La mentira tiene patas cortas
La actitud del Presidente Lacalle Pou contrasta con la asumida por los gobiernos del Frente Amplio durante el período 2005-2020 en el cual existió una falta de transparencia respecto de otros archivos documentales en esta materia, que incluyó la negativa del ministro de Defensa Nacional del momento, Eleuterio Fernández Huidobro, a que la entonces jueza Mariana Mota realizara actuaciones en dependencias militares.
Los documentos –y el gesto del Poder Ejecutivo de entregarlos a diversas entidades e incluso difundirlas públicamente a través de Internet– ha sido valorado positivamente por diversos referentes en materia de derechos humanos, en el entendido que significa acercar a la población detalles de una época dolorosa de nuestra historia. Esa era la triste realidad de nuestro país, en la cual la violencia era el modo de expresar las diferencias que pudieran existir mientras el régimen democrático, cada vez más debilitado, se deslizaba lentamente hacia el oscuro abismo de la dictadura en el cual estuvo durante doce largos años.
Con el regreso de la democracia en el año 1985, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Tupamaros llevó a cabo una dilatada e intensa tarea de publicación de varios libros en los cuales comenzó a cimentarse lo que luego se conocería como ”el relato tupamaro”, o sea una versión en la cual las víctimas de esa violencia guerrillera quedaron relegadas al olvido en aras de santificar y engrandecer a quienes tomaron la justicia por mano propia y decidieron la muerte de varios efectivos militares, policiales y civiles.
Al fin y al cabo, la soberbia máxima es creer que se tiene la autoridad moral para quitarle la vida a un semejante por el simple hecho que piense diferente o que deba cumplir con su deber. Durante muchos años el “relato tupamaro” ha mostrado a los integrantes de ese grupo guerrillero como supuestos libertadores y luchadores por la justicia social que incluso enfrentaron supuestamente a la dictadura, cuando en realidad el MLN ya estaba derrotado en 1973. Uno de los principales gestores de ese relato es el expresidente José Mujica ya que, según su excompañero de armas, Jorge Zabalza, “Mujica es el símbolo del tipo que renunció a su pasado, que lo fantaseó, lo transformó en un relato épico y con eso hizo el caudal electoral que le permite hoy ser uno de los operadores mayores del capitalismo que hay en el Uruguay”.
El supuesto cambio de alguno de sus miembros no debe hacernos olvidar que el MLN, en su mesiánico delirio por imponer un régimen mediante la violencia, violó los mismos derechos humanos que supuestamente pretendía defender, tal como lo expresó el general Líber Seregni (líder histórico del Frente Amplio) en una recordada entrevista televisiva con el periodista Néber Araújo, en la cual reconoció que en las llamadas “Cárceles del Pueblo” que organizó y digirió el MLN se violaban los derechos humanos.
Los archivos entregados por el Poder Ejecutivo y cuyo contenido ha sido difundido en redes sociales, hacen referencia a una supuesta colaboración de José Mujica, Lucía Topolansky y Eleuterio Fernández Huidobro con las autoridades militares de la dictadura en cuya ocasión se formularon diversos conceptos sobre otros integrantes del MLN en documentos que llevan la firma nada más y nada menos del entonces director de la División de Ejército IV, general Gregorio Alvarez, quien luego fuera presidente de facto. No resultan ajenas a esta cercanía las negociaciones llevadas a cabo entre militares y líderes del MLN en el año 1972, ya que tal como lo explicó otro integrante de esa organización (Samuel Blixen) en el semanario “Brecha”, la amistad entre los militares y Fernández Huidobro “comienza en el Batallón Florida, producto de aquellos intercambios que, a pretexto de una discusión sobre el papel de las oligarquías y la utilización de la “mano de obra militar” para la defensa de los intereses, derivó en las negociaciones para la superación de “la guerra”.
Los intercambios se multiplicaron a lo largo de los años en la rotación por los diferentes cuarteles del Interior, donde Fernández Huidobro, aislado, y con un precario contacto con sus dos compañeros de encierro, aceptó la continuación del intercambio, que a veces se disfrazaba de interrogatorio y a veces era un simple diálogo entre combatientes. En una situación similar, Sendic se negó sistemáticamente a aceptar el intercambio, y los únicos diálogos se redujeron a salvajes torturas, so pretexto de interrogatorios”.
En este contexto, no puede llamar la atención que Fernández Huidobro afirmara en los últimos años que “existen sectores que quieren justicia, además de verdad. Quieren castigar a los culpables de las violaciones de derechos humanos. Yo no lo acepto”. Por todo ello no resulta una sorpresa que, en ocasión del fallecimiento de Fernández Huidobro, quien fuera en esa época Comandante en Jefe del Ejército y hoy ocupa una banca en el Senado como representante de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuviera que el dirigente tupamaro “era un ser excepcional” (…) “Era un hombre valiente, un quijote, un gladiador, y siguió su lucha hasta el último de sus días. (…) “Creo sinceramente que quienes vestimos el uniforme de las instituciones armadas de la República le debemos un sincero homenaje a don Eleuterio Fernández Huidobro”.
Seguramente la difusión de estos archivos y el paso de los años permitirá a todos los uruguayos conocer cómo fueron realmente los años violentos en los cuales el MLN desató un espiral de violencia por el simple hecho de creer que existían las condiciones para iniciar un movimiento guerrillero en nuestro país, el cual nunca pasó de ser un grupo de iluminados que nunca lograron la adhesión de las mayorías populares. Más temprano que tarde las responsabilidades de ese grupo guerrillero y sus formas de proceder quedarán debidamente expuestas, ya que como expresó Abraham Lincoln, “puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.
Lourdes Rapalín, presidenta de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines (CUGA) dijo a EL TELEGRAFO que la iniciativa del Comité Departamental de Emergencias (Cecoed) que propone habilitar el uso de gimnasios a aquellas personas que tienen las dos dosis de alguna de las vacunas contra la COVID-19 “sirve como emergencia, por una, dos semanas, para comenzar a abrir paulatinamente el sector es algo aceptable. Pero no más allá”.
Las icónicas palmeras que formaban un “túnel” en la ruta 3 al pasar por la ciudad de San José, entre el parque Rodó y el molino (de Norte a Sur) y que fueron retiradas para habilitar la ampliación a doble vía, seguirán cumpliendo su “función”, pero en otras rutas.
El presidente de la Mesa Departamental del Frente Amplio, Álvaro Guigou, reafirmó algunas propuestas de esa fuerza política para mejorar la situación general en el Departamento, generada por la pandemia de la COVID-19.
La Justicia imputó a un hombre de 27 años al hallarlo responsable de tenencia de droga que no era para consumo personal. El Ministerio del Interior recibió una denuncia anónima a través del sistema en línea de su web (www.minterior.gub.uy) donde se daba a conocer de la existencia de más de 30 plantas de marihuana prontas para cosechar en una finca por Artigas al oeste. La información dio pie a que la policía comenzara una tarea de investigación que permitió establecer otros detalles.
El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) firmó un convenio con la Intendencia de Paysandú por el cual se podrá castrar anualmente a 8.000 perros (machos y hembras) y colocar 10.000 microchips, sin costo para los propietarios de perros. A su vez, esto habilita a la obtención de la cédula canina. Este documento será obligatorio desde el 1º de julio para todos los canes que sean transportados entre departamentos. Incluso aquellos perros utilizados para caza deberán estar castrados, contar con microchip y estar registrados en el sistema.
Seis de los siete municipios del departamento presentaron sus proyectos a realizar con el aporte 2021 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tras haber sido aprobados por la Comisión de Descentralización del Congreso de Intendentes sus Planes Operativos Anuales (POA), correspondiente a este año.
