Durante los últimos días del año 2018, el comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos difundió el siguiente mensaje en su cuenta de la red social Twitter: “…saludo al soldado que se esfuerza por cumplir la misión asignada de la mejor forma, a pesar de las dificultades, de su bajo salario (…) y de la acción de los mercaderes del odio, de los que viven de la división y del enfrentamiento entre orientales…” En pocas horas, Manini Ríos fue atacado por distintas figuras del Frente Amplio, atribuyéndole a sus palabras una finalidad supuestamente política o electoral a sus palabras, algo que le está expresamente prohibido a todos los militares. A modo de ejemplo, el coordinador de la bancada del Frente Amplio, el diputado Jorge Pozzi –perteneciente al Movimiento de Participación Popular– sostuvo que Manini Ríos tenía “intenciones políticas y que debería esperar a pasar a retiro o solicitar la baja”.
La actitud del Frente Amplio hacia las Fuerzas Armadas no es nueva y está cargada de un cúmulo de prejuicios que se arrastran desde la época de la dictadura, un período que claramente nuestro país ha dejado atrás. A pesar de los años transcurridos y de que nadie discute que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil y al Presidente de la República como su máxima autoridad, aún existen quienes se empeñan en generar una corriente de odio hacia las mismas, tratando de mantener lo más abiertas posibles las heridas del pasado, recurriendo para ello al apoyo de organizaciones nacionales e internacionales que le garantizan exposición en la prensa y por supuesto viajes al exterior con importantes viáticos y hospedajes en hoteles que claramente no pueden calificados como “cárceles del pueblo”. Detrás de la justa y necesaria defensa de los derechos humanos en todo el mundo existe también, en muchos casos, un submundo de prebendas y favores que como suele suceder –y bien lo saben quienes hacen uso de ellos– son un camino de “ida y vuelta” donde “hoy me das y mañana te doy”.
En este marco, resulta imposible olvidar las declaraciones de la hoy vicepresidenta Lucía Topolansky, quien sostuvo que se necesitaban unas Fuerzas Armadas afines ideológicamente al Frente Amplio, para que “nunca más se repita la historia de la dictadura”. Ante estas declaraciones, el diputado Javier García (Partido Nacional) expresó que “está diciendo a aquellos oficiales que quieren ascender ‘ya saben qué tiene que hacer, para entrar ya saben qué fidelidad deben tener’. Deben dejar la fidelidad a la Constitución, a la ley, para abrazar la fidelidad de un partido político. La verdad que desde el restablecimiento de la democracia yo no había escuchado una cosa de este tenor”. La declaraciones de Topolansky dejan en claro las verdaderas intenciones del Frente Amplio: transformar a las Fuerzas Armadas en un grupo de represión al servicio de ese partido político para sofocar, tal como sucede actualmente en Venezuela, Cuba o Nicaragua, cualquier manifestación de personas u organizaciones que no piensen como esa fuerza política. Se trata de un viejo sueño de la izquierda latinoamericana que tanta sangre y dolor han dejado a lo largo de nuestro continente, tanto en los paredones cubanos de fusilamiento con parodias previas de juicios o en la “tatucera” de la estancia “Espartaco”, donde el 21 de diciembre de 1971 el Movimiento de Liberación Nacional (MLN – Tupamaros) asesinó cobardemente al peón Pascasio Báez administrándole una inyección de pentotal, acción que estuvo a cargo de quienes hoy ocupan altos cargos en el Gobierno Nacional. En la misma línea que Topolansky, el diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez ha confesado que lo que pretende ese partido es “democratizar el uso de las armas para el Pueblo” destacando que “nosotros no estamos en contra de la existencia de un Ejército, pero queremos uno con otras características al actual”. Como ejemplo de lo que debería ser el Ejército Uruguayo, Núñez mencionó el proceso cubano donde Fidel Castro “depuró” las filas castrenses luego de la Revolución de 1959 en una acción que calificó como “la destrucción burocrática militar” y con la cual obviamente está de acuerdo. Así pues, queda en claro la concepción que el Frente Amplio tiene de las Fuerzas Armadas y de sus integrantes: destruir la actual estructura de las mismas para poder transformarlas en un “ejército popular” que sea comandado desde los comités de bases y sirva como fuerza de choque tal como lo hicieron en Haití los tristemente célebres “Tontons–Macoutes” del dictador François Duvalier, como forma de controlar cualquier descontento o protesta social.
La prédica contra las Fuerzas Armadas tiene en el Pit Cnt otro vocero incansable y como lo ha señalado el integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical, Raúl Olivera, “el factor militar es un elemento del Estado, del capitalista y del socialista y siempre hay que desconfiar de él”. Por su parte el diputado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), José Luis Puig, cuyos ataques a las Fuerzas Armadas son constantes y de larga data, ha sostenido que “el Estado ha sido colonizado por las Fuerzas Armadas”.
Afortunadamente, la realidad de las Fuerzas Armadas uruguayas es muy diferente al sombrío panorama que los legisladores del Frente Amplio pretenden imponer en los medios de prensa y en la consciencia de todos los uruguayos. Mientras estos legisladores frenteamplistas cobran altos sueldos y disfrutan en sus cómodos despachos del Palacio Legislativo de sus sillones, aire acondicionado y secretarios que pagamos todos los uruguayos, los efectivos militares recorren el país en tareas mucho menos cómodas y peor remuneradas. Sin importar el día o la hora, los militares levantan basura cuando la “élite sindical” se niega a hacerlo, levantan puentes de emergencia, evacúan familias afectadas por las inundaciones o preparan comidas que serán entregadas a quienes más lo necesitan, colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), préstamo de carpas o la realización de trabajos para la erradicación de mosquitos Aedes Aegypti, por nombrar tan solo algunas de las múltiples y sacrificadas tareas que nuestros soldados cumplen en beneficio de la comunidad sin preguntarle a los ciudadanos que reciben esa ayuda a qué partido votan, ni mirar la letra chica del “contrato laboral” para ver si esas acciones están comprendidas entre las tareas que les corresponden. En muchas de estas actividades estos efectivos militares son reconocidos pública, sincera y cálidamente por quienes se benefician de las mismas, personas humildes como esos propios efectivos y con sus mismas necesidades económicas y de vivienda. Llueve o truene, la tarea debe cumplirse porque de ello dependen muchos ciudadanos que si no fuera por las Fuerzas Armadas no recibirían ayuda de ninguna clase, porque muchos de los que las atacan en la prensa y en el Parlamento no serían capaces de tomar una pala o manejar una camión bajo el sol ardiente para hacer esas mismas tareas.
Como sucede en tantos aspectos de la vida nacional, los uruguayos debemos evitar que se siga instalando entre nosotros la tan famosa “grieta” para dividirnos y crear falsos enfrentamientos y disputas donde no has hay. La estrategia de “dividir para reinar” no es nueva y la izquierda latinoamericana la impulsa desde siempre con renovadas energías a través del accionar de figuras como Evo Morales, Cristina Fernández, José Mujica o Lula da Silva. A pesar del intento de los múltiples ataques (“facho”, “rosadito”, etcétera) que reciben diariamente en las redes sociales o en sus lugares de trabajo quienes no votan al Frente Amplio, nuestro país necesita de todos (incluyendo a las Fuerzas Armadas) para superar sus graves problemas de seguridad, educación y salud pública. Porque “pueblo” no es sinónimo de izquierda, comunismo o Frente Amplio: también hay “pueblo” de centro y de derecha, aunque les cueste entenderlo a quienes se adueñaron del término para reforzar la imagen de “buenos” –de izquierda– y “malos” –de derecha–. Es algo que los “mercaderes del odio” y los impulsores de la “grieta” deberían entender de una vez por todas. → Leer más
