Mes: noviembre 2020

Esta semana se llevó a cabo en el Parlamento un homenaje a los 100 años del Partido Comunista del Uruguay. En él participaron, por supuesto, legisladores del Frente Amplio, pero también del Partido Nacional y del Partido Colorado. Cabildo Abierto, no obstante, decidió no tomar parte de la ceremonia. Entre discursos, se ponderó el papel de esa facción en la política local, sus supuestos aportes y el afán por servir a la democracia vernácula.
Uno de los diputados comunistas que habló (Ubaldo Aita) criticó el modelo capitalista que domina al mundo y mencionó, convencido, que su partido tiene “un radical compromiso con la construcción de una propuesta civilizatoria que lo supere”. Y así siguió dando loas a un sistema que jamás funcionó en ninguna parte del mundo y cuyos regímenes de terror han sembrado la muerte, el caos, las purgas, y el hambre.
Hoy en día en Uruguay a nadie se le ocurre organizar un homenaje al fascismo. Por su faceta antidemocrática y porque se ha probado su talante destructor. Lo mismo debería suceder para el Partido Comunista. Pero aquí preferimos ser políticamente correctos y le abrimos las puertas a un homenaje a una entidad que representa todo lo contrario al espíritu republicano. La presencia de los legisladores blancos y colorados en el acto es, sencillamente, inexplicable. Incluso la de los frentistas moderados.
En los regímenes comunistas, como los de la Unión Soviética o de China –en especial en la época de Mao– o el actual de Corea del Norte, lo habitual era el control de la población en todas sus etapas. Los enemigos, los que pensaban distinto, los que osaban pronunciarse en contra del sistema, eran aniquilados. El daño antropológico en estas sociedades perdura hasta el día de hoy. En lo que respecta a la economía, fallaron en todas sus líneas. Si te querías marchar de su país, era casi imposible. No había –no hay– libertades. Todo esto fue lo que homenajeó el Parlamento el martes pasado.
Los hoy representantes comunistas en Uruguay gustan ponderar el aporte de su partido a la democracia –de la que nunca creyeron–, a modo de sentirse importantes e idóneos en el esquema político de nuestro país. Pero cabe decir que el apoyo a las dictaduras marxistas –y a sus líderes criminales– siempre estuvo presente entre los comunistas uruguayos, aplaudiendo cada atrocidad de los soviéticos o los chinos. Y vale recalcar el espaldarazo a los comunicados 4 y 7 de los militares de febrero de 1973 cuando amanecía la dictadura uruguaya, pensando ese régimen tendría una deriva marxista como sucedía por entonces en Perú.
Hace poco más de un año, la Unión Europea (UE), en su Parlamento y por un aplastante 535 votos a favor y 66 en contra (52 abstenciones), igualó el nazismo con el comunismo. Los europarlamentarios aprobaron una resolución en la que se condenó que “ambos regímenes cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones, y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad”.
Llegado a este punto resulta didáctico recordar las cifras de terror que sembró el comunismo mundial. Cuando la UE tomó aquella decisión, el diario ABC de Madrid publicó un repaso de las víctimas del comunismo, en especial del régimen soviético. Indicó que en 1989, el politólogo Zbigniew Brzezinski ya había establecido los muertos de la Unión Soviética en 50 millones, en su obra “El gran fracaso: nacimiento y muerte del comunismo en el siglo XX”.
Robert Conquest, cuyos trabajos sobre los soviéticos lo convirtieron en una autoridad, estimó 40 millones de víctimas, sin contar a los fallecidos en la Segunda Guerra Mundial. En 1987, Rudolph Rummel, de la Universidad de Hawái, dijo que la URSS había matado a 61,9 millones de personas entre 1917 y 1987. Mientras que el historiador ruso y premio Nobel de Literatura Aleksandr Solzhenitsyn, en el segundo volumen de su “Archipiélago Gulag”, de 1973, cifró el número de víctimas de la represión en 88 millones.
La famosa publicación de 1997 llamada “El libro negro del comunismo” redondea en más de 120 millones el total de muertos por el comunismo en los diferentes países, rebajando en 21 millones de decesos durante el régimen soviético pero marcando en 85 millones los muertos en China, sobre todo, cuando era gobernado por el tenebroso Mao Zedong. Ese texto también detallaba que hasta ese año murieron a causa del comunismo 4,6 millones en Corea del Norte, 3,8 millones en Vietnam, 2,4 millones en Camboya, 1,5 millones en Afganistán, 1,2 millones en Yugoslavia, entre otros países. “El libro negro del comunismo” repasa, a su vez, los muertos en Uruguay: 66.
Y todo esto se homenajeó el martes en el Palacio Legislativo. De verdad, de no creer. El ser uno de los ganadores en la Segunda Guerra Mundial, la influencia de muchos intelectuales, el copamiento de los centros educativos y control de las centrales sindicales y el supuesto interés por los más desfavorecidos, han hecho su parte que los comunistas aún gocen de buena prensa.
El Partido Comunista, como aquí en Uruguay está inmerso en un sistema democrático, puede celebrar lo que se le dé la gana. Del mismo modo, vale consignar que conmemorar con ellos te hace cómplice, de algún modo, de su nefasta ideología.
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Hace pocas horas, como saliendo de atrás de un tártago, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una comunicación al gobierno de Luis Lacalle Pou, a través de la Cancillería, por la que esta comisión transmitió su inquietud por los hechos ocurridos la semana anterior en la plaza Líber Seregni en Montevideo, donde la Policía dispersó a grupos de activistas que se aglomeraron en este espacio, sin guardar las mínimas precauciones ni protocolos ante la pandemia, y además se rehusaron a retirarse y agredieron a policías que los exhortaron a dispersarse.
Nada nuevo bajo el sol en cuanto a este tipo de hechos, para los uruguayos que sabemos como viene la mano, porque han sido cosa corriente a partir de la permisividad y prescindencia con que se ha actuado por los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, que han puesto énfasis en los supuestos derechos de activistas y delincuentes ante los de los ciudadanos de a pie, los que no cuentan con el apoyo de organizaciones sociales dominadas por grupos de izquierda y que forman parte de la maquinaria propagandística que sistemáticamente defiende a los sectores afines a su ideología.
En este último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado informando que el gobierno tomó conocimiento de las comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a lo ocurrido en Plaza Seregni en pasado domingo.
La CIDH tomó “nota con preocupación de la información recibida sobre distintos operativos policiales llevados a cabo el fin de semana con el fin de disolver reuniones sociales y culturales”, señaló en sus redes sociales.
Además, hizo énfasis en lo sucedido en Plaza Seregni, donde “según información de sociedad civil, la policía no habría priorizado el diálogo previo a su intervención”, lo que pone en clara evidencia que las “fuentes” de información de la comisión son precisamente los grupos de activistas y radicales que se colocan en postura de víctimas, cuando abundan los videos de la Policía en pleno diálogo y convocando a los asistentes a retirarse, lo que fue respondido con insultos y pedreas por los manifestantes.
Igualmente, la CIDH insólitamente llama a Uruguay “a adoptar un enfoque de derechos humanos en las medidas de contención de la pandemia, garantizando el derecho de reunión pacífica, sin armas, la libertad de expresión y el diálogo, en observancia de los estándares interamericanos sobre uso de la fuerza pública”, lo que es poco menos que un delirio, por no decir insulto, respecto a lo que ha sido la regla en nuestro país a partir del retorno a la democracia, por este y todos los gobiernos.
Ante el planteo de la CIDH, Cancillería señala que “en todo momento el gobierno ha utilizado como concepto central para manejo de la pandemia el de libertad responsable, apelando a la conciencia social de la ciudadanía para mitigar los riesgos derivados de la propagación del virus del COVID-19”.
Además, la secretaría de Estado señala que la Policía de Montevideo “se guió en todo momento por dicho principio, instando a las personas presentes en dicho espacio público, por medio del diálogo y la comunicación previas, a adoptar las medidas de precaución correspondientes y a disolver la aglomeración por los peligros que conlleva dicho tipo de conducta para la propagación del virus”.
“Ninguna de las personas presentes en las actividades en la Plaza Líber Seregni resultó herida, al tiempo que tres agentes de la Policía Nacional recibieron lesiones que los llevaron a ser atendidos en instituciones médicas”, añade el texto.
Asimismo, el gobierno “lamenta la precipitación y falta de imparcialidad de la CIDH al momento de pretender catalogar como presuntos abusos la actitud profesional de la policía uruguaya que resultó en la disolución de la riesgosa situación sanitaria para la población al tiempo que no generó lesión alguna en los ciudadanos involucrados en dicha instancia”.
En ese sentido, el gobierno “invita a la CIDH a seguir los procedimientos establecidos de comunicación previa con plazos razonables al Estado concernido, con anterioridad a emitir comunicaciones de esta naturaleza que prejuzgan equivocadamente respecto al preceptivo accionar de la institucionalidad de los estados”.
Además, considera “lamentable constatar que un órgano autónomo del Sistema Interamericano dedicado a velar por los derechos humanos pretenda hacer uso de su misión institucional para llevar adelante acciones incompatibles con la misión que los Estados integrantes de la OEA le han encomendado”.
“Debido a múltiples situaciones indudablemente críticas, todo lo relativo a los derechos humanos, su promoción y defensa es de suma trascendencia en el mundo actual y debe llevarse a cabo en forma continua, sólida y basada en información objetiva e incontrastablemente constatada; todo aquello que no se observa en el presente pronunciamiento de la Comisión”, concluye el texto.
Estas apreciaciones de la Cancillería no solo son pertinentes, sino un nuevo llamado de atención sobre la falta de equilibrio, las distorsiones y sesgo ideológico que surgen de los pronunciamientos o recomendaciones de la comisión, decididamente influenciada por los “datos” de las organizaciones y lobbies de izquierda locales que sin prurito alguno, y con la intolerancia que los caracteriza, disfrazan la realidad para llevar agua hacia su molino.
Es decir, reafirmando sus cuestionamientos al gobierno y por vía indirecta a la mayoría de los uruguayos que votó precisamente por el cambio de rumbo en cuanto al combate a la delincuencia y a los desbordes de los grupos de delincuentes y activistas que solo pretenden tener derechos y ninguna obligación hacia sus conciudadanos.
Lamentablemente, la combinación de ceguera ideológica e hipocresía de organizaciones y grupos de izquierda, se ha potenciado ante la frustración que les ha generado la expresión del pueblo en las urnas, y la respuesta la tenemos en este intento sistemático de victimización y de denuncia, sobre todo en Montevideo, el máximo reducto de esta expresión de “resistencia” nada menos que contra el veredicto popular.
Encima, tales organizaciones pretenden presentarse con un aire de imparcialidad, precisamente, cuando es notorio que en sus acciones demuestran una y otra vez que evalúan los hechos solo con el cristal con que quieren presentarlos, y lo que es peor, solo entienden que los derechos humanos deben custodiarse con su mirada particular, ajena a las demás opiniones, que son tan legítimas como las que se pretende imponer con discurso único e intolerante. → Leer más