Año: 2020

La reciente presencia en Paysandú y en EL TELEGRAFO del presidente electo, Luis Lacalle Pou, nos ha permitido contar de primera mano con información calificada sobre las acciones a desarrollar en lo inmediato por el gobierno que asumirá el 1º de marzo por voluntad de la ciudadanía. Esa ciudadanía que en democracia es consultada cada cinco años para elegir quien prefiere que gobierne el país, más allá de las acciones y los eslóganes de los grupos de presión, sobre todo las grandes corporaciones, que se atribuyen a sí mismas una representatividad que no tienen, porque solo representan intereses sectoriales a pesar de que pretenden hablar en nombre de todos los uruguayos como dueños de la verdad absoluta.
Pero los uruguayos se han pronunciado y han encomendado a Lacalle, encabezando la denominada coalición multicolor, que conduzca el país y trate de resolver sus problemas, que no son pocos y que lamentablemente no han sido superados pese a que la coalición de izquierdas, durante la mayor parte del tiempo en sus tres períodos de gobierno y contando con mayoría parlamentaria absoluta, gozó de condiciones internacionales excepcionales para nuestra economía sostenida en la exportación de productos primarios de origen agropecuario, en su gran mayoría.
Precisamente tras primeras reuniones con sus socios de coalición, el presidente electo habrá de enviar al Parlamento una denominada Ley de Urgente Consideración, que naturalmente se enmarca en la Constitución y en la institucionalidad de nuestro régimen republicano de gobierno, y por lo tanto, mal que pese a los que cuestionan el uso de este instrumento –que ha sido utilizado en muchas oportunidades– estamos ante una herramienta fundamental que apunta a aprovechar este primer período para incorporar correctivos y líneas de acción enmarcadas en el programa de gobierno de quien resultara ganador en la consulta popular.
De acuerdo a lo expresado por Lacalle, la Ley de Urgente Consideración está ya delineada a nivel de boceto, y contiene 457 artículos, “pero es un boceto que luego será presentado a los partidos de la coalición, por lo que puede quedar en 200 o aumentar a 600”, según expresó en la oportunidad a EL TELEGRAFO.
Amplió en este sentido que “hoy por hoy es un boceto que tiene como base el compromiso por el país, que obviamente va en el sentido del acuerdo de octubre e involucra a todos los ministerios”. Explicó que entre otros aspectos hay varios artículos referidos a la seguridad pública y a la educación, y que en el caso de los que involucran al Ministerio del Interior estuvo hablando con el futuro ministro del área, Dr. Jorge Larrañaga, habida cuenta de que en el texto hay algunos elementos que estaban contenidos en el proyecto de reforma constitucional que impulsó el exprecandidato nacionalista.
Precisó por otro lado que la Ley de Urgente Consideración no contiene incrementos del gasto estatal, –posiblemente el principal problema que tiene el país, como mal crónico agravado durante los gobiernos de izquierda, al punto de que el déficit está en más del 5 por ciento del PBI– porque este punto será incluido en la ley que entiende en materia presupuestal.
Pero sí contendrá “herramientas legales, transformaciones legales y del Estado que desde mi punto de vista ayudarán a una mejor gestión de gobierno y a facilitarle la vida a los uruguayos”, aunque aclaró que “va a ser una ley popular, será vista con buenos ojos por la población, aunque quizás para algunos sectores del ámbito público no lo sea, como algún sindicato” y que “cuando se proponga modificar la gobernanza en la educación, ya lo ha dicho Fenapes, que aparte tiene una permanente disposición para estar en conflicto”.
Precisamente, ya desde antes de asumir Lacalle, e incluso tan pronto se conoció el resultado adverso para el oficialismo del balotaje del 24 de noviembre, hubo voces desde los sindicatos y desde algunos sectores radicales vinculados a organizaciones sociales que proclaman “resistir” al nuevo gobierno, como si éste fuera producto de un golpe de Estado y ellos defensores de la democracia.
Ergo, esta “resistencia” no cuenta con el protagonismo de la gente de a pie, sino de los grupos que se creen dueños de la verdad y solo responde al interés particular y muchas veces teñidos de una ideología que no tiene nada que ver con la expresión popular.
También se pretende disfrazar por estos grupos que la gestión de las empresas públicas coincide con el que expresan en sus reclamos, soslayando nada menos que el hecho de que las empresas públicas no son propiedad de los funcionarios que en ellas trabajan, sino de todos los uruguayos que las financian, y por lo tanto debe estar al servicio de los ciudadanos, igual que sus funcionarios, en lugar del caso inverso, como ha sido la constante.
Es de recibo por lo tanto el concepto del presidente electo en el sentido de de que “habrá que aplicar una política de coyuntura ante la omisión del gobierno de adecuar la estructura tarifaria a los gastos de las empresas públicas. El gobierno sigue sin mejorar el funcionamiento de las empresas públicas y no adecua las tarifas al costo del servicio, que solo eso pretendemos”.
Tiene razón en cuanto a que a efectos de abatir el gasto, el esfuerzo debe partir desde el propio gobierno, desde el Estado, lo que se ha resistido a hacer en estos tres períodos de gobierno la coalición de izquierdas para no pagar costos políticos, confiando en que la bonanza derivada del escenario internacional podría seguir vigente indefinidamente, lo que ha quedado desmentido por la realidad.
Hasta ahora el esfuerzo de ajuste, –muy insuficiente, porque el déficit ha seguido en aumento– a estado a cargo del sector privado, que lo ha pagado con desempleo, menos horas trabajadas, pérdida de rentabilidad y cierre de empresas, así como la precaria situación de las que siguen trabajando.
Para ello no alcanzará con el ahorro necesario que debe partir desde el Estado con el gobierno a la cabeza, sino que debe compartirse el equilibrio entre impuestos y reducción del gasto en forma compatible. Pero a la vez hacerlo sostenible promoviendo la inversión, que es lo único que nos va a sacar de este deterioro de la economía y de las cuentas públicas.
Y ello al fin de cuentas no es cuestión de ideologías de izquierda o de derecha, sino de la realidad y de sentido común, de hacer crecer la torta para que todos vivamos mejor, bajar el costo de producir y aumentar la productividad.