Política

La Junta Departamental aprobó el envío de un proyecto que fuera remitido por oficio a la Presidencia de la República, al Parlamento y a otros organismos, de autoría del edil nacionalista Marcelo Tortorella.

La iniciativa contempla la aspiración de que se implemente un mecanismo “de la misma naturaleza del complemento solidario de la Ley 20.130 pero aplicable en este caso a las jubilaciones vigentes tomando como referencia de equiparación al Salario Mínimo Nacional”, consignó el edil, quien subrayó que esta medida “aspira a generar un alto impacto económico y social que comprendería a unos 140.000 pasivos que hoy perciben prestaciones del BPS por debajo de ese rango de ingresos”.

La Junta Departamental de Paysandú, en sesión celebrada el día 24 de julio, aprobó por mayoría (27 votos en 29) la citada moción presentada por el edil Marcelo Tortorella, en cuya exposición de motivos se indica que “de acuerdo al Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) del Instituto Nacional de Estadística (INE) del Uruguay, el haber mínimo jubilatorio está fijado en $17.283 para el ejercicio 2023. Por su lado, otro parámetro de la economía indica que el Salario Mínimo Nacional para el ejercicio 2023 fue fijado en $21.106. El valor base del Salario Mínimo Nacional (SMN) que fue introducido a través del Decreto 1534/969 del 28 de noviembre de 1969, lo definía como el ‘piso por debajo del cual no puede estar ninguna remuneración’”.

“Es decir que quienes hoy se jubilan con la jubilación mínima y quienes ya se jubilaron bajo este régimen perciben una jubilación que está $3.824 por debajo del Salario Mínimo Nacional. Como se sabe, tanto el valor de la jubilación mínima como el valor del SMN son prestaciones que aportan ingresos para una condición mínima de sobrevivencia. Por tal razón entendemos que la jubilación mínima nunca pueda estar por debajo del percentil del SMN”, reflexionó.

Votaciones empatadas y alguna sin mayoría para el informe sobre soluciones para cruces y zonas problemáticas, vuelta de temas a → Leer más

La edila nacionalista Patricia Vásquez Varela destacó a EL TELEGRAFO que, contrariamente a lo señalado recientemente por un edil del Frente Amplio, “tal como está planificado” se viene trabajando por la Intendencia Departamental, en coordinación con otros organismos en la zona de Park Way al sur, como es el caso del área del cruce con Entre Ríos.

La representante nacionalista subrayó que “tal cual como está planificado se viene trabajando en la zona de calle Park Way. Luego de finalizadas las tareas emprendidas por una empresa privada contratada por OSE, se comenzaron los trabajos tendientes a darle una solución integral a esa calle.

El senador Juan Sartori presentó un proyecto de ley que procura equiparar el subsidio de los cargos políticos o de particular confianza con el seguro de desempleo de los trabajadores del ámbito privado. Actualmente los legisladores o cargos de particular confianza que se amparen en el subsidio, tienen derecho a percibir el 85% de su salario durante el término máximo de un año, incluso si el cese en la función obedezca a razones personales, es decir por renuncia al cargo.
En tanto, en el caso de los trabajadores privados, cuando son enviados al seguro de desempleo por despido o suspensión de actividades, perciben un porcentaje escalonado de su sueldo por seis meses, tal como está establecido en la ley 18.399 de Seguro de Desempleo Administrado por el Banco de Previsión Social: el primer mes cobrará el 66% del sueldo, el segundo mes 57%, el tercer mes el 50%, el cuarto mes el 45%, el quinto mes 42%, y el sexto y último mes el 40% de su sueldo.

“Se configura una notoria discriminación con el resto de los trabajadores, que incluso puede considerarse una vulneración al principio de igualdad”, aseguró Sartori. “Este proyecto busca la igualación al sistema establecido para los trabajadores amparados en el régimen del Derecho Laboral Privado”, destacó.

La Mesa Representativa del Pit Cnt resolvió por mayoría simple impulsar un plebiscito contra la reforma de la seguridad social –aprobada por la coalición de gobierno– y resolverá posteriormente la recolección de firmas para habilitar la consulta ciudadana.
La propuesta aprobada plantea establecer la edad de retiro a los 60 años, una jubilación mínima por encima de la línea de pobreza y eliminar las AFAP. Al finalizar la votación, se impuso la iniciativa planteada por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) y apoyada por el Partido Socialista. Con 14 votos, no resultó aprobada la posición presentada por la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) y la corriente Gerardo Cuesta, de dejar sin efecto la reforma pero mantener las AFAP. El sector Articulación –corriente moderada– presentaron 14 abstenciones y los comunistas propusieron un aplazamiento con posterior convocatoria a una Mesa Nacional Ampliada hasta fines de agosto.

Encolumnados

El secretario general de la Mesa Departamental del Pit Cnt y secretario general de la Unión de Obreros Curtidores (UOC), Carlos Bicco, señaló que “la postura de la mesa representativa es llevar adelante un plebiscito contra la reforma de la seguridad social. La resolución implica juntar el 10% de las firmas correspondientes al padrón electoral hasta el 17 de abril para entregar a la Corte Electoral. Son unas 300.000 aproximadamente y en caso de llegar, se habilitará el plebiscito con las próximas elecciones nacionales”.

Explicó que “todos los sindicatos se han manifestado contrarios a esta reforma, pero algunos entendían que tácticamente no era adecuado enfrentarse a un plebiscito. Y quienes votaron la prórroga señalaban que había que esperar hasta el 23 de agosto como plazo máximo para llegar a un acuerdo porque se habían arrimado las posiciones. Pero una mayoría entendió que había que votarlo en esta mesa representativa y de allí surgió la votación tan ajustada, por mayoría”, dijo a EL TELEGRAFO.

Los tres diputados por Paysandú, Nancy Núñez, Cecilia Bottino y Juan Carlos Moreno presentaron una exposición escrita dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Andújar, y entregaron copia a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en lo que representa la primera gestión parlamentaria conjunta en apoyo a implementar el Memorial recordando la Huelga General de 1973, que se intenta levantar en Paysandú.
Tras la reunión mantenida con la Comisión de la Memoria y la Intersocial de Paysandú, y cumpliendo con lo acordado, realizaron la gestión parlamentaria, entregando un documento que además solicitaron sea enviado al Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia de Paysandú, Junta Departamental de Paysandú, a la institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

“La prolongada Huelga General que en Paysandú duró 17 días, tuvo el sostén de una sociedad local que asistió y apoyó a la masa trabajadora, que se manifestó contra la dictadura y en defensa de la democracia, manteniendo fidelidad a sus mejores tradiciones”, indica el texto firmado por Núñez, Bottino y Moreno.

Ediles del Frente Amplio presentaron una moción en la Junta Departamental de Paysandú respecto a la “grave situación” en cooperativa Covian 11, por una serie de problemas de vialidad y desagües en el lugar, que entienden afectan sensiblemente la calidad de vida de los vecinos.
Los ediles Sandra Betti, Daniel Gallardo, Julio Retamoza, Raquel Medina y María Barreto, destacan en su exposición de motivos que “en recorrida junto a los vecinos de Covian 11, pudimos apreciar varios problemas. En una de las calles laterales, Joaquín Suárez entre Benito Chain y Almagro, constatamos el mal estado de los desagües que se dejaron sin terminar”.
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“En el lugar aparecen hace más de tres años balizas indicando los pozos que allí se encuentran. Por encontrarse esta parte de la calle en una pendiente, en momentos de lluvia, acarrea aguas servidas desde una casa que tiene varios apartamentos de los que por falta de barométrica se inundan y como consecuencia estas aguas se introducen en dicha cooperativa, generando olor nauseabundo y anti-higiénico”, agregan.

El edil del Frente Amplio Dany Collazo, aseguró que los vecinos de “la zona de ParkWay y Entre Ríos nos transmitieron varias inquietudes y que se sienten olvidados por el Intendente Nicolás Olivera, que en épocas electorales iba muy seguido junto a los que hoy ocupan cargos de gestión y que luego de haber asumido se olvidaron del lugar”.

El edil de la Vertiente Artiguista explicó que “el principal reclamo, junto a la falta de trabajo, es el estado de la calle ParkWay entre Independencia hasta Ledesma, pero más precisamente en la zona de Entre Ríos”. Según el planteo efectuado, allí “es caótica la situación. Máxime aún que vehículos que se dirigen a la zona del vertido de aguas servidas ubicadas junto al Parque la Chapita pasan a gran velocidad. Incluso vehículos municipales” que trasladan jerarcas de la Intendencia, señaló a EL TELEGRAFO.

La Comisión de Obras y Servicios de la Junta Departamental llegó a Piedras Coloradas y recorrió el Barrio “El Sapo” de la localidad. Lo hizo debido a inquietudes, planteos, denuncias, que han llegado a dicha comisión, que tienen que ver con anegamientos de las casas que allí se han generado. Según dio cuenta el alcalde de la localidad, Jhonn Cáceres, “ya los habíamos puesto en conocimiento antes, pero vinieron a ver todo lo que habíamos hecho, todo el trabajo que habíamos realizado en dos años, en el barrio, y lo culminamos a fines del año pasado, donde se invirtieron alrededor de más de 5 millones de pesos”.

Por otra parte, Cáceres, agregó que “a su vez, los llevamos a ver la obra que estamos haciendo de cordón cuneta en Mevir III y IV, todo lo que se ha hecho en el Complejo Deportivo, más la iluminación que se ha hecho y las conexiones, en el Barrio El Sapo y el Mevir III y IV, las calles nuevas que se han hecho entre el Barrio El Sapo y el Mevir III y IV. Todo eso se le mostró a la Comisión de Obras y Servicios de la Junta Departamental. El municipio, el alcalde, no hace caso omiso a ninguna inquietud, planteo o denuncia”.

FIRMA DE CONVENIO

“El próximo miércoles 16, el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, llegará a Piedras Coloradas para firmar el convenio con la Intendencia Departamental y el municipio, para el techado de la cancha multiuso del complejo deportivo. Un convenio de 2 millones de pesos”, señaló el alcalde.

La Mesa de Coordinación Política de Convocatoria Seregnista Progresista se manifestó contraria a la recolección de firmas para habilitar un referéndum en rechazo a la Reforma de la Seguridad Social.

“No creemos que el mecanismo de reforma constitucional sea el más adecuado para resolver los desafíos de una nueva matriz de protección social en nuestro país, en particular para incorporar a la Constitución algunos parámetros que entendemos no deberían ser definidos en forma rígida y con características permanentes”, señala el documento. El asesor económico del sector, Martín Vallcorba, reafirmó que el camino de la recolección de firmas no revertirá “un conjunto de disposiciones que valoramos como negativas”, dijo a EL TELEGRAFO.

“Está claro que la posición de Convocatoria, desde el primer momento, era reconocer que la reforma es necesaria. Pero esta no es la reforma que el país necesita porque hay un conjunto de elementos que no fueron tomados en cuenta y otros, tomaron el camino que no es el correcto”. Vallcorba aclaró que “la forma de revertir estos cambios negativos no pasan por incorporar en la Constitución de la República los aspectos que corresponden al marco legal. Hay un conjunto de aspectos específicos que puede atender una ley y no pueden ser incorporadas en la Constitución”.

Recordó que “el Frente Amplio discutió profundamente con el equipo de expertos en seguridad social a cargo de la reforma.

Fueron tres delegados que tuvieron un intercambio muy intenso y muy profundo con respecto a que esta reforma no es la que el país necesita”.

“La gestión de INAU en Paysandú no es de las mejores. Vamos a realizar una moción en la Junta Departamental para que se pueda visitar el hogar que funciona en Dr. De Herrera entre 18 de Julio y Leandro Gómez, que hace pocos días se incendió nuevamente”, dijo a EL TELEGRAFO la edila del Frente Amplio, Paola Ifrán.

Explicó que “días atrás vimos con gran preocupación cómo se incendió nuevamente el edificio, que dejó varias consecuencias, tanto en la parte edilicia como materiales. Lamentablemente en estos últimos meses hemos visto que han ocurrido varios incendios en esta dependencia, lo que nos preocupa mucho por cómo se está llevando adelante la gestión de INAU en Paysandú, que según hemos averiguado y nos llega información por comentarios, no es de las mejores”.
Según Ifrán, “como sabemos, el INAU tiene como objetivo ser rector de políticas destinadas a promover, proteger o restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para nosotros, como ediles departamentales de la Vertiente Artiguista, nuestro desvelo es que se cumpla a cabalidad y que el ambiente laboral y de convivencia entre todos quienes frecuentan el INAU sea de la mejor forma. De constatar que esto no esta pasando aquí, tomaremos otras acciones. Por lo tanto, vamos a recorrer el camino de las averiguaciones”.

El Plenario Nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP) no apoya un plebiscito contra la vigente reforma a la Seguridad Social y entienden que irán por el camino de la modificación legislativa.

El sector que lidera el expresidente José Mujica entiende que es necesario convocar a un diálogo social para crear una nueva Ley de Seguridad Social y posteriormente tomar las decisiones legislativas que se consideren adecuadas. Las principales figuras del MPP confían en que el Frente Amplio gane las próximas elecciones y al día siguiente de asumir convoque a un diálogo social con empresarios, trabajadores y la academia.

El licenciado Juan Gorosterrazú, integrante del equipo de la diputada Cecilia Bottino, concurrió en representación de Paysandú y recordó que “el MPP dio una discusión sobre este tema en todo el país. Rechazamos la ley de reforma de la seguridad que rige en el país. Pero también, contamos con los informes jurídicos que nos indican la imposibilidad de ir a un plebiscito contra esta ley”, dijo a EL TELEGRAFO.

“En realidad, tanto las leyes de presupuesto como de seguridad social son prerrogativas del Poder Ejecutivo y están dentro de la Constitución de la República. En este caso, el plebiscito plantea una reforma constitucional. A nivel departamental, fuimos con la postura de convocar a un diálogo social y no a juntar firmas para un referéndum ni un plebiscito. Consideramos que, en realidad, hay un sinfín de temas que en definitiva se juegan en el escenario político-electoral de 2024”, agregó.

El dirigente precisó que “apostamos a un diálogo social porque, en definitiva, creemos que esta ley no reforma la seguridad social, sino que es de jubilaciones. No atiende la cobertura en seguridad social, que va desde antes del nacimiento, durante la vida de una persona, abarca el seguro de desempleo a los trabajadores, las jubilaciones y la cobertura para las personas con discapacidad”.

El Partido Colorado en la Junta Departamental anunció también que “se votará afirmativamente la anuencia para que la Intendencia siga adelante con el procedimiento para obtener un crédito puente con destino a la Universidad de la República, que lo pagará y lo destinará al Campus Universitario”, informó el edil David Helguera.
Aseguró que “no solamente se aprueba que se pida este préstamo para la universidad –que lo usará y lo pagará– sino que además, por solicitud nuestra, se integrará una comisión especial de seguimiento del uso de ese dinero, con representantes de las bancadas de la Junta Departamental, de la Intendencia Departamental, de la Universidad, de la CAF –que es la que otorga el préstamo–, con lo que damos la seguridad de la buena inversión”.
Destacó el edil del Partido Colorado que además “informé de la posición de la bancada al Comité Ejecutivo Departamental del partido, que se reunió para para recibir nuestro informe”.
El Partido Colorado en la Junta Departamental “ha estado siempre dispuesto a votar hasta ahora todo lo que se ha requerido para la Universidad de la República, como la sesión del corralón, la construcción del hogar estudiantil, el traslado del Departamento de Servicios y otras dependencias, la compra del inmueble frente al Palacio Municipal. Todo eso lo hemos votado favorable y además hemos tratado de liderar la opinión para conseguir posiciones unánimes; algunas veces las conseguimos y otras no”.