Día: 21 de febrero de 2022

En el año 2011, la muerte de personas en situación de calle le costó el cargo a la ministra de Desarrollo Social, Ana María Vignoli. El presidente de entonces, José Mujica, puso en el cargo a Daniel Olesker, actual senador del Partido Socialista.
En forma urgente y ante la alarma social, se votó en julio de aquel año, una ley para la internación compulsiva de la población en riesgo de muerte –así lo exige la norma–, que habilitó a ordenar la cartera al flamante ministro y en los años posteriores el tema no fue objeto de mayores polémicas. El trabajo de las brigadas del Ministerio de Desarrollo Social en todo el país, en las calles y en horas de la noche, se transformó en una tarea de disuasión con algunas excepciones como los casos de patologías crónicas, agravadas por las bajas temperaturas.
La labor de convencimiento para el traslado a un refugio era aceptado por las personas mayores y algunos más jóvenes, tomaban el plato de comida caliente pero preferían continuar en la vereda. Las explicaciones para negarse a concurrir a un refugio, eran y son –aún– diversas.
En los años siguientes se aplicó, además, la Ley del Psicópata para la internación compulsiva de personas con patologías siquiátricas, que resultaron internadas por orden judicial. En el transcurso de más de una década y a pesar de los sucesivos inviernos, persiste un núcleo duro de población que pernocta en las calles y ocupa los espacios públicos. Si bien hay situaciones de extrema pobreza e imposibilidad de costear un lugar para dormir, en la mayoría de los casos se deben a complejas situaciones de adicciones o de rompimiento con los lazos familiares. Es el fenómeno de la multicausalidad que, a estas alturas, es utilizado para explicar un sinnúmero de fenómenos sociales, económicos y hasta políticos.
Unos años después, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, opinaba que a la “habitabilidad en las calles” no era posible abordarla desde la criminalización ni la “prohibición”, porque entendía que las personas “tienen derecho a estar en la calle”.
Era la respuesta de la jerarca municipal, ante la reiterada pregunta sobre la vigente Ley de Faltas y la necesidad de una reformulación desde la perspectiva de la ocupación de los espacios públicos. La norma mencionada ha tenido aplicación, respeto y resultados dispares. Creó una polémica que continúa –cuatro años después– e incluso no ha sido saldada hacia la propia interna frenteamplista.
Con el paso de los años aumentó la población que pernocta en las calles y espacios públicos, tanto en Montevideo como en las ciudades del Interior. Las causas, si bien no están relacionadas estrictamente a un aumento de la pobreza, pueden ligarse a un incremento de las personas que consumen o salen de las cárceles por diversos delitos y no vuelven a sus hogares. En algunos casos, esos lugares ya no existen para un perfil cada vez más joven.
El viernes 18, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea General la modificación de un artículo de esta ley, con el fin de habilitar la internación involuntaria a personas con consumo problemático de drogas o problemas de salud mental, si está en riesgo su vida o la de terceros. La ley creada hace casi once años fue reglamentada el año pasado, pero en esta ocasión pone a texto expreso, las situaciones relatadas anteriormente. La iniciativa aprobada durante el gobierno de Mujica se refería a personas “con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte”, pero en este caso enfatiza ambas situaciones y agrega la intervención de un siquiatra. La norma que pretende modificarse, se refería al “informe escrito de un médico”.
El proyecto tiene la firma de los ministros Daniel Salinas, Martín Lema y Luis Alberto Heber, además del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y en su exposición de motivos puntualiza sobre el alto porcentaje (86%) de personas consumidoras de sustancias psicoactivas que forman el total del grupo en situación de calle. Y de ese total, entre los residentes en la capital y en el Interior del país, más de la mitad estuvo internado al menos una vez por dicha razón.
La propuesta plantea un “abordaje inmediato” y, para eso, hacen falta “los dispositivos de atención pertinentes y oportunos”, que hasta el momento no están conformados en la totalidad de los departamentos.
Es por eso que son conocidos los abordajes efectuados por las organizaciones de la sociedad civil, algunas de corte evangélico, para brindar una respuesta que es esperada –a nivel estatal– desde hace más de una década.
La política sanitaria es una responsabilidad estatal y Uruguay mantiene una imagen positiva sobre la gestión de la pandemia de COVID-19, una situación de contingencia que mantuvo en vilo a los países más avanzados.
El proyecto enviado por el gobierno aclara que, aunque las personas no brinden su consentimiento a ser trasladadas, eso no implicará “la privación correccional de su libertad”.
Con la reglamentación vigente, el Ministerio de Desarrollo Social se ocupa de las intervenciones coordinadas con los prestadores de salud. De hecho, el año pasado se divulgaron varias intervenciones de este tipo. La iniciativa establece, incluso, la instalación de centros diurnos para el tratamiento de las adicciones en acuerdo con ASSE y la Junta Nacional de Drogas, además de una casa de medio camino.
En medio de la propuesta, se encuentra la realidad como la única verdad al momento de discutir este proyecto. Y es que existen personas sin ánimo de recuperación, con grandes depresiones, a quienes les da igual vivir que morir y sin ningún lugar adonde ir, una vez que se encuentren en tratamiento.
Los lazos familiares y de amistades se rompieron por años de situaciones de violencia y robos para consumir, con desvinculaciones sin vuelta atrás. O en el caso de las personas con patologías siquiátricas, acentuadas con los años y que ya no cuenten con un hogar para retornar, o con familiares mayores que ya no tengan las fuerzas físicas para actuar como contención.
La propuesta es un desafío, pero algo hay que hacer. De lo contrario, el próximo muerto de frío o “fallecido a causa de la hipotermia”, como relatan las crónicas, será elevado al costo político y discutido como tal en el Parlamento. → Leer más