo se da en el peor momento, debido a un escenario de bajo crecimiento del país (a pesar de que al ministro Oddone no le guste escucharlo, y mucho menos reconocerlo) y a las incertidumbres que el clima deparará para las cosechas venideras, todo ello en medio de advertencias meteorológicas por el fenómeno de El Niño. Esto se agrava porque en el mundo del transporte internacional “el tiempo es oro”, y los navíos no pueden esperar a que los sindicatos decidan cuándo se puede cargar o descargar: deberán desviarse a otros puertos, y esto hará que Uruguay siga perdiendo cargas, como ha sucedido y sucede hoy con la que tiene por origen o destino Paraguay. Y lo que es peor, pierde prestigio, porque pone al país entero en la categoría “bananero”.

Si bien el Poder Ejecutivo dictó una suerte de “esencialidad lavada” que incluye la obligación de cumplir algunas tareas mínimas por parte de los trabajadores —una “medida cosmética” para llenarle el ojo a la población y tratar de mostrar algo de autoridad en relación con el puerto—, la situación en el puerto de Montevideo está lejos de mejorar: ahora el sindicato de TCP, apoyado por el Pit Cnt, Juan Castillo y el Frente Amplio “real”, convocó a un paro nacional contra la medida de servicios mínimos resuelta por el Poder Ejecutivo. Ese paro se resolvió en una reunión del ejecutivo nacional de la directiva del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), y se realizará desde las 7.00 de mañana lunes hasta las 7.00 del martes. En resumen: el conflicto en el puerto sigue vigente, con la “casta sindical” decidiendo qué se exporta y qué no. Mientras tanto, nuestro país sigue preso de la “patota sindical” y de la pulseada que el ministro Castillo le viene ganando “por paliza” al presidente Orsi, un mandatario que a esta altura está claro que “reina, pero no gobierna”.

Poner en cifras los efectos de las acciones sindicales da un panorama de lo perjudicial que están resultando estas. En efecto, en lo que va del año 2026 se acumulan más de 40 días de interrupciones totales o parciales en la operativa, superando los registros de años anteriores. Adicionalmente, productos perecederos como carne y lácteos enfrentan serios riesgos en su cadena de frío y en el cumplimiento de itinerarios internacionales. En total, el conflicto sindical y los paros en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto de Montevideo generan pérdidas de facturación estimadas entre 400.000 y 500.000 dólares diarios para el transporte de carga. Reiteramos que, de esos montos exorbitantes, el 20% lo perdemos todos los uruguayos, por ser dueños de ese porcentaje de acciones de TCP, pero el impacto en las empresas que se ven perjudicadas y el sector exportador es infinitamente mayor. Esas pérdidas generadas por el sindicato de TCP serán recursos que el día de mañana faltarán en hospitales, escuelas, liceos, comisarías o prestaciones del Banco de Previsión Social (BPS), por la simple razón de que a la “monarquía sindical” que gobierna Uruguay se le ocurrió que todos los uruguayos financiemos sus aventuras ideológicas. Obviamente, ninguno de esos sindicalistas responderá con su propio patrimonio por los daños causados a TCP, a los exportadores e importadores o al país.Así las cosas, el accionar del sindicato de TCP, el Pit Cnt, el Frente Amplio y el ministro Castillo ha logrado exitosamente su objetivo de poner al país de rodillas frente a la “casta sindical”. Mientras tanto, el ingreso de camiones al puerto montevideano registra filas y demoras de hasta 18 horas debido a una guardia gremial considerada insuficiente. Sentado en su cómodo despacho del Ministerio de Trabajo, Juan Castillo sonríe. Su objetivo de doblegar al puerto de Montevideo y a la interna del Frente Amplio se ha cumplido. La cuestión es que lo pagaremos todos los uruguayos, con pérdidas acumuladas, falta de empleo y recesión.