Política

“En ejercicio de su deber de sometimiento a la Constitución de la República, los Gobiernos Departamentales reivindican las competencias, procedimientos y formas constitucionales para decretar y administrar lo relativo a las multas de tránsito”, indica el texto aprobado en la sesión de ayer, de la que participó el intendente Nicolás Olivera.

Agrega que “considerando que el Congreso de Intendentes ha trabajado largos períodos para alcanzar un consenso en esta materia, en salvaguarda de la vida humana y la igualdad de cada habitante ante el sistema sancionatorio”, el cuerpo expresa “su permanente apertura a recibir y considerar iniciativas y propuestas, que con espíritu constructivo puedan realizarse en materia de tránsito y seguridad vial; que contribuyan al logro del objetivo impuesto por la Ley 20.118 del 15 de marzo de 2023, de reducir en un cincuenta por ciento la mortalidad y las lesiones causadas por los siniestros de tránsitos en el período 2021-2030”. En el plenario se indicó –caso del intendente de Colonia, Carlos Moreira–, que si en la Rendición de Cuentas se aprueba el proyecto de Perrone, se presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, destacó que “lo que se hace se hace dentro de la ley”.
En tanto el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, planteó la importancia de defender a ultranza la autonomía departamental y las decisiones adoptadas en el seno del Congreso de Intendentes.

“La preocupación está basada en que el Frente Amplio plantea el retiro de dinero del fideicomiso, parte del cual corresponde a los municipios; y nosotros no hemos recibido nada de ese fondo”.

“No tengo dudas, creo que la gran mayoría de la población tampoco, que el Campus Universitario es seguramente la obra más importante de los últimos años que se va a desarrollar el departamento. No está en discusión. Pero sí la defensa del dinero que debe ser distribuido entre los municipios”.

Gino Belveder explicó que “podría ser que lo que está solicitando la fuerza política del Frente Amplio es que que no llegue el dinero que está asignado a los municipios, que es de aproximadamente 6 millones de dólares, para destinarlos al Campus Universitario. Porque son los mismos actores políticos que de alguna manera condenaron el futuro de Quebracho”.

“Fueron quienes le mintieron a toda la ciudadanía de Quebracho cuando se le pidió a la Junta Departamental la compra de la deuda de la vieja Coleque. Los miro a Mario Díaz y al exintendente Guillermo Caraballo en una foto en EL TELEGRAFO. Son los que salieron a la prensa en aquel entonces a decirle que Coleque ya era de Quebracho, son los que faltaron entonces a la verdad”.

Por su lado Natalia Martínez, del Frente Amplio, expuso sus reflexiones respecto al llamado a sala reciente al intendente departamental Nicolás Olivera por el tema de la anuencia para el proyecto de financiación del Campus Universitario, y dijo que el jefe comunal tuvo a su cargo una exposición tan extensa como reiterativa, haciendo mención más que nada a que poco y nada se había hecho durante la gestión de su antecesor del Frente Amplio, Guillermo Caraballo.
Enumeró en este sentido obras de esa administración y cuestionó al actual intendente por sus posturas de cuando era diputado, señalando que ahora el departamento tiene el doble de desempleo que en aquel entonces, con cierre sistemático de comercios.
David Helguera, del Partido Colorado, abogó por la aprobación sobre tablas –lo que efectivamente se hizo ante su propuesta– de la declaración de interés departamental del festival de Aparcería por celebración del Día del Jinete Oriental que tendrá lugar el 10 de setiembre.

Destacó que este festival de desarrollará en la Liga del Trabajo de Guichón, con vistas a recaudar fondos para las actividades de la aparcería, la que participa en marchas y otros eventos. Su planteo fue aprobado por 29 votos en 31 presentes.
Mientras tanto Carmencita Martínez, del Partido Nacional, destacó la tarea que desarrolla la Secretaría de la Juventud a través de la instrumentación de programas varios, como es el caso del Área de cocina y Gastronomía, a efectos de la capacitacion y orientación de jóvenes.

En la moción explican que “como es de público conocimiento, las aves pueden portar muchas enfermedades zoonóticas” o transmisibles a los seres humanos. Generalmente ocurre al inhalar o ingerir “partículas de excremento infectadas.

Las heces ensucian veredas, bancos públicos, frentes de fincas y comercios, dejando una muy mala imagen en el centro”.
Señalaron que “enterados sobre que hay intención de la intendencia de continuar plantando árboles en las veredas hasta plaza Artigas, se debería tener asesoramiento para evitar lo que está sucediendo con las aves en la semipeatonal”.
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“La comunidad educativa tuvo que salir a la opinión pública, dado que ya no soportan el ataque, atropello y amenazas que reciben la directora, maestras y funcionarios de parte de un vecino, exalumno, que no está en sus cabales”, señalan los ediles Julio Retamoza, Washington Gallardo, Raquel Medina, Sandra Betti, Roberto Ciré y María Barreto.

En su exposición, explican que “es una persona mayor de edad que durante todo el horario de clase está en la puerta o alrededores, hostigando a la gente. Testimonios de padres que nos han hecho llegar, manifiestan el temor de sus hijos, gurises desde 3 años, que concurren a esa linda escuela”.

Agregan que “incluso esa persona ha provocado roturas de vehículos, abolladuras, tajos de ruedas y amenazas de muerte a algunas docentes. Que en estos tiempos sucedan estas cosas, es un llamado de alerta a las autoridades nacionales, de la enseñanza y del Ministerio del Interior”. Consideran que “como Junta Departamental debemos preocuparnos y ocuparnos de hacer todas las gestiones necesarias, no solo denunciando, sino apoyando a toda la comunidad educativa de la Escuela 111, antes que suceda algo más grave”.

En Paysandú, los sindicatos resolvieron distintas adhesiones a la paralización. La Federación de Funcionarios de Salud Pública parará de 6 a 18 horas, los curtidores de 10 a 14 horas, así como la mayoría lo hará de 9 a 13. La movilización se concentrará frente a la planta de Ancap, donde efectuarán un acto con parte oratoria a cargo de dirigentes de la Federación Ancap, que rechazan la asociación del negocio del portland con privados, el dirigente a cargo de la comisión de conflicto de la departamental y dirigente del Sunca, Matías Machuca y cerrará el secretario general, Carlos Bico. “La movilización continuará frente a la Intendencia de Paysandú, donde entregaremos un documento al intendente Nicolás Olivera o solicitaremos que nos reciba para hablar de la situación de Ancap en Paysandú, así como la situación laboral en el departamento”, dijo Bico a EL TELEGRAFO.

Luego hizo hincapié en el préstamo puente que la Intendencia busca obtener para la UdelaR, que será quien lo pagará, para completar el presupuesto que requiere el Campus Universitario. “La Mesa Política del Frente Amplio apunta a la construcción de un relato más que a decir la verdad. Porque aunque afirman que el gobierno no le da presupuesto a la Universidad de la República en esta Rendición de Cuentas, no dice la verdad.

Se otorgan 120 millones de pesos a la Universidad y otros 120 millones de pesos al Clínicas. De los 120 millones de pesos para la UdelaR, 40 millones son para fortalecer horas docentes, 30 millones para fortalecer el proyecto universitario en la región Este, otros 30 millones están destinados para el proyecto Colonia Soriano, donde se van a iniciar dos nuevas carreras y 20 millones de pesos para becas alimentarias, sobre todo en el interior del país. El aporte al Clínicas, básicamente, es para salud mental. Entonces es mentira que no se está destinando presupuesto”.

“Para el Campus Universitario, 7 millones de dólares del Poder Ejecutivo entregados a la Intendencia de Paysandú. Entonces, no es que el gobierno no esté apostando a este Campus Universitario”, destacó Genoud. Explicó luego que “un fideicomiso se pide con un fin específico y en este no entra invertir en el Campus Universitario. Bien lo sabe el Frente de Amplio porque es el ideólogo de este fideicomiso. En su momento voté en contra, porque lo más importante es quién y cómo administra ese dinero. Los anteriores cinco años del Frente Amplio, en Paysandú no se concluyó absolutamente ninguna obra. Eso es una realidad. Pensando en cómo podían administrar ese dinero si les tocaba es que voté en contra, aunque el pueblo de Paysandú supo reconocer el mejor programa de gobierno del Partido Nacional”.

“Me parece importante dejar en claro mi postura, por lo que exhorto a acompañar si es que se da tratamiento al tema el venidero viernes, a acompañar en forma respetuosa y silenciosa en la barra de la Junta Departamental. Me pongo también en el lugar del ciudadano, desde que tengo un hijo que se fue a estudiar a Montevideo, tiene que trabajar para mantenerse y le está costando mucho. Otra sería la situación con el Campus Universitario”, concluyó Jorge Genoud.

Según explicaron en su moción, “este reclamo lleva varios meses y en la zona se vienen registrando accidentes de varios motociclistas por la situación de la calle. Nuestra inquietud es que a la brevedad se solucione este problema que solicita la comunidad”.

Además de solicitar que el tema se radique en las comisiones de Obras y Servicios y de Tránsito, Transporte y Nomenclátor, “pedimos que la Intendencia Departamental por medio de su Dirección General de Obras resuelva de forma urgente el problema que lleva tiempo sin resolución”.

En la apertura, Tortorella destacó la presencia de la cooperativa en Paysandú por más de medio siglo, desde sus modestos comienzos en que un grupo se lanzó a la tarea quijotesca de fundarla así como a hacerla crecer y hacer frente a los avatares que implica llevar adelante un emprendimiento cooperativo, con mucho esfuerzo, dedicación y hasta pasión para cumplir con los objetivos solidarios que lo rodean.

El presidente de la cooperativa, José Luis Carrey, hizo referencia en sus expresiones al honor que significa para la cooperativa el haber sido tenido en cuenta por la Junta Departamental para rendirle homenaje, e hizo hincapié en que se trata de un esfuerzo colectivo al que se le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo, a la vez de haber tenido un crecimiento muy significativo por el apoyo de los sanduceros, al punto de que llegó en su momento a tener más de 8.000 socios.
Mencionó asimismo que la cooperativa se fundó con el objetivo de contribuir “al sustento diario” de los trabajadores, poniendo a su disposición de forma más accesible artículos de la canasta familiar y otros de uso común, a la vez de traer a colación que la gestión de la cooperativa ha tenido sus avatares. Destacó además el apoyo de los sanduceros y la colaboración de entidades como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo, todo lo que fue un aporte importante para superar circunstancias difíciles, a la vez de reafirmar que “seguiremos sirviendo a la comunidad” y que “los socios son su razón de ser”.

“El cemento portland es un material clave para la industria de la construcción, la obra pública y la vivienda. Entonces también parece importante la presencia del Estado como ente testigo, que tenga el know how, las capacidades de producción, y participe en la formación de precios”, agregó.
“Pero además hay un elemento adicional particularmente significativo y que es una industria que está radicada en el interior del país. Es muy difícil radicar industrias y actividades que empleen mano de obra de manera significativa en el interior del país. Por eso es también de interés el sostenimiento de la actividad industrial y productiva en Paysandú y en Minas”.

“Tal como está planteada la asociación Ancap –subrayó el senador Nunes– seguirá siendo el propietario de las canteras. Es verdad, el socio, no va a gestionar las canteras ni se van a enajenar las canteras. Pero Ancap no podría venderle piedra caliza a otra empresa. Entonces, hay que considerar quién controla el negocio, si el que tiene la cantera, el que hace la industrialización o el que tiene el mercado para colocar el producto. En realidad en muchas industrias extractivas, no está en el que extrae la riqueza. En general está en los otros eslabones de la cadena de valor”.

DAS SE BASAN EN FALTA DE INVERSIÓN

Nunes reconoció que Ancap se enfrenta a pérdidas anuales, pero dijo que “da pérdidas desde el año 2000, de allí en adelante”. Explicó que “en algunos momentos, Ancap fijaba el precio más caro que la utilidad razonable para no sacar del mercado a la competencia privada, que tenía una tecnología más obsoleta. Después la empresa privada tuvo que cerrar sus industrias, por razones ambientales, en Montevideo y tuvo facilidades del Estado para invertir y construir una planta moderna, mientras Ancap no invirtió en modernizar sus unidades productivas. Por lo tanto, perdió competitividad frente al privado y empezó a dar pérdidas”.

Aseguró entonces que “las pérdidas resultaron una consecuencia de una política de liquidación del organismo por la vía de no invertir, porque todos sabemos que, si uno tiene cualquier negocio y no está al día con las inversiones necesarias, la competencia le va a pasar por arriba. La pérdida surge porque se tomaron decisiones políticas de ir liquidando el negocio por la vía de no invertir. En el año 1990, cuando asume el presidente Lacalle Herrera, se hablaba de la privatización del portland y en ese momento daba ganancias, tenía buenos resultados. O sea que acá hay una cuestión de carácter ideológico”.