Opinión

En pocos meses van a cumplirse dos años desde la aparición del primer caso de coronavirus COVID-19 en nuestro país y mucha agua (sin dudas demasiada) ha corrido bajo el puente, tanto en Uruguay como en el resto del mundo. Las sucesivas etapas de vacunaciones, el cumplimiento en su momento de los protocolos que se encontraban vigentes y la aparición de la cepa denominada “Ómicron” fueron sin duda factores determinantes para que los uruguayos podamos sentirnos legítimamente orgullosos de la forma en que hemos transitado esta emergencia sanitaria que trastocó la actividad pública y privada de todas las naciones, pero también la vida personal y doméstica de sus integrantes.
Lejos, muy lejos, quedan las voces que, desde los más diversos ámbitos (generalmente alineados de manera más o menos evidente con la izquierda), anunciaron todo tipo de calamidades, desastres y tormentos cuyos únicos responsables eran (faltaba más) el presidente, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Muchos anunciaron (y en algunos casos llegaron a desear) que los servicios de salud colapsarían, y de suceder podrían culpar al gobierno nacional. En este sentido el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), institución gremial claramente dominada por la izquierda anunció un día sí y otro también que no se estaba pudiendo dar una respuesta adecuada al número de casos e incluso pidió “la adopción de medidas de reducción drástica de la movilidad y cierre de actividades no esenciales por un tiempo acotado”.

Lamentablemente no todos los uruguayos acceden a los altísimos salarios que cobran los médicos uruguayos, verdaderos privilegiados que además trabajan en relación de dependencia y ello les permite gozar de los beneficios de la seguridad social. Poco saben estos prósperos galenos de lo que deben trabajar los que viven de la “changa” o tienen que salir a ganarse el peso todos los días para parar la olla. A este “canto de sirenas” por el cierre de actividades se sumaron otros privilegiados, como los sindicalistas del Pit Vnt (muchos de ellos empleados públicos y por ende inmunes ante cualquier crisis económica o laboral) quienes han encontrado en las denominadas “horas sindicales” una forma de cobrar sin trabajar y por ello poco o nada les interesaba si los “siete oficios” que se revuelven como gato entre la leña para llevar un peso a su casa quedaban por el camino.
El tiempo demostró, afortunadamente, que la política adoptada por las autoridades nacionales era correcta y que mediante el adecuado manejo de las mentadas “perillas” se logró que el golpe a la economía nacional y al empleo fuera mucho menor de lo que podría haber sido si se adoptaban las medidas de cuarentena total impulsada por el presidente argentino Alberto Fernández y sus admiradores de este lado del río. Medidas que, por cierto, llevaron a la Argentina, país rico si los hay, al borde de la quiebra, con casi la mitad de la población bajo el índice de pobreza y uno de cada 10 argentinos en la indigencia. La forma en que fue manejada la pandemia en el vecino país, incluyendo los vergonzantes episodios de “vacunaciones VIP” deja en claro que en este punto (como en tantos otros) los uruguayos no tenemos nada que aprender de los hermanos del otro lado del charco, al menos en lo que refiere a política, economía nacional, asistencia social transparencia.

En este breve resumen de algunos de los puntos más destacados sobre el combate al COVID-19, no es posible dejar de mencionar la “idea fuerza” que el Presidente Lacalle Pou repitió a lo largo y lo ancho del país: la libertad responsable. En el mes de mayo de 2021 Gonzalo Schwarz, columnista del diario “El País” se refería al Presidente Lacalle Pou y a la relación entre libertad y responsabilidad en los siguientes términos: “Admirado por todo el mundo por su manejo de la pandemia, pero menos en su propio país donde su ejemplar concepto de libertad responsable ha sido cuestionado una y otra vez por una oposición la cual se puede pensar que no hubiera estado a la altura de las circunstancias. A lo largo de esta pandemia el presidente ha intentado equilibrar el peligro de la pandemia con las libertades individuales y la necesidad de las personas de poder ganarse la vida o vivir con menos ansiedad durante una pandemia que tal vez uno de los traumas a más largo plazo sea dicha ansiedad que ha generado en el mundo entero. Sin embargo, la otra cara de la moneda de la libertad que ha puesto en la balanza el presidente es la responsabilidad. Y con su uso de la libertad responsable desde comienzos de la pandemia ha logrado renacer un concepto olvidado, un concepto que en el mundo occidental ya parece que hay que dar por muerto”.

En este estado de cosas, y ante un mundo que va recuperando poco a poco su ritmo habitual (algo que también sucede en Uruguay y también en nuestro propio departamento, donde sectores como la gastronomía o el turismo ven poco recuperar en parte su actividad previa a la pandemia), ha llegado la hora de sincerarse sobre la existencia y efectivo cumplimiento de los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, teniendo en cuenta que tanto la mortalidad ha descendido notoriamente, las plazas ocupadas en CTI también han descendido y que el sistema de salud no presenta ninguna amenaza real de congestionamiento. Resulta claro, entonces, que no estamos frente a una situación de emergencia sanitaria como las que supimos enfrentar y superar en el pasado sino ante otros desafíos como son la situación económica, el desempleo y la salud mental de la población debido al aislamiento al cual estuvieron sometidas familias enteras, con graves consecuencias en el caso de niños, adolescentes y personas mayores.

Un sondeo realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en América Latina y el Caribe arrojó que, de los entrevistados, “27% reportó sentir ansiedad y 15% depresión en los últimos siete días. Para el 30%, la principal razón que influye en sus emociones actuales es la situación económica. Su percepción sobre el futuro también se ha visto negativamente afectada, particularmente en el caso de las mujeres jóvenes quienes han y están enfrentando dificultades particulares. 43% de las mujeres se siente pesimista frente al futuro frente a 31% de los hombres participantes”.

Ante esta realidad, las autoridades deben tener presente la importancia de que las mentadas “perillas” –si es que aún existen– sean manipuladas con sentido común y en favor de la gente que necesita generar ingresos para subsistir y de aquellos cuya salud mental está o puede estar en peligro. Para ello, los protocolos deben sincerarse y apuntar a una normalización de la situación económica y social de quienes vivimos en este país, como ya viene sucediendo en varios países desarrollados. No se trata de “tirar la chancleta” (especialmente luego de tantos esfuerzos realizados y resultados obtenidos) pero tampoco de vivir atados por protocolos que muchas veces desconocen las distintas necesidades de la sociedad y terminan por hacer más daño del que buscan evitar. Estamos en otra etapa de la pandemia y por ello la misma debe ser tratada de manera diferente, reflejando y consolidando los avances logrados, pero teniendo como norte la normalización de la vida económica y social de nuestro país. → Leer más

Esta semana el intendente departamental Nicolás Olivera anunció la concreción de obras importantes en el complejo Termas de Guaviyú, y aclaró que fue a cuenta de otras intervenciones en los moteles de propiedad municipal.
Esta inversión, que se concreta a partir de recursos procedentes del fideicomiso aprobado en el último tramo del pasado período de gobierno, oscilará entre los 1.100.000 y los 1.800.000 dólares, dependiendo de la oferta que se acepte de las que se presentaron al llamado que efectuó la Comuna en su momento.
Entre las obras que se definieron oportunamente se encuentran la remodelación del auditorio, de unos 130 metros cuadrados, que pasará a funcionar como un espacio multiuso; la remodelación completa de baños y vestuarios y la construcción de una nueva piscina de 300 metros cuadrados y capacidad para 200.000 litros de agua termal, parcialmente techada. Olivera también adelantó que “más adelante” habrá llamados “para el aprovechamiento de una mayor superficie de tierra, en una nueva etapa de comercialización en termas de Guaviyú, para sumar construcciones en calidad y cantidad”.

Indiscutiblemente se trata de un paso adelante muy importante para el principal centro turístico del departamento, que hace mucho tiempo espera por intervenciones de este tipo, así como por otras que se concretarán oportunamente, porque es imprescindible que así ocurra, para que el lugar se actualice. En concreto hace falta un cambio significativo, tanto estético como conceptual en el Centro Comercial del Centro Termal. Hay un ejemplo exitoso de transformación relativamente cercano a Paysandú en el parque Tálice, en las afueras de Trinidad, que se logró mediante un acuerdo con actores privados para la gestión de ese espacio público. La transformación del lugar fue exitosa, así como el cambio en el modelo de gestión y el resultado fue lograr que Flores se ubique como un departamento turístico que recibe miles de visitantes, impensable hace algunos años. Claro que no fue solo la transformación del parque, acompañó la declaración del Geoparque como sitio Unesco y la repercusión que ello generó y hasta esfuerzos individuales de emprendedores, grandes y pequeños, desde estancias turísticas que se sumaron a la oferta, hasta la visibilidad de una productora de alfajores artesanales en redes sociales. Porque todo suma a la experiencia del visitante, y vaya si la gastronomía tiene mucho que jugar en todo esto. Quizás también sea una virtud el hecho que la sociedad en conjunto “tira” para el mismo lado, felices de avanzar aunque seguramente en forma individual cada uno tendrá una idea de qué se podría hacer mejor que lo que se está haciendo o se hizo, y si hay disenso, es para aportar.

En este sentido podemos decir que las mejoras en Guaviyú serán un impulso para el centro termal y para el turismo sanducero en general, pero deberían acompañarse con mejoras en la experiencia del visitante en puntos estratégicos como la Meseta de Artigas y el Saladero Guaviyú.
Por supuesto que tan esperada como estas intervenciones en Guaviyú son las obras que están terminando en Termas de Almirón, donde se estará inaugurando promediando la semana próxima la nueva piscina, construida a partir de las dos que existían previamente. Además de ampliar el espacio de agua termal en el lugar, también significa una mejora estética respecto a la infraestructura existente; recordemos que eran dos piscinas de forma rectangular, tan poco llamativas que la foto característica de ese centro era la piscina de agua fría, mucho más atractiva. Sin dejar de contemplar que es certero el reclamo de los propietarios de viviendas de alquiler del lugar de que se perdieron meses de mucho movimiento sin las piscinas principales, no deja de significar esta obra un paso adelante que en poco tiempo desquitará con creces los inconvenientes de estos meses bajos. Y en definitiva, había que hacerlo y la obra iba a generar molestias sin importar cuál fuera el momento de su ejecución.

Tanto en Guaviyú como en Almirón estas intervenciones vienen a cortar un período sin que prácticamente se haya hecho más que un mantenimiento en los puntos de referencia –junto a la ciudad de Paysandú– en materia turística del departamento. Justo es reconocer que ambos centros termales fueron los grades olvidados de un proyecto que inyectó millones de dólares en infraestructura en la región, como lo fue el Corredor Pájaros Pintados.
Pero las buenas noticias no paran, porque esta semana conocimos otra novedad muy importante para el turismo sanducero, como la declaración como Monumento Histórico Nacional de la Estancia Buen Retiro-Castillo Morató. Se trata de un destino que se posicionó muy bien en un momento de auge del turismo interno a instancias de la pandemia y que con esta resolución ministerial encuentra un nuevo impulso en su difusión. Claramente es –además de un atractivo en sí mismo, por supuesto– un complemento ideal para quienes llegan a Termas de Almirón. Además está el hecho de que se haya incorporado al Camino de los Jesuitas, un proyecto internacional multidestino, basado en el turismo cultural, que en los años venideros tendrá un impulso muy importante conforme se vayan levantando las restricciones que aún permanecen para moverse entre países.

De la misma forma cabe mencionar el proyecto vinculado a Salsipuedes propuesto por emprendedoras de Guichón que consiguió el apoyo de los ministerios de Turismo y de Ganadería y otras iniciativas relacionadas con la Ruta de los Butiá –otro proyecto de alcance internacional– y la misma área protegida Montes del Queguay, que siempre es un atractivo, pese a que todavía queda mucho por hacer allí para mejorar la experiencia de los visitantes.
Los dos centros termales son claves en todo el esquema turístico del departamento, no solamente por las piscinas sino también porque ofrecen los servicios que los visitantes requieren para llegar al departamento, y aun teniendo los mejores paisajes, las historias mejor contadas e interpretadas, si los servicios no acompañan, o no están a la altura de las circunstancias, difícilmente se podrá dar el salto que el Paysandú turístico necesita. → Leer más

En 20 años de existencia, el Mercosur representa tan solo el 1,6 por ciento de las exportaciones y un 1,3 de las importaciones mundiales, a la vez que tampoco ha concretado en estas más de dos décadas acuerdos comerciales con otros bloques, lo que da la pauta de la paralización del bloque.
En 2021 se cumplieron 20 años de la firma del Acuerdo de Asunción, pero a lo largo de los años se mantienen debates sobre temas clave como la agenda interna y externa del bloque, fundamentalmente la rebaja del Arancel Externo Común (AEC) y las negociaciones con terceros.
En este escenario, a la vez, una constante han sido las oscilaciones por protagonismos ideológicos de los gobiernos de turno de los países signatarios, y en particular en los últimos años, Brasil y Uruguay han estado en una posición opuesta a la de Argentina y en menor medida a la de Paraguay.

Los años en que coincidieron gobiernos de izquierda en la región fueron de los peores, sin dudas, desde el punto de vista institucional, y el mayor ejemplo fue cuando se suspendió a Paraguay para hacer entrar a Venezuela por la ventana, porque según el expresidente José Mujica lo político está por encima de lo jurídico.
Pero más allá de las ideologías, el gran déficit ha sido desde el punto de vista comercial, y ni siquiera los nuevos vientos han permitido alguna transformación significativa, con Bolsonaro en Brasil, que ha reclamado de manera insistente un Mercosur más abierto al mundo.
En cambio, del otro lado, el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández sigue encerrado en un proteccionismo nefasto, que es una rémora para el bloque. Brasil propuso un arancel externo común superior al 10 por ciento, cuando globalmente este índice es del orden del 5 por ciento.
Si bien el gobierno de Luis Lacalle Pou ha tenido una postura más o menos afín a la de Brasil, en consonancia con lo que ha proclamado en numerosas oportunidades, en el sentido de promover una apertura al mundo, la flexibilización y la posible firma de acuerdos por fuera del Mercosur, hasta ahora los pasos dados han sido prácticamente inexistentes.

El punto es que la modernización reclamada no se ve por ningún lado. Uno de los fenómenos económicos de las últimas décadas ha sido la firma de acuerdos comerciales, incluso a través de megabloques, y no hay dudas de que los competidores directos, los que nos desplazan de los mercados internacionales, han avanzado más rápidamente. Los casos concretos en nuestra zona son Chile, Perú y Colombia.
En cambio tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea y países asiáticos, los países del Mercosur siguen pagando aranceles muy elevados, mientras el bloque regional cuenta entre sus miembros con dos de los países más proteccionistas del mundo, caso de Argentina y Brasil, además de bajos índices de apertura comercial. No puede extrañar entonces que sigamos perdiendo participación en el comercio mundial.

Un análisis del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), al ocuparse de esta problemática, indica que el bloque tampoco muestra buenos resultados en su comercio intrarregional, ya que el comercio entre los países en el esquema de integración pierde importancia en los últimos años y el Mercosur representa cada año una porción menor en el concierto global.
“Esta realidad se ha sostenido en el tiempo en gran parte de los países de América del Sur pero especialmente en el Mercosur, debido a la imposibilidad de superar las barreras no arancelarias que aún restringen el comercio. Este último proceso de integración opera como una zona de libre comercio incompleta, con sectores de relevancia económica que aún están excepcionados, no ha avanzado en la liberalización de comercio de servicios por falta de regulación en este sector y aún existe un enorme déficit en infraestructura, lo que tiene incidencia en la competitividad regional”, señala.

“Más allá de la notoria realidad y del ritmo que el mundo ha adquirido en cuanto a los procesos de apertura, algunas economías como la argentina y la paraguaya siguen defendiendo las políticas proteccionistas o una lógica de statu quo en el bloque”, evitando flexibilizaciones o reformas sustanciales para su mejor funcionamiento, apunta el análisis.
Igualmente, Brasil y Uruguay están jugando sus partidos como consecuencia de la falta de consenso, y en el caso de nuestro país la idea del presidente Luis Lacalle Pou es la de avanzar en negociaciones bilaterales por fuera del Mercosur, incluyendo un estudio de factibilidad para suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.
El punto es que a esta falta de consenso se agrega a la inamovilidad crónica de un bloque que no ha presentado respuestas ni respondido a las expectativas que dieron lugar a su creación, empezando por tratarse de economías asimétricas y gobiernos con concepciones distintas y hasta contrapropuestas: el cierre de Argentina, apostando a los viejos proteccionismos para intentar de mantener su economía desquiciada, y por otro lado el intento de apertura de Uruguay hacia el mundo globalizado.

Es que nuestro país ve como el Mercosur muestra poco hacia adentro y sobre todo se cierra hacia afuera, y pierde oportunidades de firmar acuerdos preferenciales que nos permitan entrar pagando menos aranceles en los mercados que nos interesan. Mientras, por ejemplo Argentina sigue transitando por el camino de la protección a ultranza, que la ha llevado al borde de la quiebra, con casi la mitad de su población en la pobreza y uno de cada 10 argentinos en la indigencia.
Pero las diferencias internas solo generan más rispideces e imprevisibilidad al acuerdo regional, donde el gran problema, además de las asimetrías en las economías, es la incapacidad para coincidir en el interés común. Porque siempre prima el escenario interno, donde funcionan aceitadamente los lobbies sectoriales, los condicionamientos, y se opta por trabar a los que como Uruguay procuran una cosa distinta a los más de 20 años de inamovilidad que ha caracterizado al Mercosur, mientras el resto del mundo ha seguido avanzando. → Leer más

De acuerdo con lo consignado en la página web de la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP), “a partir del próximo 1º de marzo comenzará a funcionar una nueva herramienta para el estacionamiento en el centro de la ciudad. Lo que actualmente se denomina Zona Azul pasará a llamarse Parking Centro y será gestionado por la Agencia de Desarrollo de Paysandú (ADP)”.
De acuerdo con el intendente, Nicolás Olivera, “Al comienzo de la actual administración se ha venido trabajando en diferentes aspectos de la Zona Azul en donde se liberaron algunas cuadras y se eliminó la senda bus”. Otro de los compromisos asumidos era mejorar la gestión y en ello la Intendencia Departamental encontró “un socio estratégico para la gestión de la nueva Zona Azul, que ahora se denomina Parking Centro”. “La Agencia Desarrollo es el mejor socio, es una Asociación Civil sin fines de lucro y tiene representación de distintos actores de la sociedad civil de Paysandú, en donde también está la Intendencia”. En la actualidad, la Intendencia contrata a una empresa que presta servicios, pero “la idea era evolucionar a un formato soberano, aprovechando las bondades de la tecnología”; por lo que “se hizo un llamado en la que ganó una propuesta que permitió el desarrollo de una aplicación creada por sanduceros”. La gestión sería desarrollada por “las mismas personas que venían trabajando hasta el momento, quienes mantendrán su lugar de trabajo”.
Si bien la modalidad de estacionamiento tarifado ha sido adoptada en diversas ciudades del mundo, es importante tener en cuenta que se trata de un sistema dinámico, que debe permanecer atento a los cambios tecnológicos, sociales y económicos en cuanto al uso de vehículos, así como estar focalizado en el usuario del mismo, ya que se trata nada más y nada menos que de su objetivo primordial.

La propia página web de la IdP aclara que “una de las principales modificaciones que introduce Parking Centro respecto al sistema anterior, es que el usuario no deberá pagar por adelantado, sino que podrá estacionar, solicitar que el vendedor le dé de alta a su vehículo y luego abonar el costo al regresar, llevando a cabo sus diligencias sin tener que preocuparse por el vencimiento del tiempo establecido en el tique. Además, permitirá estacionar cinco minutos sin costo, siempre y cuando se complete el procedimiento de alta y baja correspondiente, respetando ese periodo de gracia que suele ser útil para la realización de acciones sencillas”. Según la directora de Desarrollo Productivo, además responsable del Plan de Modernización, Antonella Goyeneche, “Creemos que estas modificaciones conllevarán un gran beneficio para los usuarios y también para los comerciantes, porque las personas usarán más el estacionamiento, ya sea porque podrán estacionar cinco minutos y retirarse o porque pagarán solamente por el tiempo que su vehículo permanezca estacionado, ni de más, ni de menos”. Por su parte el director general de Administración, Martín Thomasset informó que, durante este mes, “en el marco de una primera etapa de instrumentación, se están desarrollando instancias de capacitación dirigidas a los actuales vendedores de tiques de Zona Azul, quienes conservarán sus fuentes laborales en el marco del nuevo sistema, al igual que las personas con discapacidad que cumplen la misma función en un sector específico del centro”.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, queda en claro que las modificaciones adoptadas por la IdP y que entrarán en vigencia a partir del 1° de marzo “no son ni chicha ni limonada” ya que combinan tecnología con un sistema de vendedores de una manera forzada, para mantener una fuente de trabajo que no tiene razón de existir generando importantes inconvenientes para la aplicación del sistema. De esta forma se complica un servicio que debería estar al servicio del usuario, pensado para facilitar el estacionamiento con un procedimiento ágil, sencillo y práctico. Sin ir más lejos, en Montevideo funciona un sistema que ni siquiera necesita instalar una app en el celular para operar: el usuario envía un SMS a un número determinado con la matrícula del vehículo y el tiempo que desea abonar, y automáticamente se le da de alta, en tanto el servicio se paga con la patente. De inmediato el sistema confirma el alta en un mensaje al celular, y a su vez advierte con otro SMS cuando se está por quedar sin saldo. No es necesaria la intervención de ningún funcionario, ni siquiera es necesario estar cerca del vehículo para hacerlo.

Lo cierto es que acá deberemos sufrir el tortuoso sistema implementado por la IDP que constituye un “híbrido” engorroso y complicado tal como se explica en la propia página web de la comuna: para empezar, porque al usar la aplicación por primera vez, el usuario deberá buscar un vendedor, solicitar el alta, proporcionar su número de celular y allí recibirá una notificación por SMS con detalles del ingreso. Al regresar, solamente pagará el tiempo que su vehículo permaneció estacionado y podrá abonar el monto a través de la aplicación, con tarjetas de débito y crédito. A partir de esa primera transacción, su matrícula y número de celular ya quedarán ingresados en el sistema y por tanto simplemente podrá estacionar su vehículo y el vendedor, al detectarlo, ingresará los datos y automáticamente se generará un SMS con el alta”. Pero por ahora al retirarse deberá dirigirse al vendedor para que le dé la baja y pagarle en efectivo. En pocas palabras: se trata de una suerte de carreras de obstáculos que pondrá a prueba la paciencia y los nervios de los conductores, quienes recurren al estacionamiento tarifado para aprovechar mejor su tiempo y no para malgastarlo en idas y venidas que podrían haberse evitado.

Uno de los mejores consejos que deberían tener en cuenta las autoridades públicas sanduceras (y las de todo el país sin excepciones) es tratar de dejar de lado la tradicional costumbre nacional de querer “inventar la rueda” empujado por los ánimos refundacionales que azotan Uruguay cada cinco años. Basta copiar lo que se hace en Montevideo que funciona bien y desde cualquier celular o lugar del país donde uno se encuentre.
Respecto a los puestos de trabajo que se perderían por hacer las cosas eficientemente y pensando en la comodidad del usuario, habría que imaginar qué otra función se les puede asignar que realmente sirva a la sociedad, en lugar de complicarle la vida.
Sin lugar a dudas el tema del estacionamiento tarifado es sensible en cualquier ciudad y ello quedó demostrado en la última campaña electoral a nivel departamental que supo despertar a defensores y detractores del sistema instaurado por el entonces Intendente Guillermo Caraballo. Precisamente por tratarse de un tema sensible, debería ser atendido y solucionado en forma práctica y sencilla, porque está claro que, a pesar del cambio de gobierno departamental, los usuarios siguen siendo los eternos olvidados de los “genios de escritorio”. → Leer más

El mundo científico todavía no tiene claro cómo va a proseguir, o si es que va a terminar, la enfermedad COVID-19, pero hay bastante consenso en que la etapa pandémica se acerca a su fin. El mundo político sí tiene bastante más claro que, al menos a efectos prácticos, esta situación no se va a sostener demasiado tiempo más. La población, pero sobre todo –y especialmente–, la economía global no resistirá mucho tiempo más sin una reactivación poderosa.
El mundo aún transita por la gran ola de infección provocada por la variante ómicron del SARS-CoV-2. Se estima –en base al modelo del Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME– que en el entorno del 17 de enero hubo 125 millones de infecciones “ómicron” por día en el mundo, es decir más de diez veces el mayor registro durante la ola “delta” en abril de 2021. Esta ola ha llegando a todos los continentes y solo unos pocos países no han sufrido aún sus embates. Las estimaciones indican que más del 50% de la población se habrá infectado con ómicron para fines de marzo próximo.
También se habla de un subregistro, en tanto se sugiere que las infecciones diarias globales han aumentado más de 30 veces desde finales de noviembre de 2021 hasta el 17 de enero de 2022, mientras que los casos informados de COVID-19 en este período solo han aumentado seis veces.
Esto se debe a que la proporción de casos asintomáticos o leves ha aumentado en comparación con las anteriores variantes. La tasa global de detección de infecciones disminuyó del 20% al 5% a nivel mundial. Una revisión basada en variantes anteriores del virus sugirió que el 40% de las infecciones eran asintomáticas. Un estudio sobre 230 pacientes en Sudáfrica reveló que más del 90% de las infecciones fueron asintomáticas en ese país Sudáfrica. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, la proporción de hospitalizaciones por COVID-19 disminuyó en aproximadamente un 50% en la mayoría de los estados en comparación con los picos anteriores. También se indica que la proporción de pacientes hospitalizados que requieren intubación o están muriendo ha disminuido hasta de un 80 a un 90% en Canadá y Sudáfrica.
Las infecciones asintomáticas se están detectando en pacientes que consultan o acuden por otras dolencias y son sometidos a pruebas de detección al ingreso a los hospitales.
En medio de este panorama las señales políticas muestran una mayor cercanía de la apertura absoluta, o casi absoluta al menos.
Sin ir más lejos desde la semana pasada se han adoptado nuevos protocolos para el ingreso a nuestro país.
“Entra en vigencia la modificación para el ingreso al país tanto de turistas, como ciudadanos uruguayos y residentes. Ahora se deberá presentar test de antígenos el cual no deberá superar las 72 horas de realizado”, anunció el Ministerio de Turismo a través de sus canales oficiales el viernes 18. Esta medida permite agilizar muchísimo, pero sobre todo abarata significativamente los costos para quienes deseen ingresar al Uruguay, una medida muy importante pensando en el sector turístico, que como se ha repetido largamente –aunque no por ello deje de ser cierto– ha sido el más golpeado por la crisis originada por la emergencia sanitaria.
Pero las señales de apertura también se ven a nivel internacional. Esta semana se produce en Ginebra una esperada reunión entre los máximos referentes de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial de Turismo, “para mantener conversaciones de alto nivel sobre la reanudación del turismo a medida que se suavizan las restricciones de viajes en muchas partes del mundo”, anunció la OMT.
El secretario general, Zurab Pololikashvili, y el director general de la OMS, Thedros Ghebreyesus, “debatirán la necesidad de seguir levantando las restricciones, tras haber advertido repetidamente de su ineficacia y del daño que las prohibiciones generalizadas de movilidad pueden tener en el bienestar económico y social”. Las conversaciones también referirán a “la búsqueda común de la OMT y la OMS de unas normas y reglamentos más claros y coherentes en relación con el turismo y la salud, que permitan restablecer la confianza en los viajes internacionales y poner en marcha la recuperación”.
El secretario también tiene en agenda reuniones con las máximas autoridades de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, y de la Asociación Internacional de Líneas de Crucero, CLIA. Y a ellos le seguirá una visita oficial a la sede de la UEFA, la confederación del fútbol europeo.
Es de esperar que solo buenas noticias surjan de estos encuentros, y más pensando en que estamos en un año en el que tendrá lugar el evento deportivo de mayor convocatoria: la Copa del Mundo de la FIFA, en Catar, sobre fines de año. Este evento puede ser el que dé un impulso decisivo a la reactivación turística global, más allá de que por sus particularidades –y no solo climáticas– el país sede no es de los que naturalmente más convoca al turismo.
Claro que todo este optimismo se puede revertir rápidamente en caso que la situación sanitaria se revierta con una nueva cepa dominante más agresiva para las personas que reemplace a la ómicron con igual nivel de contagiosidad, porque seamos claros, no han sido efectivas contra ella las medidas de prevención –aislamiento, tapabocas, desinfección, etcétera– que sí habían frenado las variantes anteriores. Así que por ahora tengamos mesura y toquemos madera, que nunca está de más. → Leer más

Entre las incógnitas que se han abierto a partir del afloje de la pandemia, sin dudas la más notoria es la que tiene que ver con la evolución de la economía global, desde que la afectación se ha extendido a todas sus áreas, en algunas con más gravedad que otras, naturalmente, pero con el común denominador de la incertidumbre y la búsqueda de riesgos medidos.
Igualmente, han seguido funcionando los sectores primarios con buenos precios tras una depresión inicial por la retracción de la demanda y la merma de los recursos que estaban circulando, y precisamente en principio países como Uruguay se ven beneficiados por el impulso de los precios de los commodities que exporta, pero también afectado por los que importa, como es el caso del petróleo.
Sin embargo, un elemento que aparece como convidado de piedra en este escenario internacional es la inflación, que ha superado las previsiones, aunque en forma heterogénea de acuerdo a la región y país. Es positivo, sin embargo que la economía global haya superado expectativas en 2021, con una primera mitad más positiva de lo previsto, aunque con una segunda mitad más moderada, con influencia significativa de la inflación.
De todas formas, en el comportamiento para todo el año pasado los resultados de crecimiento global superaron las expectativas y éste se ubicaría en el orden del 6 por ciento, como consecuencia de que el impacto del COVID ha sido menor que las oleadas anteriores, pese al número de casos, debido a una buena vacunación y a un virus que en esta variedad ómicron ha perdido agresividad.
Pero la distorsión mayor en este período es la inflación, aspecto sobre el que BBVA Research considera que el tipo de inflación también ha sido inesperado, producto de la aparición de cuellos de botella en la producción de manufacturas. Han incidido procesos productivos retrasados por el impacto de la pandemia, pero a la misma vez por un sustancial incremento de la demanda en muchas economías, dirigida fundamentalmente a la adquisición de bienes.
Estos factores se han conjugado con los incrementos de las materias primas y por lo tanto potenciado la inflación, como se percibe fundamentalmente en Estados Unidos con valores históricamente altos –del orden del 7,5 por ciento anual– en Europa y naciones emergentes. Influye también la recuperación de la actividad y el empleo, que por efectos de la demanda presionan los precios al alza.
Según el BBVA Research en su análisis recogido por el suplemento Economía y Mercado del diario El País, en este 2022 el impacto del COVID subsiste, pero atenuado en sus consecuencias económicas y por lo tanto permitiendo que se consolide la reactivación, en tanto persisten los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, que se están extendiendo más de lo previsto, pero con firmes expectativas de que se solucione a partir del segundo semestre de este año.
A estos elementos de juicio deben incorporarse conceptos que maneja el Ing. Eduardo Blassina en el diario El Observador, en el sentido de que hay que tener en cuenta el componente ecológico y las cotizaciones de las materias primas, lo que está beneficiando a Uruguay, y consideró que estos precios “son la expresión económica más tangible de la combinación de un fuerte ascenso de la población mundial, con un deterioro ambiental que trae un clima más inestable”.
Consideró que “ahora la soja se acerca a niveles históricos y la avidez es tal que en los puertos sudamericanos se paga más por el grano que en la propia Chicago. Y faltará el maíz y la carne y los lácteos seguirán subiendo. Sigue siendo un momento muy especial, pero es un momento que se prolonga y que forma parte de la nueva era de crisis climática que nos toca vivir”.
Destacó que “el clima hace cada vez más difícil producir, y el precio de la energía también”, al punto que no se demorará “en ver los titulares de petróleo arriba de 100 dólares por barril. Porque la urgente transición energética impide invertir en petróleo, pero es muy difícil bajar la demanda. Y mucho más difícil trasladar las subas a los consumidores”.
Trajo a colación que “el mundo subsidia más a las energías fósiles que a los alimentos. Y los ciudadanos más preocupados por el clima, saldrán a protestar con furia ante una suba de precios de combustibles”, a la vez que “alimentos y energía caros significan fertilizantes muy caros”. Apuntó que “el aumento los precios de los productos agropecuarios encandila y se harán sentir en las góndolas, los márgenes de los productores están lejos de estar asegurados y el riesgo que tendrán por delante será cada vez mayor”.
En Uruguay la inflación se mantiene en niveles altos, del orden del 8 por ciento, pero no es nada que no se haya dado antes, e incluso ha descendido respecto al 9,4 por ciento que tuvimos en 2020. Es cierto, se ubica por sobre el límite superior del rango objetivo –de 3 a 7 por ciento– y este panorama de desaceleración se ha dado en un escenario complejo y con muchos desafíos, aunque con un marco alentador de un crecimiento de la economía en 2021 del orden del 4,2 al 4,5 por ciento.
Es decir, niveles inflacionarios aceptables, más o menos alineados con la media histórica, pero muy lejos por ejemplo del impacto que significa un 7,5 por ciento para Estados Unidos, que es históricamente de la mitad de ese valor.
Se infiere que en un esquema inflacionario global que surge como elemento distorsionante tras la pandemia, el Uruguay aparece como uno de los menos afectados globalmente y en la región, aunque se mantienen componentes estructurales que determinan que no resulte sencillo abatir la inflación.
Menos aún cuando los lineamientos del gobierno tienen a concretar en este período una recuperación del salario real con aumentos por encima del IPC y a la vez promover el empleo, todo lo que incide en la demanda por bienes y servicios y por lo tanto presiona sus precios. Pero lo que sí es importante es mantener el índice inflacionario en niveles manejables para nuestro país, más allá de la evolución global, y lograr que se consolide el crecimiento dentro de parámetros de precios internos razonables, sin afectar la competitividad y el poder adquisitivo de la población. → Leer más

En el año 2011, la muerte de personas en situación de calle le costó el cargo a la ministra de Desarrollo Social, Ana María Vignoli. El presidente de entonces, José Mujica, puso en el cargo a Daniel Olesker, actual senador del Partido Socialista.
En forma urgente y ante la alarma social, se votó en julio de aquel año, una ley para la internación compulsiva de la población en riesgo de muerte –así lo exige la norma–, que habilitó a ordenar la cartera al flamante ministro y en los años posteriores el tema no fue objeto de mayores polémicas. El trabajo de las brigadas del Ministerio de Desarrollo Social en todo el país, en las calles y en horas de la noche, se transformó en una tarea de disuasión con algunas excepciones como los casos de patologías crónicas, agravadas por las bajas temperaturas.
La labor de convencimiento para el traslado a un refugio era aceptado por las personas mayores y algunos más jóvenes, tomaban el plato de comida caliente pero preferían continuar en la vereda. Las explicaciones para negarse a concurrir a un refugio, eran y son –aún– diversas.
En los años siguientes se aplicó, además, la Ley del Psicópata para la internación compulsiva de personas con patologías siquiátricas, que resultaron internadas por orden judicial. En el transcurso de más de una década y a pesar de los sucesivos inviernos, persiste un núcleo duro de población que pernocta en las calles y ocupa los espacios públicos. Si bien hay situaciones de extrema pobreza e imposibilidad de costear un lugar para dormir, en la mayoría de los casos se deben a complejas situaciones de adicciones o de rompimiento con los lazos familiares. Es el fenómeno de la multicausalidad que, a estas alturas, es utilizado para explicar un sinnúmero de fenómenos sociales, económicos y hasta políticos.
Unos años después, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, opinaba que a la “habitabilidad en las calles” no era posible abordarla desde la criminalización ni la “prohibición”, porque entendía que las personas “tienen derecho a estar en la calle”.
Era la respuesta de la jerarca municipal, ante la reiterada pregunta sobre la vigente Ley de Faltas y la necesidad de una reformulación desde la perspectiva de la ocupación de los espacios públicos. La norma mencionada ha tenido aplicación, respeto y resultados dispares. Creó una polémica que continúa –cuatro años después– e incluso no ha sido saldada hacia la propia interna frenteamplista.
Con el paso de los años aumentó la población que pernocta en las calles y espacios públicos, tanto en Montevideo como en las ciudades del Interior. Las causas, si bien no están relacionadas estrictamente a un aumento de la pobreza, pueden ligarse a un incremento de las personas que consumen o salen de las cárceles por diversos delitos y no vuelven a sus hogares. En algunos casos, esos lugares ya no existen para un perfil cada vez más joven.
El viernes 18, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea General la modificación de un artículo de esta ley, con el fin de habilitar la internación involuntaria a personas con consumo problemático de drogas o problemas de salud mental, si está en riesgo su vida o la de terceros. La ley creada hace casi once años fue reglamentada el año pasado, pero en esta ocasión pone a texto expreso, las situaciones relatadas anteriormente. La iniciativa aprobada durante el gobierno de Mujica se refería a personas “con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte”, pero en este caso enfatiza ambas situaciones y agrega la intervención de un siquiatra. La norma que pretende modificarse, se refería al “informe escrito de un médico”.
El proyecto tiene la firma de los ministros Daniel Salinas, Martín Lema y Luis Alberto Heber, además del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y en su exposición de motivos puntualiza sobre el alto porcentaje (86%) de personas consumidoras de sustancias psicoactivas que forman el total del grupo en situación de calle. Y de ese total, entre los residentes en la capital y en el Interior del país, más de la mitad estuvo internado al menos una vez por dicha razón.
La propuesta plantea un “abordaje inmediato” y, para eso, hacen falta “los dispositivos de atención pertinentes y oportunos”, que hasta el momento no están conformados en la totalidad de los departamentos.
Es por eso que son conocidos los abordajes efectuados por las organizaciones de la sociedad civil, algunas de corte evangélico, para brindar una respuesta que es esperada –a nivel estatal– desde hace más de una década.
La política sanitaria es una responsabilidad estatal y Uruguay mantiene una imagen positiva sobre la gestión de la pandemia de COVID-19, una situación de contingencia que mantuvo en vilo a los países más avanzados.
El proyecto enviado por el gobierno aclara que, aunque las personas no brinden su consentimiento a ser trasladadas, eso no implicará “la privación correccional de su libertad”.
Con la reglamentación vigente, el Ministerio de Desarrollo Social se ocupa de las intervenciones coordinadas con los prestadores de salud. De hecho, el año pasado se divulgaron varias intervenciones de este tipo. La iniciativa establece, incluso, la instalación de centros diurnos para el tratamiento de las adicciones en acuerdo con ASSE y la Junta Nacional de Drogas, además de una casa de medio camino.
En medio de la propuesta, se encuentra la realidad como la única verdad al momento de discutir este proyecto. Y es que existen personas sin ánimo de recuperación, con grandes depresiones, a quienes les da igual vivir que morir y sin ningún lugar adonde ir, una vez que se encuentren en tratamiento.
Los lazos familiares y de amistades se rompieron por años de situaciones de violencia y robos para consumir, con desvinculaciones sin vuelta atrás. O en el caso de las personas con patologías siquiátricas, acentuadas con los años y que ya no cuenten con un hogar para retornar, o con familiares mayores que ya no tengan las fuerzas físicas para actuar como contención.
La propuesta es un desafío, pero algo hay que hacer. De lo contrario, el próximo muerto de frío o “fallecido a causa de la hipotermia”, como relatan las crónicas, será elevado al costo político y discutido como tal en el Parlamento. → Leer más

A diario los sanduceros escuchamos diversas quejas sobre el tránsito de nuestra ciudad y los peligros que representa para sus diversos protagonistas (conductores de autos y motos, ciclistas, peatones, etcétera). Desde esta misma página editorial hemos tratado el tema de múltiples ocasiones, alertando sobre la necesidad de tomar medidas públicas y privadas que mejoren esta situación. Es de un tema de conversación casi obligado en cada reunión o lugar de trabajo, pero su frecuencia ha determinado que se transforme en un ruido de fondo de esos a los que nunca se les presta demasiada atención, con las trágicas consecuencias que ello tiene para nuestra comunidad.
Sin lugar se trata de un problema que afecta no solamente a nuestra ciudad sino también a Uruguay y al mundo. En efecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado recientemente, lo siguiente: a) cada año, las colisiones causadas por el tránsito causan la muerte de aproximadamente 1,3 millones de personas, b) los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su PBI (Producto Bruto Interno), c) más de la mitad de las defunciones por accidentes de tránsito afectan a “usuarios vulnerables de la vía pública”, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas, e) pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen aproximadamente el 60% de los vehículos del mundo, d) en esos países se producen más del 93% de las defunciones relacionadas con accidentes de tránsito y e) los traumatismos debidos al tránsito son la principal causa de mortalidad entre los niños y los jóvenes de 5 a 29 años.
En Uruguay, y de acuerdo con la información aportada en el año 2019 por el entonces candidato presidencial Luis Lacalle Pou “entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, un total de 26.123 personas resultaron lesionadas en siniestros de tránsito. Esto significa un promedio de 72 personas lesionadas por día. De ese total, 528 murieron. Esto implica un promedio de 1,44 fallecidos por día (un aumento del 12,3% respecto de 2017). El 75% de los fallecidos eran hombres. El 12,9% eran jóvenes de entre 20 y 24 años. El 44,9% circulaba en moto. Casi la mitad (47%) falleció como resultado de accidentes ocurridos en rutas nacionales. El resto sufrió el accidente en núcleos urbanos o caminos departamentales”.
La gravedad de los accidentes de tránsito ha sido puesta de manifiesto desde hace varias décadas y en este sentido es importante recordar que una de las publicaciones más importantes referidas al estudio de las variables en el tránsito, fue la realizada por el médico estadounidense William Haddon en el año 1968. El trabajo de este profesional –considerado el padre de la prevención de lesiones– cambió las estrategias desarrolladas hasta el momento, estableciendo la existencia de tres factores –ser humano, vehículo y entorno– y tres fases de un choque –la previa, la del choque y la posterior a este– determinó un cambio de paradigmas, a saber: a) los traumatismos por accidentes de tránsito son evitables, b) los accidentes de tránsito son un evento multicausal, c) la política de seguridad vial debe basarse en datos fiables, d) la seguridad vial es un tema de salud pública, con importantes consecuencias económicas, e) el error humano no se puede eliminar por completo por lo tanto, para lograr un sistema vial seguro es necesario desarrollar y promover la planificación de las carreteras y el diseño de vehículos seguros y e) la aplicación de soluciones locales debe basarse en la generación de conocimientos locales.
El relevamiento efectuado por la OMS sobre la velocidad en el tránsito arroja también alarmantes conclusiones, como por ejemplo que cada aumento del 1% en la velocidad media da lugar a incrementos del 4% en el riesgo de que se produzca una colisión mortal y del 3% en el riesgo de colisión grave o que el riesgo de muerte para los peatones atropellados frontalmente por un automóvil aumenta rápidamente (por ejemplo, si pasamos de 50 km/h a 65 km/h, se multiplica por 4,5 veces). Algo similar sucede con el uso de los elementos de protección ya que el uso correcto del casco puede dar lugar a reducciones del 42% en el riesgo de traumatismos mortales y del 69% en el riesgo de traumatismos craneales mientras que ponerse el cinturón de seguridad reduce de un 45% a un 50% el riesgo de muerte entre los conductores y los ocupantes de los asientos delanteros; en el caso de los ocupantes de los asientos traseros, este descenso es de un 25%. A ello se debería agregar que los elementos de retención infantil permiten reducir en un 60% el riesgo de muerte. Ante la contundencia de estos números deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo es posible que todos los días sigamos viendo accidentes de tránsito que generar pérdidas humanas y materiales para las familias y comunidades involucradas y que perjudican muchas veces a quienes se ven más expuestos por su medio de transporte (bicicleta, moto o vehículos varios en mal estado de mantenimiento)? La respuesta, como sucede en muchas ocasiones, se encuentra en nosotros mismos como protagonistas de un tránsito que se ha transformado casi en un trágico videojuego en el cual hay que evitar obstáculos y ataques variados para llegar sano y salvo al destino programado. Ante esta situación, todos debemos asumir una actitud proactiva en el tránsito que vaya más allá de lo que formalmente nos indiquen las señales de tránsito. Se trata no sólo de cuidarnos nosotros mismos, sino de cuidar también a los demás de sus propios errores, estando atento a la situación concreta y actual y tratando de anticipar (dentro de lo posible) las reacciones que el otro tendrá ante una situación concreta. Como se dice en forma corriente “debemos cuidarnos de nosotros mismos y de los demás”.
Para alcanzar esa forma consciente de conducirnos en el tránsito debemos entender que las señales que nos autorizan determinadas acciones (por ejemplo, circular a determinada velocidad o cruzar una calle habilitados por la luz verde) no constituyen “un cheque en blanco” que nos exima de mantenernos alertas a los errores que nosotros mismos o que otros conductores pueden realizar. Esto es así porque como estableció Haddon hace más de 50 años, los accidentes siempre son multicasuales y lo más importante, es imposible evitar el 100% del error humano. Para poner un ejemplo concreto, aunque transitemos por una vía preferencial hay que tener en cuenta que algún conductor puede equivocarse y cruzar sin la debida precaución, o en algún momento algún distraído puede cruzar un semáforo en rojo sin percatarse, y si nosotros no estamos atentos para evitar el accidente, no importa quién tenga la razón, pero ocurrirá indefectiblemente.
Lo más importante siempre debe ser evitar el siniestro, sin importar si el otro tiene la culpa o no, porque la consecuencia de no hacerlo es un perjuicio para todos; para el que se equivocó –o cometió una infracción intencionalmente, da igual—y para uno mismo, que aún siendo “víctima” deberá asumir gastos de reparación del vehículo en caso de chocar, perder horas o días atrás de los talleres sin contar con él, o peor aún, sufrir las consecuencias físicas por lesiones que pueden ser muy graves o hasta mortales.
Por eso decimos que el tránsito constituye una comunidad en la cual no debe primar el “vale todo” ni tampoco “la ley del más fuerte”. Al fin y al cabo, se trata de cuidarse uno mismo y de cuidarnos entre todos. → Leer más

La semana que concluye ha estado signada por las repercusiones de los anuncios sobre el proyecto del denominado masterplan para la costa que la Intendencia Departamental encomendó a la empresa Office for Metropolitan Architecture (OMA).
El intendente Nicolás Olivera encabezó el acto por el que se oficializó el encargo a esta firma, con grandilocuente discurso, en el que anunció “Comienza un tiempo de oportunidades para los sanduceros”.

El estudio europeo tendrá a cargo la elaboración de un proyecto de la transformación urbanística de la faja costera de la ciudad de Paysandú, “desde el Puente Internacional hasta la desembocadura del Arroyo Sacra”. Lógicamente la instancia concitó la presencia de autoridades nacionales y departamentales, dirigentes de diferentes sectores políticos, empresarios y profesionales, entre muchos invitados especiales.
Más allá que le toca a Olivera encabezar este tiempo histórico y enfrentar las críticas que, como adelantó, llegarán, como le llegan siempre a quienes toman decisiones osadas que terminan signando el destino de las comunidades, no hay que dejar de recordar que estos pasos que se dan comenzaron con iniciativas y planteos desde el ámbito privado, de ciudadanos emprendedores y empresarios preocupados e inquietos por el futuro de Paysandú. Es que así se construyó la historia grande del departamento, con el gobierno facilitando las condiciones y el sector privado dando los pasos hacia adelante. Y eso es lo que tendrá que pasar ahora: generar las condiciones para atraer las inversiones necesarias para el desarrollo de Paysandú.
Queda mucho trabajo por hacer, y no solo en la costa, porque, corrigiendo al doctor Olivera, el tiempo de oportunidades para los sanduceros no comienza ahora, está siempre abierto, pero no siempre los actores que tienen la responsabilidad de la toma de decisiones están a la altura.

Esta presencia de Rem Koolhaas, un arquitecto cuyo prestigio lo posiciona en un sitial de privilegio a nivel internacional, tienen un antecedente bastante reciente. En el pasado período de gobierno departamental estuvo en Paysandú y dejó su compromiso de trabajar en la transformación de la ciudad otra “superestrella” internacional del urbanismo, Toni Puig, el “Gurú de las ciudades”, quien lideró la transformación de Barcelona desde su decadencia posindustrial a una meca de la cultura, el progresismo y el turismo internacional. Y no pasó nada.
El gobierno de Guillermo Caraballo invirtió –con el apoyo del gobierno nacional– valiosos recursos para traer a este y otros expertos, que estuvieron en la ciudad en el marco del ciclo “El Paysandú que queremos”, que llegó a ser citado como un ejemplo de un proceso colectivo de diseño de transformaciones y generación de oportunidades. Se contrataron auditorías, se elaboraron informes, se hicieron costosos seminarios, se invirtió muchísimo dinero. ¿Y dónde fue a parar todo eso?

Y ojo que la transformación que proponía Puig no era de inversiones millonarias. Sí habría que hacer algunas obras y transformar algunos espacios, pero la principal transformación era conceptual y después cosas muy prácticas, como por ejemplo que quienes llegaran a la ciudad pudieran acceder, por ejemplo, a una cartelera de eventos culturales.
Quizás sea bueno, en los albores de esta nueva era para la ciudad, traer a colación aquello que planteaba el catalán, cuando animaba a elegir un rumbo y tomar ese camino “¿Qué Paysandú quieren dentro de 20 años? (…) ¿Paysandú será la primera ciudad en contaminación cero de Uruguay y de Latinoamérica? ¿Por qué no? ¿Cuál va a ser? Podemos ser nosotros, ¿no? En diez años, no ahora”. Y lo mismo en caso que la elección fuese por ser la primera en tecnología, en cultura o en turismo, pero ir paso a paso y siempre teniendo al tanto a todo el mundo de qué es lo que se está haciendo y hacia dónde vamos. Pero no hay que ir tan lejos como Barcelona o Rotterdam. Aquí enfrente, Colón decidió a mitad del siglo pasado que su destino tras el cierre de la industria frigorífica de la que dependía la zona que sería un destino turístico y todos los gobiernos que vinieron después dieron pasos para ir en ese camino. Y la comunidad siempre tuvo claro cuál era la meta, el camino que se estaba transitando y que sería a largo plazo.

De allí que rechine un poco que se hable de confidencialidad cuando de lo que se trata es de espacios públicos y de ordenamiento territorial, que en Paysandú tuvo un proceso de discusión colectiva. Pero también es cierto que de todo aquello poco quedó en concreto. Solo preguntas que deberíamos habernos hecho para obtener respuestas de consenso. Y los consensos en estos tiempos son demasiado difíciles de lograr, por lo que en general terminan en nada, como fue el “Paysandú entre todos” del intendente Lamas o “El Paysandú que queremos”.
Es por eso que podría ser muy positivo contar con un proyecto bien desarrollado por gente de la que nadie puede poner en duda su capacidad porque sobran las referencias a nivel internacional, que servirá para tener una idea verdadera del potencial con que contamos en la costa sanducera, para dejar de pensar en pequeño y tener la perspectiva de una ciudad que piense a futuro con vistas a crecer y desarrollarse, generando trabajo y dando calidad de vida a su gente.
Sin embargo, en la medida de las posibilidades, es importante que no perdamos de vista aquellas palabras de Puig, que al sugerir un eslogan para el proceso que proponía dijo: “No lo va a hacer un intendente, no lo va a hacer un equipo de gobierno, lo vamos a hacer juntos”. → Leer más

En escenarios complejos las soluciones no suelen ser rápidas ni fáciles. No obstante, es necesario buscarlas sin dilaciones. Seguramente no son pocos los temas de la realidad nacional a los cuales le va bien esa afirmación y uno de ellos es el que refiere a las dificultades de los productores rurales ante la matanza de ovejas que realizan jaurías de perros en sus predios productivos.
El problema no es nuevo. Se trata ni más ni menos de un asunto que sucesivos gobiernos no han podido solucionar y que hoy se ubica en los titulares de la agenda pública debido a la manifestación de productores rurales de diferentes lugares del país que expusieron parte de sus majadas muertas en el corazón de la capital.
La finalidad de dicha movilización, realizada en las inmediaciones del Palacio Legislativo y Plaza Independencia, fue dar visibilidad a este grave problema que afecta su actividad. “Estamos cansados, no damos más, esto no tiene solución pese a las promesas que hubo y el perjuicio económico y anímico es brutal, sentimos que la gente que está lejos de los campos al menos tiene que saberlo”, señalaron a los medios capitalinos voceros de la movilización.
El problema ha venido siendo planteado y denunciado repetidamente en diferentes ámbitos pero como nunca antes ahora alcanzó a la opinión pública a través de los medios de comunicación que transmitieron imágenes de las ovejas muertas o moribundas en plena Plaza Independencia de Montevideo.
El reclamo generó también una significativa polémica en la opinión pública, que involucró incluso a los profesionales agropecuarios -como es el caso de la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales-, con cruces entre productores, veterinarios y animalistas, así como pronunciamientos de varias gremiales que emitieron sendos comunicados y declaraciones en relación a este tema.
En las últimas horas la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay emitió una declaración en la que se refiere a los ataques de perros sueltos a ovinos en todo el territorio nacional y expresa su preocupación sobre las consecuencias, a la vez que se solidariza con los productores damnificados.
En este sentido la gremial expresa que “este tipo de ataques causan graves problemas a toda la cadena de producción ovina, afectando las esperanzas y posibilidades de cada familia dedicada a la cría y muchos productores generando incertidumbre, pérdidas y frustraciones a la actividad, que conducen finalmente al apartamiento de muchos productores del rubro y hasta de la actividad agropecuaria”. Agregan que “se entiende claramente la desesperación de los productores que han estado sometidos a ataques continuos de jaurías y que a su vez advierten que el problema viene en aumento”.
En lo que respecta a las autoridades nacionales, hasta el momento no han podido encontrar una solución y también hay diferentes visiones sobre el tema. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, reconoció que se trata de un problema de larga data en Uruguay, que debe ser asumido por todos y consideró que existe superpoblación canina y es necesario tomar medidas. “Gobernantes, gobiernos departamentales, porque hay muchos problemas de perros abandonados, que están vagando en los basurales, en la vía pública. Debemos tomar medidas”, indicó.
Agregó que el problema es más amplio que la afectación a la producción y comprende también a la convivencia social, genera problemas sanitarios y hasta muertes de personas por ataques de perros o accidentes de tránsito. “Venimos con un proceso de largo plazo, a través de la castración y chipeo masivo. Son varios millones de pesos volcados a estas campañas”, indicó el ministro aunque opinó que no es posible ni representa una solución salir a matar perros indiscriminadamente.
En este sentido, coincidió con los propios productores afectados en cuanto a que es muy difícil aplicar el artículo 125 del Código Rural, que habilita al productor a matar a esos perros si los encuentra atacando las ovejas de su predio.
Más allá de los perjuicios a productores, el gran tema que subyace en estos ataques de jaurías es el de la tenencia irresponsable de animales. Desde 2009 Uruguay cuenta con una Ley de Tenencia Responsable de Animales que tiene por finalidad protegerlos en su vida y bienestar. La misma contempla un abanico bastante amplio de situaciones que involucran distintos aspectos de la existencia humana y animal y las relaciones entre ambos, así como también a distintos organismos reguladores y fiscalizadores.
La Ley 18.471 atribuye responsabilidades a quienes tengan animales a su cargo, sean o no sus propietarios. Entre ellas se incluye proporcionarles condiciones físicas y sanitarias adecuadas, dándole alojamiento, alimento y abrigo; no abandonarlos ni dejarlos sueltos en lugares públicos de libre acceso, el cumplimiento de las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia responsable de los mismos, un trato adecuado, permitir el control por parte de las autoridades y -entre otros aspectos- reponer los daños que el animal pueda provocar a otro animal o persona, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.
Evidentemente, de la letra de la ley vigente a la realidad denunciada por los productores ovejeros hay una brecha clara que nos señala en lo que, como sociedad estamos en falta.
La semana pasada los representantes por Tacuarembó y Montevideo, Rafael Menéndez Cabrera y Martín Sodano, respectivamente, presentaron en el Parlamento un proyecto de Ley que pretende aportar soluciones al ataque de perros a la ganadería, en especial el rubro ovino. “Majadas mal deshechas, corderos huérfanos y mordidos, sistemas productivos destruidos, puestos de trabajo que se pierden y el desestímulo a la producción ovina son el común denominador de cada ataque que se ha producido y se produce en el medio rural”, señalan en la exposición de motivos.
El proyecto establece la exoneración de la patente de perros a los propietarios de canes que habiten en zonas rurales y que castren e identifiquen mediante chip a sus animales, la incorporación de la tenencia de perros en la declaración jurada anual de semovientes –con fotos de cada perro-, además de obligar a los dueños o tenedores de perros que causen daños al pago de una indemnización equivalente a 10 veces el valor del animal muerto o herido. También se establecen inspecciones del Ministerio del Interior y multas de 5 a 100 Unidades Reajustables, además de responsabilizar a las intendencias por el control de los perros existentes en vertederos municipales así como por los daños que causen.
Podría haber algunas soluciones allí pero también es necesario una discusión amplia sobre la necesidad de efectivizar medidas en el corto plazo. Lo que no puede pasar es que luego de las polémicas recientes el asunto vuelva otra vez bajo la alfombra o se archive en algún cajón mientras los productores siguen sufriendo las consecuencias.

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Se conmemoró ayer, 15 de febrero, el Día Internacional de lucha contra el cáncer infantil, una fecha que lleva 20 años instaurada, cuyo sentido es sensibilizar sobre esta problemática. En Uruguay la referencia en la materia es la Fundación Pérez Scremini, que este año está cumpliendo 10 años de actividad al frente del diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil, reconocida por el Programa Nacional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública. La Fundación sustenta el Servicio de Hemato Oncología del Hospital Pereira Rossell, el centro de referencia para el cáncer infantil.
El cáncer infantil, cuando se detecta en estadios tempranos, tiene una alta tasa de supervivencia. En particular en nuestro país, según datos de la Fundación, se alcanza al 80%, por encima del resto de Latinoamérica y algunos puntos por debajo del promedio del mundo desarrollado, donde se alcanza al 85%. En países como el nuestro una de las mayores dificultades es, justamente, conseguir un diagnóstico temprano. Un porcentaje elevado de niños no llegan a ser diagnosticados o no llega a acceder a tiempo a los tratamientos adecuados.
En Uruguay se diagnostican entre 120 y 140 casos nuevos de cáncer por año, entre las personas recién nacidas y hasta los 14 años de edad. Desde el año pasado la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Fundación Pérez Scremini, ampliaron la cobertura hasta los 18 años de edad, con lo que se abarca desde entonces a todos los adolescentes en el acceso a tratamientos gratuitos e integrales.
De acuerdo a los datos difundidos ayer por el ministerio de Salud Pública, el 41% del total de casos que se diagnostican corresponden a pacientes de entre 0 y 4 años, le sigue la franja de entre 5 y 9 años, aproximadamente el 29% de los casos y entre 10 y 14 años son el restante 30%.
Los tipos de cáncer más frecuentes son los del grupo de las Leucemias, representan el 38,9% de los diagnósticos, y entre estas las Leucemias Linfoblásticas Agudas son las más comunes.
Entre los tratamientos que se disponen en el país, desde 2017 la Fundación Pérez Scremini es el centro nacional de referencia en trasplante de médula ósea, y dispone de un equipo multidisciplinario con 24 años de experiencia. Este procedimiento se realiza con el financiamiento y autorización del Fondo Nacional de Recursos, organismo que cuenta con los correspondientes informes de cada trasplante al momento del egreso del paciente.
Debido a que los tratamientos a los que se someten los pacientes tienen un alto nivel de toxicidad –y aunque los niños y los adolescentes la toleran mejor que los adultos– se pueden presentar secuelas a largo plazo que afecten la calidad de vida del paciente, con consecuencias como la infertilidad y todo lo que ello supone para las personas. Es por ello que la Fundación, con el apoyo del Centro de Esterilidad de Montevideo, con el propósito de proteger y preservar la fertilidad de los pacientes implementaron un programa de preservación de gametos para los pacientes cuyos padres manifiesten su voluntad de hacer uso de esta posibilidad. Los costos de estos procedimientos corren también por cuenta de la fundación.
Como se verá es mucho lo que se ha avanzado en el país en el abordaje y en los tratamientos, así como en tratar de garantizar la mayor calidad de vida a niños y jóvenes a los que les toque atravesar estas circunstancias, de las que a priori nadie está exento.
Por ello es que cada 15 de febrero se busca sensibilizar y concientizar a la población sobre los desafíos a los que se enfrentan tanto los niños como sus familias cuando se tiene un diagnóstico de cáncer, al igual que reflexionar sobre la necesidad de que todos los niños puedan acceder a un diagnóstico que le permita disponer de un tratamiento acertado, integral y gratuito.
Es un tema al que la sociedad se ha mostrado siempre sensible, solo que, como suele ocurrir, a veces hay otras discusiones que se ponen por delante, distrayendo la atención, por eso no está de más tener un día para hacer una pausa y reflexionar y, quien lo tenga a su alcance, dar una mano, ya sea a través de las campañas de colaboración que se llevan a cabo en forma permanente desde la Fundación, para hacer frente a los elevados costos que conlleva la obra que llevan adelante.
Pero no solo económicamente se puede colaborar en esta lucha. La fundación cuenta con un programa de voluntariado, tanto en Montevideo, donde funciona el Servicio de Hemato Oncología del Hospital Pereira Rossell, como en los distintos departamentos del Interior del país.
El trabajo de los voluntarios es muy importante para el trabajo de la fundación y es por ello que trabajan de forma organizada y profesional, con la debida formación para atender las actividades y responsabilidades que se le asignan. En Montevideo los voluntarios acompañan a los niños, adolescentes y sus familias a través de distintos programas en el Hospital de Día, en la Internación y en el Hogar Hospitalario. En el Interior acompañan a los valientes –como denominan a los pacientes en la institución– y sus familias, “se ocupan por darle seguimiento a cada caso y tienen como objetivo garantizar aquellos aspectos sociales que acompañan al tratamiento”. Los voluntarios también trabajan para involucrar a la comunidad a través de distintas actividades de difusión y recaudación. Para ser voluntario solo se necesita ser mayor de 18 años y disponer de 3 o 4 horas al menos una vez por semana.
El margen de diferencia en los datos de sobrevida respecto a los países desarrollados demuestra que si bien se están haciendo las cosas bien, todavía se puede mejorar, pero ello depende un poco de todos nosotros. → Leer más

En más de una oportunidad, en esta misma página editorial analizábamos el escenario de la actividad económica y laboral durante el período más acuciante de la pandemia y su proyección hacia el momento actual, en el que sigue manifestándose un elevado número de casos –con mucho menos consecuencias en la salud de los afectados, felizmente– pero con medidas restrictivas más laxas y una incidencia mucho menor en el tejido socioeconómico, al punto en que en determinados parámetros nos encontramos ya en los niveles prepandemia.
Uno de los aspectos más significativos es la recuperación del empleo, primero por reingresar al campo laboral decenas de miles de personas que se encontraban en el Seguro por Desempleo, y en otros por mejorar las horas de trabajo y captación –muy menor– de nuevos empleados, naturalmente todo en la actividad privada, porque en el caso de la esfera estatal se está por encima de estos avatares.

Es de traer a colación además que en medio de la incertidumbre generada por la pandemia, y aún teniendo en cuenta la incidencia heterogénea del impacto sanitario, social y económico, la crisis ha servido para poner al desnudo falencias en un “paraguas” que se creía era producto de fortalezas que en realidad que no eran tales y que, además de un déficit de coordinación internacional en materia de controles sanitarios, también tiene que ver con escenarios internos en cada país.
Más allá de la calidad y cobertura de los sistemas sanitarios, de las virtudes y deficiencias en cada país, así como de la espalda económico financiera, existen aspectos laterales a tener en cuenta, para tener idea de la magnitud del impacto que implica para la población en la coyuntura y las perspectivas de rebote hacia una situación de determinada normalidad.
En el caso de Uruguay, durante la crisis, amplios sectores de trabajadores y empresas de bajo porte quedaron expuestas a campo abierto en el temporal, cuando había un “relato” sobre una situación mucho mejor como consecuencia de la gestión de los gobiernos de izquierda durante quince años.

Uno de las consecuencias, desde el punto de vista recaudatorio, es que es un problema que empresas y trabajadores no contribuyan al fisco en igual medida que el resto de la economía, debido a los flancos débiles que implica la informalidad en una serie de áreas.
Por supuesto, estamos ante una problemática siempre vigente pero que resulta acuciante cuando queda expuesta en toda su magnitud en coyunturas como la que atravesamos y se sigue dando actualmente, desde que implica que amplios sectores de la población y de la fuerza productiva resultan sin cobertura en áreas sociales y hasta sanitarias. El punto es que con la crisis provocada por la COVID parece haberse revertido una tendencia que se venía dando en cuanto a la incorporación de trabajadores y empresas al circuito formal, aunque siempre hubo un núcleo duro difícil de abatir –más aún en épocas de grandes dificultades económicas– sobre todo a partir de la situación laboral de pequeñas empresas y cuentapropistas.
Tenemos por lo tanto que el impacto de la pandemia se ha dado a todo nivel pero en la actividad informal las consecuencias han sido más problemáticas, porque la informalidad es un fenómeno de carácter económico, de evasión de aportes que al fin de cuentas más temprano o más tarde perjudica al que lo practica y siempre va contra la sociedad, contra los que aportan regularmente y/o van a necesitar de los fondos conformados por estos aportes en los organismos previsionales, por ejemplo.

Uruguay no escapa a una realidad muy extendida que se da fundamentalmente en los países subdesarrollados sobre todo, y de acuerdo a un reciente informe del Banco Mundial, denominado “La larga sombra de la informalidad, desafíos y políticas”, un 70 por ciento del total del empleo y un 30 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), es informal a nivel de las economías emergentes y en desarrollo.
El punto es que este es un factor que retroalimenta el círculo vicioso en estos países, por cuanto además del punto de vista social y previsional por falta de cobertura, la menor recaudación hace que se disponga de menos recursos públicos para encarar políticas macro y generar inversiones a mediano y largo plazo.
Esto limita sensiblemente la capacidad del Estado de responder en casos de crisis profundas, y aunque hay factores culturales de por medio, se conjugan la irresponsabilidad de los actores y la falta de controles con situaciones extremas de escasos ingresos para sectores laborales con menor formación, que optan por hacer frente a los compromisos cotidianos antes que volcar los aportes para su futuro y ponerse a cubierto de avatares desde el punto de vista sanitario y social.
Los cierto es que en Uruguay, cuando el informalismo se había logrado abatir a más o menos un 22 por ciento, existe una evasión no detectada que eleva las cifras en el período de pandemia y posterior, que determina que al mismo tiempo que se afecta la economía, se retaceen recursos a los organismos previsionales, a la salud, a la educación, a la vivienda, por no recibirse todos los aportes que giran en torno a la economía.

Además, quienes está en la informalidad no están integrados al trabajo formal de trabajo, no tienen acceso a la seguridad social y a la cobertura en otros organismos estatales, lo que conspira contra su calidad de vida y la de sus familiares, así como contra la economía y el funcionamiento del Estado.
En plena pandemia, la necesidad de captar ingresos para su subsistencia pese a las restricciones hizo que amplios sectores no acataran el llamado a medidas restrictivas para evitar el contagio y por lo tanto quedaron más expuestos a contraer el COVID y a difundirlo, A la vez vieron disminuidos sus ingresos por la caía de actividad, y esa problemática agudizada en los peores momentos de la crisis, se traduce hoy en día en que el adicional de informalidad agregada en ese período todavía se mantiene en similares términos en la actualidad.
Por lo tanto, cuando se está en el proceso de retorno a la normalidad, de lo que es una muestra el mayor nivel de empleo y de actividad industrial, entre otros parámetros, el desafío inmediato es captar a quienes se han pasado al sector no formal, para lo que deberían diseñarse estímulos, fomentar la educación, la capacitación, el acceso a créditos para la inversión y reinversión, a la par que mejorar los controles y dar posibilidades de ingreso menos gravosas a los evasores para integrarse al circuito formal, por lo menos temporalmente, para captar a los sectores que están trabajando fuera de la legalidad y evitar que se consolide este escenario negativo. → Leer más

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Uruguay es “referencia en la región” por la normativa que determina cero tolerancia de alcohol en sangre para conducir en el tránsito. Junto a la Fundación Gonzalo Rodríguez, relevaron distintas publicaciones nacionales e internacionales, donde se determina el impacto del alcohol en la siniestralidad. En todos los casos, comprueban que las habilidades necesarias para manejar se alteran con valores diferentes a cero.
Establece que los conductores bajo los efectos de esta sustancia, son más impulsivos y arriesgados y disminuyen su capacidad de juicio, vigilancia, control o cálculo. Cuando en Uruguay se instrumentó dicha normativa durante el gobierno de Tabaré Vázquez, la polémica subió de tono y bajó a la opinión pública. Entre ellos, el entonces legislador Luis Lacalle Pou aseguraba que la mayoría de los países permitían el manejo con algún nivel de alcohol en sangre y citaba los casos de España, Francia y Alemania que varían entre 0,5 y 0,8.
Durante la campaña anunció su disposición de elevar la tolerancia a 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. Sin embargo, en febrero del año pasado aseveró que no iba “a avanzar en temas de los cuales no hay un ambiente previo, entre otras cosas porque necesita una modificación legislativa”. En el medio, el mandatario recibió diversas propuestas, como la presentada por el exministro de Ganadería, Carlos Uriarte, quien pidió la reconsideración de la iniciativa de Lacalle. O el senador Sergio Botana y su proyecto de ley que permitiría conducir con hasta 0,3 gramos y con hasta 0,5 un chofer, que podrá evitar que le quiten la libreta, previo pago de una multa. Las opiniones fueron diversas desde la oposición e incluso el Sindicato Médico del Uruguay, rechazó modificar la ley porque eso significaría “ceder a las presiones corporativas que se pagan con vidas y secuelas graves”. Es así que la Ley N° 19.360 está vigente desde diciembre de 2015.
Hasta el año pasado, los datos inéditos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) –no se divulgaban desde el gobierno anterior con la vigencia de la ley porque las anteriores autoridades entendían que “no tenía sentido”– señalan que los registros se mantiene estables.
La proporción de conductores con niveles de alcoholemia positiva se mantuvo con mayores oscilaciones al alza que a la baja. No obstante, existe un subregistro porque la evolución de la siniestralidad en los conductores con alcohol en sangre refiere a los tests efectivamente re alizados. Tampoco el consumo de alcohol varió en la población y, en ese sentido, echa por tierra el argumento de una crisis en las ventas a raíz de la aprobación de la ley. En Uruguay, el consumo de alcohol empieza antes de los 13 años y no hay otra sustancia más consumida y con menor percepción sobre sus riesgos que el alcohol. Es decir, como siempre.
Si bien no ha sido posible cuantificar el efecto de la pandemia sanitaria sobre la siniestralidad en el tránsito y las consecuencias de los conductores que manejaron con niveles positivos en Uruguay, es posible su comparación con otros Estados que mantienen normas más restrictivas.
De hecho, se han divulgado menores tasas de mortalidad y fallecimientos, como resultado de las políticas públicas y las legislaciones.
En cuanto al fenómeno social, el país supera la prevalencia en las Américas, con el consumo de al menos cinco unidades estándar de bebida, una vez al mes. La última referencia, que se remonta al año 2016, aseguraba el registro del 39,7% entre los hombres y el 10,5% en las mujeres. Según la OMS, el 9,6% de los varones y el 3,4% de las mujeres, presentan algún tipo de trastorno por el consumo de alcohol.
Es así que la ley tampoco provocó un cambio significativo en los patrones de consumo, sino en las pautas de comportamiento al momento de conducir, e hizo descender la siniestralidad fatal. Porque, además, hay otras cuestiones visibles como el crecimiento del parque automotor, en un país cuyo índice poblacional permanece estancado. Incluso bajó la cantidad de siniestros y muertes en los motociclistas.
En cualquier caso, por estos días adquirió visibilidad y seguimiento, el accidente protagonizado por el presidente del Pit Cnt, Marcelo Abdala, quien chocó con 1,53 alcohol en sangre a vehículos estacionados en Punta Carretas. Resultó condenado como autor penalmente responsable de la conducción en “grave estado de embriaguez” de acuerdo al numeral 3 del Código Penal, con “15 días de prestación de trabajo comunitario o prisión equivalente en caso de incumplimiento”. En las últimas horas se supo que solicitó ausentarse del país por 7 días para realizar un viaje ya planificado.
Bastante menos visibilidad, por el hecho de ser un desconocido, tuvo el siniestro fatal provocado por un conductor reincidente, al impactar con un motociclista de 27 años, que falleció en la zona de Canelón Chico. Y esta situación, reiterada, deja el sabor amargo de una serie de preguntas que difícilmente puedan responderse.
Porque un conductor alcoholizado y reincidente debe tener prohibido volver a manejar un vehículo por el resto de su existencia, con el necesario retiro de la documentación. Su caso está a disposición de la justicia canaria, pero es un ejemplo de lo que debe prevenirse antes de una muerte en el tránsito.
Las intervenciones se vuelven necesarias, como por ejemplo, las derivaciones obligatorias a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la recuperación de su problema de alcoholismo.
Las actividades, en general, han retornado a su normalidad a pesar del transcurso de la pandemia y con ello el incremento del tránsito de personas y vehículos. En forma paralela se observa un aumento en la siniestralidad y la repetición de conductas que se creían controladas.
Esto vuelve a significar que, a pesar de haber tenido un tiempo para reflexionar, el ser humano, al volver a la “normalidad”, vuelve con la misma carga de defectos conque había puesto pausa a sus actividades cotidianas.
Hay cuestiones que en las sociedades modernas no tendrían que discutirse ni permitirse que atraviesen por discursos moralistas. Estamos en el siglo XXI y la evidencia es clara. → Leer más

“A mí la política no me interesa”. “Los políticos son todos iguales”. Son ese tipo de frases y comentarios que me rechinan. Me cuesta creer cómo puede haber quienes se autodenominan apolíticos y declararse en rebeldía en un mundo que precisamente gira en torno al poder político.
Lo cierto es que los tiempos que corren no son fáciles para la mayoría de los uruguayos. Es verdad, la pandemia tuvo sus efectos. Pero también es real que día a día nos ajustamos los cinturones frente a la opresión de un gobierno que llegó “para desplumar el pollo”, como ya había prometido el expresidente Julio María Sanguinetti, uno de los grandes impulsores de la coalición multicolor que gobierna.

Para vos que te declarás apolítico tengo algunas preguntas y comentarios.
¿Tú crees realmente que la baja de tu poder adquisitivo es simplemente un acto divino?
¿Te parece lógico que con el precio del crudo más bajo que hace 8 años, hoy las tarifas de combustibles en Uruguay sigan en aumento?
Cabe la posibilidad también de que en 2019, preocupado por la ola de inseguridad de la cual los medios se hacían tanto eco, hayas decidido votar por “el cambio”. Hoy tristemente nos acostumbramos al aumento de delitos de toda índole, entre los cuales se destacan homicidios, femicidios y también episodios de gatillo fácil.
Ah, y por las dudas te comento… los grandes medios de comunicación también son actores políticos.
¿Sabés que todo lo que acabo de contarte pasa porque en Uruguay desde el 1° de marzo de 2020 nos gobierna un gobierno de derecha integrado por la élite más conservadora de nuestro país?

La política trasciende nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos. Cuando fuiste un niño, te criaste en un hogar donde regían ciertas reglas y estaban quienes mandataban a cumplir con ellas. Bueno, eso también es político. Y todo lo que viene después también, porque en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, existe autoridad y súbditos.
Y desde los 18 años vos te transformas en un ciudadano soberano que puede tomar decisiones claves como por ejemplo, elegir quién querés que gobierne tu país.
Espero que después de leer esto reconsideres la idea de pensar que sos apolítico, porque en todos los ámbitos de la vida nos regimos por la política. Y sobre todo, que abandones la idea de que votar es un solo acto testimonial, porque lo cierto es que votar es un acto de responsabilidad que condiciona tu presente, futuro y también el de todos.

Y si entendés esto, entonces también tenés que entender que el 27 de marzo tenés un desafío importante que es votar en el referéndum. Ahí tenés dos opciones, seguir profundizando la cruda realidad en la que este gobierno motosierra nos ha metido. O podés votar rosado, y decir “Sí” a derogar 135 artículos de la nefasta LUC, la ley “caballito de batalla” de este gobierno que a grandes rasgos es la que está generando los cambios que hoy padecemos la mayoría.
Al fin y al cabo, es como decía Platón: “El precio de desentenderse de la política, es ser gobernado por los peores hombres”. La Hormiga Rosada → Leer más