Mes: julio 2020

Ha quedado disimulada entre el fárrago de información respecto a la evolución, medidas y consecuencias respecto a la pandemia del COVID-19, el pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones en lo civil por el que se mantuvo la sentencia de pago –aunque redujo el monto– de indemnización al exdirigente tupamaro Héctor Amodio Pérez, condenado a prisión por una jueza pero que fuera luego absuelto por la Suprema Corte de Justicia al anular el insólito fallo inicial.
En julio del 2018, la defensa del extupamaro Amodio Pérez presentó una demanda contra el Estado por los días en que estuvo en prisión, luego de que la Suprema Corte de Justicia lo absolviera, demanda que era de seis millones y medio de pesos netos y nueve millones considerando intereses y reajustes.
Amodio Pérez señaló que en contra de lo que tenía previsto –que era venir a presentar su libro y salir del país en 48 horas– debió quedarse 778 días, de los cuales estuvo en prisión 360. El dinero que se pedía por daño moral era de 1.377.900 pesos, por daño emergente 1.613.701 y por lucro cesante más intereses 3.551.868 de pesos, pero finalmente el Tribunal de Apelaciones dejó la indemnización en 1.219.000 pesos.
La Justicia entendía en su apelación que correspondía resarcir a Amodio Pérez por los días de prisión efectiva y no por la prisión domiciliaria, pero el Tribunal consideró que la prisión indebida a la que fue sometido abarca también el confinamiento del extupamaro en su casa.
De acuerdo a la sentencia a la que accedió El País, se tuvo en cuenta la edad de Amodio Pérez, su larga residencia en el extranjero y los resultados de una pericia psicológica para determinar la indemnización en $ 1.219.000.
Hasta aquí un breve resumen de lo acaecido en cuanto al desenlace que ha tenido este sonado episodio, que es apenas uno de los coletazos –y por supuesto está lejos de ser el más importante– del desgraciado período de caos y atropello a las instituciones que vivió nuestro país en la década de 1970, por la irrupción del terrorismo tupamaro y la posterior dictadura que se extendió desde 1973 hasta 1985.
En lo que refiere a este episodio concreto, la jueza Julia Staricco había procesado en 2015 con prisión al extupamaro Héctor Amodio Pérez por “reiterados delitos de atentado de privación de libertad especialmente agravado”, haciendo lugar a parte del pedido de la fiscal Stella Llorente.
Staricco no hizo lugar al pedido de la fiscal de que fuera procesado por delitos de lesa humanidad, así como tampoco hizo lugar al argumento de la defensa de Amodio Pérez, la que ya había anunciado que en caso de un fallo desfavorable hacia su cliente, recurriría al Tribunal de Apelaciones o la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Amodio Pérez volvió al país después de más de 40 años para presentar el libro Palabra de Amodio, a principios de agosto. Tenía previsto estar solamente 24 horas pero las citaciones judiciales que recibió y su procesamiento con prisión extendieron su “estadía” en Uruguay.
Lamentablemente, lo que se dilucidó en la Justicia –y que ahora deberá dar lugar a una indemnización que saldrá inevitablemente del bolsillo de todos los uruguayos– como dijimos en su momento, es producto de la acusación a Héctor Amodio Pérez por los propios subversivos de la década de 1960 de traicionar a sus compañeros, cuando a la vez fue naturalmente protagonista directo en los crímenes cometidos junto a sus excompañeros a partir de 1963, es decir durante un gobierno democrático y que siguió haciéndolo, a medida que iba creciendo la guerrilla, hasta antes de la dictadura de 1973. Los detractores a ultranza de Amodio en la izquierda hacen hincapié en que éste delató, sin haber sido torturado, a sus excompañeros y negoció por esta vía con los militares su exilio en España, pero en lo que al escenario macro refiere y visión retrospectiva, podemos evaluar claramente que sigue ausente en todo momento la autocrítica de los exguerrilleros, –tanto de Amodio como de quienes han salido a terciar en su comparecencia ante la Justicia– por haberse levantado en armas contra la democracia con el objetivo exclusivo de instalar en nuestro país un gobierno como el encabezado por Fidel Castro en Cuba, que lo había logrado unos pocos años antes, en 1959.
Por lo tanto, en estas instancias judiciales por el caso Amodio surgieron versiones contradictorias involucrando a los excabecillas del movimiento subversivo, con acusaciones cruzadas, pero en todos los casos confirmando que la etiqueta de “traidor” que se maneja hacia la interna corresponde a un grupo irregular, de ideólogos y ejecutores de menor cuantía que actuaba absolutamente al margen de toda norma, que cometían actos delictivos con el argumento de servir a una ideología pero burlándose de las instituciones “burguesas”, sin que nadie se los pidiera y a su entera responsabilidad. Nada que ver con la Justicia.
En realidad, se trajo al exdirigente para dilucidar en la Justicia viejas rencillas y pase de facturas entre guerrilleros que protagonizaron lamentables hechos de violencia por motivos ideológicos en democracia. No estamos ante algo que no se sepa, pero sí es lamentable y cuestionable que en la Justicia todavía haya funcionarios que hagan lugar a estos reclamos delirantes y argumentos retorcidos hacia hechos del pasado con fallos absurdos y tan burdos que no resistirían incluso análisis básicos de estudiantes de derecho.
Y en esta ocasión, además, el episodio de Amodio ha expuesto la anarquía, las rivalidades, los actos criminales, las intrigas, de un movimiento que sus ideólogos y simpatizantes se habían encargado de idealizar ante quienes no vivieron aquellos tiempos de intolerancia y violencia, con un doble discurso y la hipocresía de muchos personajes que han hecho de ese período de la historia una forma de vida, contándola de una forma funcional a sus intereses.

En medio de una coyuntura sanitaria, social y económica, no debe haber ni un atisbo de política rastrera. Y en este punto, para ser claros, no hablamos de alta política o baja política. Porque los politólogos definirían a la primera como los asuntos que representan a la soberanía, los intereses nacionales o a las fuerzas militares; y a la segunda, como la política cotidiana.
Pero aún podemos parafrasear a Napoleón Bonaparte, cuando en el siglo XIX se refería a la alta política como el “sentido común aplicado a los asuntos importantes”. Si no, veamos sobre cuáles asuntos discuten nuestros políticos en un momento histórico como el actual.
Como sea, nunca debemos perder de vista que los cargos parlamentarios o ejecutivos en un gobierno no vuelven más inteligentes o buenas personas a quienes ocupan esas sillas. La responsabilidad, en todo caso, es colectiva porque el voto es el poder ciudadano en sí mismo, y Uruguay ha dado muestras de que las mayorías no siempre aciertan. El propio expresidente Tabaré Vázquez lo ha señalado, específicamente en torno a las reiteradas consultas populares sobre la Ley de Caducidad.
Para liderar en la alta política son necesarias las ideas claras, el pulso firme y, sobre todo, el sentido común. No es necesario gritar todo el tiempo cuán demócratas somos, sino ejercerlo a diario, hasta en las cosas más pequeñas. Y si no brota desde arriba, entre los tres poderes, es dificultoso que fluya hacia abajo y, encima, se entienda su significado.
Desde su residencia de la calle Buschental, el expresidente cuestiona al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y pregunta, “con mucho respeto: ¿Seguirá el ministro pensando que tiene que dar un paso al costado e irse o sino que lo tiene que sacar el presidente? ¿Estarán los medios de comunicación tan dispuestos a repetir esta frase como lo hicieron en marzo de 2019?”.
Ni una cosa, ni la otra, cuando van cuatro meses de gestión.
Sin embargo, podría responderse que sí en el caso que Larrañaga continuara siendo ministro del Interior dentro de 10 años, que es el tiempo que estuvo el exministro Eduardo Bonomi (201-2020) al frente del Ministerio y con un presupuesto tan importante como nunca antes.
Luego de mostrar las cifras de delitos y su comparativo con los meses correspondientes al año anterior, Vázquez dejó por el camino una cantidad de cuestiones que correspondieron a su gobierno e incluso al de José Mujica.
Podríamos comenzar entre 2005 y 2006, con la liberación masiva de 756 reclusos (el 10,4% del total) efectuada por el entonces ministro José Díaz, enmarcada en la Ley de Humanización del sistema carcelario. Fue aquel jerarca creador de la explicación basada en la “sensación térmica” ante los reclamos por el incremento de la inseguridad ciudadana. O el proyecto de ley para una nueva liberación de presos que impulsaba el gobierno de Mujica en 2011, para aliviar el hacinamiento crítico de las cárceles.
Entonces allí comenzamos a entender la razón de sus cuestionamientos. Una polémica no puede tener una base tan frágil, fundamentalmente por quién lo dice. Citar por ejemplo que “no hay un solo indicador económico, social ni de ningún tipo que no haya mejorado sustancialmente desde 2005”, es subestimar la inteligencia de quien mira o escucha.
Es notorio que no lo es, pero a nivel global ningún país del mundo, en medio de una crisis sanitaria, social, económica y –en algunos países– hasta política. Porque la falta de liderazgo, a nivel global, ha sido notoria. Atravesamos como humanidad una contingencia en la que cada país debió rebuscarse a su manera, sin un manual ni una lógica, y resolver de acuerdo a su propia idiosincrasia. Porque al mundo moderno no le había ocurrido algo parecido al menos en los últimos 100 años.
No querer verlo desde este punto es reconocer que Vázquez solo se dirige a un público específico, su público, que aplaudirá sin cuestionar las razones de por qué llegamos hasta aquí de esta forma y no de otra.
En otra recorrida virtual elexpresidente aseguró que “no vamos a ganar una elección con los medios”, sino en una recorrida por el país. Claramente no será posible comunicar con la utilización continua de ironías, con llamados a conferencias de prensa sin preguntas o con respuestas de cualquier tipo a preguntas concretas, tal como fue su estilo.
Es también materia de interesante análisis su reflexión acerca de que su fuerza política ha “acompañado las medidas del gobierno” en materia sanitaria, y que el gobierno pudo tomarlas “gracias a los pilares que dejó el FA”.
Enumeró el Plan Ceibal (la mitad de los escolares no se conectó a ninguna plataforma durante la pandemia) o el Sistema Nacional Integrado de Salud, que permitió enfrentar la situación “con tranquilidad, sabiendo que tenemos ciudadanos amparados por un sistema de salud”.
En realidad el control estratégico y preventivo registró, en comparación con la región, pocas atenciones e internaciones en hospitales y sanatorios. Los controles utilizados son los hisopados para la detección de contagios, con el consiguiente aislamiento y seguimiento de los casos. Todo a cargo de un equipo de científicos de primera línea que basa la respuesta sanitaria del gobierno, en procedimientos matemáticos que aplican criterios demográficos y testeos masivos en los focos de influencia, que permiten el aislamiento de los casos positivos.
En cuanto a insumos médicos en marzo, y a pocos días de comenzada la emergencia sanitaria, en un depósito del puerto de Montevideo fueron encontrados miles de guantes, mascarillas, tapabocas y máscaras de oxígeno, que esperaban desde setiembre del año pasado. Una cuestión que exime de cualquier tipo de comentario en un país con recursos escasos y necesitado del apoyado de las oenegés que a nivel internacional han dado una mano solidaria.
El expresidente sabe todo esto. Aún así, resulta extraño que acceda a aparecer en este contexto y con esas reflexiones.